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Vivir para contarla: el caso de Jéssica Fernández, sobreviviente de un intento de femicidio

Publicada

hace 5 años

21/11/2020

Ocurrió en Moreno: Justino del Valle Ríos le disparó cinco veces a Jéssica Fernández, pero ella se recuperó. Había hecho tres denuncias contra su ex pareja, pero el Estado nunca dio una respuesta efectiva. Lo que cuentan ella y su círculo íntimo, todavía desde el hospital. Las voces que grafican cómo opera la violencia machista. El récord de casos, y las manifestaciones en reclamo de justicia: “No queremos más muertas”. Por Inés Hayes y Melissa Zenobi.

Vivir para contarla: el caso de Jéssica Fernández, sobreviviente de un intento de femicidio — Fotos: Lina Etchesuri

Está mejorando, parece que en un día o dos ya le dan el alta. No lo podemos creer”, dice Maru, la mejor amiga de Jéssica Fernández Argüello, desde la sala de Cuidados Intermedios del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. “Pero tiene mucho miedo de volver a su casa”, agrega. Efectivamente, al cierre de esta edición a Jéssica le dieron el alta.

El sábado 24 de octubre a las 8 de la noche, Jéssica escuchó que Justino del Valle Ríos, el padre de su hija de 4 años y de su hijo de 3, entraba a su casa del Barrio Cuartel V, de Moreno. Ella estaba en el piso de arriba bañando a su nene cuando él entró, ella bajó y él le disparó cinco veces. Los tiros le afectaron de gravedad el pulmón y el corazón, también el abdomen, un hombro y un brazo. Como pudo, su hermana Tania –que estaba en su casa–, la llevó a la vereda y la acomodó en su auto. Era de noche, llovía y la calle de tierra estaba oscura y embarrada. Cada pozo del barrio se sentía como una amenaza y Jéssica agonizaba.

Con las fuerzas que le quedaban, Tania llegó al centro de salud del barrio, donde trabaja otra de sus hermanas y allí pidieron una ambulancia que la trasladó al hospital de Moreno. Para llegar al hospital hay que transitar calles de tierra, sin luz, poceadas, llenas de piedras y cascotes. Aunque la ambulancia se apuró, pasó más de media hora. Cuartel V es una zona semi rural del partido de Moreno. En el camino a la ruta que lleva al centro de Moreno hay varios tramos en los que sólo hay pasto y algunos árboles, el alumbrado no llega y los vecinos y vecinas dejan las luces de sus casas prendidas para poder ver.

“Si hoy estoy acá es porque el asesino se quedó sin balas y porque el cuerpo de mi hermana me defendió: se puso adelante para protegerme a mí y a sus dos hijos. Ella había hecho tres denuncias, pero nunca le dieron botón antipánico, nunca le llegó al tipo la orden de restricción. Nunca nada, nunca. No sé cómo pude sacar a mi hermana, herida con cinco balas, de un barrio como el nuestro y un día de lluvia: se me moría por el camino. Queremos justicia para ella y tranquilidad para mis sobrinos”, remata Tania.

Gastos, tiros y denuncias

Hacía 3 meses que Jéssica y Del Valle Ríos estaban separados, pero vivían en la misma casa. Según Tania, él se gastaba todo lo que ganaba en alcohol y no la dejaba salir ni a la esquina. “Cuando llamábamos para preguntar cómo iban las denuncias nos decían que no podíamos hacer nada”, cuenta Tania que ansía ver a su hermana volver a trabajar como peluquera desde su casa.

Para poder hacer las denuncias, Jéssica tuvo que viajar desde su barrio hasta el centro de Moreno; los transportes interurbanos son escasos y tienen poca frecuencia. Había radicado al menos tres denuncias por violencia de género en en el poder judicial para solicitar la exclusión de hogar. La justicia local había emitido una orden de restricción perimetral, que Del Valle Ríos no cumplía y la policía no hacía nada para impedirlo. La última denuncia fue el 29 de septiembre pasado, cuando ella se presentó en la Comisaría de la Mujer y Familia de Moreno para denunciar a Ríos y advertir que él podía hacer lo que finalmente hizo: intentar matarla.

