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Al fin solos

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El nuevo mapa de las comunicaciones en la Argentina. Investigación sobre grupos económicos propietarios de medios, que han aportado sus autores a este site.

Autores:
Albornoz, Luis Alfonso
Hernández, Pablo
Mastrini, Guillermo
Postolski, Glenn

La metamorfosis producida durante el último decenio en las comunicaciones de la Argentina es una de las más radicales de su historia. Acompañando la reconversión iniciada a fines de los años setenta y que tuviera en el “Plan Cavallo” su versión más extrema y acabada, el sector experimentó paradigmáticamente un proceso de expansión, la incorporación intensiva de tecnología y la concentración de la propiedad de los medios. El arribo de cuantiosas inversiones de capital financiero internacional, afectó principalmente a la industria del audiovisual continuo y terminó con la administración “artesanal” de los medios de comunicación en poder de propietarios nacionales.

En los últimos años, con relativa autonomía respecto a los procesos presentes en el mercado de las telecomunicaciones, el sistema nacional de medios de radiodifusión operado por sus agentes tradicionales venía sufriendo un proceso de concentración signado por el surgimiento de conglomerados multimediáticos, y de “desnacionalización” a partir del ingreso de inversores extranjeros en la televisión por cable. Es durante 1996-98 que se verifica, con una velocidad desconocida para nuestro hábitat comunicacional, la transferencia de prácticamente la totalidad de la propiedad de los medios a nuevos actores vinculados al mercado financiero y protagonistas de la convergencia tecnológica.

En el presente artículo proponemos una aproximación al proceso de conformación de los dos grandes conglomerados mediáticos que dominan el sector de las comunicaciones en la Argentina actual, destacando su relación con la administración estatal.

Nuestro trabajo considerará los siguientes preceptos que creemos indispensables:

a) la necesidad impostergable de analizar, en el nuevo hábitat que propone la potencial convergencia tecnológica y de servicios, a los medios de producción de mercancías simbólicas como parte relevante del sistema de acumulación económica. Reconociendo que, como señala Bolaño, “producción material y producción simbólica convergen hoy, orientándose para la constitución de un capitalismo total en el cual ya nada escapa a la forma mercancía y a la producción de valor y de plusvalía”

b) la relación estrecha que, desde la industria cultural, tiene la rama del audiovisual continuo con la industria de las telecomunicaciones. Esta relación, adicionada al resquebrajamiento de la frontera que distinguía productores de contenidos y prestadores de servicios, hace necesario el estudio de los nuevos entes multimediáticos de pluriservicios como eje de aproximación a la problemática de las comunicaciones.

En este sentido, consideramos dentro de la nueva esfera de las comunicaciones tanto a las telecomunicaciones como a la radiodifusión. Así, coincidimos con lo planteado por Capparelli y Santos respecto a considerar a la convergencia como categoría que involucra varios procesos y niveles; que resumiremos brevemente en: el nivel jurídico (marco regulatorio), el nivel institucional (intereses políticos y económicos de los nuevos actores involucrados en el proceso) y el nivel técnico (la posibilidad de la unificación del transporte de productos y servicios).

Por otra parte, una aproximación a la problemática presente en el mercado de las comunicaciones de la Argentina no puede dejar de contemplar que el país continúa incluido hoy -pese a la complejidad que plantea la creciente internacionalización- entre las economías periféricas y tecnológicamente dependientes de los centros mundiales de desarrollo que lideran Estado Unidos, Europa y Japón.

De acuerdo a lo planteado, nuestro enfoque pretende distinguir los puntos de inflexión en las estrategias de crecimiento que consolidaron a dos grupos dentro del panorama mediático argentino: el Grupo Clarín y el tándem CEI Citicorp Holdings – Telefónica Internacional S.A. (TISA). Describiremos la evolución de cada grupo en los últimos años y el reflejo de sus crecimientos en la normativa vigente a partir de una estrecha relación con el aparato estatal.

Tiempo de siembra

A partir de la llegada al gobierno del presidente Carlos Menem (1989), comienzan a aplicarse en la Argentina políticas económicas directamente relacionadas con los diseños de los organismos financieros internacionales. De neto corte neoliberal, éstas dan origen a una nueva etapa basada en la apertura de la economía nacional al mercado mundial; el inicio de una reforma de Estado centrada en la reducción de funciones y personal; y en un proceso de privatizaciones de empresas estatales de servicios públicos con fuertes incentivos a las inversiones extranjeras.

Las condiciones deficientes a las que habían sido llevadas las operadoras estatales -cuyo análisis excede el marco de este trabajo- sirvieron de plataforma para impulsar el cambio en la prestación de servicios de carácter público desde una matriz institucional regida por una organización de tipo estadocéntrica a una de tipo mercadocéntrica. Dicha mutación adquirió un carácter vertiginoso, sostenido por:

Un consenso social en torno del ajuste, fundamentalmente en orden a mantener la estabilidad conseguida, que también se explica por una suerte de reducción de las expectativas, un disciplinamiento dilemático impuesto a la sociedad para la aceptación de sucesivos ajustes a fin de evitar males mayores. La reforma no se redujo a un proceso de devolución de servicios a otros actores, sino que también produjo un profundo cambio en las relaciones de poder en la sociedad, entre elites y sectores populares, homogeneizando a las primeras y heterogeneizando a los segundos, desplazando el poder de amenaza que provenía de las clases trabajadoras organizadas hacía el proveniente de las elites económicas (fuga de capitales, golpe de mercado, desinversión, etc.). Se trató asimismo de una redefinición del establishment y de la estructura de poder económico concentrada ahora en los nuevos holdings, las agencias bilaterales de crédito, los bancos de inversión y los multimedia, así como del desalojo de su condición de factores de poder de las Fuerzas Armadas, sindicatos, cámaras empresarias y la misma cúpula de la Iglesia. Esta cesión estratégica de propiedad y de capacidad de gestión se hizo en favor de una nueva configuración del poder económico empresarial, la de aquellos actores que durante todo este proceso lograron mantener una vinculación directa con el Poder Ejecutivo.

La Argentina comenzó el proceso de privatización de los servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones a fines de 1989, liderado por la adjudicación de los principales canales de televisión abierta del país. Esto, junto al otorgamiento de dos licencias en régimen de exclusividad para operar telefonía, surgidas de la venta de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel) durante 1990, marca el inicio de una etapa muy dinámica en el sector comunicaciones, caracterizada por un fuerte incremento de la inversión de capitales y de rentabilidad.

A partir de ese momento, comienzan a percibirse algunas de las características que bosquejan el actual panorama:

  • La irrupción de grandes masas de capital financiero internacional.
  • Un acelerado proceso de concentración económica, acompañado por el desplazamiento de actores tradicionales.
  • Una tendencia a adecuar la normativa a los intereses del sector privado.
  • La superposición e inestabilidad de los organismos de control.
  • La judicialización en torno a las definiciones sobre el sistema.
  • La ausencia de debate acerca de las comunicaciones en la sociedad civil y partidos políticos.

Acompañado por el crecimiento de las Inversiones Extranjeras Directas (IED) y el aumento significativo de la presencia de las transnacionales en la economía local, el sector de las comunicaciones ocupó, en el período 1990-99, el segundo lugar entre los que recibieron inversiones extranjeras, por encima del sector bancario-financiero. De esa masa de dinero, unos 15.874 millones de dólares estuvieron destinados a la formación bruta de capital, focalizados en el desarrollo de las telecomunicaciones. Mientras que más de 6.500 millones correspondieron al rubro compras, incluidas tanto fusiones como nuevas adquisiciones. El volumen de dinero involucrado en fusiones y adquisiciones durante 1997 alcanzó al 50% del volumen total negociado entre 1990 y 1997.

Como consecuencia de ese movimiento de capitales e inversiones, una vertiginosa dinámica transforma el escenario local de las comunicaciones, dando lugar a la aparición de un virtual duopolio privado, protagonizado por el Grupo Clarín y el tándem CEI-TISA. Estas empresas presentan procesos diferenciados en cuanto a orígenes y evolución. Por un lado, el Grupo Clarín, “la encarnación del capital nacional”, tiene su germen en la prensa gráfica en la década del ’40. Por otro lado, la aparición del CEI, junto a su partner TISA, se produce en el nuevo escenario delineado a partir de las políticas macroeconómicas ejecutadas por el gobierno de Menem, denotando la presencia del capital financiero transnacional como contraparte dominante del mercado de las comunicaciones.

La situación de duopolio multimediático a la que nos referimos se verifica por cuanto estas empresas controlan cuatro de los cinco canales abiertos de la Ciudad de Buenos Aires , el 95% de los abonados al sistema de televisión distribuida por cable, el diario de mayor circulación del país, las principales emisoras de radio AM y FM; tienen una presencia dominante en la prestación del servicio básico telefónico y en telefonía celular, en el acceso a Internet y en la elaboración de contenidos en español. Entre ambas se disputan el control por la formación de la opinión pública a partir de gran parte de la producción de los contenidos mediáticos.

¿”Con la gente en el Tercer Milenio”?

Los inicios del principal grupo multimedios de origen nacional, datan de 1945 cuando Roberto Noble funda el diario “Clarín”. El diario aparece meses antes del inicio del primer mandato del General Juan D. Perón (1946-52) como expresión de una incipiente burguesía industrial, complementando el panorama de medios gráficos hasta ese momento dominado por los centenarios diarios matutinos “La Nación” y “La Prensa”, y el vespertino “La Razón”, en manos de la tradicional oligarquía agroganadera argentina.

Durante los años del gobierno peronista, “Clarín” mantuvo un perfil independiente, ya que ni formó parte de los medios allegados al poder ni se constituyó en férreo crítico del mismo como ocurrió con “La Prensa” y “La Nación”. En 1951 el gobierno de Perón expropia “La Prensa” que pasa a manos de la Confederación General del Trabajo (CGT). Esta situación beneficiaria a “Clarín”, que captura parte de los avisos clasificados y conquista la masa de lectores de ese medio . Tiempo después, favorecido por su clara orientación desarrollista, y por sus fluidos contactos con el gobierno de Arturo Frondizi (1958-1962) consigue créditos blandos de bancos oficiales. Durante la década del ´60 se posiciona junto a “La Nación” como medio nacional.

La última dictadura militar lo encuentra consolidado como el medio gráfico de mayor tirada e iniciando una etapa de inversiones en otros sectores. Durante el autodenominado ¨Proceso de Reorganización Nacional¨ (1976-83), ‘Clarín’ junto a los diarios ‘La Nación’ y ‘La Razón’ se asocia al Estado en la empresa de papel para diarios ‘Papel Prensa’. A cambio de aceptar la férrea censura y autocensura impuesta por el gobierno de Videla, a través de créditos oficiales, ‘Clarín’ paga su participación en dicha empresa. ‘Papel Prensa’ se erige como dominante en el mercado del papel a partir de ciertas prerrogativas como el subsidio de la tarifa de la energía eléctrica y la elevación de los aranceles para la importación de papel que aumentan un 48%. De esta manera los restantes diarios quedan sujetos al monopolio de la empresa mixta .

