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Deudas impagas. Córdoba: qué revelan los casos impunes de Jessica y Brenda

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La historia de dos jóvenes del barrio Las Palmas, donde se cobran deudas económicas con la vida de las mujeres. La fractura social expuesta en las barriadas cordobesas, su relación con narcos y policías, y el caso de la fiscal que es paradigma de por qué (no) se investigan ni las denuncias previas ni los femicidios. Por Bernardina Rosini.

Deudas impagas. Córdoba: qué revelan los casos impunes de Jessica y Brenda
El barrio Las Palmas, en la periferia de la capital cordobesa.

Jessica vive en Córdoba capital, tiene 30 años y tres hijos varones de 11, 8 y 2 años. No tiene trabajo. Hace mes y medio que se aloja en la casa de su hermana menor, tras irse de la casa de barrio Las Palmas donde convivía con Rodrigo, el padre de los niños. Discusiones, control, maltratos de todo tipo. Rodrigo debe plata a gente del barrio; “si no te la cobramos a vos, se la cobramos a tu mujer”, escuchó de una vecina en más de una ocasión. Fue el propio Rodrigo quien pasó a Jessica el contacto de sus acreedores para que sean ellos quienes le faciliten dinero para cubrir las necesidades de sus hijos.

Esos acreedores, se sabe, forman parte de una banda de crimen organizado.    

En la madrugada del sábado 2 de abril el cuerpo de Jessica Ruiz fue abandonado frente a la puerta de una sala de emergencias. 

El personal del hospital la recogió sin signos vitales; pudieron reanimarla pero horas más tarde tuvo nuevamente un paro cardiorespiratorio, y ya no pudieron revertirlo.

Ese domingo siguiente era su cumpleaños.

Un caso testigo

El barrio Las Palmas se encuentra en la zona noroeste de la ciudad capital, a solo 5 kilómetros del centro. Su tamaño apenas supera el kilómetro y medio cuadrado. Algo así como 20 cuadras por 8. Pero para muestra basta un botón.

En el barrio funciona la Escuela de Oficiales Libertador San Martín. Espacio clave para la Policía de Córdoba, no solo porque en este edificio se forman los próximos oficiales –y por lo tanto, cargos jerárquicos– sino también porque se dictan cursos de capacitación. Funciona, además, una base policial y en las inmediaciones está la planta de verificación de autos de la fuerza. Es decir, se trata de una zona de alto tránsito de patrulleros y uniformados de azul. A media cuadra de la Comisaría Nº 2 hay una Unidad Judicial.

A pesar de estas coordenadas, Las Palmas es reconocido por el crimen, la impunidad y la desprotección: robo de autos y gomas, homicidios, entraderas, narcomenudeo, entre otros etcéteras. Ejemplo: en 2018 se realizó un megaoperativo en el que se secuestraron 3.000 dosis de cocaína de máxima pureza. 

Y más: en junio de este año se allanó una gomería que traficaba neumáticos de vehículos de alta gama; el valor de lo incautado fue calculado en unos 120 millones de pesos aproximadamente. 

Sobre este entramado, todas las violencias diarias.

Deudas impagas. Córdoba: qué revelan los casos impunes de Jessica y Brenda
Un mural que grita: “Basta de violencia contra las mujeres”.

Más denuncias que años

Brenda fue encontrada el 17 de septiembre en las inmediaciones de la Circunvalación, el anillo vial que bordea Córdoba Capital. Con la pelvis fracturada, con heridas de arma blancas, la lengua mutilada, con vida. Es la cuarta vez que le suministran sustancias y la abusan sexualmente. La tercera ocasión que en ese abuso es grupal. Siempre son los mismos, se dice en referencia a un grupo del barrio Las Palmas.

Este ensañamiento sobre el cuerpo de Brenda es disciplinador: ella se atrevió a denunciarlos tras el primer abuso ocurrido en julio de 2018, hace cuatro años, cuando tenía 21. Desde entonces Brenda y su familia padecen la persecución, la intimidación y el ataque constante por parte de esta banda: tras la primera denuncia les quemaron la casa, fueron tras la madre y la hermana. Las persiguieron. Brenda estuvo internada diez días en terapia tras una feroz golpiza.

