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Deudas impagas. Córdoba: qué revelan los casos impunes de Jessica y Brenda

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La historia de dos jóvenes del barrio Las Palmas, donde se cobran deudas económicas con la vida de las mujeres. La fractura social expuesta en las barriadas cordobesas, su relación con narcos y policías, y el caso de la fiscal que es paradigma de por qué (no) se investigan ni las denuncias previas ni los femicidios. Por Bernardina Rosini.

Deudas impagas. Córdoba: qué revelan los casos impunes de Jessica y Brenda
El barrio Las Palmas, en la periferia de la capital cordobesa.

Jessica vive en Córdoba capital, tiene 30 años y tres hijos varones de 11, 8 y 2 años. No tiene trabajo. Hace mes y medio que se aloja en la casa de su hermana menor, tras irse de la casa de barrio Las Palmas donde convivía con Rodrigo, el padre de los niños. Discusiones, control, maltratos de todo tipo. Rodrigo debe plata a gente del barrio; “si no te la cobramos a vos, se la cobramos a tu mujer”, escuchó de una vecina en más de una ocasión. Fue el propio Rodrigo quien pasó a Jessica el contacto de sus acreedores para que sean ellos quienes le faciliten dinero para cubrir las necesidades de sus hijos.

Esos acreedores, se sabe, forman parte de una banda de crimen organizado.    

En la madrugada del sábado 2 de abril el cuerpo de Jessica Ruiz fue abandonado frente a la puerta de una sala de emergencias. 

El personal del hospital la recogió sin signos vitales; pudieron reanimarla pero horas más tarde tuvo nuevamente un paro cardiorespiratorio, y ya no pudieron revertirlo.

Ese domingo siguiente era su cumpleaños.

Un caso testigo

El barrio Las Palmas se encuentra en la zona noroeste de la ciudad capital, a solo 5 kilómetros del centro. Su tamaño apenas supera el kilómetro y medio cuadrado. Algo así como 20 cuadras por 8. Pero para muestra basta un botón.

En el barrio funciona la Escuela de Oficiales Libertador San Martín. Espacio clave para la Policía de Córdoba, no solo porque en este edificio se forman los próximos oficiales –y por lo tanto, cargos jerárquicos– sino también porque se dictan cursos de capacitación. Funciona, además, una base policial y en las inmediaciones está la planta de verificación de autos de la fuerza. Es decir, se trata de una zona de alto tránsito de patrulleros y uniformados de azul. A media cuadra de la Comisaría Nº 2 hay una Unidad Judicial.

A pesar de estas coordenadas, Las Palmas es reconocido por el crimen, la impunidad y la desprotección: robo de autos y gomas, homicidios, entraderas, narcomenudeo, entre otros etcéteras. Ejemplo: en 2018 se realizó un megaoperativo en el que se secuestraron 3.000 dosis de cocaína de máxima pureza. 

Y más: en junio de este año se allanó una gomería que traficaba neumáticos de vehículos de alta gama; el valor de lo incautado fue calculado en unos 120 millones de pesos aproximadamente. 

Sobre este entramado, todas las violencias diarias.

Deudas impagas. Córdoba: qué revelan los casos impunes de Jessica y Brenda
Un mural que grita: “Basta de violencia contra las mujeres”.

Más denuncias que años

Brenda fue encontrada el 17 de septiembre en las inmediaciones de la Circunvalación, el anillo vial que bordea Córdoba Capital. Con la pelvis fracturada, con heridas de arma blancas, la lengua mutilada, con vida. Es la cuarta vez que le suministran sustancias y la abusan sexualmente. La tercera ocasión que en ese abuso es grupal. Siempre son los mismos, se dice en referencia a un grupo del barrio Las Palmas.

Este ensañamiento sobre el cuerpo de Brenda es disciplinador: ella se atrevió a denunciarlos tras el primer abuso ocurrido en julio de 2018, hace cuatro años, cuando tenía 21. Desde entonces Brenda y su familia padecen la persecución, la intimidación y el ataque constante por parte de esta banda: tras la primera denuncia les quemaron la casa, fueron tras la madre y la hermana. Las persiguieron. Brenda estuvo internada diez días en terapia tras una feroz golpiza.