“Yo escuché unos tiros pero no salí, porque a veces acá se escuchan tiros”, dice el vecino que vive frente a la casa de Jéssica, desde la puerta de la suya. “Recién al otro día me enteré de lo que había pasado”, agrega. Para llegar a la casa de Tania y de Jéssica hay que preguntar, porque las calles no tienen nombre y se cortan, la señal del celular se pierde y las manzanas son irregulares.

Una parte del hospital está en reconstrucción. Ocupa toda una manzana. La guardia está a la vuelta de la entrada principal y a la tarde, es la única entrada al nosocomio. Hay varios edificios, construcciones de principios de siglo XX, rodeados de pasto y árboles. Familiares de internados descansan a la sombra. Una mujer le da la teta a su beba sentada en el piso y algunas personas esperan para ser hisopadas por el Covid–19. Jéssica estuvo un mes en terapia intensiva, en coma, respirando artificialmente. Para sus hermanas y para Maru es un “milagro” que se haya despertado. Ellas se turnan para cuidarla y acompañarla, le muestran fotos, videos y audios de whatsapp de su hija y de su hijo, que quedaron al cuidado de sus tías.

“Yo quiero justicia, quiero que pague, que no le den pocos años, que le den lo más que se pueda, porque tiró a matar. Si yo hoy estoy viva, es gracias a toda la gente que estuvo al lado mío y al trabajo de los médicos y de las enfermeras”, dice a MU Jessica desde el celular de su amiga que la cuida en el hospital.

Alerta Moreno

Según las estadísticas del primer informe del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, Moreno es una de los distritos con más llamados a la Línea 144. En lo que va del año hubo 10 femicidios: Juana Ruiz, 77 años; Sandra Soledad García, 28 años; Ludmila Pretti, 14 años; María Magdalena Figueredo, 23 años, y su hija, Luz Emily de 4 años; Rosa Estela García, 64 años; Camila Tarocco, 26 años; Olga Verón, 37 años; Debora Ríos, de 36 años; y Marilyn Alejandra Sánchez.

Camila Aldana Tarocco –de 26 años– también era madre de dos hijos de 5 y 7 años. Cuando apareció muerta el miércoles 15 de abril llevaba desaparecida más de 10 días. Fue encontrada dentro de una bolsa semienterrada en un descampado que queda a 200 metros de la casa de su ex novio, Ariel Alberto González.

González ya había sido denunciado por la propia Camila por violencia de género y tenía antecedentes por robo y un juicio por violencia de género previsto para el 13 de marzo, que se postergó por las medidas del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). El juez de Garantías 2 de Moreno, Gabriel Castro, le había concedido la prisión domiciliaria y él se había acercado a la joven violando las restricciones judiciales. Ariel González no tenía tobillera, y Camila no tenía botón antipánico.

Las amigas de Camila se organizaron para que el crimen no quede impune. Durante meses repudiaron y denunciaron la decisión del juez de enviar a González a su casa sin custodia ni tobillera. La jueza de garantías 3 de Moreno, Cecilia Ardohain, imputó a González por “homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género”. Ahora, desde la cárcel donde cumple prisión preventiva, González amenaza a las amigas y compañeras de Camila “tiene un celular y nos manda mensajes para que nos quedemos calladas”, contaron a MU.

Aislamiento violento

«Yo caracterizo a Moreno como un reducto semi-feudal, gobernado desde la recuperación de la democracia por los varones del conurbano, acérrimos machistas, patriarcales y capitalistas y todo está pensado y organizado en función de esos criterios”, describe a su ciudad Cristina Coronel, histórica militante por los derechos de las mujeres y diversidades, hoy integrante de la Red Feminista de Moreno. “Lo grave es que las mujeres de los partidos políticos lo han naturalizado y es difícil romper con esas posturas. Lo bueno es que cada vez quedan más en evidencia, por las contradicciones que provocamos con nuestras luchas. Aunque falta mucho por hacer, hemos conseguido algunas transformaciones, por eso seguiremos en la calle luchando”, agrega Cristina, quien también integra la organización Mujeres al pie del cañón, que viene trabajando en la lucha feminista, barrial y comunitaria.