Es en la década del ’80, y a pesar de las limitaciones establecidas en el decreto-ley de Radiodifusión 22.285, que “Clarín” comienza su etapa de expansión hacia otras ramas de la industria cultural. Así, un primer paso fue eludir la prohibición impuesta a los medios gráficos para adquirir medios radioeléctricos, comprando a través de testaferros ‘Radio Mitre’, una de las radios capitalinas de mayor audiencia.

Alineado al candidato del Partido Justicialista durante las elecciones presidenciales de 1989, “Clarín” presionó al nuevo gobierno para lograr al mismo tiempo la privatización de los canales de televisión abierta de la Ciudad de Buenos Aires, hasta ese momento en manos del Estado, y la modificación del artículo 45 de la ley vigente que le permitiera participar en los concursos públicos para adquirir las licencias. A contramano de la historia de la radiodifusión argentina, una de las primeras medidas del gobierno de Carlos Menem fue llamar a licitación para otorgar las licencias de televisión abierta y privatizar los canales de la Ciudad de Buenos Aires . Mediante la sanción de las leyes de Emergencia Económica y de Reforma del Estado se modificó la normativa para la radiodifusión.

Durante la privatización de los canales, el gobierno nombró como interventor de LS83 TV Canal 13 a un integrante del directorio de la empresa periodística ‘Clarín’, anticipando de alguna forma el resultado de la operación. Con la adquisición del canal, Clarín se constituye como grupo multimedia y comienza a experimentar un crecimiento constante ampliando su radio de acción desde el mundo gráfico al audiovisual.

Su ingreso al negocio de la televisión por cable se produce en 1992 con la adquisición de un pequeño sistema de la Ciudad de Buenos Aires llamado Video Cable Privado, que contaba con una base de 1.600 abonados y 700 manzanas cableadas. A través de la empresa Red Argentina S.A., comenzó a operar con un nuevo nombre, ‘Multicanal’. En ese momento se asocia con sus futuros competidores, manteniendo el poder de decisión sobre la empresa: un 70% estaba en manos del Grupo Clarín, un 15,3% pertenecía a Telefónica de España y el 14,7% restante al CEI. Rápidamente la empresa ascendió a 85.000 abonados y 4.000 manzanas cableadas. Se expandió hacia el interior del país, adquiriendo sistemas de cable ya establecidos en distintas localidades. Estas compras implicaron una inversión de más de 400 millones de dólares. En cinco años se convirtió en el principal operador del mercado argentino, con una facturación anual de 250 millones de dólares. Fue el primer operador que siguió el modelo de Multiple System Operator (MSO), con una economía de escala que mejoró sus costos de programación y equipamiento, alcanzó una masa de abonados suficiente que le permitió obtener financiamiento en el mercado de valores internacional a través de la emisión de obligaciones negociables. De esta forma logró posicionarse como líder del sector para una futura convergencia entre la radiodifusión y las telecomunicaciones. A fines de 1997, la tercera gran empresa de televisión por cable del país, Video Cable Comunicaciones (VCC) -originariamente del empresario local Samuel Liberman- fue vendida en partes iguales a sus competidores: Multicanal y CableVisión-TCI. El 1 de julio de 1998, ambas repartieron sus 670.000 abonados, distribuidos en Capital Federal, Gran Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Paraná y Córdoba. Según estudios recientes , Multicanal es hoy la principal proveedora de televisión por cable tanto en la Argentina como en América Latina con más de un millón de abonados y una porción del mercado local del 18,6%.

A diferencia de otros grupos nacionales, Clarín no realizó alianzas que lo subordinaran a otro socio. Así, buscó financiamiento en el mercado financiero internacional otorgando el 90% de sus activos como garantía de sus créditos y presionó al Congreso para lograr la sanción de una ley de radiodifusión que detuviera el avance de los capitales extranjeros e impedir el ingreso de las telefónicas a la radiodifusión. “A fines de 1995, los propietarios de medios nacionales impulsaron un proyecto de ley de radiodifusión que limitaba los servicios cruzados por parte de las telefónicas, la tenaz oposición del sector telecomunicaciones y las desavenencias dentro del gobierno, impidieron la sanción del proyecto. Ante la paridad de fuerzas, los grupos involucrados proponen hoy una estrategia diferente, donde en lugar de establecer una ley que defina la situación se apuesta a que sea el propio mercado el que ajuste las posiciones, para luego legislar en forma acorde”.

Clarín ingresó al sector de las telecomunicaciones a través de la Compañía de Teléfonos del Interior (CTI), al constituirse en mayo de 1994 como la primera empresa de telefonía celular que prestó el servicio fuera del área metropolitana. El Grupo posee el 25% de CTI, que comparte con las multinacionales GTE y Lucent Technologies. La compañía, en el período 1996-97, incrementó su nivel de ventas en un 500% y triplicó su base de clientes superando los 500 mil abonados.

Asimismo, el Grupo disputa el incipiente mercado de la televisión satelital a partir de la firma, en junio de 1998, de un acuerdo satelital entre la Argentina y los Estados Unidos que le permite competir con el hasta entonces único operador del mercado local: TDH . El acuerdo, fruto del lobby de Clarín y de empresas y funcionarios norteamericanos, permite que los satélites de EE.UU. ofrezcan su capacidad hacia la Argentina. Así se esfumó la protección asegurada al sistema de satélites NahuelSat y sus reservas de mercado para la televisión satelital . Clarín posee el 51% de los capitales de la sociedad DirectTV, el otro 49% está en manos del holding venezolano Organización Cisneros (29%) y de la norteamericana Hughes (20%), una subsidiaria de General Motors.

En 1992 el Grupo ya había facturado 320 millones de dólares a través de 30 empresas, entre las vinculadas y las controladas, lo que incluía su participación en el sector salud, en los negocios inmobiliarios y en el sector financiero. Hacia mediados de la década produce un cambio en su estrategia empresaria, concentra sus activos en el sector y se presenta en sociedad como Grupo para reforzar su estructura y protegerse frente a la competencia de poderosos inversores y multimedios extranjeros. En 1996, con menos empresas, su facturación ascendió a los 1.300 millones de dólares. Durante 1998, incrementó la misma a 1.769 millones y se calcula que en 1999 alcanzará los 2.000 millones. Hoy el Grupo Clarín tiene un valor de mercado estimado en 3.200 millones y posee 11.461 empleados. Se encuentra entre las diez empresas más importantes del país y es el único grupo nacional -los demás actores de la radiodifusión fueron absorbidos por el tándem CEI-TISA- con presencia dominante en la radiodifusión y con una política de expansión en las telecomunicaciones.

La formalización de un nuevo escenario, signado por la convergencia e iniciado con la sanción del Plan de Liberalización de las Telecomunicaciones (decreto 264/98), encuentra a Clarín bien posicionado una vez más. El Plan, diseñado con el objetivo de “fortalecer a los operadores nacionales instalados”, según declaraciones del ex secretario de Comunicaciones, Germán Kamerath, dispuso el ingreso de dos nuevos prestadores al servicio de telefonía básica y la disolución de las compañías que hasta ese momento compartían las dos licenciatarias en distintas empresas. Los consorcios, según el decreto, deben estar integrados por empresas conformadas por operadores de televisión por cable -con cobertura en al menos 5 ciudades de 150 mil habitantes o un mínimo de 100 mil habitantes-, operadores de telefonía móvil con experiencia internacional y operadores independientes del servicio básico telefónico. Esto permitió, en la práctica, el ingreso del Grupo Clarín, a través de CTI y Multicanal, al negocio de la telefonía básica convirtiéndose en una de las cuatro LSB.

El grupo que actualmente dirige Clarín está conformado por Héctor Magnetto (CEO y Vicepresidente), José Aranda (controlador financiero) y Lucio Pagliaro (responsable operativo de la productora Artear). Todos de aceitados contactos con el poder político, junto a la directora Hernestina Herrera de Noble, viuda del fundador. Cada uno de los principales accionistas controla diversas inversoras hacia el interior del Grupo.

El otro yo: TISA-CEI

La contraparte dominante del mercado de las comunicaciones tuvo sus orígenes en la privatización de las telecomunicaciones, adjudicadas a tradicionales prestadores nacionales europeos, y en el ingreso de actores no tradicionales con grandes sumas de capital financiero interesados en el poder y el lucro potencial ofrecidos por la industria del audiovisual y por las telecomunicaciones.

La conformación del nuevo conglomerado estuvo signada por el devenir de la asociación que entre 1990 y 1999 formalizaron el Citibank y la empresa Telefónica. Su alianza primigenia en la Compañía de Inversiones en Telecomunicaciones S.A. (COINTEL) para operar en el mercado argentino de las telecomunicaciones, la conformación del CEI en 1992 y los emprendimientos compartidos en la expansión hacia el mercado de la radiodifusión, permiten distinguir las características estratégicas que adquirió esa asociación. Con las adquisiciones realizadas durante la segunda mitad de la década, absorbieron a la mayoría de los operadores nacionales y se presentaron como una amenaza para los intereses del Grupo Clarín, provocando una trascendente reestructuración del mercado que afecta todo el futura funcionamiento.

Dos tipos audaces

La incorporación de capitales internacionales dirigió el proceso de inversiones del último período. La participación extranjera en las ventas de las mayores 500 firmas industriales argentinas aumentó del 33,6 % en 1990 a más del 51% en 1995, y el número de filiales de transnacionales dentro de dicho grupo pasó de 116 a 212. A su vez, las multinacionales absorbieron cerca de la mitad de las ventas de las 500 principales empresas, más de un 15% del PBI de aquel año. En cuanto al origen de los fondos, las empresas norteamericanas encabezaron el lote con más del 45% de la masa de dinero involucrada, seguidas por las de origen español y las canadienses. Los más de 21.400 millones de dólares que las empresas de origen extranjero invirtieron en la Argentina durante 1997, constituyen aproximadamente un 17% de la Inversión Bruta Interna de ese año. De ese capital, casi 4.000 millones correspondieron al sector de las comunicaciones.

Como parte de ese proceso, en noviembre de 1990 el Citibank desarrolla su estrategia para cobrar parte de la deuda externa argentina, utilizando los títulos como moneda de pago en la compra de acciones de empresas de servicios del Estado en proceso de privatización. Con una inversión de 250 millones de dólares en títulos de deuda y 25 millones de dólares en efectivo, ingresa en una serie de negocios: celulosas y papel, hotelería, siderurgia, frigoríficos, distribuidoras de gas y telecomunicaciones. Integra así el 20% del consorcio adjudicatario de la empresa Telefónica de Argentina, COINTEL.

