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Alegato frente a los Tribunales: cumplir y hacer cumplir la Constitución

Publicada

hace 20 años

12/06/2004

“Exigir la Constitución no es delito”, decían las pancartas que se alinearon al pie de las escalinatas del Palacio de Tribunales. Sobre ellas, dos decenas de personas se formaron como si se tratara de un grupo coral para leer un alegato contra la judicialización de lucha social. En la lectura se alternaron jóvenes de distintos movimientos sociales que tenían el rostro tapado y se lo descubrían antes de empezar a hablar. Cada uno de ellos llevaba en el pecho un cartel con un número y una leyenda: “Preso por luchar por la educación”, “Preso por luchar por trabajo”, “Preso por luchar por la salud”. En la primera fila estaba José Pepino Fernández, miembro de la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi, que acumula 76 causas procesales sobre sus espaldas. Al lado, se paró Marina Schifrin, la docente rionegrina condenada por cortar una ruta y cuyo caso se encuentra en la Corte Suprema de la Nación. Todos se mostraban detrás de rejas de las rejas de cartulina que junto a los cartelitos- fueron diseñadas por el Grupo de Arte Callejero. Parado atrás de los oradores, el cordón policial que custodiaba la entrada al edificio, parecía parte de una performance.

En esta acción participaron miembros de la UTD de Mosconi, el Movimiento Teresa Rodríguez, el MTD de Solano, el MTD Maximiliano Kosteki, el grupo de Educación Popular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, la Asociación Madres Línea Fundadora, Red de Intelectuales, Artistas y Académicos por la defensa de los derechos, el Grupo de Arte Callejero, el colectivo de resistencia global Intergaláktica, la Comisión contra la Represión Policial y la Impunidad de Zona Norte y la Universidad Trahumante, entre otros. Después de la lectura del documento, todos marcharon hacia la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, donde entregaron el alegato que aquí se reproduce. Fue el cierre de la Semana contra la Criminalización de la Protesta, organizada por Alerta Salta.

Buenos Aires, 11 de junio de 2004,

Señores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación:

Señor Secretario de Derechos Humanos de la Nación

Nos presentamos ante ustedes, nosotros, ciudadanas y ciudadanos argentinos, vecinos de buenos aires y de otros municipios del conurbano, así como de ciudades lejanas de nuestras provincias interiores, como General Mosconi, en Salta, Bariloche, en Río Negro, y otras comarcas, comunidades y vecindarios urbanos y rurales de nuestro extenso país. Lo hacemos a nombre propio, pero con la certeza de que la situación que describimos y venimos a denunciar afecta millones de compatriotas, más allá de orientaciones, tradiciones o pertenencias religiosas, ideológicas, partidarias, regionales o de cualquier otro tipo. Somos de las ciudades y del campo; trabajadores y creadores manuales o intelectuales; de sectores populares y de clases medias; del color de la tierra y del color de la nieve; mujeres y hombres, viejos y viejas, con nuestros niños y niñas. Somos, pues, y estamos aquí, no como partidarios u opositores de nada ni nadie, sino en tanto sencillos ciudadanos, para preguntar, interpelar y demandar de ustedes, que constituyen la magistratura suprema prevista por la Constitución Nacional, respuestas, de palabra y de actos, que ilustren nuestro entendimiento y satisfagan de modo eficaz la doliente necesidad que nos moviliza. Entendemos que este es su trabajo, el de interpretar, explicar y hacer cumplir las normas y reglas de nuestra común Constitución Nacional, y que ésa es la razón y objeto de sus funciones y de la suprema autoridad que la sociedad les reconoce.

Hechas las precisiones precedentes, entraremos de lleno en la cuestión de fondo.

1. La protesta social no es delito.

Hoy nos acompañan dos ciudadanos ejemplares de nuestro país, que son perseguidos por su tenaz y valiente acción de denuncia y demanda de justicia y de los derechos constitucionales avasallados: Marina Schifrin, docente de Bariloche, y Pepino Fernández, de Mosconi. Ellos, junto a más de 3.000 ciudadanas y ciudadanos están siendo criminalizados por sus acciones legítimas en defensa de los derechos y garantías básicos establecidos en la Constitución. Frente a esta situación de criminalización de la protesta social, que ha venido agravándose en los últimos meses, a través de diferentes fallos incriminatorios, es que exigimos que los jueces federales y provinciales cumplan con su prioritario deber de dar protección en lugar de perseguir- a quienes reclaman a las autoridades públicas por la violación de sus necesidades más elementales. En tal sentido, los jueces repugnan el deber que les compete cuando no sólo no asumen su compromiso constitucional sino que, por el contrario, lo niegan, para convertirse en verdugos de los mismos a quiénes deben resguardo.