La Red Feminista de Moreno se conformó luego del femicidio de Ludmila Pretti, la adolescente de 14 años que fue asesinada en una fiesta de cumpleaños. El cuerpo de Ludmila fue hallado en la casa donde vive Cristian Jerez, el dueño de la casa donde se hizo la fiesta, debajo de una cama, tapado con dos colchones. Según las investigaciones forenses, el cuerpo estaba semidesnudo, con signos de que la víctima se había defendido de un intento de abuso sexual. El informe preliminar dice que la adolescente fue ahorcada con una pashmina que llevaba anudada al cuello.

“Pedimos una audiencia urgente con la intendenta Mariel Fernández y con la directora de género de Moreno. Las compañeras le entregaron una propuesta al Municipio, entre ellas, la más importante era armar el comité de crisis contra las violencias de géneros y que esté constituida por las diferentes organizaciones sociales, representantes judiciales, de la policía y otras instituciones del Estado”, explica Coronel. “Seguimos en la calle, seguimos movilizadas, atentas, no bajaremos los brazos aunque quieran ningunearnos, la vida de nuestras hermanas vale mucho, no queremos más muertas, no queremos más femicidios”.

A fines de octubre, 50 mujeres, algunas con bebés en brazos y cartulinas escritas a mano, se movilizaron a la Municipalidad de Moreno a exigir políticas públicas que las protejan frente a la violencia machista que creció exponencialmente durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Llegaron caminando, desde sus barrios, alejados del centro, a donde a veces no llegan los servicios esenciales como el transporte y el gas. Pidieron que cuando sus vidas corren peligro, el Estado no las obligue a hacer la denuncia por mail porque no tienen computadoras, ni red de internet ni crédito en sus celulares. “No puedo elegir si compro pan o voy a hacer la denuncia: no tengo esa opción porque soy madre a cargo de cuatro hijos”, dijo una de las mujeres desde el micrófono, durante la manifestación frente a la sede municipal. Además, explicaron que muchas mujeres no pueden denunciar por correo electrónico porque no saben escribir.

En el barrio donde la casa de Jessica Fernández Argüello espera, dos chicas adolescentes llevan una garrafa de más de 20 kilos, ayudándose con un palo de escoba para repartir el peso. Otra mujer joven maneja una mezcladora de cemento mientras cuatro pequeños de no más de 4 años juegan con tierra. En Cuartel V, muchos hogares están sostenidos por mujeres.

Por eso, las integrantes de la Red Feminista piden también recursos, no sólo económicos, sino integrales: refugios, botones antipánico, acompañamiento social, legal y psicológico. Que las denuncias se tengan en cuenta y la policía actúe a tiempo. Que se cumplan las perimetrales. Contención para víctimas, hijes, familias. Prevención, capacitación, educación en la no violencia. En definitiva, presencia del Estado en los barrios, activa y concreta.

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La tesis del gran bonete

Publicada

hace 2 meses

31/03/2025

¿Cómo informar sobre femicidios? ¿Quién sabe cómo hacerlo? Una polémica tesis promocionada por Rita Segato desliza la responsabilidad del Estado a los medios, en momentos en los que el gobierno pretende derogar la figura legal de femicidio. Las falacias y generalizaciones que construyen una orden de silencio.

Por Claudia Acuña

Las periodistas somos responsables de los femicidios. Mientras tipeo esta frase me invade un sentimiento que solo explica el clásico «no sé si reírme o llorar”. Desde que la escuché pòr primera vez en el año 2020, de boca del entonces gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, hasta ahora, que la repite una integrante del movimiento transfeminista del Valle de Punilla, en Córdoba, han pasado varios años, pero aquella primera vez y esta última tienen un contexto en común: esas provincias habían sufrido en poco tiempo una serie de femicidios que sembraron protestas sociales importantes. En el caso de Jujuy, estaban todas sus rutas cortadas con adolescentes que sostenían cartulinas escritas a mano exigiendo justicia, mientras las fuerzas de seguridad disparaban gases para dispersarlas. En esta ocasión, en Punilla la movilización también fue masiva.

