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#NiUnaMás

Los ojos de Lucía

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Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez. Un padrón abierto y autogestionado. Un acompañamiento a los familiares víctimas de la máquina femicida. Un seguimiento de la impunidad judicial. Y un espacio para recordar las vidas de mujeres, trans y travestis asesinadas por hombres. Inspirado en y pensado para las jóvenes como Lucía Pérez, que construirán un mundo con otra mirada, sin machismo y con la memoria que intenta dejar sentado este registro.

No son cifras. 
Es el registro social de aquello que el Estado no hace, a pesar de estar obligado. 
No son números. 

Es la cartografía de la violencia patriarcal y la descripción de cómo opera el Poder Judicial, la policía y las pocas medidas de protección con las que cuentan las víctimas antes de ingresar a esta dolorosa planilla.

Así se presenta el primer registro público y autogestivo de violencia patriarcal, el Observatorio Lucía Pérez. Con la autorización de su familia, el nombre y la mirada de Lucía son el sello de este observatorio que viene a exponer con identidades y análisis la realidad violenta que padecen miles de mujeres, travestis, trans, lesbianas y niñas en Argentina. 

El monitoreo de los medios de comunicación y las redes sociales, lo que organizaciones sociales y feministas denuncian, el boca a boca, y los mails que envían con información de causas y dolores, engrosan semana a semana la planilla que releva los casos de femicidios, travesticidios, muertes por abortos clandestinos y desaparecidas. Todos los meses la cifra aumenta: más crímenes de odio, más desaparecidas en contextos de violencia, más abortos que se complican por la clandestinidad, más infancias que quedan huérfanas. 

La mirada se completa con familias sobrevivientes de femicidios que aportan análisis y perspectivas para elaborar los informes que el Observatorio Lucía Pérez publica mensualmente. “¿Cómo poner fin a estas violencias? ¿Cómo construir el Nunca Más del Ni Una Menos?”, son las dos preguntas clave que el Observatorio codo a codo con las familias hacen desde y para la sociedad.

Lo que se ve duele: impunidad; violencia judicial, estatal y policial; desidia; desinformación, y falta de políticas públicas efectivas. 

Así las respuestas se construyen desde los pies. El último informe muestra a vecinas y vecinos de distintos puntos del país movilizados frente a los femicidios que hubo en sus territorios. Explica el informe: “Hasta tanto el Estado anuncie las respuestas que necesitamos, la sociedad argentina debe exponerse, desafiar la cuarentena, el frío y la comodidad para gritar en las calles lo que se niegan a escuchar”. 

Escuchemos.

Justicia patriarcal

La máquina femicida tiene múltiples engranajes. Uno es el Poder Judicial. El acceso es restrictivo. Los procesos son lentos, revictimizantes e insuficientes. No hay que ir más lejos que el nombre del Observatorio para verlo: aun cuando el fallo de Lucía Pérez fue anulado, tres jueces -dos de los cuales siguen en funciones- condenaron la venta de drogas y no el femicidio y abuso de una joven de 16 años. 

Cristina Montserrat Hendrickse, abogada, militante transfeminista e integrante del Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez, analiza la situación judicial a partir de los datos que revela el padrón autogestivo: “Advertimos una reticencia en general a calificar los femicidios como tales. Hay una gran proporción de este tipo de actitudes de querer desplazar el hecho del concepto de femicidio en una calificación menor. Y esto es importante no solo desde lo cultural en cuanto a la visibilización, sino también en cuanto a la condena. La pena prevista para el homicidio simple es de 8 a 25 años y la de femicidio es perpetua. La creación de la figura del femicidio en el año 2012, además de aumentar la pena y tratar de aumentar la mayor prevención individual y general respecto del femicidio, cumple una función de visibilización, de evitar el negacionismo de esta pandemia – la de los femicidios – que sufre no sólo la Argentina, sino toda la humanidad”. 

¿Con qué perspectiva el poder judicial da tratamiento a la violencia machista?

