Por primera vez habla el juez que tenía la responsabilidad de encontrarlo y no lo buscó. También, el decano de la morgue donde no vieron que tenía una tatuaje con el nombre de su hermana. Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, explica qué nos revela Luciano sobre la policía, la justicia y el Estado ¿Por qué nadie busca a los desaparecidos?

Luciano Arruga desapareció el 31 de enero de 2009 y apareció 5 años y 8 meses después porque su familia -durante cada uno de esos 2.052 días- lo buscó hasta encontrarlo. En este largo y doloroso camino también encontró la manera de revelarnos cómo funciona la máquina de hacer desaparecer personas. Es necesario, una vez más, mirar de frente a ese monstruo para reconocer aquella obviedad que nos señala hoy Luciano: el Estado no busca a los desaparecidos porque es el Estado quien los hace desaparecer.

La justicia en el banquillo

Luciano fue visto con vida y por última vez a las 12 de la noche de aquel 31 de enero. Ese mismo día su familia comenzó a buscarlo. La denuncia originó una causa que quedó a cargo del juez Gustavo Banco y así, formalmente se estableció quiénes eran los responsables de encontrarlo. La actuación de dos fiscales (Roxana Castelli y Celia Cejas) y el juez convirtieron a esa investigación en un monumento a la impunidad judicial. Dos datos revelan cómo:

Durante un año y cuatro meses la fiscal Cejas pidió 15 veces intervenciones a los teléfonos de la familia Arruga, que el juez Banco autorizó. Esto significa que desde abril de 2009 hasta fines de agosto de 2010 la familia que había denunciado a la policía por corrupta y responsable de la desaparición de Luciano, fue vigilada a través de escuchas telefónicas.

Desde el 10 de marzo de 2010 la fiscal y el juez tenían en su poder los mismos datos que permitieron encontrar ahora a Luciano.

Alto, ojos claros y pelo corto, el juez Banco saluda con un apretón de manos y da la primera noticia extraña: “Son los primeros periodistas que me preguntan algo”. La primera pregunta, entonces, también será extraña:

¿Qué fue lo primero que pensó cuando se enteró de la aparición del cuerpo de Luciano?

Fue un shock. Recibí un mensaje de texto, corrí a la tele y vi la conferencia de prensa en el Cels. Quedé shockeado, totalmente sorprendido con el resultado que, en principio, se dio a conocer ese día: que fue “un accidente de tránsito”, entre comillas, porque todavía no está descartada ninguna hipótesis. Y lo primero que me vino a la cabeza fue la familia.

¿Por qué usted no lo encontró?

Tengo entendido que a partir del hábeas corpus que presenta la familia en el juzgado federal se pone a disponibilidad un nuevo sistema de identificación de los cuerpos NN a partir de las fichas dactilares. Ahí es cuando surge este resultado. Pero en 2009 no estaba informatizado. Por otro lado, la función de dar con el cuerpo – y esto no lo digo para desligar ninguna responsabilidad mía- está acotada a las peticiones de las partes. Yo no podía investigar dónde estaba el cuerpo si no me lo pedían.

La forma de pedirlo es presentando un hábeas corpus: la familia le presentó uno a los 5 días de desaparecido Luciano y fue rechazado.

No lo rechacé yo, sino el juez que me reemplazó. Estuve de turno todo enero, pero en febrero me fui de licencia. Cuando volví el habeas corpus ya estaba rechazado.

¿Tampoco en su juzgado nadie vio los datos que permitieron encontrar a  Luciano?

Es que se dio de la siguiente manera: ni bien sucede la denuncia de la desaparición, más o menos al mes, se libra un oficio a todas las morgues. Ese oficio describía muy detalladamente características físicas: peso, edad, pelo. Pero lo más importante, especificaba que tenía un tatuaje en la pierna con el nombre de su hermana (Vanesa). La morgue responde que no tenía ningún cuerpo con esas características. Al año y medio surge el caso que involucró al hijo de los actores Antonio Grimau y Leonor Manso. No sé si te acordás: estuvo casi un mes como NN mientras sus padres lo estaban buscando. Por la repercusión que tuvo ese caso se solicitó a los familiares que recorran las morgues para identificar si estaban ahí los cuerpos que buscaban, y nosotros le remitimos a la familia de Luciano este requerimiento. Entendimos que era una situación muy dura y dolorosa y por eso aceptamos lo que nos plantearon: que lo hagan oficiales de justicia. Se designó para esa tarea a dos instructoras puestas por la Procuración General de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa entonces? Para esa fecha Luciano ya estaba enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita. Pero las oficiales tenían que revisar también las fotos y los informes de autopsia y no lo encuentran. Sin embargo, ahí estaba la foto de Luciano. El error es que el médico que realiza la autopsia pone como rango de edad “25 a 30 años”. Y no describe las características físicas: no anota que tiene un tatuaje con un nombre. Supongo que las instructoras al leer el informe pasaron la foto por alto.