En momentos en que se está repensando la legislación penal en materia de seguridad pública, demandamos una revisión íntegra del Código Penal, que elimine la inclusión de figuras delictivas en los casos del legítimo ejercicio del derecho de peticionar en reclamo de condiciones dignas de vida.

2. El valor es la vida. Y la vida es una, es indivisible y es hoy:

Es de pública notoriedad la situación de hambre, desnutrición infantil, enfermedades, pobreza extrema, carencias y privaciones de alimento, vestido, habitación, salud, educación, contención afectiva de millones de nosotros, adultos, viejos y especialmente niños, más allá de la situación de desempleo total o parcial, o aún de empleo. Las cifras son conocidas y no es necesario repetirlas. Aún cuando se exhiban algunas mejoras leves en esos índices, lo cual sin dudas es un dato loable, el valor en juego, aquello de lo que estamos hablando, es de la vida misma. Un valor que no es parcelable, ni postergable. La vida es una, es indivisible, y es hoy; y si no, no es. El “costo básico” de la vida, en la Argentina de hoy se estima en alrededor de 320/350$ por persona (no 150$ por familia!). Ese es el valor estimado de una canasta de insumos y servicios básicos para garantizar la reproducción cotidiana de la vida, y la Argentina está ya hace tiempo produciendo el equivalente a tres canastas o ingresos ciudadanos básicos para la totalidad de sus habitantes; o, si se prefiere, el producto interno del país alcanzaría para sostener las necesidades vitales del triple de población, si éste fuera equitativamente distribuido.

3. De la vida y de la ciudadanía conculcadas es que venimos a preguntar

¿Es posible (¿es justa?, ¿es gobernable?) una sociedad, un contrato social que no garantiza la vida de todos sus integrantes? ¿tiene sentido (práctico, político y ético) una sociedad en la cual la mitad o más de sus miembros corren riesgo de muerte por necesidades vitales insatisfechas; o se encuentran amenazados en su propia subsistencia y en la de su familia? ¿Por qué y para qué vivir en sociedad, construir y acatar reglas de convivencia, someterse a normas y autoridades, si de ello no resulta una garantía a la vida, a la producción y reproducción de la vida personal, familiar y de la especie?

4.No hay ciudadanía plena bajo un régimen de exclusión y desigualdad

¿Es posible una ciudadanía plena, cuando más de la mitad de la población resulta excluída del acceso a los bienes básicos, y queda rehén de sus necesidades insatisfechas? En otras palabras, en ese estado de cosas, ¿es posible un Estado de Derecho, una República; una Democracia? ¿Cómo se debe denominar a aquellos que ocupan las máximas magistraturas (ejecutivas, legislativas o, especialmente, judiciales) que establece la Constitución Nacional, cuando por acción u omisión permiten tal estado de inconstitucionalidad estructural? ¿Están incumpliendo sus deberes de funcionarios públicos? En ese caso, ¿Son autoridades ilegítimas, aún cuando legales?

Resulta evidente que un país como Argentina posee y produce bienes más que suficientes para sostener con dignidad la vida de toda su población, y aún de poblaciones mucho mayores. Si en cambio, una mayoría de su población padece penurias, y una minoría concentra en alta proporción el ingreso social producido; ¿No estamos ante una evidente situación de expropiación? ¿Puede esto ser tolerado? ¿Se puede convivir con la exacción, la explotación y el robo hacia grandes sectores de la población, y esperar que éstos acepten pasivamente tal violencia?

