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Los condenados

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Qué encierra el sistema carcelario. Cuatro informes presentados recientemente analizan cómo funciona la cárcel hoy, cuál es la población que vive tras las rejas y en qué situación. Los culpables son los sospechosos de siempre: jueces fiscales y defensores que encierran a jóvenes pobres. Por qué este fracaso social es un éxito.

Jimena Andersen y Rosario Bouilly

Jimena Andersen y Rosario
Bouilly

Los datos son contundentes: cada vez más hay más chicos pobres condenados. No estamos hablando en términos judiciales, sino sociales: cada año hay más jóvenes en las cárceles y ese encierro representa para ellos la puerta de entrada a una carrera criminal.

Las conclusiones surgen con la lectura de las más de 600 páginas que acumulan cuatro investigaciones presentadas recientemente. Fueron realizadas por diferentes instituciones: la Procuración Penal de la Nación, la Comisión por la Memoria, el Grupo de Estudios de Sistemas Penales y Derechos Humanos (GESPyDH, en adelante Grupo de Estudios para evitar la sigla) y la Defensoría de Casación provincial. Todas ponen la lupa sobre el sistema penal juvenil en particular y las cárceles, en general, que en su gran mayoría están pobladas por hombres menores de 30 años.

El resumen lo aporta la especialista Rosario Bouilly, investigadora del Grupo de Estudios: “El joven pobre sólo accede a políticas penales. Y cuando ingresa al sistema penal va a seguir siempre ahí: lo van a mirar mal en el barrio, en la escuela, no va a conseguir trabajo, va a ser perseguido nuevamente por la policía, y porque tiene antecedentes va a ser encarcelado por más tiempo”.

Esta “cadena punitiva” comienza por la policía: “Los operadores de la justicia toman sin cuestionar la palabra policial, cuyo accionar ya sabemos que es totalmente delictual: armar causas, plantar pruebas, encubrir, sumar estadística. Y los eslabones se van linkeando, reforzando una decisión social anticipada”, señala la especialista.

Así se va conformando una “clientela del sistema penal”, que puede verificarse en dos de los datos aportados por estas investigaciones:

“El 78% de nuestros entrevistados, es decir casi 8 de cada 10, estuvo en otras oportunidades detenido en una comisaría y un 32,1% en institutos de menores”.

“El 43,8% de los entrevistados en cárceles de mayores verificaba historias de encierro institucional cuando niños o adolescentes”.

Otro dato revela cuál es la lógica del sistema penal juvenil argentino: más del 50% de los jóvenes encerrados en institutos tienen prisiones preventivas, es decir que no está probado que sean culpables. “La preventiva es una figura que le permite al juez encarcelar a una persona si supone que hay riesgo de fuga o si puede entorpecer la investigación de la causa”, explica Jimena Andersen, también investigadora del Grupo de Estudios. “Pero en nuestro sistema es una figura que se aplica sobre personas que no tienen recursos ni para fugarse, ni para incidir en la causa. En cambio, no es común que se aplique sobre gente que sí tiene esos recursos”.

La defensa en el banquillo

Otra tendencia: el 35% fue condenado mediante un juicio abreviado, es decir que son jóvenes que no tuvieron un proceso judicial tipíco -con investigación que aporte pruebas, defensa que las refute y juicio oral que las valore- sino que aceptaron su culpa con la promesa de que así la condena sería menor. “Son propuestas de simplificación que, a veces, se convierten en verdaderas extorsiones”, resume Mario Coroliano, titular de la Defensoría ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense. “Al detenido se le dice ‘aceptá esto y salís un poco más rápido que si vas a juicio oral’. En los hechos esto se convierte en una búsqueda de consenso sin posibilidad de disenso”. El sistema se ahorra así volúmenes importantes de burocracia y los defensores, jueces y fiscales, de trabajo.

Coroliano cuenta que los juicios abreviados se introdujeron para reducir la cantidad de presos sin condena. Y dice algo más grave: “Estamos pasando entonces a una etapa alarmante: los condenados sin juicio”.

Al indagar un poco más sobre esta modalidad de justicia express, los relatos dan cuenta de dónde se para la defensa. Los testimonios que recoge el informe citan frases como esta: “Fue un arreglo entre el defensor y el fiscal; la jueza no estaba, no la conozco. El defensor me dijo que tome la decisión yo, y que me convenía porque sino me iban a dar más años”.

