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Organizadas. Familias víctimas de femicidios

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A un año de la primera de varias cartas enviadas sin éxito al presidente Alberto Fernández, madres y padres de niñas y mujeres asesinadas reflexionan sobre la necesidad de estar juntos y tejer redes para pedirle al Estado que escuche. Y que reaccione. Cada experiencia refleja lo que significa la falta de políticas públicas efectivas: impunidad judicial, indiferencia, incomunicación. Lo que opinan las familias sobre la actual gestión. El encuentro por Zoom. La pelea cotidiana, sin recursos, para sostener la vida y el pedido de justicia. Y el Nunca Más como bandera. Por Anabella Arrascaeta.

Organizadas. Familias víctimas de femicidios

El 11 de diciembre de 2019 el presidente Alberto Fernández recibió en la mesa de entrada en Casa Rosada lo que probablemente fue el primer petitorio enviado a esta gestión. Estaba firmado por cinco familias que se unieron para tejer la voz colectiva del grupo Familias Sobrevivientes de Femicidios y contenía cinco puntos fundacionales del colectivo: 

Cumplimiento efectivo de la pena: ningún femicida puede quedar en libertad sin que el Estado garantice que la cárcel no haya sido una escuela de más violencia. 

Ayuda inmediata a los hijos de víctimas de femicidios: los abuelos se hacen cargo desde el yogur hasta la psicóloga. 

Acompañamiento integral a las familias desde el Estado que incluya los recursos necesarios para llevar adelante el pedido de justicia: las familias deben pagar desde el ataúd hasta el abogado. 

Capacitación sobre femicidios a los jueces, fiscales y defensores judiciales: debe ser dada por los familiares, que somos expertos en el maltrato, misoginia y crueldad judicial. 

Reconocimiento de las familias como víctimas por parte del Estado, y su consecuente tratamiento.

El petitorio fue firmado frente a la misma Casa Rosada, en Plaza de Mayo, y entregado colectivamente luego de una ronda de más de dos horas en la que esas familias compartieron sus historias y pensaron estrategias para la búsqueda de justicia. 

Habían llegado desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, con kilómetros y dolores a cuestas, uniendo sus voces para ser escuchadas por quienes deben encontrar soluciones adecuadas que permitan terminar con la violencia machista, esa violencia que destroza un cuerpo y, a la vez, la vida de las familias.

Estaban presentes Rosana y Alfredo, mamá y papá de Carla Soggiu; Rubén y Ana María, papá y mamá de Melina Romero; Marta y Guillermo, mamá y papá de Lucía Pérez; Mónica, mamá de Araceli Fulles; y Blanca, mamá de Agustina Fredes. 

Todas y todos llevaban en su pecho las fotos de sus hijas. Entre la ronda de Familias y la Casa Rosada había una bandera negra de letras blancas que decía: “Estado femicida nunca más”.

No están solas

«Desde la primera carta que dejamos en Casa Rosada nosotros hicimos de todo pero las respuestas fueron muy pobres, muy miserables y muy egoístas”, dice Marta, mamá de Lucía Pérez, asesinada a los 16 años en Mar del Plata. “Encontrarnos con otras familias sobrevivientes fue lo mejor que pasó este año. Saco de positivo el amor que pudimos ensamblar, el apoyo que encontramos entre nosotros, y el seguir con la puerta abierta de la lucha”, sostiene mientras en sus francos como enfermera limpia frutillas para hacer mermeladas que vende para costear viajes, fotocopias y trámites en la causa de su hija que aún espera justicia. 

Marta razona: “Estar juntos nos fortalece, a todos nos pasa lo mismo. Si no estuviéramos atrás de la causa, las cosas no funcionarían: es un desgaste físico, psicológico y económico. Si no estamos con la cabeza y cuerpo bien, y con plata para poder ir y venir, no pasa nada, el Estado no te da nada. Al estar las familias juntas decimos ‘si Alfredo lo puede hacer, yo también. Si Mónica puede, yo también’. Nos vamos retroalimentando entre nosotros mismos. Las cosas tan duras como las que pasa el otro son iguales a las que paso yo. Poder hablar nos ayuda, y lo podemos hacer porque somos todos iguales, pasamos por lo mismo. El entramado principal está en poder decir que no estamos solas, estamos juntos por un cambio de paradigma para todas, no para cada uno. Nuestro lema es: ‘no importa lo que tengamos que pasar para llegar a que nuestras hijas tengan justicia’, pero no debería ser tan difícil, debería ser de otra manera, pero la realidad es que somos nosotros llevando adelante la causa de nuestras hijas”. 

