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Te la debo
Una no docente falleció tras descubrir que le habían descontado casi todo su sueldo. Ante la pregunta, el Presidente no sabía de qué le hablaban. Lo que revela el caso sobre la actualidad de la educación pública, y sobre lo que comen los chicos. ▶ LUCAS PEDULLA
Yolanda “la Yoli” Mercedes tenía 60 años y hacía tres días que no podía comprar su medicación para la circulación cuando se enteró de que, después de trabajar durante 25 años como portera en la Escuela de Educación Especial 506 de Mar del Plata, no le habían depositado su sueldo. Tenía solo 40 pesos.
Cuarenta.
No era la única: 35 mil auxiliares docentes de toda la provincia de Buenos Aires se encontraron con un descuento de hasta el 80% de su salario en medio del reclamo por el cierre arbitrario de las paritarias del sector, que había llevado a que el Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (SOEME) convocara a una retención de tareas en cada lugar de trabajo.
Algunas personas adhirieron al reclamo. Otras no. La Yoli no quiso.
“Nunca quería, jamás”, dice Daniela Gutiérrez, 39 años, encargada de cocina y amiga de Yoli hace más de diez años en el colegio. Habla con MU dentro de un aula mientras suena de fondo la cumbia que los chicos pusieron durante el almuerzo, en esta escuela ubicada en la periferia marplatense, en la zona del puerto. “Yo fui suplente de ella, y siempre decía: ‘Si vos querés, nena, hacelo: es tu derecho’. Ella estaba con tareas livianas, por discapacidad. Tenía un problema en la cadera y andaba con bastón. Cuando se enteró de los descuentos en los salarios de mucha gente por esa medida, como le costaba caminar, mandó a alguien de confianza al cajero con la tarjeta”.
La Yoli se enteró de la misma forma en la que se enteraron los 35 mil auxiliares bonaerenses: la Provincia había colgado en Internet los recibos de sueldo tres días antes de lo habitual. “Nunca pasa eso. Siempre es el mismo día de cobro”, coinciden las auxiliares consultadas por MU. “Nos querían matar del susto”, dice Claudia Gallastegui, 55 años, del jardín de infantes 911. Todos vieron allí los descuentos. “A mí me descontaron 6.448 pesos con 11 centavos”, recuerda Daniela, puntualizando cada cifra. ¿Y la Yoli? “Se empezó a preocupar. Le descontaron unos 6.500 pesos. Cuando vio en el ticket que le quedaban 40 pesos, se amargó mucho. ¡Imaginate: después de 25 años de trabajo! Estaba angustiada. Se fue a la casa. A la noche se empezó a sentir mal, le dolía el cuerpo y llamó a una de sus amigas maestras, que eran su familia. Esto pasó el viernes”.
Era 8 de abril. La llevaron a la Clínica Colón, la revisaron y la dejaron internada. “Le explotó la aorta”, describen. “Entró a cirugía el sábado. Salió como a las 4 de la tarde pero no con buen pronóstico. No había muchas esperanzas”.
Mariana Lozada, docente integradora, amiga de Yoli desde los 90: “Sabíamos que era difícil. Estuvimos haciendo chistes cuando la fuimos a ver. Ella era el nexo entre las que nos fuimos del colegio y las que se quedaron, siempre nos tenía unidas. Yoli se sabía todo lo que pasaba en la escuela. Era el primer filtro: con los proveedores, con los chicos. Es un barrio con conflictos sociales marcados, chicos que prefieren venir a la escuela antes de quedarse en sus casas. Una, cuando se aleja de una institución, pierde un poco la dinámica. Por eso iba a verla: era mi informativo. Ese día, en la clínica, nos despedimos. Un hasta luego. Pero bueno: nunca salió”.
Yolanda Mercedes murió el 9 de abril con 40 pesos en el cajero después de 25 años de trabajo.
El periodista radial Federico Tártara le preguntó al presidente Mauricio Macri en conferencia de prensa qué pensaba del caso. “Te la debo, no estoy en el tema”, respondió la máxima autoridad política del país, en lo que al cierre de esta edición era la única postura oficial del Estado.
¿Qué dijo la familia de Yoli? “No tenía familia, estaba sola”, cuenta Daniela. “Sola en el mundo. Ni familia, ni hijos, hermanos. Nada”. El sindicato se hizo cargo del entierro. Lozada: “Era huérfana. La había criado su abuela”. Daniela: “Su única familia éramos nosotras, la comunidad educativa. Vivía para la escuela. El deseo de ella siempre fue que la cremaran y no pudimos hacerlo porque no había un familiar que pudiera firmar. Si ella hubiera dejado algo escrito… pero qué imaginás que va a pasar algo así”.
No, no lo imaginás.