Las denuncias continuaron a pesar del hostigamiento y la violencia incansable, y a pesar de la inacción de la justicia. La hermana de Brenda contabiliza 28 denuncias radicadas en distintas fiscalías, comisarías, Polo de la Mujer. “Mi hermana tiene más denuncias que años”, dice. 

La historia de Brenda saltó a los medios de comunicación impulsada por la bronca de la impunidad; recién ahí, aún con el historial de denuncias realizadas, la investigación comenzó a moverse. Declaró en octubre, luego se dictaron cinco detenciones preventivas. En el momento de cerrar esta nota se conoció que los principales acusados por “abuso sexual con acceso carnal calificado por el grave daño a la salud de la víctima” fueron sobreseídos tras acreditar que estaban en otros lugares al momento del ataque. Quedan en libertad a pesar de estar señalados en el primer ataque grupal de 2018 y en las causas de amenazas y hostigamiento.

Los otros tres detenidos son un taxista de 42 años que está también imputado por “abuso sexual con acceso carnal agravado”, y un joven de 24 años que es dueño –junto a otro de los acusados principales– de un local nocturno. Ésta persona se encuentra también imputada por el ataque de 2018 como partícipe –habría tomado imágenes– y a pesar de haber sido allanado su domicilio en aquel entonces y de haber sido secuestrado el celular, cuatro años después la policía judicial todavía no realizó la pericia correspondiente. Por último, se encuentra además detenido L.B. quien fue señalado también como responsable del ataque ocurrido en mayo de 2022.

La justicia sorda

La familia de Brenda señala no solo que no fueron escuchados, sino que la Fiscalía de Instrucción especializada en Delitos contra la Integridad Sexual a cargo de la fiscal Alicia Chirino agredió a la denunciante: la trataron de mentirosa, la estigmatizaron por consumidora de sustancias y desconocieron sistemáticamente los antecedentes de esta familia que implora ayuda. “Nos decían que en el sistema no había nada. Era ir a denunciar llevando las fotocopias de las denuncias anteriores y repetir una y otra vez el padecimiento, siempre actualizado”, relatan a MU.

La abogada Daniela Pavón, quien acompañó los primeros años de este camino del horror, apunta a los mecanismos de la (in)justicia: las denuncias de hostigamiento y amenazas fueron separadas de la causa origen, la de abuso sexual, y derivadas al Foro de Violencia Familiar y de Género. Allí solo se limitan a la aplicación de medidas preventivas y precautorias, y ante nuevos sucesos, esas medidas solo eran prorrogadas. “Las medidas no contaban con seguimiento, y jamás lograron que, ante la gravedad de la situación declarada una y otra vez esta dependencia remita orden de actuar a la fiscal”, señaló Pavón.

En cuatro años los denunciados no fueron imputados ni detenidos: solo recibieron citaciones a declarar y restricciones de acercamiento y contacto que desconocieron de hecho.

Deudas impagas. Córdoba: qué revelan los casos impunes de Jessica y Brenda
Familiares de Jessica en una de las movilizaciones para exigir justicia.

Nadie paga

En el caso de Jessica Ruiz, a ocho meses de su muerte la causa se mantiene caratulada como “muerte de etiología dudosa”, aun con las señales y marcas de abuso sexual en sus piernas, en sus brazos, en sus genitales, y en sus uñas.. En este tiempo la causa estuvo, primero, a cargo del fiscal Ernesto de Aragón, que la remitió a la Fiscalía de Delitos de Integridad Sexual; ahí la fiscal Chirino la recibió, pero desconoció competencia y la devolvió.

Brenda y Jessica no solo comparten barrio. 

En la causa de Jessica no hay imputados, no hay detenidos, no hay indagatorias a pesar de haber sido reconocidos los dos hombres que la abandonaron en el piso frente al ingreso al sanatorio, y pese que esos dos hombres también fueron señalados repetidamente por Brenda como partícipes del grupo que la abusó sexualmente en tres ocasiones. Uno de ellos le había advertido a Brenda que la iba a violar cuantas veces quisiera y la iba a terminar matando.

En síntesis: un mismo barrio, mismos imputados, suministro de sustancias en ambos casos y abusos sexuales, en uno seguido de muerte. 

A pesar de este escenario común, de compartir metodología y acusados, la justicia cordobesa hace el trabajo sostenido para subdividir, dosificar y distribuir el espanto.

Juicios y jubilaciones

La fiscal Alicia Chirino a cargo de la Fiscalía de Instrucción especializada en Delitos contra la Integridad Sexual de la ciudad de Córdoba merece un texto aparte. 

