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Una película de terror: Sayak Valencia, teórica feminista

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La autora de Capitalismo Gore repasa en esta entrevista la actualización del impacto de la necropolítica a diez años de aquel libro, pandemia mediante y comparando a México con los territorios latinoamericanos. La complicidad estatal, la geopolítica mundial y las series de Netflix como una forma de moldear subjetividades. El trabajo de las víctimas y el transfeminismo para proponer proyectos de vida en medio de un modelo de muerte. Por Inés Hayes y Melissa Zenobi.

Foto: Liliana Falcón

Capitalismo Gore cumple diez años: después de una década y pandemia mundial mediante, ¿cómo se actualiza el impacto del necrocapitalismo en la vida de los pueblos?

Capitalismo Gore se publicó hace diez años, pero lo escribí entre 2006 y 2009, entonces ya tiene prácticamente 15 años. “Capitalismo Gore” era una definición que yo hacía sobre un problema muy específico como era el narcotráfico en México, como un problema de género vinculado con la colonialidad y con la espectacularización de la violencia y una serie de cuestiones más amplias. Pero diez años después, el necrocapitalismo -el capitalismo que se alimenta de las industrias de la muerte- se actualiza constantemente, y el impacto en la vida de los pueblos se va acrecentando de una manera muy tangible a partir de las crisis económicas, como la de 2008. 

De alguna manera el capitalismo gore se sigue alimentando de sangre pero ha ampliado, o más bien, ha vuelto a la explotación de material de los bienes comunes; en términos de Silvia Federici, tierra, agua, recursos naturales. Y ya no es una cosa que únicamente tiene que ver con criminalidad armada o el narcotráfico, sino también con una explotación neocolonial de los territorios, de las personas y de las potencias incluso afectivas de las personas. Entonces las economías de la muerte, como podríamos traducir el capitalismo gore en nuestros días, se han ensanchado y con la pandemia ha sido más evidente porque se ha dejado muy claro quiénes merecen vivir y quiénes se dejan de lado. Quiénes son trabajadores esenciales, qué significa ser trabajadores sacrificables que van a poner el cuerpo, que van a poner la vida para salvar a otros, en una pandemia que tiene un tinte geopolítico higienista, pero que en el fondo sustenta un modo de producción que se alimenta de sangre y de la destrucción del cuerpo de otras personas que le dan sentido y plusvalía a ese capitalismo sangriento. Yo creo que la pandemia nos actualiza las lógicas del capitalismo gore porque las amplía, amplía esta vulnerabilidad a los sectores, clases y a toda la geopolítica mundial, y no queda únicamente en los sectores marginalizados económicamente, por raza y por género. 

Aquí, con la pandemia, nos damos cuenta de quién sostiene el mundo y cómo se sostiene: desde el cuidado y no desde la economía formal, sino desde una economía de los afectos, de las solidaridades que están en contraofensiva ante este capitalismo de muerte.

¿Cómo se relaciona la necropolítica con los femicidios?

El capitalismo sangriento y espectacular que yo estudio está muy vinculado con el femicidio y con la máquina feminicida porque de alguna manera la masculinidad de la necropolítica es aquella masculinidad que ejerce violencia de baja y alta intensidad. Pero que también ejerce violencia como un modo de restitución simbólica del orden masculino: utiliza el cuerpo de las mujeres para explotarlo a través de la reproducción del trabajo no pago -que la pandemia dejó exponencialmente visible, porque incluso hablamos de triple jornada- para muchas mujeres y poblaciones femeninas que son las que se hacen cargo del cuidado de los y las niñas, las personas mayores, las casas y todo lo que ya sabemos. 