Las denuncias continuaron a pesar del hostigamiento y la violencia incansable, y a pesar de la inacción de la justicia. La hermana de Brenda contabiliza 28 denuncias radicadas en distintas fiscalías, comisarías, Polo de la Mujer. “Mi hermana tiene más denuncias que años”, dice. 

La historia de Brenda saltó a los medios de comunicación impulsada por la bronca de la impunidad; recién ahí, aún con el historial de denuncias realizadas, la investigación comenzó a moverse. Declaró en octubre, luego se dictaron cinco detenciones preventivas. En el momento de cerrar esta nota se conoció que los principales acusados por “abuso sexual con acceso carnal calificado por el grave daño a la salud de la víctima” fueron sobreseídos tras acreditar que estaban en otros lugares al momento del ataque. Quedan en libertad a pesar de estar señalados en el primer ataque grupal de 2018 y en las causas de amenazas y hostigamiento.

Los otros tres detenidos son un taxista de 42 años que está también imputado por “abuso sexual con acceso carnal agravado”, y un joven de 24 años que es dueño –junto a otro de los acusados principales– de un local nocturno. Ésta persona se encuentra también imputada por el ataque de 2018 como partícipe –habría tomado imágenes– y a pesar de haber sido allanado su domicilio en aquel entonces y de haber sido secuestrado el celular, cuatro años después la policía judicial todavía no realizó la pericia correspondiente. Por último, se encuentra además detenido L.B. quien fue señalado también como responsable del ataque ocurrido en mayo de 2022.

La justicia sorda

La familia de Brenda señala no solo que no fueron escuchados, sino que la Fiscalía de Instrucción especializada en Delitos contra la Integridad Sexual a cargo de la fiscal Alicia Chirino agredió a la denunciante: la trataron de mentirosa, la estigmatizaron por consumidora de sustancias y desconocieron sistemáticamente los antecedentes de esta familia que implora ayuda. “Nos decían que en el sistema no había nada. Era ir a denunciar llevando las fotocopias de las denuncias anteriores y repetir una y otra vez el padecimiento, siempre actualizado”, relatan a MU.

La abogada Daniela Pavón, quien acompañó los primeros años de este camino del horror, apunta a los mecanismos de la (in)justicia: las denuncias de hostigamiento y amenazas fueron separadas de la causa origen, la de abuso sexual, y derivadas al Foro de Violencia Familiar y de Género. Allí solo se limitan a la aplicación de medidas preventivas y precautorias, y ante nuevos sucesos, esas medidas solo eran prorrogadas. “Las medidas no contaban con seguimiento, y jamás lograron que, ante la gravedad de la situación declarada una y otra vez esta dependencia remita orden de actuar a la fiscal”, señaló Pavón.

En cuatro años los denunciados no fueron imputados ni detenidos: solo recibieron citaciones a declarar y restricciones de acercamiento y contacto que desconocieron de hecho.

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Familiares de Jessica en una de las movilizaciones para exigir justicia.

Nadie paga

En el caso de Jessica Ruiz, a ocho meses de su muerte la causa se mantiene caratulada como “muerte de etiología dudosa”, aun con las señales y marcas de abuso sexual en sus piernas, en sus brazos, en sus genitales, y en sus uñas.. En este tiempo la causa estuvo, primero, a cargo del fiscal Ernesto de Aragón, que la remitió a la Fiscalía de Delitos de Integridad Sexual; ahí la fiscal Chirino la recibió, pero desconoció competencia y la devolvió.

Brenda y Jessica no solo comparten barrio. 

En la causa de Jessica no hay imputados, no hay detenidos, no hay indagatorias a pesar de haber sido reconocidos los dos hombres que la abandonaron en el piso frente al ingreso al sanatorio, y pese que esos dos hombres también fueron señalados repetidamente por Brenda como partícipes del grupo que la abusó sexualmente en tres ocasiones. Uno de ellos le había advertido a Brenda que la iba a violar cuantas veces quisiera y la iba a terminar matando.

En síntesis: un mismo barrio, mismos imputados, suministro de sustancias en ambos casos y abusos sexuales, en uno seguido de muerte. 

A pesar de este escenario común, de compartir metodología y acusados, la justicia cordobesa hace el trabajo sostenido para subdividir, dosificar y distribuir el espanto.

