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5 años sin Lucía: fecha de juicio y fecha de jury YA

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Tres movilizaciones simultáneas reclamaron en La Plata, Mar del Plata y Buenos Aires que el juicio por el femicidio de Lucía Pérez tenga una fecha de inicio, así como que se juzgue a los jueces responsables del fallo misógino que consagró la impunidad en primera instancia. La acción frente a Tribunales estampó cientos de nombres de mujeres asesinadas por la violencia machista en el asfalto de la calle; una perfomance artística y la lectura de un contundente documento completaron una jornada donde la calle volvió a ser el escenario de encuentro y lucha contra la in-justicia.

Cientos de nombres de mujeres, trans y travestis escritos con pintura blanca sobre el asfalto de la calle Talcahuano, donde se encuentra la Corte Suprema de In-Justicia en la ciudad de Buenos Aires rodean las tres palabras pintadas en violeta: Justicia por femicidios. A cinco años del asesinato de Lucía Pérez —cuyo rostro se repite impreso en hojas blancas sobre las vallas que cercan el edificio judicial— se realizó una Jornada Nacional de Lucha en su ciudad, Mar del Plata, en La Plata y en CABA con reclamos concretos: fecha para el nuevo juicio y para el jury a los jueces que protagonizaron la aberrante sentencia.

Frente a Tribunales de la CABA, se dieron cita a partir del mediodía del viernes representantes de la Asociación de Trabajadorxs del Estado (ATE), de Metrodelegades, de los colectivos Nosotras Proponemos, Historias Desobedientes, Fin de Un Mundo, periodistas, fotógrafes y personas autoconvocadas, para pintar la calle primero y luego armar un conversatorio en ronda donde circuló la palabra en el fin de semana donde habitualmente se realiza el Encuentro Nacional de Mujeres. La calle fue el lugar para juntarse, debatir y exigir justicia por el femicidio de Lucía. En Mar del Plata, se llevó a cabo una multitudinaria marcha y el sábado 9 de octubre habrá un festival a partir de las 17 hs.

Lucía tenía 16 años cuando el 8 de octubre de 2016 Matías Farías, 23 años, y Juan Pablo Offidani, 41 años, la llevaron a la sala de salud de Playa Serena: llegó muerta. La incansable lucha de su familia, la Campaña Somos Lucía, y las organizaciones que abrazan y acompañan lograron la anulación del juicio que pretendía dejar impune su femicidio. Pero el Estado argentino sigue sin avanzar en la fecha del nuevo proceso. Tampoco hay fecha del juicio político que deberán enfrentar los jueces que llevaron adelante el vergonzoso y misógino juicio de primera instancia.

Fotos: Lina Etchesuri

El 9 de octubre de 2016, un día después del femicidio de Lucía fueron apresados Matías Farías, 23 años, Juan Pablo Offidani, 41 años, y Alejandro Maciel, 61 años. Dos años después llegaron a juicio oral en el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Mar del Plata conformado por los jueces Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Aldo Carnevale. Farías y Offidani fueron condenados a ocho años de prisión y una multa de 135 mil pesos por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”. Maciel fue sobreseído del delito de encubrimiento agravado, murió luego por un cáncer de pulmón. Ninguno de los tres fue condenado por el femicidio de Lucía, los jueces volcaron las culpas en Lucía y quisieron consagrar así la impunidad.

Pero la familia apeló. Y en agosto del 2020 la Sala IV de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires -compuesta por los jueces Carlos Natiello, Mario Eduardo Kohan y Fernando Luis María Mancini- resolvió anular el fallo, en una sentencia ejemplar. Pidió entonces que se haga un nuevo juicio por el femicidio y confirmó la condena por la venta de drogas. Y aunque tanto Offidiani como Farías habían presentaron un recurso extraordinario, la Corte Suprema Bonaerense lo rechazó.

En paralelo la familia de Lucía impulsó el pedido de destitución de los jueces marplatenses que en 2018 dejaron impune el femicidio. El jury fue promovido en 2019 por las entonces diputadas nacionales Victoria Donda, Lucila De Ponti, Araceli Ferreyra, Gabriela Cerruti y Romina del Pla, y el diputado Facundo Moyano. La respuesta tardó dos años, en abril de 2021 la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses resolvió acusar a los jueces Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso por “negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta”. El jury no alcanzó a Aldo Carnevale, el tercer juez que componía el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Mar del Plata, ya que pidió la jubilación anticipada, la cual le fue concedida por la ex gobernadora María Eugenia Vidal. Lo que queda pendiente entonces es la fecha del nuevo juicio por el femicidio de Lucía, y la fecha del juicio político a los jueces.