Lo que cambió, y no es poco, es otro contexto: en estos momentos el Estado argentino intenta imponer la derogación de la figura jurídica de femicidio.

Otro cambio: el ex gobernador Morales, por entonces interesado en que no se difundan las protestas –que por cierto fueron las primeras que azotaron su gobierno– citó a Rita Segato como autora de la tesis que responsabiliza a los medios de comunicación de sembrar femicidios, ya que al informar sobre ellos los contagiaba. En plena pandemia de coronavirus esa palabra significaba meter el dedo en una herida social. Investigué entonces de qué galera había sacado Morales ese argumento: había escuchado a Segato en una capacitación que la académica le dio a su gabinete, por zoom y en el marco de un programa financiado por ONU Mujeres. Cuatro años después ya tenemos un libro que lo justifica, con prólogo de Segato y suscripto por su alumna, la brasileña Daniela Gontijo. Tuve la oportunidad de conocerla en La Paz, Bolivia, cuando intenté conversar con ella sobre su tesis. Le pregunté si sabía que la Organización Mundial de la Salud había comunicado su autocrítica por solicitar a los medios que no informen sobre suicidios, un argumento que en su tesis es basal para extenderlo a los femicidios. Sigo esperando su respuesta.

La principal diferencia, sin embargo, es que ahora esa frase es repetida por una comunicadora y activista que ha participado de la organización de la protesta en el Valle de Punilla. Está preocupada, angustiada diría, por su rol. Y lo que es peor, insegura. Es ella, entonces, quien motiva esta nota, que escribo con hartazgo.

Las raíces de la información

¿Cómo se informa “bien” un femicidio? ¿De eso se trata este debate? No. Y por varios motivos. El primero es el primero: el término femicidio tiene una larga y dolorosa historia política y social. Resumo: la palabra encuentra sus orígenes en la expresión feminicide, “desarrollada inicialmente en el área de los estudios de género y la sociología por Diana Rusell y Jane Caputi a principios de la década de los 90 (…) concepto que surge con una intención política: desvelar el sustrato sexista o misógino de estos crímenes que permanece oculto cuando se hace referencia a ellos a través de palabras neutras como homicidio o asesinato” (Toledo 2009: pp23-24).

Tal como advirtió la antropóloga Marcela Lagarde al aplicarlo a la situación desesperada de Ciudad de Juárez, México, “femicidio no es solo una palabra: es toda una teoría”. ¿Qué teoría sostiene la palabra femicidio? La responsabilidad del Estado en estos crímenes. Explica Lagarde: “Son crímenes que no responden a una problemática derivada de la mal llamada violencia doméstica o intrafamiliar, sino que es parte de una problemática mucho más grave y compleja. La conexión entre el género y la clase social en los femicidios de Ciudad Juárez es clara: sus torturadores y asesinos actuaban porque querían y porque podían hacerlo, amparados por unas estructuras sociales y gubernamentales que propiciaban la impunidad de sus actos.” Esto decimos cuando decimos “femicidio”: lo sistémico de lo biográfico.

Esta concepción teórica y política aplicada a Ciudad de Juárez tuvo su consecuencia jurídica cuando el Estado de México fue condenado por la Corte Interamericana con el fallo conocido como Campo Algodonero. De ahí derivan todas y cada una de las herramientas legales que cada país latinoamericano fue obligado a adoptar para prevenir, erradicar y hacer justicia por la violencia que sufrimos mujeres, travestis, trans y diversidades sexuales.

¿Cómo señalar entonces en cada femicidio la responsabilidad estatal que lo propicia? De eso se trata este debate. La respuesta, digámoslo rápido y fácil, es el territorio.