A la semana, después de una medida judicial, la Provincia reintegró los pagos.
Mujeres golpeadas
Dos días después de la muerte de Yoli, el sindicato presentó una denuncia penal por homicidio culposo contra la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el Director General de Cultura y Educación, Alejandro Finocchiaro. “No puede quedar impune”, dice Enrique Sánchez, secretario de SOEME en la regional Mar del Plata. “Alguien apretó el botón para barrer con los descuentos”.
La retención de tareas que derivó en el descuento salarial se enmarca en un conflicto que SOEME mantiene con la Provincia desde comienzos de año por la apertura de paritarias.
Para entender:
El reclamo concreto es un aumento del salario de bolsillo a 10 mil pesos.
El sindicato había logrado en 2015 una suba del 44% que dejó los sueldos de bolsillo en 7.300 pesos. Sánchez: “Somos los trabajadores más bajos en el escalafón. Imaginate: sobre esa base es que golpeó el descuento que le hicieron a 35 mil trabajadores”.
SOEME había cerrado este año en un 31% de aumento para el personal no docente de las instituciones de educación de gestión privada. Por eso esperaban una discusión formal con el Estado para las instituciones públicas.
La Provincia propuso un 15%. Sánchez: “Son 30 pesos por día para los compañeros. Es irrisorio. No podemos permitir esto con la devaluación y los aumentos. Es un sueldo de hambre”.
La Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Federación de Gremios Estatales bonaerense aceptaron. Sánchez sintetiza: “Es una traición”.
El gobierno dio por cerrada la paritaria.
Los estatales se dividieron.
Las medidas de fuerza comenzaron el 7 de marzo con un abrazo simbólico a la Dirección General de Cultura y Educación, retención de tareas en el lugar de trabajo y una carta abierta titulada: “Gobernadora Vidal: están condenando a miles de estatales a vivir en la miseria”.
Al día siguiente reprimieron.
Dato: era 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Dato: la mayoría de las personas afiliadas al sindicato son mujeres. Hubo balas de goma, gases lacrimógenos y palazos.
Claudia Zalazar -48 años, con 14 de auxiliar docente en la EPB 24 de Playa Chapadmalal- estaba allí: “Fue muy bajo que justo nos reprimieran ese día. Que nos corrieran. Terminaron siete compañeras heridas. No somos delincuentes: somos auxiliares, porteras, cocineras”.
Claudia también fue la primera persona que denunció penal y civilmente al gobierno por los descuentos. “Estaba de licencia por psiquiatría. Hace poco falleció mi marido. Y yo tengo que pagar un alquiler. Son 2.500 pesos por mes. Por suerte es de los baratos, pero vivo en una zona donde gasto mucho en viaje: 44 pesos por día. También me aumentaron la luz a 700 pesos por mes. Sumale la garrafa: no hay gas natural y cada una nos sale entre 110 y 120 pesos. Cada 15 días tenés que comprar una. Con este frío, por el calefactor y por el baño, como mucho, te dura una semana”.
Solo esos gastos suman 4.300 pesos, más de la mitad de un sueldo de bolsillo.
El sindicato presentó una denuncia al Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Luis Arias, que falló en contra del cierre de paritarias, medida confirmada por la Cámara, lo que obligó al Ministerio de Trabajo a dictar la conciliación obligatoria.
Al cóctel de conflicto se suman dos medidas provinciales que pusieron en alerta a los trabajadores. Una es la resolución 142/16 de la Dirección General de Cultura y Educación, que “autoriza a los Consejos Escolares a coordinar y ejecutar acciones temporales con los municipios y organizaciones de la sociedad civil para atender las tareas de limpieza y mantenimiento de los establecimientos escolares afectados por la medida gremial en curso”. Es decir, tercerizar el servicio de las auxiliares. La otra medida es el decreto 230/16 que otorga súper poderes a ministros y secretarios provinciales y allana el camino para despidos al margen de la Ley 10430, que constituye el régimen legal para la administración pública.
Stop: congelá este escenario.
Y sumale los descuentos masivos y 35 mil personas sin la plata de su salario.
Define Sánchez. “Es perverso. Es querer disciplinar no solo al gremio, sino a la sociedad. Quieren mostrar que cualquiera que salga y haga lo mismo, va a vivir esta misma situación. Y mientras nosotros estábamos discutiendo esto y a los compañeros se les generaron deudas por todos lados, la gobernadora Vidal se fue con su gabinete a hacer un retiro espiritual en el Howard Johnson (un lujoso hotel de Luján). Se nos está riendo en la cara. No lo podemos permitir. No solo el sindicato: nadie. Alguien tiene que hacerse cargo por apretar el dedo y descontar 35 mil salarios, alguien fue el responsable de lo que vivimos”.