5.La Constitución Nacional se halla en estado de violación sistemática y estructural

La Constitución Nacional establece en forma explícita y taxativa todos los derechos que garantizan la existencia, la seguridad, la dignidad e integridad física, intelectual, moral y jurídica de todas las personas, y de ese modo las habilita como ciudadanos. Al hacerlo, funda de este modo la legitimidad de las leyes y las instituciones. Es evidente que esos derechos y garantías constitucionales no son cumplidas en nuestro país. No puede existir un cumplimiento “parcial” de la constitución, de algunas cosas sí, pero de los derechos vitales no. ¿No estamos en un estado de violación sistemática y estructural de nuestra Constitución Nacional? ¿ Cómo reclamar el acatamiento a la ley, cuando la ley fundamental es incumplida y desacatada de modo permanente; cuando una alta proporción de la población ha sido expulsada de las garantías establecidas en ella? Y si no es posible calificar esta situación sino como de inconstitucionalidad estructural, ¿No establece la propia Constitución el derecho y el deber de resistencia frente a sus violadores y usurpadores? ¿Porqué entonces, en lugar de actuar para restablecer la plena vigencia de la constitución, se persigue y judicializa de oficio a quienes reclaman, protestan, resisten la arbitrariedad, la injusticia y la inconstitucionalidad estructural?

6.La política de Derechos Humanos no debe orientarse sólo hacia el pasado, sino también hacia el presente y futuro

En momentos en que el poder público desarrolla una importante política de condena de la violación de los derechos humanos en relación con el terrorismo de Estado de los años ´70, nos preguntamos entonces, ¿porque las acciones del gobierno no se han orientado a sostener una política de defensa de los derechos humanos hoy, o del pasado reciente, cuando todo indica que existe una flagrante y sistemática violación de los derechos fundamentales?

¿No es acaso tarea de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación proponer políticas activas de defensa de los derechos de las personas? Exigimos al Señor Secretario de Derechos Humanos de la Nación que cumpla con sus obligaciones de funcionario público, y brinde las correspondientes explicaciones sobre el proyecto de amnistía elaborado por organismos de derechos humanos y presentado ante dicha secretaría. A dos años de la masacre del Puente Pueyrredón, exigimos al poder político nacional el juicio y condena de los responsables políticos y materiales de aquellos crímenes y la apertura de los archivos de la SIDE para profundizar la investigación, promesa realizada por el propio presidente y jamás cumplida.

7.Los deberes del poder judicial deben orientarse a cumplir y hacer cumplir la Constitución

Nos preguntamos nuevamente: el Poder Judicial; ¿No está facultado, y constituye su deber, actuar de oficio para restablecer el pleno cumplimiento de las garantías constitucionales? ¿Acaso no le compete a la Justicia, sino que es materia de los otros poderes? Y si los otros poderes, legislativo y ejecutivo, omiten actuar con la prestancia y decisión que la gravedad de la situación impone; ¿El poder judicial no está facultado y obligado a ordenar el inmediato acatamiento y eficaz reparación de esta situación de inconstitucionalidad? ¿Eso no implicaría ordenar medidas inmediatas para dar fin a dicha violación de los derechos fundamentales, que para el caso que nos ocupa debería atender a reparar la gravísima crisis social en forma integral, mediante el previsionamiento de medios y la redistribución equitativa y suficiente de los mismos?

Cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, ¿ No implica, entonces, desincriminar a los ciudadanos que reclaman por el cumplimiento de los derechos fudamentales y, por ende, se hallan comprometidos con su pueblo y la constitución?; y a la inversa, ¿No es imprescindible la intervención judicial para investigar, castigar y reparar la injusticia? Porqué no cesa el Poder Judicial con esta persecución a las víctimas, y orienta su accionar a quienes expropiaron y robaron (y continúan haciéndolo) el trabajo, los ahorros, los bienes materiales, naturales y culturales de una gran mayoría de los argentinos? Y más aún, ¿No debe el poder judicial ordenar al ejecutivo la inmediata inclusión completa de toda la población garantizando el acceso universal a un ingreso o canasta de bienes básicos y suficientes? ¿No debe actuar contra la injusticia (el latrocinio, la expropiación) estructural, e imponer niveles aceptables de equidad?

Señores de la Corte,

Señor Secretario de Derechos Humanos

En sus manos está la respuesta a tantos dolorosos y urgentes interrogantes. Sentimos que nuestro país y nuestra gente han sido y continúan siendo confrontados a una guerra prolongada de baja intensidad. Una guerra que ha desmantelado el tejido social, productivo e institucional de lo que fuera un país potente e importante, y que ha arrojado a la miseria y desesperación a vastos sectores de la población. Cada quien en este país, cada persona, grupo e institución, deben definir de qué lado están. Nosotros, como creemos que la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos, estamos del lado de la paz, de la dignidad, de la justicia, de los derechos humanos y sociales. ¿De qué lado está la Corte Suprema de Justicia de la Nación? ¿De qué ado están los funcionarios políticos consagrados a la defensa de los Derechos Humanos?