Y por esta razón, en CABA se realizó a partir de las 17 hs un acto que abrieron la mamá y el papá de Cecilia Basaldúa, la joven asesinada en Capilla del Monte en abril del año pasado. Dijo Daniel Basaldúa: “Estuvimos este fin de semana en Córdoba, nos habían citado, nos iba a recibir el fiscal general. Al final, no nosrecibió porque fuimos con mucha gente y porque teníamos una pancarta. Después nos recibió el fiscal de Cámara de Cruz del Eje, el caso de Cecilia fue llevado a juicio con un detenido, un chico contra quien no hay pruebas, es lo que suelen hacer cuando hay gente poderosa involucrada, agarran a un pibe y lo meten preso, después de un par de años, como no tienen nada contra él lo largan y quedan todos libres y todos contentos. Eso es lo que estamos denunciando nosotros”. Susana Reyes agregó: “Soy la mamá de Ceci, primero quiero agradecer a todos por estar acá apoyando el caso de Lucía Pérez, que fue muy aberrante, lo mismo que le pasó a nuestra hija en Capilla del Monte y que la justicia hace oídos sordos. La fiscal que nos tiene que defender está protegiendo a los asesinos, es cómplice y hay que luchar para que esto no pase. La gente le tiene miedo a la policía, que amenaza a las familias, a los que van a las marchas, hay que dejar el miedo a un lado, luchar, salir a la calle, son demasiadas muertes, no tenemos que premitir que le quiten la vida a nuestras hijas”.

A continuación tomaron el micrófono Alejandra de la Corriente Peronista 13 de abril del Frente de Géneros y Disidencias, Liliana Furió del colectivo Historias Desobedientes, Julie August del colectivo Nosotras Proponemos, la dirigente del Partido Obrero Romina del Pla, Rosmary de Liberación Popular, Clarisa de la CTA Autónoma y Karina Nicoletta de la Asociación Gremial de Trabajadorxs del Subte y Premetro. Mientras se realizó la lectura colectiva del documento, el colectivo Fin de Un Mundo acompañó con una intervención artística de los cuerpos en movimiento.

Documento de la Jornada Nacional de Lucha por Lucía Pérez:

A cinco años del femicidio de Lucía Pérez y tras 1825 días de impunidad, nosotras, las personas y organizaciones sociales presentes, decimos y exigimos:

Todo femicidio es evitable.

Todo femicidio es un golpe brutal para cada familia y una herida social para toda la comunidad, pero también, una oportunidad para prevenir los próximos si hacemos lo que hay que hacer hoy, ya, ahora.

El femicidio de Lucía es un ejemplo, es un símbolo, es un alerta, pero no es un “caso”. Es el brutal resultado de una cadena que hace funcionar la maquinaria femicida y es esa cadena la que tenemos que romper, eslabón por eslabón.

El principal eslabón es el que garantiza la impunidad de ese crimen. Es el que se activa desde el primer momento para que la investigación esté contaminada por las complicidades que permitieron que ese femicidio se produzca. Es el que se activa en Salta, por ejemplo, hace diez años cuando asesinan a Cassandre y Horuie, las chicas francesas; o en San Martín con Melina y Araceli; o en esta Capital con CarlaSoggiu; o Córdoba con Cecilia Basaldúa y tantas más. Todas vidas jóvenes, alegres, que fueron destrozadas y con ellas, sus familias, sus amigas, sus compañeras de colegio, sus vecinas, sus barrios.

Aprendimos así, con ese golpe atroz, que mientras estábamos aturdidas por el dolor ya se estaban destruyendo pruebas y construyendo relatos para justificar el crimen de nuestras hijas y por eso mismo sabemos que la posibilidad de justicia depende de que en las primeras horas intervenga un equipo que garantice una investigación imparcial, como corresponde. Eso exigimos.