Hay una clara deficiencia en cuanto al Poder Judicial en la medida que se resisten a encuadrar la violencia de género como tal cuando tenemos un varón agresor y una víctima mujer, ahí tenemos la desigualdad. Cuando tenemos los elementos que caracterizan a esta violencia y la califican de otra manera, por ejemplo como homicidio simple, averiguación de muerte o resistencia, en vez de calificarlo como femicidio. 

#AbortoLegalYA

En lo que va del año, al menos tres mujeres fallecieron por practicarse abortos clandestinos durante el aislamiento por la pandemia de Covid-19: dos en la Provincia de Buenos Aires y una en Formosa. También, en Santiago del Estero, a una niña de 12 años que había sufrido un abuso sexual no le garantizaron la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) cuando la solicitó.  El Observatorio informó que “durante la cuarentena los llamados a la Línea de Salud Sexual del Ministerio de Salud para acceder a abortos legales subieron más de 500 por ciento” y que según esta fuente oficial “pasaron de un promedio de 5 a 11 consultas diarias a 70 cada 24 horas. En el aislamiento social, preventivo y obligatorio la demanda telefónica para ser acompañada en el acceso a un aborto legal creció 536 por ciento”.

El registro de las muertes por abortos clandestinos es parte del padrón que el Observatorio lleva adelante día a día. 

Infancias huérfanas

Según el Observatorio Lucía Pérez, este año más de 200 niños, niñas y adolescentes perdieron a su madre por la violencia machista. Esta cifra podría ser mayor: no siempre se puede acceder a saber la cantidad de hijxs que tenían las víctimas. La decisión de incorporar en el padrón el registro de cuántos hijes tenía la victima de femicidio nació desde las familias. El acompañamiento que se hacen les permitió ver claramente cómo el Estado está ausente en el después. Son las propias familias quienes se hacen cargo de sostener y costear la vida de les niñes: desde el desayuno de cada día hasta la ropa o la escuela. 

A dos años de la sanción de la Ley Brisa, son muchas las dificultades de los familiares que tienen a su cargo lograr que las criaturas accedan al resarcimiento que el Estado debe entregar: atención integral de la salud y una reparación económica que equivale a una jubilación mínima (hoy 16.864 pesos) hasta los 21 años y sin límite de tiempo si hay alguna discapacidad. 

El Observatorio relevó en uno de sus informes las declaraciones periodísticas de Florencia Marinaro, subsecretaria de Mujeres, Género y Diversidad de Santa Fe, quien ante la consulta y demanda del acceso a la reparación admitió “la complejidad del trámite”, y detalló: “Para iniciar el trámite, que es un juicio en sí, se requiere no solo tener el cuidado de los niños, sino recursos para contratar un abogado o bien esperar para que el sobrecargado sistema judicial lo haga a través de abogados oficiales”. 

La implementación de la Ley Brisa depende del comité Permanente de Seguimiento (COPESE) que integran la Secretaría de Niñez, el ANSES y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación. Informa el ANSES a MU que “en julio el alcance del derecho totalizó en 642 personas”. Sin embargo, mirando la cifra de femicidios de los últimos años la pregunta es urgente: ¿cómo hará el Estado para rastrear y llegar a todxs?

El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad informó por su parte que “en conjunto con ANSES y SENNAF, se está analizando la normativa vigente con el fin de agilizar la accesibilidad a la reparación”. 

Ninguna de las dos carteras informó qué funcionarios están a cargo de gestionar la Reparación Económica para las Niñas, Niños y Adolescentes. 

Construir el límite

Frente a la falta de datos oficiales la respuesta es colectiva y por abajo. Las organizaciones sociales y feministas salen a denunciar los casos y las realidades que se viven en los territorios. De esa red se nutre este Observatorio, que viene a mostrar con sus informes las ausencias del Estado a lo largo y ancho del país respecto a la violencia patriarcal. La sociedad construye herramientas y contención donde el Estado hace agua. 

Así, con estos datos autogestionados a la vista, se piensa cómo actuar, qué presente tejemos para cambiar el futuro. “El Observatorio aporta una realidad en la cual vivimos, estos datos son las mujeres muertas con nombre y apellido, con su edad, quiénes eran y quién las mató. Es deplorable y tristísimo para las mujeres tener que salir a pedirle al Estado que se haga presente para que no nos maten. Lo vamos a seguir haciendo porque nada ha cambiado, vamos a salir a la calle, en nuestras casas no nos vamos a quedar”, asegura Marta Montero, la mamá de Lucía Pérez.  