Juicios y jubilaciones

La fiscal Alicia Chirino a cargo de la Fiscalía de Instrucción especializada en Delitos contra la Integridad Sexual de la ciudad de Córdoba merece un texto aparte. 

Quienes tienen alguna relación con la temática a la que se dedica la fiscalía que encabeza Chirino y se les consulta por su figura, como mínimo revolean los ojos; cuanto más, sueltan un historial de sus intervenciones entrelazadas con epítetos irreproducibles.

Los casos más emblemáticos que envuelven a Chirino son: la desestimación de las dieciséis denuncias que realizaron padres de preescolar de la institución Collegium por el abuso sexual a sus hijxs por parte de un maestro. Los hechos y las denuncias se remontan a 2015 y Chirino cerró la causa tras dos años de instrucción. Posteriormente, el fiscal de Acusación Jorge Leiva ordenó a la fiscal que desarchive la causa y complete la investigación, ya que esta se encontraba incompleta y solicitó que “al profundizarla, debe hacer una valoración en conjunto y no ‘caso por caso’”.

De igual modo procedió con las seis denuncias por abuso sexual hacia  infancias en el jardín municipal “Casita del hornero”, ubicado en el Barrio Villa Corina. El colectivo “Infancias y Adolescencias Libres de Violencia” señaló oportunamente que “los testimonios de les niñes en cámara Gesell, entrevistas e informes psicológicos son contundentes. Nunca la fiscal investigó quiénes podrían ser los otros docentes involucrados en la causa. El allanamiento a la casa de la principal denunciada se realiza con tal demora que la misma tuvo tiempo de cambiar de domicilio a un barrio cerrado de la ciudad. El arbitrario dictamen del archivo se realiza a partir de los testimonios de las denunciadas, no de quienes denuncian”.

Las organizaciones también recuerdan que “es la responsable de la obstrucción de derechos del hijo de Gilda Morales, determinando la revinculación del niño con su progenitor abusador y el impedimento de contacto con su madre. La misma fiscal, también, es la responsable de la demora de seis años antes de pasar a juicio la causa de Gisella Nocella” quien en 2014 denunció a su pareja, Nelson Barrera, por abusar de su hija, quien padece de parálisis cerebral, hipoacusia conductiva y neurosensorial.

La fiscal Chirino no investiga a los denunciados y determina el archivo de las causas. Solo de este modo se explica este escandaloso indicador: de cada 100 denuncias que se radican en su fiscalía apenas tres llegan a juicio. Y demoran hasta seis años en arribar a esa instancia.

Ante la visibilidad que adquirió el último ataque a Brenda, y la dolorosa e indignante cantidad de denuncias acumuladas, la Fiscalía General de Córdoba decidió investigar las actuaciones de las fiscalías intervinientes en su caso.

Cuando esta orden se conoció, Chirino ordenaba la detención de tres de las siete personas señaladas por Brenda.

Mientras se escribe esta nota, en la ciudad se rumorea que antes de la feria judicial de enero la fiscal Alicia Chirino –quien supo esquivar varios pedidos de juicio político y se encuentra bajo la lupa por el pedido de informe por parte de la Fiscalía General– tal vez se tome licencia, esperando el momento de jubilarse.

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Tras diez años de impunidad, hubo condena por el femicidio de Nancy Fernández

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El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de San Isidro condenó a Juan Carlos Corvalán como autor del asesinato de Nancy Fernández, perteneciente a la comunidad qom del Tigre. El hecho ocurrió hace diez años. Nancy reclamaba por el crimen de su hija Micaela, que aún sigue impune. Por Anabella Arrascaeta.

Hubo un gesto de justicia, diez años después. El Tribunal Oral de San Isidro anunció la condena de Juan Carlos Corvalán por el crimen de Nancy Fernández. El 1°de octubre se conocerá la resolución final, el tiempo de la condena, y los fundamentos. El fallo fue unánime, y los magistrados señalaron que para tomar la decisión tuvieron en cuenta la perspectiva de género y el derecho internacional. En la calle estaba Lisette, la hija de Nancy, quien agradeció el apoyo con el que contó y anunció que continuará la lucha por esclarecer el crimen de su hermana Micaela. 