Madres descartables

La segunda ronda fue el 12 de febrero del 2020. Desde Mar del Plata llegaron a Plaza de Mayo cincuenta y cuatro personas acompañando a las familias que desde esa ciudad traían su voz. A quienes ya habían estado en el primer encuentro se sumaron Gustavo, papá de Natalia Melmann; Ana, mamá de Analía Aros; y Jesica, hermana de Nancy Segura. 

El círculo se fue haciendo cada vez más grande. 

“¿Qué venimos a hacer a esta plaza? Venimos a sembrar conciencia”, dijo ese mediodía Marta. Blanca, mamá de Agustina Fredes, asesinada también en la ciudad costera a los 19 años, agregó: “Nosotras pasamos a ser madres descartables. Nos matan a nuestras hijas y tenemos que venir de tan lejos a estar acá sentadas llamando la atención e informando de lo que pasa a la gente. Y no es fácil venir acá. Es muy triste”.

La ronda tuvo un punto culminante en  la lectura en voz alta de la segunda carta y petitorio que Mónica, mamá de Araceli Fulles, llevó hasta la mesa de entrada de Casa Rosada. Tres reclamos:  

Que se implemente un programa para contener a las familias víctimas de violencia machista, que incluya a todos los miembros afectados. Este programa debe proporcionar asistencia psicológica adecuada y, de ser necesario, recursos económicos hasta que ese núcleo familiar esté nuevamente en condiciones de insertarse en el mercado laboral. 

Que se implemente la asistencia jurídica gratuita y, en caso de ser necesario, se proporcionen los pasajes necesarios para seguir el trámite judicial, tal como se corresponde con el pleno ejercicio del acceso a la justicia. 

Que se implemente un protocolo de actuación territorial, especialmente en el ámbito de la educación, para aplicar inmediatamente en casos de poblaciones afectadas por femicidios.

Estado sordo

«Cuando empezamos a juntarnos no conocía a nadie pero sí había escuchado los casos”, dice Alfredo, papá de Carla Soggiu, asesinada a los 28 años. Alfredo y Rosana se hicieron cargo de sus nietos menores de edad sin recibir hasta hoy –a dos años del femicidio– la reparación económica establecida en la Ley Brisa. “Mis nietos no cobran nada. Y nadie nos informa nada porque la ANSES está cerrada. Mi señora intenta hacer trámites por teléfono y es imposible. Por la tele dicen que es un trámite sencillo pero no lo es. A nosotros en estos dos años no nos llamaron nunca”. 

Para Alfredo lo primero que debería hacer el Estado es muy simple: escuchar. “Tienen que empezar por el principio: escuchando, siempre eso es lo primero. Tenía esperanza de que el Ministerio de las Mujeres pudiera ser de ayuda sobre todo para quienes están vivas. Nosotros tenemos a nuestras hijas muertas, pero hay muchas chicas que están, que sobrevivieron. A mi criterio no hubo avances, fueron cositas muy chiquitas. Creí que iban a avanzar en tratar de prevenir para que bajen las tasas de femicidios, en algo más preventivo y no en darle unos pesos, que además son insuficientes, a alguien que hace la denuncia. Habría que atacar más en otro lado. También veo que generalizan en vez de interiorizarse: todos los casos son diferentes, entonces hay que poner gente que escuche a las personas. Una mujer que hizo la denuncia necesita que la estén cuidando de una manera más personalizada. Si solo se hacen cosas generales no van a servir porque nunca van a contener a todas las personas. Tal vez a algunas sí, pero no a todas. Por eso pienso que tienen que escuchar a los familiares, para escuchar y comprender que esto tiene un montón de aristas. La sábana es corta. Más que una sábana es un repasador, y quieren tapar todo con eso: es imposible”.  

Hagan algo 

La última ronda presencial en Plaza de Mayo, antes del inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio fue el 11 de marzo de 2020, bajo una tormenta implacable. 

