La cifra de violencia contra las mujeres registró un nuevo salto: 277 femicidios y travesticidios se produjeron hasta hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, según la información del Observatorio Lucía Pérez, primer padrón autogestionado sobre violencia patriarcal.  Por esa razón la Secretaría de Género de la Asociación Atlética Argentinos Juniors impulsa junto al Observatorio una acción para visibilizar la violencia machista en nuestro país. Esta noche Argentinos juega a las 21.15 en su estadio Diego Armando Maradona contra Barracas Central.

Se dejarán 277 butacas vacías de una de las tribunas para poner el foco así en todas las mujeres que nos faltan. Además los jugadores saldrán a la cancha con un parche en su camiseta que recuerda la importancia de seguir reclamando por el fin de estos crímenes. 

La investigación cotidiana del Observatorio Lucía Pérez elevó el registro de femicidios y travesticidios en lo que va del año a 277 hasta hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Además, a raíz de esos crímenes, quedaron 161 huérfanxs. Como respuesta hubo 288 marchas y movilizaciones en búsqueda de justicia.

El Observatorio Lucía Pérez, que lleva el nombre de la joven asesinada en Mar del Plata en 2016, es una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por Cooperativa lavaca con el objetivo de generar el primer padrón autogestionado y público de femicidios y travesticidios de Argentina. 

Mediante una docena de padrones que se actualizan diaria y mensualmente se construye una cartografía de la violencia y la descripción de cómo opera el Poder Judicial, la policía y las pocas medidas de protección con la que cuentan las víctimas antes de ser asesinadas. 

De los 277 femicidios y travesticidios:

• 25 habían realizado denuncias previamente. 
• 70 de ellas tenían hijxs, lo que provoca la cifra de 161 huérfanxs. En muchos casos sus hijxs presenciaron el crimen, como en el femicidio de Rosa Vanesa Mamani Vargas, asesinada el primer día del año; o el de Ramona Isabel Morínigo, asesinada en febrero frente a su hijo de 15 años; o el de Analía Celeste Oliva, cuyos hijos de 11 y 15 años fueron quienes encontraron el cuerpo. 
• Tres de ellas estaban embarazadas.
• 30 estuvieron desaparecidas antes de confirmarse que habían sido asesinadas.
• 24 eran menores de edad.

Cada una de ellas no es una cifra, son madres, hijas, hermanas, vecinas, amigas, compañeras, hinchas por las que pedir justicia.

Por eso que en este día la Secretaría de Género de Argentinos Juniors impulsa junto al Observatorio Lucía Pérez una acción para visibilizar la violencia machista en nuestro país. Esta noche, en el partido contra Barracas Central, se dejarán 277 butacas vacías de una de las plateas para poner el foco así en todas las que nos faltan. Además los jugadores saldrán a la cancha con un parche en su camiseta que recuerda la importancia de seguir reclamando por el fin de estos crímenes. 

Toda la información generada por el Observatorio Lucía Pérez está disponible y es de libre acceso con el deseo de que aporte así a encontrar una solución frente a la violencia. Se puede ver acá: https://observatorioluciaperez.org/ 

Absolvieron a los jueces responsables del fallo del primer juicio (2018) por el femicidio de Lucía Pérez, que fue luego anulado por el Tribunal de Casación por la falta de perspectiva de género y la re victimización de Lucía (16 años) y obligó a un segundo juicio realizado en 2023. Ese nuevo proceso, con otros magistrados, sí condenó por el femicidio ocurrido en octubre de 2016 a Matías Farías y Juan Pablo Offidani, quienes además vendían droga en la puerta de la escuela a la que concurría Lucía. Detalles de lo ocurrido hoy y la voz de Guillermo Pérez, el padre de la víctima: “Mensaje más mafioso que este no se me ocurre”.

Por Anabella Arrascaeta

Terminó hoy el juicio político a los jueces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas quienes fueron absueltos de la acusación de “negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta” por su actuación en el primer juicio por el femicidio de Lucía Pérez. En esa oportunidad ambos –junto al juez Aldo Carnevale que evitó el proceso al jubilarse anticipadamente– firmaron un fallo vergonzoso en 2018 que, en resumen, victimizó a Lucía de su propio femicidio, y absolvió a los acusados. Esa sentencia fue anulada por el Tribunal de Casación, que ordenó un nuevo juicio realizado en 2023 en el que finalmente se condenó a los autores del femicidio.  

La llegada a este jury (más allá de su resultado) sienta un precedente histórico sobre el control social y político al Poder Judicial. 

El Tribunal que analizó el caso fue encabezado por el presidente de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Soria, y conformado por integrantes del Poder Legislativo.

No hubo audiencia sino un comunicado leído por el secretario del jury Ulises Giménez de modo virtual, y en contacto con las partes.

La familia de Lucía Pérez tuvo que ver la lectura de la sentencia por YouTube, al igual que los abogados de la querella. No se difundieron tampoco los fundamentos, que se darán a conocer mañana y se enviarán por mail a las partes.