Todo femicidio es evitable, repetimos. Pero cuando sucede, tenemos que enfrentarnos a un Poder Judicial insensible, inhumano, injusto. Solo vamos a lograr justicia para las Lucías si somos capaces de construir un Poder Judicial humano.

Solo vamos a terminar acon esta violencia si tenemos un Estado presente, activo y decidido a intervenir en cada femicidio con todas sus herramientas y recursos para que sea el último. Hasta que así sea.

No es una utopía. Es un desafío que nos toca enfrentar y que podemos superar si nos unimos, sin grietas, porque esta es una batalla contra la muerte.

En el caso de Lucía, con mucha lucha, persistencia y apoyo de toda la sociedad, logramos anular un fallo vergonzoso. Hoy se cumplen cinco años de su femicidio y seguimos sin fecha de juicio y sin fecha del jury que deben enfrentar los jueces que intentaron dejar impume el crimen de Lucía.

Exigimos entonces:

Fecha de juicio Ya!

Fecha de jury Ya!

Justicia por Lucía Pérez y por todas.

Ni una más!

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Memoria, verdad y un nuevo reclamo de justicia a 3 años sin Carla Soggiu

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A 3 años del femicidio de Carla Soggiu su familia realizó un ritual junto a un mural con la cara de la mujer asesinada por su ex pareja, que no fue juzgada por el crimen por decisión del fiscal César Troncoso. Recordaron así y ahí, en Nueva Pompeya, los alertas que Carla le hizo a un Estado que no la protegió de la violencia machista ni la encontró cuando se encontraba desaparecida. La causa por el femicidio fue investigada recientemente por MU: lo que el expediente oculta y tergiversa, y lo que devela sobre la falta de funcionamiento del sistema de botón antipánico. Una historia que demuestra paso a paso cómo lo judicial puede encubrir la responsabilidad estatal y archivar procesos, convalidando la impunidad.

En uno de los límites de esta ciudad infinita está el mural que recuerda a Carla Soggiu sonriendo. “Madre, hija y vecina del barrio Nueva Pompeya” proclama con delicadas letras esta pared pintada que hoy da lugar a una ceremonia de dolor y memoria. “A esta hora empezó el infierno” dirá Roxana, la mamá, en este sábado de calor asfixiante. Señala entonces la esquina para marcar el lugar donde Carla activó por primera vez el botón antipánico que el Poder Judicial le entregó para protegerla. No funcionaba.

Aquel 15 de enero de hace ya tres años Carla pidió ayuda cinco veces y cada vez el patrullero policial llegó a la casa de la familia Soggiu preguntando dónde estaba. Comprendieron así, cruelmente, que Carla estaba en peligro y que nadie podía ayudarla. Cuatro días después un trabajador de limpieza encontró su cuerpo en el Riachuelo, que en ese límite es apenas unas cuadras.

Días antes Carla había sido torturada y violada por su pareja, con su hija de 2 años como testigo. Cuando logró escapar presentó una denuncia: fue la que originó la entrega del botón, una medida de protección que en esta ciudad portan tres mil mujeres al año.

La pareja de Carla fue condenada por esos delitos, pero la causa por su femicidio fue archivada: el fiscal César Troncoso consideró que no había delito alguno que investigar. Haber sido golpeada y violada días antes, soportar golpes en la válvula que calmaba su hidrocefalia, pedir ayuda a través de un dispositivo inútil, entre otras tantas de violencias, no son considerados por el fiscal como indicios de una trama que une ambas causas. La familia de Carla se enteró del archivo hace apenas unos días y de casualidad y ahí está ahora, parada frente al mural, clamando ayuda porque contra tanta injustica “solos no podemos”.

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial cómplice de la impunidad. Está su tía y su primo y una vecina con su hijita y en ese abrazo la familia de Carla encuentra la fuerza para recordar sin lágrimas lo que necesitan: justicia. La exigen por sus nietos que todavía no accedieron a la pensión a la que tienen derecho según la Ley Brisa. Tras reclamos y trámites solo tuvieron una Asignación Universal por Hijo. Un abogado les cobró 40 mil pesos para renovarla, pero el trámite no lo completó y quedó nulo. De eso también se enteraron hace apenas unos días y de casualidad, cuando acudieron a la Defensoría General a pedir ayuda y se encontraron allí con la abogada que asistió a Carla en su primera denuncia. Ella los ayudó a solicitar la renovación del subsidio, pero en esta tarde de infierno Roxana cuenta que ya pasaron los 10 días previstos y la asistente social que debía visitarlos para darles la aprobación nunca llegó, así que tendrán que seguir esperando a ese Godot que es la justicia en Argentina. Mientras, el sustento sigue dependiendo de la espalda de Alfredo, que hace años trabaja en la misma empresa cumpliendo tareas de carga y descarga. Lo ayudan dándole horas extras: más peso.

