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Deudas impagas. Córdoba: qué revelan los casos impunes de Jessica y Brenda

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La historia de dos jóvenes del barrio Las Palmas, donde se cobran deudas económicas con la vida de las mujeres. La fractura social expuesta en las barriadas cordobesas, su relación con narcos y policías, y el caso de la fiscal que es paradigma de por qué (no) se investigan ni las denuncias previas ni los femicidios. Por Bernardina Rosini.

Deudas impagas. Córdoba: qué revelan los casos impunes de Jessica y Brenda
El barrio Las Palmas, en la periferia de la capital cordobesa.

Jessica vive en Córdoba capital, tiene 30 años y tres hijos varones de 11, 8 y 2 años. No tiene trabajo. Hace mes y medio que se aloja en la casa de su hermana menor, tras irse de la casa de barrio Las Palmas donde convivía con Rodrigo, el padre de los niños. Discusiones, control, maltratos de todo tipo. Rodrigo debe plata a gente del barrio; “si no te la cobramos a vos, se la cobramos a tu mujer”, escuchó de una vecina en más de una ocasión. Fue el propio Rodrigo quien pasó a Jessica el contacto de sus acreedores para que sean ellos quienes le faciliten dinero para cubrir las necesidades de sus hijos.

Esos acreedores, se sabe, forman parte de una banda de crimen organizado.    

En la madrugada del sábado 2 de abril el cuerpo de Jessica Ruiz fue abandonado frente a la puerta de una sala de emergencias. 

El personal del hospital la recogió sin signos vitales; pudieron reanimarla pero horas más tarde tuvo nuevamente un paro cardiorespiratorio, y ya no pudieron revertirlo.

Ese domingo siguiente era su cumpleaños.

Un caso testigo

El barrio Las Palmas se encuentra en la zona noroeste de la ciudad capital, a solo 5 kilómetros del centro. Su tamaño apenas supera el kilómetro y medio cuadrado. Algo así como 20 cuadras por 8. Pero para muestra basta un botón.

En el barrio funciona la Escuela de Oficiales Libertador San Martín. Espacio clave para la Policía de Córdoba, no solo porque en este edificio se forman los próximos oficiales –y por lo tanto, cargos jerárquicos– sino también porque se dictan cursos de capacitación. Funciona, además, una base policial y en las inmediaciones está la planta de verificación de autos de la fuerza. Es decir, se trata de una zona de alto tránsito de patrulleros y uniformados de azul. A media cuadra de la Comisaría Nº 2 hay una Unidad Judicial.

A pesar de estas coordenadas, Las Palmas es reconocido por el crimen, la impunidad y la desprotección: robo de autos y gomas, homicidios, entraderas, narcomenudeo, entre otros etcéteras. Ejemplo: en 2018 se realizó un megaoperativo en el que se secuestraron 3.000 dosis de cocaína de máxima pureza. 

Y más: en junio de este año se allanó una gomería que traficaba neumáticos de vehículos de alta gama; el valor de lo incautado fue calculado en unos 120 millones de pesos aproximadamente. 

Sobre este entramado, todas las violencias diarias.

Deudas impagas. Córdoba: qué revelan los casos impunes de Jessica y Brenda
Un mural que grita: “Basta de violencia contra las mujeres”.

Más denuncias que años

Brenda fue encontrada el 17 de septiembre en las inmediaciones de la Circunvalación, el anillo vial que bordea Córdoba Capital. Con la pelvis fracturada, con heridas de arma blancas, la lengua mutilada, con vida. Es la cuarta vez que le suministran sustancias y la abusan sexualmente. La tercera ocasión que en ese abuso es grupal. Siempre son los mismos, se dice en referencia a un grupo del barrio Las Palmas.

Este ensañamiento sobre el cuerpo de Brenda es disciplinador: ella se atrevió a denunciarlos tras el primer abuso ocurrido en julio de 2018, hace cuatro años, cuando tenía 21. Desde entonces Brenda y su familia padecen la persecución, la intimidación y el ataque constante por parte de esta banda: tras la primera denuncia les quemaron la casa, fueron tras la madre y la hermana. Las persiguieron. Brenda estuvo internada diez días en terapia tras una feroz golpiza.