Solo se informó la decisión unánime de absolver a los jueces y de solicitar a su vez a la Suprema Corte “la posibilidad de optimizar la capacitación en materia de género”.

El voto de absolución incluye al propio Daniel Soria y a los legisladores:

• Senador Gustavo Soos (Unión por la Patria).
• Senadora Gabriela Demaría (Unión por la Patria).
• Diputada Maite Milagros Alvado (Unión por la Patria). 
• Senador Ariel Martínez Bordaisco (UCR). 
• Diputada Susana Haydee González (Unión por la Patria).

Hacia el final, antes de que desconectaran la transmisión, la ex diputada Araceli Ferreyra, una de las impulsoras del juicio político, hizo oír su voz de repudio: “Lucía Pérez, presente, ahora y siempre”. 

La familia: “Mensaje mafioso”

Guillermo Pérez, el padre de Lucía, habló desde Mar del Plata con lavaca:

Su primera reflexión: “Estamos asumiendo el cachetazo. Esto no es un mensaje para nosotros, es para la sociedad. Lo veo así. Ahora vamos a aclarar la cabeza, apagar los celulares, intentar dormir un poco. Todavía no hablamos con nuestro abogado”.

Sobre la absolución: “Pienso que los legisladores tienen que pagar el precio político. Los legisladores tanto como el presidente de la Corte estuvieron cuando a los jueces se los suspendió, ahí también fue por unanimidad, y ahora dicen otra cosa. Todavía no sabemos los fundamentos. Pero mensaje más mafioso que este, no se me ocurre”.

La contradicción: “Los legisladores tienen que pagar un costo. ¿Qué tengo que hacer, ir a verlo a Milei? ¿Qué tenemos que hacer? Es una contradicción este fallo, dice que tienen que hacer capacitación sobre violencia y los absuelven. Todavía no alcanzo a entender, quisiera saber los fundamentos de la sentencia”.

Otra reflexión: “Podemos tomar la sentencia, pero políticamente todo tiene un costo porque traicionaron a una sociedad. No nos traicionaron solo a nosotros. Ahora ¿quién les va a creer?”

El fallo

El fallo se dictó de manera virtual –dado que hoy se conmemora aniversario de la ciudad de La Plata y se dispuso asueto administrativo– y se siguió colectivamente en distintos puntos de Mar del Plata, La Plata, y CABA.

La familia de Lucía escuchó la sentencia rodeada de quienes la acompañan en la búsqueda de justicia en La Casa de Lucía, un espacio de encuentro y aprendizaje destinado a prevenir las violencias. 

El fallo se dio a conocer un día antes de que se cumplan 35 años de la Convención sobre los Derechos de los Niños, y a menos de una semana del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

“Narcofemicidio“

El jury había comenzado el pasado lunes 11 de noviembre (https://lavaca.org/ni-una-mas/lucia-perez-asi-comenzo-el-juicio-politico-a-los-jueces-que-buscaron-dejar-impune-el-femicidio/).

Durante dos días hubo audiencias presenciales en el salón “Nunca Más” del Senado bonaerense donde desfilaron testigos convocados tanto por la acusación como por la defensa. 

Los primeros argumentaron sobre el mal desempeño de los jueces Gómez Urso y Viñas, detallando momentos del juicio en los que atacaron a la familia y a sus testigos, así como los extractos del fallo que, según el representante del Ministerio Público Fiscal, Marcelo Lapargo, “desobedecieron leyes y normativas nacional e internacionales”.

Expusieron también Guillermo Pérez y Marta Montero, los padres de Lucía, quienes describieron el calvario en el que convirtió su vida tras la muerte de su hija y también tras la primera sentencia: “El primer juicio fue una tortura”, resumió Guillermo. Luego declaró Matías Pérez, hermano de Lucía, quien dijo con lágrimas en los ojos: “Lo único que sigo viendo es como se nos sigue pasando la vida pidiendo justicia”.

Luego fue el turno de Gustavo Melmann, papá de Natalia, asesinada, violada y torturada cuando era una niña de 14 años; María Elena Naddeo, ex presidenta del Consejo de los Derechos de lxs Niñxs; Laureana Malacalza que en el momento del juicio era Coordinadora del Observatorio de Género de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires; Natalia Gauna que en el momento del juicio trabajaba en la Defensoría y fue veedora de todas las audiencias; Fernando Fernández y Alejandro Agote, ambos trabajadores judiciales de Mar del Plata.