En esta tarde de dolor y memoria hay flores y globos violetas, el color preferido de Carla, que su madre suelta para que rueden por las calles silenciosas del barrio de Nueva Pompeya. Docenas de globos mecidos por la brisa ardiente que anticipa una tormenta. Ahí quedan, en ese límite y a la espera.

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Lo que falta: 16va Carta al Presidente de Familiares Sobrevivientes de femicidios

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A plena luz del sol y en un centro desolado, las familias que componen el grupo Familiares Sobrevivientes de Femicidios se reunieron en Plaza de Mayo para dejar por vez número 16 una carta al Presidente Alberto Fernández, pidiendo que los reciba, exigiendo justicia por sus hijas y acercando medidas concretas para que eso suceda.

En la jornada de hoy estuvieron presentes Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, asesinada en Capilla del Monte, Córdoba; Marta y Guillermo, padre y madre de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata; y Analía Romero, mamá de Camila Flores, asesinada en Santa Fe.

En todos los casos estas familias debieron trasladarse hasta Plaza de Mayo; recorrido que significa a la vez que las causas que se tramitan por las muertes de sus hijas distan muchos kilómetros de la Casa Rosada; distancia que garantiza la impunidad, ya que facilita las trabas judiciales y las tramas territoriales; y complica el acceso a la justicia como un derecho para familias que no cuentan con recursos para viajar ni para sostener abogados ni peritos.

Así lo denuncia la mamá de Camila Reyes:

Así reclama Guillermo Pérez, papá de Lucía, que Alberto Fernández los reciba:

Estas son las fotos de algunas de las jóvenes asesinadas por la violencia machista, cuyas causas siguen impunes:

Estas son las cartas que entregan las familias al Presidente cada segundo miércoles del mes:

Esta es el informe que junto a las cartas las familias entregaron en la Rosada, un diagnóstico y una muestra de lo que falta para lograr un Nunca Más de la violencia patriarcal, de la que el Estado es parte:

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Infeliz año nuevo: trabajadores de alfajores La Nirva con orden de desalojo

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“Resuelvo: disponer el lanzamiento de los ocupantes de la planta fabril deudora ubicada en laa calle Dorrego Nº854, Lomas del Mirador, La Matanza, Provincia de Buenos Aires y restituir la posesión de la misma a la concursada”.

El fallo lleva la firma del juez nacional en lo Comercial Fernando D’Alessandro, está fechado el 30 de diciembre, y precisa dos aclaraciones: cuando se lee “lanzamiento” debe entenderse “desalojo” y “ocupantes” a 57 familias de la tradicional fábrica de alfajores La Nirva que recuperaron sus fuentes de trabajo en plena pandemia después de la estafa de los exdueños Matías Paradiso y Marcelo Iribarren. Las familias pusieron las máquinas a producir nuevamente luego de conformarse en una cooperativa de trabajo, y así trabajaron este año y medio pandémico hasta recibir el fallo previo al año nuevo.

“Estamos laburando muy bien”, dice a lavaca Marcelo Cáceres, presidente de la cooperativa. “En este último tiempo estábamos con pan dulces y muchos proyectos de ampliar la máquina de galletitas y alfajores, de inaugurar una línea más: estamos en crecimiento. El síndico ya había venido a revisar la fábrica y quedó sorprendido de lo bien que estaba. La decisión nos lleva a pensar que hubo un arreglo político con plata de por el medio, porque el juez no se fijó en esto, y directamente decretó el desalojo”.

La decisión, por ahora, no tiene fecha, pero las familias sí están en alerta y la noche de año nuevo reforzarán la presencia de guardia en la fábrica.

Dice Cáceres: “Vamos a aguantar la que se venga”.