Las denuncias continuaron a pesar del hostigamiento y la violencia incansable, y a pesar de la inacción de la justicia. La hermana de Brenda contabiliza 28 denuncias radicadas en distintas fiscalías, comisarías, Polo de la Mujer. “Mi hermana tiene más denuncias que años”, dice. 

La historia de Brenda saltó a los medios de comunicación impulsada por la bronca de la impunidad; recién ahí, aún con el historial de denuncias realizadas, la investigación comenzó a moverse. Declaró en octubre, luego se dictaron cinco detenciones preventivas. En el momento de cerrar esta nota se conoció que los principales acusados por “abuso sexual con acceso carnal calificado por el grave daño a la salud de la víctima” fueron sobreseídos tras acreditar que estaban en otros lugares al momento del ataque. Quedan en libertad a pesar de estar señalados en el primer ataque grupal de 2018 y en las causas de amenazas y hostigamiento.

Los otros tres detenidos son un taxista de 42 años que está también imputado por “abuso sexual con acceso carnal agravado”, y un joven de 24 años que es dueño –junto a otro de los acusados principales– de un local nocturno. Ésta persona se encuentra también imputada por el ataque de 2018 como partícipe –habría tomado imágenes– y a pesar de haber sido allanado su domicilio en aquel entonces y de haber sido secuestrado el celular, cuatro años después la policía judicial todavía no realizó la pericia correspondiente. Por último, se encuentra además detenido L.B. quien fue señalado también como responsable del ataque ocurrido en mayo de 2022.

La justicia sorda

La familia de Brenda señala no solo que no fueron escuchados, sino que la Fiscalía de Instrucción especializada en Delitos contra la Integridad Sexual a cargo de la fiscal Alicia Chirino agredió a la denunciante: la trataron de mentirosa, la estigmatizaron por consumidora de sustancias y desconocieron sistemáticamente los antecedentes de esta familia que implora ayuda. “Nos decían que en el sistema no había nada. Era ir a denunciar llevando las fotocopias de las denuncias anteriores y repetir una y otra vez el padecimiento, siempre actualizado”, relatan a MU.

La abogada Daniela Pavón, quien acompañó los primeros años de este camino del horror, apunta a los mecanismos de la (in)justicia: las denuncias de hostigamiento y amenazas fueron separadas de la causa origen, la de abuso sexual, y derivadas al Foro de Violencia Familiar y de Género. Allí solo se limitan a la aplicación de medidas preventivas y precautorias, y ante nuevos sucesos, esas medidas solo eran prorrogadas. “Las medidas no contaban con seguimiento, y jamás lograron que, ante la gravedad de la situación declarada una y otra vez esta dependencia remita orden de actuar a la fiscal”, señaló Pavón.

En cuatro años los denunciados no fueron imputados ni detenidos: solo recibieron citaciones a declarar y restricciones de acercamiento y contacto que desconocieron de hecho.

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Familiares de Jessica en una de las movilizaciones para exigir justicia.

Nadie paga

En el caso de Jessica Ruiz, a ocho meses de su muerte la causa se mantiene caratulada como “muerte de etiología dudosa”, aun con las señales y marcas de abuso sexual en sus piernas, en sus brazos, en sus genitales, y en sus uñas.. En este tiempo la causa estuvo, primero, a cargo del fiscal Ernesto de Aragón, que la remitió a la Fiscalía de Delitos de Integridad Sexual; ahí la fiscal Chirino la recibió, pero desconoció competencia y la devolvió.

Brenda y Jessica no solo comparten barrio. 

En la causa de Jessica no hay imputados, no hay detenidos, no hay indagatorias a pesar de haber sido reconocidos los dos hombres que la abandonaron en el piso frente al ingreso al sanatorio, y pese que esos dos hombres también fueron señalados repetidamente por Brenda como partícipes del grupo que la abusó sexualmente en tres ocasiones. Uno de ellos le había advertido a Brenda que la iba a violar cuantas veces quisiera y la iba a terminar matando.

En síntesis: un mismo barrio, mismos imputados, suministro de sustancias en ambos casos y abusos sexuales, en uno seguido de muerte. 

A pesar de este escenario común, de compartir metodología y acusados, la justicia cordobesa hace el trabajo sostenido para subdividir, dosificar y distribuir el espanto.