En esta crónica, la descripción de sus aportes e intervenciones en el jury: https://lavaca.org/ni-una-mas/lucia-perez-asi-comenzo-el-juicio-politico-a-los-jueces-que-buscaron-dejar-impune-el-femicidio/

Flavia Delmas, ex Secretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género de la Provincia de Buenos Aires, sintetizó en una nota su responsabilidad en el proceso: “Estos jueces, Viñas y Gómez Urso, tuvieron que discernir qué había sucedido entre una niña adolescente de 16 años, estudiante secundaria, y dos personas mayores –uno de 23 años y otro de 41 años– que vendían estupefacientes en la puerta de su escuela. Es decir, dos hombres pertenecientes a una banda criminal que buscaba captar niñas adolescentes para el consumo. La invisibilidad de lo evidente, el afán de extirpar las jerarquías y los estatus que se desplegaron en esas apenas 24 horas previas al femicidio, es una de las principales operaciones de poder que se han producido en el juicio acontecido en Mar del Plata en 2018. Sin lugar a dudas este caso es paradigmático ya que devela un tipo de femicidios que nada tienen que ver con los más extendidos en nuestro país: los de violencia doméstica. Esto implicaba un desafío para los jueces: producir la distinción de un fenómeno creciente, que es el NARCO FEMICIDIO”. Y concluyó: “Ante este desafío, los jueces acusados en el jury tomaron el atajo corto: culpar a la víctima”. 

Por su parte, la defensa convocó a tres abogados: al ex abogado de la familia de Lucía, al abogado Esteban Viñas, primo de uno de los jueces imputados e integrante de la Red de Jueces Penales; y a la abogada de Matías Farías, condenado por el femicidio de Lucía Pérez. 

El proceso

El jury político que culminó hoy representa un hito de cómo luchar frente a las injusticias. La familia de Lucía Pérez, tras su femicidio, logró la anulación del primer juicio (2018) y realizar un nuevo proceso a cargo de otro Tribunal, en el que Matías Farías fue condenado a cadena perpetua por el femicidio y Juan Pablo Offidani a 15 años de prisión, considerado “partícipe secundario”. Este fallo contrastaba con el primero, que los había condenado solo a 8 años de prisión por la venta de drogas en la puerta de la escuela a la que concurría Lucía.

En el segundo juicio, llevado a cabo en 2023, los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone determinaron por unanimidad que estaba acreditado el abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes del que fue víctima Lucía Pérez. Y en el fallo ponderaron a su vez su doble rol de víctima mujer y niña amparado por normativa internacional y nacional y por los parámetros de perspectiva de género.

Nada de esto había sido considerado en el primer juicio. Por eso, el 22 de mayo de 2019 en la Cámara de Diputados de la Nación se anunció la presentación del pedido de destitución a los jueces del Tribunal en lo Criminal N°1 de Mar del Plata: Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, quien finalmente pidió la jubilación anticipada. 

Dos años más tarde, en abril de 2021, la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses resolvió acusar a los jueces Viñas y Gómez Urso por “negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta”. Desde ese momento fueron preventivamente destituidos y dejaron de cobrar el 40% de sus honorarios.

En paralelo, la Corte Suprema bonaerense aprobó este mismo año una Guía Práctica para que jueces y juezas apliquen la perspectiva de género que justamente cita ese fallo. La guía señala: “La estereotipación debe ser desarticulada” porque “trae como consecuencia la negación de un derecho, la imposición de una carga mayor o degradación, provocando de ese modo la perpetuación de prácticas que entrañan violencia y discriminación desde el Poder Judicial, pudiendo caer en violencia institucional”.

Los argumentos para la destitución de los jueces eran varios. Por parte del Ministerio Público Fiscal, el fiscal Marcelo Lapargo sostuvo en su pedido de destitución: “Si en vez de discriminar por la conducta sexual previa de Lucía, lo hubieran hecho porque Lucía era negra, judía o evangélica, estaría clarísimo, no estaríamos ni discutiendo. El tema es que la conducta sexual parece algo en lo que estamos autorizados a meternos (…) Discriminar no es un hecho menor. Discriminar a una niña, a una menor de edad, no es un hecho menor. Tratar de entender que su valía se ser amparada por las leyes se define por los hallazgos de una autopsia, no es un hecho menor”. Y dijo después a modo de conclusión: “En definitiva los magistrados causaron una grave ofensa a la familia y un grave desprestigio al poder judicial”.

Nada de esto fue tenido en cuenta para la absolución de hoy, que además reintegra a ambos jueces a sus cargos y les restituye la totalidad de sus salarios.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió tres audiencias temáticas a las organizaciones de la sociedad civil de Argentina para escuchar el impacto de las medidas regresivas que adoptó el Estado en políticas sociales, económicas y culturales. El gobierno de Javier Milei debió responder en Washington, sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante las autoridades internacionales respecto a la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Hubo en total tres audiencias:  

• Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular;
• Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género;
• Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos.

En el caso de violencia contra las mujeres y niñas, la presidenta de la CIDH Roberta Clarke planteó que se trata de “delitos de lesa humanidad”. La actitud del gobierno argentino, y los detalles de cada una de las audiencias.

Por Lucrecia Raimondi

Las audiencias ante la CIDH que se llevaron a cabo el jueves 14 noviembre reunieron a organizaciones sociales y de derechos humanos en la sede de la Ex Esma, desde donde se realizó la conexión. Fueron solicitadas por entidades de derechos humanos, políticas, sindicales, feministas, sociales, académicas y religiosas.