Las familias enumeraron todo lo que tienen que hacer para obtener justicia: investigar, preguntar, buscar, acompañar, y un sinfín de tareas más que van desde pagar el ataúd de sus hijas hasta el yogur que todas las mañanas toman sus nietos y nietas, a quienes ahora cuidan. Bajo la lluvia, en la ronda, Rosana lo sintetizó de este modo: “La justicia no ve que los nenes comen y van a la escuela todos los días”. 

La carta del tercer encuentro entregada en la Casa Rosada y, dirigida también al Presidente fue concreta y dolorosa: “Nosotras, Familias Sobrevivientes de Femicidios reiteramos por tercera vez el pedido urgente de que el Estado que usted preside implemente las políticas públicas necesarias para contener, prevenir y erradicar las violencias que están destrozando las vidas de mujeres y travestis. En las dos anteriores cartas enumeramos una serie de medidas simples, concretas y necesarias. En esta oportunidad no queremos seguir sumando una lista de exigencias, sino sintetizar en una sola lo que se impone ante la grave situación reinante: hagan algo”. 

¿Quién siente?

«Es importante estar juntas porque estamos en el mismo dolor que es como decir que hablamos el mismo idioma”, dice Mónica. Su hija, Araceli Fulles, fue asesinada el 1º de abril de 2017, en San Martín, cuando tenía 22 años. “La encontré a los 27 días violada, quebrada. La habían puesto en un freezer. Estuvieron 27 días sin saber dónde meter el cuerpo, hasta que la enterraron en un pozo con cal. No se veía esa carita que ven acá en la foto. Fui a reconocer el cuerpo. Solo estaban los dientitos y los ojitos. Cuesta. Yo también, antes, estuve muchas veces afuera. No me paré a preguntar por qué estaba reunida la gente, a veces en la plaza o con carteles, porque yo era muy ignorante en ese momento. Ignoraba lo que estaba pasando. Hoy me tocó a mí”, dijo ante el micrófono en una reunión en Plaza de Mayo donde también contó que el más chico de sus dos hijos después del femicidio de su hermana intentó suicidarse dos veces. 

“Nos perjudicó la pandemia pero creo que todos tendríamos que acompañarnos, tomar conciencia de que tenemos que unirnos. Que se sigan sumando familias, es importante estar todas juntas”, reflexiona ahora, a un año del primer encuentro. “No siento que desde el Estado hayan hecho algo, y esto no se va a terminar. La cantidad de femicidios que hay es cada vez mayor, pero no hacen nada para pararlos. No sienten el dolor que sentimos nosotros”. 

Ministerio zoom

Una vez iniciada la cuarentena las cartas continuaron enviándose de manera online y el grupo siguió conectado con la frecuencia posible para cada familia: en algunos casos cargar crédito para tener whastapp no es una opción. 

“Hoy como todos meses nos dirigimos a usted señor presidente Alberto Fernández; necesitamos que nos escuche y nos reciba para plantear el problema que padecemos las familias que somos sobrevivientes de femicidio”, escribieron el 10 de abril del 2020. 

La respuesta tardó meses en llegar: el 29 de septiembre de 2020 las Familias recibieron una carta que decía: “Por medio de la presente se le informa que, por el momento, el Primer Magistrado no podrá recibirlos debido a la intensa actividad del gobierno que actualmente desarrolla”. Ese mismo día se conocieron tres femicidios. 

El pedido fue derivado al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Funcionarias de esa cartera se reunieron de manera virtual con Alfredo (papá de Soggiu) y Marta (mamá de Lucía). El resto de las familias no tenían computadora para conectarse, o teléfono que permitiese hacerlo, ni otros recursos. “Hablamos de una diferencia social importante. Me atendés virtualmente pero yo no puedo ni entrar porque no tengo crédito en el teléfono”, dijo ese día Marta.  

En un comunicado difundido por las Familias luego de la reunión explicaron: “Así escuchamos a varias funcionarias de segundo y tercer nivel ministerial, quienes nos detallaron los programas de ayuda asistencial que habían implementado, como por ejemplo la ayuda de 40 mil pesos que se puede pedir antes de los 60 días de sucedido el fallecimiento. Así agradecimos mucho el tiempo que nos dedicaban, les explicamos que los crímenes de nuestras hijas están impunes desde hace varios años y reiteramos nuestro interés: ser recibidas por el Presidente ya que consideramos que los femicidios deben ser prioridad en la agenda de gobierno”.