Juicios y jubilaciones

La fiscal Alicia Chirino a cargo de la Fiscalía de Instrucción especializada en Delitos contra la Integridad Sexual de la ciudad de Córdoba merece un texto aparte. 

Quienes tienen alguna relación con la temática a la que se dedica la fiscalía que encabeza Chirino y se les consulta por su figura, como mínimo revolean los ojos; cuanto más, sueltan un historial de sus intervenciones entrelazadas con epítetos irreproducibles.

Los casos más emblemáticos que envuelven a Chirino son: la desestimación de las dieciséis denuncias que realizaron padres de preescolar de la institución Collegium por el abuso sexual a sus hijxs por parte de un maestro. Los hechos y las denuncias se remontan a 2015 y Chirino cerró la causa tras dos años de instrucción. Posteriormente, el fiscal de Acusación Jorge Leiva ordenó a la fiscal que desarchive la causa y complete la investigación, ya que esta se encontraba incompleta y solicitó que “al profundizarla, debe hacer una valoración en conjunto y no ‘caso por caso’”.

De igual modo procedió con las seis denuncias por abuso sexual hacia  infancias en el jardín municipal “Casita del hornero”, ubicado en el Barrio Villa Corina. El colectivo “Infancias y Adolescencias Libres de Violencia” señaló oportunamente que “los testimonios de les niñes en cámara Gesell, entrevistas e informes psicológicos son contundentes. Nunca la fiscal investigó quiénes podrían ser los otros docentes involucrados en la causa. El allanamiento a la casa de la principal denunciada se realiza con tal demora que la misma tuvo tiempo de cambiar de domicilio a un barrio cerrado de la ciudad. El arbitrario dictamen del archivo se realiza a partir de los testimonios de las denunciadas, no de quienes denuncian”.

Las organizaciones también recuerdan que “es la responsable de la obstrucción de derechos del hijo de Gilda Morales, determinando la revinculación del niño con su progenitor abusador y el impedimento de contacto con su madre. La misma fiscal, también, es la responsable de la demora de seis años antes de pasar a juicio la causa de Gisella Nocella” quien en 2014 denunció a su pareja, Nelson Barrera, por abusar de su hija, quien padece de parálisis cerebral, hipoacusia conductiva y neurosensorial.

La fiscal Chirino no investiga a los denunciados y determina el archivo de las causas. Solo de este modo se explica este escandaloso indicador: de cada 100 denuncias que se radican en su fiscalía apenas tres llegan a juicio. Y demoran hasta seis años en arribar a esa instancia.

Ante la visibilidad que adquirió el último ataque a Brenda, y la dolorosa e indignante cantidad de denuncias acumuladas, la Fiscalía General de Córdoba decidió investigar las actuaciones de las fiscalías intervinientes en su caso.

Cuando esta orden se conoció, Chirino ordenaba la detención de tres de las siete personas señaladas por Brenda.

Mientras se escribe esta nota, en la ciudad se rumorea que antes de la feria judicial de enero la fiscal Alicia Chirino –quien supo esquivar varios pedidos de juicio político y se encuentra bajo la lupa por el pedido de informe por parte de la Fiscalía General– tal vez se tome licencia, esperando el momento de jubilarse.

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Conmovedora acción contra los femicidios en el estadio Maradona

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Todas las luces del Estadio Diego Armando Maradona se apagaron. Minutos antes del partido de Argentinos Juniors contra Barracas Central, solo se encendió un reflector: el que iluminaba las butacas de la platea Francis Cornejo. Cada una de las butacas con un nombre.

Tamara

Vanesa

Sheila

Abril

Rocio

Elena

Ana

Conmovedora acción contra los femicidios en el estadio Maradona

Los nombres en las butacas del estadio de Argentinos Juniors. Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.

Aquí se puede ver la imagen de cómo fue ese momento.

Fue el modo que se utilizó para mostrar los 277 nombres de víctimas de femicidios y travesticidios en lo que va de este año hasta hoy: 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer.

En la oscuridad absoluta la voz del estadio dijo desde todos los parlantes: “Esas butacas vacías, cada una con el nombre de una víctima de femicidio, son un recordatorio doloroso: en lo que va del año 277 mujeres han sido asesinadas por el solo hecho de ser mujer. No son solo cifras, son historias, son ausencias”. 