Durante el 191º Período de Sesiones, en un hecho inédito, la CIDH otorgó a la Argentina el tratamiento de tres temas:

• El “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular”;
• la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género”;
• el “Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos”.

En 10 meses de gestión, el gobierno de Milei debió presentarse cuatro veces a la CIDH para dar respuesta ante los reclamos de la sociedad civil por la violación a los derechos humanos. La primera fue en julio de este año sobre la “Situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión” a partir de la represión durante el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso Nacional. 

Los representantes del Estado argentino sostuvieron la postura ultraliberal del presidente Javier Milei en todos los ámbitos internacionales de derechos humanos. Ante la CIDH, las intervenciones del gobierno y de la sociedad civil mostraron un país con una profunda división. En la exposición de los funcionarios oficiales quedó explícita su postura en “concordancia con los principales lineamientos del gobierno” en relación a la “racionalización de la gestión de los recursos disponibles”, según ellos como consecuencia de “la herencia institucional, económica y social recibida por la actual administración”.

En las tres audiencias el ex juez Alberto Baños, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, argumentó que “los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes y la reducción de personal ineficiente, tienen que ver con la búsqueda de saneamiento que permita un renacimiento de la economía”. Las intervenciones de Baños se vieron plagados de un tono entre irónico y agresivo hacia las políticas de derechos humanos, con la habitual retórica oficialista que justifica la regresión en materia social amparándose en la crisis económica. 

Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil presentaron informes detallados del impacto negativo de las políticas de ajuste y desregulación del Estado en tres áreas donde Argentina es un ejemplo para el mundo:

• la colaboración comunitaria contra la pobreza en los barrios vulnerables,
• la lucha social por la erradicación de la violencia de género,
• las políticas de memoria, verdad y justicia por la no repetición del terrorismo de Estado.

La sociedad civil peticionó a la CIDH una visita a la Argentina para monitorear la situación con el fin de impulsar al Estado a cumplir con sus obligaciones y respetar los estándares internacionales de derechos humanos. 

Milei pretende diferenciarse de la Agenda 2030, consensuada en la ONU como el “Pacto del Futuro”, que reúne esfuerzos para garantizar derechos de tercera generación y de incidencia colectiva.  “Aunque bienintencionado en sus metas, es un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas”, disertó el presidente de Argentina en septiembre ante la 79º Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Al cierre de su discurso advirtió que “la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio, ni la violación de los derechos naturales de los individuos, no importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución”. En esa línea fue la intervención de Baños, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La economía popular y el avance narco

La primera audiencia sobre el “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular” fue solicitada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO).

La principal denuncia de este sector fue la falta de entrega de alimentos a los comedores comunitarios, el desmantelamiento de los programas de empleo social, la persecución y la estigmatización de las organizaciones sociales. Natalia Zarza, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos e integrante de la UTEP describió la dramática situación de los barrios populares ante la falta de alimentos: “No llegamos a fin de mes, no tenemos a la noche un plato de comida todos los días. Los espacios que brindan los alimentos a los pibes se hacen de manera amorosa y con compromiso, son una herramienta fundamental de contención. Pero cuando el Estado se retira avanza el narcotráfico que le destruye el proyecto de vida a nuestros pibes. Estoy acá con mucha bronca, vengo para que me escuchen. No somos fantasmas, somos los que sostenemos los comedores comunitarios dándole de comer a los chicos y los ancianos de todos los barrios de la Argentina”. 

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, explicó las consecuencias de la política de ajuste: “En nuestro país hay 10 millones de indigentes, hay más de 20 millones de compatriotas que están en la pobreza que no pueden comer todos los días, que saltean comida. El gobierno congeló el salario social complementario, implica que el Potenciar Trabajo, que percibían trabajadores y las trabajadoras de la economía popular producto de una tarea socio productiva, cayera en peores condiciones sociales de las que estaban en términos de pobreza. El gobierno tomó una decisión de avanzar en un proceso de ajuste, no solo en la política de economía popular, sino en muchas políticas. Nosotros hacemos mucho hincapié en que cuando se destruye la comunidad avanza el narcotráfico, se rompen las redes de contención social y de contención comunitaria”.

Además Gramajo detalló: “Lo que hemos planteado hasta acá es producto de las decisiones que ha tomado el gobierno. Los trabajadores de la economía popular y trabajadores formales van perdiendo su trabajo y su poder adquisitivo, los jubilados y jubiladas caen en la pobreza, millones de niños y niñas van todos los días a dormirse sin comer, más de 10.000 empresas han cerrado, privatizó las empresas del Estado. El gobierno decidió desfinanciar la educación y la salud pública” y concluyó que para la sociedad civil peticionante “esto representa un plan de miseria planificado, un plan de exterminio social y una gran crisis humanitaria que necesita el acompañamiento de los diferentes organismos internacionales. Porque el avance en el narcotráfico que se ve en el territorio argentino y también la gran tasa de suicidios que ha aumentado violentamente, son producto del deterioro económico y social que está viviendo nuestro pueblo”. 