Lo vinculo con este orden de masculinidad necropolítica o violenta que puede y tiene el poder de matar a otros, y en este caso a mujeres, para poder alimentarse del control sobre estos cuerpos y para dar una lección y una pedagogía a otros cuerpos femeninos que buscan también autonomía, libertad, derechos. El capitalismo gore utiliza la máquina feminicida para agenciarse derechos sobre el cuerpo de las mujeres, y el feminicidio tiene todas las variables para pensar que es un crimen de género, por el hecho de ser mujeres, pero también es un crimen que trabaja a nivel simbólico restituyendo las potencialidades y las potencias que tiene el género masculino de vida y muerte sobre las mujeres. De alguna manera el capitalismo gore y la máquina feminicida hacen que el pacto patriarcal siga siendo posible a través de un aleccionamiento atroz, con una pedagogía de la crueldad -en términos de Rita Segato-, para conseguir que las cosas se queden donde están, porque no se está buscando la justicia social. Y esto está muy alimentado también por el Estado y su incapacidad de garantizar derechos a las mujeres de vivir una vida libre de violencia. 

¿Qué rol cumple el Estado, pensando fundamentalmente en la policía y el Poder Judicial, en la trama que define a la necrocapolítica?

En el Estado Mexicano tenemos un problema de feminicidios desde hace varias décadas, al menos tres, y sabemos que fue en Ciudad Juárez donde empezó a denunciarse, pero la impunidad estatal y el machismo institucionalizado ha hecho que las cifras de feminicidio en pandemia se hayan acrecentado más de lo que estaban antes de la pandemia. Estamos hablando de 12 feminicidios al día, cuando el año pasado eran entre 9 y 10. De alguna forma el capitalismo gore se alimenta de sangre, pero también de dividendos de género, de raza y de geopolítica para poder seguir manteniendo en el poder este tipo de distopía de género y en contra de las mujeres y las personas vulnerables. El feminicidio sería la parte más visible de este entrecruce entre colonialismo, machismo, Estado impune o corrupto y economías de la muerte. 

¿Las mujeres en México pueden denunciar la violencia ante los poderes del Estado? Porque en Argentina muchas veces no toman las denuncias, las desestiman y cuando las toman las medidas de protección no se cumplen o no son suficientes. 

 En México también es así, y hay muchas que ni siquiera denuncian porque el caos que hay en los ministerios públicos para denunciar, incluso el robo de un celular, es kafkiano. A las víctimas o a las sobrevivientes de intentos de feminicidios, o a los familiares que van a denunciar, con pruebas incluso, se las revictimiza, se cuestiona a las víctima, de hecho las autoridades del Estado en México han tenido una actitud muy torpe de desoír las recomendaciones de las abogadas feministas y grupos de Derechos Humanos y de negar la importancia de procuración de derechos a las mujeres. La verdad es que vivimos en un Estado machista, y sus bases están en una cultura machista que hace que la noción de Estado y la idea de nación en México estén basadas en fundamentos culturales sobre la superioridad masculina y guerrera, y en detrimento de las mujeres: las personas racializadas, los gays, y todas las personas que no detentan el pacto patriarcal y masculino, son consideradas menos valiosas. 

Ahora estás estudiando puntualmente el efecto de la espectacularización de la violencia en las series de moda, así como en Capitalismo Gore ya hablabas de Los Soprano, ¿cómo ves que se actualiza la idea de la necropolítica respecto a la industria cultural de moda, de Netflix a Hollywood, pasando por las variantes locales?

Esto es bien importante. El análisis de series y películas que yo hacía de los primeros 2000 (2006, 2007, 2008) indicaban que había una influencia que de alguna forma se podía contrarrestar porque había muchos insumos culturales que no pertenecían a la inmediación de la serie, pero ahora, en la última década, las series y las plataformas de distribución de contenido y de entretenimiento como Netflix y otras, se han vuelto el único espacio de ocio y además, acelerado por la pandemia, la gente consume muchísimas series. No digo que ver una serie te va a transformar en alguien específicamente, sino que lo que se está haciendo con trabajo de producción de subjetividad y sensibilidad es normalizar desde hace muchísimo tiempo la violencia, y sobre todo normalizar la violencia contra ciertas poblaciones. Esto hace que el shock que debería ocasionar que una persona sea asesinada por su condición de género, o de clase, o de raza, ya no cause ningún tipo de shock, porque hay un anestesiamiento social donde ver a mujeres destrozadas en las películas o en los programas forenses -que han tenido mucho auge desde principio de los 2000- ya sea normal. Cada caso policíaco es una mujer asesinada, y a veces el caso se resuelve y a veces no, pero la cuestión es anecdótica, porque el femicidio está construyendo una mirada patriarcal necropolítica normalizada. 

