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Lo que no se juzgó en el juicio por la joven abusada en Miramar

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Luego de que los tres jóvenes acusados de violar a una niña de 14 años en un camping de Miramar fueran absueltos en un juicio con jurados populares, la familia reclama la nulidad y pide un nuevo proceso. “Queremos una justicia que no sea machista, una justicia que defienda y proteja a las víctimas”, dice la madre de la joven a lavaca. Lo que no se tuvo en cuenta.

Por Inés Hayes y Melissa Zenobi

La sentencia se conoció el 17 de septiembre pasado: el jurado popular declaró “no culpables” a Lucas Pitman (24), Tomás Jaime (26) y Juan Cruz Villalba (25), los tres acusados de violar a una niña de 14 años durante los festejos de año nuevo. El juicio duró 4 días y la deliberación de los 12 ciudadanos que conformaron el jurado popular no llevó más de 4 horas.

La familia reclama ahora el desarrollo de un nuevo juicio técnico donde se tengan en consideración todas las pruebas que presentó la familia y que el jurado popular rechazó.

Según el recurso que presentaron ante la Cámara de Casación, ese fallo “vulnera el derecho a la integridad personal, a la vida privada y familiar, a los derechos de la niña, a la igualdad ante la ley, a las garantías judiciales y a la protección judicial”. Por lo cual solicitan se dejar sin efecto “el veredicto de “no culpabilidad” dictado por el jurado popular el día decretándose la “nulidad insanable”.

“Llegamos a ese juicio cuando pedimos la encarcelación de ellos tres que hasta ese momento computaban pena en su domicilio”, dice a lavaca Gisela Mendoza, mamá de la joven. La respuesta a ese pedido fue una fecha de juicio por jurado: “Nos avisaron con menos de un mes de antelación. Los fiscales tuvieron que estudiar la causa en ese corto tiempo, porque la fiscal que venía llevando el caso era otra”.

Lo que falta                                

Mendoza cuenta que, al hacerse un juicio a las apuradas, faltó el estudio de pruebas tales como el peritaje de un celular, que no llegó a investigarse porque tenía un patrón. La mamá de la joven también pone el foco en los resultados de la prueba alcoholemia “que dio negativa a los tres, pero pasaron muchas horas hasta que se hizo el estudio”.

La familia de la joven señala que además hay muchas pruebas que fueron desestimadas justamente por haberse tratado de un jurado popular, cuyo alegato estuvo “lleno de mentiras y prejuicios”. Un ejemplo: “En el alegato la abogada de Lucas Pitman se basa en lo lindo que es su defendido, y en que mi hija por haber tenido una relación consentida dos horas antes, se asume que el abuso no ocurrió. Repite que el consentimiento fue corroborado y eso no fue así”, dice Gisela.

Asimismo, explica que “no se tuvo en cuenta la prueba de ADN, tampoco las fotos del lugar donde se evidencia la cantidad de alcohol que habían bebido durante su estadía”, dice Gisela. “Tampoco se tuvo en cuenta el testimonio que dio mi hija Cámara Gesell, que por ley es la prueba más importante y fue verdadera como la consideró la especialista psicóloga que la realizó. Tampoco el relato de todos los que vimos a mí hija es ese estado de adormecimiento”.

Gisela también cuenta que la asesora de menores solo pudo presenciar el juicio en calidad de observadora, sin capacidad de filtrar preguntas, ya que fue rechazada dos veces por el juez. Lo mismo ocurrió con la psicóloga de la niña, a quien tampoco le permitieron filtrar preguntas. “A nuestro perito, Enrique Stola, tampoco lo dejaron estar como perito de parte”, denuncia.

En esta instancia Gisela le reclama al Tribunal de Casación que se tenga en cuenta todas las veces que se ha vulnerado los derechos de su hija: “Esperamos que Casación tome nuestro pedido, y si es necesario, iremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

“Queremos una justicia que respete sus propias leyes, una justicia que no sea machista, una justicia que defienda y proteja a las víctimas”, dice Gisela, que espera la realización de un nuevo juicio que establezca una condena efectiva para los 3 acusados. Y remata: “A pesar de este terrible resultado que obtuvimos en Mar del Plata, la seguimos peleando. Porque todos sabemos que eso no fue un juicio, fue una pira (refiere a viejos enjuiciamientos) para una piba, que en público fue sometida, una vez, más a una justicia patriarcal”.