Conmovedora acción contra los femicidios en el estadio Maradona

Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.

Y un aplauso conmovedor y sincero inundó todo el estadio. 

La acción fue impulsada por Secretaría de Género de Argentinos Juniors junto al Observatorio Lucía Pérez para visibilizar la violencia machista en nuestro país.

Conmovedora acción contra los femicidios en el estadio Maradona

Las integrantes de la Secretaría de Géneros de Argentinos Juniors y del Observatorio Lucía Pérez. Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.

“La idea fue dejar un espacio vacío de la tribuna con los nombres de las mujeres asesinadas durante este año, y mostrar así la falta, que ellas hoy no están pudiendo venir a la cancha. Tomamos el mensaje del Observatorio: no son solo cifras, sino que detrás de cada uno de estos nombres , hay una historia”, dice a lavaca Mariel Alonso en la previa al partido mientras se repartían volantes con la invitación a visitar la web de la Secretaría del club y conocer la acción que se estaba por llevar a cabo.

Las camisetas de los jugadores adaptadas para el evento programado por la Secretaría de Géneros del club. Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.

Las butacas vacías se iluminaron luego de la entrada en calor de los jugadores, que minutos después salieron a la cancha con un parche en la camiseta oficial que dice 25N, en homenaje a este día. Los suplentes salieron al campo con una remera especialmente diseñada para hoy que en la espalda tenía un dibujo que entre mujeres y banderas dejaba ver dos mensajes: “25N” y “Rompamos el silencio”. 

Conmovedora acción contra los femicidios en el estadio Maradona

Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.

“Hacer estas acciones en un club es fundamental”, explica Vanina Sánchez, secretaria de Géneros de la Asociación Atlética Argentinos Juniors. “Los clubes de fútbol no son solamente de fútbol, son también espacios donde las mujeres y los hombres venimos a pasarla bien, a alentar por nuestros colores, y son lugares donde estas batallas hay que darlas. Es súper importante que como institución deportiva podamos dar un mensaje: el de que es importante involucrarnos, defender nuestros derechos, y pedir también justicia por todas las mujeres que ya no están”. 

Conmovedora acción contra los femicidios en el estadio Maradona

Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.

El Observatorio Lucía Pérez, que lleva el nombre de la joven asesinada en Mar del Plata, es una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por Cooperativa lavaca con el objetivo de generar el primer padrón autogestionado y público de femicidios y travesticidios de Argentina. Toda la información está disponible y es de libre acceso con el objetivo de que aporte así a encontrar una solución frente a la violencia. Toda la info se puede ver acá: https://observatorioluciaperez.org/ 

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Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.

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No son cifras

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La cifra de violencia contra las mujeres registró un nuevo salto: 277 femicidios y travesticidios se produjeron hasta hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, según la información del Observatorio Lucía Pérez, primer padrón autogestionado sobre violencia patriarcal.  Por esa razón la Secretaría de Género de la Asociación Atlética Argentinos Juniors impulsa junto al Observatorio una acción para visibilizar la violencia machista en nuestro país. Esta noche Argentinos juega a las 21.15 en su estadio Diego Armando Maradona contra Barracas Central.

Se dejarán 277 butacas vacías de una de las tribunas para poner el foco así en todas las mujeres que nos faltan. Además los jugadores saldrán a la cancha con un parche en su camiseta que recuerda la importancia de seguir reclamando por el fin de estos crímenes. 

La investigación cotidiana del Observatorio Lucía Pérez elevó el registro de femicidios y travesticidios en lo que va del año a 277 hasta hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Además, a raíz de esos crímenes, quedaron 161 huérfanxs. Como respuesta hubo 288 marchas y movilizaciones en búsqueda de justicia.

El Observatorio Lucía Pérez, que lleva el nombre de la joven asesinada en Mar del Plata en 2016, es una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por Cooperativa lavaca con el objetivo de generar el primer padrón autogestionado y público de femicidios y travesticidios de Argentina. 

Mediante una docena de padrones que se actualizan diaria y mensualmente se construye una cartografía de la violencia y la descripción de cómo opera el Poder Judicial, la policía y las pocas medidas de protección con la que cuentan las víctimas antes de ser asesinadas. 

