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El femicidio de Luciana Sequeira: el virus de la impunidad

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Quisieron hacer pasar la muerte de la joven como causada por Covid-19, lo cual además evitó que la familia pudiera despedirse; tenía signos de tortura que nunca fueron investigados. Un detenido, hijo de un oficial, y los indicios de que hay más involucrados en Villa Atamisqui, un pueblo donde las sospechas llegan a la policía y a la municipalidad. El reclamo de su hermana, de Santiago del Estero a la Plaza de Mayo. Por Anabella Arrascaeta.

Fotos: Catalina Distefano

Apenas Luciana Sequeira murió, sola en una sala del Hospital Regional Ramón Carrillo de la capital de Santiago del Estero, la familia marchó a la Comisaría 20 de Villa Atamisqui a pedir justicia. 

Marcó así hacia dónde mirar: a la policía, para que no encubriera al único sospechoso, un joven que en ese momento era menor de edad, hijo de un oficial del pueblo.

Luciana, 17 años, estaba en el último año del secundario; le gustaba jugar al fútbol y quería estudiar para ser, justamente, policía. 

El 14 de junio de 2021, salió de su casa junto a su prima para hacer compras. Antes de entrar al supermercado le dijo que iba a sacar unas fotocopias que necesitaba para la escuela a una librería ubicada a unas cuadras. No volvió. Lo siguiente que supo su familia llegó de una llamada del hospital: estaba internada muy grave. 

Qué pasó

El lunes 14 de junio, a las 18 horas, Luciana llegó junto a Lautaro Corvalán, compañero de escuela, a un hotel transitorio en el Barrio Lagunita Sur de Villa Atamisqui. Llegaron en la moto de Lautaro, una moto roja. La moto negra de Luciana quedó estacionada a dos cuadras del hotel. Una hora después de ingresar al hotel, él se fue, solo. Entonces la dueña del lugar entró a la habitación y encontró a Luciana cubierta de sangre, inconsciente, con convulsiones y tapada con dos almohadas. 

“Ella lo conocía a él porque era compañero de colegio, pero no sabemos qué pasó dentro del hotel”, dice a MUYolanda, hermana de Luciana. 

Los dueños del hotel llamaron al hospital; llegó la ambulancia y después la policía. Luciana había salido con su documento, carnet de la obra social y las llaves de su moto, pertenencias que nunca aparecieron. 

Relata Yolanda sobre la sospecha en esos primeros momentos: “Supuestamente entre los primeros en entrar a la habitación estaba el padre de este chico, sin saber que el hijo estaba involucrado. Además, hubo más gente en la habitación: el dueño del hotel entró con un vecino, y entró la mujer también”.

A Luciana la llevaron en ambulancia hasta el Hospital Zonal y por la gravedad de su cuadro la derivaron al Hospital Regional, a 120 kilómetros, en la capital de la provincia. 

“Le pusieron oxígeno y la llevaron a la ciudad; tardaron hora y veinte minutos en llegar. Por lo que dice la historia clínica llegó prácticamente muerta porque perdió mucha sangre”. 

Tenía quemaduras en las piernas y en la espalda, además de una herida en la zona genital que le provocó la hemorragia. 

El hospital 

Luciana agonizó durante tres días en terapia intensiva del Hospital Regional. Yolanda, una de sus 5 hermanas y hermanos, se enteró de lo que había pasado porque el llamado de una prima. Ella vive en la Ciudad de Buenos desde hace 14 años; se fue inmediatamente para su provincia natal. Cuando llegó, la noche del 16 de junio, Luciana todavía seguía viva, pero no pudo verla. Tampoco la pudieron ver su mamá, ni su papá, ni sus hermanos: nadie de su familia pudo ni acompañarla en el dolor ni despedirse. “Supuestamente porque ella tenía Covid positivo no nos dejaban verla. Pero nunca tuvo ningún síntoma. Aparte a mi mamá y a mi hermano les hicieron test y dieron negativo. A Luciana le hicieron dos testeos: el primero fue un antígeno que dio negativo y el segundo dio positivo, pero nunca vimos ese comprobante”, dice, continuando el camino de dudas. 

Cuando el 17 de junio por la mañana Luciana murió, el parte epidemiológico del Ministerio de Salud provincial la incluyó entre las 13 víctimas del coronavirus de ese día, obviando la situación violenta en la que fue encontrada, los indicios de tortura que causaron la muerte, e incluso la investigación en curso. 