Pero la foto también estaba en la causa, ¿usted no la vio?

Vi la foto después, en algún momento, cuando me llegó junto a alguna otra medida… y verdaderamente no reparé en la foto. Quizá por una cuestión muy subjetiva…

¿Por qué?

Por la imagen que tenía en mi cabeza de Luciano era muy diferente, especialmente por el pelo. Era una fotocopia de una foto, además. Y lo que yo tenía presente es una imagen en la que está con su mamá con la camiseta de un club de fútbol, con el pelo mucho más corto… otra cosa. Justo se da en esa edad que los chicos tienen un cambio físico importante…. No lo vi.

¿Se arrepiente de algo?

Con el resultado puesto, obvio… hubiera mirado con mayor detenimiento las fotos que estaban agregadas a la investigación fiscal y hubiera dicho: ‘muchachos, chequeemos de nuevo estos cuerpos’. Pero esa foto se me pasó a mí, se le pasó a la fiscal, se le pasó al Cels y se le pasó a los abogados de la familia.

¿Y de haberle pinchado los teléfonos a la familia?

Pinchar suena mal porque pareciera que hubo una escucha ilegal de manera caprichosa. El término es “intervenir las comunicaciones telefónicas” y se realizó por pedido de la fiscal y para no descartar ninguna línea investigativa.

La familia de Luciano considera que con esa escucha se buscaba correr el eje de lo que ellos denunciaban, que apuntaba directamente a la policía…

Mirá, no voy a contradecir a la familia ni voy a emitir ninguna opinión de lo que dicen, porque mi autocritica es: estoy indignado de no haberlo encontrado antes.

Cuerpos sin justicia

Se sabe que aquel 31 de enero a Luciano lo detuvo un patrullero cuando caminaba por su barrio, en Lomas del Mirador. En la Avenida Mosconi lo cachearon, maltrataron y lo dejaron ir. Luego, dos testigos lo ubican a pocas cuadras, en la esquina de la plaza República Argentina: lo estaba siguiendo un patrullero. Después, otros dos testigos declararon ante el juez Banco que escucharon los gritos de Luciano en el destacamento de Lomas del Mirador. Ahora sabemos que más de tres horas después fue atropellado en el cruce de General Paz y Emilio Castro: eran las 3.21 de la madrugada. Apareció de la nada y no tenía zapatillas, contó el conductor que lo atropelló. “Corría desesperado, parecía que estaba escapando”, asegura el periodista y presidente del Cels, Horacio Vertbisky, que declaró el conductor. El lugar donde fue embestido  queda a unas 20 cuadras en línea casi recta con el destacamento donde, entre otras cosas, aquella noche fue alterado el libro de ingresos y borrado el recorrido de uno de sus patrulleros.

Hay que ir hasta el lugar del atropello  para que quede claro que es imposible que Luciano haya cruzado por ahí por su propia voluntad: es una vía rápida y para alcanzarla a pie hay que escalar una loma bien alta. La opción más lógica está a menos de 20 metros: un cruce peatonal. Otra cosa que se comprueba: muy cerca hay una caseta de la policía bonaerense.

Luciano fue trasladado por el SAME al Hospital Santojanni, donde fue operado y murió a las 8 de la mañana del 1° de febrero. Allí lo catalogaron como NN y ese fue su destino en la morgue judicial y en el cementerio de la Chacarita.

En el Santojanni hablan los pasillos, los silencios, las evasivas. Habla la burocracia y hablan las negativas. Habla también una trabajadora del sector prensa del Ministerio de Salud porteño que informa que nadie va a hablar: “Es un tema judicializado. De eso no habla el director”, respondió. Y hablan las paredes: una placa descansa a la izquierda de la puerta del hospital porteño nos dice: “No olvidamos, no perdonamos. Justicia para los 30.000 desaparecidos”.

En la Morgue Judicial, dependiente del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de la Nación, el que habla es Luis María Godoy, su decano. Aporta los datos:

Realizan entre 3.000 y 3.500 autopsias anuales, promedio que permanece inmutable en los últimos 20 años.

De esa cifra, 100 son NN.

El 80% de los NN son varones.

De las 208 autopsias que realizaron en febrero de 2009, 17 correspondieron a cuerpos no identificados. Uno de ellos era Luciano Arruga. Había llegado en el transporte forense dependiente de la Policía Federal.

Luego, el decano Godoy explica lo que presenta como un malentendido: “Hay un prejuicio. La gente cree que el cuerpo lo identificamos los médicos al hacer la autopsia. No es real. La identificación se hace por estudio de huellas dactilares y eso lo hace la Policía Federal, que es la que tiene los registros de todos los ciudadanos”.