Quienes tienen alguna relación con la temática a la que se dedica la fiscalía que encabeza Chirino y se les consulta por su figura, como mínimo revolean los ojos; cuanto más, sueltan un historial de sus intervenciones entrelazadas con epítetos irreproducibles.

Los casos más emblemáticos que envuelven a Chirino son: la desestimación de las dieciséis denuncias que realizaron padres de preescolar de la institución Collegium por el abuso sexual a sus hijxs por parte de un maestro. Los hechos y las denuncias se remontan a 2015 y Chirino cerró la causa tras dos años de instrucción. Posteriormente, el fiscal de Acusación Jorge Leiva ordenó a la fiscal que desarchive la causa y complete la investigación, ya que esta se encontraba incompleta y solicitó que “al profundizarla, debe hacer una valoración en conjunto y no ‘caso por caso’”.

De igual modo procedió con las seis denuncias por abuso sexual hacia  infancias en el jardín municipal “Casita del hornero”, ubicado en el Barrio Villa Corina. El colectivo “Infancias y Adolescencias Libres de Violencia” señaló oportunamente que “los testimonios de les niñes en cámara Gesell, entrevistas e informes psicológicos son contundentes. Nunca la fiscal investigó quiénes podrían ser los otros docentes involucrados en la causa. El allanamiento a la casa de la principal denunciada se realiza con tal demora que la misma tuvo tiempo de cambiar de domicilio a un barrio cerrado de la ciudad. El arbitrario dictamen del archivo se realiza a partir de los testimonios de las denunciadas, no de quienes denuncian”.

Las organizaciones también recuerdan que “es la responsable de la obstrucción de derechos del hijo de Gilda Morales, determinando la revinculación del niño con su progenitor abusador y el impedimento de contacto con su madre. La misma fiscal, también, es la responsable de la demora de seis años antes de pasar a juicio la causa de Gisella Nocella” quien en 2014 denunció a su pareja, Nelson Barrera, por abusar de su hija, quien padece de parálisis cerebral, hipoacusia conductiva y neurosensorial.

La fiscal Chirino no investiga a los denunciados y determina el archivo de las causas. Solo de este modo se explica este escandaloso indicador: de cada 100 denuncias que se radican en su fiscalía apenas tres llegan a juicio. Y demoran hasta seis años en arribar a esa instancia.

Ante la visibilidad que adquirió el último ataque a Brenda, y la dolorosa e indignante cantidad de denuncias acumuladas, la Fiscalía General de Córdoba decidió investigar las actuaciones de las fiscalías intervinientes en su caso.

Cuando esta orden se conoció, Chirino ordenaba la detención de tres de las siete personas señaladas por Brenda.

Mientras se escribe esta nota, en la ciudad se rumorea que antes de la feria judicial de enero la fiscal Alicia Chirino –quien supo esquivar varios pedidos de juicio político y se encuentra bajo la lupa por el pedido de informe por parte de la Fiscalía General– tal vez se tome licencia, esperando el momento de jubilarse.

Observatorio Lucía Pérez

30 femicidios en el primer mes del año

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A Rosa, a Anabella y a Yamila 20, 29 y 39 años las asesinaron el primer día del año: en Budge, en Burzaco, y en Pergamino.

El femicidio de Rosa fue frente a sus dos hijos menores. 

Desde ese día hasta hoy registramos 30 femicidios en todo el país: uno por día, sin freno. 

30 femicidios en el primer mes del año

Conocemos el nombre de cada una de las 30 asesinadas. En muchos casos también su cara porque recuperamos la foto para ponerle cuerpo a esa vida que nos quitaron. Registramos sus edades, donde vivían, cómo pasó. Buscamos también el nombre del sospechoso, su edad, si había algún vínculo. Indagamos en los datos que debe dar el Poder Judicial: quién lleva adelante la investigación y cuál es la carátula. 

Mientras escribimos este informe se confirma, por parte de los fiscales de la causa, que Berenice González (23 años y un hijo de 4) fue drogada y violada en la ciudad de Victoria, Entre Ríos. Luego del abuso sufrió un colapso, murió en el hospital a donde había sido trasladada después de que la encontraran en la calle. Hay dos detenidos: Daniel Castañeda, 46 años, acusado del suministro de material estupefaciente en concurso con abuso sexual con acceso carnal; y una amiga de Berenice, de 25 años, acusada de facilitación del encuentro sexual a cambio de la obtención de drogas. 