Esperamos una respuesta, en palabras, y sobre todo, en actos.

ALERTA SALTA
UTD de Gral Mosconi, Movimiento Teresa Rodriguez, MTD de Solano, MTD M. Kostecki de Guernica, Unión de Trabajadores Piqueteros, Equipo de Educación Popular de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo; Dra Mara Puntano, abogada defensora de los trabajadores, Copenoa (Colectivo de Prensa Alternativa del Norte Argentin,)La Fogata, Agencia La Vaca, Juana Pimienta (FM La Tribu), Revista América Libre, Red de Intelectuales, Artistas y Académicos por la defensa de los derechos fundamentales (RIAA); Universidad Trashumante.

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Jornadas La protesta social no es delito: Cuando participar es un crimen

Jornadas La protesta social no es delito: los costos de defender derechos

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4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas

Publicada

hace 2 días

26/04/2024

La familia de la joven asesinada en Capilla del Monte volvió a viajar de Buenos Aires a Córdoba para reclamar que se asigne urgentemente un fiscal en la causa y que se investigue su femicidio. Hace 4 años el cuerpo de Cecilia fue encontrado luego de estar 20 días desaparecido; su familia denuncia una trama local que involucra a la última persona que la vio con vida, el ex boxeador Mario Mainardi, jamás investigado, y la complicidad de la justicia de Cruz del Eje, representada por Paula Kelm, que buscó inculpar a un perejil. Gracias a la lucha familiar se logró anular esa línea de investigación, que culminó en un juicio nulo, pero desde entonces no se retomó la instrucción; y pese a que en diciembre se anunció que un nuevo fiscal tomaría la causa, eso no sucedió, y las dilaciones siguen. Crónica de una nueva reunión con promesas y sin hechos, cuando la impunidad se hace cada vez más grande y el reclamo, también: “Verdad y justicia para Cecilia Basaldúa”.

Por Bernardina Rosini

Daniel y Susana, padre y madre de Cecilia Basaldúa ya perdieron la cuenta de las veces que han viajado desde la ciudad de Buenos Aires a Córdoba con el único objetivo de lograr justicia por su hija. Han perdido esa cuenta pero no la cantidad de días que contabiliza la impunidad: 1460, es decir, cuatro años.

En efecto, hace cuatro años (el 25 de abril de 2020) encontraron el cuerpo de Cecilia Gisela Basaldúa en un codo del Río Calabalumba en Capilla del Monte, luego de veinte días de estar desaparecida. Cuando Daniel y Susana llegaron ayer a los Tribunales en Córdoba Capital, se los ve invadidos por la bronca y el hartazgo. Son cuatro años sin Cecilia y a la par sostienen que las líneas de investigación han sido deliberadamente manipuladas y el material probatorio de contundencia, ignorado.

La última vez que estuvieron parados sobre esa vereda fue el pasado 7 de diciembre, tras reunirse con el Fiscal General Juan Manuel Delgado. Celebraban la noticia: “Tenemos fiscal, vinimos con 3.000 firmas de apoyo pidiendo fiscal y lo tenemos. Es el Nelson Lingua y comienza el 1° de febrero, después de la feria judicial”. Cinco meses después, otra vez viajan 700 kilómetros para golpear la puerta del Palacio de Justicia pues tal designación no sucedió y la causa acumula once meses sin fiscal a cargo de la instrucción.

4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas — Daniel Basaldúa y Susana Reyes, papá y mamá de Cecilia: viajaron desde Buenos Aires para mantener una reunión y reclamar justicia por su hija.

El baile del fiscal

Mientras los Basaldúa llegaban el 25 de abril nuevamente a Córdoba para pararse frente a Tribunales y exigir justicia, fueron notificados que la Fiscal General Adjunta Bettina Croppi los convocaría a una reunión.

Antes de ingresar al edificio Daniel comparte la situación actual de la causa “Nos vienen diciendo que no designan fiscal porque falta una firma: me cuesta creerlo. No puedo hacer nada más que venir y reclamar. Hasta ahora la única justicia que logramos fue que no metan preso a un inocente”.