El Observatorio marca ese faro:

“Sin datos, estamos a ciegas.
Sin políticas, estamos condenadas.
Construimos con este padrón una herramienta para desobedecer ese destino”.

Generación Ni Una Menos

El cuerpo de Ludmila Pretti -14 años- fue encontrado semidesnudo y dentro de una bolsa el domingo 6 de septiembre, en la casa de Cristian Jerez, un joven de 19 años, en la localidad de Francisco Álvarez, partido bonaerense de Moreno. Jerez está detenido: estuvo prófugo un día después de que se escapara de la comisaría, luego de haber hablado incluso con el papá de la joven, diciendo que iba a buscar su DNI y nunca regresó. La inoperancia desató la rabia frente a la unidad policial, principalmente de las amigas de Ludmila, jóvenes de 14 y 15 años, que terminó con represión. Esas mismas chicas encabezaron una movilización a la UFI N°4 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez para exigir justicia. Esas mismas chicas se pararon cara a cara con oficiales de la Bonaerense -dos días después de que esa fuerza se amotinara alrededor de la Quinta de Olivos- y les cantaron: “Yo sabía que a los femicidas los cuida la policía”. Candela, una joven de 20 años de Álvarez, lleva un cartel que dice: «La policía no nos cuida, nos cuidan nuestras amigas». La joven explica no sólo qué significa ese cartel, sino también la lectura de una nueva generación que pone el cuerpo y los pies en la calle para exigir, con rabia y dolor, justicia por sus amigas: “Todas salimos a luchar por lo mismo. El cartel significa que la policía nunca está presente. Siempre que nos pasa algo, nunca está. La culpa es de los asesinos y violadores que ellos dejan sueltos. Por eso nos cuidan nuestras amigas: nos preguntamos si llegamos, nos pedimos la ubicación. Nos tenemos entre nosotras”. La marcha también es una ceremonia: así una joven de 23 años pide el micrófono y cuenta -por primera vez- que hace 10 años una persona mató a hachazos a su mamá y a su hermana, de 3 años. Por eso, frente al cordón policial también está Bianca, 14 años, una de las mejores amigas de Ludmila, que sintetiza a la perfección el abrazo que recibe la joven: “Esto es rabia”.

#NiUnaMás

Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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Violencia e impunidad: el círculo que denuncian las familias víctimas de femicidios

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Familiares víctimas de femicidios, transfemicidios y desapariciones de todo el país realizaron colectivamente la declaración que compartimos de manera completa en esta nota. Lo que denuncian: «El círculo de la violencia no termina cuando ocurre el femicidio». La vulneración constante del derecho de acceso a la justicia, las situaciones que se repiten en todos los territorios y un llamado a todas las familias de víctimas y sobrevivientes a organizarse  para desarmar la impunidad que garantiza que la violencia siga existiendo. 

Noviembre 2022
Argentina

Declaración de la Asamblea nacional de familias víctimas de femicidios y desapariciones

¡¡No hay justicia porque no tenemos garantizado el derecho de acceso a la justicia!!