La muerte de Berenice no está caratulada en la justicia aún como femicidio. Su hijito, huérfano, jamás podrá acceder a la ayuda económica que siempre tarde, entrega la ley Brisa.

30 femicidios en el primer mes del año

Hechos vs teorías

Este mes, también, la Fiscalía General de Chubut, por primera vez, restringió información sobre un femicidio alegando la tesis de la “mímesis” promocionada por Rita Segato. Se trata de un texto de una alumna brasileña, que Segato tuteló, que relaciona estos crímenes con los relatos mediáticos. 

En el contexto de degradación del ministerio de las Mujeres y el desmantelamiento de programas y líneas de atención a violencias de género, sumado a la total ausencia de programas de prevención, estas órdenes de silencio a la prensa nos resultan totalmente funcionales a la ausencia de política oficial, especialmente si se tiene en cuenta que, según los 4.623 casos que registra nuestro padrón, esta tesis no tiene ningún sustento en cifras concretas. 

Sin embargo, no hay textos académicos que se refieran a la relación entre el narcotráfico y la violencia femicida, donde sí aparece claramente una mímesis, por cierto no atribuible a los medios de comunicación, como frivoliza la teoría promovida por Segato.

30 femicidios en el primer mes del año

 

El femicidio de Berenice reproduce los pasos de los que en nuestro padrón clasificamos como Femicidios Territoriales. Por ejemplo:

En 2016 en Mar del Plata asesinaban a Lucía Pérez, 16 años: a los responsables se los encontró primero culpables de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser cometido en perjuicio de una menor de edad, pasaron años hasta que se los juzgó por femicidio. También Lucía fue presentada a sus asesinos por una amiga consumidora.

En 2017, en Tigre, Luna Ortiz, 19 años, drogada, alcoholizada y trasladada en un raid en el que intercambiaban violación por droga: su crimen no fue juzgado como femicidio. El único condenado fue encontrado responsable del delito de “suministro gratuito de estupefacientes destinado al consumo personal, en concurso real con homicidio imprudente”. Hoy está libre, viviendo a pocas cuadras de la familia de Luna, que consiguió, tras años de movilizaciones, que a través de un juicio cesura pudiese reabrirse el debate sobre su crimen. 

Esta misma mecánica con la que opera la máquina femicida es reproducida en Mar del Plata, San Martín o Victoria, territorios muy distantes y diferentes, pero donde la desigualdad social produce lo mismo: consumos problemáticos que convierten los cuerpos femeninos en mercancías y a las masculinidades de una franja etaria similar (45/55 años), tan dañadas por el sistema, en seres capaces de destrozar cuerpos adolescentes, produciendo crímenes brutales, que luego el Poder Judicial juzga con prejuicios cómplices y arbitrarios.

Esta mímesis real y concreta desnuda una realidad que duele, crece y que podemos detener si no nos ciegan con teorías construidas desde lejanías, por prejuiciosas distancias de clase y raza, y por foráneas: otra galaxia.

Desde el Observatorio Lucía Pérez proponemos hace tiempo la categoría de “femicidios territoriales” para intentar comprender la singularidad de crímenes como los de Berenice, Lucía o Luna. Femicidios que no se ajustan a los modelos epistémicos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con participación (pasiva o concreta) de agentes estatales tales como policías, gendarmes y fiscales. 

30 femicidios en el primer mes del año

También proponemos que todo análisis de la violencia femicida parta de su contexto: el territorio, porque allí están las raíces, pero también las alas. Es la comunidad quien tiene la posibilidad de cambiar esta realidad que nos mata.

Por último reiteramos una alerta: el lavado epistémico que representa la ausencia de trabajos de investigación académica que analice la relación entre narcotráfico que en su escala territorial se transforma siempre en narcomenudeo y la violencia femicida.

30 femicidios en el primer mes del año

La información de enero 2024:

30 femicidios, uno por día 

4 víctimas eran menores de edad.

