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Funcionarios transgénicos

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La escandalosa comisión controlada por Monsanto. Cuáles son las relaciones de los máximos responsables de controlar y aprobar transgénicos. Darío Aranda nos revela quién es quién en esa comisión que es juez y parte.

¿Puede la máxima autoridad que controla el bienestar ambiental de un país publicar un trabajo científico con una empresa petrolera o con una minera? Es como si un ministro de Salud realizara un trabajo coordinado -y por supuesto, favorable- para una tabacalera o para una multinacional de medicamentos.

No puede.

Existe el denominado “conflicto de intereses”. O como dicen en el barrio, no se puede estar de ambos lados del mostrador, ser juez y parte.

Sin embargo, quien incursionó en esa situación irregular es Martín Lema, máxima autoridad de biotecnología del gobierno nacional. Publicó un reciente trabajo “científico” junto a las empresas Monsanto, Syngenta, Bayer, Basf y Dow Agroscience, todas multinacionales del agro a las que debiera controlar.

Dato: Lema, director de Biotecnología del Ministerio de Agricultura y máxima autoridad política de la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia) es un actor clave en la aprobación de los transgénicos. Su posición es polémica: promueve la autorización de transgénicos impulsados por las empresas y, ahora también, publica “investigaciones” junto a las corporaciones de semillas y agrotóxicos.

El 75 por ciento de los transgénicos utilizados en Argentina 23 semillas de soja, maíz y algodón) se aprobaron durante el kirchnerismo. Los expedientes son secretos y el Estado nunca hizo estudios propios para corroborar si afectaban la salud de la población y el ambiente.

Monsanto

«Publicaciones de nuestros profesionales”, afirma orgulloso el sitio oficial de Monsanto. El subtítulo agrega: “En esta sección incluimos información sobre trabajos publicados de nuestros profesionales de Monsanto en revistas científicas (…) producto del trabajo cotidiano y de la interacción con investigadores de instituciones públicas y privadas”. Se observa una veintena de trabajos. El segundo del listado se titula Desarrollo de construcción basada en criterios de evaluación de riesgo para cultivos. Entre los firmantes, Clara Rubinstein y V. Cuadrado (Monsanto), Griselda Noe (Syngenta), María Pía Beker (Bayer), Silvia Lede (Basf) y Cecilia Roca (Dow Agroscience). Todos ellos tienen, además, distintos cargos en la poderosa Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), espacio que reúne a todas las grandes empresas del sector.

Este “trabajo científico” también lo firma Martín Lema, director de Biotecnología del Ministerio de Agricultura de la Nación, de quien depende el control y evaluación de los transgénicos que se aprueban en Argentina.

El sitio web del Ministerio de Agricultura explica que el objetivo de la Dirección de Biotecnología es “garantizar que los OGM (organismos genéticamente modificados: transgénicos) sean seguros desde el punto de vista genético-molecular, y que sean seguros para el agroecosistema”.

La Dirección de Biotecnología, a cargo de Lema, es responsable de procesar y analizar las solicitudes presentadas por las compañías. El sitio del Ministerio de Agricultura señala textualmente, que la Dirección será la encargada del “desarrollo, liberación y comercialización de OGM”. La relevancia de Martín Lema también se destaca en el último párrafo de presentación: “(La Dirección) Promueve el dictado de normas y regulaciones para el desarrollo equilibrado de las políticas de agrobiotecnología”.

El paper científico firmado por Lema junto a Monsanto, Syngenta, Bayer y Dow fue presentado oficialmente en noviembre pasado en Sudáfrica, en el XIII Simposio Internacional de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. El escrito consiste en una suerte de revisión de los criterios para evaluar el “riesgo” del uso de transgénicos. Sólo está disponible un resumen (de una carilla), pero en la misma introducción se deja ver el perfil del escrito: “La experiencia adquirida a través de la adopción exitosa de los cultivos transgénicos en más de 18 millones de agricultores en 30 países permite revisar la evaluación de riesgos”. En otro apartado, menciona que apuntará al “perfeccionamiento de los criterios científicos en Argentina”.