Como marco teórico a esta territorialización de la información sobre la violencia femicida propongo leer Capitalismo Gore, de Sayak Valencia, escritora, filósofa y artista performática mexicana. Es su tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid y, por eso mismo, es interesante conocer su origen porque leída hoy resuena como una respuesta contundente a esta otra tesis: “Originalmente la iba a hacer sobre epistemología feminista. Para mí era muy importante revisar cómo se producen ciertos grados de verdad o ciertas ficciones políticas que encumbran el conocimiento como algo que parece incuestionable si está mediado por el sello cientificista”. En eso estaba, entonces, cuando en un alto en sus estudios viajó a visitar a su familia a su Tijuana natal y en el camino que la llevaba del aeropuerto a su casa vio desde el auto y a la vera de la autopista un cadáver descuartizado. Así decidió cambiar el tema de su tesis y así nació un término –Capitalimo Gore– para denominar aquello que la había sacudido: “el capitalismo gore sería la forma material de explotación que va atravesada de colonialismo, machismo, sexismo, crimen organizado, y corrupción”, sintetiza en una entrevista que le realizaron diez años después de la primera publicación.

Dirá también en esa entrevista Sayak Valencia: “El pensamiento es siempre contextual y si tratamos de hacer universalizaciones tajantes de ese pensamiento ya estaremos cayendo en una tentación solipsista, al considerar que tenemos las verdades absolutas sobre fenómenos que no serían explicables de manera sencilla en primera instancia. La necropolítica, la biopolítica y el uso de la violencia se dan de manera contextual porque su intensidad depende de los países, las condiciones económicas, lo gubernamental, lo social, lo cultural, en suma, dependiendo de la regionalización del mundo. No es igual de explícita la violencia racista contra ciertas poblaciones en territorios indígenas en México y la violencia racista que se da en Estados Unidos contra la población afro, que otro tipo de violencias como el negar servicios de salud a las poblaciones trans o a crear condiciones hostiles que provocan violencia y que terminan en una especie de necroadministración, o como dice Ariadna Estévez, en una administración del sufrimiento para que ciertas poblaciones sean dejadas de lado y mueran en ese apartamiento de lo social”. Esta última frase resuena especialmente en la actualidad y en la lucha de cada miércoles de las y los jubilados.

Reitera Sayak: “Creo que hay que seguir pensando lo biopolítico y lo necropolítico de manera contextual”.

¿Cuál es entonces el contexto en el que debemos fijar la atención ante cada femicidio y, mucho más, ante su reiteración producida en pocos días? El territorio. En el Jujuy gobernado por Gerardo Morales, en el Valle de Punilla azotado por la sistemática impunidad de los femicidios que allí se padecen, en las tramas de complicidad policial y judicial que han sembrado el terreno propicio para que la mimesis suceda, una y otra vez, sin sanción, ni contención ni reparación, que es finalmente aquello que expresa el grito de justicia que sin descanso nos hace oír el movimiento transfeminista organizado que también habita esas tierras, porque ya sabemos: donde hay criminalidad organizada en este país también hay resistencia.

En estos contextos, las órdenes de silencio no solo son peligrosas: suenan cómplices.

Emitirlas en nombre del saber es, además, perverso.

¿Quién sabe y quién no sabe informar sobre la violencia femicida? ¿De eso se trata este debate? No. Lo que tenemos que discutir es quién tiene autoridad sobre el saber. Y el saber es saber hacer resistencia a estas violencias.

¿Cuáles son las fuentes de información adecuadas, especialmente en tiempos en los que el poder se vuelve opaco e inaccesible? La narcocriminalidad ha impuesto esa barrera a la verdad del poder. Su privilegiada posición de economía “en negro” e “informal” ni siquiera nos permite conocer las cifras con las que maneja el mundo, en general, desde cada territorio en particular, pero sí alcanza para reconocer que aquello que llamamos ultraderecha tiene entre sus patrocinadores estos oscuros capitales que la promueven. ¿Hay entonces una relación entre la motosierra que destroza los pocos programas de contención de víctimas de violencia, la iniciativa de la administración Milei de erradicar la figura jurídica de femicidio y la manifiesta violencia misógina de la narcocriminalidad? Es pregunta.