Los familiares víctimas de femicidios, transfemicidios, desapariciones hoy denunciamos de cara el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, la situación terrible que vivimos. El circulo de la violencia no termina cuando ocurre el femicidio. La misma Justicia, las fuerzas policiales y el Estado, que no toman denuncias, o que si lo hacen no garantizan el resguardo de quienes denuncian, continúan violentando a las familias que luchan por justicia. A lo largo y ancho del país los relatos se repiten una y otra vez. La enorme mayoría de los procesos judiciales se encuentran para las víctimas en su más completa impunidad. Los femicidas, abusadores y violentos de nuestras hijas, hermanas, sobrinas, madres siguen en libertad. Soportamos un gran dolor de tener que perder a nuestros seres queridos y tenemos que investigar nosotros, presentar pruebas, golpear puertas, exponernos ante violentos y mafiosos porque sea cual sea la fiscalía de turno, nada hacen. En desapariciones y asesinatos relacionados con las distintas mafias de los territorios, la impunidad es todavía peor. Sabemos perfectamente que son cómplices y beneficiarios de los negocios ilegales. Es repetitivo en cada una de estás causas la falta de acceso a la justicia, la impunidad y el accionar del poder judicial. No sólo no investigan, sino que además intentan ensuciar la memoria de nuestras hijas, responsabilizando a ellas y a sus familias de haberse buscado su destino. En varios momentos, tenemos que soportar que los propios jueces nos denuncien a nosotros de violentos por ir a exigir explicaciones y pedir justicia, y hasta nos han reprimido con la policía. En este tipo de causas las familias tenemos que sacar de nuestros bolsillos y movernos para conseguir por ejemplo peritos de parte, ya que los peritos del poder judicial fallan a favor de los femicidas y abusadores garantizando la impunidad. Los costos elevados de las tasas al llegar a instancia de Corte Suprema también nos imposibilita acceder a la justicia. Cómo siempre tenemos que hacerles recordar a través de escritos al poder judicial nuestra ley de víctimas, donde casi siempre es denegada y violentando nuevamente nuestros derechos, haciéndonos imposible hacer justicia por nuestras hijas. Somos familias trabajadoras, de barrios humildes, que tenemos salarios por debajo de la canasta familiar, por lo que dejamos de comer cuando tenemos que solventar todos estos costos ¿Sabe la población que para acceder a un juicio en la Corte Suprema hay que pagar $300.000?

Las leyes, como la Ley de Víctimas o la Ley Micaela, son solo cuadros de decoración en las oficinas de las instituciones gubernamentales. Incluso en los distintos ministerios y secretarías de mujeres, que no dan salida alguna a los reclamos que elevamos. Cada vez que trabajan en un expediente, no tienen en cuenta que allí no hay solo papeles, que hay una vida que arrebataron de la peor manera, violentamente, pasando por las peores vejaciones y que detrás estamos las familias que sólo quieren verdad y justicia.

Ponemos en alerta a todas las familias de este país porque la violencia contra mujeres y niñas no va a frenar mientras siga existiendo este régimen de impunidad. Si te matan o desapareces y no pasa nada, nadie va preso, a nadie investigan, nadie te busca. Y si se sale a reclamar, el poder judicial vuelve a violentarnos, una y otra vez, la violencia contra nuestras víctimas nunca frena.

Es por esto que llamamos a todas las familias de víctimas y sobrevivientes a organizarse. No existe ninguna otra forma de conseguir justicia por nuestras víctimas sino es luchando. La Justicia nos invisibiliza para que no se sepa la terrible situación que se está viviendo, por eso convocamos a una gran jornada de lucha para este 25 de noviembre. Necesitamos que todas las personas, personalidades y organizaciones nos ayuden a visibilizar lo que está pasando con las causas. En todo el país tenemos que levantarnos y realizar una acción común, organizando y visibilizando nuestra situación en todas las provincias, donde nuestros reclamos estén en las primeras líneas. Queremos tomar la palabra para contar lo que pasa porque tenemos una agenda urgente. No solo de instancias judiciales cercanas muy importantes, sino que hay compañeras desaparecidas en este mismo momento que tenemos que encontrar ya.

Saludamos al gran movimiento de mujeres que nos ha dado el único respaldo que hemos tenido. Las familias nos hemos puesto de pie y no vamos a aceptar más impunidad. Convocamos a que demos esta lucha en unidad, con toda la fuerza.

Asamblea nacional de familias víctimas de femicidios y desapariciones

Silvana Capello, mamá de Agustina Fernandez, asesinada el 2/7/2022 en Cipolletti, Rio Negro, en un supuesto robo. El único testigo, supuesto amigo, la dejó tirada, aún no hay nadie detenido. Ella viajó desde La Pampa a Cipolletti a estudiar medicina por un futuro y me la devolvieron en un cajón.

Jose, papá de Alejandra Nahir Álvarez, asesinada el 10/10/2020 en Jujuy. Tenía 17 años y un bebé de 6 meses.

Oscar, papá de Barbara Zabala, asesinada el 6/12/2019, el día que cumplía 20 años en Pehuajó, Buenos Aires. El femicida, Brian David Dirassar, fue condenado a prisión perpetua.