Películas como Match Point, que es una película de Woody Allen de 2005, no se trata de feminicidio y sin embargo es una película de feminicidio porque matan a una mujer y no pasa nada, porque eso ocurre en una situación normal, y se considera una obra de arte, y nadie da cuenta de que hay un feminicidio. El Guasón, que salió el año pasado, es una película que muestra la historia de un hombre con problemas de salud mental. Si bien es muy buena y podemos decir muchas cosas de ella, a mí me llamó la atención la violencia contra las mujeres que se ve allí: el asesinato de la madre por parte de este hombre, sin ningún juicio moral; hay una mujer asesinada, violentada sexualmente que luego ya no aparece. Hay una ruptura de todos los logros que se han hecho por parte de las gramáticas feministas donde se toman como importante el dolor de la masculinidad fragilizada y precarizada, pero las mujeres seguimos siendo un botín de guerra que puede aparecer de manera anecdótica en cualquier tipo de narrativa, y donde si hay un asesinato de mujeres o de personas afro, no sucede absolutamente nada. Esto es lo que yo denomino necroscopía, que es la normalización y glamourización de la muerte de ciertas poblaciones o del placer que se encuentra en el consumo de estas imágenes, pero se borran las responsabilidades de quienes cometen los asesinatos y sobre todo se espectraliza a las víctimas y se las revictimiza. Creo que en la cultura contemporánea de las series y otros productos culturales hay una especie de necropop o de normalización de la muerte de ciertas poblaciones que constituyen una atmósfera visual que neutraliza cualquier consecuencia y normaliza la violencia contra las mujeres y diferentes poblaciones fragilizadas. En ese sentido, la necroscopía causa un anestesiamiento social que impide las alianzas para la búsqueda de justicia social para las mujeres y de los derechos humanos para la población en general. No digo que sea lineal, pero sí digo que los insumos y productos culturales constituyen y apoyan a una subjetividad capitalista basada en la normalización de la violencia, en la espectacularización de las muertes y en la desresponsabilización de los agresores. 

¿Cómo trabajan ustedes, o cómo has visto que trabajan las víctimas, para romper con esta política de la muerte y plantear proyectos de vida? ¿Cuánto tienen para aportar los movimientos feministas en este sentido?

El movimiento feminista es un movimiento social de larga data pero también es un movimiento epistemológico, es decir, que construye una forma de conocimiento, una teoría y una forma de práctica política y social desde hace muchísimo tiempo, pero de manera muy intensiva en América Latina el último siglo, nos ha dado gramáticas por la justicia social donde se hable de la consecución de derechos a través de una conceptualización muy específica de ponerles nombre a las violencias, de ponerles datos a estas vulneraciones y modos de entender el mundo y que además sirven no solamente para las personas que se identifican con el feminismo, sino para la gente en general. Es decir, el feminismo y los feminismos han armado una gramática de resistencia junto con otros movimientos antirracistas, antifascistas, movimientos por la tierra, movimientos politizados por la justicia social, para hablar de la posibilidad de una igualdad de derechos para la mayor parte de las poblaciones y también de una autonomía del cuerpo. Lo que han hecho los distintos feminismos es una contraofensiva discursiva y social que ha tenido frutos, por ejemplo en Argentina con la legalización del aborto, que ha sido una victoria y una inspiración para toda Latinoamérica. Pero también ha logrado crear una sensibilidad feminista, y en las gramáticas por los derechos sociales es imposible no pensar ya en las demandas de los feminismos para las mujeres y personas feminizadas en una agenda que presume la búsqueda de derechos humanos. Ese tipo de calado ha tenido la gramática feminista y la práctica feminista. Y también nos han enseñado que se puede luchar sin armas, que las armas conceptuales, las redes de afectos y las solidaridades y todo aquello que mantiene al mundo funcionando, son las redes afectivas, las redes de comunidad, y eso el feminismo lo ha estado poniendo sobre la mesa una y otra vez, incluso el feminismo marxista de los ‘70, cuando Federici habla del trabajo doméstico y de cuidados no pagado, y que ahora se ha visto que es lo que sostuvo al mundo durante la pandemia, con una crisis de salud y económica muy importante y una crisis psicológica que va a venir muy pronto. 