Luego de la reunión Alfredo describió  la situación con la siguiente imagen: “Pusieron un granito de arena. Es un inicio. Pero falta la playa entera”.  

Nunca más

«La lucha por nuestras hijas no termina, sigue. Somos la voz, el cuerpo, el pensamiento de nuestras hijas. Por eso toda la lucha que se haga con otras familias para mí es importante. Tenemos que estar golpeando puertas y abriendo cabezas”, dice Ana María, mamá de Melina Romero, a quien seguir conectada durante el aislamiento, desde su casa en San Martín, le resultó imposible. “Quedé aislada”, explica.

Por eso Ana María cree importante que pronto puedan retomar las reuniones en Plaza de Mayo: “Ojalá que nos abra las puertas el Presidente. Sería muy importante  porque dijimos ‘Estado ausente nunca más’, pero hay una ausencia tremenda por parte del Estado. Hubo muchas chicas muertas antes y después de Melina. ¿Y qué se está haciendo? ¿Qué hay? El Estado debería escuchar a las familias. Para que nos atiendan tiene que haber tiempo. La Casa de Gobierno es bastante grande para que nos pueda ceder un espacio y nos dé explicaciones a todas. Sería una forma de demostrar que está cumpliendo su función como Presidente, para que el Estado no esté ausente nunca más”. 

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Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

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La marcha en La Matanza, a dos semanas del triple narcofemicidio.

Por Lucas Pedulla

Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org

En silencio.

La marcha empieza 21:29, horario en el que las chicas se subieron, hace dos semanas, a la camioneta Chevrolet Tracker blanca. Para quienes no conocen este lugar –rotonda de La Tablada, cruce de Camino de Cintura y avenida Crovara, La Matanza–, el silencio que acompaña la movilización de las familias de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez no se termina de dimensionar.

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El perímetro está cortado desde muy temprano por la policía bonaerense y apenas algunas motos del barrio o ambulancias urgentes pasan por una intersección que, en un día común, es puro bocinazo, ruido y tránsito sin parar. 

Así, en silencio, esta marcha grita que hace dos semanas ya no hay ningún día común. 

“El barrio está de luto”, dice Brian, un joven muy dulce que acompaña a la familia de Morena. “Antes se escuchaba música, había fiesta, baile. Ahora, nada”.

Eric, de 28 años, al lado de la familia de Brenda: “El barrio está triste”. 

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Las chicas que acompañan a Estela, mamá de Lara Gutiérrez, mueven la cabeza de un lado a otro: “Queremos justicia”, dicen. No quieren decir más. ¿Hay algo más?

De a poco, desde los monoblocks que custodian esta rotonda bajo la mirada de murales del Papa Francisco y Diego Maradona, los vecinos fueron llegando. Algunos volvían de trabajar, otros se sumaban después de cenar. Hay jubiladas, adolescentes y muchos niños y niñas que sostienen velas en cuellos de botellas de plástico. Sabrina, la mamá de Morena, marcha mirando el frente. Paula, mamá de Brenda, lleva en brazos a su nieto de un año. Hay mucho dolor, y son los niños los que marcan con una mirada de fuego una fotografía fuera de lugar, una cámara que parece no respetar este duelo.

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En silencio, nadie habla. 

Solo los pasos en una ronda a la rotonda en sentido inverso a las agujas del reloj, como las Madres en Plaza de Mayo, o los jubilados en el Congreso.

Quizá de manera inconsciente, sin saberlo, en este gesto las familias respondan una pregunta innecesaria que circula en algunos colectivos que se desvían de recorrido por el corte: “¿Por qué marchan si hay detenidos?”. Precisamente, porque el nunca más se sostiene en movimiento, como una forma de gritarle a la agenda política y social que este horror no tiene justicia. 

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En silencio, la ronda termina. 

Las familias se reúnen y sacan bengalas y globos blancos que todo este barrio que marcha estuvo inflando durante la tarde. “Ahora”, ordena Sabrina, y los globos se sueltan.

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Las bengalas se encienden.

Las familias se abrazan, se descargan. 

Y un nene, que no llega a los diez años, dice lo único que hay que decir: “Justicia”. 