Godoy señala que cuando Luciano llegó a la Morgue Judicial, los especialistas confeccionaron fichas con sus datos antropométricos: altura, peso y edad aparente. Fue anotado como una persona de 25 a 30 años. “Existe metodología para establecer edad precisa, pero salvo que el juez lo pida, no se establece”, especifica Godoy. La ficha con las fotos y los datos del cuerpo de Luciano -que estaba registrado como NN-  pasó a la órbita de los tribunales de La Matanza en 2010. Desde ese momento, el expediente contó con la información necesaria para establecer un cotejo.

Nunca se hizo.

El informe forense dice que se constataron las lesiones del cuerpo, se tomaron diversas fotos y se depositó el cadáver en uno de los 95 nichos que tiene ese organismo, a la espera de la decisión judicial. No consignó que tenía un tatuaje. ¿No lo vio? Imposible obtener una respuesta: el forense que realizó la autopsia de Luciano falleció en 2013.

La Policía Federal fue la encargada de tomar las huellas dactilares y las fotos. Señala Godoy: “En cuanto al Cuerpo Médico Forense, hasta ahí se limitaba nuestra tarea. Entonces, cuando los jueces preguntaban después, se contestaba en función de los datos que había”. Desde la fiscalía de La Matanza y el juzgado de Morón se pidieron a la morgue diversos informes para protocolizar la búsqueda de Luciano. En Morón pidieron información sobre cuerpos NN inhumados entre enero y febrero de 2009, pero Luciano había sido inhumado en mayo. En La Matanza, solicitaron datos sobre personas no identificadas de entre 15 a 20 años. El empleado administrativo no encontró nada: Luciano había sido anotado con una edad aparente de 25 a 30 años. “Que es igual a la que había fijado el Santojanni en su ficha de ingreso”, señala Godoy.

¿Cómo pudo Luciano convertirse en NN?

No es sencillo trabajar donde no hay coordinación de recursos. Yo podría decirle: me quedo tranquilo porque nosotros no hacemos identificación. Eso es como lavarse las manos. Si bien es cierto porque eso lo hace la policía, mi deber de funcionario es ver en qué puedo contribuir. Yo creo que en el tema de personas no identificadas, como podría ser el caso Arruga, lo que nos falta es coordinar acciones. De nada sirve que el hospital haga un procedimiento y una metodología, yo haga otra en la morgue, la Federal haga otra”.

¿Qué medidas concretas se pueden tomar para que estos casos no se repitan?

Siendo el Estado el responsable del registro de identidad de las personas, debería haber algún sistema unificador destinado a acelerar el proceso de identificación de cuerpos NN. Y esto no lo pondría en manos del efector policial ni judicial, sino del efector administativo. No es bueno que el Estado inhume a alguien sin saber quién es.

Tiene razón: no es bueno.

A la trágica historia de NN que escribió la última dictadura militar hay que sumarle nuevos capítulos igualmente siniestros. Luego de las inundaciones que en 2013 azotaron La Plata, el juez Luis Arias constató una enorme serie de irregularidades en la morgue municipal: cuerpos NN, adulteraciones en sus fechas de ingreso, dos personas enterradas con la misma identidad. No casualmente el juez Arias deslizó la posibilidad de que esas prácticas pudieran ser utilizadas para ocultar desaparecidos en democracia. Mencionó dos casos: Jorge Julio López y Luciano Arruga.

No fue el único. El juez porteño Roberto Andrés Gallardo allanó en agosto de 2013 las morgues de 22 hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Las irregularidades son similares a las detectadas por Arias: cuerpos no registrados en los libros de ingreso y egreso, más de 70 cadáveres que no se sabía dónde estaban, personas en un fuerte estado de descomposición, bebés, cadáveres con la misma identidad. El gobierno porteño recusó a Gallardo y la causa rebotó de juzgado en juzgado.

Las lecciones de Luciano

Gastón Chillier es el director ejecutivo del Cels, organismo responsable de presentar el abril de este año el hábeas corpus que posibilitó que se encuentre a Luciano. Recuerda muy vívidamente lo que significó en términos prácticos esa herramienta legal: reunir en un cuarto a todos los responsables de los organismos del Estado que debían buscar a Luciano. Recuerda también que en esa reunión la que señaló, orientó y priorizó las tareas fue la familia. El relato de Chillier deja en claro dos cosas:

La maraña judicial había logrado desordenar todo y marear a todos, mientras que la familia seguía teniendo en claro su objetivo: encontrar a Luciano

El Estado no está preparado para buscar desaparecidos.

¿Por qué?