Esos activos integraron, en 1992, una nueva herramienta financiera: el Citicorp Equity Investments (CEI). Al comienzo de las operaciones, el Citibank poseía el 61% del CEI por medio de su compañía International Equity Investments (IEI). Poco después, ingresarán dos nuevos grupos al fondo, iniciando un cambio de estrategia. El IEI del Citibank retuvo el 40%, un 5% cotizó en la Bolsa de Buenos Aires y el resto de las acciones fueron adquiridas por:

  • el República Holding (36%), un desprendimiento del Banco República de la provincia de Mendoza, que canalizó unos cien millones de dólares en inversiones a través de United Finance Corp. Ltd. (UFCO), una sociedad off shore, creada en las British Virgin Islands. UFCO, cuenta con un modesto capital de 50.000 dólares. Todos sus activos pertenecen al República Holding, propiedad las familias Moneta y Lucini .
  • el Grupo Werthein, dueños del Banco Mercantil de Argentina, con el 19%, que ya había participado con éxito en la privatización de la compañía de seguros más sólida del sector, la ex Caja Nacional de Ahorro y Seguros.

A partir de la política que diseñaron Raúl Moneta (Presidente del República Holding) y Richard Handley (CEO del Citibank de Argentina), el fondo vendió sus posiciones en los diversos sectores económicos donde tenía actuación y comenzó a concentrarse sobre tres ramas de las comunicaciones: telefonía, distribución de señales y elaboración de contenidos.

La expansión hacia la radiodifusión se realizó sobre un mercado que ya estaba consolidado y cuyo proceso de crecimiento se sostuvo sobre las inversiones realizadas por los operadores nacionales hasta el momento del ingreso de los nuevos capitales, principalmente norteamericanos, al negocio del cable, amparados en el Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado con los Estados Unidos puesto en vigencia a partir de la reforma de la Constitución Nacional .

Su participación en Telefónica de Argentina le permitió posicionarse dentro del sector. Con la idea de alcanzar zonas de cobertura donde prestaba servicios la otra LSB, ante la futura prestación de servicios cruzados en un mercado desregulado, se expandieron hacía la televisión por cable en la zona norte. Para ello durante 1996 se asociaron, en la empresa Multicanal, con ‘Clarín’ que buscaba capitales para seguir financiando su crecimiento. La intención del CEI por conquistar una participación accionaria mayor en el negocio, llevó a una primera ruptura entre ambas empresas, acentuada cuando el holding anuncia la compra de la empresa CableVisión-TCI (CV).

La veloz expansión del CEI coincidió con la necesidad de Carlos Menem de contar con medios que apoyaran su proyecto político de permanencia en el poder. Este apoyo fue posible por la presencia de Handley y Moneta, aliados políticos del presidente, en el gerenciamiento de las empresas en manos del CEI. La estrategia de crecimiento fue comprar empresas y asociarse con quienes que poseían know how y tecnología. Durante 1997 el CEI efectuó compras por un monto aproximado de 2.300 millones de dólares, de los cuales 75% correspondieron a la adquisición de sistemas de televisión por cable y abierta, radios y revistas.

En televisión por cable, luego de adquirir el 64 % de otra de las grandes empresas del país, CableVisión-TCI, sumó la totalidad de los abonados de la empresa UIH que controlaba el grupo Mandeville . Más tarde compró el 50 % de Fintelco, controladora de VCC, en una operación que concluyó en junio de 1998 . Se constituyó así en el segundo operador nacional de televisión por cable, detrás de la empresa Multicanal.

En el área de contenidos, el primer paso fue la asociación con el empresario Carlos Ávila en Torneos y Competencias (TyC), principal productora de programas deportivos del país. TyC ya participaba del 40% de Telered Imagen (TRISA), distribuyendo al interior el exitoso programa televisivo ´Fútbol de Primera`. A partir del ingreso del CEI, la composición accionaria de TyC quedó integrada de la siguiente manera: 20 % del CEI, 20 % de TISA, 40 % de TCI y el 20 % restante en manos de sus dueños originales, los empresarios Ávila y Nofal. Con nueva composición TyC adquirió, en sociedad con el grupo australiano Prime, Canal 9 de televisión abierta de la Ciudad de Buenos Aires y otros medios que hasta ese momento poseía Alejandro Romay .

La inversión más importante del CEI fue su asociación con Editorial Atlántida, tradicional grupo editorial de la familia Vigil que al privatizarse los canales capitalinos ganó la licencia del Canal 11 junto a otros socios y a varios canales del interior. La sociedad con Atlántida derivó en la conformación del holding Atlántida Comunicaciones (AtCo): 40 % para la familia Vigil, 30% para el CEI, y el otro 30 % para TISA. El holding controla el 95 % de Editorial Atlántida, el 100 % de Telefé (Canal 11) y las radios Continental, y FM Hit de la Ciudad de Buenos Aires.

Cuando conforma AtCo, el CEI comienza a negociar la compra de los principales canales del interior asociados en Televisoras Provinciales S.A. en un proceso plagado de complicaciones. El CEI necesitaba contar con una red de canales del interior del país que le sirvieran de soporte donde colocar la programación que ya venía produciendo en la ciudad de Buenos Aires. En un primer momento, los operadores del interior se van a negar a vender los canales. Sin embargo, esta negativa no va a durar mucho tiempo ante la evidente presión que se ejerce desde el gobierno. En enero de 1998, el Poder Ejecutivo sanciona los decretos 85 y 86, llamando a licitación para otorgar licencias de televisión abierta en dos de las ciudades más importantes del interior: Córdoba y Rosario. Los decretos establecían “que en concordancia con las políticas trazadas y ejecutadas por esta administración, resulta necesario ofrecer a particulares la frecuencia…”. Una semana después, una vez adquiridas las empresas por parte del CEI, se sancionan dos nuevos decretos suspendiendo las “necesarias” licitaciones.

El Estado aparece entonces como administrador directo de los intereses del capital, presionando por medio de la normativa para que un sector transfiera el control de sus empresas a otro. Así, la capacidad casi ilimitada de contar con recursos financieros adicionada a su proximidad con el Poder Ejecutivo, le permitieron al CEI aventurarse con éxito en los más diversos emprendimientos.

El show debe continuar

Durante los últimos meses de la década del 90 se verifican nuevos movimientos de capitales en un escenario marcado por la irreversibilidad de los procesos de concentración e internacionalización que venimos señalando. De este modo asistimos, por un lado, al control del CEI por parte de un fondo de inversiones norteamericano (Hicks, Muse, Tate & Furst) y al divorcio del CEI y TISA; y por otro, al ingreso al Grupo Clarín de uno de los mayores bancos de inversión del mundo (Goldman Sachs).

A mediados de 1998, el CEI modificó su composición cuando el ‘fondo de fondos’ Hicks, Muse, Tate & Furst (HMT&F) ingresa como accionista del holding adquiriendo las acciones de la familia Werthein y parte de las que poseía el Citibank, por un monto de 723 millones de dólares. Así, el CEI queda reconfigurado de la siguiente manera:

República Holdings: 39,6% HMT&F: 32,5%
Citibank: 23,4% En la Bolsa: 4,5%

Podemos apuntar que el Citibank se ve obligado a vender parte de sus acciones, producto de leyes de funcionamiento de la bolsa de valores de Nueva York que indican que una entidad financiera no puede controlar una empresa de servicios. Tras la renuncia de Handley en septiembre de 1998, por motivos no muy claros, Moneta asume la presidencia del CEI. Por su parte, los Werthein deciden reorientar su estrategia empresarial centrando sus negocios en el sector financiero y de seguros. Con los recursos obtenidos por la venta fusionan el Banco Mercantil con la aseguradora La Caja (ex Caja Nacional de Ahorro y Seguro, privatizada en 1994 durante el primer gobierno de Carlos Menem) una de las más importantes del sector.

En 1993 HMT&F ingresó en el mercado argentino de medios al adquirir pequeños sistemas de televisión por cable a un grupo de empresarios provinciales y conformar Mandeville, que se constituyó en un operador mediano del interior del país. Luego, vendió Mandeville al CEI-TISA, a través de CableVisión-TCI, por un monto de 525 millones de dólares. HMF&T posee más de 400 radios en los Estados Unidos y negocios en televisión, Internet, y telecomunicaciones. En América latina ingresó con éxito al mercado de las comunicaciones, mediante diversas sociedades en Brasil, Venezuela y México. Controla en Brasil el equipo de fútbol Corinthians y la principal productora de contenidos deportivos, Traffic S.A.; en los Estados Unidos posee el equipo de beisbol Texas Rangers y participa en la industria petrolera y alimenticia.

Tras la desarticulación del fallido intento re-eleccionista de Carlos Menem, se produce el desplazamiento de sus operadores cercanos, hasta ese momento privilegiados partícipes de los principales negocios e inversiones del sector comunicacional. En abril de 1999, Hicks reemplaza a Moneta como presidente del CEI, tras las presiones ejercidas por Telefónica de España durante la caída de los Bancos Mendoza y República. En mayo de 1999, HMT&F (61%) y Moneta (39 %), arman un nuevo megagrupo financiero, AMI (Argentina Media Investments), para el Mercosur, concentrando activos por unos 2 mil millones de dólares. El CEI gerencia las operaciones de este nuevo holding que implica la integración de los negocios de Hicks en Latinoamérica. El mapa accionario del CEI vuelve a modificarse a mediados de 1999, cuando HMT&F adquiere el 39,6% de las acciones del República Holdings en 124,4 millones de dólares. Así concluye la etapa signada por las relaciones del dúo Moneta-Handley con el poder político y emerge una nueva estrategia de gestión de negocios a escala regional, dominada por HMT&F. La composición actual del CEI se presenta de la siguiente manera:

HMT&F: 72,2% Citibank: 23,1%
Acciones individuales: 4,7%

Por su lado, TISA, acompañada por importantes volúmenes de capitales financieros, desarrolla el control de las redes y el dominio de todos los formatos como estrategia de expansión hacia el mercado hispanoparlante, donde posee ventajas comparativas en el terreno de la cultura y del idioma. Según Eduardo Giordano:

“Las cuantiosas inversiones de Telefónica en distintas formas de televisión y en otros medios de comunicación de masas se apoyan no sólo en el enorme volumen de recursos propios de la compañía. Telefónica cuenta con el respaldo intensivo del capital financiero español (BCH-Santander-Bilbao Vizcaya) para su expansión en el mercado audiovisual interno, y mantiene importantes alianzas con las corporaciones bancarias estadounidenses (Citibank, Citicorp) para consolidar su despliegue latinoamericano”.

La elaboración de contenidos adquiere así un nuevo protagonismo en el diseño de las estrategias rectoras de su patrón de acumulación, transformando a la empresa prestadora de un servicio nacional de telefonía en un grupo multimedia internacional orientado por la convergencia tecnológica, la integración económica y el control de todos los procesos y soportes. La asunción de este nuevo carácter mediático generó Telefónica Media Investment, empresa diseñada para producir contenidos en la región . Se trata de alcanzar el mercado audiovisual de habla hispana, que es el segundo a nivel mundial en términos demográficos, comprende más de 330 millones de consumidores potenciales, de los cuales 270 millones se encuentran en América Latina, 39 en España y 24 en los Estados Unidos .