Matilde Peñalva, mamá de Camila Peñalva, asesinada el 5/3/2020 en Jujuy. Fue envenenada con plaguicida por su ex pareja. Está detenido y esperamos prisión perpetua. Hay fecha de juicio oral para febrero y marzo del 2023.

Victor Catan, hermano de Micaela Catan, asesinada quemada el 6/4/2020 por su concubino Patricio Orellana en Santiago del Estero. El transfemicida fue demorado por 20 minutos, cuando sucedió el hecho hizo abandono de persona, pido orden de detención para Orellana.

Susana Basaldua, mamá de Cecilia Gisela Basaldua, desaparecida el 5/4/2020. Su cuerpo fue encontrado el 25/4/2020, en Capilla del Monte, Córdoba. En el juicio se acusó a una persona sin pruebas, el jurado lo absolvió. La familia pide un nuevo juicio que investigue a los verdaderos responsables.

Analía, mamá de Camila Flores, asesinada el 11/12/2020. Su asesino sigue libre. Pedimos que la justicia de Santa Fe actúe y dejen de cubrir asesinos, y que el gobierno nos de apoyo porque estamos a 1000 kilómetros del lugar del femicidio y no contamos con los medios para tener un abogado que nos ayude y logre hacer justicia para nuestra hija. Que no quede en suicidio porque a Camila la mataron, ella no se mato, ella quería volver a su casa.

Marta, mamá de Lucía Pérez, asesinada el 8/10/2016 en Mar del Plata, Buenos Aires por Matías Farías y Juan Pablo Offidani. En el juicio fueron condenados por venta de droga y no por femicidio. Se logró la anulación de ese juicio y se impulsó un jury a los jueces que pretendieron consagrar la impunidad. El nuevo juicio comenzará el 7 de febrero de 2022.

Fabiana Morón, mamá de Julieta del Pino, asesinada por Cristian Romero el 25/7/2020 en Berabevú, Santa Fe. Fue golpeada, estrangulada hasta matarla, arrastrada y enterrada en un pozo en el patio de su casa con cal, tierra, losa de cemento y un tanque de agua arriba. Luego a la mañana se fue a trabajar con el hermano de Julieta como si nada, mientras toda mi familia la buscaba. El asesino fue condenado a prisión perpetua.

Noemi, mamá de Lia Vasquez, asesinada el 13/11/2020 en Puerto Madryn, Chubut. Tenía 14 años. Se espera la fecha de juicio para Gabriel Orellana, de 22 años.

Fany Roman, mamá de Valeria López, desaparecida desde el 26/1/2020 en Virreyes, Buenos Aires. En el momento de su desaparición tenía 40 años y dos hijos varones de 17 y 23 años. La causa se caratuló como “averiguación de paradero”, su familia exige que se cambie a“desaparición forzada”.

Marisa y Facundo, mamá y papá de Luna Ortiz, asesinada el 3/6/17 en Tigre, Buenos Aires. El único detenido fue liberado en mayo de 2022. Su familia aun sigue en busca de justicia por que se reconozca el femicidio.

Esperanza Valdivieso, madre de Yesica Valdivieso, asesinada el 5/1/2021 en Mayor Buratovich, Buenos Aires. El femicida Juan Torrejón Huallpa fue condenado a prisión perpetua.

Graciela Altamirano, tía de Viviana Altamirano, desaparecida desde el 28/4/2004 en Tigre, Buenos Aires. El sospechoso, 16 años después, en 2020, asesinó a su esposa y se suicidó.

Lisette Fernandez, hermana de Mica e hija de Nancy Fernandez, asesinadas en 2013 y 2014, en Tigre, Buenos Aires. El femicida está preso, pero solamente por narcotráfico.

Monica, mamá de Iara Rueda, desaparecida el 24/9/2020, luego de que un compañero del colegio la citara para entregarle unos materiales y la tarea. La familia salió a buscarla desde un primer momento mientras la policía ponía excusas y no la buscaba. Los rastrillajes llegaron recién después de una pueblada en Palpalá, Jujuy. Su cuerpo fue encontrado el 28/9/2020 en un lugar donde los vecinos habían rastrillado días antes, luego de un llamativo apagón en todo el pueblo. Por su femicidio se encuentran detenidos Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad, y hay involucrado un menor de 17 años. La familia realizó a su vez una denuncia a funcionarios por incumplimiento de deberes.