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Tres países, un juicio: comienza a juzgarse a Juan Darthés por abuso sexual contra Thelma Fardin

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El actor argentino se escapó a Brasil pero no logró evadir un proceso inédito que reunió a tres ministerios públicos de distintos países para comprobar los hechos denunciados por Thelma Fardin. La actriz lo había denunciado por un abuso sexual ocurrido en Nicaragua, cuando filmaban juntos una tira televisiva y ella era menor. Esta semana Thelma declaró en la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres de Argentina, desde donde fue escuchada de manera virtual por un juez brasilero. Así se dio comienzo a un proceso que, en diálogo con lavaca, el abogado de la víctima considera histórico en dos sentidos: “Lo que ha sucedido hasta ahora tuvo un impacto enorme porque muchas víctimas de delitos sexuales, a partir de la denuncia de Thelma y de su lucha, se animaron a denunciar”.  El detalle de cómo se llegó al juicio, cómo sigue y las perspectivas que abriría un fallo condenatorio.

Por Melanie Prokopiec

Thelma Fardin declaró y respondió preguntas durante más de cuatro horas en una de las salas de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Contra las Mujeres de la Argentina (UFEM), en la Ciudad de Buenos Aires, por su denuncia contra el actor Juan Darthes por violación agravada. Virtualmente la escuchó el juez brasilero de la sala 7 de la Justicia Federal Criminal de San Pablo, donde se desarrolla el proceso. Fardin relató los hechos que denunció el 4 de diciembre de 2018 en Managua, y que desencadenaron el juicio, y luego la defensa la sometió a un interrogatorio con preguntas que apuntaron a poner en duda la veracidad de sus palabras. 

Con su declaración inició un proceso histórico que une tres países de una manera inédita: Argentina, Brasil y Nicaragua. Y que aguarda por la declaración de al menos once personas, entre quienes están citados quienes estuvieron en el lugar cuando ocurrieron los hechos denunciados; la psicóloga de Thelma que la atendió desde sus 19 años hasta el año pasado, el psiquiatra que le hizo el peritaje de parte; las actrices Anita Coacci y Calu Rivero; y algunas mujeres que no desean se revele su identidad. 

Cuando terminen dichas declaraciones, llegará el turno de la declaración de Darthés. Luego, los psicólogos propuestos tanto por Darthés como por la fiscalía harán un análisis de lo declarado. 

La sentencia podría conocerse en enero o febrero del próximo año. 

“Se trata de un hecho que marca un hito ya que se trabajó en coordinación y cooperación entre tres países distintos, aplicándose la legislación de cada uno de esos países y un acuerdo de cooperación entre Ministerios Públicos Fiscales, con las intervenciones judiciales de cada caso, para resguardar las formalidades exigidas por los distintos ordenamientos jurídicos” sostiene a lavaca el abogado de Fardin, Martin Arias Duval, remarcando la excepcionalidad de la situación: “No es habitual que en tres países se trabaje con perspectiva de género para impulsar un proceso de estas características: los sistemas de administración de justicia en latinoamérica suelen ser conservadores y patriarcales”. 

Cómo se logró

En abril de 2018 Thelma Fardín acudió a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Contra las Mujeres de la Argentina (UFEM) para denunciar a Juan Darthés por los hechos ocurridos en Managua. Allí, la fiscal Mariela Labozzeta le dijo que no podían investigar el caso porque no había ocurrido en territorio argentino. 

En casi todos los países existe el principio de territorialidad que establece que la Ley Penal se aplica exclusivamente a los hechos cometidos dentro de los límites del territorio del Estado que la sanciona. Nicaragua era la jurisdicción competente para intervenir, ya que allí fue donde ocurrió el delito. 

Esta fue la primera dificultad que Thelma tuvo que enfrentar.

Entonces, la actriz fue a Nicaragua. Primero la recibieron en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y luego en la Unidad Especializada de Delitos Contra la Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal. Ante este organismo, el 4 de diciembre de 2018 Fardin presentó la denuncia por abuso sexual agravado contra Juan Darthés. 

El día 20 de ese mismo mes, el actor partió a San Pablo, Brasil, país del cual posee nacionalidad. Allí no existe el principio de territorialidad y el Estado no extradita a sus nacionales, sino que asume la competencia para todos los delitos cometidos por ellos. «Por su doble nacionalidad, Brasil es el único refugio legal que Juan Darthés tiene para que no se lo lleven de los pelos a Nicaragua», aseguraba Thelma en su cuenta de Instagram en ese momento. Otra complicación que aparecía en el proceso de denuncia. 