En la Argentina, TISA negoció con HMT&F la división de las empresas que integraba junto al CEI en AtCo y en AC Inversora; paralelamente, los grupos redefinen la propiedad de la firma Cointel (controla el 60 % de las acciones de Telefónica de Argentina). De prosperar estas negociaciones el consorcio español pasará a controlar los canales abiertos, las radios y la totalidad de la prestadora de telefonía, cediendo el cable y la edición impresa .

Este dislocamiento de la alianza de medios con presencia en la Argentina y su readecuación a las pautas globales de las trasnmediáticas, coincide con otro proceso iniciado en la contraparte nacional, el ingreso del banco Goldman Sachs Group, Inc al Grupo Clarín. En noviembre de 1999, Goldman Sachs adquiere por 500 millones de dólares el 18 % del paquete accionario de Clarín, con quien mantenía relación desde 1997 cuando fuera contratado para colocar bonos de deuda del Grupo en el mercado norteamericano. De esta forma Clarín afronta los compromisos adquiridos para financiar su expansión y mantener su potencialidad competitiva en el sector.

A este reordenamiento de capitales le corresponde una nueva adecuación normativa por parte del Estado. A dos meses de concluir su segundo mandato, Carlos Menem dicta el decreto de necesidad y urgencia 1005/99 modificando artículos sustanciales del decreto-ley 22.285/80 de Radiodifusión. Este nuevo decreto modifica el régimen de multiplicidad de licencias (pasan de 4 a 24 las licencias permitidas a un mismo operador), autoriza la transferencia de la titularidad de las mismas, permite la formación de redes y libera el tiempo publicitario por hora de emisión. Una vez más, el Estado aparece utilizando su capacidad reguladora para favorecer la concentración de la propiedad en los medios audiovisuales y legalizar las tendencias y situaciones preexistentes en el ámbito privado.

Con una pequeña ayuda de mis amigos…

El origen de los principales fenómenos y tendencias del mercado de las comunicaciones en la Argentina seguramente reconoce antecedentes complejos y diversos. Sin embargo, debemos señalar la influencia decisiva que en el terreno económico tuvo la peculiar aplicación de políticas regionales basadas en el denominado “Consenso de Washington” (1989) y que, como señaláramos, prescribían la reforma del Estado, la privatización de empresas públicas, la reforma fiscal, la disminución del gasto público, el mantenimiento del equilibrio macroeconómico y la flexibilización laboral. Sin lugar a dudas, las formas y tiempos en la aplicación de este recetario variaron en relación a los procesos históricos de cada sociedad particular. En la Argentina el contexto en el cual fue implementado era de una marcada crisis económica e institucional, exacerbada por el proceso hiperinflacionario, lo que contribuyó a imposibilitar cualquier tipo de control o rechazo.

En relación a las privatizaciones realizadas a partir del primer gobierno de Carlos Menem, el economista Hugo Nochteff afirma que “la rapidez y la amplitud del proceso son mucho mayores que las usuales en el mundo occidental: en cuatro años se privatizaron casi todas las empresas industriales y de servicios estatales”, acompañado por una profunda internacionalización/desnacionalización de la economía que se tradujo en “una dependencia cada vez mayor respecto de los conglomerados y las instituciones financieras internacionales”. Como hemos observado a lo largo de este trabajo, el sistema de comunicaciones fue puntal de los vertiginosos sucesos que aparejaron profundos cambios en la composición de las cúpulas empresariales y en la articulación y el origen de los capitales. Esta reconfiguración de la elite, donde el desplazamiento de un gran número de agentes se conjuga con la emergencia de nuevos actores centrales en el desenvolvimiento económico y social, es una resultante de esas nuevas formas de estructuración y funcionamiento de la economía sobre el territorio argentino.

En el período 1990-99, el sector de las comunicaciones se colocó en segundo lugar en relación a la inversión de firmas extranjeras con un monto total de 25.500 millones de dólares, aventajado sólo por el sector petrolero . Estados Unidos, con 13 mil millones, y España, con 5.300 millones, fueron los principales inversores orientando el flujo de capitales hacia la conformación de los grupos analizados.

A comienzos de la década encontramos a cada uno de los grupos operando en diferentes sectores del mercado que se desarrollan paralelamente. Podemos distinguir así un primer momento caracterizado por la conformación de los grupos multimedios privados nacionales en el terreno de la radiodifusión y por un mercado de telecomunicaciones controlado por dos operadores monopólicos extranjeros que ingresaron al país a partir de la privatización de la empresa estatal. A partir de entonces, los desarrollos de los principales operadores -sujetos siempre a una estrecha relación con el Estado- pueden ubicarse en una direccionalidad signada por un potencial escenario de convergencia. En una segunda etapa la radiodifusión experimenta el ingreso de capitales extranjeros a través de las empresas de distribución de televisión por cable, culminando con la conformación de un escenario internacionalizado e hiperconcentrado.

Es en ese sentido, que la sociedad CEI-TISA, interlocutor del gobierno desde la posición que le otorgaba su poder económico, adicionará los medios de producción simbólica que potencian su capacidad de presión. Por su parte, el Grupo Clarín y su poder de lobby sostenido en su aptitud de generar la agenda política y modelar la opinión pública, se transformará en protagonista económico, colocándose entre las mayores empresas del país.

El fortalecimiento de la posición dominante de estos grupos se expresa en el nuevo ecosistema de la convergencia, cuyos lineamientos serán regulados a partir de la sanción del “Plan de Liberalización de las Telecomunicaciones” de 1998. Dicha norma elimina las trabas impuestas por el decreto-ley de Radiodifusión y los Pliegos de Privatización de ENTel a la prestación de servicios cruzados por parte de un mismo operador, genera las condiciones para la realización del nuevo mercado de los servicios integrados y define a sus protagonistas.

Así, el proceso experimentado en el sector de las comunicaciones configura al mercado argentino como laboratorio del desempeño de las estrategias internacionales de los conglomerados mediáticos. Tras la acelerada y cada vez mayor sincronización del proceso decisorio local en relación al mercado internacional, su ordenamiento más reciente distingue claramente la absoluta hegemonía de los grandes agentes y el diseño de las alianzas, compras y ventas en función global. Los procesos de toma de decisiones se ubican a escala mundial, son operacionalizados en estrategias hacia América latina y derivan en acciones locales que se apartan de la coyuntura política nacional a la espera de su rearticulación.

Al mismo tiempo, los agentes presentes en el escenario local de las comunicaciones adquieren un protagonismo relevante en la nueva alianza de poder; en términos de Poulantzas : “en el caso del Estado hegemónico y de la clase o fracción hegemónica, la constitución de un bloque en el poder que presenta una unidad interna propia, se vuelve necesaria y posible en la medida en que esta clase o fracción, situándose en el nivel propiamente político que corresponde a las estructuras objetivas del Estado, organiza un interés general, políticamente estructurado de las clases o fracciones en el poder. Las contradicciones entre esas clases y fracciones siguen siendo profundas pero, a través de la mediación del Estado, son contenidas en y unificadas por los intereses políticos universalizantes de la fracción hegemónica”. En la Argentina este tipo de Estado -revitalizado por los gobiernos de Carlos Menem- y su capacidad de generar consensos , permitió la constitución de una nueva fracción hegemónica que combina, mediante la propiedad y la compleja gestión de los medios, capacidad de acumulación y poder de emisión, con sus consecuentes potencialidades hegemónicas. La conformación de esa nueva expresión de poder se sostuvo sobre la organización del mercado argentino de comunicaciones en términos de competencia interoligopólica. Así, las cuasi-rentas provenientes de esa dinámica de negocios, se constituyeron en privilegiadas morfologías de valorización, siempre ligadas a las necesarias -y poco novedosas en términos de análisis- relaciones con el gobierno de turno.

Por su parte, el gobierno ha adquirido ciertas tendencias distintivas, en el sentido de lo que señala Mosco respecto a las funciones vitales que debe satisfacer el Estado capitalista para mantener el sistema del cual depende su propia supervivencia. En términos del eje acumulación-legitimación que nos interesa destacar, la actuación del gobierno en el terreno de las comunicaciones indica que éste en modo alguno a sido un árbitro imparcial encargado de dirimir los conflictos y las contradicciones de los múltiples intereses de los actores intervinientes. En lugar de proponer como horizonte el establecimiento de más y mejores condiciones de acceso y participación para el conjunto de la sociedad, ha materializado el predominio de la función de acumulación por sobre la de su propia legitimación . Remitiéndonos una vez más a Mosco, en las comunicaciones de la Argentina de hoy: “la contradicción fundamental se da entre una creencia en la libertad ilimitada para la adquisición privada, y la democracia, una dedicación a la igualdad y la mayor participación pública posible en la toma de decisiones”.

Incluso con sus dislocamientos más recientes, la conformación de un duopolio en el sector de las comunicaciones presenta a estas nuevas corporaciones de la enunciación como poderosos centros de producción, distribución y difusión, que combinan en un mismo agente poder económico y poder simbólico. Ello requirió de un entorno social debilitado, la inexistencia de actores sociales relevantes por fuera del poder económico, un marco regulatorio funcional (sostenido en decretos, resoluciones del Poder Ejecutivo, ausencia de legislación antimonopólica y falllos judiciales favorables) y partidos políticos sin autonomía para generar una dinámica de discusión pública alternativa y limitados a administrar una menguada dimensión del poder. Situación potenciada por la ínfima presencia de los servicios estatales de radiodifusión, en franco peligro de extinción.

Las estrategias de crecimiento de estos poderosos grupos se han orientado hacia la compra de clientes de servicios, navegantes interactivos, telespectadores, etc., cuya posesión garantizaría en última instancia la realización del capital. Si el espacio futuro sobre el cual se construirá la nueva ciudadanía está signado por el nuevo magma de los mensajes mediatizados, ingresaremos a él al menos con una certeza: ya tiene dueños.

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Detienen a una integrante de la asamblea de Famatina por desplegar una bandera

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La presión social hizo que la liberaran a las tres horas y sin ninguna causa. Su detención ocurrió ante la llegada del gobernador Quintela a un evento pro minero, cuando Jenny Luján, docente integrante de la asamblea de Famatina, intentó desplegar una bandera que decía “El Famatina no se toca”. La política detrás del intento de volver a instalar proyectos en la provincia. La postura de las asambleas. Cómo fue el episodio y cómo se organizan las y los vecinos que defienden el medioambiente y la vida, en medio de RIGI locales, tejes de corrupción y una política partidaria en contra del pueblo: “Estamos no solo resistiendo sino pensando qué queremos construir y cómo lo vamos a lograr. No es fácil, pero lo bueno es que seguimos y acá estamos y estaremos”. Hoy Jenny denunciará al gobierno por detención ilegal y vulneración del derecho a la libre expresión y protesta.