Hombre clave

Martín Alfredo Lema era “asesor” en materia de transgénicos del Ministerio de Agricultura desde 2004. Y el 25 de octubre de 2011 fue nombrado al frente de la Dirección de Biotecnología (resolución 671/2011 de Agricultura). Licenciado en Biotecnología, egresado de la Universidad Nacional de Quilmes y, según su currículum vitae online, experto en la “formulación de políticas (de biotecnología), la educación, las negociaciones internacionales y de la propiedad intelectual”.

Lema, de 37 años, no da entrevistas. Sólo habla públicamente en presentaciones oficiales, donde no existen posibilidades de preguntas. MU solicitó entrevistarlo, pero no respondió correos ni llamados. También se intentó vía la jefatura de prensa del Ministerio de Agricultura: no respondieron.

El perfil bajo de Lema contrasta con el papel fundamental en la aprobación de transgénicos. Además de ocupar la Dirección de Biotecnología es la máxima autoridad de la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia). Creada en 1991, depende del Ministerio de Agricultura y tiene como objetivo “garantizar la bioseguridad del agroecosistema”.

Según la propia información oficial, la Conabia “analiza y evalúa las solicitudes presentadas para desarrollar actividades con OGM (transgénicos). En base a información científico-técnica y a datos cuantitativos respecto de la bioseguridad del OGM emite un dictamen” para la continuación o el rechazo del pedido empresario.

La Conabia aclara en su página de Internet que “los miembros deben expresar cualquier tipo de conflicto de interés que pudiera surgir en la evaluación de las solicitudes presentadas. Esto es imprescindible para garantizar la transparencia e imparcialidad de los dictámenes”.

Corpo Estado

En enero pasado se hizo público por primera vez quiénes son los integrantes de la Conabia. Insólito que, en 24 años de funcionamiento, nunca se habían conocido los nombres de los responsables de aprobar los transgénicos, que abarcan el 60 por ciento del suelo cultivado de Argentina. Y no era casualidad el ocultamiento: más de la mitad de los “expertos” de la Conabia pertenecen a las mismas empresas que comercializan los transgénicos o son científicos con vinculación directa a las multinacionales del agro.

El listado fue publicado por el periódico de la CTA. El 57 por ciento (27 de 47) de los que aprueban los transgénicos tiene claros conflictos de intereses.

Algunos de ellos son:

Miguel Alvarez Arancedo (Monsanto),

Juan Kiekebusch (Syngenta),

Teresita Martín (DuPont Pioneer),

Luis Negruchi y Alejandro Petek (Aapresid),

Guillermo Mentruyt (Dow AgroSciences),

Lucas Lieber (Indear y Bioceres),

Magdalena Sosa Beláustegui (Bayer),

Fernando Bravo Almonacid (Tecnoplant, del Grupo Sidus),

Gerónimo Watson (Indear),

Mirta Antongiovanni (Don Mario).

También forman parte de la Conabia Juan Balbín y Bernardo Debenedetti, de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea, espacio institucional de pequeños y medianos empresarios del agro); Andrés Bercovich y Daniel Salamone (Biosidus, empresa de clonación de animales); Atilio Castagnaro y Bjorn Welin (Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, de los grandes ingenios azucareros de Tucumán); Ricardo Fernández de Ullibarri y María Fernanda Foresto (Chacra Experimental Agrícola Santa Rosa, del Ingenio Ledesma).

Otros que tienen voz y voto en la aprobación de transgénicos son:

Hugo Permingeat,  secretario de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Agrarias de Rosario. Férreo defensor de la vinculación empresa-universidad, llegó a ufanarse de que “Monsanto forma sus cuadros aquí”. Diego Ferraro es del Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas (Ifeva), un espacio de estudio con explícita vinculación a las empresas del agro y ferviente defensor del modelo de agronegocios.

Dalia Marcela Lewi, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)), tiene publicaciones científicas con Monsanto y la empresa Bioceres (compañía referente en la investigación e impulso de transgénicos).