¿Quién tiene la responsabilidad de esta tendencia a la desaparación forzada de la  defensa? Las pistas las revela el informe específico del Grupo de Estudios sobre penalidad juvenil:

El 85% de los jóvenes entrevistados era representado por la defensa pública.

Un 40% había visto a su defensor sólo 1 ó 2 veces, y un 5% no lo había visto nunca desde que se encontraba detenido.

Una vez concretado el encierro, los funcionarios de justicia quedan aún más lejos: “Al consultar a los jóvenes si los defensores y/o jueces habían ido a visitarlos al instituto donde se encontraban detenidos, los guarismos negativos ascienden al 67% en el caso de los defensores y al 80% en el caso de los jueces”.

Coroliano -que además de ser el titular de los defensores provinciales es también miembro del Subcomité para la prevención de la Tortura de las Naciones Unidas- lo explica desde el propio funcionamiento de la Defensoría: “La defensa pública no tiene independencia funcional ni autonomía financiera: dependemos de la Procuración fiscal. Esa debilidad estructural tan profunda está ayudando a que la actividad de defensores de menores no esté siendo lo suficientemente fuerte como para resistir el embate penal”.

Los defensores se convierten así en ejecutores de las políticas que define la Procuradora, según un “modelo acusatorio, que busca resultados eficientistas y demagogia, en desprecio de los derechos humanos”, caracteriza Coroliano.

El informe del Grupo de Estudios grafica sus palabras:

“En el 64% de los casos ningún operador judicial (jueces, fiscales ni defensores) preguntó absolutamente nada sobre los malos tratos recibidos durante la detención policial. Entre ellos, un 21% presentaba marcas físicas producto de las agresiones recibidas; es decir, defensores, jueces y fiscales observaron el cuerpo marcado de los jóvenes y reinterpretaron aquello de que la justicia es ciega: lo pasaron por alto”.

Otro de los estudios analiza precisamente los testimonios de jueces, fiscales y abogados que intervienen en las entrañas del proceso. Dos de las conclusiones son contundentes:

“Pareciera que la forma en que los funcionarios ven a las instituciones está vinculada a la forma en que ven a estos jóvenes que allí derivan. Las miradas no solo se construyen a partir de las trayectorias profesionales y los roles al interior del proceso judicial, sino que mantienen una fuerte carga ideológica que acomoda los sentidos allí impuestos”.

“La justicia penal juvenil contempla desde los contornos, en algunos casos con indignación, en otros con resignación y en ocasiones hasta con optimismo, pero siempre desde los contornos, realidades institucionales que les imponen una notable elasticidad en el cumplimiento de las expectativas tratamentales que, aún hoy, justifican el encierro”.

Rosario Bouilly aporta otra clave de este desentendimiento entre defensor-defendido: “La denuncia está asociada directamente a la muerte. Los propios defensores les dicen a los detenidos: ‘yo te tomo la denuncia pero no puedo garantizar tu integridad física’. Muchas víctimas ni denuncian por eso. Y las denuncias que se hacen, la verdad es que no llegan a nada”.

Cuerpos aislados

Los relevamientos realizados por la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria registraron un total de 1.151 víctimas de torturas y malos tratos durante 2013, frente a 937 en 2012. Las modalidades de estas prácticas se centran en la producción del dolor sobre el cuerpo: “El cuerpo aislado, el cuerpo con hambre, la desatención de la salud, las agresiones físicas directas, los traslados constantes, la falta de vinculación con los afectos”, enumera Bouilly, ampliando la dimensión de la tortura asociada al castigo físico.

La Defensa Pública Provincial relevó en su informe de este año sólo 515 “hechos de torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”, es decir que a los defensores les llega la mitad de los casos de tortura denunciados ante organismos de derechos humanos, que lo preguntan específicamente. Sin embargo la Defensoría provincial hace una descripción más detallada sobre las víctimas:

El 96% son jóvenes varones.

77%son  menores de 29 años.

100 de estos casos corresponden a menores de 18, lo cual representa un incremento de 241% de denuncias con respecto al informa del año anterior.

71% no tiene trabajo estable.

66% sólo tiene estudios primarios.

“Hemos entrado en los últimos años en un aumento de la violencia institucional, con maltratos desde que se los detiene, y el fuero penal juvenil está siendo funcional al endurecimiento de respuestas punitivas”, asume Mario Coroliano.

Identikit

El informe que mejor retrata a la población carcelaria actual remite al relevamiento realizado en 2012 por el Comité Contra la Tortura. De un total de 241 entrevistados:

El 58% tiene entre 16 a 17 años; el 36% entre 18 y 19. Esto suma 94% de presos menores a 19 años.