Por Anabella Arrascaeta

Jenny Luján era docente en Famatina, La Rioja, cuando en 2006 empezó a hablar con sus estudiantes y otras colegas sobre minería. Ese mismo año, ella junto a otras personas, crearon la Asamblea de Famatina que describe su eficacia hoy así: “Fue creciendo de tal manera que hace 18 años no tenemos minería en Famatina, la gente está muy orgullosa, aumentó el turismo en la zona y en el proceso recuperamos nuestras identidades ancestrales”.  

Ayer, fue desde donde vive actualmente, Chilecito, hasta la localidad de Villa Castelli, departamento General Lamadrid, para protestar junto a otros asambleistas, vecinos y docentes en el acto que el gobierno difundió como Multisectorial Actores del sector minero en La Rioja, donde nueve empresas mineras proponían informar sobre proyectos en la provincia. 

Cuando llegó el gobernador Ricardo Quintela, Jenny intentó desplegar una bandera que decía: “El Famatina no se toca”; pero la policía la rodeó para que no pueda hacerlo. Entonces ella gritó con fuerzas: “La cordillera no se toca, el agua es para los pueblos”. Automáticamente fue detenida, abrazada a su bandera, y llevada por tres horas a la comisaría local. El gobernador le dedicó unas palabras en el acto, cuenta ella: “(Quintela) dijo que me quede tranquila, que la minería que van a hacer es responsable, que se van a encargar de controlar todo. Pero nosotros sabemos que es un desastre”, cuenta hoy Jenny ya desde su casa, en libertad, gracias a la enorme presión que ejerció la asamblea, que sigue protestando. 

“Nosotros ya estamos acostumbrados, y siempre que vamos y hacemos este tipo de actividades vamos preparados”, sigue Jenny. “Siempre digo: hay que llevar un calzón por si te detienen. Y sabemos además que cada vez que pasa esto es un efecto bumerán para el gobierno: tiene una repercusión a nivel de la gente que se le vuelve en contra”. 

¿Qué fue lo que pasó?

Desde hace tiempo que el gobierno viene profundizando las políticas mineras, sobre todo de extracción de litio. En el último tiempo hubo presión de la Cámara Minera, de las empresas y de los medios que empezaron a fogonear el tema, todo en el contexto en el que Quintela quedó en el aire: se lleva mal con Milei y quedó afuera de la interna PJ. Entonces lo que hace es ver de dónde saca dinero para pagar deudas que tiene la provincia y por eso generaron este encuentro con la excusa de informar a las comunidades de que se trataban los proyectos de las nueve mineras. Se suponía que iba a ser abierto, todo un verso hermoso. El tema es que no fue un encuentro para eso, fue para visibilizar que en La Rioja se están haciendo cosas por la minería. Lo hicieron en un lugar que fue una provocación, un lugar ancestral, ahí se juntaron 500 más o menos entre mineros, funcionarios del gobierno provincial, local, y mucha policía. Nosotros éramos 15 personas, de asambleas, vecinos e integrantes de AMP, la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja. Lo que veíamos es que no había pueblo. Estaba todo ornamentado: pantalla, sillones, mesas, alfombras. 

¿Ustedes iban a participar del evento?

No, nosotros no nos acreditamos, obviamente, porque no estamos de acuerdo. Desde que fuimos transitando en la ruta nos pararon varias veces, nos revisaron absolutamente todo, nos trataron con prepotencia. Llegamos al lugar, sacamos fotos, y nos quedamos afuera. Aunque es un centro ancestral, está en el medio del campo, alrededor hay piedras y nativas nada más. El estar afuera daba lo mismo: se veía absolutamente todo. Estábamos muy marcados por la policía, que había mucha, entonces teníamos como estrategia que cuando se baje el gobernador íbamos a despegar una bandera.

¿Y cuando llegó el gobernador qué pasó?

Se bajó el gobernador, se bajó la vice, la policía nos había dicho que no digamos nada, que no gritemos nada. Y cuando intento abrir la bandera me abrazan tres o cuatro policías, y no me lo permiten. Entonces, como la consigna tenía que estar, grito: la cordillera no se toca, el agua es para los pueblos. Eso puso muy furiosos no solo a los policías, sino también a los funcionarios que gritaban “llevenla de acá”. 

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1863594870515908810

¿El gobernador qué hizo?

El gobernador entró. Después dijo que no se enteró, que iba a interceder para que me liberen. Me dedicó un mensaje de discurso: dijo que esa “señora grande de edad”, quería decirme que me quede tranquila, que la minería que van a hacer es responsable, que se van a encargar de controlar todo. Cuando sabemos que es un desastre. 

¿En ese momento te llevaron a la comisaría?

Me subieron a un patrullero, y no arrancaba. Así que me pasaron a otro. Mientras tanto, los gritos: “llevala rápido”. Llegué a la comisaría y me dijeron que estaba detenida. Me quisieron sacar la bandera, la cartera, dije “no, hasta que no tenga el acta de detención no entrego nada”. Después me dijeron: “no está detenida, está demorada”. El comisario estaba en el circo con el gobernador. Me hicieron el acta de contravención, cuando lo leyeron decía que era por resistencia a la autoridad policial y alteración del orden público; la hacían muy lenta, para tardar. La sanción era pagar una multa o hasta detención 30 días, yo le dije no voy a pagar ninguna multa, esos delitos no los cometí. Mientras, estaban saturados los teléfonos de compañeros y compañeras de todo el país. La gente se empezó a juntar afuera de la comisaría. Había presión. Y decidieron a último momento que dejaban sin efecto la contravención y que me vaya. Les avisé: voy a hacer una denuncia por detención ilegal, por vulneración del derecho a la libre expresión y protesta, y por violencia verbal de la policía. Estuve desde las 10 de la mañana hasta 13.30 de la tarde. Cuando bajé de ese pueblo a la fiscalía, ya eran las tres de la tarde y no había nadie, después vine a Chilecito. Mañana voy a ir a la fiscalía.  

En clave de lo que pasó: ¿Cómo lees el panorama político de la provincia gobernada por la oposición nacional pero a su vez impulsando estos proyectos?

Quintela hace 2 años aprobó una ley declarando al litio “mineral estratégico”, y lo que dice es que él quiere explotar la minería dando un valor agregado a la provincia y que haya derrame para el pueblo. No adhirió al RIGI, pero tiene su propio RIGI. Él usó la lucha del Famatina para llegar al poder, para acumular partidariamente, como muchos: no es el único, lo hicieron de todos los partidos. Pero dentro de lo que hay de la provincia, es lo mejor, mirá lo que te digo: así de terrible es esto. Del otro lado está Beder Herrera, ex gobernador de la provincia que impulsó la minería desde 2006 en adelante, por eso nacimos nosotros como Asamblea; Martin Menem, que ya sabemos; Angel Maza, que es ex gobernador de la provincia y es uno de los asesores creadores de las leyes mineras que se impulsaron en la época que fue presidente Carlos Menem, cuando él estaba como Secretario de Minería. Ni hablar del radicalismo, que está totalmente mileinisado, derechosos, apoyan fuertemente las políticas de Milei. Y bueno, el PRO. Todo es terrible, no estamos teniendo dirigentes en la provincia que den otro horizonte. Hay un partido que viene tomando fuerza, trabajando con las organizaciones, pero es muy difícil en estas provincias donde el peronismo y el feudalismo tiene raíces profundas. Entonces es Quintela, que es terriblemente demagogo, llega a mucha gente y da soluciones que son muy pequeñas pero que resuelven cosas en lo cotidiano, mientras tanto la corrupción viene generando nuevos ricos políticos de manera bochornosa. Es obsceno. Tenemos funcionarios del gobierno que ya son dueños de pedazos enteros de la provincia. 

Y en ese contexto, las Asambleas, ¿cómo están?

Las asambleas son muy respetadas y muy creíbles, porque vienen teniendo coherencia desde hace 18 años. A pesar de que hubo algunos referentes asamblearios que disputaron el poder partidariamente y lo hicieron desde el PRO y de La Libertad Avanza, lo que fue terrible para la asamblea, un terremoto… Pero no les fue bien. Y sabemos que el pueblo no se aparta de la lucha, está dispuesto a seguir defendiendo el territorio, y eso es muy bueno. La mayoría cree en las asambleas, apoya y siente que son un nudo coordinador de acciones y de formación: todos saben de qué se trata, y todos han recobrado el orgullo de ser de su lugar, y por eso lo defienden. Y sobre todo hemos perdido el miedo, lo que es muy importante en este contexto en el que hay mucha presión y miedo de perder el trabajo, donde todos estamos poniendo energía para ver cómo sobrevivimos cada día. Sin embargo hay espacios para seguir juntándonos, haciendo actividades, y sosteniéndonos solidariamente: tenemos por ejemplo ferias de todo tipo para ayudar a quienes la están pasando muy mal. Y seguimos tejiendo con organizaciones, porque creemos que lo único que nos va a hacer salir de este gobierno es unirnos por abajo, tejiendo la trama: estudiantes, jubilados, trabajadores, amas de casa, agricultores, defensores de la vida. Estamos no solo resistiendo sino pensando qué queremos construir y cómo lo vamos a lograr. No es fácil, pero lo bueno es que seguimos y acá estamos y estaremos. 

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Tres audiencias ante la CIDH: mujeres, derechos humanos y economía popular

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió tres audiencias temáticas a las organizaciones de la sociedad civil de Argentina para escuchar el impacto de las medidas regresivas que adoptó el Estado en políticas sociales, económicas y culturales. El gobierno de Javier Milei debió responder en Washington, sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante las autoridades internacionales respecto a la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Hubo en total tres audiencias:  

  • Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular;
  • Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género;
  • Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos.

En el caso de violencia contra las mujeres y niñas, la presidenta de la CIDH Roberta Clarke planteó que se trata de “delitos de lesa humanidad”. La actitud del gobierno argentino, y los detalles de cada una de las audiencias.

Por Lucrecia Raimondi

Las audiencias ante la CIDH que se llevaron a cabo el jueves 14 noviembre reunieron a organizaciones sociales y de derechos humanos en la sede de la Ex Esma, desde donde se realizó la conexión. Fueron solicitadas por entidades de derechos humanos, políticas, sindicales, feministas, sociales, académicas y religiosas.

Durante el 191º Período de Sesiones, en un hecho inédito, la CIDH otorgó a la Argentina el tratamiento de tres temas:

  • El “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular”;
  • la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género”;
  • el “Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos”.

En 10 meses de gestión, el gobierno de Milei debió presentarse cuatro veces a la CIDH para dar respuesta ante los reclamos de la sociedad civil por la violación a los derechos humanos. La primera fue en julio de este año sobre la “Situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión” a partir de la represión durante el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso Nacional. 