La fiscalía de Nicaragua requirió al juez del Distrito Penal de Audiencias de Managua, ciudad capital de ese país, la apertura de un proceso penal contra el actor el 2 de agosto de 2019. Las pericias, tanto oficiales como de parte, dieron cuenta de que Thelma presentaba estrés postraumático compatible con abuso sexual. Y el 17 de octubre, el Juzgado Décimo del Distrito de lo Penal de Audiencia de la Circunscripción de Managua, luego de haber evaluado la acusación y las pruebas ofrecidas, acusó por violación agravada a Darthes y giró una orden de detención y captura internacional contra el actor. Esto fue para que el acusado fuera buscado en todos los países miembros de Interpol.

El juez de Nicaragua, Celso Urbina, le negó al abogado defensor de Juan Darthés varias peticiones, entre ellas, revocar la orden de captura internacional en contra del actor e incluir en la acusación por violación agravada, pruebas que están relacionadas con la vida de la víctima. 

El organismo internacional ordenó la captura internacional de Juan Darthes el 14 de noviembre. Se emitió un alerta roja con la finalidad de localizar y detener a Darthés en Brasil y concretar su extradición a Nicaragua. El abogado de la víctima reveló: “La Fiscalía de Nicaragua promovió ante la Corte Suprema de aquél país el pedido de extradición de Darthés, por lo que a través de las vías diplomáticas, Nicaragua pidió a Brasil la extradición del nombrado. Esto lo hizo, aun sabiendo que Brasil no lo entregaría porque si no demuestra voluntad de avanzar, se cae la circular roja de Interpol”.

Era necesario agotar el procedimiento para poder trasladar el juicio iniciado en Nicaragua, a la justicia brasileña porque no debería dar por sentado que no existiría extradición. La solicitud de extradición fue admitida mediante sentencia del día 30 de septiembre de 2020. Diez días más tarde, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua solicitó a Brasil la extradición de Darthés. Ese paso fue fundamental para mantener la vigencia de la orden de captura internacional y la notificación roja de Interpol.

“Lo que sucedió después fue que el Ministerio Público de Brasil, al tomar conocimiento del caso, inició una investigación en aquél país. Si bien Brasil no extradita brasileros, sí puede juzgarlos en territorio de Brasil, y aplicando ley brasileña, por delitos cometidos en el exterior”, manifestó Duval. El organismo decidió investigar de oficio luego de que Nicaragua presentara el pedido formal de extradición. El MPF pidió a Nicaragua las pruebas que tenía y la colaboración de la justicia argentina para recolectar las pruebas que pudieran ser de utilidad. Así se pusieron a disposición las evidencias que había recolectado la UFEM. 

Luego, la causa tuvo el siguiente avance los primeros días de abril de 2021, cuando Juan Darthés fue acusado formalmente por «estupro agravado» por el MPF. El delito tiene penas de 8 a 12 años en el código penal del país vecino. Así el Fiscal de Brasil procedió a hacer la denuncia ante el juez de Brasil.

A pedido de la justicia de Brasil, la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (Dovic) de la Procuración General de la Nación, elaboró un informe que fue remitido al juez de San Pablo sobre la tercera vez que la actriz fue sometida a peritajes. En Nicaragua fueron de varios tipos: psicológico, psiquiátrico y físico. Y después en Argentina Thelma hizo los peritajes con una psicóloga y un psiquiatra que ella contrató. 

El 10 de junio, tras la difusión de unas pericias psiquiátricas a Darthés, Fardin declaró en Twitter: “A mí, como a todas las víctimas de abuso, ya me sometieron a tres pericias, y todas desde los organismos oficiales, me hicieron incluso una pericia física, sí: así de re-victimizante es el sistema”. Además, aclaró que la pericia que se hizo pública era de parte y que hasta ese momento a Darthés no le habían hecho ninguna oficial. El perito es de oficio cuando la designación ha sido hecha por la autoridad judicial y de parte cuando ha sido elegido libremente por cualquiera de las partes.

El Juez Federal en lo Criminal de la Subsección Judicial de San Pablo, Pablo Ali Mazloum, consideró que la acusación estaba lo suficientemente fundada como para avanzar en la realización del juicio y fijó la fecha. 

Así Darthes llegó al banquillo de los acusados. 