14 infancias huérfanas 

31 marchas exigiendo paren de matarnos

19 tentativas de femicidios

2 desaparecidas 

1084 días sin Tehuel

Toda la  información en www.observatorioluciaperez.org

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Nota

Araceli Fulles: la mala noticia y la respuesta del barrio

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Llegando a los últimos días del año, Mónica Ferreira pensó que iba a poder festejar el 2024 con la tranquilidad de que su hija estaba en paz. Pero el veintiocho de diciembre por la mañana recibió un llamado. Del otro lado, el abogado Diego Szpigel: “Te tengo que dar una mala noticia: los asesinos de tu hija están sueltos”. Esas fueron las palabras que generaron que la familia de Araceli Fulles volviera a derrumbarse. “Sentí lo mismo que cuando encontraron su cuerpo: como si la hubieran vuelto a matar” dice Mónica. Por eso decidió hacer lo mismo que aquel día: movilizar al barrio. Cómo sigue este reclamo de justicia.

Por Delfina Pedelacq para lavaca.org

Fotos: Evelyn Schonfeld para lavaca.org

Son las cuatro de la tarde del viernes cinco de enero, el sol raja el asfalto de las calles de Barrio Sarmiento en San Martín. Más de cien personas se concentraron en la intersección de las calles Cabildo y Campichuelo para visibilizar, en el barrio de Araceli Fulles, que sus asesinos están sueltos otra vez. Muchas son madres o familiares de otras víctimas de femicidio que llegaron para acompañar este reclamo. Una a una se colocan detrás de la bandera que grita el reclamo de justicia, para caminar hasta la plaza donde Araceli fue vista por última vez, en marzo de 2017. Mónica lleva en su antebrazo derecho un tatuaje con la cara de su hija. Mira al cielo, lo besa y comienzan a caminar.

Rastros

La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires absolvió a Marcelo Ezequiel Escobedo, Hugo Martín Cabañas y Carlos Damián Cassalz, quienes habían sido condenados a perpetua el 4 de noviembre de 2021 por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de San Martín. El 29 de diciembre pasado, los jueces Daniel Carral, Victor Violini y Ricardo Maidana ordenaron su inmediata liberación, cuestionando el accionar de un perito. Tras 25 días de búsqueda, fue este perito, con su perro adiestrado en la búsqueda de personas, quien encontró el cuerpo de Araceli Fulles en la casa de Dario Badaracco y marcó en el corralón de Cassalz los lugares donde habría estado Araceli.

Araceli Fulles: la mala noticia y la respuesta del barrio
Mónica, mamá de Araceli. Foto: Evelyn Schonfeld para lavaca.org

Los magistrados en su fallo pidieron que la Fiscalía General de San Martín investigue la actuación del perito Marcos Herrero en esta causa, ante la posible comisión de un delito de acción pública y solicitaron al presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y a la Procuración General que “se evalúe la posibilidad de establecer protocolos de actuación en materia de rastros odoríficos, así como en la acreditación de las certificaciones y habilitaciones de los binomios guía-can idóneos para esa tarea, en función de lo corroborado en esta causa y otros antecedentes”.

Después de conocer el fallo, el abogado de la familia Fulles, Diego Szpigiel presentará un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires: “No nos vamos a quedar con esta resolución porque la entendemos absolutamente arbitraria”.

Araceli Fulles: la mala noticia y la respuesta del barrio
Foto: Evelyn Schonfeld para lavaca.org

Araceli Fulles: El sabor de la justicia

Cinco cuadras caminó la multitud hasta llegar a la Plaza “Soberanía Nacional”, donde también se encuentra un monolito en homenaje a Araceli. Es una imagen grande de su cara, abajo tiene una inscripción que dice: “Vamos negrita: bailá hasta el fin”. Monica abre despacio la reja que lo protege, levanta un cuadro y mantiene durante algunos minutos su mirada fija en él. Es una foto escolar de tercer año de Araceli: “3ro D, Señorita Maria Luisa”.

“Se me va a ir la vida, pero quiero que mi hija descanse en paz. Voy a seguir luchando y quiero que me acompañen siempre” dijo Monica ante toda la gente que participó de la movilización. “Ahora no se trata tampoco de llorar, se trata de recuperar fuerza para luchar por ella y por todas las mujeres, porque lamentablemente estos jueces corruptos han largado a estos asesinos, van a estar sueltos y le puede pasar a cualquier mujer. Tanto Carral, Violini y Maidana son más asesinos que los que mataron a mi hija, porque la volvieron a matar. Son los mismos que también soltaron a los femicidas de Anahí Benítez y Luna Ortiz”.