Compartimos la nota de MU sobre la recuperación de la empresa.

Triple sabor: La Nirva, recuperada por sus trabajadorxs

Luego de estafas patronales, amenazas de la Bonaerense y dos meses en la calle durante la pandemia, la popular fábrica de alfajores de La Matanza se hace cooperativa. La autogestión como salida ante la crisis. Por Lucas Pedulla.

(publicada en julio 2020)

Después de trabajar 20 de sus 42 años en el control de la máquina de chocolate de La Nirva, Lorena Pereyra se encontró en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio enviándole al dueño una foto de su tupper en la olla popular que cocinaban al frente de la empresa, con un mensaje: “Mirá a lo que llegué”. La foto era la misma para cada una de las 65 familias que desde el comienzo de la cuarentena tuvieron que desoír el consejo de quedarse en casa, con los riesgos que eso implicaba, e instalar una carpa frente a la fábrica de alfajores en el partido bonaerense de La Matanza para reclamar por sus fuentes de trabajo.

Allí permanecieron durante casi dos meses con venta de torta fritas y budines para el fondo de lucha, y con carteles que explicaban la necesidad preventiva, social y obligatoria de otro virus:

  • “Nuestro virus tiene nombre: Matías Paradiso y Marcelo Iribarren (los dueños)”.
  • “Nos dieron cheques sin fondo en diciembre. Nos estafaron”.
  • “Si nos quedamos en casa nadie escucha que pasamos hambre. Queremos recuperar nuestro trabajo y vivir dignamente”.
  • “Queremos cobrar”.

Con cuatro hijos y su marido que había sido despedido de la misma empresa años atrás, Lorena nunca imaginó que atravesaría la lucha en medio de una crisis sanitaria sin precedentes. “La patronal cambió hace tres años y vimos cómo empezaron a irse compañeros. De 120 pasamos a 65. Hace dos años que no tenemos aportes, mientras vemos cómo en la ANSES figura que cobramos sueldos de 70 mil y 80 mil pesos, cuando hace nueve meses que no cobramos nada. Pero ante la necesidad te hacés fuerte, quieras o no”.

Lorena ya no habla desde la olla popular en la calle, sino desde adentro de la fábrica, donde permanece de forma pacífica junto a sus compañeros y compañeras en resguardo de las maquinarias y su fuente de trabajo que hoy toma una forma que augura un futuro pospandemia sanitaria y laboral: la forma cooperativa.

Foto: Ramiro Dominguéz

Conflicto grandote

La popular fábrica La Nirva es la encargada de hacer los famosos alfajores Grandote y La Recoleta, entre otros productos como cubanitos y copitos de chocolate y dulce de leche. El 80 por ciento de su personal son mujeres. “Mi pareja trabajó 31 años acá: lo echaron el año pasado pagándole una sola cuota de 51 mil pesos como indemnización”, contaba María de los Ángeles Santillán, 46 años, 23 en la empresa, cuando MU se acercó a la fábrica una semana después de iniciado el acampe. “No tiene nada fijo. Y la plata no alcanza, las boletas aumentan, tenemos mamás enfermas que tenemos que dejar para venir acá. Se complica todo: no tenemos ni para cargar la SUBE, por eso estamos vendiendo tortas fritas”. 

Marcelo Cáceres (34 años, 12 en la fábrica) pasó de ser delegado sindical a presidente de la futura cooperativa. Desde esa transformación recuerda que la caída  comenzó en 2018, cuando la firma cambió de dueños. “Se vendió al grupo Blend. Durante dos meses seguimos con el ritmo de trabajo que teníamos. Al tercer mes, el salario empezó a retrasarse. De a poco, se fueron cerrando líneas. Al tiempo, nos cortaron todos los servicios: agua, gas y luz. Nos quedamos literalmente a oscuras”.

Empezaron los despidos de personal administrativo: de más de 120 trabajadorxs quedó la actual planta de 65 personas. Y como en la pandemia, se contagió el miedo. Santillán: “Había miedo a hablar porque si alguien criticaba, al día siguiente era despedido”.