La autopsia, llevada adelante por una junta médica, tardó casi tres semanas en arrojar resultados. Lo que concluyó fue que murió por “causa mixta”, es decir por la pérdida de sangre pero también por problemas ocasionados por el cuadro de Covid. La autopsia además indicaba que tenía quemaduras pero no a qué se debían, y que tenía lesiones vaginales pero no cómo se habían producido. Analiza Yolanda: “Nosotros no tuvimos perito de parte en la autopsia porque la abogada de ese momento nos recomendó que no era necesario, que los médicos no se iban a vender. Pero la pericia yo creo que fue falsificada: Luciana no puede haber fallecido de Covid si ella entró con un shock hipovolémico, si había perdido mucha sangre. Ahora nosotros pusimos un perito de parte para impugnar la autopsia pero lo que explicó el abogado actual es que todavía no se puede utilizar”. 

Yolanda, que trabaja en una casa particular mientras estudia para ser chef, pagó el monto equivalente a casi cuatro salarios mínimos a su abogado, pero asegura no estar conforme con el proceso. 

La investigación

Desde el día en que Luciana fue atacada intervino la fiscal Vanina Aguilera, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual. La misma tarde del lunes Lautaro Corvalán, en ese momento también de 17 años, fue detenido en su casa. 

Cuando Luciana murió, Corvalán fue imputado, en una audiencia virtual, por los delitos de abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte. Después de que se le leyeron los cargos, él hizo silencio desde el Centro de Guarda para Jóvenes en Conflicto con la Ley, y no declaró. En ese momento lo defendían tres abogados. “Sigue detenido, antes estaba en un penal de menores pero ahora está en una comisaría. Mi abogado me dijo que a la querella no se le dice dónde está, pero hay rumores de que está en la comisaría del pueblo donde el padre trabaja”, cuenta Yolanda, indignada, a mil kilómetros de su familia. 

Su hipótesis: “Parece que hay más involucrados pero él no quiere hablar. En un momento dijeron que había dos sospechosos más pero como no había pruebas no se avanzó en la investigación. Supuestamente hay una testigo que no quiere hablar, porque los involucrados son gente de poder. Supuestamente los que están detrás de esto son narcos”. 

Las mismas dudas de Yolanda llegan hasta los dueños del lugar: “Yo lo que pienso es que el dueño del hotel también está involucrado en esto, no puede ser que no haya escuchado ningún ruido, que ella no se haya defendido”. 

Los videos y las fotos del lugar muestran un alojamiento sin nombre ni cartel. Toda la edificación está en planta baja, justo en la esquina de las calles Córdoba y Sarmiento. En el frente, arriba de cada una de las puertas pintadas de marrón, está escrito a mano y pintura el número de habitación, que se pueden alquilar, según medios locales, por hora, día o mes. En el lateral una puerta de reja blanca lleva a un patio trasero. 

“La habitación donde ellos estaban está al lado de donde los dueños atienden. El hotel tiene dos entradas, una por delante y otra por detrás que hay como un patio, un portón. Pero las cámaras están solo adelante”. Yolanda piensa entonces que si hubo más involucrados entraron y salieron por atrás, sin ser vistos. 

Mientras tanto el acceso a la justicia es a tracción de wifi. Dice Yolanda: “En una audiencia no pudimos participar porque en Santiago del Estero hay muy mala conexión a Internet y mi mamá no pudo conectarse. A mí no me dejaban conectarme porque tenía que ser mi mamá o mi papá, que son los denunciantes. Estuvo el abogado, en otra audiencia mi mamá fue al estudio de abogados directamente para poder estar”. Cada vez que la familia de Luciana quiere averiguar algo de la causa tiene que recorrer los 120 kilómetros que la separan de la capital. Ni para los traslados, ni abogados, ni pericias recibieron ayuda estatal, ni municipal, ni provincial, ni nacional. 

La despedida

El cuerpo de Luciana no pudo ser velado por su familia: por protocolo Covid fue directo al cementerio de Villa Atamisqui. A fin de año, cuando la joven hubiese terminado el secundario, se hizo una ceremonia y se colocó sobre la cruz que lleva su nombre un gorro de egresada, y sobre su tumba, el diploma de su escuela secundaria. 