Los representantes del Estado argentino sostuvieron la postura ultraliberal del presidente Javier Milei en todos los ámbitos internacionales de derechos humanos. Ante la CIDH, las intervenciones del gobierno y de la sociedad civil mostraron un país con una profunda división. En la exposición de los funcionarios oficiales quedó explícita su postura en “concordancia con los principales lineamientos del gobierno” en relación a la “racionalización de la gestión de los recursos disponibles”, según ellos como consecuencia de “la herencia institucional, económica y social recibida por la actual administración”.

En las tres audiencias el ex juez Alberto Baños, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, argumentó que “los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes y la reducción de personal ineficiente, tienen que ver con la búsqueda de saneamiento que permita un renacimiento de la economía”. Las intervenciones de Baños se vieron plagados de un tono entre irónico y agresivo hacia las políticas de derechos humanos, con la habitual retórica oficialista que justifica la regresión en materia social amparándose en la crisis económica. 

Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil presentaron informes detallados del impacto negativo de las políticas de ajuste y desregulación del Estado en tres áreas donde Argentina es un ejemplo para el mundo:

  • la colaboración comunitaria contra la pobreza en los barrios vulnerables,
  • la lucha social por la erradicación de la violencia de género,
  • las políticas de memoria, verdad y justicia por la no repetición del terrorismo de Estado.

La sociedad civil peticionó a la CIDH una visita a la Argentina para monitorear la situación con el fin de impulsar al Estado a cumplir con sus obligaciones y respetar los estándares internacionales de derechos humanos. 

Milei pretende diferenciarse de la Agenda 2030, consensuada en la ONU como el “Pacto del Futuro”, que reúne esfuerzos para garantizar derechos de tercera generación y de incidencia colectiva.  “Aunque bienintencionado en sus metas, es un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas”, disertó el presidente de Argentina en septiembre ante la 79º Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Al cierre de su discurso advirtió que “la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio, ni la violación de los derechos naturales de los individuos, no importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución”. En esa línea fue la intervención de Baños, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Tres audiencias ante la CIDH: mujeres, derechos humanos y economía popular

La economía popular y el avance narco

La primera audiencia sobre el “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular” fue solicitada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO).

La principal denuncia de este sector fue la falta de entrega de alimentos a los comedores comunitarios, el desmantelamiento de los programas de empleo social, la persecución y la estigmatización de las organizaciones sociales. Natalia Zarza, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos e integrante de la UTEP describió la dramática situación de los barrios populares ante la falta de alimentos: “No llegamos a fin de mes, no tenemos a la noche un plato de comida todos los días. Los espacios que brindan los alimentos a los pibes se hacen de manera amorosa y con compromiso, son una herramienta fundamental de contención. Pero cuando el Estado se retira avanza el narcotráfico que le destruye el proyecto de vida a nuestros pibes. Estoy acá con mucha bronca, vengo para que me escuchen. No somos fantasmas, somos los que sostenemos los comedores comunitarios dándole de comer a los chicos y los ancianos de todos los barrios de la Argentina”. 

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, explicó las consecuencias de la política de ajuste: “En nuestro país hay 10 millones de indigentes, hay más de 20 millones de compatriotas que están en la pobreza que no pueden comer todos los días, que saltean comida. El gobierno congeló el salario social complementario, implica que el Potenciar Trabajo, que percibían trabajadores y las trabajadoras de la economía popular producto de una tarea socio productiva, cayera en peores condiciones sociales de las que estaban en términos de pobreza. El gobierno tomó una decisión de avanzar en un proceso de ajuste, no solo en la política de economía popular, sino en muchas políticas. Nosotros hacemos mucho hincapié en que cuando se destruye la comunidad avanza el narcotráfico, se rompen las redes de contención social y de contención comunitaria”.

Además Gramajo detalló: “Lo que hemos planteado hasta acá es producto de las decisiones que ha tomado el gobierno. Los trabajadores de la economía popular y trabajadores formales van perdiendo su trabajo y su poder adquisitivo, los jubilados y jubiladas caen en la pobreza, millones de niños y niñas van todos los días a dormirse sin comer, más de 10.000 empresas han cerrado, privatizó las empresas del Estado. El gobierno decidió desfinanciar la educación y la salud pública” y concluyó que para la sociedad civil peticionante “esto representa un plan de miseria planificado, un plan de exterminio social y una gran crisis humanitaria que necesita el acompañamiento de los diferentes organismos internacionales. Porque el avance en el narcotráfico que se ve en el territorio argentino y también la gran tasa de suicidios que ha aumentado violentamente, son producto del deterioro económico y social que está viviendo nuestro pueblo”. 

En respuesta a los planteos de las organizaciones, Baños acusó a Gramajo de tener un “discurso político”, habló de infiltrados en las manifestaciones, de comedores fantasmas y tildó a la militancia social de coercitiva. Además sostuvo que “las políticas de intermediación y asistencialismo clientelar llevaron al país años de pobreza estructural” y agregó que “durante épocas de pobreza estructural y asistencialismo clientelar, tampoco se presentó ningún pedido de audiencia pública”, cosa que en la Ex Esma fue interpretada como una chicana.

Ante la pregunta del comisionado Caballero sobre si era una proyección o un dato concreto que la pobreza disminuyera a la par de la baja de la inflación, Baños agitó el discurso libertario: “No es que en el segundo semestre del 2024 la pobreza bajó sino que en este segundo semestre estamos viendo que la pobreza empieza a bajar a partir de una sostenida baja en los índices de inflación”.

Al cierre de su intervención sobre este tema, Baños describió para quién gobierna el presidente: “La gestión encabezada por el presidente Milei es para mejorar la calidad de vida de los argentinos de todas las clases socioeconómicas, apuntar a lograr una vida en libertad y hacer de la propiedad de cada uno un fin en sí mismo”. 

La voz de los marginados

Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, se dirigió a los funcionarios en relación a las respuestas insuficientes del Estado y la evidente falta de diálogo ante los reclamos de los trabajadores de la economía popular: “Quiero invitarles a las dependencias del Estado a que básicamente reconozcan los derechos humanos y políticos en el marco de los derechos humanos. ¿Entienden esta lucha de poder que existe entre las instituciones y las personas? Por ejemplo, eso tiene que ver con la distribución de recursos. Cuando hay desigualdades muchos quedan afuera en sus necesidades, no son cumplidas. Esta es la historia que vive nuestra región, de arriba hacia abajo. Entonces, el marco de los derechos humanos dicta que los Estados tienen que proteger los derechos y los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil tienen el papel de monitorear lo que están haciendo los Estados para cumplir con los derechos humanos. La Comisión también tiene que ser la voz de los marginalizados”. 

Además, se refirió a la denuncia por la estigmatización y las campañas de desprestigio al sector de la economía popular que sostiene los comedores en los barrios: “La sociedad civil y los defensores de derechos humanos no deben recibir ningún tipo de represalia. Deben en forma sustantiva ser esa voz, no solamente una voz desde afuera, sino una voz que puede sentarse a la mesa de negociaciones para que se vean sus perspectivas, para que se vea el monitoreo que han realizado en cuanto a las políticas. Los defensores de derechos humanos están trabajando con mucho valor en contra de los poderes que tiene el Estado y por supuesto esto lo vemos en toda nuestra región. Así que quiero honrar la integridad del trabajo que están haciendo ustedes y sus intenciones”. 

“La violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”

En la segunda audiencia sobre la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género” participaron como peticionantes Amnistía Internacional, el CELS, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Mujeres x Mujeres y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables. Los principales ejes de denuncia fueron el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y su posterior cartera disminuida en Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, la reducción drástica de los Centros de Acceso a la Justicia, el desfinanciamiento de la línea telefónica 144, del Programa Acompañar y el Programa Acercar que brindaba asistencia integral a las víctimas de violencia de género.

Destacaron la falta de políticas de prevención del abuso sexual en la infancia, las barreras para el acceso al aborto legal, el cierre del Plan ENIA de prevención de embarazos no deseados en la adolescencia, más el desmantelamiento de programas que promovían la equidad de género en empresas y de ayuda económica para personas trans. La audiencia comenzó con un claro mensaje de Clarke: “Dediqué casi toda mi vida profesional a este tema y no se ha visto una disminución en las estadísticas. Tal vez no contemos con cifras exactas por subregistro, pero la violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”.

Natalia Gerardi, directora ejecutiva de ELA, puso en contexto a la CIDH: “Desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, el actual gobierno ha atacado sistemáticamente los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBT. Desmanteló políticas públicas exitosas, desprestigió sin evidencias las instituciones encargadas de garantizarlas, recortó de manera arbitraria las partidas presupuestarias y redujo el personal que sostenía la implementación de las políticas públicas mediante despidos masivos. Con estas acciones el Estado incumple pactos y tratados internacionales vigentes como la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”.  Gerardi explicó que el desmantelamiento sistemático de estas políticas “se enmarca en un acelerado proceso de des responsabilización, el Estado Nacional abandona a las mujeres renunciando a su rol de rectoría en materia de política pública y garante de un piso mínimo de derechos en todo el país” y enfatizó en que “son medidas regresivas tomadas en manifiesto incumplimiento de los principios de progresividad y no regresividad en derechos humanos”.

Juliana Miranda, del Centro de Estudios Legales y Sociales, cuestionó ante la CIDH la actitud internacional del Estado argentino: “Nuestro país fue el único que se negó a firmar la Declaración sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres del G20. Hoy mismo, hace unas horas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, Argentina fue el único estado de 184 países que votó en contra de una resolución que llama a intensificar esfuerzos contra la violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital. Estas acciones regresivas del Estado, en términos de protección del colectivo de mujeres y personas LGBT, es contraria a los estándares fijados por la normativa internacional y los antecedentes del sistema interamericano e incluso los compromisos que asumió en la emblemática solución amistosa por el intento de feminicidio y actuación estereotipada y discriminatoria en perjuicio de Ivana Rosales”. 

En ese sentido, Miranda analizó lo discordante de esta posición en relación a los derechos adquiridos con que cuentan las niñas, mujeres y disidencias en Argentina: “Este giro en la política exterior alejó al país de sus alianzas en América Latina y de los foros multilaterales regionalistas en los que promovió el avance de la protección de este colectivo, con la excusa de considerar los derechos humanos como ineficaces e ideológicamente dirigidos. Argentina se está alejando de su rol de liderazgo histórico en la promoción de derechos de las mujeres, iniciativas contra la violencia de género y la promoción y protección de derechos sexuales y reproductivos”. 

La respuesta de Baños fue la misma: la crisis económica y la ineficacia del Estado. “Los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes. La reducción de personal ineficiente tiene que ver con la búsqueda de saneamiento que permitan un renacimiento de la economía. Por la reestructuración total, los programas del ministerio fueron asumidos por la entonces Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, donde se evaluaron oportunamente las estructuras organizativas. El análisis realizado puso en evidencia la superposición de tareas y duplicación de funciones con el consecuente exceso de personal, incluyendo coordinaciones y programas con objetivos similares. Se detectaron inconsistencias en materia patrimonial, incluyendo el incumplimiento de la aplicación de la normativa vigente en relación al seguimiento, supervisión y rendición de cuentas. Atento a eso, fue necesario llevar adelante un realineamiento de las acciones y programas provenientes de la ex subsecretaria”, justificó Baños. 