Cáceres aclara que el problema no era la producción. “Por quincena, y laburando una sola línea, hacíamos un millón 200 mil alfajores. En 2001, año de la peor crisis, ni se sintió: hasta horas extras se hacían. Fue un mal manejo. No sabemos lo que es cobrar un sueldo completo. Eran puchitos: de 2.000, 3.000 pesos. De octubre a hoy, solo en salarios la deuda con nosotros es de 18 millones de pesos”.

Hay más: “En diciembre nos dieron cheques a 60 y 90 días. El dueño nos dijo que vayamos a cobrarlo a una financiera, que nos iban a sacar un porcentaje, pero que lo íbamos a poder cobrar. Nadie vio un peso”.

Cáceres tuvo que vender su auto para poder pagar deudas. El 24 de diciembre llamaron al dueño para que les diera algo de efectivo para pasar las fiestas: “Nos dieron 3.000 pesos”. Y el 2020 arrancó con más promesas. “El primer día de febrero nos prometieron 40 mil pesos para arrancar y que, mientras producíamos, iban a abonar la totalidad de la deuda. Trabajamos una semana: nos dieron 20 mil. Hay buena predisposición, pensamos. Trabajamos otra semana más, pero ahí ya dijeron que no había efectivo. Como veníamos de dos años de mentiras, decidimos dejar de trabajar hasta que nos pagaran”.

Así llegó marzo, la pandemia agudizó todas las crisis y la situación  de los trabajadores era desesperante. Al combo se sumó que un vecino les avisó que un camión había ingresado de madrugada a la fábrica a llevarse cosas. No dudaron: estaba en juego la fábrica y sus fuentes de trabajo. 

Y votaron la instalación de la carpa.

Foto: Ramiro Dominguéz

Unión & galleta

Cuando el acampe cumplió una semana, recibieron una visita inesperada. Cáceres: “Apareció la policía, con la excusa de que no podíamos estar en la calle por la pandemia, cuando hacía siete días que estábamos ahí. Y nos corrieron por todo el barrio: un grupo terminó en la plaza, otro cerca de la ruta”. El efecto se vio al otro día: entre vecinos, vecinas y movimientos sociales hubo 200 personas apoyando a las familias en la puerta con olla popular. Y la policía no volvió más.

Ante la evidencia del apoyo, los dueños firmaron un acta en la que se comprometieron a cumplir el 100 por ciento de los salarios adeudados. Pero esta promesa tampoco se cumplió. “Agotamos todas las instancias legales que había. Primero, el dueño nos tomó el pelo a nosotros. Segundo, al sindicato. Y tercero, al Ministerio de Trabajo: hicimos cinco audiencias y no cumplieron ninguna, hasta que con los abogados del sindicato decidimos cerrar el acto y quedarnos en asamblea permanente, pero ya adentro de la fábrica”.

Lorena Pereyra hace una lectura de todo el proceso: “20 años son toda una vida. Tuvimos un mes en la puerta sin la ayuda de nuestro sindicato, con la ayuda de los vecinos. Ahí te das cuenta de que tu lucha vale, y que tiene un poder. Antes, con un pago mínimo entrábamos y desistíamos, pero ahora la pandemia terminó de desatar todo. Fui aprendiendo mis derechos. Uno viene acá, exponiéndose a todo, cuando lo que más queremos es estar en casa, pero lo valió”.

Mientras los trabajadores y trabajadoras buscan volver a la producción, Cáceres fue denunciado por “usurpación” por los exdueños, causa que tramita en los tribunales matanceros. “Por ahora el fiscal actuó bien. Y entre nosotros tenemos mucha unión. Sin eso, no hubiéramos llegado a nada. Esa es la base: la unión y la convicción que tenemos”.

Paula Rojas, 30 años, fue una de las últimas trabajadoras que entraron, hace cuatro años, en el área donde se colocan las galletas y empieza el proceso del alfajor. Sus compañeros la eligieron para que sea la tesorera de la futura cooperativa. “Me gusta y es una responsabilidad, porque si nos hubiéramos quedado en casa no habríamos conseguido nada. Mucha gente va a quedar desocupada después de todo esto, y si no recuperábamos también nos íbamos a quedar sin nada. Por eso tampoco podíamos quedarnos en casa. En casa estábamos todos separados, cada uno en su vida, aislados. Acá es distinto, estamos apostando a un mismo objetivo: recuperar nuestras fuentes laborales”.

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