La causa contra Vidal y Finocchiaro por el “homicidio culposo” de Yolanda se tramitó en la Fiscalía 11, a cargo de Pablo Adrián Cistoldi. Estuvo frenada, entre otras cosas, por paros judiciales reclamando aumentos salariales. Finalmente el fiscal la desestimó argumentando que no existen antecedentes de condenas por “matar de un disgusto”, y que si se abriera esa perspectiva hasta los gremialistas podrían ser acusados por tomar medidas que pueden generar represalias contra los afiliados.
El argumento es gaseoso. El propio fiscal reconoce que los descuentos son ilegales, incluso para quienes participaron en la retención de tareas. Pero a Yolanda le robaron su salario, además, por algo que no hizo. Y eso la hizo estallar. No fue la mentada inseguridad provocada por un hurto, sino una peor: la que generan las instituciones sin que nadie se haga cargo. Y sin que los ciudadanos puedan defenderse, en la práctica, de los abusos de quienes deciden sobre sus bienes y sus destinos. Si esto le hubiera ocurrido a un funcionario judicial, por ejemplo, la historia sería otra.
Inflación en la escuela
Los descuentos alcanzaron a unas 600 auxiliares docentes en Mar del Plata. Muchas no se habían adherido a la retención de tareas (como Yolanda) o estaban de licencia (como Claudia). Algunas son pacientes oncológicas. Muchas representan la única fuente de ingreso del hogar. Y la mayoría trabaja en instituciones de los bordes marplanteses, donde perciben de primera fuente cómo las medidas económicas del país repercuten en los colegios y hasta en los cuerpos de los niños y niñas.
María Iglesias, 47 años, 19 como auxiliar en una primaria, siete hijos, cuenta: “Vemos el deterioro. Por ejemplo, en los comedores. Allí hay una cuestión engañosa: en marzo se anunció un aumento de lo que el gobierno destina por chico. Si bien es cierto, y se lo expuso mediáticamente, lo primero que hay que decir es que no alcanza por los aumentos en los costos de la mercadería. Y lo segundo es que mientras se aumentó el presupuesto, se redujeron los cupos. Y al reducir los cupos, cuando tenés situaciones como las que están pasando en Mar del Plata, como el puerto parado hace dos meses o industrias sensibles frenadas por la desocupación, la necesidad aumenta. Todo repercute: mucha gente del colegio en el que estoy depende de esa actividad. Y vos tenés 40 cupos pero en la mesa vas a ver sentados a 60 chicos: ¿cómo hacés para decirles que no están en la lista?”.
María cuenta que el menú cambió. De milanesas, carne y pollo para alternar una vez por semana, pasaron a guisos, fideos, polenta y arroz. “Leche no hay. Tenés té, mate cocido. Antes se daba una factura, ahora es un pedazo de pan. Milanesas, olvidate: lo que nosotros pagamos 90 pesos el kilo en la carnicería, lo estás pagando casi 200 en el proveedor. Todo es dos o tres veces más caro. ¿Por qué? Porque te está cobrando a 120 días. Es injusto: no podés recargar 300% un alimento por la inflación. ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás cubriendo para diez años más?”.
Claudia Gallastegui, del jardín 911, donde además de limpiar también es ayudante de cocina: “Una semana damos leche a la mañana, la otra semana a la tarde. Porque no te dan para los dos turnos. Antes era donada. Ahora, no”.
¿Almuerzos? “No hay”.
Claudia Salazar: “Tampoco hay leche en mi escuela. Damos mate cocido. Almuerzo, no: es una merienda reforzada. Los chicos de la zona son del campo y, cuando vienen, esperan una taza caliente y un pedacito de pan. Siempre los vas a ver colgados de las ventanas pidiendo si tenemos algo. A veces la directora o la cooperadora ponen de su bolsillo para hacer pizza casera. Antes hacíamos sandwiches, pero es caro. También se cortó la fruta”.
Liliana Maldonado, compañera de María en la escuela, 47 años, 28 en el colegio: “Los cocineros tratan de arreglarse. Los chicos cada vez piden más y más. Sumá que además hay que buscar cartones por todos lados para tapar las ventanas para que no tengan frío”.
¿Quiénes son esos chicos? Iglesias: “Estamos hablando de una clase social baja. En estos barrios los problemas sociales fluyen por todos lados. Por eso, la mirada para calcular la comida no es correcta porque se hace en los comedores de General Pueyrredón en verano. Toman ese parámetro, cuando la realidad acá es atípica. En verano, el chico no viene siempre al comedor. Muchos van a la playa a vender pirulines con mamá, papá, o solos. Muchos trabajan: cuidan autos, limpian vidrios o venden en la playa. Entonces no es que el chico no vino porque no tiene necesidad. Y estamos hablando de chicos de primaria: 8 años. Hasta hace un tiempo, si teníamos guiso de verduras, no entraban ni la mitad de los chicos. Hoy poné lo que quieras y entran corriendo”.