Además, el Secretario de Derechos Humanos desacreditó y desconoció la especificidad de las políticas llevadas adelante hasta el momento, diseñadas y articuladas con actores sociales especializados en materia de género: “No existe, como pretenden las organizaciones peticionantes, un retroceso o proceso de desarme, desmantelamiento y el remanido y machacante uso de la violación al principio de progresividad y no regresividad porque son inexistentes las políticas orientadas a proteger, acompañar y asistir a la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad”. 

Proyectos de vida y niñas violadas

Ante la falta de reconocimiento del Estado de Argentina a las políticas iniciadas contra la violencia de género y por la igualdad de las mujeres, el comisionado José Luis Caballero Ochoa apuntó: “Lo que no se nombra no existe. Esta es una convicción que me parece muy importante en el terreno del derecho de los derechos humanos. Si decían ustedes que la violencia no tiene género, si decimos que la violencia no tiene género, la protección del género no existe cuando hay discriminación estructural de años sobre grupos o colectivos tradicionalmente invisibilizados como las mujeres y el colectivo LGBTI, en violencia de género o en políticas de cuidado. Si no se protege, no existe. Este es un principio básico del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho discriminatorio, de la igualdad. En ese sentido, debemos tener visiones muy claras desde la Comisión Interamericana”.

Amplió su llamado de atención dirigiéndose al Estado argentino luego de escuchar su postura: “El principio de progresividad es un principio que forma los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, progresivos, interdependientes, indivisibles, inalienables. La prohibición de regresividad es un piso mínimo que tenemos en el patrimonio de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos”.

En línea con su colega, la presidenta de la CIDH reforzó: “Me siento dando un sermón. A pesar de la ideología de igualdad de género, los actores estatales tienen que responder. Gran parte de la arquitectura del Estado comparte la cultura prevaleciente en donde se normaliza e invisibiliza esa violencia específica contra las mujeres. Entonces les pido como funcionarios del gobierno tener la conversación sobre por qué se tiene que nombrar, nombrar específicamente es importante porque tiene importancia simbólica”. 

El secretario de Derechos Humanos cuestionó a las peticionantes respecto al acceso al aborto legal con una postura antiderechos: “La Convención Americana de Derechos Humanos protege la vida en general desde la concepción. La República Argentina es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño que su preámbulo establece que la vida se debe proteger tanto antes como después del nacimiento. Seguramente los solicitantes están al tanto de que la Plataforma de Beijing y la del Cairo, no incluyen el aborto entre los derechos sexuales y reproductivos”.

Sobre el desmantelamiento del Plan ENIA, Baños sostuvo: “No es razonable exigir que se lleve adelante una política pública en donde les fallamos a las niñas y adolescentes”.

En respuesta, Clarke interpeló al Estado en relación a la violencia contra niñas, niños y adolescentes: “¿Dónde está la voluntad de proteger a los niños? ¿Cuál es el enfoque del Estado para darles a los niños y adolescentes lo necesario para protegerse? Los adultos tienen la responsabilidad de protegerse, pero se les pueden dar herramientas a los niños a través de la escuela, la educación sexual tiene relación. Doctor Baños, usted en la sesión anterior habló de darles autonomía a los niños para el proyecto de vida. Una niña de diez años que ha sido violada y quedó embarazada, ¿Cómo es su proyecto de vida en realidad? Pregunto para hacerme una idea de cuál es el enfoque de protección de los niños en tales situaciones”.

En su momento de réplica, Gerardi aseveró que “no hay una sola manera de garantizar la implementación de políticas públicas, pero sí hay una sola manera de garantizar su existencia y es con financiamiento en el presupuesto nacional. ¿De qué manera piensan que pueden implementar una política pública de atención y de distribución de recursos económicos para atención de violencia doméstica con cero presupuesto para el 2025? Al mismo tiempo, este presupuesto contiene una enorme cantidad de partidas dedicadas a exenciones tributarias y regímenes especiales como el régimen de minería”. También, contrapuso el cuestionamiento de Baños respecto al aumento de las denuncias a la Oficina de Violencia Doméstica: “Claro que aumentó a lo largo de los años la cantidad de consultas recibidas, porque aumentó el conocimiento y la percepción social de las mujeres, en particular de que hay algo que está mal en las formas de violencia que vivimos y que hay lugares donde podemos recurrir. Eso habla bien de la existencia de una política de conocimiento y difusión de derechos y de conocimiento y existencia de los lugares a los que se puede recurrir para conocer si aumenta o disminuye la incidencia de la violencia en el país”. 

Estela de Carlotto: “Vengo a pedir su ayuda”

Tres audiencias ante la CIDH: mujeres, derechos humanos y economía popular

Estela Carlotto (Abuelas) junto a Taty Almeida (Madres Línea Fundadora) y, a su derecha, Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S.

El auditorio de la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, en el Espacio por la Memoria Ex ESMA, estuvo repleto de movimientos sociales, organizaciones religiosas, sindicatos, universidades, equipos de investigación, organizaciones feministas, clubes y redes de comunicación comunitaria que acompañaron a los organismos de derechos humanos.

En conexión por videoconferencia expusieron sus opiniones Estela de Carlotto por Abuelas, Taty Almeida por Madres y Carlos Pisoni por H.I.J.O.S. De forma presencial en Washington, participó una comitiva de los organismos integrada por Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS; la nieta restituida Claudia Poblete, Carolina Vilella, integrante del equipo jurídico Abuelas de Plaza de Mayo; Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, y el escritor Martín Kohan. 

“Vinimos por primera vez a pedir su ayuda cuando en nuestro país nos cerraban todas las puertas y negaban las graves violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo. Desde ese entonces para nosotras y todos los organismos fue siempre fundamental y de gran importancia su acompañamiento. Ya con 94 años, vengo a pedir una vez más su ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos y el Proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia. Todavía buscamos a 300 hombres y mujeres que hoy son padres y madres, por lo que también nos encontramos buscando a nuestros bisnietos”, expresó Estela de Carlotto como peticionante.

Durante la audiencia los organismos de derechos humanos expusieron el retroceso en las políticas públicas de memoria restaurativa. Explicaron cómo desde diciembre de 2023 el Poder Ejecutivo concretó sus promesas de campaña en la destrucción simbólica y material de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, de Reparación y No Repetición. A través del desfinanciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y de las recompensas para la búsqueda de prófugos de delitos de lesa humanidad, el cierre de líneas de trabajo en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) para la búsqueda de los nietos apropiados y del Equipo de Relevamiento y Análisis documental del Ministerio de Defensa orientado a la apertura de los archivos. En paralelo avanzó con despidos masivos de trabajadores, vaciamiento de instituciones y la puesta en venta de sitios de memoria. 

El secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa del Ministerio de Defensa, Juan Battaleme, volvió a justificar el ajuste por “la necesidad de optimizar recursos” frente a la crisis económica. A los trabajadores de los organismos de derechos humanos los acusó de que “actuaban como vengadores”, al Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA) y sus representantes los definió como un “ente opaco e inorgánico que funcionaban sin un superior jerárquico que imponga los criterios de actuación” y que “la arbitrariedad en esta dependencia era moneda corriente”. Battaleme expresó la posición del Gobierno en relación a la apertura de los archivos de integrantes de las fuerzas armadas para identificar su participación en el terrorismo de Estado: “No podemos permitir bajo ninguna circunstancia indagaciones generales o excursiones de pesca. Quiero recordar que toda la información de los legajos personales de militares se encuentran clasificados como secreto militar”. 

En el cierre de su exposición, Battaleme quiso dejar un mensaje: “La lucha por la justicia es para nosotros un compromiso con todos los argentinos, no debe ni puede transformarse en un terreno de venganza o abuso de poder. Avancemos juntos en la búsqueda de un futuro donde la justicia sea para todos y la memoria completa una base sólida de libertad”, aclaró el funcionario con sentimientos de “profundo deber y convicción”. Por su parte, Alberto Baños, reafirmó esta posición del gobierno de Milei: “El problema aquí es que se consideran dueños del relato. Hablan de negacionismo y que se abandona la política de memoria. Pero la memoria es para todas las víctimas. Sin excusas ni banderas. Por las señoras que hoy participaron en el video uno no puede tener sino empatía por la situación que han vivido y siguen viviendo. Pero eso no las puede convertir en directoras de las políticas públicas a más de 40 años de perpetrados los hechos. Nosotros seguimos respetando la memoria de quienes hayan perdido sus vidas y hayan sido víctimas. Pero también el Gobierno está respetando la memoria de aquellos que hayan sido víctimas del accionar terrorista. Hablan de negacionismo pero en realidad pretenden dirigir las políticas públicas en materia de derechos humanos de las que el Estado hace honra y no cede ante las presiones ideológicas”. 

La indignación en el auditorio de Abuelas pesaba en el aire. Estela y Taty negaban con la cabeza, se agarraban la mano, resoplaban por el desagrado de escuchar a los funcionarios argentinos hablar de esa manera ante un organismo internacional de derechos humanos. Los participantes aguantaron las ganas de chiflar y putear. Cuando terminó la audiencia, pudieron descargar: “¡30 mil detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre!”, gritaron entre abrazos y dedos en V en alto, con la convicción de no bajar jamás los brazos. 

El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Arif Bulkan, transmitió por videollamada la opinión de la ONU respecto a la Argentina: “La Oficina que represento comparte las preocupaciones de diversos actores sobre el cambio de narrativa de políticas y de institucionalidad en torno al proceso de memoria, verdad y justicia desde la recuperación de la democracia argentina”. Bulkan reconoció el esfuerzo del Estado y de la sociedad “por enfrentarse al legado de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar”. Destacó el trabajo de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, puso en valor los museos y sitios de memoria, en particular la Ex ESMA como Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Arif Bulkan fue categórico en remarcar que la situación económica no puede ser motivo de regresiones en materia de derechos humanos: “La existencia de una crisis económica no debería significar la limitación de recursos humanos y financieros para ciertas áreas de crucial importancia para los procesos de justicia transicional y reconciliación, como lo son las entidades dedicadas al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La oficina expresa su preocupación por los riesgos que esto podría implicar para la garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición”. 

Además, expresó que en el Alto Comisionado de la ONU “preocupa la retórica de algunas autoridades que parecerían banalizar o relativizar los crímenes de la dictadura y cuestionar el proceso de juzgamiento de los responsables, lo que tiene un impacto real victimizante en las víctimas de la dictadura y además afecta al derecho a la memoria ante la sociedad en su conjunto. La Oficina quisiera alertar a la Comisión que todos estos cambios podrían contribuir a debilitar el proceso de justicia transicional que fue y es tan importante para nuestra región y al mundo”.