Tras diez años de impunidad, hubo condena por el femicidio de Nancy Fernández

Nancy y su hija Micaela. La madre comenzó su lucha buscando esclarecer la verdad sobre el crimen de la niña de 14 años (caratulado como suicidio), y también fue asesinada.

Nancy tenía 36 años cuando el 2 de mayo de 2014 fue encontrada en su casa semidesnuda, violada y asfixiada. Venía reclamando justicia por su hija, Micaela Fernández (14), que un año antes había sido secuestrada, violada y asesinada. Ambas eran parte de la comunidad qom Yecthakay, de Tigre.

Pese a esta condena, el crimen de Micaela sigue impune porque fue caratulado como suicidio. Esta historia, se teje entonces entre muertes e impunidades. Y el entramado detrás de estas muertes sigue aún sin visibilizarse.


Los crímenes

En 2013, cuando Micaela Fernández desapareció, su madre Nancy fue a la Comisaría 6ª de Talar pero no le quisieron tomar la denuncia; había sido secuestrada y violada por varios hombres. Cuando su hija apareció días después, con golpes, cortes en la cara y el pelo cortado, Nancy insistió en denunciar lo sucedido y otra vez volvieron a negarle ese derecho. En una entrevista con la TV Pública, Nancy reveló que la policía la llevó a la comisaria, donde la ataron y golpearon. Cuenta Nancy en el video: “India de mierda, me dijeron, te callás la boca, no vas a hablar vos”.

El 17 de febrero de 2013 Micaela apareció asesinada en la casa de Dante “Pato” Cenizo. Tenía un tiro en la cabeza. La investigación de su muerte estuvo a cargo del fiscal Diego Molina Pico, de la Fiscalía de El Talar, que a los pocos meses archivó la causa caratulada como suicidio. Dante “Pato” Cenizo solo estuvo preso por venta de drogas.

Un año después, mientras Nancy, reclamaba justicia y denunciaba la complicidad policial en la trama, la encontraron en su casa semidesnuda, violada y asfixiada.

El reclamo de justicia

Nancy y su familia son parte de la comunidad Qom Yecthakay del partido de Tigre. Micaela tenía una hermana: Lisette Fernández, que tenía 12 años cuando asesinaron a su hermana, y 13 cuando asesinaron a su mamá. Cuando cumplió la mayoría de edad tomó el reclamo de justicia y se rodeó de las organizaciones que desde el territorio acompañan los reclamos por los femicidios locales.

La misma red que acompaña por ejemplo el reclamo de justicia por Luna Ortiz (asesinada en 2017 cuando tenía 19 años) estuvo presente en los Tribunales acompañando a Lisette.

“Es importante el acompañamiento porque es una causa fuerte. Esta red de mafia territorial se creía que al matar a Nancy y al morir su abuelo Eugenio de tristeza, Lisette no iba a hacer nada por su corta edad, pero cuando cumplió los 19 años decidió salir como particular damnificada, y es importante levantar junto a ella el pedido de justicia”, dice a lavaca Marisa Rodríguez, mamá de Luna Ortiz y miembro de la red que acompaña el pedido de justicia por Nancy y Micaela.

Esa red garantizó por ejemplo que durante esta semana Lisette tenga cómo trasladarse al juicio, y se quede a dormir cerca de Tribunales. También organizó que la joven tenga la comida para la semana y las actividades de acompañamiento que sucederán en la calle mientras el proceso transcurre, además del claro apoyo y contención.

La condena marca la posibilidad de empezar a desarmar el entramado de impunidad. Un primer paso en un largo camino que se inicia por juzgar como femicidio el crimen de Nancy, y que después pueda dar lugar a lo que todavía no se hizo increíblemente: vincular la muerte de Nancy con el crimen de su hija Micaela, y poder poner luz en la trama de responsabilidades y complicidades que mantuvieron durante 10 años sus femicidios sin justicia.

“Es gracias al apoyo que ustedes me dan que yo puedo seguir de pie, la lucha sigue; hoy se hizo justicia por mi madre pero todavía falta justicia por mi hermana”, dijo Lisette en la puerta de los Tribunales tras conocerse la sentencia de Nancy, que tal vez sea apenas el primer paso para desentrañar el fondo de esta historia.