En respuesta a los planteos de las organizaciones, Baños acusó a Gramajo de tener un “discurso político”, habló de infiltrados en las manifestaciones, de comedores fantasmas y tildó a la militancia social de coercitiva. Además sostuvo que “las políticas de intermediación y asistencialismo clientelar llevaron al país años de pobreza estructural” y agregó que “durante épocas de pobreza estructural y asistencialismo clientelar, tampoco se presentó ningún pedido de audiencia pública”, cosa que en la Ex Esma fue interpretada como una chicana.

Ante la pregunta del comisionado Caballero sobre si era una proyección o un dato concreto que la pobreza disminuyera a la par de la baja de la inflación, Baños agitó el discurso libertario: “No es que en el segundo semestre del 2024 la pobreza bajó sino que en este segundo semestre estamos viendo que la pobreza empieza a bajar a partir de una sostenida baja en los índices de inflación”.

Al cierre de su intervención sobre este tema, Baños describió para quién gobierna el presidente: “La gestión encabezada por el presidente Milei es para mejorar la calidad de vida de los argentinos de todas las clases socioeconómicas, apuntar a lograr una vida en libertad y hacer de la propiedad de cada uno un fin en sí mismo”. 

La voz de los marginados

Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, se dirigió a los funcionarios en relación a las respuestas insuficientes del Estado y la evidente falta de diálogo ante los reclamos de los trabajadores de la economía popular: “Quiero invitarles a las dependencias del Estado a que básicamente reconozcan los derechos humanos y políticos en el marco de los derechos humanos. ¿Entienden esta lucha de poder que existe entre las instituciones y las personas? Por ejemplo, eso tiene que ver con la distribución de recursos. Cuando hay desigualdades muchos quedan afuera en sus necesidades, no son cumplidas. Esta es la historia que vive nuestra región, de arriba hacia abajo. Entonces, el marco de los derechos humanos dicta que los Estados tienen que proteger los derechos y los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil tienen el papel de monitorear lo que están haciendo los Estados para cumplir con los derechos humanos. La Comisión también tiene que ser la voz de los marginalizados”. 

Además, se refirió a la denuncia por la estigmatización y las campañas de desprestigio al sector de la economía popular que sostiene los comedores en los barrios: “La sociedad civil y los defensores de derechos humanos no deben recibir ningún tipo de represalia. Deben en forma sustantiva ser esa voz, no solamente una voz desde afuera, sino una voz que puede sentarse a la mesa de negociaciones para que se vean sus perspectivas, para que se vea el monitoreo que han realizado en cuanto a las políticas. Los defensores de derechos humanos están trabajando con mucho valor en contra de los poderes que tiene el Estado y por supuesto esto lo vemos en toda nuestra región. Así que quiero honrar la integridad del trabajo que están haciendo ustedes y sus intenciones”. 

“La violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”

En la segunda audiencia sobre la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género” participaron como peticionantes Amnistía Internacional, el CELS, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Mujeres x Mujeres y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables. Los principales ejes de denuncia fueron el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y su posterior cartera disminuida en Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, la reducción drástica de los Centros de Acceso a la Justicia, el desfinanciamiento de la línea telefónica 144, del Programa Acompañar y el Programa Acercar que brindaba asistencia integral a las víctimas de violencia de género.

Destacaron la falta de políticas de prevención del abuso sexual en la infancia, las barreras para el acceso al aborto legal, el cierre del Plan ENIA de prevención de embarazos no deseados en la adolescencia, más el desmantelamiento de programas que promovían la equidad de género en empresas y de ayuda económica para personas trans. La audiencia comenzó con un claro mensaje de Clarke: “Dediqué casi toda mi vida profesional a este tema y no se ha visto una disminución en las estadísticas. Tal vez no contemos con cifras exactas por subregistro, pero la violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”.

Natalia Gerardi, directora ejecutiva de ELA, puso en contexto a la CIDH: “Desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, el actual gobierno ha atacado sistemáticamente los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBT. Desmanteló políticas públicas exitosas, desprestigió sin evidencias las instituciones encargadas de garantizarlas, recortó de manera arbitraria las partidas presupuestarias y redujo el personal que sostenía la implementación de las políticas públicas mediante despidos masivos. Con estas acciones el Estado incumple pactos y tratados internacionales vigentes como la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”.  Gerardi explicó que el desmantelamiento sistemático de estas políticas “se enmarca en un acelerado proceso de des responsabilización, el Estado Nacional abandona a las mujeres renunciando a su rol de rectoría en materia de política pública y garante de un piso mínimo de derechos en todo el país” y enfatizó en que “son medidas regresivas tomadas en manifiesto incumplimiento de los principios de progresividad y no regresividad en derechos humanos”.