El 88% tiene la primaria incompleta

El 47% cuenta con un familiar detenido.

El 87% estuvo alojado en una comisaría antes de la actual detención.

El 90% fue detenido por la Policía Bonaerense.

Al 95% no se les leyó sus derechos.

Sólo al 7% se le permitió efectuar una llamada telefónica.

El 42% no sabía precisar de qué juzgado dependía su causa ni contaba con documentación sobre su causa judicial.

El 68% tiene  prisión preventiva.

El 25% reconoció haber sido víctima de agresiones físicas durante su detención, el 50% de ellos en más de una ocasión.

Sistema productivo

Las investigadoras del Grupo de Estudios señalan que las cárceles no funcionan sólo como feudos comandados por responsables más o menos malos. Rosario Bouilly: “Hay que analizar al sistema como un todo donde hay modulación de formas de castigo: de niveles de sujeción, de producción de dolor. En ese sentido hay espacios donde se intensifican los maltratos y las torturas, y espacios donde se relajan. Estas modulaciones se manejan con una lógica de premio y castigo”. Andersen agrega: “Es decir que esas condiciones se producen: se produce la violencia, la degradación material, la falta de control o de atención. No es que hay un pabellón donde la gente es más violenta: hay un pabellón que se libera, donde se entregan facas, donde se los hace morir de hambre durante un mes, y bueno: eso es lo que estalla en algún momento”.

Chicos y rejas

Las cárceles de menores siguen estas lógicas. “Son lo mismo, pero con más eufemismos: a las celdas se las llaman habitaciones, a los guardias maestros, al poco tiempo que pasan afuera de la celda se le llama ‘recreación’, pero son cárceles donde menores de 18 años pasan todo el tiempo aislados, con un régimen de visitas idéntico al del resto del sistema : todo funciona de acuerdo a la misma lógica premial”.

Diferencia a favor: “El sistema de castigo recurre mucho más al aislamiento que a la agresión física directa, que si bien hay, no es tan intensiva”.

Diferencia en contra: “Las requisas corporales son más intensivas. No pueden hablar por teléfono en privado: los escucha un asistente de minoridad. Juega mucho más la infantilización, la demostración de poder no solo como penitenciario sino como adulto: ese doble ejercicio de poder”.

Uno de los estudios realizados por el Grupo de Estudios demuestra que la requisa corporal es la técnica más invasiva:

En el 91% de los casos se practica bajo la modalidad de desnudo total con flexiones.

En el 75% se realiza con frecuencia diaria y una vez al día; en el 20% de los casos, 2 veces al día en el 21%; y 3 o más veces por día en el 40% de los casos.

“La duración de la jornada escolar presenta una versión precaria para el encierro: el 55% asiste entre 1 y 2 horas por jornada”.

La creciente tendencia de dictar talleres recreativos también es analizada críticamente por las especialista: “La mayoría de las veces se restringen a ese tipo de talleres de música, de hip hop, o literatura a los que se suele acceder en función de la lógica premial: la selectividad es penitenciaria. Y así, la población que accede a este tipo de actividades es siempre muy baja.

Completa Bouilly: “El nivel formativo que hay en estos cursos es muy bajo. Y su funcionamiento, muy irregular. Básicamente, representan elementos discursivos que sirven más para que el profesor lo agregue a su currículum. Pero si lo analizás desde el punto de vista de los menores encerrados, lo que hay que preguntarse para evaluar su utilidad es ¿cuánta gente realmente va? ¿Por qué mecanismos se accede? ¿En qué momento dejan de acceder? ¿Durante cuánto tiempo? Y todas las respuestas siguen la lógica del sistema penitenciario”.

Negar o maquillar

El Grupo de Estudios de Sistemas Penales y Derechos Humanos se organizó en 2007 desde la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA -fundamentalmente, desde la carrera de Sociología- y ya en 2010 se asocia con la Comisión por la Memoria y la Procuración Penitenciaria de la Nación para elaborar trabajos que sistematizan las prácticas penales. “No hay registros de lo que sucede en las cárceles puertas adentro. Claro: el discurso oficial difícilmente dé cuenta de cómo maltrata”, razona Rosario Bouilly, una de sus investigadoras. “Y los registros que hay son parciales o intencionados”. Da un ejemplo: hasta cierta época el registro provincial comparaba la cantidad de presos en relación a los cupos o plazas permitidas: “Cuando las personas comenzaron a superar los cupos, borraron la columna”.

