La historia de dos jóvenes del barrio Las Palmas, donde se cobran deudas económicas con la vida de las mujeres. La fractura social expuesta en las barriadas cordobesas, su relación con narcos y policías, y el caso de la fiscal que es paradigma de por qué (no) se investigan ni las denuncias previas ni los femicidios. Por Bernardina Rosini.

Jessica vive en Córdoba capital, tiene 30 años y tres hijos varones de 11, 8 y 2 años. No tiene trabajo. Hace mes y medio que se aloja en la casa de su hermana menor, tras irse de la casa de barrio Las Palmas donde convivía con Rodrigo, el padre de los niños. Discusiones, control, maltratos de todo tipo. Rodrigo debe plata a gente del barrio; “si no te la cobramos a vos, se la cobramos a tu mujer”, escuchó de una vecina en más de una ocasión. Fue el propio Rodrigo quien pasó a Jessica el contacto de sus acreedores para que sean ellos quienes le faciliten dinero para cubrir las necesidades de sus hijos.

Esos acreedores, se sabe, forman parte de una banda de crimen organizado.    

En la madrugada del sábado 2 de abril el cuerpo de Jessica Ruiz fue abandonado frente a la puerta de una sala de emergencias. 

El personal del hospital la recogió sin signos vitales; pudieron reanimarla pero horas más tarde tuvo nuevamente un paro cardiorespiratorio, y ya no pudieron revertirlo.

Ese domingo siguiente era su cumpleaños.

Un caso testigo

El barrio Las Palmas se encuentra en la zona noroeste de la ciudad capital, a solo 5 kilómetros del centro. Su tamaño apenas supera el kilómetro y medio cuadrado. Algo así como 20 cuadras por 8. Pero para muestra basta un botón.

En el barrio funciona la Escuela de Oficiales Libertador San Martín. Espacio clave para la Policía de Córdoba, no solo porque en este edificio se forman los próximos oficiales –y por lo tanto, cargos jerárquicos– sino también porque se dictan cursos de capacitación. Funciona, además, una base policial y en las inmediaciones está la planta de verificación de autos de la fuerza. Es decir, se trata de una zona de alto tránsito de patrulleros y uniformados de azul. A media cuadra de la Comisaría Nº 2 hay una Unidad Judicial.

A pesar de estas coordenadas, Las Palmas es reconocido por el crimen, la impunidad y la desprotección: robo de autos y gomas, homicidios, entraderas, narcomenudeo, entre otros etcéteras. Ejemplo: en 2018 se realizó un megaoperativo en el que se secuestraron 3.000 dosis de cocaína de máxima pureza. 

Y más: en junio de este año se allanó una gomería que traficaba neumáticos de vehículos de alta gama; el valor de lo incautado fue calculado en unos 120 millones de pesos aproximadamente. 

Sobre este entramado, todas las violencias diarias.

Más denuncias que años

Brenda fue encontrada el 17 de septiembre en las inmediaciones de la Circunvalación, el anillo vial que bordea Córdoba Capital. Con la pelvis fracturada, con heridas de arma blancas, la lengua mutilada, con vida. Es la cuarta vez que le suministran sustancias y la abusan sexualmente. La tercera ocasión que en ese abuso es grupal. Siempre son los mismos, se dice en referencia a un grupo del barrio Las Palmas.

Este ensañamiento sobre el cuerpo de Brenda es disciplinador: ella se atrevió a denunciarlos tras el primer abuso ocurrido en julio de 2018, hace cuatro años, cuando tenía 21. Desde entonces Brenda y su familia padecen la persecución, la intimidación y el ataque constante por parte de esta banda: tras la primera denuncia les quemaron la casa, fueron tras la madre y la hermana. Las persiguieron. Brenda estuvo internada diez días en terapia tras una feroz golpiza.

Las denuncias continuaron a pesar del hostigamiento y la violencia incansable, y a pesar de la inacción de la justicia. La hermana de Brenda contabiliza 28 denuncias radicadas en distintas fiscalías, comisarías, Polo de la Mujer. “Mi hermana tiene más denuncias que años”, dice. 

La historia de Brenda saltó a los medios de comunicación impulsada por la bronca de la impunidad; recién ahí, aún con el historial de denuncias realizadas, la investigación comenzó a moverse. Declaró en octubre, luego se dictaron cinco detenciones preventivas. En el momento de cerrar esta nota se conoció que los principales acusados por “abuso sexual con acceso carnal calificado por el grave daño a la salud de la víctima” fueron sobreseídos tras acreditar que estaban en otros lugares al momento del ataque. Quedan en libertad a pesar de estar señalados en el primer ataque grupal de 2018 y en las causas de amenazas y hostigamiento.

Los otros tres detenidos son un taxista de 42 años que está también imputado por “abuso sexual con acceso carnal agravado”, y un joven de 24 años que es dueño –junto a otro de los acusados principales– de un local nocturno. Ésta persona se encuentra también imputada por el ataque de 2018 como partícipe –habría tomado imágenes– y a pesar de haber sido allanado su domicilio en aquel entonces y de haber sido secuestrado el celular, cuatro años después la policía judicial todavía no realizó la pericia correspondiente. Por último, se encuentra además detenido L.B. quien fue señalado también como responsable del ataque ocurrido en mayo de 2022.

La justicia sorda

La familia de Brenda señala no solo que no fueron escuchados, sino que la Fiscalía de Instrucción especializada en Delitos contra la Integridad Sexual a cargo de la fiscal Alicia Chirino agredió a la denunciante: la trataron de mentirosa, la estigmatizaron por consumidora de sustancias y desconocieron sistemáticamente los antecedentes de esta familia que implora ayuda. “Nos decían que en el sistema no había nada. Era ir a denunciar llevando las fotocopias de las denuncias anteriores y repetir una y otra vez el padecimiento, siempre actualizado”, relatan a MU.