Alrededor del monolito se forma una ronda. Le acercan a Mónica un megáfono. La mayoría de las personas que están en la plaza se arriman a escuchar. “Nosotros queremos vivir libres. A ellos les dieron perpetua y no la cumplen: están en la calle. Mi hija está en el cementerio y no la saco nunca más. Somos nosotros los que tenemos que vivir con este dolor hasta el día de nuestra muerte”, dice Mónica, sin contener el llanto. Ricardo Fulles la aprieta en sus brazos y le seca las lágrimas.

Araceli Fulles: la mala noticia y la respuesta del barrio
Foto: Evelyn Schonfeld para lavaca.org

Con la voz quebrada y agarrada fuerte de su mano, Marisa (mamá de Luna Ortiz) toma la palabra: “Luchar sirve, no nos vamos a quedar en nuestras casas llorando porque siempre se nos hizo difícil con esta justicia. Esta es la justicia que nos dan con sabor a nada, que los encierran un par de años como para decir acá ya está y después los vuelven a liberar. En estas causas hay mucha mugre y queremos que los asesinos estén donde tienen que estar, en la cárcel. Y basta de jueces y fiscales corruptos”.

Familiares de víctimas de violencias como Candela Sol Rodríguez, Natalia Sabán, Zaira Rodríguez, Luna Ortiz, Andrea Jara, Damián Castillo, Nicolás Duarte, Laura Iglesias, Lucia Costa entre otros, acompañan a la familia de Araceli durante esta primera jornada de lucha del año. La familia de Lucía Pérez y la campaña “Somos Lucía” se sumaron al reclamo y llevaron adelante una acción en Mar del Plata. También está presente el Padre Adolfo Benassi y la monja Martha Pelloni. “Esta es nuestra nueva familia”, dirá Mónica después de mencionarlos a todos y todas, “porque pasamos lo mismo, sabemos el dolor que cada uno siente porque también lo sentimos.”

Araceli Fulles: la mala noticia y la respuesta del barrio
Foto: Evelyn Schonfeld para lavaca.org

Cómo sigue

La movilización llegó a la plaza Soberanía Nacional y después de un pequeño acto, volvió hasta el lugar de salida. Con el objetivo de que el barrio se entere y conozca el nombre de los jueces que permitieron que los asesinos de Araceli estén nuevamente libres.

“El día que me digan: Señora, usted consiguió la perpetua para todos, no solamente por Araceli sino por todas las demás, ese día voy a poder descansar e irme con mi hija, porque lo que más anhelo es eso. Algún día voy a reencontrarme con vos, mamita”, dirá Mónica.

“¿El poder siempre gana? No, vamos a luchar hasta el final, hasta las últimas consecuencias”, finaliza Mónica y agradece a todos por el acompañamiento. Estas movilizaciones por el distrito se realizarán durante todo enero y cuando termine la feria judicial, el objetivo es llegar a La Plata, frente a la Cámara de Casación, para visibilizar también quienes fueron los responsables de que hoy los asesinos de Araceli estén libres.

En la esquina de Campichuelo y 25 de mayo hay un mural donde se la puede ver sonriente, como si saliera de la pared. Coronando su imagen hay una frase que Araceli había posteado en su Facebook, tiempo antes de su femicidio. “La vida es como un restaurante: nadie se va sin pagar”.

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Mu189

Femicidios y territorio: la tesis del Observatorio Lucía Pérez

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Qué revela la cantidad de crímenes registrados por el único padrón autogestivo y público del país en este 2023. Otro informe anual que esta vez se sitúa en Mar del Plata para analizar desde un territorio concreto cómo funciona la máquina femicida. Cómo se mata, cómo se muere, cómo se tejen las violencias, las relaciones con el medioambiente, los derechos humanos y el extractivismo. Una tesis sobre la importancia de pensar la complejidad desde el territorio, en un número especial.

Texto: Claudia Acuña

Fotos: Sebastián Smok

Femicidios y territorio: la tesis del Observatorio Lucía Pérez
Movilización contra los femicidios en la ciudad, que ocupó unas diez cuadras, a propósito del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Ante la falta de justicia, las mujeres revelan las caras de los femicidas. Fotos: Sebastián Smok.