El feminismo ha dado esa red de afecto, pero también de comunicación de una idea de igualdad sustantiva para las mayorías de las poblaciones de Latinoamérica, con unos tintes muy específicos que no son aplicables en todos los contextos, pero hay una sensibilidad feminista que compartimos en la mayor parte del mundo desde diferentes lugares. Por otro lado, también hay una contraofensiva que yo denomino una sensibilidad regresiva que tiene que ver con el conservadurismo, pero también con ciertas ramas de las izquierdas, de los movimientos antirracistas que se niegan a soltar los privilegios que se tienen sobre las mujeres. Los feminismos son el sujeto político del momento contemporáneo, por eso en la agenda conservadora se ha comprendido como el enemigo público número uno. Pero hemos logrado modificar un montón de cosas, y también están inspirando a las poblaciones más jóvenes a través de la memoria histórica para decir que las cosas para que puedan existir más allá de su materialidad, hay que saber nombrarlas de manera específica para que tengamos una forma de comunicación específica y que podamos crear una especie de nueva forma de vida, que sea con justicia por las mayorías y que esté atravesada por las gramáticas feministas. Lo que ahora mismo el feminismo con sus alianzas transfeministas está haciendo es demostrar que podemos romper muchas de las alianzas que habíamos suscrito sin haber sido consultadas. Los feminismos son parte del movimiento de resistencia pacífica organizada.

La pandemia nos está llevando a ver que los feminismos son fundamentales si queremos que el mundo futuro sea posible para las mayorías, sin discriminación y sin violencia para las poblaciones.

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Funcionarios denunciados: entre la violencia de género y la violencia institucional

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Presentamos el informe de agosto 2022 del Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez. Este mes el foco está puesto en el padrón de funcionarios denunciados por violencia de género que el Observatorio lleva adelante. Lo que se ve: un sistema que expresa la mutua imbricación entre la violencia patriarcal y la violencia institucional, con la impunidad como puente. El Observatorio Lucía Pérez lleva registrados 345 los funcionarios denunciados, “ya no hablamos solo de un Estado ausente o ineficaz, sino de un Estado violento”, expresa en el informe la antropóloga Florencia Paz Landeira.

A mediados de agosto, Marcelo Guzmán, funcionario judicial de Tierra del Fuego, fue separado de su cargo luego de la denuncia pública y judicial por violencia de género realizada por su esposa, Carla Kirstein. El juez Javier De Gamas Soler dictó el procesamiento de Guzmán por los delitos de “lesiones graves agravadas por haber sido cometidas contra su pareja en el marco de una situación de violencia de género” (en un hecho) y “lesiones leves” (en otros dos) y ordenó una prohibición de acercamiento. Carla decidió hacer la denuncia por redes sociales, movida por el miedo y la impotencia no solo por la recurrencia de la violencia y la situación de dependencia en que se encontraba, sino también por las barreras en el acceso a la justicia: “Fui a ver a varios abogados para que me representaran y cuando se enteraban quién era mi marido y para quién trabajaba, ponían cualquier excusa para no tomar el caso”. Su historia habla de entramados de poder institucionales que silencian, encubren, obstruyen y que, en definitiva, avalan y perpetúan la violencia.  