También sabemos que eso que llamamos Academia, aquí en Latinoamérica, no ha producido investigaciones, estudios y publicaciones que relacionen la violencia femicida con el crecimiento de la narcocriminalidad, que en los territorios siempre tiene la forma de narcomenudeo porque esa es la lógica de gestión del negocio. Sí ha producido, y lo sigue haciendo, mucho análisis sobre los medios de comunicación que, en tiempos de redes virtuales, agigantan el rol de los formatos clásicos, en una operación que produce una restauración por repetición de marcos desactualizados –descontextualizando alcances de tiradas y audiencias, por ejemplo– y, a la vez, deslizan el eje del debate central: del Estado hacia los medios.

Ante cada femicidio hablemos del Estado. Narremos por ejemplo, el marco social-económico que afectó a víctimas y victimarios, nombremos los crímenes impunes sucedidos en ese territorio, los antecedentes de los fiscales encargados de investigar esos femicidios, los servicios y programas desmantelados en esa zona para prevenir y contener violencias, los funcionarios denunciados por violencia sexual, la cantidad de denuncias realizadas y cómo fueron atendidas, etcs y etcs.

Hablemos incluso de aquello que la política etiqueta como “inseguridad”, palabra detrás de la cual se esconden las tramas de complicidad policial-judicial (eso es el Estado) que alientan y sostienen las violencias.

Luego, si nos sobra tiempo, charlamos sobre el rol de los medios en la producción y reproducción de los femicidios.

Recién entonces, diré lo que puedo aportar al respecto, tras más de treinta años de informar, investigar y reflexionar sobre el tema y compilar información sobre casi 6.000 femicidios producidos en este país:

Cuando era editora del principal diario de la Argentina recibí la recomendación de la Organización Mundial de la Salud sobre el peligro de informar sobre casos de suicidios, ya que provocaban contagio: resumo así la larga instrucción que señalaba ese peligro. En aquel momento el director del diario era Roberto Guareschi y encontré en él un aliado para imponer esa orden de silencio. Me pareció adecuada. Creí ser responsable de aplicarla y controlar que se lleve adelante, no solo en ese diario: enseñé a mis estudiantes a no informar. Cuando veinte años después leí la autocrítica de la OMS, admitiendo el contundente fracaso de esa restricción, aprendí la lección: en el periodismo el silencio nunca es opción. Tampoco lo es para una víctima de violencia.
Cuando vi la tapa de un diario de México con la foto a toda página de una mujer colgada de un árbol, con la cabeza encapuchada, desnuda y con la leche maternal emanando todavía de su cuerpo destrozado comprendí aquello que escribió Sayek Valencia sobre la espectacularidad de la violencia: los medios completaban el trabajo de los sicarios. Ellos mataban a una mujer, los medios amenazaban a todo el resto. Estamos en Argentina, muy lejos de esa horrorosa maquinaria mediática de reproducción de la violencia. Estamos, además, en un oficio de periodistas profesionales, organizadas, formadas, muchas de ellas orgullosamente feministas y en gran parte, abrazadas a los movimientos sociales que las sostienen más que los medios donde trabajan en condiciones precarizadas, injustas, brutales. Ellas no lo son. Y es todo un esfuerzo no dejarse impregnar por la decadencia de la producción de noticias que hoy padecemos.
Por último, hago mía las palabras de Helen Álvarez, la periodista boliviana integrante de Mujeres Creando, cuando en una mesa de debate con la autora de la Tesis del Gran Bonete, refutó: “No pienso dedicar un minuto de mi vida a discutir cómo mejorar medios comerciales, porque puede que logres que se escriba allí sobre un femicidio tal como pretendes que está bien, pero cuando das vuelta la página te vas a encontrar con un reportaje al jugador de fútbol que hizo el gol de la semana, sin mencionar que fue acusado de violación la anterior, y en la sección Economía, la noticia del ministro anunciando recortes de los programas sociales”. Como siempre, hay que contextualizar la frase: Helen fue la editora de la sección Economía del principal diario de Bolivia y es la mamá de Andrea, víctima de femicidio. Helen sabe.
Por último, una noticia que nos da una pista sobre por dónde ir: en qué anda Sayek Valencia ahora. “Actualmente me encuentro investigando algo que denomino política post mortem, que son los agenciamientos prácticos que vienen de las personas que han sobrevivido a acontecimientos traumáticos y violentos. Es decir, son las prácticas, agenciamientos y acciones puestas en marcha por personas que han sufrido el asesinato, el femicidio o la desaparición de alguien que aman y que a partir de ese acontecimiento violento se han organizado para exigir justicia. Política post mortem sería esta forma de agenciamiento político que viene después de la masacre, después del trauma, después de la muerte de un ser querido, y que sigue luchando por esos muertos a través de las resistencias, de las búsquedas y de la dignificación del reclamo de justicia social”.