“Lo que ha sucedido hasta ahora tuvo un impacto enorme porque muchas víctimas de delitos sexuales, a partir de la denuncia de Thelma y de su lucha, se animaron a denunciar”, reflexiona Duval. “Y por supuesto que si se llega a un veredicto condenatorio en este caso, podría servir para que las mujeres víctimas de abusos,se atrevan a hablar: el sistema de administración de justicia podría mostrar que los agresores no quedan impunes”.

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Freno histórico a la justicia machista: los jueces que dejaron impune el femicidio de Lucía Pérez serán juzgados

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Tras 5 años ininterrumpidos de lucha, hoy la familia de Lucía Pérez logró un hecho histórico que le pone un freno a la justicia machista: por votación unánime, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados confirmó que dos de los jueces que dejaron impune el femicidio de la joven marplatense, Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, serán juzgados por el fallo misógino y fueron separados preventivamente de sus cargos. La noticia se escuchó en boca de la propia madre de Lucía, Marta Montero, frente al Senado Bonaerense de La Plata, donde una masiva movilización de organizaciones sindicales y sociales, con otras madres y padres sobrevivientes de femicidios como protagonistas, acompañó a la familia de Lucía, dejando en claro que los cambios se empujan desde la calle: “Es un freno a esta justicia, para todas”.

En la ciudad de La Plata, centro político y judicial de la provincia de Buenos Aires, sucedió hoy un hecho histórico: por unanimidad el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados votó a favor de la suspensión de los jueces Pablo Viñas y Juan Facundo Gómez Urso y del inicio del juicio político a por “negligencia, incumplimiento del cargo y parcialidad manifiesta”. La audiencia fue privada y el Jurado estuvo integrado por cinco conjueces y cinco legisladores, y presidido por la doctora Hilda Kogan, vicepresidenta de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

La familia de Lucía Pérez llegó antes de las nueve de la mañana al edificio del Senado Bonaerense, donde habían convocado a una movilización. Marta y Guillermo, mamá y papá, usaron la misma pechera con la cara de Lucía y el pedido de justicia que vienen impulsando desde el femicidio de su hija, hace 5 años. Las organizaciones sociales y sindicales armaron una a una sus gazebos sobre la Plaza San Martín, para acompañarlos. Desde Mar el Plata llegó la Campaña Nacional Somos Lucía para abrazarlos La calle se cortó con hileras de sillas para que familiares de víctimas de femicidios y de violencia institucional puedan sentarse y mirar de frente al edificio para esperar el fallo, que se vivió como un logro histórico y un precedente fundamental para la construcción de una justicia que escuche y repare y no que violente y estigmatice.

Fotos: Lina Etchesuri

Lucía tenía 16 años cuando la abusaron y mataron. Pero los jueces Gómez Urso, Viñas y Aldo Carnevale (que evadió el proceso porque fue beneficiado por la ex gobernadora Vidal con la jubilación anticipada) absolvieron a Matías Farías, Juan Pablo Offidiani y Alejandro Maciel y se dedicaron a hacer un minucioso análisis de la vida de Lucía: qué le gustaba escuchar, qué profesión quería seguir, con quién y de qué chateaba, qué le gustaba fumar.

El inicio del juicio político al fallo misógino y machista centrado en las víctimas y no en los victimarios significa entonces un nunca más. “Que nunca más se hable de la víctima”, sentenció Marta tras saberse que el juicio político, por fin, había sido votado por unanimidad.

La noticia la anunció emocionada ella misma, pasadas las 13 horas, micrófono en mano: “El voto ha sido unánime a favor de la separación de los jueces”, dijo y recibió un aluvión de aplausos, llantos y emoción. “Les agradezco desde mi más sentido ser por Lucía y por tantas Lucias que han sufrido este disparate de la justicia”.

Las familias víctimas que acompañaron no dudaban: “Es un freno a esta justicia, para todas”. Estuvieron presentes entre otras, Jimena, mamá de Ángeles Rawson; Susana, mamá de Nadia Ferraresi; Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa; Gustavo, papá de Natalia Mellmann; Giselle, mamá de Lito Costilla; Blanca, mamá de Agustina Fredes; Ana, mamá de Analía Aros. 