Taty Almeida valoró la postura de los organismos internacionales: Las mentiras que hemos escuchado por parte del Gobierno es lamentable, pero fue muy buena la postura de la ONU y de la CIDH. Los invitamos a que nuevamente vengan para que comprueben personalmente que todo lo que se ha denunciado es la verdad”. Por su parte, Miguel “Tano” Santucho, hijo de desaparecidos y parte del directorio de Abuelas, también expresó a lavaca sentir vergüenza de los funcionarios argentinos: “Una vez más hablaron de revanchismo y de organismos militantes, que lo somos, de una justicia y una verdad histórica que estamos reconstruyendo. Los que niegan toda la información son justamente el Estado Nacional y en particular las Fuerzas Armadas. Ellos saben perfectamente dónde están los 300 hombres y mujeres que estamos buscando. Desde que perpetraron los crímenes de lesa humanidad nunca permitieron acceder ni dieron ninguna información. Y ahora, en una tribuna tan importante como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos injurian de esta manera”.

Uno de los comisionados habló de la reconciliación en relación a la justicia transicional, un tema sensible en la lucha por el esclarecimiento de los crímenes de la última dictadura, que fue utilizado para instalar la teoría de los dos demonios y evitar el juzgamiento de los responsables. “Desde los 90 que vengo escuchando la palabra reconciliación -siguió Santucho- y yo siempre dije que la reconciliación es posible en la medida que se pueda hacer justicia, que se puedan hablar, que se puedan aclarar los casos que pasaron, que se puedan recuperar los nietos. Pero no hay ningún tipo de colaboración de parte de los perpetradores del terrorismo de Estado, que no hay ninguna persona que haya abierto los archivos o la información. Es muy difícil plantear una reconciliación porque todavía nos falta mucho por reconstruir y mucha justicia por obtener. Mi postura particular es que cuando tengamos justicia y encontremos los 300 nietos, nos sentaremos a hablar de reconciliación”.

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Rosario y el asesinato de Pillín Bracamonte: un corte de luz antes de las balas

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En el atentado número 30 contra su vida, Andrés “Pillín” Bracamonte –líder de la barra brava de Rosario Central desde hace al menos 25 años– fue asesinado a balazos este sábado junto a su segundo, Daniel “Rana” Atardo. Ocurrió en el marco de un partido de Central contra San Lorenzo. Hubo una posible zona liberada, luces cortadas en la zona, y un crimen que se veía venir pese a la aparente calma de la violencia en Rosario en los últimos meses. Publicamos aquí las crónicas del medio cooperativo rosarino El Ciudadano, que dan cuenta del hecho, las primeras hipótesis, un perfil de Bracamonte y el contexto. Todo puede seguirse además en El Ciudadano (elciudadanoweb.com). Y agregamos una reflexión del periodista y diputado Carlos del Frade quien anticipa que estos asesinatos tendrán igual o mayores efectos que todo lo que ocurrió tras el crimen del “Pájaro” Cantero.  

La muerte de Pillín: las hipótesis detrás del crimen que agita la pelea entre bandas y un sugestivo corte de luz antes de las balas

Quizás por haber sido víctima de 29 ataques a balazos, estaba regalado en una calle donde tampoco le llamo la atención que la luz estuviera cortada antes de que lo asesinaran. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).

Con 29 ataques a balazos en el lomo, Andrés Bracamonte, único barrabrava capaz de sostenerse 25 años en el paravalancha canalla sabía que lo querían matar. Desde antes del último ataque, en agosto pasado, tenía esa certeza. Pero igual estaba regalado en la esquina de Avellaneda y Reconquista, con la luz cortada, sin sospechar lo que vendría. Algunos aseguran que contaba dinero de la recaudación.

El asesinato de Samuel Medina, el Gordo Samu, yerno del Guille Cantero abrió una serie de hipótesis que hoy desembocan en la muerte de Pillín. Una daba cuenta de una pelea entre Los Monos y Bracamonte que sus allegados desmienten. El Gordo Samu era allegado a Pillín, viajaban juntos y su muerte está orientada hacia una banda de un barrio periférico manejada desde Buenos Aires que la fiscalía tenía entre manos, según allegados a la investigación. Uno de los integrantes de esa banda fue golpeado personalmente por Pillín, algo que en la jerga se considera una especie de humillación.  Pillín lo sabía, pero llama la atención que estuviera tan regalado en la esquina de Reconquista y Avellaneda. También llama la atención que un rato antes del ataque a balazos cortaran la luz de la calle en el marco de un partido de Central. Lo mataron a oscuras; a él y a su sucesor. Una versión da cuenta de que la pelea con el grupo del barrio periférico fue para evitar comercialización de sustancias en la cancha: Pillín no quería la Federal encima de ellos.

Rosario y el asesinato de Pillín Bracamonte: un corte de luz antes de las balas

La escena del crimen, en las afueras del estadio de Rosario Central.

La banda señalada, que ya fue allanada, está vinculada directamente con una banda contraria a Los Monos. Si esta hipótesis se confirma habrá dos sectores en disputa, por un lado las dos grandes bandas que operan en Rosario y por otro lado la sucesión del paravalancha.

El perfil de un duro: a Pillín lo habían intentado matar 29 veces en los 25 años que estuvo al frente de la barra de Central

Andrés Bracamonte estuvo al frente de la barra canaya desde fines de siglo pasado, cuando era uno de los 7 jefes de fracciones internas y se quedó con todo. Desde entonces hubo plomos contra él: lo hirieron, lo rozaron, pero logró reponerse una y otra vez. Esta vez no pudo. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).

Rosario y el asesinato de Pillín Bracamonte: un corte de luz antes de las balas

—¿Es verdad que a Pillín lo balearon 29 veces?

—Sí, de locos, pero sí. Espero que podamos festejar las 30 con él sentado a mi lado.

Así confirmaba el número de gambetas a la muerte que llevaba Andrés Bracamonte un amigo que había ido a acompañar al hospital donde lo revisaban por heridas menores y roces de bala. Era el sábado 10 de agosto y Rosario Central acababa de vencer 1 a 0 en el Gigante de Arroyito a su archirrival Newell’s Old Boys. Y en medio de un torrente de personas a pie que caminaban por los bordes del parque Alem iba Pillin en su auto, despacio, junto a su pareja, y en avenida de los Trabajadores y José María Drago rociaron a ambos a balazos.

No habían ido a ver el partido, Pillín tenía restricción para entrar.

Según contaron testigos, un motociclista se acercó al auto y disparó ocho veces. Escapó. El entorno del jefe de la barra reaccionó rápido, pero no logró dar con el tirador. A Pillín una bala le entró en la espalda; también salió. No afectó ningún órgano, dijeron después en el hospital. A su pareja las balas le dieron en la zona costal derecha y en el codo derecho. También la atendieron sin que su vida estuviera en riesgo.

Pillín un cuarto de siglo al frente de la barra de Central. Había llegado a la cima antes del año 2000: era 1999 cuando quedó como jefe indiscutible de todas las fracciones. Y en los 25 años que se mantuvo fue acusado, condenado, detenido, liberado y baleado 29 veces.

De esos ataques, hay pocos registros en las crónicas policiales. Pero en el entorno del mandamás los tienen contados.

En julio de 2002, Pillín atacado por un desconocido que logró impactarle tres balas en el cuerpo. Fue en la puerta de un gimnasio ubicado en Ovidio Lagos al 1000. Pillín estaba en la puerta y vio a un desconocido cruzar la calle. Ese hombre extrajo un arma y le efectuó cuatro disparos, tras lo cual escapó a la carrera hacia la esquina donde al parecer lo aguardaba un auto.

Pillín recibió tres impactos de bala, dos en cada brazo y un tercero en la pierna derecha; el tirador falló el cuarto, que tenía como destino la otra pierna. Un balazo le provocó una fractura y el que recibió en el otro brazo le cortó una vena, lo que le produjo una importante pérdida de sangre.

En 2006 fue baleado por desconocidos en la puerta de su casa donde vivía entonces, en la zona norte. Recibió cuatro balazos: uno en el abdomen con orificio de salida, uno en cada pierna y otro en un tobillo. Rápidamente recibió el alta.

En febrero de este año, desconocidos balearon el frente de Los Álamos Club de Campo, el country de Ybarlucea donde vivía actualmente. Dejaron una nota amenazante contra el líder de la pesada.

Mediático

Pillín no pudo entrar a la cancha desde 2018. Antes del partido que Central disputó ante Talleres por la Copa Argentina, Bracamonte fue detenido mientras repartía entradas de protocolo, destinadas a dirigentes, en las inmediaciones del estadio de Lanús, donde se disputó el partido. Sólo quedó unas horas demorado. Pero la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) dispuso su prohibición de ingreso a los estadios.

En junio de 2010 fue uno de los diez barrabravas argentinos que no pudieron ingresar a Sudáfrica y fue deportado a la Argentina. Bracamonte, quien tenía tres causas judiciales en trámite, había sido autorizado por la Justicia local a salir del país.

Tres años antes el programa Crónicas Extremas del canal América filmó desde adentro a Los Guerreros, la barra canalla, con Pillín como estrella principal. Eso incluyó una visita a La Carpita, que el capo de la pesada también administra.

Causas judiciales

En diciembre pasado, Pillín pasó una semana preso, pero recuperó la libertad antes de la Navidad. Fue por una causa que involucra a un dirigente de la Uocra local por asociación ilícita, pero finalmente logró que sólo pesara sobre él una causa por extorsión.

Esa causa contra el gremio de albañiles reflotó un caso por lavado de activos que pesaba sobre Bracamonte, a raíz de la incautación de un cheque por el pase de un futbolista en su vivienda de Ybarlucea. Tras la imputación cuatro años atrás la causa quedó congelada, pero en diciembre la Justicia local decidió pasarla al fuero federal. Ante la apelación, la Cámara definió, finalmente, que la causa debía seguir bajo la órbita provincial.

Parecía intocable desde cualquier arista. Pero la suerte, si de tal cosa se trataba, esta vez le falló.

Rosario y el asesinato de Pillín Bracamonte: un corte de luz antes de las balas

Daniel “Rana” Atardo, segundo de Pillín. Ambos asesinados ayer en Rosario.

Vienen días bravos

Este es el texto que escribió y distribuyó el periodista y diputado provincial santafesino Carlos del Frade, que este domingo a las 21 organizará un vivo en su Instagram @defradecarlos sobre las causas y consecuencias del asesinato de Pillín.

Por Carlos Del Frade

El asesinato del Pillín corta en dos la historia del presente criminal en Rosario.

Tendrá la misma o una mayor profundidad de lo que sucedió después del asesinato del Pájaro Cantero.

Era el único jefe de una barrabrava de primera división que permaneció por treinta años liderando esos negocios que surgen desde la cancha chica del fútbol y se expanden en la cancha grande de la realidad.

Más allá de las primeras informaciones, es claro que los últimos tres atentados contra él y su gente en los partidos de Central como local exhibían una voluntad manifiesta de matarlo.

Vienen días bravos en la ex ciudad obrera.

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