Es la historia de Carla, pero no es un “caso”, es un sistema que expresa la mutua imbricación entre la violencia patriarcal y la violencia institucional, con la impunidad como puente. El Observatorio Lucía Pérez registra en su padrón 345 denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas. El registro -que formalmente le corresponde al Estado argentino, en función de los compromisos asumidos ante la CIDH y que hasta hoy incumple- se basa, a su vez, en la hipótesis de que estas denuncias encarnan la persistencia de sentidos y prácticas machistas y misóginas en las burocracias estatales y la resistencia a la transversalización de la perspectiva de género que, en concreto, resultan en la ausencia o debilidad de las políticas públicas para prevenir y contener la violencia contra mujeres y trans.

Cuando reiteramos la consigna “El Estado es responsable”, solemos referirnos a formas sistemáticas de complicidad, omisión y/o insuficiencia en las políticas para erradicar la violencia de género. La responsabilidad estatal encuentra en este registro de funcionarios denunciados su rostro más grotesco y encarnado. El poder político que el puesto les confiere aparece reforzando e incrementando posiciones de privilegio y dominio fundadas en estructuras de género desiguales. Ya no hablamos solo de un Estado ausente o ineficaz, sino de un Estado violento. Las denuncias alcanzan a jueces civiles y de familia, fiscales, comisarios, jefes de policía, es decir, agentes estatales que deberían estar implicados en prevenir las violencias, sancionar a quienes las ejercen y proteger a las víctimas.

Observatorio Lucía Pérez

El Estado ¿por fuera de la ley?

Es sabido que el Estado no es un bloque homogéneo y coherente, sino que está habitado y atravesado por tensiones, contradicciones y balances de poder. Este mismo Estado que denunciamos como responsable de la violencia patriarcal, ha instrumentado leyes y políticas tendientes a reconocer y combatir las desigualdades de género, movido por las luchas y demandas de los movimientos feministas.

La ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sancionada en 2009, incluye en su definición y caracterización de la violencia a la violencia institucional, definida como: “aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil” (Artículo 6, b). Ya en 1996, el Estado argentino ratificó la Convención de Belém do Pará, en la que los estados acordaron “abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación” (Artículo 7, a).

En esta misma línea, en 2010, el Comité de la CEDAW instó a velar por que jueces, abogados, fiscales y defensores públicos conocieran los derechos de las mujeres y las obligaciones del Estado para garantizarlos y alentó a que se impartan capacitaciones sobre género a quienes integran el sistema de justicia. Recién ocho años después, en el país se sancionó la ley 27.499, que establece la capacitación obligatoria en temáticas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública. Esta ley es conocida como Ley Micaela, en homenaje a Micaela García, militante feminista y víctima de femicidio en abril de 2017.

En este contexto de avances en términos legislativos y en la asunción de compromisos por parte del Estado, ¿qué implica pensar a la violencia de género ejercida por funcionarios públicos como violenta institucional? La investigadora María Pita[i] propone pensar a la violencia institucional como categoría política local, construida progresivamente como resultado de la articulación entre la reflexión y la acción de la militancia del campo de los derechos humanos. Aunque su sentido más restringido remite a la violencia policial y penitenciaria, se ha convertido en una herramienta para la lucha política de uso cada vez más amplio y extendido por diversos colectivos de víctimas y de demanda de justicia con foco en denunciar la recurrencia y la sistematicidad de la implicación de agentes estatales en el ejercicio de las violencias. Implicación que se traduce en hechos de violencia concretos, pero también en formas rutinarias y sedimentadas de construcción de poder e impunidad. Al denunciar la violencia de género ejercida por funcionarios como violenta institucional apuntamos a evidenciar el encubrimiento corporativo y la persistencia sistemática de estereotipos, prejuicios y patrones discriminatorios por género en las prácticas estatales y judiciales. Implica también seguir insistiendo en que la violencia de género es un asunto de derechos humanos.