De los 277 femicidios y travesticidios:

  • 25 habían realizado denuncias previamente. 
  • 70 de ellas tenían hijxs, lo que provoca la cifra de 161 huérfanxs. En muchos casos sus hijxs presenciaron el crimen, como en el femicidio de Rosa Vanesa Mamani Vargas, asesinada el primer día del año; o el de Ramona Isabel Morínigo, asesinada en febrero frente a su hijo de 15 años; o el de Analía Celeste Oliva, cuyos hijos de 11 y 15 años fueron quienes encontraron el cuerpo. 
  • Tres de ellas estaban embarazadas.
  • 30 estuvieron desaparecidas antes de confirmarse que habían sido asesinadas.
  • 24 eran menores de edad.

Cada una de ellas no es una cifra, son madres, hijas, hermanas, vecinas, amigas, compañeras, hinchas por las que pedir justicia.

Por eso que en este día la Secretaría de Género de Argentinos Juniors impulsa junto al Observatorio Lucía Pérez una acción para visibilizar la violencia machista en nuestro país. Esta noche, en el partido contra Barracas Central, se dejarán 277 butacas vacías de una de las plateas para poner el foco así en todas las que nos faltan. Además los jugadores saldrán a la cancha con un parche en su camiseta que recuerda la importancia de seguir reclamando por el fin de estos crímenes. 

Toda la información generada por el Observatorio Lucía Pérez está disponible y es de libre acceso con el deseo de que aporte así a encontrar una solución frente a la violencia. Se puede ver acá: https://observatorioluciaperez.org/ 

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Jury a los jueces Gómez Urso y Viñas: sin culpa y con cargo

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Absolvieron a los jueces responsables del fallo del primer juicio (2018) por el femicidio de Lucía Pérez, que fue luego anulado por el Tribunal de Casación por la falta de perspectiva de género y la re victimización de Lucía (16 años) y obligó a un segundo juicio realizado en 2023. Ese nuevo proceso, con otros magistrados, sí condenó por el femicidio ocurrido en octubre de 2016 a Matías Farías y Juan Pablo Offidani, quienes además vendían droga en la puerta de la escuela a la que concurría Lucía. Detalles de lo ocurrido hoy y la voz de Guillermo Pérez, el padre de la víctima: “Mensaje más mafioso que este no se me ocurre”.

Por Anabella Arrascaeta

Terminó hoy el juicio político a los jueces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas quienes fueron absueltos de la acusación de “negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta” por su actuación en el primer juicio por el femicidio de Lucía Pérez. En esa oportunidad ambos –junto al juez Aldo Carnevale que evitó el proceso al jubilarse anticipadamente– firmaron un fallo vergonzoso en 2018 que, en resumen, victimizó a Lucía de su propio femicidio, y absolvió a los acusados. Esa sentencia fue anulada por el Tribunal de Casación, que ordenó un nuevo juicio realizado en 2023 en el que finalmente se condenó a los autores del femicidio.  

La llegada a este jury (más allá de su resultado) sienta un precedente histórico sobre el control social y político al Poder Judicial. 

El Tribunal que analizó el caso fue encabezado por el presidente de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Soria, y conformado por integrantes del Poder Legislativo.

No hubo audiencia sino un comunicado leído por el secretario del jury Ulises Giménez de modo virtual, y en contacto con las partes.

La familia de Lucía Pérez tuvo que ver la lectura de la sentencia por YouTube, al igual que los abogados de la querella. No se difundieron tampoco los fundamentos, que se darán a conocer mañana y se enviarán por mail a las partes.

Solo se informó la decisión unánime de absolver a los jueces y de solicitar a su vez a la Suprema Corte “la posibilidad de optimizar la capacitación en materia de género”.

El voto de absolución incluye al propio Daniel Soria y a los legisladores:

  • Senador Gustavo Soos (Unión por la Patria).
  • Senadora Gabriela Demaría (Unión por la Patria).
  • Diputada Maite Milagros Alvado (Unión por la Patria). 
  • Senador Ariel Martínez Bordaisco (UCR). 
  • Diputada Susana Haydee González (Unión por la Patria).