Hoy le cuesta hablar; tiene un nudo en la garganta y el rostro de su hija estampado sobre el pecho. “Sólo espero que esta investigación vaya tras los verdaderos sospechosos, tras Mario Mainardi, última persona que vio a Cecilia con vida, quien tenía pertenencias de ella y las regaló; la policía y la fiscal Paula Kelm contaban con ésta y más información y nunca lo investigaron. No podemos creer que Mainardi, que dijo trabajar en Uber porque no podía acreditar ingresos, tenga más poder que Diego Concha, quien fue durante décadas Director de Defensa Civil de la provincia y sin embargo hoy está preso”.

Daniel pasa lista de todos los uniformados que participaron del caso y que hoy se encuentran desplazados, procesados o presos por distintas causas: el común denominador es la violencia de género.

Mientras las abogadas ingresan junto a los padres de Cecilia a la reunión, afuera les esperan periodistas, agrupaciones feministas, trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos y familiares víctimas de violencia institucional. Repiten el colgado de banderas, los carteles con rostros de otras víctimas, y los cantos que se recitan como mantras: “¡¡Queremos fiscal, queremos fiscal, queremos fiscal!!” y “¡¡Justicia, justicia, justicia!!”.

Al salir, Giselle Videla -una de las abogadas de la familia- comparte lo conversado en la reunión: “Para iniciar nos han pedido disculpas puesto que en noviembre nos dieron la seguridad que tendríamos fiscal apenas finalizada la feria judicial. Como hoy no hay fiscal, y están subrogando fiscales de otros territorios que toman la causa por un plazo corto de tiempo, el avance es mínimo. Nos informaron en relación a esta situación que la designación de Nelson Lingua espera la firma del gobernador, Martín Llaryora. Ahora bien, nos enteramos que será designado como Fiscal reemplazante, y no como Fiscal titular puesto que Lingua no ha rendido el concurso que lo habilita para ese cargo; debe rendirlo ahora y recién en julio- agosto podremos saber si será finalmente el fiscal titular de la causa”.

Para que se entienda: desde que el tribunal absolviera a Lucas Bustos en julio del 2022 reconociendo su inocencia y su no vinculación al crimen, y ordenara una nueva instrucción para dar con los responsables del femicidio, la causa demoró meses en ser asignada a un fiscal. Luego recaería en el Dr Raymundo Barrera de Cruz del Eje, fiscal que, hábil con el calendario, entre feria judicial y licencias llegó a junio del 2023, mes en el que se jubiló.

Por la presión de la familia Basaldúa, en diciembre el mismísimo Fiscal General anunció la designación del Lingua el 3 de febrero; eso no sucedió y no hay certeza de que Lingua resulte el fiscal que definitivamente dirigirá la instrucción, puesto que no cumple con los requisitos.

Preguntas sin respuesta

Es mediodía y el cielo se refleja en las ventanas del edificio neoclásico de la calle Caseros; da la impresión que adentro estuviera vacío, que sólo es una fachada. “Hoy, 25 de abril se cumplen cuatro años de la aparición del cuerpo sin vida de Cecilia Gisela Basaldúa” lee Susana de la pantalla de su celular; ella también lleva una remera con el rostro sonriente de su hija. Sigue:

“Cuatro años de impunidad y de violencia sistemática por parte del Poder Judicial a quienes pedimos y exigimos justicia por ella. La causa volvió a foja cero en el 2022 luego de pasar por un juicio vergonzoso.

El tiempo pasa y los asesinos de Cecilia siguen libres e impunes. No tenemos fiscal ni respuestas” y continúa “¿Cómo vamos a llegar a la verdad? ¿Qué fue lo que pasó con Cecilia? ¿Por qué tardó tanto en aparecer? ¿Dónde está Mario Mainardi? ¿Por qué la fiscal Paula Kelm ordenó tan rápidamente detener a un joven sin tener pruebas? Todas estas preguntas nos conducen una y otra vez a un círculo cerrado de impunidad entre funcionarios judiciales que se jactan en demostrar un abuso de poder constante”.

La carta leída en la vereda, casi sobre la calle, concentra todas las preguntas que la investigación del femicidio debiera responder.

Y la carta también cierra como se espera que cierre la investigación: “Verdad y Justicia para Cecilia Basaldúa”.

