El notable crecimiento de casos de niños con enfermedades y malformaciones en el Chaco. La muerte de un fumigador de agrotóxicos: cáncer a los 40 años. La inoperancia o la complicidad del sistema de salud y mediático. ▶ DARÍO ARANDA

Alejandro tiene 7 años y está sentado en un changuito para bebés que le queda chico. Acceder a una silla de ruedas es uno de los tantos derechos incumplidos. Alejandro sufre parálisis cerebral y su familia y médicos también lo vinculan a la pobreza y a otras injusticias: vive a diez metros de un campo de soja, que fue rociado con agrotóxicos desde su gestación. Bajo un árbol, a pasos del cultivo transgénico, Carmen Almeida, su mamá, intenta hacerle upa. Le cuesta, pero lo logra. Habla casi con susurros. Pide, como una súplica, tres cosas: una silla de ruedas, atención médica y que su hijo pueda ir la escuela. Mientras habla, mira al horizonte, donde solo se ve soja.

Así es el corazón transgénico de Chaco.

Salud

Alejandra Gómez vive en Resistencia, capital chaqueña. Estudió abogacía “ya de grande” (treinta y pocos) para acompañar en la carrera a una amiga que padecía cáncer. Ya participaba de la Red de Salud Popular Ramón Carrillo y, casi de casualidad, en 2008 fueron convocadas por los vecinos de las localidades La Leonesa-Las Palmas: arroceras arrojaban agroquímicos sobre los barrios.

Lograron fallos inéditos: se prohibieron las fumigaciones terrestres a menos de 1000 metros de las casas (2000 si eran aéreas). La sentencia protegió a las escuelas rurales, ríos y lagunas y fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia.

Gómez es didáctica: hay una ley (“de Biocidas”, número 7032, que restringe las fumigaciones a 500 metros de las viviendas) que no se cumple. Los productores hacen caso omiso y los funcionarios de todos los signos políticos miran para otro lado. “Para los poderosos pareciera que primero están los negocios y después la salud. Nosotros pensamos lo contrario”, afirma.

Acompaña el viaje hasta uno de los epicentros transgénicos de Chaco. Ruta 16, 170 kilómetros hasta Roque Sáenz Peña, segunda ciudad provincial, conocida como “capital nacional del algodón”. Ya casi no existe algodón, que además es también transgénico con uso masivo de agroquímicos. Desde la ruta se  ve soja, maíz, girasol y más soja.

Primera parada, casa de la doctora María del Carmen Seveso. Médica, treinta años de trayectoria, testigo privilegiada de los cambios productivos. “¿Cómo te puedo explicar?…”. Hace una pausa mientras carga el termo: “Es un desastre desde todo punto de vista. Echaron a la gente del campo, la dejaron sin trabajo y encima enfermaron a la población. Y nadie se hace cargo”, denuncia.

Napenay

Sobre la misma ruta 16, veinte kilómetros hasta Napenay. Al costado de la ruta, repleto de carteles del agronegocio: Vicentín, Bunge, Dow, Basf, Rizobacter, John Deere. Es una localidad de 5000 habitantes, de matriz agropecuaria. Catalina Cendra, 40 años, recibe en el patio de su casa materna, en la zona urbana. Sillas de plástico, mesa con galletitas y mate recién preparado. Vive a 25 kilómetros, tierra adentro, Lote 15, Paraje Pampa La Desatinada. “Me dicen Cati”, se presenta con besos en ambas mejillas. Cuatro generaciones campesinas. Animales, quinta, frutales, batatas, zapallo, mandioca y todo lo necesario para comer sin depender del mercado o la carnicería. Pero hace diez años todo comenzó a cambiar.

“Fueron los cordobeses”, precisa. Y explica que son empresarios de esa provincia que llegaron hasta Chaco, compraron (o alquilaron) a familias ancestrales del lugar y comenzaron a rodear a campesinos que no querían irse, ni alquilar ni vender.

Y se iniciaron los desmontes y luego las fumigaciones indiscriminadas. Los frutales se “quemaron”, los frutos se cayeron y las plantas se fueron secando. Intentaron dialogar con los nuevos vecinos, pero no tuvieron respuesta. O sí tuvieron: los volvieron a rociar con agroquímicos. “Ya nos fumigaban por demás”. Su esposo no quería confrontar, pero ella salió a la calle. Junto a la Unpeproch (Unión de Pequeños Productores del Chaco), denunció lo que pasaba, incluido el éxodo rural. Como un orquestado plan de vaciar el campo, nunca hubo obras para que cuenten con electricidad, y cerraron muchas escuelas rurales.