Hacia el final, antes de que desconectaran la transmisión, la ex diputada Araceli Ferreyra, una de las impulsoras del juicio político, hizo oír su voz de repudio: “Lucía Pérez, presente, ahora y siempre”. 

La familia: “Mensaje mafioso”

Guillermo Pérez, el padre de Lucía, habló desde Mar del Plata con lavaca:

Su primera reflexión: “Estamos asumiendo el cachetazo. Esto no es un mensaje para nosotros, es para la sociedad. Lo veo así. Ahora vamos a aclarar la cabeza, apagar los celulares, intentar dormir un poco. Todavía no hablamos con nuestro abogado”.

Sobre la absolución: “Pienso que los legisladores tienen que pagar el precio político. Los legisladores tanto como el presidente de la Corte estuvieron cuando a los jueces se los suspendió, ahí también fue por unanimidad, y ahora dicen otra cosa. Todavía no sabemos los fundamentos. Pero mensaje más mafioso que este, no se me ocurre”.

La contradicción: “Los legisladores tienen que pagar un costo. ¿Qué tengo que hacer, ir a verlo a Milei? ¿Qué tenemos que hacer? Es una contradicción este fallo, dice que tienen que hacer capacitación sobre violencia y los absuelven. Todavía no alcanzo a entender, quisiera saber los fundamentos de la sentencia”.

Otra reflexión: “Podemos tomar la sentencia, pero políticamente todo tiene un costo porque traicionaron a una sociedad. No nos traicionaron solo a nosotros. Ahora ¿quién les va a creer?”


El fallo

El fallo se dictó de manera virtual –dado que hoy se conmemora aniversario de la ciudad de La Plata y se dispuso asueto administrativo– y se siguió colectivamente en distintos puntos de Mar del Plata, La Plata, y CABA.

La familia de Lucía escuchó la sentencia rodeada de quienes la acompañan en la búsqueda de justicia en La Casa de Lucía, un espacio de encuentro y aprendizaje destinado a prevenir las violencias. 

El fallo se dio a conocer un día antes de que se cumplan 35 años de la Convención sobre los Derechos de los Niños, y a menos de una semana del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

“Narcofemicidio

El jury había comenzado el pasado lunes 11 de noviembre (https://lavaca.org/ni-una-mas/lucia-perez-asi-comenzo-el-juicio-politico-a-los-jueces-que-buscaron-dejar-impune-el-femicidio/).

Durante dos días hubo audiencias presenciales en el salón “Nunca Más” del Senado bonaerense donde desfilaron testigos convocados tanto por la acusación como por la defensa. 

Los primeros argumentaron sobre el mal desempeño de los jueces Gómez Urso y Viñas, detallando momentos del juicio en los que atacaron a la familia y a sus testigos, así como los extractos del fallo que, según el representante del Ministerio Público Fiscal, Marcelo Lapargo, “desobedecieron leyes y normativas nacional e internacionales”.

Expusieron también Guillermo Pérez y Marta Montero, los padres de Lucía, quienes describieron el calvario en el que convirtió su vida tras la muerte de su hija y también tras la primera sentencia: “El primer juicio fue una tortura”, resumió Guillermo. Luego declaró Matías Pérez, hermano de Lucía, quien dijo con lágrimas en los ojos: “Lo único que sigo viendo es como se nos sigue pasando la vida pidiendo justicia”.

Luego fue el turno de Gustavo Melmann, papá de Natalia, asesinada, violada y torturada cuando era una niña de 14 años; María Elena Naddeo, ex presidenta del Consejo de los Derechos de lxs Niñxs; Laureana Malacalza que en el momento del juicio era Coordinadora del Observatorio de Género de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires; Natalia Gauna que en el momento del juicio trabajaba en la Defensoría y fue veedora de todas las audiencias; Fernando Fernández y Alejandro Agote, ambos trabajadores judiciales de Mar del Plata.