Las movilizaciones para pedir verdad y justicia al principio eran masivas para un pueblo pequeño, después, no. “Últimamente no iba nadie. -se lamenta Yolanda- Los amenazaron y dejaron de ir, están todos metidos en la política, tienen planes sociales o trabajan en la municipalidad, y los amenazaban que se iban a quedar sin trabajo si seguían en las marchas”. 

El pasado 3 de junio, a siete años de la primera marcha de Ni Una Menos, Yolanda fue a Plaza de Mayo con la foto de su hermana. Llevó lapiceras de colores y una cartulina violeta. Frente al memorial de las víctimas de femicidios que impulsaron durante esa tarde el Observatorio Lucía Pérez y la Cooperativa lavaca, Yolanda escribió: “Somos el grito de las que ya no tienen voz. Justicia por Luciana Sequeira. 17/6/21”. 

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Travesticidios: un crimen social

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Este mes el foco está puesto en el padrón de travesticidios, crímenes de odio contra personas travesti, trans y no binarias, que el Observatorio lleva adelante. Este año se registraron ya 8 travesticidios: muertes crueles, violentas y deshumanizantes. “Son muertes que no pueden entenderse sino como encadenadas a vidas de vulneraciones de derechos, estigma y criminalización”, analiza la antropóloga e investigadora Florencia Paz Landeira. Recordamos sus nombres, distinguimos la singularidad de sus crímenes respecto de los femicidios y damos cuenta de las violencias estructurales, cotidianas y persistentes que traman sus experiencias de vida y de muerte, para desarmar también la invisibilización.expresa en el informe la antropóloga Florencia Paz Landeira.

En lo que va del año ya se registraron ocho travesticidios, cuatro de los cuales tuvieron lugar en agosto, un mes de escalada de la violencia transodiante. Alddana, Giaccobi, Fernanda, Sofía, Pancha, Victoria, Carina y Nicol. Nombres que deberían estar escritos en calles y banderas. Nombres que sintetizan una lucha y una gesta, para rememorar el libro de Lohana Berkins. Nombres que evocan vidas de injusticias y exclusiones y, lo peor, muertes crueles, violentas y deshumanizantes. Y, aun así, nombres que no llegan a la tapa de los diarios ni convocan marchas masivas en la capital del país, nombres que apenas se cuelan en las secciones de policiales disputando dignidad -aun desde la muerte- a un periodismo rancio y discriminador que a diez años de la ley de identidad de género todavía no ha aprendido nada sobre el trato digno.
Travesticidio es la categoría política que desde el activismo se acuñó para nombrar los asesinatos de personas trans y travestis motivados en la discriminación por identidad de género, para distinguir la singularidad de estos crímenes respecto de los femicidios y también para dar cuenta de las violencias estructurales, cotidianas y persistentes que traman sus experiencias de vida y de muerte. Porque son muertes que no pueden entenderse sino como encadenadas a vidas de vulneraciones de derechos, estigma y criminalización.
La singularidad de estas muertes suele también entramparse en sistemáticos mecanismos de invisibilización. Por eso, el Observatorio Lucía Pérez desde su creación se presentó como un padrón de femicidios y travesticidios, exhibiendo los patrones comunes de la violencia patriarcal sin perder de vista la especificidad y la enseñanza de Lohana: las muertes de las personas trans tienen que considerarse travesticidios porque se trata de vidas sin derechos. La categoría de travesticidio entonces procura sintetizar los efectos materiales y simbólicos que se derivan del mero hecho de ser trans o travesti en una sociedad que subordina, patologiza y excluye aquellas identidades que no se corresponden con el sexo asignado al nacer. Como dijo Marlene Wayar a lavaca hace unos años: “las travas estamos condenadas a caminar en el riesgo” y a cada paso, en cada interacción, una pregunta, “¿Me va a matar o no me va a matar?”.

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En enero de este año, a Alddana Lorens la mataron de un golpe en la cabeza en su propia casa. El sospechoso y detenido -después de estar ocho meses prófugo- es su hermano. La madre de ambos también está acusada por abandono de persona, porque permitió que Alddana estuviera dos días en el piso, sin posibilidad de levantarse sola. Su salud estaba deteriorada porque meses antes había sido atacada por un prostituyente: le tiró el auto encima cuando ella estaba en una esquina. Al hospital llegó gracias a la ayuda de una tía, pero no fue hasta después de su muerte que pidieron intervención policial y judicial para investigar lo que había pasado. ¿Se ve la trama de violencias y abandonos?
En agosto, A Alejandra Ironici la encontraron en su casa con quemaduras en su cuerpo y sobre un charco de sangre. Alejandra era referente del movimiento trans en Santa Fe y había sido la primera en la provincia en obtener el DNI con la rectificación de su nombre y género autopercibido. La autopsia reveló 46 puñaladas que habrían sido perpetradas por su ex pareja, único sospechoso y detenido. ¿Se siente la crueldad?