“La justicia nos dio ese sopapo pero nosotros como pudimos nos reconstruimos, con todos ustedes que creyeron en nosotros, que creyeron en Lucía que era la víctima”, dijo Marta una mayoría de mujeres jóvenes con pecheras de la CTA-A, ATE, la Asociación Judicial Bonaerense, CICOP, el Movimiento Evita, el MST, La Poderosa, Patria Grande, Las Rojas, entre otra decena de organizaciones políticas y sindicales.

Siguió Marta: “Hoy estamos acá llevando a juicio político a dos magistrados. En la Provincia de Buenos Aires es histórico, es el segundo juicio político que hay: en el primero se lo destituye al juez porque él mismo manoseaba a sus empleadas, y en este caso se los va a destituir por una sentencia perversa que dieron a una menor de 16 años”.

Guillermo, papá de Lucía, fue quien indicó el próximo paso: “Ya estamos para pedir la fecha de jury”, dijo agradeciendo el acompañamiento. “Esta lucha la llevamos entre todos y son derechos ganados que no tenemos que perder”, remató.

Guillermo se refiere a que, ahora aprobado el jury, debe fecharse el inicio de ese proceso. Y también, el inicio del nuevo juicio por el femicidio de Lucía, que además de los jueces, juzgue a los responsables directos de haber abusado y matado a la joven de 16 años.

Cristina Montserrat Hendrickse, abogada que acompaña a la familia de Lucía Pérez, clarifica sobre qué significa lo que acabamos de presenciar: “Es un cambio institucional importante. El Jurado de Enjuiciamiento cree en principio que hay verosimilitud para entender que estos jueces fallaron con parcialidad, con estereotipos y prejuicios de género. Es un mensaje a todo el Poder Judicial y es una señal muy clara para quienes tengan que juzgar hechos donde se destila violencia de género”.

La señal de un cambio hoy se expresa en el hecho concreto de que Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas fueron preventivamente destituidos de sus cargos y dejarán de cobrar el 40% de sus honorarios como jueces.

Las jóvenes que se quedaron celebrando frente al Senado Bonaerense saben que, más acá del castigo a estos magistrados, el cambio histórico está en seguir perpetuando esa alegría de saber que luchar, sirve.

Y que como dijo Marta Montero, que ve en esas jóvenes a la propia Lucía, los horizontes se siguen trazando a la altura de las necesidades urgentes y los sueños colectivos: “Esto es el comienzo de una reforma judicial”.

Fotos: Lina Etchesuri
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A la calle por Lucía y por todas: movilización ante el Senado bonaerense para el Nunca Más de los femicidios impunes

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Este martes 23 de noviembre, desde las 11 horas, la familia de Lucía Pérez, la Campaña Nacional Somos Lucía, organizaciones sociales y sindicatos se movilizarán ante el Senado Bonaerense en La Plata y en todo el país para exigir la condena a los jueces que dejaron impune el femicidio de la joven marplatense y, a la luz de ese caso, reclamar el fin de la impunidad para los femicidios, medidas concretas para evitarlos y una reforma judicial que incorpore la perspectiva de las víctimas. Lo que se juzga y lo que se juega, la previa a una movilización que pretende dar vuelta la historia, y lo que dice la familia y las mujeres que acompañarán desde distintas organizaciones: «Si hay una reforma posible va a ser con nosotras, las mujeres organizadas”.

“Hoy te recordamos, nos acordamos de vos como todos los días. Con esa sensación en el pecho, sabiendo que hoy en día nos falta una más. Una compañera que hoy no está a nuestro lado. Nos la arrebataron como el viento arranca las hojas de los árboles. Pero vos creaste raíces y con tu lucha llegó la primavera. Sos esa pequeña llama que encendió un movimiento enorme que hoy en día lleva tu nombre en sus banderas. Marta y Guillermo llevan la voz de tu memoria y atrás de ellos acompañamos. En silencio o con un grito que surge del fondo de nuestra alma. Tu nombre nos acompaña y nosotras acompañamos tu nombre. Lucía Pérez seguís presente en todas nosotras. Hoy y siempre, te recordamos”

La poesía le llega a Marta, mamá de Lucía Pérez, mientras corta y pega carteles con la cara de su hija y la palabra justicia en letras negras. Se lee también: “5 años de impunidad”. Guillermo, papá de Lucía, hace el mate. Están en La Plata, donde esperan el comienzo del el juicio político a los jueces que pretendieron dejar impune el femicidio de su hija.