Juliana Miranda, del Centro de Estudios Legales y Sociales, cuestionó ante la CIDH la actitud internacional del Estado argentino: “Nuestro país fue el único que se negó a firmar la Declaración sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres del G20. Hoy mismo, hace unas horas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, Argentina fue el único estado de 184 países que votó en contra de una resolución que llama a intensificar esfuerzos contra la violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital. Estas acciones regresivas del Estado, en términos de protección del colectivo de mujeres y personas LGBT, es contraria a los estándares fijados por la normativa internacional y los antecedentes del sistema interamericano e incluso los compromisos que asumió en la emblemática solución amistosa por el intento de feminicidio y actuación estereotipada y discriminatoria en perjuicio de Ivana Rosales”. 

En ese sentido, Miranda analizó lo discordante de esta posición en relación a los derechos adquiridos con que cuentan las niñas, mujeres y disidencias en Argentina: “Este giro en la política exterior alejó al país de sus alianzas en América Latina y de los foros multilaterales regionalistas en los que promovió el avance de la protección de este colectivo, con la excusa de considerar los derechos humanos como ineficaces e ideológicamente dirigidos. Argentina se está alejando de su rol de liderazgo histórico en la promoción de derechos de las mujeres, iniciativas contra la violencia de género y la promoción y protección de derechos sexuales y reproductivos”. 

La respuesta de Baños fue la misma: la crisis económica y la ineficacia del Estado. “Los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes. La reducción de personal ineficiente tiene que ver con la búsqueda de saneamiento que permitan un renacimiento de la economía. Por la reestructuración total, los programas del ministerio fueron asumidos por la entonces Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, donde se evaluaron oportunamente las estructuras organizativas. El análisis realizado puso en evidencia la superposición de tareas y duplicación de funciones con el consecuente exceso de personal, incluyendo coordinaciones y programas con objetivos similares. Se detectaron inconsistencias en materia patrimonial, incluyendo el incumplimiento de la aplicación de la normativa vigente en relación al seguimiento, supervisión y rendición de cuentas. Atento a eso, fue necesario llevar adelante un realineamiento de las acciones y programas provenientes de la ex subsecretaria”, justificó Baños. 

Además, el Secretario de Derechos Humanos desacreditó y desconoció la especificidad de las políticas llevadas adelante hasta el momento, diseñadas y articuladas con actores sociales especializados en materia de género: “No existe, como pretenden las organizaciones peticionantes, un retroceso o proceso de desarme, desmantelamiento y el remanido y machacante uso de la violación al principio de progresividad y no regresividad porque son inexistentes las políticas orientadas a proteger, acompañar y asistir a la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad”. 

Proyectos de vida y niñas violadas

Ante la falta de reconocimiento del Estado de Argentina a las políticas iniciadas contra la violencia de género y por la igualdad de las mujeres, el comisionado José Luis Caballero Ochoa apuntó: “Lo que no se nombra no existe. Esta es una convicción que me parece muy importante en el terreno del derecho de los derechos humanos. Si decían ustedes que la violencia no tiene género, si decimos que la violencia no tiene género, la protección del género no existe cuando hay discriminación estructural de años sobre grupos o colectivos tradicionalmente invisibilizados como las mujeres y el colectivo LGBTI, en violencia de género o en políticas de cuidado. Si no se protege, no existe. Este es un principio básico del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho discriminatorio, de la igualdad. En ese sentido, debemos tener visiones muy claras desde la Comisión Interamericana”.

Amplió su llamado de atención dirigiéndose al Estado argentino luego de escuchar su postura: “El principio de progresividad es un principio que forma los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, progresivos, interdependientes, indivisibles, inalienables. La prohibición de regresividad es un piso mínimo que tenemos en el patrimonio de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos”.

En línea con su colega, la presidenta de la CIDH reforzó: “Me siento dando un sermón. A pesar de la ideología de igualdad de género, los actores estatales tienen que responder. Gran parte de la arquitectura del Estado comparte la cultura prevaleciente en donde se normaliza e invisibiliza esa violencia específica contra las mujeres. Entonces les pido como funcionarios del gobierno tener la conversación sobre por qué se tiene que nombrar, nombrar específicamente es importante porque tiene importancia simbólica”. 

El secretario de Derechos Humanos cuestionó a las peticionantes respecto al acceso al aborto legal con una postura antiderechos: “La Convención Americana de Derechos Humanos protege la vida en general desde la concepción. La República Argentina es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño que su preámbulo establece que la vida se debe proteger tanto antes como después del nacimiento. Seguramente los solicitantes están al tanto de que la Plataforma de Beijing y la del Cairo, no incluyen el aborto entre los derechos sexuales y reproductivos”.

Sobre el desmantelamiento del Plan ENIA, Baños sostuvo: “No es razonable exigir que se lleve adelante una política pública en donde les fallamos a las niñas y adolescentes”.