Al comenzar a escribir esta nota nuestro padrón público de femicidios y travesticidios registra 4.550 crímenes. Cada uno es nombres, edades, fechas, localidades, imputaciones, modalidades y resoluciones judiciales. Actualizar diariamente este padrón nos interpela todos los días, no porque nos cuestione el para qué si no porque nos impone el porqué y, más impotentemente, el hasta cuándo.

En este largo trayecto mucha de la información que allí se recopila no representa para nuestro Observatorio “casos”. Son familias, infancias huérfanas, barrios, vecinas, asambleas y herramientas creadas y sostenidas durante años en el camino de la búsqueda no solo de justicia, sino de algo más trascendente para cada tejido social involucrado: Nunca Más.

Es esta tensión entre la acumulación de datos y de relaciones la que nos desafía a reflexionar críticamente sobre lo que esta sistematización puede aportar a esas batallas contra la violencia. Y, al mismo tiempo, la que nos obliga -al construirla- a ponderar la relevancia de los marcos teóricos que se han aportado recientemente, con una hipótesis incómoda: qué relación hay entre los relatos académicos “de género” –que consagran quienes saben de este “tema”-, la realidad y la incapacidad para politizar acciones concretas que permitan prevenir este dolor social que parece no tener otro destino que el de la reiteración sistemática.

La primera dificultad a enfrentar es la trama de estas violencias. Su complejidad, su multidiversidad, su raíz histórica, su actualidad y sus diversas variantes tienden a que la lectura parcial, sesgada y disciplinaria responda supuestas preguntas que ya tienen respuestas concebidas de antemano, certezas que se aplican sobre partes o sobre el todo, para concluir en mandamientos teóricos que refuerzan prejuicios morales: la violencia patriarcal está mal. Pero está y goza de un impulso continuo que no podemos detener. Funciona, y muy bien.

¿Entonces?

¿Qué está mal?

La época, el sistema, las representaciones políticas y el funcionamiento de las instituciones–el Estado, el Poder Judicial, los medios, etc., en las cuales hemos depositado enteramente la supuesta solución de estos crímenes- mitigan con su funcionamiento atroz, cómplice y corrupto todas las responsabilidades que podamos tener quienes intentamos analizar estas violencias. Pero las tenemos. 

Nombrar en una nota o un artículo académico un femicidio o 4.569 nos compromete a honrar la vida, su condición sagrada. Con ese compromiso compartimos lo que por ahora tenemos: preguntas y formas de hacer. Las buscamos en trabajos académicos y en barrios, en personas que sufren y en aquellas que las escuchan. Son incógnitas a revelar comunitariamente y prácticas que hicieron y luego, pusieron en palabras lo hecho como forma de criar lo que nos falta y nutrir lo que necesitamos.  

De eso se trata este informe.

Femicidios y territorio: la tesis del Observatorio Lucía Pérez
Mar del Plata fuera de temporada: ¿qué ves?

Primera pregunta

“¿Cómo salir de este continuum de violencia? ¿Cómo reconocerla para erradicarla, cómo revivir experiencias que hemos enterrado adentro de nosotras, para sobrevivir?”. La que nos y se interroga es Giulia Marchese, geógrafa italiana, investigadora de las violencias que sufren mujeres y pueblos indígenas en México, integrante de GeoBrujas y del Instituto de Geografía Humana de la Universidad de Frankfurt. La pregunta es parte del artículo “Del cuerpo en el territorio al cuerpo-territorio: elementos para una genealogía feminista latinoamericana de la crítica a la violencia”, donde expone exactamente eso: preguntas y elementos. El principal es el que nos interesa: qué entendemos por territorio y por qué puede ser esa la clave para analizar estas violencias.

Marchese lo define primero según los preceptos sistémicos dominantes:

“La palabra ‘territorio’ viene del latín ‘territorium’, término que de un lado está etimológicamente vinculada a ‘territor’, que significa ‘quién posee la tierra’ y del otro está vinculada a ‘terrorem’, terror. En las Ciencias Sociales, el territorio ha sido ubicado como la parte del espacio que pertenece a un Estado: literalmente en donde se extiende el terror, el poder, la autoridad. El territorio entonces es el ámbito definido por el ejercicio del poder, o sea la producción del miedo: una noción que no tiene nada de natural, sino es totalmente política” (Farinelli, 2008: 29).