En el Paraje La Desatinada esa fue la (mala) suerte de la Escuela 289. Consecuencia: los chicos en edad escolar tuvieron que ir al pueblo (en muchos casos con las madres) para terminar la primaria.

“Nos vaciaron el campo. Acá y en todo el país. Quieren que desaparezcamos, que sea todo un campo de empresarios”, define Catalina con precisión que no se escucha en autoridades del INTA ni del Ministerio de Agroindustria.

El Foro por la Tierra del Chaco denunció en 2008, en base a censos oficiales, que a mediados de siglo pasado la población rural provincial representaba el 70 por ciento. En 1991 había descendido al 28,5 por ciento. En 2001, sólo el 17 por ciento de la población permanecía en el campo. En 2010 descendió a 12 por ciento. El éxodo tuvo un solo destino: los márgenes de las ciudades.

Una mañana de febrero comenzaron a fumigar a las 6. Catalina se sintió mal. Recogió agua de un tanque que estaba tapado y se duchó. Fue peor. Comenzó con dolor la cabeza, mareos y picazón en todo el cuerpo, como si fueran avispas. Consiguió que la lleven hasta el puebo, a 25 kilómetros. A las 12 estuvo en la posta sanitaria. La médica recién apareció a las 18. “Me trató mal. Dijo que no tenía nada, y me dio Paracetamol”, relata. Se enoja al recordar. Le avisó a la doctora que iba a denunciar al fumigador y a ella por no atenderla. “Ahí se amansó. Me comenzó a hablar bien. Me revisó mejor, pero igual negó que fueran los químicos”.

La doctora Seveso explica que hay muchos inoperantes en el sistema de salud, y quienes ocultan lo que pasa. Recuerda cómo inundaron los consultorios con información de la Gripe A o el dengue, pero nunca abordan el tema de agrotóxicos y  transgénicos. “Ni se los nombra. No es casualidad”.

Otras trece familias de Napenay están en situación similar a la de Catalina Cendra. Asediadas por el modelo de agronegocios. Como en Tres Isletas, Colonias Unidas, Quitilipi, Machagay, Castelli. Pero muchos no quieren denunciar “para no tener problemas”, tienen miedo.

En 1996 había en Chaco 123.000 hectáreas son soja. En 2010 fue el pico: 700.000. El maíz transgénico pasó de 95 hectáreas en 2002, a 400.000  en 2010.

El Lote 15 son 231 hectáreas rodeadas de transgénicos. Catalina aclara que ellos cuidan el monte, saben que es su futuro y el pulmón que resiste. “Ofrecieron comprarlo, pero no, es nuestro derecho vivir en el campo, de nuestro trabajo. No vamos a dejar de luchar”, avisa.

Alejandro

De vuelta a la ruta 16. Cinco minutos de andar y un camino ancho de tierra que se abre. Cuatro kilómetros, alambrado, árboles añejos y la Escuela 256, pintada de blanco y celeste. Enfrente, un campo de algodón transgénico. Alejandra Gómez dice que la Red de Salud Popular denunció que fumigaban, estando los niños en clase. Consecuencias: intoxicaciones, vómitos, mareos, problemas respiratorios, sarpullidos.

Lapsus de unos segundos y una pregunta retórica: ¿Y si fumigaran escuelas de Palermo o Recoleta en Buenos Aires o en cualquier otro lugar acomodado del país?

Fin del lapsus. Gómez señala que lograron que las fumigaciones sean entre las 6 y las 8 de la mañana, antes de clase. Sabe que es poco pero están solos: políticos, jueces, policías, medios de comunicación son, por acción u omisión, cómplices.

Ya es el mediodía. Cinco minutos de andar. Una casa humilde, de material, dos habitaciones, techo de chapa, árboles a los costados y perros alertas. Sale Carmen Almeida, 27 años, delgada, madre de tres niños. Vuelve a la casa y busca a Alejandro, 7 años, en un cochecito para bebés que sus papás compraron con sacrificio, en doce cuotas. Sufre parálisis cerebral, con severa dificultad motriz. No camina, no se sienta solo, ni maneja su cuerpo. No puede sostener su cabecita erguida. Intenta hablar, pero se expresa mediante gritos o llanto.

El carrito es pequeño para el cuerpo de Alejandro. Da impotencia la situación. Y aún más el lugar: el patio es al mismo tiempo el campo que tuvo soja hasta hace días. Y donde volverán a arrojar todo el cóctel químico.