En respuesta, Clarke interpeló al Estado en relación a la violencia contra niñas, niños y adolescentes: “¿Dónde está la voluntad de proteger a los niños? ¿Cuál es el enfoque del Estado para darles a los niños y adolescentes lo necesario para protegerse? Los adultos tienen la responsabilidad de protegerse, pero se les pueden dar herramientas a los niños a través de la escuela, la educación sexual tiene relación. Doctor Baños, usted en la sesión anterior habló de darles autonomía a los niños para el proyecto de vida. Una niña de diez años que ha sido violada y quedó embarazada, ¿Cómo es su proyecto de vida en realidad? Pregunto para hacerme una idea de cuál es el enfoque de protección de los niños en tales situaciones”.

En su momento de réplica, Gerardi aseveró que “no hay una sola manera de garantizar la implementación de políticas públicas, pero sí hay una sola manera de garantizar su existencia y es con financiamiento en el presupuesto nacional. ¿De qué manera piensan que pueden implementar una política pública de atención y de distribución de recursos económicos para atención de violencia doméstica con cero presupuesto para el 2025? Al mismo tiempo, este presupuesto contiene una enorme cantidad de partidas dedicadas a exenciones tributarias y regímenes especiales como el régimen de minería”. También, contrapuso el cuestionamiento de Baños respecto al aumento de las denuncias a la Oficina de Violencia Doméstica: “Claro que aumentó a lo largo de los años la cantidad de consultas recibidas, porque aumentó el conocimiento y la percepción social de las mujeres, en particular de que hay algo que está mal en las formas de violencia que vivimos y que hay lugares donde podemos recurrir. Eso habla bien de la existencia de una política de conocimiento y difusión de derechos y de conocimiento y existencia de los lugares a los que se puede recurrir para conocer si aumenta o disminuye la incidencia de la violencia en el país”. 

Estela de Carlotto: “Vengo a pedir su ayuda”

Estela Carlotto (Abuelas) junto a Taty Almeida (Madres Línea Fundadora) y, a su derecha, Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S.

El auditorio de la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, en el Espacio por la Memoria Ex ESMA, estuvo repleto de movimientos sociales, organizaciones religiosas, sindicatos, universidades, equipos de investigación, organizaciones feministas, clubes y redes de comunicación comunitaria que acompañaron a los organismos de derechos humanos.

En conexión por videoconferencia expusieron sus opiniones Estela de Carlotto por Abuelas, Taty Almeida por Madres y Carlos Pisoni por H.I.J.O.S. De forma presencial en Washington, participó una comitiva de los organismos integrada por Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS; la nieta restituida Claudia Poblete, Carolina Vilella, integrante del equipo jurídico Abuelas de Plaza de Mayo; Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, y el escritor Martín Kohan. 

“Vinimos por primera vez a pedir su ayuda cuando en nuestro país nos cerraban todas las puertas y negaban las graves violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo. Desde ese entonces para nosotras y todos los organismos fue siempre fundamental y de gran importancia su acompañamiento. Ya con 94 años, vengo a pedir una vez más su ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos y el Proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia. Todavía buscamos a 300 hombres y mujeres que hoy son padres y madres, por lo que también nos encontramos buscando a nuestros bisnietos”, expresó Estela de Carlotto como peticionante.

Durante la audiencia los organismos de derechos humanos expusieron el retroceso en las políticas públicas de memoria restaurativa. Explicaron cómo desde diciembre de 2023 el Poder Ejecutivo concretó sus promesas de campaña en la destrucción simbólica y material de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, de Reparación y No Repetición. A través del desfinanciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y de las recompensas para la búsqueda de prófugos de delitos de lesa humanidad, el cierre de líneas de trabajo en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) para la búsqueda de los nietos apropiados y del Equipo de Relevamiento y Análisis documental del Ministerio de Defensa orientado a la apertura de los archivos. En paralelo avanzó con despidos masivos de trabajadores, vaciamiento de instituciones y la puesta en venta de sitios de memoria. 

El secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa del Ministerio de Defensa, Juan Battaleme, volvió a justificar el ajuste por “la necesidad de optimizar recursos” frente a la crisis económica. A los trabajadores de los organismos de derechos humanos los acusó de que “actuaban como vengadores”, al Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA) y sus representantes los definió como un “ente opaco e inorgánico que funcionaban sin un superior jerárquico que imponga los criterios de actuación” y que “la arbitrariedad en esta dependencia era moneda corriente”. Battaleme expresó la posición del Gobierno en relación a la apertura de los archivos de integrantes de las fuerzas armadas para identificar su participación en el terrorismo de Estado: “No podemos permitir bajo ninguna circunstancia indagaciones generales o excursiones de pesca. Quiero recordar que toda la información de los legajos personales de militares se encuentran clasificados como secreto militar”. 