La poesía les llega desde Mar del Plata. Se las mandan chicas que van ahora al colegio donde iba Lucía, lo cual representa el primer cambio. Pero la poesía la escribió Anni Kapitanchuk, una joven de otro colegio también marplatense. Marta se emociona: “Son semillas que van creciendo y que aunque algunos no quieran estas luchas continúan. Por más que se quiera tapar el sol con las manos, el sol se va a correr, y se va a ver. No nos van a parar: esto va a salir”, asegura en la previa del 23 de noviembre, día en que convocan a movilizarse frente al Senado bonaerense para hacer presión sobre el tribunal que deberá juzgar a los jueces por el fallo misógino de Lucía Pérez.

Lo que se juega es si el jury va a archivo, o avanza.

Por eso, lo que se juega en esa jornada es, de nuevo, la posibilidad de un cambio para siempre y para todas.

La diferencia es la calle.

La previa

Entonces: este martes 23 de noviembre se define si comienza el juicio político a los jueces que pretendieron dejar impune el femicidio de Lucía Pérez. En el Senado Bonaerense, a las 11 horas, los jueces Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas comenzarán a ser juzgados por “negligencia, incumplimiento del cargo y parcialidad manifiesta”. El juez Aldo Carnevale logró evadir el proceso porque fue beneficiado por el gobierno de María Eugenia Vidal con la jubilación anticipada.

Fueron esos tres jueces, quienes conformaban el Tribunal Oral Criminal n° 1 de Mar del Plata, los que absolvieron a Matías Farías, Juan Pablo Offidiani y Alejandro Maciel del abuso sexual seguido de femicidio de Lucía Pérez, una joven de 16 años.

Fue la familia de Lucía, y una red de organizaciones que la acompañan, quienes denunciaron el accionar de los magistrados, las fallas en la investigación, la misoginia de las interpretaciones y la revictmización durante el proceso, y logró no solo que ese fallo se cayera sino que los jueces que lo firmaron tengan que dar explicaciones.

La audiencia se seguirá desde la calle porque no es pública. Adentro, el Jurado de Enjuiciamiento presidido por la doctora Hilda Kogan, vicepresidenta de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, se pronunciará respecto de la acusación que fue hecha por el procurador bonaerense, la Comisión Bicameral, el defensor del pueblo y la familia de Lucía. Si la admiten tendrán que suspender a los jueces y fijar fecha para que inicie el juicio.

La convocatoria a acompañar la audiencia está llamada a las 9 horas, en la calle 7 entre 51 y 53, en La Plata. De 11 a 12 horas se convoca a un paro y a una Jornada Nacional de Lucha por Lucía Pérez. Hasta allí llegarán familias sobrevivientes de femicidios de distintos puntos de la provincia –desde Mar del Plata sale una combi con familiares-, y organizaciones sociales, sindicales y territoriales. Desde todo el país además se acompañarán las acciones en redes con el #SomosLucía.

“Este fin de semana para algunos es largo, para nosotros es de trabajo”, dice a lavaca Marta mientras prepara carteles, convoca y contesta mensajes. “Es importante la calle y hacer todo lo que estamos haciendo, y más, porque lo que se decide es si el jury progresa o se termina ahí”.

El juicio político, o jury, tiene como finalidad juzgar conductas de magistrados a los que se les atribuye incumplimientos graves en sus funciones y que puede derivar en la destitución.

Explica Marta: “El jury es político pero a ellos se los está juzgando por la sentencia. En este caso lo que se va a juzgar es la sentencia que ellos dieron, porque ellos son jueces, y más allá de que tengan una mirada que podemos estar o no de acuerdo, tienen que tener una mirada jurídica. No la tuvieron, y encima el agravante de que Lucía era menor. Eso tiene que ser un peso para este jurado: estamos hablando de una mujer y de una menor”.

Guillermo, papá de Lucía, suma: “Hemos luchado mucho por esto y quiero que las cosas salgan bien. A estos tipos los tenemos que sacar, no pueden estar haciendo el desastre que están haciendo. Hasta el 23 estarán en Tribunales: espero que el 24 ya no”.

La familia de Lucía analiza lo que significa este proceso en Mar del Plata, donde los magistrados ocupan cargos de poder y decisión. “Va a ser un antes y un después”, no duda Marta. “Va a ser un cambio en la justicia. Están mirando. Por ejemplo la destitución del juez de Tucumán (Juan Francisco Pisa), están mirando eso también. Nos ha costado 3 años este jury, y que todo salga bien es a favor de la calle, de toda la sociedad, es para quienes menos tienen y para quienes más necesitan tener justicia. Pero tenemos que redoblar la apuesta, hasta que la justicia exista”.