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Hacer un repaso por los rasgos comunes y salientes de las trayectorias de las personas trans en nuestro país y en la región, supone reconstruir una historia atravesada por la exclusión. Las diversas formas de discriminación, opresión y segregación a las que trans y travestis están expuestas constituyen un cuadro de sinergia de vulnerabilidades. Así, no pueden pensarse los travesticidios sino como el vértice atroz de un entramado de exclusión y vulneración de derechos, que nos habla de una violencia estructural, que se fortalece en la ausencia de políticas públicas que contemplen sus derechos humanos fundamentales y sus necesidades básicas. De allí la necesidad de incorporar estos nombres en una genealogía, en una historia colectiva atravesada por la persecución, marginación y, primordialmente, de privación de derechos. En base a esta discriminación sistemática, se funda una realidad de exclusión: las personas trans no gozan de igualdad de oportunidades y de trato en ningún ámbito de la vida social e institucional; la mayoría de ellas vive en extrema pobreza, privadas de derechos económicos, políticos, sociales y culturales.

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En la marcha producida por el grito Ni Una Menos en 2015, Diana Sacayán participó de la primera salida al espacio público del padrón de femicidios y travesticidios, cuando dejamos las huellas de nuestras manos con pintura roja sobre una tela negra y los nombres y edades de nuestras muertas. Meses después fue asesinada brutalmente en su casa por dos hombres, uno de ellos, Gabriel Marino, pareja ocasional de Diana. Murió apuñalada con ensañamiento. La condena estableció la prisión perpetua para Marino por “homicidio agravado por odio a la identidad de género”, en referencia al inciso 4 del artículo 80 del Código Penal en el que se incluye al odio de género o de orientación sexual, identidad de género o su expresión como agravante de un homicidio. Gracias a la lucha travesti, los fundamentos de la sentencia incorporaron de manera explícita por primera vez la categoría de travesticidio, con el objetivo de evidenciar que la violencia estuvo motivada en el odio por su identidad de género travesti y su activismo y trabajo por la diversidad sexual y los derechos de la población trans.
Sin embargo, la Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal confirmó en 2020 la condena a prisión perpetua de Marino, pero excluyó el agravante de “odio a la identidad de género”. El fiscal Ariel Yapur y la fiscal Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), presentaron un recurso extraordinario contra el fallo y familiares de Diana solicitarán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la apertura a amicus curiae (amigos del tribunal) de la causa sobre el crimen. Para que no se niegue su identidad y su historia de vida. A su vez, demandan por la incorporación de figura del travesticidio y del transfemicidio dentro del Código Penal. La teoría travesti revolucionando el mundo jurídico incluso desde la muerte.
El activismo travesti se ha visto forzado a darle un giro político a tanta muerte y desde el dolor construir sus trincheras de imaginación, de pensamiento y de vida. Marlene recuerda que a Lohana le decían que ella empezaba cada discusión tirando las muertas sobre el escritorio. “Pero es así. Ustedes primero nos mataron”. Es desde esta realidad insoportable y cruenta que el colectivo travesti hoy exige reparación, políticas de resarcimiento que expresen la responsabilidad estatal en el exterminio sistemático de la personas trans, una ley que las saque “del barro que crea la heterosexualidad”.
Diez años de la ley de identidad de género y todavía las vidas trans parecen valer menos. Diez años de discursos y campañas de “Argentina Igualitaria” y todavía las personas trans y travestis tienen una expectativa de vida medieval. Años de conquistas, de luchas y de muertes. Y todavía nos falta Tehuel.

Por Florencia Paz Landeira. Doctora en Antropología Social. Becaria posdoctoral del LICH-CONICET. Integrante del Programa de Estudios Sociales en Género, Infancia y Juventud (UNSAM).

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Funcionarios denunciados: entre la violencia de género y la violencia institucional

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Presentamos el informe de agosto 2022 del Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez. Este mes el foco está puesto en el padrón de funcionarios denunciados por violencia de género que el Observatorio lleva adelante. Lo que se ve: un sistema que expresa la mutua imbricación entre la violencia patriarcal y la violencia institucional, con la impunidad como puente. El Observatorio Lucía Pérez lleva registrados 345 los funcionarios denunciados, “ya no hablamos solo de un Estado ausente o ineficaz, sino de un Estado violento”, expresa en el informe la antropóloga Florencia Paz Landeira.