Liliana suma al relato el descuento de sus sueldos. Ella tampoco estaba en el colegio porque tenía licencia. “Voy al cajero y tenía cero pesos. Yo tengo dos chicos discapacitados. Uno de 27 y uno de 16. También tengo una nieta a cargo. Y todo esto me llevó a ir a pedir a la calle, a casas de familia, para que podamos comer. ¡Tengo 29 años de trabajo! ¡No es una pavada! Hemos cobrado en Lecops, en Patacones, en dos o tres veces, pero nunca esto. Mi hijo tiene esquizofrenia. La mutual le cubre un solo remedio, ¿pero los otros? Tengo amigos que me dieron algo de plata para poder pagarlo porque lo tiene que tomar sí o sí. Pero los remedios míos todavía no los pude comprar: hace dos meses que no los tomo”.
Gallastegui: “A mí me descontaron 6.400 pesos. Muchas no tenían ni un peso porque les debitaron de la tarjeta. No es que compramos joyas, sino que tenemos que sacar en cuotas para poder comprar la comida. Pero lo más grave de todo es que se llevó la vida de una compañera. Encima la respuesta del otro: ‘Te lo debo’. Mirá que podría haber dicho cualquier cosa, ¿no?. Podía no saber, pero decí por lo menos que te vas a comprometer a ver qué pasó, a investigar. No sé, algo”.
La respuesta de Macri se convirtió en una cumbia viralizada en Internet. Canta: “Te lo dice el movimiento obrero, con Te Lo Debo no nos vamos a conformar”.
13 pesos por chico
Daniela Gutiérrez, amiga de la Yoli, es crítica con el sindicato. Pero aclara: “Más allá de las diferencias que pueda tener, fue totalmente arbitrario lo que pasó. Y fue también el disgusto de Yolanda. Ver que se le venían todas las cuentas encima y no saber qué hacer”.
Daniela revolea los ojos cuando se le consulta por los cupos y las comidas. “Me arreglo como puedo. Tenemos un presupuesto de 1.900 pesos por día para 142 chicos”. Son 13 pesos en total por cada uno.
El director de la institución, Fernando Carbone, señala que la escuela tiene un total de 350 alumnos. ¿Qué pasa con el resto? “Son 142 para el almuerzo, y unos 280 para tomar la leche. Es un tema: los de la mañana que se quedan a almorzar, no meriendan, porque ellos desayunan en la casa. Pero los que arrancan a la tarde con el almuerzo, sí toman la merienda. Y todo hay que cubrirlo con el mismo presupuesto”.
El director Carbone agrega: “Hace 60 días que estamos sin agua por sospechas de contaminación. Los chicos no pueden tomar”. ¿Hicieron los reclamos? Carbone reconoce: “Puse 3 mil pesos de mi bolsillo en la limpieza del agua de tanque. Estamos esperando respuestas. No sabemos cuál es el problema”.
Dato: se trata de una escuela de educación especial. Recibieron bidones: “Pero no podemos ver todo el tiempo si los chicos están o no tomando agua de la canilla”. El director cuenta que el tema del agua tenía a Yoli preocupada. “Era muy cumplidora, madre de generaciones de docentes que pasaron por aquí. La escuela era su familia. Y el descuento la afectó”.
Carbone valora que el gobierno haya aumentado los cupos, pero interpreta la ecuación del siguiente modo: “Saben que va a aumentar la necesidad”.
De fondo, en el colegio, sigue sonando la cumbia de los chicos.
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Una ONG financiada por corporaciones de la industria alimentaria realiza investigaciones en escuelas públicas, con aval oficial, para indagar los hábitos infantiles con relación a la comida. Y para colmo, el Estado le paga a esa organización, llamada ILSI. En Mu de Mayo, Soledad Barruti muestra cómo un grupo de padres de una escuela de Boedo (foto) desnudó la situación y mantuvo una reunión inesperada y reveladora con funcionarios del programa Mi Escuela Saludable como Cecilia Antún. El contexto: el 40 % de los chicos en edad escolar sufre obesidad o sobrepeso por una alimentación industrial basada en azúcar, grasa, sal y aditivos, que engorda sin nutrir. Y Argentina tiene el porcentaje récord en la región de obsesos menores de cinco años, según la OMS. Las trampas y engaños con respecto a cómo encarar ese problema. La opinión de Florencia Gentile, del Consejo de Derechos de los Niños y de María Luisa Ageitos, ex directora de la Sociedad de Pediatría Argentina y del programa de Salud de Unicef.
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