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La imagen proyectada: La Ronda en la mirada de Lina Etchesuri

Publicada

hace 1 semana

19/04/2024

Séptima entrega del registro colaborativo de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, realizada por la fotógrafa de lavaca Lina Etchesuri.

Toda la producción será entregada a ambas organizaciones de Madres y al Archivo Histórico Nacional. Invitamos a quienes tengan registros de las rondas realizadas estos 40 años a que los envíen por mail a [email protected] para sumarlos a estos archivos. Esta iniciativa es totalmente autogestiva.

La imagen proyectada: La Ronda en la mirada de Lina Etchesuri

Ese jueves hacía 38 grados de calor pero parecían 43. El calor quemaba y picaba.

Faltaba el aire, el que había estaba caliente y la humedad pegoteaba.

El día que acompañé a la Ronda haciendo fotos para este proyecto, fui descubriendo imágenes a medida que los pasos y las sillas de ruedas daban vuelta como siempre, hace 2392 jueves.
La ronda siempre me emociona. Mucho. Las miro a las madres y veo proyectada las fotos de sus hijxs en su mirada, hacia delante, repitiendo Presente como un mantra de presencia y resistencia. Lxs veo a ellxs en imagen, mirando de frente en su juventud detenida. Veía a Elia, que ronda en silla de ruedas, con la foto de su hijo Hugo Meidan, desaparecido el 18 de febrero de 1977, hace 47 años, y pensaba si ese día hizo tanto calor, si la luz tenía esta misma inclemencia.

En las rondas transcurre un tiempo extraño, persistente y atemporal. Las hermanas abrazan las fotos de sus desaparecidxs, gritan sus nombres con contundencia, caminan junto a las madres, junto a nosotrxs.

Transforman el tiempo y la imagen en un futuro posible.

Sobre Lina

Soy Lina Etchesuri. Fotógrafa, editora y docente

Soy parte de la cooperativa Lavaca desde hace más de 12 años donde hago todo lo que me describe y más. Me hace sentir muy orgullosa y feliz.

Estudié con Filiberto Muganini en el Rojas durante los 90s. Hice la carrera de fotógrafa en la Escuela de foto y artes visuales de Avellaneda, durante el 2001 y los años siguientes.

Me seguí formando en talleres visuales con mi querida Julieta Escardó y muchxs más.

Viajé haciendo fotos durante algunos años: conocí al subcomandante Marcos y le saqué una foto en la que se está riendo. Estuve en Cisjordania, Palestina, durante 3 meses, viviendo retratando la vida bajo la ocupación.

Junto con algunas personas y amigxs fundamos MAFIA en 2012, un colectivo de fotógrafxs que sigue hasta hoy.

Coordino talleres de foto e imagen.

Soy mamá de Fermin.

Y me encanta hacer todo lo que hago.

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Un abrazo contra la motosierra

Publicada

hace 1 semana

18/04/2024

Sin presupuesto actualizado (“cada 10 pesos del año pasado, hoy tenemos 2” informa el rector de la UBA) las universidades y los hospitales en “modo ahorro” deben cortar la luz, los ascensores, reducen cirugías, no tienen insumos. La imagen del Clínicas, uno de los más importantes del país: “Los pacientes se están quedando sin comida”. Hoy una gran concentración frente a ese hospital escuela simbolizó un abrazo en defensa de la salud y la educación pública, mientras el gobierno nacional juega a pelearse con las prepagas, y el de la Ciudad a subvencionar a quienes mandan a sus hijxs a colegios privados. ¿Qué pasa con lo público? ¿Cuándo comenzó el desastre? Distintas voces (directores de hospitales, rectores de universidades, trabajadorxs) relatan la realidad y los datos motosierra; la organización como única salida; y el canto “la UBA no se vende”, mientras la realidad, o los números, parecen indicar otra cosa.

Por Francisco Pandolfi

“Se defiende, la UBA se defiende”, fue uno de los hits / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Clarisa y Caetana acaban de salir de cursar dermatología. Clarisa tiene 24 años y lleva puesto un ambo azul marino. Caetana, de 23, uno verde oscuro. Son alumnas desde hace seis años de la Facultad de Medicina y hace tres caminan por los pasillos del Hospital de Clínicas, ya en la etapa de las prácticas. “Hace un rato terminamos una clase en la que no teníamos vendas”, dice Clarisa. Su compañera agrega: “El otro día, en un práctico, nos faltaba vaselina para curar las úlceras; sí, vaselina, probablemente el producto más básico y barato que se necesita”.