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

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La sociedad contra el narco: cómo se organizan los barrios

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Cómo enfrentan el avance narco dos centros barriales de la Villa 21/24 (CABA) y Puerta de Hierro (La Matanza) que reciben a jóvenes adictos. Lo que cuentan esos jóvenes: la realidad del barrio, los transas, los efectos de la crisis, las cosas que logran transformar vidas. Lo que se puede cambiar y lo que no en esta investigación que compartimos: La vida como viene, publicada en la revista MU.

Por Lucas Pedulla

Fotos: Juan Valeiro

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Femicidios territoriales: las tramas de la violencia

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Lo narco, la violencia, los femicidios. Un tema que acaba de provocar el horror a partir tres crímenes: Lara Gutiérrez, 15 años, Brenda del Castillo, 20 años y Morena Verdi, 20 años. El Observatorio Lucía Pérez y la Cooperativa lavaca vienen siguiendo e investigando desde hace años esta realidad. Ese trabajo se plasma en un libro que ya está en imprenta: Femicidios, narcotráfico y Estado, del cual adelantamos aquí el prólogo. El concepto femicidios territoriales abarca a aquellos que no se ajustan a los modelos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con participación de agentes estatales, tales como policías, agentes penitenciarios y fiscales. La definición de lo «narco», el sentido y el contenido del territorio y sus tramas de relaciones, el poder. Y los cuerpos que narran una historia personal y colectiva, que debemos comprender para trazar una radiografía de época.

por Claudia Acuña, Florencia Paz Landeira y Anabella Arrascaeta

Desde el Observatorio Lucía Pérez registramos e interrogamos todos los días las cifras de la violencia patriarcal. Desde ese ejercicio cotidiano sostenido durante ya doce años proponemos la categoría de “femicidios territoriales” para intentar comprender la singularidad de crímenes como los de Lucía Pérez, Melina Romero, Iara Rueda, Luna Ortiz o Araceli Fulles, por citar solo algunos casos paradigmáticos. Se trata de femicidios que no se ajustan a los modelos epistémicos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con participación de agentes estatales, tales como policías, agentes penitenciarios y fiscales. Participación activa, en tanto que genera condiciones de posibilidad para estas muertes en esos territorios; y también participación concreta, al garantizar y perpetuar la impunidad de esos femicidios, falseando pruebas y entorpeciendo procesos judiciales. Marta Montero, madre de Lucía Pérez, prefiere llamarlos “narcofemicidios”. Sumamos a este concepto la referencia al territorio porque quizá nos permita enfocar los factores que los producen: los narco-femicidios se originan en narco-territorios concretos en los cuales la actividad delictiva ya cuenta con impunidad estatal.

En primer lugar es necesario definir a qué denominamos “narco”:

  • Narco es un término que hace referencia a una actividad criminal que se lleva a cabo “con la participación ilícita de actores del Estado2. “
  • Lo narco opera a través de una necromáquina cuya tarea es acallar, atemorizar y doblegar resistencias hasta esclavizar las fuerzas de producción necesarias para extraer capital de todo lo vivo: cuerpos, territorios, medio ambiente, datos.3
  • Lo narco produce una forma característica de femicidio porque le otorga a ese crimen un significado político y cultural. En palabras de Reguillo, “mata dos veces: la del asesinato y la de tu muerte convertida en dato”. Tal como define la filósofa italiana Adriana Cavarero cuando traza una relación entre el genocidio del Holocausto y estos crímenes, en ambos casos se trata de “una violencia que no se contenta con matar porque sería demasiado poco: al destruir el cuerpo singular constituye el acto del fin no de la vida, sino de la condición humana”.

Lo narco gobierna territorios azotados por las políticas neoliberales que durante décadas destruyeron tanto puestos de trabajo como instituciones estatales que debían contener y reparar las consecuencias.

Estas características unen la postal de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, con la de Palpalá, en Jujuy, escenas del crimen de los femicidios de Araceli Fulles y Iara Rueda. Dominan también puertos como los de Mar del Plata y Rosario, ciudades hermanadas por los nombres de Lucía Pérez y cada una de las mujeres masacradas en balaceras. Pero son solo aquellos femicidios que con gran esfuerzo de sus familias y su comunidad han logrado trascender con nombre y rostro la opacidad que caracteriza toda narco- actividad – desde la venta de sustancias hasta sus crímenes y fundamentalmente, sus activos financieros y redes políticas- lo que nos ha obligado a fijar la mirada en esos territorios.