En este mapa de impunidad, los organismos que mantienen la mirada puertas adentro de las cárceles argentinas cotejan los datos oficiales con los relatos de los detenidos, por eso los estudios incluyen frases o declaraciones que recogen en entrevistas y encuentran representativas del cuadro general: “Es una decisión metodológica, pero esencialmente política: priorizar lo que tienen para decir las víctimas del sistema”.

A pesar de que son organismos autorizados para realizar estos relevamientos dentro de las cárceles, muchas veces encuentran trabas: “Los organismos de derechos humanos creados por ley para controlar las cárceles muchas veces no pueden acceder a todos los pabellones o a ciertas  celdas. O no los dejan ingresar o tienen un acceso restringido, alegando cuestiones de seguridad”. Este tipo de restricciones, sumada a la imposibilidad de dar cuenta de la totalidad del sistema carcelario, hace que sus investigaciones no tengan pretensión representativa, sino que tiendan a caracterizar la modalidad con que se desarrollan las prácticas que vulneran los derechos humanos y demostrar su persistencia hoy día.

Este tipo de termómetro metodológico y político les trajo un debut con revuelo: la Defensoría General de la Nación opinó que el primer libro del Grupo de Estudios -titulado Voces del encierro y editado en 2007- contenía datos falsos. Se refería, específicamente, a las denuncias sobre agresiones físicas. “Dijeron que no podía ser que tantos entrevistados hayan padecido agresiones físicas sin que los defensores oficiales lo supieran”, cuenta otra de las investigadoras, Jimena Andersen. La reacción oficial fue tomada por el Grupo como una primera batalla ganada: los defensores tuvieron que dar sus propios informes.

Ya 2013 la misma Defensoría que alegó la falsedad de los datos sobre agresiones físicas lanzó una campaña nacional contra la tortura. “La reacción oficial hizo una parábola. La primera fue la negación. Después, por un período breve se reconoce la existencia de la tortura, y ahora lo que están haciendo es diluirla en un concepto posmoderno: el de violencia institucional”. La diferencia: “El hecho de hablar de tortura está dando cuenta de un delito, y de un torturador; en cambio, cuando hablamos de violencia institucional esa responsabilidad se diluye”.

El Grupo de Estudios participa del Registro Nacional de Casos de Tortura impulsado por la Procuración, junto con la Comisión por la Memoria, que publica año a año las estadísticas y datos cualitativos de los relevamientos realizados. El objetivo: “La intención es seguir demostrando cómo se tortura, pero no como problema coyuntural. Si la tortura se piensa como un exabrupto, como un exceso por parte de algunos y no como una forma de gobernar las cárceles, estamos en problemas”.

¿De dónde provienen estos problemas? “Del poder político que no tiene ningún control sobre el servicio penitenciario: no hay una sola condena sobre la multiplicidad de delitos que se cometen dentro de la cárcel”.

El éxito

El tema parece estar de moda. Ciertos medios comerciales han dedicado sus tapas dominicales al tema carcelario: el diario contrainformativo Clarín del domingo 2 y la edición de Perfil del día 9 de este noviembre son dos ejemplos. Andersen los analiza: “Plantean que el problema es que se destina mucho dinero a los presos cuando el problema real es que hay corrupción. Otros, los menos, pueden hacer eje en que ‘en la cárcel se tortura’. Pero el principal problema nunca se plantea en su aspecto general, que contiene todo: cómo funciona hoy la máquina carcelaria”.

Esta mirada coyuntural de las cárceles es fundacional. “Desde que nació se pretendió modificar la cárcel y hacerla más humana, pero si uno analiza los registros históricos puede dar cuenta que no ha habido cambios sustantivos. Pensar en reformar la cárcel es lo mismo que pensar que formar a los penitenciarios en derechos humanos va a terminar con las prácticas de  torturas. Nosotros proponemos mirar el problema desde otra perspectiva: al sistema penal no ingresamos todas las personas que infringimos la ley; así como tampoco todos los actos ilegales ingresan a la malla del sistema penal. Si para hablar de la cárcel no partimos de esto, difícilmente podamos hablar de este tema sin caer en un latiguillo o panfleto político”.

¿Qué se ve cuando se lo mira integralmente? Su éxito: “La gestión actual de las cárceles puede verse como un verdadero triunfo del sistema, porque en última instancia fue creada para encerrar pobres. Y eso lo hace perfectamente”.

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