Poder policial y violencia de género

El 5 de junio, Daiana Abregú, de 26 años, apareció muerta en la celda de una comisaría de Laprida, provincia de Buenos Aires, tras ser demorada por una contravención. Desde el inicio, la policía sostuvo que Daiana se suicidó, pero nada cierra en esa hipótesis. La última autopsia evidencia asfixia por sofocación y lesiones de autodefensa. Lo que sí quedó expuesto es la trama de encubrimientos y complicidad entre la fuerza de seguridad y las áreas de justicia.

El Observatorio Lucía Pérez tiene registradas 41 denuncias a altos mandos de las fuerzas de seguridad. Los femicidios policiales[ii], como el de Daiana, son la expresión más extrema de la vulneración de derechos de las mujeres dentro del universo de la violencia institucional. Como en muchos otros casos de uso ilegal de la fuerza policial, existen prácticas de encubrimiento que suelen consistir en falsear el relato de lo sucedido y manipular la escena para que coincida con su versión. En este sentido, la violencia de género ejercida por integrantes de las fuerzas de seguridad no puede pensarse como agresiones individuales y particulares, sino como parte de una institución con históricas prácticas de violencia encubierta y de reproducción de formas machistas de construcción de poder.

En muchos casos, las mujeres víctimas de la violencia de género ejercida por agentes policiales son también integrantes de las fuerzas de seguridad. A partir de una investigación con la Red Nacional de Mujeres Policías con Perspectiva de Género, Mariana Sirimarco[iii] señala que la regla en las fuerzas policiales es que los hombres denunciados son encubiertos, mientras que las mujeres denunciantes, son castigadas. Sirimarco afirma que la violencia de género -en particular, la  violencia  policial  contra  mujeres  policías- es  parte constitutiva del ejercicio del poder policial, porque éste se asienta en sentidos sobre lo territorial, lo violento y lo masculino avasallante. Ambas  estructuras  de  poder, la  policial y la masculina-patriarcal, se sostienen en lo mismo: en el ejercicio de dominio y pertenencia del otro-bajo-mando. De esta forma, la violencia de género ejercida por policías pone en evidencia rasgos comunes a todos los funcionarios denunciados: una forma de construir y ejercer el poder (político) fundada en la masculinidad violenta, autoritaria y avasallante.

Por Florencia Paz Landeira. Doctora en Antropología Social. Becaria posdoctoral del LICH-CONICET. Integrante del Programa de Estudios Sociales en Género, Infancia y Juventud (UNSAM).


[i] Pita, M. (2017). Pensar la Violencia Institucional: vox populi y categoría política local. Espacios de crítica y producción, 53(9), 33-42.

[ii] https://violenciapolicial.org.ar/violencia-policial/#!#femicidios

[iii] Sirimarco, M. (2021). Sexo, violencia y desigualdad. Mujeres en la policía. Delito y Sociedad, 30(51),

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Zona de peligro: femicidios en el norte del conurbano

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Causas mal caratuladas, que no investigan los contextos de las muertes y dejan libres a sus responsables. Jueces y fiscales que ningunean a las familias que son amenazadas en sus barrios. La culpabilización de las víctimas, las conexiones narco, las movilizaciones a través de las cuales se logran algunos avances. Y la pérdida de todo, hasta del miedo: tres familias cuentan a MU cómo soportan la impunidad de cada día. Por Delfina Pedelaq y Anabella Arrascaeta.

Plaza de General Pacheco, Tigre: las familias frente al cajoneo de las causas, contra la complicidad judicial y policial. Fotos: Gastón Stark
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La ciudad rota: el femicidio de Daiana Abregú

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La joven de 26 años apareció muerta en la celda de la comisaría de Laprida, provincia de Buenos Aires, tras ser demorada por una contravención. Desde entonces, la policía sostiene que se suicidó con su propia campera, pero la justicia comprobó diferentes falacias en ese relato que llevaron a la detención de cinco efectivos bonaerenses. La investigación para determinar qué pasó con Daiana aún continúa, mientras la familia busca verdad y justicia. Por Facundo Lo Duca.

La foto de Daiana en la plaza principal. Foto: Mauro Arias
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La última Mu: Yo princesa

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