¿Qué vimos?

En San Martín vimos que Araceli Fulles, de 22 años, estuvo venticinco días desparecida sin que ninguno de los rastrillajes organizados por la policía la encontraran. Su cuerpo fue hallado finalmente por su hermano el 27 de abril de 2017, enterrado debajo de la cama del sospechoso, Darío Badaracco, quien justo en ese momento estaba declarando ante la fiscal, que lo dejó ir. El hombre fue detenido en otro barrio de la periferia dos días después y gracias a que una mujer paraguaya, embarazada y en ojotas, lo corrió y entregó a los gendarmes que militarizaban el barrio. Tiempo después ese único detenido fue asesinado: le hicieron tragar agua hirviendo en la prisión de Sierra Chica, en la que el Servicio Penitenciario tenía a cargo su custodia hasta el juicio. Finalmente, en un tribunal rodeado por miles de personas que clamaban “Justicia por Araceli”, los autores materiales del femicidio fueron condenados a prisión perpetua, pero en enero de 2024 la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires absolvió a Marcelo Ezequiel Escobedo, Hugo Martín Cabañas y Carlos Damián Cassalz, quienes habían sido condenados el 4 de noviembre de 2021 por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de San Martín. Los jueces Daniel Carral, Victor Violini y Ricardo Maidana ordenaron su inmediata liberación, cuestionando el accionar del perito Marcos Herrera, quien había ofrecido gratuitamente sus servicios a la familia de Araceli en aquellos desesperados días de búsqueda. Los magistrados en su fallo ordenaron que la Fiscalía General de San Martín investigue su actuación en esta causa, ante la posible comisión de un delito de acción pública, y solicitaron al presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y a la Procuración General que “se evalúe la posibilidad de establecer protocolos de actuación en materia de rastros odoríficos, así como en la acreditación de las certificaciones y habilitaciones”. La posible actuación dolosa de este perito dejaba, así, inválida la sentencia. La familia apeló el fallo y hasta hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación adeuda una respuesta. En tanto, los imputados están en libertad.

Por el crimen de Araceli no fueron sometidos a ningún proceso judicial ni el comisario ni los agentes que encubrieron a la banda de narcomenudeo que operaba en el barrio y mató a Araceli. Hubo, sí, varias condenas a autoridades policiales en otros procesos judiciales contemporáneos al que investigó el femicidio de Araceli y que probaron las vinculaciones en ese territorio entre bandas narcos y fuerzas de seguridad. Una de ellas fue en septiembre de 2023, cuando la jueza federal Alicia Vence procesó con prisión preventiva al comisario Osvaldo Javier Calderón y dos oficiales de la Comisaría Primera de San Martín que fueron filmados mientras recibían coimas para liberar a dos integrantes de una banda narco.

Territorios, cuerpos y violencias

Al hablar de territorio nos referimos no solo a la base material y orgánica de los ecosistemas, sino también a la historia y las relaciones que se han entretejido de modo constitutivo. El territorio aparece entonces como una trama de redes de relaciones que, en su dimensión conflictiva y contradictoria, configura experiencias y sujetos singulares marcados por variables procesos de jerarquización y de desigualdad.

Hay en la palabra “territorio” una serie de sentidos contradictorios anudados. Por un lado, en su propio origen etimológico aparece asociada a una voluntad de control y de dominio, en un lenguaje bélico y de conquista. Pero el territorio, en sus usos sociales y locales, también alude al saber de la experiencia, a una relación de alteridad respecto de espacios institucionales y burocratizados. El territorio, en este sentido, puede ser una analogía de la calle o, para decirlo en términos más amplios, del espacio de la vida cotidiana. El territorio también es, en un sentido más literal, la tierra. El cuerpo –nuestro cuerpo– puede ser también vivido e interpelado como territorio, pero no todos los cuerpos se constituyen en territorios en disputa, sino especialmente aquellos cuerpos feminizados, racializados, empobrecidos y marginados. Se va armando así un mapa imaginario de cuerpos y territorios simultánea e inextricablemente sometidos a procesos de desvalorización, violencia y explotación; de despojos múltiples de la vida en todas sus formas.