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Nota

Diez años después: comienza el juicio por el femicidio de Nancy Fernández

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Comienza este martes el juicio por el asesinato de Nancy Fernández que se extenderá entre el 3 y el 6 de septiembre en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de San Isidro. Por Anabella Arrascaeta.

Nancy tenía 36 años cuando el 2 de mayo de 2014 fue encontrada en su casa semidesnuda, violada y asfixiada. Venía reclamando justicia por su hija, Micaela Fernández (14), que un año antes había sido secuestrada, violada y asesinada (ambas en la foto de portada). Sin embargo, se caratuló el caso de Micaela como suicidio. El acusado es Juan Carlos Corvalán, conocido narco de la zona. Nancy y Micaela eran parte de la comunidad qom Yecthakay, de Tigre.

Esta historia, situada en el Municipio de Tigre, se teje entre muertes e impunidades. El crimen de Micaela Fernández fue caratulado como suicidio, y sigue impune. Este martes comienza entonces el juicio por el asesinato de su madre, Nancy Fernández, que se extenderá hasta el viernes 6 de septiembre en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de San Isidro. Hay un solo imputado por el femicidio: Juan Carlos Corvalán, narco de la zona.

El entramado detrás de estas muertes sigue aún sin visibilizarse. 

Diez años después: comienza el juicio por el femicidio de Nancy Fernández

Nancy Fernández, de la comunidad qom del Tigre. La asesinaron porque seguía denunciando que el caso de su hija Micaela no había sido un suicidio, sino un asesinato (Foto de Canal Abierto)

Los crímenes

En 2013, cuando Micaela Fernández desapareció, su madre Nancy fue a la Comisaría 6ª de Talar pero no le quisieron tomar la denuncia; había sido secuestrada y violada por varios hombres. Cuando su hija apareció días después, con golpes, cortes en la cara y el pelo cortado, Nancy insistió en denunciar lo sucedido y otra vez volvieron a negarle ese derecho. En una entrevista con la TV Pública, Nancy reveló que la policía la llevó a la comisaria, donde la ataron y golpearon. Cuenta Nancy en el video: “India de mierda, me dijeron, te callás la boca, no vas a hablar vos”. 

El 17 de febrero de 2013 Micaela apareció asesinada en la casa de Dante “Pato” Cenizo. Tenía un tiro en la cabeza. La investigación de su muerte estuvo a cargo del fiscal Diego Molina Pico, de la Fiscalía de El Talar, que a los pocos meses archivó la causa caratulada como suicidio. Dante “Pato” Cenizo solo estuvo preso por venta de drogas. 

Un año después, mientras Nancy, reclamaba justicia y denunciaba la complicidad policial en la trama, la encontraron en su casa semidesnuda, violada y asfixiada. Ahora, diez años después, su muerte llega a Tribunales. 

El reclamo de justicia

Nancy y su familia son parte de la comunidad Qom Yecthakay del partido de Tigre. Micaela tenía una hermana: Lisette Fernández, que tenía 12 años cuando asesinaron a su hermana, y 13 cuando asesinaron a su mamá. Cuando cumplió la mayoría de edad tomó el reclamo de justicia y se rodeó de las organizaciones que desde el territorio acompañan los reclamos por los femicidios locales. 

La misma red que acompaña por ejemplo el reclamo de justicia por Luna Ortiz (asesinada en 2017 cuando tenía 19 años) estará presente en los Tribunales acompañando a Lisette. 

“Es importante el acompañamiento porque es una causa fuerte. Esta red de mafia territorial se creía que al matar a Nancy y al morir su abuelo Eugenio de tristeza, Lisette no iba a hacer nada por su corta edad, pero cuando cumplió los 19 años decidió salir como particular damnificada, y es importante levantar junto a ella el pedido de justicia”, dice a lavaca Marisa Rodríguez, mamá de Luna Ortiz y miembro de la red que acompaña el pedido de justicia por Nancy y Micaela.

Marisa Rodríguez, la mamá de Luna Ortiz, junto a Lisette, hija de Nancy y hermana de Micaela que retomó el reclamo de justicia ante la audiencia que comenzará este martes 3.