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Nota

57 femicidios en el año, infancias huérfanas cada dos días: Informe mensual del Observatorio Lucía Pérez

Publicada

hace 3 meses

28/02/2025

Según datos del Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez, hubo 26 femicidios durante febrero, contabilizando un total de 57 en los dos primeros meses del año. Estos crímenes dejan, a la vez, un saldo de 35 infancias huérfanas. Si bien existe una ley que obliga al Estado a brindarles una protección integral económica, de acompañamiento y de acceso a la salud, desde que asumió la actual gestión no se otorgó ninguna: la Ley Brisa no se cumple. Los otros indicadores de la violencia patriarcal de este 2025: 43 intentos de femicidio, 15 desaparecidas, 595 funcionarios denunciados.

El cuerpo de Carolina Ríos, 43 años, fue encontrado por una de sus diez hijas. Maite y Carolina, las mayores, le pidieron luego a la prensa que difundiera este mensaje : “Necesitamos ayuda para poder criar, vestir y mandar a nuestros hermanitos a la escuela. Hoy estamos destruidas, y hacemos todo lo posible para seguir adelante y no quebrarnos ante nuestros hermanos menores».

Tres días antes asesinaban a Ailén Oggero, de 32 años, delante de sus hijos de 11 y 4 años. El mayor fue quien avisó del crimen a los vecinos.

A Otilia Cubilla Jara, de 65 años, también la encontró asesinada su propio hijo.

Estos son solo tres de los 26 femicidios y travesticidios que ocurrieron durante febrero.

Una síntesis de la violencia que marca los dos primeros meses del año:

57 femicidios en el año, infancias huérfanas cada dos días: Informe mensual del Observatorio Lucía Pérez

Toda la información sobre cada uno de estos casos está disponible en la web del Observatorio Lucía Pérez, el primero y único autogestionado y público.

Una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por nuestra cooperativa.

www.observatorioluciaperez.org

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Arte contra la impunidad femicida

Publicada

hace 3 meses

14/02/2025

«Hoy, en el día del cumpleaños de nuestra hija, nos enteramos por los medios de una nueva injusticia. Es otra violencia institucional más que sufre nuestra familia y el tercer fallo que pretenden imponer a un mismo crimen: el femicidio. Hoy inauguramos El cuarto de Lucía, arte contra la violencia femicida. Durante mucho tiempo estuvimos preparando este momento. Queremos invitarlos a que nos acompañen. El camino de conseguir justicia es demasiado largo. Gracias por estar. Familia de Lucía Pérez».

Con ese comunicado Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía, respondieron desde Mar del Plata al fallo del Tribunal de Casación Penal que, el día en el que Lucia cumpliría 25 años, dieron a conocer (sin informar a la familia ni a sus abogados) su decisión de revocar el fallo por femicidio contra Matías Farias, dejándolo solo en el marco del abuso sexual.