Pensados los territorios como configurados por relaciones de poder, las desigualdades de género se despliegan y concretan en ellos de un modo fundamental. Desde esta perspectiva, entonces, el territorio aparece como espacio tallado en donde se producen y reproducen desigualdades étnico-raciales, de género, de clase, de edad y deviene, así, un espacio de disputa. Los territorios son campos de fuerza, producto y objeto de disputas, resistencias y dominios. Por lo tanto, están siempre en devenir, nunca acabados, nunca cerrados; contingentes.

¿Es posible trazar una frontera clara y objetiva entre el cuerpo y el territorio? ¿Qué paisaje habita nuestros cuerpos? Al respecto, la filósofa feminista Donna Haraway pregunta provocadoramente por qué nuestros cuerpos deberían terminar en la piel. Los cuerpos están situados e interconectados de forma profunda con la trama de la vida. Pensar en lo viviente desde la interconexión, la interdependencia y la existencia de flujos continuos nos abre la mirada a reconocer patrones comunes que, en nuestro espacio y tiempo, hablan de formas sistemáticas de extracción de valor, despojo y violencia extractivista. Se trata de advertir la concurrencia entre procesos de pobreza y desigualdad, de violencias de género y ambientales, que expresan una lógica depredadora común que exponen cotidiana y persistentemente a las personas, a los territorios y, en última instancia, a la vida.

Hace ya décadas que, desde los feminismos, se han señalado analogías entre la explotación de los territorios desde la lógica de la ganancia capitalista y la explotación de los cuerpos feminizados desde la lógica patriarcal. En este sentido, Vandana Shiva afirma que la apropiación de recursos crea una cultura de la violación: violación de la Tierra, de las economías locales y también de las mujeres. El modelo extractivista concibe a los territorios y los cuerpos feminizados como recursos a explotar y como zonas a sacrificar en función de consolidar una forma de dominación. De hecho, en la base del ordenamiento moderno-colonial, no solo se saquearon territorios, sino también cuerpos racializados y esclavizados. En la actualidad, esta cualidad extractiva, apropiadora y cosificadora de los cuerpos aparece como nodal a la violencia femicida.

Desde esta lente, el extractivismo no es solo un modo de saqueo y explotación de la naturaleza, sino que también implica una racionalidad y una relacionalidad particulares. Es un modo de concebir las relaciones con otros humanos y no humanos y el espacio que co-habitamos. Las prácticas extractivistas se asientan en jerarquías raciales, de género y clase, multiplican las formas de violencia y exacerban las injusticias.

El extractivismo configura no solo territorios sino también relaciones sociales y las subjetividades de quienes los habitan. Se trata de prácticas sistemáticas de extracción de la vida en todas sus formas y dimensiones. Las violencias de todo tipo son consustanciales al extractivismo y se refuerzan como forma de producción de lo social.

Esta relación inherente entre extractivismo y violencia se expresa en la desestructuración de las tramas sociales y comunitarias, en el despojo de los medios de subsistencia y de sostenimiento de la vida, en la polarización y estratificación social, en el agravamiento de la criminalización y la represión estatal y, también, en la violencia contra las mujeres y el recrudecimiento de formas patriarcales de dominación y opresión. Para nombrar este entrelazamiento entre las formas neocoloniales del despojo de los espacios de vida y la profundización de las jerarquías de género, se ha propuesto el concepto de “repatriarcalización de los territorios”. Sobre todo, han sido los estudios sobre proyectos extractivistas vinculados a la minería y los combustibles fósiles los que alertaron cómo estos conducen a la masculinización de los territorios, con un aumento significativo de la violencia de género y la explotación sexual.

En el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries de 2023, en un taller sobre Pueblos fumigados, una mujer decía que nuestros territorios nos exponen y nos entrampan entre el femicidio y el cáncer. En este y otros espacios de activismo, queda claro que las mujeres no son las únicas afectadas por este entrecruzamiento de violencia ambiental y de género, sino que también son las primeras en advertir las consecuencias del modelo extractivista en sus cuerpos, los de sus hijos y los de sus comunidades. Se constituyen, así, en la primera línea de la defensa de los territorios y rápidamente se vuelven blanco de persecución y amenazas cuya expresión más extrema son los femicidios extractivistas.