Dentro de esta organización del territorio distingue las “zonas de ser” y las “zonas de no ser” diferenciadas por la maquinaria de producir despojo y acumulación. “El principal instrumento de la acumulación por desposesión es la violencia, y sus agentes son, indistintamente, poderes estatales, paraestatales y privados, que en muchos casos trabajan juntos pues comparten los mismos objetivos”. Esa organización que consagra ciudadanías privilegiadas y despojadas está sexualizada y racializada. Sigue Marchese: “En esta geopolítica de la producción, las zonas de operación y penetración a nivel extractivo están interconectadas por una infraestructura de corredores multimodales” y señala estas zonas como una posible “geopolítica de la violencia sexual”. Son las fronteras o “territorios fronterizados”, escenarios de la imprescindible movilidad que requiere el despojo extraccionista y el narcotráfico, dualidades que cada vez más se nos presentan como dos caras del mismo sistema. Así Marchese nos invita a pensar como fronteras no sólo aquellas marcadas en línea de puntos en los mapas, sino por el sistema productivo, por ejemplo los puertos y los suburbios.

Rosario (informe 2022) y Mar del Plata (el de este año) nos convocó desde esta perspectiva.

Segunda pregunta

“¿Qué tipo de subjetividad se construye dentro del capitalismo para que existan personas que son exterminables como condición para la reproducción del sistema?”, cuestiona Marchese. La construcción de subjetividad es una tarea multidisciplinaria y universal: condiciona todo, no limitándose a las personas sino a las representaciones que las sociedades construyen, las formas de ser, de hacer, de proyectar, de estar juntas, los sueños y las  pesadillas. Y aunque el sistema haya desterrado de nuestro imaginario la concepción que nuestros ancestros tienen del territorio, ahí está, en la realidad, manifestándose en sus formas de sacrificio. “El territorio es lo que permite existir, vivir”, nos recuerda Marchese. Y quizás por eso mismo ahí habitan los femicidios.

Resignarse a que hoy la concepción del territorio esté unida a su defensa es una derrota del imaginario colectivo. “El territorio se queda atrapado en la lógica reactiva, como concepto relacional que nace frente al reclamo, a la defensa, a la acción frente al despojo”, advierte Marchese.

Tercera pregunta

“¿Es posible trazar estrategias de autodefensa de la violencia reapropiándonos de un concepto de territorialidad positivo? ¿Qué papel juegan los conceptos de cuerpo y territorio en este esfuerzo?”, interroga Marchese. Enuncia entonces una posibilidad en juego: “El territorio es lo que permite existir, vivir. Es una construcción y un concepto histórico. Es memoria del espacio ocupado físicamente, fuente del poder público, y es necesario volverlo, regresarlo, re-entenderlo como sustento material de la vida. Tanto el cuerpo como la tierra son elementos que generan las condiciones para la reproducción de experiencias vitales, y para reapropiarnos de nuestros territorios es un esfuerzo fundamental para contraponer y erradicar la violencia. Cada cuerpo tiene una historia y una geografía distinta, pero es necesario un proceso colectivo para reconocer el territorio y reapropiarlo para su rehabitabilidad”.

Cuarta pregunta

¿Cómo hacerlo?

Es la filósofa dominicana Yuderkys Espinosa Miñoso quien nos invita a encontrar respuestas  volviendo “la mirada hacia allí donde hemos dejado de mirar para encontrar lo que tan diligentemente hemos estado dispuestas a desechar en nuestra complicidad con el relato moderno, dar valor y recuperar los saberes producidos por las mujeres que han sido vistas como que no saben o que no tienen razón”.

Pensar estos posibles ante el precipicio que nos abre hoy la realidad argentina es utópico, pero por eso mismo es la responsabilidad que tenemos para crear otras condiciones de realidad que nos permitan orientarnos en las tinieblas.

Pensar estos 4.550 femicidios como el listado de rebeldías que se producen todos los días en las trincheras de la cotidianeidad, en la trama íntima de aquello que por resumir vamos a denominar patriarcado, pero que es sistema de producción y es política y es, fundamentalmente, la batalla que nos obligan a dar estos tiempos, seamos o no conscientes de que se está librando en nuestros cuerpos.

Pensar que con nuestros pies en las dolientes fronteras crecen las raíces del saber y las alas de nuestros deseos. Y abrazarnos en ellos.

Al terminar de escribir esta nota nuestro padrón público de femicidios y travesticidios registra 4.569 crímenes.

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