Roxana y Alfredo, mamá y papá de Carla Barrera Soggiu. Tenía 28 años, 2 hijos en ese momento de 2 y 4 años. Murió el 15/01/19, la encontraron en el Riachuelo, en CABA, cuatro días después. Sufrió violencia de género por parte de su marido Sergio Nicolas Fuentes, condenado a 6 años por golpearla, violarla, atarla y privarla de su libertad. Carla tenía hidrocefalia, tenía una válvula en su cabeza donde fue salvajemente golpeada. Por considerar la situación de alto riesgo le dieron un botón antipánico que activó en varias oportunidades y no la encontraron porque el GPS no funcionaba, no la localizaba. El Estado también es responsable.

Blanca Osan, mamá de Agustina Fredes, quien murió en Mar del Plata, Buenos Aires, el 23/4/2017, meses después de ser violada y torturada física y psicológicamente por su ex pareja. cuando tenía 18 años. Agustina estaba embarazada como consecuencia de estas violaciones. Le realizaron una cesárea donde le extrajeron el bebé, también el vaciamiento de su útero y ovarios. El 23/04/2017, su familia la llevó desvanecida al hospital Materno Infantil de Mar del Plata, pero luego fue trasladada al H.I.G.A. Allí, les informan que por la demora del traslado y la falta de oxígeno Agustina tenía muerte cerebral. El informe de las autoridades establece que Agustina falleció por embarazo ectópico. Cuando la familia pidió que se realizara una autopsia, les fue negada. El jefe policial que estaba encargado de la investigación de su muerte es familiar de Acevedo, su violador. Por las denuncias que Agustina había realizado, Matías José Acevedo fue llevado a juicio y condenado a 15 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal en un contexto de violencia de género. Su familia denuncia que fue femicidio.

Mariela Tacacho, mamá de Paola Tacacho, asesinada el 30/10/2020 por Mauricio Parada, en Tucumán, luego de haber hecho 15 denuncias en su contra entre 2015 y 2020. La última fue en mayo del mismo año que la asesinó.El femicida la apuñaló y se suicidó. Por su actuación en las denuncias que había hecho se destituyó al juez Juan Francisco Pisa considerando que incumplió con los deberes a su cargo.

Ana, tía de Priscila Martinez, desaparecida el 23/02/2020, había sido llevada de manera engañosa por su tío Ruben Oscar Navarro. Desde ese momento la policía no quiso actuar, no querían tomar la denuncia porque garantizaban que ella volvería. Ese mismo día Priscila estaba muerta, violada, golpeada. La familia y vecinos empezamos a hacer la búsqueda por nuestros propios medios. Fue encontrada debajo de la cama del asesino el 15/04/2020 en Santiago del Estero. Tenía 15 años. Ahora esperamos el juicio.

Leticia Escobar, mamá de Gisela Grispi, asesinada en 23/11/2020 en Colón, Entre Ríos. El femicida Heraldo Martiarena fue condenado a prisión perpetua.

Erica Rojas, mamá de Andrea Rojas, víctima de una violación en grupo de hijos del poder en Burruyacú, Tucumán. Los familiares de los acusados no dejan de hostigar y amenazar a la denunciante y su círculo íntimo.

Podés descargar el documento aquí.

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#NiUnaMás

Sin fronteras. Femicidios, crímenes sexuales y terrorismo

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La socióloga mexicana Julia Monárrez Fragoso mantuvo un encuentro con Familias Sobrevivientes de Femicidios. Monárrez, creadora del término “femicidio”, es de las más prestigiosas especialistas en violencia contra las mujeres. Compartimos acá sus principales aportes durante el histórico encuentro, de Ciudad Juárez a Buenos Aires. 

Familias Sobrevivientes de Femicidios en MU. Lo que surgió de un contacto histórico. Fotos: Lina Etchesuri
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