En este contexto, lo narco resulta un eslabón clave de la cadena de extracción de ganancias en cuerpos y territorios que han sido oscurecidos por la desigualdad social producida por las políticas económicas neoliberales. Lo narco convierte en consumidores y productores a aquellas poblaciones que el sistema formal descarta. La antropóloga Rita Segato lo describe como un segundo Estado. Sin embargo, consideramos que en países no europeos esa dualidad es, en realidad, una unidad y que ese desdoblamiento es la clave constitutiva en la que se establecieron los Estados coloniales para garantizar la gobernabilidad. Recordamos también que en Argentina se utiliza el término “en blanco” y “en negro” para distinguir la economía “formal” de la “informal”, entendiendo por “formal” la del mercado y por “informal” la ancestral. Aquello, entonces, que habita el “Estado en Negro” es la resistencia y lo narco es la respuesta para neutralizarla, ante la impotencia del “Estado en Blanco”.

Desde la perspectiva que venimos sosteniendo, todavía parece necesario remarcar el carácter sistémico y civilizatorio de esta crisis y continuar desanudando las lógicas androcéntricas y patriarcales de las formas de producción basadas en el despojo, la extracción y el aniquilamiento de cuerpos y territorios.

Las víctimas de femicidio y sus familias organizadas en busca de justicia nos enseñaron que para deconstruir las violencias que culminaron en estas muertes no basta con problematizar el amor romántico y los ideales de pareja. Ni tampoco alcanza con desafiar las fronteras de lo doméstico, ni las estrategias de empoderamiento. Se volvió necesario indagar en las fuerzas estructurales y cotidianas que están minando las tramas comunitarias de sostenimiento y reproducción de la vida. Y situar a los femicidios en un aumento generalizado de la violencia, la narcocriminalidad con alto involucramiento policial y penitenciario y de la crueldad y, en términos más amplios, en procesos extractivos y de despojo y precarización de las condiciones de existencia donde todos los bienes aumentan su valor a ritmo constante hasta volverse inaccesibles, excepto la vida, que cada vez vale menos. Mejor dicho, algunas vidas: el componente de clase y raza marca a fuego la categoría de femicidios territoriales.

Desde esta óptica pusimos la lupa en Rosario, ciudad que nos señala cómo el cuerpo de las mujeres emerge como un renovado territorio de disputa en el contexto del entramado narco-policial-penitenciario de la ciudad. Coincidimos con Rossana Reguillo cuando caracteriza a estas violencias como “pasillos”: “vestíbulos entre un orden colapsado y otro que todavía no es, pero está siendo. De ahí su enorme poder fundante y su simultánea ligereza”. La tensión actual es producto de la crisis del Estado en Blanco que deja expuesto al Estado en Negro y provoca la disputa por el control de todo el aparato.

Lo que la violencia hace emerger sin pudor es a aquellos territorios en disputa, sí, todavía. Pero una disputa desigual, invisibilizada por los supuestos creadores de sentido social: medios y academia.

La sociedad mexicana y en especial las mujeres de Ciudad Juárez, batallan desde hace décadas contra la máquina femicida ante el monumental silencio académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la mayor unidad de producción de teoría social iberoamericana. Silencio que funciona como un enorme operativo de lavado epistémico de lo narco.

Los territorios argentinos que luchan hoy para que el narco-fascismo no termine de capturar el aparato del Estado y con él, la democracia, requieren toda la luz y compañía que muchos sectores políticos, culturales y sociales les siguen negando.

Los femicidios territoriales abren surcos y dejan al descubierto hilos de injusticias e impunidad que, como fibra poderosa sedimentada en el tiempo, amenazan a la vida en su totalidad y refuerzan modos estructuralmente desiguales de ser y estar en el mundo.

Acá estamos, entre ruinas, caminando con la tierra resquebrajada de muerte a nuestros pies.

Las mujeres, travestis y trans nos vemos empujadas a pensar desde el dolor para intentar regar nuestros territorios arrasados y dotarlos de horizontes de verdad y de justicia.

Nuestras muertas nos duelen, pero también nos hablan.

Sus cuerpos narran una historia personal y colectiva.

En tiempos de análisis políticos y especulaciones electorales, ¿no son las historias de estos femicidios y transfemicidios las que debemos comprender para trazar una radiografía de época?

Es urgente: enfrente está la muerte.

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