El campo, de 25 hectáreas, es del suegro de Carmen. Lo alquila a productores de la zona. Hace más de diez años que ella vive ahí. Y siempre fue testigo involuntaria de las fumigaciones, incluso embarazada. Les suelen avisar que van a echar “remedios” (agroquímicos) y ellos se encierran en la casa. “Los médicos dicen que no fue por eso lo de Alejandro, o que no se sabe la causa. Dicen que puede ser que al nacer le apretaron sin querer la cabecita y eso provocó la parálisis”, explica la mamá.

Nadie de los presentes se anima a contraponer hipótesis o argumentos.

Hace meses que tramita una silla de ruedas, pero siempre falta algún papel o trámite burocrático. Recorrió hospitales, municipios y despachos provinciales.

También tuvo problemas en la escuela especial Crecer con todos, de Sáenz Peña. No le daban la vacante porque le faltaba el certificado de discapacidad. No hacía falta ser Nobel para ver la situación. “Llevábamos a Alejandro, los doctores lo revisaban, pero decían que faltaban estudios. Y no nos daban el certificado de discapacidad”.

Perdió meses de clases, hasta que lo aceptaron con una limitación: concurre solo dos días, un total de cuatro horas por semana. Debiera ir veinte horas, pero hay muchos chicos con discapacidad y solo dos escuelas. Carmen celebra que ha habido mejoras. Que mastica al comer (antes sólo tragaba) y que intenta comunicarse más. Lamenta que no pueda estar más en la escuela, con una rehabilitación intensiva.

La doctora Seveso explica que no hay cifras públicas, pero en los últimos quince años aumentó el número de niños con discapacidad. Hay dos escuelas nuevas para esos chicos, pero hay lista de espera: no alcanzan. “Esto también es el modelo agropecuario. Los negadores que vengan y lo vean con sus ojos, que piensen en sus hijos”, desafía, mientras enumera parajes donde ha visto lo mismo: Avia Terai, La Tigra, La Clotila, Tres Isletas, Castelli.

Alejandro grita desde el changuito. Llama la atención de su mamá. Carmen se despide como pidiendo disculpas, agradece la visita y, con dificultad, alza a upa a su hijo.

Cuando ya estamos en la ruta, suena el teléfono de Alejandra Gómez. Un mensaje de texto de Carmen: “Que el periodista ponga que si tengo que esperar de los políticos que me consigan una silla para mi hijo me voy a jubilar porque no me dan pelota. Se enojaron esa vez que le llegaron ustedes (a reclamar). Por eso los políticos no me quieren ayudar”.

Gómez lo lee en voz alta. Unos instantes y llega otro mensaje de la mamá de Alejandro: “Hoy estuve tímida porque me quieren sacar de esta casa. Y perdón que estuve tímida pero me pongo triste cuando hablo de mi nene”.

La impotencia se hace nudo en la garganta. Todo se hace silencio.

Sin entrevista

Avia Terai significa “monte grande” en idioma originario. Es una localidad de cinco mil habitantes en el centro geográfico de Chaco, vecina de Napenay. En el ingreso al pueblo hay una semillera transgénica (Mandiyú) y una agroquímica (Ciagro), con campos experimentales. También sobresale una pista de aviones fumigadores. Y está presente la multinacional cerealera Bunge, con carga-descarga de camiones. El casco urbano está, literalmente, rodeado de cultivos de soja y girasol que son fumigados entre diez y doce veces al año.

Casas bajas, pocas calles de asfalto. La siesta se respeta. Hay muchas nubes y hacen más tolerable el sol chaqueño. El auto toma una calle de tierra que se aleja del centro, campo de un lado, viviendas humildes del otro. Unas quince cuadras, dobla a la derecha y se interna en una huella. hasta una fábrica de ladrillos artesanal, familiar, precaria. Allí está Aixa Ponce Cano, de 7 años, junto a sus padres y hermanos. Aixa tiene una extraña enfermedad: toda la piel cubierta de lunares, pequeñas manchas, verrugas y vello. En 2012 la agencia internacional de fotografía Getty recorrió la zona y retrató a Aixa. Confirmó el dicho: “Una imagen vale más que mil palabras”. La foto se viralizó en medios del exterior (y algunos de Argentina).