En el cierre de su exposición, Battaleme quiso dejar un mensaje: “La lucha por la justicia es para nosotros un compromiso con todos los argentinos, no debe ni puede transformarse en un terreno de venganza o abuso de poder. Avancemos juntos en la búsqueda de un futuro donde la justicia sea para todos y la memoria completa una base sólida de libertad”, aclaró el funcionario con sentimientos de “profundo deber y convicción”. Por su parte, Alberto Baños, reafirmó esta posición del gobierno de Milei: “El problema aquí es que se consideran dueños del relato. Hablan de negacionismo y que se abandona la política de memoria. Pero la memoria es para todas las víctimas. Sin excusas ni banderas. Por las señoras que hoy participaron en el video uno no puede tener sino empatía por la situación que han vivido y siguen viviendo. Pero eso no las puede convertir en directoras de las políticas públicas a más de 40 años de perpetrados los hechos. Nosotros seguimos respetando la memoria de quienes hayan perdido sus vidas y hayan sido víctimas. Pero también el Gobierno está respetando la memoria de aquellos que hayan sido víctimas del accionar terrorista. Hablan de negacionismo pero en realidad pretenden dirigir las políticas públicas en materia de derechos humanos de las que el Estado hace honra y no cede ante las presiones ideológicas”. 

La indignación en el auditorio de Abuelas pesaba en el aire. Estela y Taty negaban con la cabeza, se agarraban la mano, resoplaban por el desagrado de escuchar a los funcionarios argentinos hablar de esa manera ante un organismo internacional de derechos humanos. Los participantes aguantaron las ganas de chiflar y putear. Cuando terminó la audiencia, pudieron descargar: “¡30 mil detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre!”, gritaron entre abrazos y dedos en V en alto, con la convicción de no bajar jamás los brazos. 

El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Arif Bulkan, transmitió por videollamada la opinión de la ONU respecto a la Argentina: “La Oficina que represento comparte las preocupaciones de diversos actores sobre el cambio de narrativa de políticas y de institucionalidad en torno al proceso de memoria, verdad y justicia desde la recuperación de la democracia argentina”. Bulkan reconoció el esfuerzo del Estado y de la sociedad “por enfrentarse al legado de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar”. Destacó el trabajo de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, puso en valor los museos y sitios de memoria, en particular la Ex ESMA como Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Arif Bulkan fue categórico en remarcar que la situación económica no puede ser motivo de regresiones en materia de derechos humanos: “La existencia de una crisis económica no debería significar la limitación de recursos humanos y financieros para ciertas áreas de crucial importancia para los procesos de justicia transicional y reconciliación, como lo son las entidades dedicadas al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La oficina expresa su preocupación por los riesgos que esto podría implicar para la garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición”. 

Además, expresó que en el Alto Comisionado de la ONU “preocupa la retórica de algunas autoridades que parecerían banalizar o relativizar los crímenes de la dictadura y cuestionar el proceso de juzgamiento de los responsables, lo que tiene un impacto real victimizante en las víctimas de la dictadura y además afecta al derecho a la memoria ante la sociedad en su conjunto. La Oficina quisiera alertar a la Comisión que todos estos cambios podrían contribuir a debilitar el proceso de justicia transicional que fue y es tan importante para nuestra región y al mundo”.

Taty Almeida valoró la postura de los organismos internacionales: “Las mentiras que hemos escuchado por parte del Gobierno es lamentable, pero fue muy buena la postura de la ONU y de la CIDH. Los invitamos a que nuevamente vengan para que comprueben personalmente que todo lo que se ha denunciado es la verdad”. Por su parte, Miguel “Tano” Santucho, hijo de desaparecidos y parte del directorio de Abuelas, también expresó a lavaca sentir vergüenza de los funcionarios argentinos: “Una vez más hablaron de revanchismo y de organismos militantes, que lo somos, de una justicia y una verdad histórica que estamos reconstruyendo. Los que niegan toda la información son justamente el Estado Nacional y en particular las Fuerzas Armadas. Ellos saben perfectamente dónde están los 300 hombres y mujeres que estamos buscando. Desde que perpetraron los crímenes de lesa humanidad nunca permitieron acceder ni dieron ninguna información. Y ahora, en una tribuna tan importante como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos injurian de esta manera”.

Uno de los comisionados habló de la reconciliación en relación a la justicia transicional, un tema sensible en la lucha por el esclarecimiento de los crímenes de la última dictadura, que fue utilizado para instalar la teoría de los dos demonios y evitar el juzgamiento de los responsables. “Desde los 90 que vengo escuchando la palabra reconciliación -siguió Santucho- y yo siempre dije que la reconciliación es posible en la medida que se pueda hacer justicia, que se puedan hablar, que se puedan aclarar los casos que pasaron, que se puedan recuperar los nietos. Pero no hay ningún tipo de colaboración de parte de los perpetradores del terrorismo de Estado, que no hay ninguna persona que haya abierto los archivos o la información. Es muy difícil plantear una reconciliación porque todavía nos falta mucho por reconstruir y mucha justicia por obtener. Mi postura particular es que cuando tengamos justicia y encontremos los 300 nietos, nos sentaremos a hablar de reconciliación”.