Un hábeas corpus obliga a la provincia de Buenos Aires a mejorar las condiciones de detención de más de 700 chicos. Quien lo presentó está ahora a cargo de otro desafío. Nota a Julián Axat.

El hombre tiene anteojos a lo Walsh, una camisa colorida, sobre el escritorio un libro de Kerouac y muchos expedientes con anotaciones garabateadas en los márgenes. Llega apurado y habla rápido, pero sus palabras apuntan al blanco: “Un defensor público hoy es un burócrata sentado en la oficina al que le traen chicos que tienen que defender, le pagan 40 lucas, y se va a las 2 de la tarde a su casa”. Son las 4 de la tarde y Julián no se fue a la casa: está todavía en el Ministerio Público Fiscal capitalino.

Wikipedia define a Axat como poeta y no incluye ni una línea de su carrera de abogado ni de que es hijo de desaparecidos, aunque su fecha y lugar de nacimiento lo sugieren: 1976, La Plata. Hoy coordina el Programa de Acceso Comunitario a la Justicia creado por la procuradora nacional Alejandra Gils Carbó, pero un hito reciente remite a su pasado inmediato como defensor público en la Provincia de Buenos Aires: la Cámara de Casación Penal de Buenos Aires dio lugar al hábeas corpus colectivo que presentó y que obliga a corregir las condiciones de detención de todos los institutos de menores de la provincia.

El poeta abogado dice: “Cuantos más chicos son kafkianamente tatuados por el sistema, después ingresan en una suerte de cadena en espiral, como profecía autocumplida”.

La carga inversa

El hábeas corpus había sido presentado por Axat hace dos años, cuando todavía era defensor penal juvenil, como resultado de una serie de informes que él, junto a otros defensores y jueces, elaboraron sobre las condiciones degradantes en los institutos. Lo que reclama es un cambio estructural de esas condiciones, desde cuestiones edilicias (“menos barrote”), alimentarias (“salen engordados como pollos porque les dan harina todos los días”), del tratamiento disciplinario (“arbitrario, discrecional, irracional”), el déficit educativo (“pocas horas de taller”), la preparación de profesionales (“guardiacárceles que tienen legajos de violencia institucional y están cuidando chicos”) y de servicio médico (“no hay ni ambulancias”).

El hábeas corpus intenta barrer con todo esto: le dice al Poder Ejecutivo y a la justicia que tienen que reformar el sistema de tratamiento de ejecución de penas de niños y adolescentes en la provincia. “No tienen que construir cárceles y barrotes: tienen que ponerle contenido, dignificarlo, humanizarlo”, sentencia Axat. Para lograrlo,  el fallo estipula plazos de informes que informen el avance de las obras, los nuevos métodos y las nuevas realidades.

Traducido por Axat, el fallo también dice: “Háganse cargo de todo lo que encerraron durante todos estos años”.

La foto y la película

Al momento de presentado el hábeas corpus había en la provincia una foto que registraba 700 chicos privados de su libertad, pero la película mostraba que más de 2.500 pasaban por el sistema anualmente. “Todos jóvenes pertenecientes a hijos de los sectores populares, todos jóvenes vinculados a fricciones policiales, todos jóvenes víctimas de violencia institucional muchas veces anterior a los delitos que se les imputaban; jóvenes dentro del índice de pobreza; con carencias de muchos tipos: sanitarias, simbólicas, sociales, educativas”, describe Julián.

“Hay  un choque cultural entre el sistema de justicia y los jóvenes: deben demostrarle que son inocentes”. Este diagnóstico responde a un dato concreto: “El 80% de los chicos está procesado sin condena”. Esto significa que los jueces los mantienen preventivamente encerrados, mientras el proceso judicial  decide su mala suerte.

La justicia al barrio

El hábeas corpus presentado por Axat define a los institutos como lugares recicladores de violencia. “A un pibe que entra a un lugar de encierro  le dicen: vos sos chorro. Y cuando sale, no es que comete choreos porque le dijeron que era chorro, pero de alguna manera esa identidad que el sistema le tatuó le queda dando vueltas y lo revincula a una carrera criminal”.

Cuál es la propuesta: “Lo que espero es que las cárceles para jóvenes y adolescentes de la provincia sea para los menos. No como ahora que hay presos por pavadas. Que las cárceles para jóvenes sean una última posibilidad, cuando todo falló. Que en la cárcel estén los jóvenes que cometieron delitos graves con sentencia probada de juicio oral: homicidios, secuestros extorsivos, abusos sexuales graves. Esos tres delitos, nada más. No podés tener un pibe preso porque arrebató una cartera”.

También, y fundamentalmente, Axat promueve la acción de la justicia un paso antes del sistema penal: “Además del sistema punitivo, los defensores deben promover derechos”. Su idea es que se desarrollen estrategias para intentar que los jóvenes pobres se relacionen con la justicia de otra manera. Ese desafío tiene Axat desde mayo de este año con la creación del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia, del cual está a cargo. La idea: “Descentralizar la justicia al máximo llevándola a los barrios y tomando contacto constante con los adolescentes pobres”. ¿Cómo? Con un sigla, ATAJO, que son Agencias de Territoriales de Acceso a la Justicia en las principales villas y barrios carenciados de Capital, una experiencia piloto en Mar del Plata e incipiente proyección nacional. “Atajo es un servicio de justicia pensado para los jóvenes que busca vincularlos a la cultura de derechos. Funciona como un foco: todas las denuncias, todas las demandas se canalizan  en esa oficina, incluso las denuncias contra la policía. Son equipos interdisciplinarios que tratan de incidir para que el Estado llegue a los barrios y no los pibes a la justicia”.