Lo que se juzga

La abogada Cristina Montserrat Hendrickse, acompaña a la familia de Lucía Pérez en el pedido de destitución de los jueces. Explica: “lo que se está juzgando es la conducta de los jueces en tanto que no aplicaron la perspectiva de género que se integra en los tratados de Derechos Humanos incorporaron a la Constitución. Y también su falta de imparcialidad, han sido parciales”.

¿Por qué se los acusa de esto?

En eso ha sido coincidente la Cámara de Casación Penal en su decisión que fue confirmada por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en tanto entendieron que ellos decidieron con prejuicios de género, con estereotipos prejuiciosos respecto de la buena víctima, juzgando a la víctima y no juzgando los hechos que fueron traídos a su conocimiento. Aquí su parcialidad estuvo afectada por estos prejuicios. Entonces se los juzga por no aplicar el derecho, y por haber sido parciales.

¿Qué significa un proceso así para el Poder Judicial?

De admitirse las acusaciones y seguir el proceso sería una señal muy sana para el Poder Judicial. Se le estaría diciendo a todos los jueces que la aplicación de la perspectiva de género contemplada en los tratados de Derechos Humanos, en la Convención para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer, y en tratados como la Convención de Belém do Pará, es el derecho que tienen que aplicar, no pueden apartarse de la ley a su gusto. Y si sus convicciones chocan contra las leyes que tienen que aplicar, entonces se tienen que apartar.

Es por abajo

“No estamos más dispuestas a aceptar que la justicia no solo nos abandone y no nos cuide, sino que encima falle en contra nuestra”, dice a lavaca Clarisa Gambera, Directora del Departamento de Género y Diversidad ATE Nacional, organización sindical que convoca a parar y movilizar en el inicio del jury. “Es muy importante estar en la calle. Llegamos hasta acá con esta articulación enorme de pedido de justicia que desde un primer momento pudo poner toda la fuerza en la calle para pedir justicia. Y en ese sentido esto es un paso enorme hacia la reforma judicial feminista, un paso que tiene que ver con la experiencia concreta de tener fuerza en la calle y organizada para lograr aquello que enunciamos. Si hay una reforma posible va a ser con nosotras, las mujeres organizadas”.

Otro de los gremios que se suma a la convocatoria es el de trabajadores y trabajadoras del subte. “Entendemos que representa un momento histórico, finalmente un poco de reparación después de una enorme cadena de violencias e impunidad es llevadas a cabo por parte de la justicia patriarcal. Y se hace realidad por la resistencia colectiva”, explica Karina Nicoletta, Secretaria de Género Asociación Gremial de Trabajadorxs del Subte y el Premetro.

Desde la CTA-A convocan a movilizar a La Plata y en otros puntos del país a sumarse de 11 a 12 horas al paro en cada lugar de trabajo, con la foto de Lucía. ¿Por qué? Responde Silvia León, secretaria de género de la Central: “Porque es un logro inmenso que la familia de Lucía con todo el movimiento feminista hemos logrado: llevar al jury a estos dos jueces que dejaron impunes y libres a los femicidas. Para nosotras como Central de trabajadores y trabajadoras es una inmensa jornada. También frente al 25 de noviembre estamos planteando que haya una reforma democrática y feminista que ponga freno a la situación de violencia que seguimos sufriendo las mujeres y diversidades”.

Debora Bertone es Secretaria de Género de la Asociación Judicial Bonaerense, sindicato que nuclea a las trabajadoras y trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires, y desde donde convocan también a parar y acompañar la audiencia. “Es muy importante esta jornada porque venimos dando esta pelea, como trabajadoras, desde adentro del poder judicial”. Por eso para ellas la convocatoria es una manera más de decirle basta a la cadena de injusticias. Agrega: “Creemos además que las conquista y derechos se ganan en la calle, por eso ahí estaremos”.

A la calle se suma también CICOP, un gremio que representa a les profesionales de la salud de la Provincia de Buenos Aires. Valeria Bonetto, Secretaria de Género del gremio, sintetiza así el por qué: “Estos jueces fueron inoperantes y misóginos. Convocamos porque exigimos una justicia con perspectiva de género y de derechos humanos. No queremos más jueces que dejen impunes a femicidas”.

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