En esta crónica, la descripción de sus aportes e intervenciones en el jury: https://lavaca.org/ni-una-mas/lucia-perez-asi-comenzo-el-juicio-politico-a-los-jueces-que-buscaron-dejar-impune-el-femicidio/

Flavia Delmas, ex Secretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género de la Provincia de Buenos Aires, sintetizó en una nota su responsabilidad en el proceso: “Estos jueces, Viñas y Gómez Urso, tuvieron que discernir qué había sucedido entre una niña adolescente de 16 años, estudiante secundaria, y dos personas mayores –uno de 23 años y otro de 41 años– que vendían estupefacientes en la puerta de su escuela. Es decir, dos hombres pertenecientes a una banda criminal que buscaba captar niñas adolescentes para el consumo. La invisibilidad de lo evidente, el afán de extirpar las jerarquías y los estatus que se desplegaron en esas apenas 24 horas previas al femicidio, es una de las principales operaciones de poder que se han producido en el juicio acontecido en Mar del Plata en 2018. Sin lugar a dudas este caso es paradigmático ya que devela un tipo de femicidios que nada tienen que ver con los más extendidos en nuestro país: los de violencia doméstica. Esto implicaba un desafío para los jueces: producir la distinción de un fenómeno creciente, que es el NARCO FEMICIDIO”. Y concluyó: “Ante este desafío, los jueces acusados en el jury tomaron el atajo corto: culpar a la víctima”. 

Por su parte, la defensa convocó a tres abogados: al ex abogado de la familia de Lucía, al abogado Esteban Viñas, primo de uno de los jueces imputados e integrante de la Red de Jueces Penales; y a la abogada de Matías Farías, condenado por el femicidio de Lucía Pérez. 

El proceso

El jury político que culminó hoy representa un hito de cómo luchar frente a las injusticias. La familia de Lucía Pérez, tras su femicidio, logró la anulación del primer juicio (2018) y realizar un nuevo proceso a cargo de otro Tribunal, en el que Matías Farías fue condenado a cadena perpetua por el femicidio y Juan Pablo Offidani a 15 años de prisión, considerado “partícipe secundario”. Este fallo contrastaba con el primero, que los había condenado solo a 8 años de prisión por la venta de drogas en la puerta de la escuela a la que concurría Lucía.

En el segundo juicio, llevado a cabo en 2023, los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone determinaron por unanimidad que estaba acreditado el abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes del que fue víctima Lucía Pérez. Y en el fallo ponderaron a su vez su doble rol de víctima mujer y niña amparado por normativa internacional y nacional y por los parámetros de perspectiva de género.

Nada de esto había sido considerado en el primer juicio. Por eso, el 22 de mayo de 2019 en la Cámara de Diputados de la Nación se anunció la presentación del pedido de destitución a los jueces del Tribunal en lo Criminal N°1 de Mar del Plata: Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, quien finalmente pidió la jubilación anticipada. 

Dos años más tarde, en abril de 2021, la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses resolvió acusar a los jueces Viñas y Gómez Urso por “negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta”. Desde ese momento fueron preventivamente destituidos y dejaron de cobrar el 40% de sus honorarios.

En paralelo, la Corte Suprema bonaerense aprobó este mismo año una Guía Práctica para que jueces y juezas apliquen la perspectiva de género que justamente cita ese fallo. La guía señala: “La estereotipación debe ser desarticulada” porque “trae como consecuencia la negación de un derecho, la imposición de una carga mayor o degradación, provocando de ese modo la perpetuación de prácticas que entrañan violencia y discriminación desde el Poder Judicial, pudiendo caer en violencia institucional”.

Los argumentos para la destitución de los jueces eran varios. Por parte del Ministerio Público Fiscal, el fiscal Marcelo Lapargo sostuvo en su pedido de destitución: “Si en vez de discriminar por la conducta sexual previa de Lucía, lo hubieran hecho porque Lucía era negra, judía o evangélica, estaría clarísimo, no estaríamos ni discutiendo. El tema es que la conducta sexual parece algo en lo que estamos autorizados a meternos (…) Discriminar no es un hecho menor. Discriminar a una niña, a una menor de edad, no es un hecho menor. Tratar de entender que su valía se ser amparada por las leyes se define por los hallazgos de una autopsia, no es un hecho menor”. Y dijo después a modo de conclusión: “En definitiva los magistrados causaron una grave ofensa a la familia y un grave desprestigio al poder judicial”.

Nada de esto fue tenido en cuenta para la absolución de hoy, que además reintegra a ambos jueces a sus cargos y les restituye la totalidad de sus salarios.

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