La abogada Daniela Pavón, quien acompañó los primeros años de este camino del horror, apunta a los mecanismos de la (in)justicia: las denuncias de hostigamiento y amenazas fueron separadas de la causa origen, la de abuso sexual, y derivadas al Foro de Violencia Familiar y de Género. Allí solo se limitan a la aplicación de medidas preventivas y precautorias, y ante nuevos sucesos, esas medidas solo eran prorrogadas. “Las medidas no contaban con seguimiento, y jamás lograron que, ante la gravedad de la situación declarada una y otra vez esta dependencia remita orden de actuar a la fiscal”, señaló Pavón.

En cuatro años los denunciados no fueron imputados ni detenidos: solo recibieron citaciones a declarar y restricciones de acercamiento y contacto que desconocieron de hecho.

Nadie paga

En el caso de Jessica Ruiz, a ocho meses de su muerte la causa se mantiene caratulada como “muerte de etiología dudosa”, aun con las señales y marcas de abuso sexual en sus piernas, en sus brazos, en sus genitales, y en sus uñas.. En este tiempo la causa estuvo, primero, a cargo del fiscal Ernesto de Aragón, que la remitió a la Fiscalía de Delitos de Integridad Sexual; ahí la fiscal Chirino la recibió, pero desconoció competencia y la devolvió.

Brenda y Jessica no solo comparten barrio. 

En la causa de Jessica no hay imputados, no hay detenidos, no hay indagatorias a pesar de haber sido reconocidos los dos hombres que la abandonaron en el piso frente al ingreso al sanatorio, y pese que esos dos hombres también fueron señalados repetidamente por Brenda como partícipes del grupo que la abusó sexualmente en tres ocasiones. Uno de ellos le había advertido a Brenda que la iba a violar cuantas veces quisiera y la iba a terminar matando.

En síntesis: un mismo barrio, mismos imputados, suministro de sustancias en ambos casos y abusos sexuales, en uno seguido de muerte. 

A pesar de este escenario común, de compartir metodología y acusados, la justicia cordobesa hace el trabajo sostenido para subdividir, dosificar y distribuir el espanto.

Juicios y jubilaciones

La fiscal Alicia Chirino a cargo de la Fiscalía de Instrucción especializada en Delitos contra la Integridad Sexual de la ciudad de Córdoba merece un texto aparte. 

Quienes tienen alguna relación con la temática a la que se dedica la fiscalía que encabeza Chirino y se les consulta por su figura, como mínimo revolean los ojos; cuanto más, sueltan un historial de sus intervenciones entrelazadas con epítetos irreproducibles.

Los casos más emblemáticos que envuelven a Chirino son: la desestimación de las dieciséis denuncias que realizaron padres de preescolar de la institución Collegium por el abuso sexual a sus hijxs por parte de un maestro. Los hechos y las denuncias se remontan a 2015 y Chirino cerró la causa tras dos años de instrucción. Posteriormente, el fiscal de Acusación Jorge Leiva ordenó a la fiscal que desarchive la causa y complete la investigación, ya que esta se encontraba incompleta y solicitó que “al profundizarla, debe hacer una valoración en conjunto y no ‘caso por caso’”.

De igual modo procedió con las seis denuncias por abuso sexual hacia  infancias en el jardín municipal “Casita del hornero”, ubicado en el Barrio Villa Corina. El colectivo “Infancias y Adolescencias Libres de Violencia” señaló oportunamente que “los testimonios de les niñes en cámara Gesell, entrevistas e informes psicológicos son contundentes. Nunca la fiscal investigó quiénes podrían ser los otros docentes involucrados en la causa. El allanamiento a la casa de la principal denunciada se realiza con tal demora que la misma tuvo tiempo de cambiar de domicilio a un barrio cerrado de la ciudad. El arbitrario dictamen del archivo se realiza a partir de los testimonios de las denunciadas, no de quienes denuncian”.

Las organizaciones también recuerdan que “es la responsable de la obstrucción de derechos del hijo de Gilda Morales, determinando la revinculación del niño con su progenitor abusador y el impedimento de contacto con su madre. La misma fiscal, también, es la responsable de la demora de seis años antes de pasar a juicio la causa de Gisella Nocella” quien en 2014 denunció a su pareja, Nelson Barrera, por abusar de su hija, quien padece de parálisis cerebral, hipoacusia conductiva y neurosensorial.

La fiscal Chirino no investiga a los denunciados y determina el archivo de las causas. Solo de este modo se explica este escandaloso indicador: de cada 100 denuncias que se radican en su fiscalía apenas tres llegan a juicio. Y demoran hasta seis años en arribar a esa instancia.

Ante la visibilidad que adquirió el último ataque a Brenda, y la dolorosa e indignante cantidad de denuncias acumuladas, la Fiscalía General de Córdoba decidió investigar las actuaciones de las fiscalías intervinientes en su caso.

Cuando esta orden se conoció, Chirino ordenaba la detención de tres de las siete personas señaladas por Brenda.

Mientras se escribe esta nota, en la ciudad se rumorea que antes de la feria judicial de enero la fiscal Alicia Chirino –quien supo esquivar varios pedidos de juicio político y se encuentra bajo la lupa por el pedido de informe por parte de la Fiscalía General– tal vez se tome licencia, esperando el momento de jubilarse.