Esa red garantiza por ejemplo que durante esta semana Lisette tenga cómo trasladarse al juicio, y se quede a dormir cerca de Tribunales. También organiza que la joven tenga la comida para la semana y las actividades de acompañamiento que sucederán en la calle mientras el proceso transcurre, además del claro apoyo y contención. 

El juicio marca la posibilidad de empezar a desarmar el entramado de impunidad. Un primer paso en un largo camino que se inicia por juzgar como femicidio el crimen de Nancy, y que después pueda dar lugar a lo que todavía no se hizo increíblemente: vincular la muerte de Nancy con el crimen de su hija Micaela, y poder poner luz en la trama de responsabilidades y complicidades que mantuvieron durante 10 años sus femicidios sin justicia. 

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201 femicidios y travesticidios en lo que va del año: datos del Observatorio Lucía Pérez

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En los 244 días del año transcurridos hasta fin de agosto el Observatorio Lucía Pérez, primer padrón autogestionado y público de violencia patriarcal, registró 201 femicidios y travesticidios en todo el país. En el mes de agosto, además, se produjeron dos condenas históricas por los crímenes de Luana Ludueña en Córdoba y de Tehuel de la Torre en el gran Buenos Aires, que pueden conocerse en estos links.

De todos modos desde hace 1.297 días nos preguntamos ¿Dónde está Tehuel de la Torre? Su cuerpo sigue sin aparecer, aun cuando en un fallo histórico, Luis Alberto Ramos fue condenado a prisión perpetua por su crimen. Los jueces Claudio Joaquín Bernard, Ramiro Lorenzo y la jueza Silvia Hoerr, integrantes del Tribunal N° 2 en lo Criminal de La Plata, consideraron en el crimen el agravante de “odio a la identidad de género”, como lo planteaban la familia y la fiscalía. Es el primer juicio que incorpora esta mirada en el caso de un varón trans en nuestro país. Como el caso fue dividido, el otro imputado, Oscar Montes, tendrá un juicio por jurado popular sin fecha prevista aún.

Esos avances judiciales se producen mientras los números de la violencia siguen poniendo a la sociedad en la zona del horror.

Solo durante agosto hubo 25 femicidios. La más pequeña tenía 11 años, se llamaba Luján. Otro saldo estremecedor de lo que va del año es que ya hubo 18 infancias asesinadas como producto de esas situaciones de violencia criminal.

201 femicidios y travesticidios en lo que va del año: datos del Observatorio Lucía Pérez



Se produjeron, además, 156 tentativas de femicidios en el año. Y 64 desapariciones que continúan sin respuesta y sin que se conozca el destino de esas desaparecidas.

201 femicidios y travesticidios en lo que va del año: datos del Observatorio Lucía Pérez


Otro resultado que no suele tenerse presente como efecto de esa violencia sistémica: el número de huérfanos por femicidios ascendió, durante 2024, a 129.

201 femicidios y travesticidios en lo que va del año: datos del Observatorio Lucía Pérez

Para seguir exigiendo justicia, se llevaron a cabo 226 marchas y movilizaciones contra la violencia patriarcal en todo el país. 

201 femicidios y travesticidios en lo que va del año: datos del Observatorio Lucía Pérez



El saldo actual arroja que hay 546 funcionarios denunciados. Es el registro de denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Fuerzas de Seguridad e Iglesia Católicas. Actualizado diariamente, revisado mensualmente. El caso más difundido este mes fue el del ex presidente Alberto Fernández, al que se sumó el del diputado Germán Kiczka.

201 femicidios y travesticidios en lo que va del año: datos del Observatorio Lucía Pérez


Estos números y estas situaciones no son cifras aisladas: representan la cartografía de la violencia patriarcal. Frente a esa realidad, el Observatorio Lucía Pérez es una herramienta de análisis, debate y acción creada por Cooperativa lavaca. Se elaboran de modo autogestivo una serie de padrones que compartimos de manera libre en la web del Observatorio, los cuales comenzaron a materializarse en talleres realizados con víctimas de violencias, familias sobrevivientes de femicidios, organizaciones sociales y activistas del movimiento trans. Los datos así recogidos, sumados al seguimiento de lo publicado en medios de todo el país, son luego chequeados y precisados con fuentes judiciales y periodísticas.
Todo la información producida es de público y libre acceso en www.observatorioluciaperez.org

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