En los años siguientes, una decena de fotógrafos y documentalistas fueron en busca de Aixa y su padecer. Menos visibles a las lentes, Aixa también padecía unos extraños tumores (de hasta un kilo de peso) que crecían en su espalda y le impedían correr, caminar erguida y sólo podía dormir boca abajo, con dolor. Lo peor, esos tumores crecían. El sistema de salud de Chaco le respondió con una interminable burocracia que nunca daba soluciones (finalmente, la unión del fotógrafo italiano Marco Vernaschi y un grupo musical logró un tratamiento pago y operación en Buenos Aires).

Silvia Ponce, la mamá de Aixa, habla mientras trabaja al aire libre, en la fábrica de ladrillos con su esposo. No tienen muchos deseos de más prensa. Pregunta dónde están las cámaras de fotos. Se le explica que no habrá imágenes, sólo grabador, cuaderno y lapicera. Baja la guardia, pero se excusa, deben terminar una tanda de ladrillos y no puede hablar. Aixa y cuatro de sus hermanitos se acercan, quieren jugar, piden el cuaderno y lapiceras.

No habrá fotos. Y tampoco entrevista. Pero tiene premio: Aixa y sus hermanos se quedan con las hojas, dibujan, sonríen.

Semanas después, Alejandra Gómez explicará lo sucedido: la familia Ponce sufría ataques difamatorios de vecinos y productores. La acusaban de exponer a su hija y también “desprestigiar” al pueblo.

Premonitorio

Catherina Pardo fue una pionera en alertar sobre los efectos de los agroquímicos en Avia Terai. Tenía 14 años en 2005, cuando comenzó a preguntarse por “el avioncito” que sobrevolaba la escuela cuando ella estaba en clase. Junto a dos compañeros y una docente, se embarcó a investigar sobre el hangar vecino al colegio, el modelo agropecuario y las denuncias de enfermedades del Barrio Quebracho (a un kilómetro del hangar y rodeado de soja).

Escucharon a los afectados, confirmaron problemas respiratorios y vincularon avión, agroquímicos, agronegocios  y enfermos. Y precisaron el incumplimiento de la Ley de Biocidas (que fija límites de entre 500 y 1500 metros para las fumigaciones). Su trabajo escolar obtuvo el primer premio en la Feria de Ciencias de la provincia.

Hubo debates en el pueblo y llegaron funcionarios del gobierno provincial. Se reunieron con fumigadores, productores, docentes y directivos, pero no dejaron participar a los estudiantes. Los invitaron a una charla abierta, pero les pidieron que no hablasen. “Sentíamos impotencia”, recuerda Catherina Pardo, diez años después, sentada en el living de su casa.

Pardo estudia psicología social. Sigue denunciando los efectos del modelo agropecuario, consciente de que vive en un pueblo donde el agro es poderoso.

Pasó una década: “Lo que alertamos en el colegio se cumplió. Hay cada vez más cáncer, más enfermos respiratorios, abortos espontáneos, chicos con malformaciones o discapacidad”.

Al Barrio Quebracho se sumó el barrio Padre Mugica, construido por la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Como un destino maldito, el nuevo barrio está lindero a campos de soja y a cien metros del hangar donde despegan los aviones fumigadores. Como plan estatal de vivienda, tuvieron prioridad (para acceder a la casa propia) las familias con algún integrante con discapacidad.

“Son cien casas. ¿Sabés en cuántas hay personas con discapacidad?”, pregunta Gómez. Silencio. “En todas las familias hay una persona con alguna discapacidad. Si eso no es una prueba de lo que vivimos…”.

Catherina Pardo recuerda que los vecinos del Barrio Quebracho daban testimonio de los árboles quemados, las huertas arruinadas por los químicos y, claro, los enfermos más diversos.

En 2005 había solo un avión fumigador. Ahora son tres. El dueño de los aviones de la fumigadora Aeroaplicaciones del Norte, Patricio Teverosky, los acusó públicamente de provocar miedo en la población. Dijo  que sus hijos lo acompañan en el hangar, que lo utiliza casi como casa de campo, con asados familiares. Argumentó que nunca pondría en riesgo a sus seres queridos ni a la población.

Cinco años después Teverosky, de 40 años, estaba en silla de ruedas, con cáncer. Tanto Catherina Pardo como María del Carmen Seveso lo conocen. Lamentan lo sucedido. Y les cuesta entender que aún siga negando el efecto de los químicos.

Al momento de escribir esta nota, Alejandra Gómez envió un comunicado de la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (de aplicación de agroquímicos): “Falleció el señor Patricio Teverosky, piloto aeroaplicador, oriundo de la localidad de Roque Sáenz Peña, Chaco. Expresamos nuestras humildes condolencias a la familia, colegas y amigos”.