Alrededor de ellas hay una multitud, con ansias de visibilizar la gravedad de la situación.

Clarisa, Caetana y la marea contra el ajuste / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

“Estamos funcionando al 30%”, comparte Marta, médica desde hace 38 años en el Clínicas.

“Los pacientes se están quedando sin comida”, cuenta Susana, auditora.

“Soy empleado de limpieza del hospital, monotributista, trabajo cinco días por semana, siete horas por día y mi sueldo no supera los 150 mil pesos”, confiesa Diego Ruiz.

“Ya debimos reducir las cirugías y no atender a algunos pacientes”, expresa Marcelo Melo, el director del Hospital de Clínicas.

“Estamos económicamente por debajo de un 80% sobre el presupuesto que deberíamos tener. Cada 10 pesos del año pasado, hoy tenemos 2”, precisa Ricardo Gelpi, rector de la Universidad de Buenos Aires.

Susana Dionisio, y la esperanza que genera el juntarse / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Tiempos de abrazos

“La biblioteca destinada a la educación universal es más poderosa que nuestro ejército”.

José de San Martín.

Al libertador de la patria se lo homenajea con su nombre en calles y avenidas; clubes deportivos, teatros y centros culturales; plazas y parques; hospitales y universidades.

Y también en un hospital-escuela: el Hospital de Clínicas José de San Martín, dependiente de la Universidad de Buenos Aires y dedicado a tres ejes clave para el desarrollo de cualquier sociedad: la asistencia, la docencia y la investigación.

Son tiempos de clases abiertas; de paros y movilizaciones; de una marcha nacional universitaria a realizarse el próximo martes 23 de abril. Son tiempos de contar en cuántos meses y en cuántos días las universidades se quedarían sin presupuesto hasta cerrar sus puertas.

Son tiempos de abrazos.

Uno de ellos se forma con un montón de brazos, este jueves por la mañana, en la puerta del Hospital de Clínicas. Médicos, docentes y no docentes, estudiantes, le brindan un espaldarazo simbólico al Hospital de Clínicas, ubicado en el límite de los barrios porteños de Recoleta y Balvanera. Sobre la Avenida Córdoba, miles de personas se reúnen en la puerta principal para reclamar por el recorte presupuestario en todas las universidades del país, y en particular de las universidades escuelas.

Hay equipo en el Hospital de Clínicas /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Los cuerpos aplauden. Están vestidos con guardapolvo blanco; con ambos celestes y azules; con chaquetas bordós y verdes. De fondo, un telón negro enorme sirve de súplica para estos momentos. Es un ruego a la sociedad toda; y una exigencia, también, puertas adentro: “Defendamos la UBA”. Delante de la banderota se sostienen grandes letras blancas, hechas con cartulina, a mano, a pulmón, a necesidad de que el reclamo se vea un poco más. “La salud se defiende”, se lee, mientras se canta al unísono: “No se vende, la patria no se vende”. Minutos después, se cambia sólo una palabra: “No se vende, la UBA no se vende”.

Pero la realidad no parece indicar lo mismo.

Problemas de fondos

Luego del abrazo, se rodea al hospital y en otra de las puertas de la institución, sobre la calle Paraguay, se lleva a cabo una conferencia de prensa. Marcelo Melo, el director del Hospital de Clínicas, va al hueso: “Ya tuvimos que optimizar los recursos, que son insuficientes; no podemos comprar insumos, ni hacer transferencias porque no hay licitaciones de presupuesto que avalen las compras. Mientras, tenemos un montón de pacientes internados”. Sigue: “Es muy difícil no usar la luz en un hospital; no usar los ascensores cuando los pacientes necesitan usarlo… Lo mismo pasa con la calefacción. El año pasado estábamos orgullosos de haber comprado y cambiado la caldera, y este año no sabemos si va a funcionar, porque el modo de ahorro va a estar en el gas, en la luz, en todo”.

Le cambia la cara. Se tensa, aún más. “Poner a un hospital en modo ahorro es una agresión al médico. Es muy difícil mi lugar, el tener que decirle a mis colegas si pueden atender o no a alguien. No estamos haciendo una buena medicina con estas cosas”.