Eduardo Pagano, ex vicedecano de la Facultad de Agronomía de la UBA y de pública relación con la semillera Don Mario.

Las corporaciones de transgénicos y agrotóxicos están dentro del mismo Estado. Y deciden qué semilla se aprueba y, al mismo tiempo, qué modelo agropecuario tendrá Argentina.

Monsanto al poder

El paper publicitado por Lema junto a Monsanto también está firmado por otros dos miembros de la Dirección de Biotecnología del Ministerio de Agricultura (Paulina Boari y Agustina Whelan). También lo firman Moisés Burachik, uno de los pioneros en el avance transgénico en Argentina, siempre impulsor de las iniciativas empresarias y negador de las consecuencias sociales y ambientales del modelo agropecuario. Burachik es director de Asuntos Regulatorios de Bioceres, empresa dedicada al desarrollo de semillas transgénicas, cuyo directorio está conformado (entre otros) por Víctor Trucco (presidente honorario de Aapresid, que nuclea a los empresarios impulsores de agronegocios) y Gustavo Grobocopatel (presidente de Los Grobo, uno de los mayores pools de siembra del continente).

Otros dos firmantes del paper científico de Monsanto son dos integrantes de la Conabia: María Fernanda Foresto (Ingenio Ledesma) y Dalia Marcela Lewi (INTA).

Todo el trabajo está auspiciado por la oenegé internacional ILSI (Instituto de Ciencias de la Vida), reconocido espacio de lobby científico y presión política en favor de los transgénicos. ILSI está formada y financiada por Monsanto, Dow Agrosciences, Bayer y Syngenta.

Denuncias y premios

Desde 1996, la Conabia aprobó 30 eventos transgénicos (maíz, soja y algodón). El 76 por ciento de ellos (23) tuvieron luz verde durante el kirchnerismo. Las empresas favorecidas fueron Monsanto (12 semillas transgénicas), Syngenta (siete), Pioneer-Dupont (cuatro), Dow Agrosciences (tres), Bayer (dos) y Nidera y Basf (una cada empresa). En algunas casos, las semillas aprobadas son compartidas por dos compañías.

En sólo dos casos (“soja RR” de 1996 y “soja Intacta RR2” de Monsanto, en 2012) los expedientes fueron públicos. El primero por una filtración durante el conflicto por la Resolución 125 y, el segundo, por una demanda judicial. En ambos casos se denunció que los procedimientos de aprobación estuvieron plagados de irregularidades y se confirmó que el Estado no realiza estudios propios.

Así es: el gobierno de Argentina aprueba los transgénicos en base a los estudios de las empresas interesadas. Son las mismas compañías que integran la Conabia y que son juez y parte al momento de liberar soja, maíz y algodón transgénico (todos con uso masivo de agroquímicos) en los campos argentinos.

Martín Lema responde al secretario de Agricultura, Gabriel Delgado. Economista agrario, impulsor de los transgénicos, y promotor de que los pequeños productores utilicen cada día más las semillas modificadas genéticamente. “Argentina es un ejemplo mundial en materia de biotecnología y transgénicos”, celebró en el portal de agronegocios Futuros y Opciones (FyO). En el mismo reportaje, trazó planes a futuro: “Creo que dentro de treinta años tenemos que estar en condiciones de decir que hay una institución (la Conabia) que se dedicó a evaluar el hecho de que efectivamente la soja transgénica y el maíz transgénico no generan cáncer, esterilidad, ni problemas en la vista”. Y, al instante, tuvo un lapsus: “Y si fue la transgénesis la que generó algún problema, que el Estado tenga rápidamente los elementos para tomar las medidas necesarias y solucionar los problemas que se presenten a partir de ella”.

Delgado participa asiduamente en la red social Twitter. El 14 de marzo mensajeó: “¿Sabías que antes de que un evento transgénico sea autorizado tiene rigurosos análisis de bioseguridad e inocuidad?”.

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