Creo que hay una combinación de factores que se mezclan. Por un lado, un factor político: por la historia que tenemos, ninguna institución del Estado quiere quedar pegada reconociendo que hay una desaparición. Ante esta historia en lugar de extremar el cuidado, se eluden las responsabilidades. La segunda creo que es más inercial, burocrática, y es producto de la indolencia absoluta de todas las instituciones del Estado: de la justicia, de la morgue, del hospital y del poder político. Un tercer factor, que no es menor, es el rol de la policía: encubrimiento liso y llano. Entre otras muchas cosas que hacen que el caso Luciano no pierda vigencia y requiere que sea analizado, es que revela cómo la policía, desde el minuto cero, actuó para tratar de encubrir y no investigar.

¿Cuál es la principal lección que nos da Luciano?

Una de las tantas agendas que surgen de este caso es clara: en los casos de desaparición forzada, que es el delito más grave a nivel Estado, con una carga política e histórica tremenda en Argentina, las instituciones deben extremar las medidas para esclarecerlo. Y lo que sucede es exactamente lo contrario. No puede ser que hoy no tengamos ni una pista que nos diga donde está Julio López.

Otra lección: el rol de las víctimas. La familia es la que orienta la salida. ¿No revela esto la falta de una decisión política de buscar a los desaparecidos?

Creo que, lamentablemente, la situación de las víctimas en casos de desaparición forzada no es diferente a la de otros casos de violencia de Estado. En el 100 por ciento son las víctimas las que impulsan, hacen que avance, lideran y traccionan la búsqueda de justicia y verdad. Esta lógica no cambió a pesar de que se han creado instituciones que tienen que lidiar con la violencia institucional, y tienen recursos y la obligación de hacerlo. Y eso es bueno y es un avance, pero todavía no dio resultados importantes que demuestren que se ha roto la inercia.

Concretamente, ¿quién busca hoy a un desaparecido?

Como siempre, las víctimas. Por un lado, hay una cuestión cultural que tiene que ver con la diferencia entre la desaparición como política de Estado y la desaparición como acción de algunos agentes del Estado. Se espera que, como el Estado ya no está encubriendo, sea el encargado de descubrir, y entonces va a hacer todo lo que esté a su alcance para encontrar a un desaparecido. Quedó claro con el caso de Luciano que eso no sucede. Y no sucede porque el Estado no sabe cómo hacerlo.

¿No sabe o no quiere saber?

Hay una cuestión de incompetencia, pero a mí lo que más me impacta es la fuerte indolencia que demuestra ante los potenciales desaparecidos actuales: los pobres, los pibes.

Pero tampoco nadie está buscando a los desaparecidos de ayer. Se juzga a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, pero desde el Estado no se buscan ni a los nietos: aparecen porque se buscan ellos.

En gran parte el Estado ha terciarizado esa política en organizaciones como Abuelas, cuyo trabajo es extraordinario, pero no quita la responsabilidad estatal. Y eso es algo que también se ve en el trabajo de investigación del delito a nivel judicial: se terciariza a través de prácticas que se han hecho cotidianas, como esperar a que un buchón revele un dato o la víctima aporte un testigo. Me parece que así se revela claramente la incapacidad del Estado de investigar aquellos delitos que comete el propio Estado.

¿Qué lección nos da Luciano sobre la policía?

Que no hay crimen organizado en Argentina que no tenga participación policial. La policía es hoy quien regula la legalidad y la ilegalidad. Y que hay claramente una decisión política de no meterse en eso. Nosotros planteamos con el caso Luciano que especular políticamente  con una desaparición forzada es jugar con fuego. Si no nos metemos en un caso así a fondo con la policía ponemos en riesgo el sistema democrático, tal como se vio el año pasado con los levantamientos policiales de Córdoba. Hay que tomar los casos de desaparición forzada con la seriedad que tienen, porque son los que revelan que hay un riesgo en la gobernabilidad: representan un cimbronazo al sistema democrático por la historia que tenemos.

Finalmente, ¿quién es el responsable de lo que pasó con Luciano?

El juez que inició la causa y las fiscales tienen que dar muchas explicaciones. De hecho, los tres tienen pedido de juicio político. Y el poder político también. El silencio político a nivel nacional, luego que apareció el cuerpo, es también responsable. Pero en particular, la responsabilidad política de lo que le pasó a Luciano es de la provincia de Buenos Aires, la máxima jerarquía, porque son responsables de las políticas que generan las condiciones para que el hostigamiento a los pibes sea posible, para que el Poder Judicial siga actuando como actuó en este caso y para que la policía siga sin control. Como mínimo, debería rendir cuentas el ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, que fue el responsable de desarmar las medidas de control de las fuerzas policiales. Finalmente, eso es lo que expresa Luciano.