A mediados de agosto, Marcelo Guzmán, funcionario judicial de Tierra del Fuego, fue separado de su cargo luego de la denuncia pública y judicial por violencia de género realizada por su esposa, Carla Kirstein. El juez Javier De Gamas Soler dictó el procesamiento de Guzmán por los delitos de “lesiones graves agravadas por haber sido cometidas contra su pareja en el marco de una situación de violencia de género” (en un hecho) y “lesiones leves” (en otros dos) y ordenó una prohibición de acercamiento. Carla decidió hacer la denuncia por redes sociales, movida por el miedo y la impotencia no solo por la recurrencia de la violencia y la situación de dependencia en que se encontraba, sino también por las barreras en el acceso a la justicia: “Fui a ver a varios abogados para que me representaran y cuando se enteraban quién era mi marido y para quién trabajaba, ponían cualquier excusa para no tomar el caso”. Su historia habla de entramados de poder institucionales que silencian, encubren, obstruyen y que, en definitiva, avalan y perpetúan la violencia.  

Es la historia de Carla, pero no es un “caso”, es un sistema que expresa la mutua imbricación entre la violencia patriarcal y la violencia institucional, con la impunidad como puente. El Observatorio Lucía Pérez registra en su padrón 345 denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas. El registro -que formalmente le corresponde al Estado argentino, en función de los compromisos asumidos ante la CIDH y que hasta hoy incumple- se basa, a su vez, en la hipótesis de que estas denuncias encarnan la persistencia de sentidos y prácticas machistas y misóginas en las burocracias estatales y la resistencia a la transversalización de la perspectiva de género que, en concreto, resultan en la ausencia o debilidad de las políticas públicas para prevenir y contener la violencia contra mujeres y trans.

Cuando reiteramos la consigna “El Estado es responsable”, solemos referirnos a formas sistemáticas de complicidad, omisión y/o insuficiencia en las políticas para erradicar la violencia de género. La responsabilidad estatal encuentra en este registro de funcionarios denunciados su rostro más grotesco y encarnado. El poder político que el puesto les confiere aparece reforzando e incrementando posiciones de privilegio y dominio fundadas en estructuras de género desiguales. Ya no hablamos solo de un Estado ausente o ineficaz, sino de un Estado violento. Las denuncias alcanzan a jueces civiles y de familia, fiscales, comisarios, jefes de policía, es decir, agentes estatales que deberían estar implicados en prevenir las violencias, sancionar a quienes las ejercen y proteger a las víctimas.

Observatorio Lucía Pérez

El Estado ¿por fuera de la ley?

Es sabido que el Estado no es un bloque homogéneo y coherente, sino que está habitado y atravesado por tensiones, contradicciones y balances de poder. Este mismo Estado que denunciamos como responsable de la violencia patriarcal, ha instrumentado leyes y políticas tendientes a reconocer y combatir las desigualdades de género, movido por las luchas y demandas de los movimientos feministas.

La ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sancionada en 2009, incluye en su definición y caracterización de la violencia a la violencia institucional, definida como: “aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil” (Artículo 6, b). Ya en 1996, el Estado argentino ratificó la Convención de Belém do Pará, en la que los estados acordaron “abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación” (Artículo 7, a).

En esta misma línea, en 2010, el Comité de la CEDAW instó a velar por que jueces, abogados, fiscales y defensores públicos conocieran los derechos de las mujeres y las obligaciones del Estado para garantizarlos y alentó a que se impartan capacitaciones sobre género a quienes integran el sistema de justicia. Recién ocho años después, en el país se sancionó la ley 27.499, que establece la capacitación obligatoria en temáticas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública. Esta ley es conocida como Ley Micaela, en homenaje a Micaela García, militante feminista y víctima de femicidio en abril de 2017.

En este contexto de avances en términos legislativos y en la asunción de compromisos por parte del Estado, ¿qué implica pensar a la violencia de género ejercida por funcionarios públicos como violenta institucional? La investigadora María Pita[i] propone pensar a la violencia institucional como categoría política local, construida progresivamente como resultado de la articulación entre la reflexión y la acción de la militancia del campo de los derechos humanos. Aunque su sentido más restringido remite a la violencia policial y penitenciaria, se ha convertido en una herramienta para la lucha política de uso cada vez más amplio y extendido por diversos colectivos de víctimas y de demanda de justicia con foco en denunciar la recurrencia y la sistematicidad de la implicación de agentes estatales en el ejercicio de las violencias. Implicación que se traduce en hechos de violencia concretos, pero también en formas rutinarias y sedimentadas de construcción de poder e impunidad. Al denunciar la violencia de género ejercida por funcionarios como violenta institucional apuntamos a evidenciar el encubrimiento corporativo y la persistencia sistemática de estereotipos, prejuicios y patrones discriminatorios por género en las prácticas estatales y judiciales. Implica también seguir insistiendo en que la violencia de género es un asunto de derechos humanos.

Poder policial y violencia de género

El 5 de junio, Daiana Abregú, de 26 años, apareció muerta en la celda de una comisaría de Laprida, provincia de Buenos Aires, tras ser demorada por una contravención. Desde el inicio, la policía sostuvo que Daiana se suicidó, pero nada cierra en esa hipótesis. La última autopsia evidencia asfixia por sofocación y lesiones de autodefensa. Lo que sí quedó expuesto es la trama de encubrimientos y complicidad entre la fuerza de seguridad y las áreas de justicia.

El Observatorio Lucía Pérez tiene registradas 41 denuncias a altos mandos de las fuerzas de seguridad. Los femicidios policiales[ii], como el de Daiana, son la expresión más extrema de la vulneración de derechos de las mujeres dentro del universo de la violencia institucional. Como en muchos otros casos de uso ilegal de la fuerza policial, existen prácticas de encubrimiento que suelen consistir en falsear el relato de lo sucedido y manipular la escena para que coincida con su versión. En este sentido, la violencia de género ejercida por integrantes de las fuerzas de seguridad no puede pensarse como agresiones individuales y particulares, sino como parte de una institución con históricas prácticas de violencia encubierta y de reproducción de formas machistas de construcción de poder.

En muchos casos, las mujeres víctimas de la violencia de género ejercida por agentes policiales son también integrantes de las fuerzas de seguridad. A partir de una investigación con la Red Nacional de Mujeres Policías con Perspectiva de Género, Mariana Sirimarco[iii] señala que la regla en las fuerzas policiales es que los hombres denunciados son encubiertos, mientras que las mujeres denunciantes, son castigadas. Sirimarco afirma que la violencia de género -en particular, la  violencia  policial  contra  mujeres  policías- es  parte constitutiva del ejercicio del poder policial, porque éste se asienta en sentidos sobre lo territorial, lo violento y lo masculino avasallante. Ambas  estructuras  de  poder, la  policial y la masculina-patriarcal, se sostienen en lo mismo: en el ejercicio de dominio y pertenencia del otro-bajo-mando. De esta forma, la violencia de género ejercida por policías pone en evidencia rasgos comunes a todos los funcionarios denunciados: una forma de construir y ejercer el poder (político) fundada en la masculinidad violenta, autoritaria y avasallante.

Por Florencia Paz Landeira. Doctora en Antropología Social. Becaria posdoctoral del LICH-CONICET. Integrante del Programa de Estudios Sociales en Género, Infancia y Juventud (UNSAM).


[i] Pita, M. (2017). Pensar la Violencia Institucional: vox populi y categoría política local. Espacios de crítica y producción, 53(9), 33-42.

[ii] https://violenciapolicial.org.ar/violencia-policial/#!#femicidios

[iii] Sirimarco, M. (2021). Sexo, violencia y desigualdad. Mujeres en la policía. Delito y Sociedad, 30(51),

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Zona de peligro: femicidios en el norte del conurbano

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Causas mal caratuladas, que no investigan los contextos de las muertes y dejan libres a sus responsables. Jueces y fiscales que ningunean a las familias que son amenazadas en sus barrios. La culpabilización de las víctimas, las conexiones narco, las movilizaciones a través de las cuales se logran algunos avances. Y la pérdida de todo, hasta del miedo: tres familias cuentan a MU cómo soportan la impunidad de cada día. Por Delfina Pedelaq y Anabella Arrascaeta.

Plaza de General Pacheco, Tigre: las familias frente al cajoneo de las causas, contra la complicidad judicial y policial. Fotos: Gastón Stark
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La última Mu: Yo princesa

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