Marcelo Melo y Ricardo Gelpi en conferencia de prensa /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

A su lado está el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, acompañado por el Secretario de Hacienda Matías Ruiz. Juntos, definen lo terrible: “La UBA tiene dos partes principales en las que se divide el presupuesto. Una es la salarial, que consume entre el 85% y el 90%; y después está el gasto de funcionamiento, que consume entre el 10 y el 15%”. Desmenuzan: “En lo salarial hubo un recorte en términos reales ajustado por inflación del 35%, lo que significa que si en noviembre un docente o un trabajador cobraba 100 pesos, hoy cobra 65”.

Sobre los gastos para el funcionamiento: “Lo dividimos en salud y en educación. En educación este año las partidas arrancaron congeladas al presupuesto del año 2023; hubo una actualización parcial del 70% desde marzo; pero en términos interanuales eso significa un 58% de actualización, comparado con una inflación de casi un 300% interanual. Por el lado de la salud, empezamos el año sin presupuesto, ya que la partida devengada del año 2023 no había sido asignada hasta esta semana”.

Tomar la calle en defensa propia / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Peligro de cierre

¿La partida ya firmada –pero aún no depositada–, es un remedio? “No, para los hospitales universitarios será de la misma magnitud nominal del año pasado. O sea, no es una actualización, ni un incremento”. Subraya el rector: “Estas partidas no están ajustadas por inflación, lo que significa que sólo podrán estirar un tiempo esta situación, pero estamos lejos de estar conformes. Si se mantiene esa partida, podremos funcionar como venimos dos o tres meses más. Y después, así las cosas, la UBA cierra, porque si no hay plata, no hay plata”.

El Secretario de Hacienda suma un dato, que agudiza el cuadro: “El pago de la energía eléctrica en el último año se multiplicó por siete. Y si comparamos con febrero de este año, sólo los últimos dos meses, se multiplicó por cuatro”. Y ejemplifica con una cuenta que no cierra: “El crecimiento del gasto, sumado a las partidas congeladas, hace que crezca más rápido el gasto que tenemos la universidades y empeorando cada vez más el funcionamiento”.

La educación, la salud y la ciencia, en juego; en venta / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

“El mal funcionamiento es de hace años”

La falta de recursos no empezó en la era Milei. Marta, médica desde hace 38 abriles, describe: “El mal funcionamiento viene de años, como consecuencia de malas administraciones anteriores. Y ahora, este recorte presupuestario es el tiro de gracia”. ¿En qué se venía mal? “De 12 quirófanos funcionan 5 y hay numerosas salas cerradas; cada vez se va achicando más la estructura, deteriorando y no hay presupuesto para mantenerlo”.

Clarisa, alumna, añade: “El edificio tiene un montón de falencias, es muchísima la cantidad de arreglos que harían falta y esto viene desde hace años. Con este recorte, el único futuro que veo es que se caigan las paredes… Me da mucho miedo e impotencia”.

Florencia trabaja hace 10 años y el amor que siente por la entidad viene de familia: “Mi mamá trabajó ahí; mis dos hijos fueron a ese jardín; le salvaron la vida dos veces a mi mejor amiga; curaron a mi papá, a mi abuela”.

Admite que el hospital “siempre tuvo pocos recursos; siempre hubo carencia de insumos”. Profundiza: “La situación no viene bien hace mucho; las personas que deben hacer el presupuesto no valoran la calidad humana ni la cantidad de atenciones que se realizan por día. El hospital siempre tuvo lo básico, y en muchas oportunidades debimos conseguir insumos por fuera, siempre tardó en llegar el material que se necesitaba”.

Carteles, ruido, sonrisas: estrategias contra el recorte / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Orgullo nacional

El Hospital de Clínicas es considerado uno de los hospitales más importantes de la Argentina y de América Latina. Se fundó en 1881 y allí se realizaron varios procedimientos por primera vez. Algunos hitos que nacieron entre sus paredes que hoy yacen descascaradas: la aplicación de la insulina, el cateterismo cardíaco, las residencias médicas, las punciones de riñón, las operaciones filmadas. Dice la médica y hoy auditora Susana Dionisio: “En este hospital se formaron la mayor parte de los médicos de renombre que hay en toda la medicina prepaga”. Suma otro caso testigo: “Hay que acordarse de acontecimientos como el de la AMIA, cuando sucedió el atentado este hospital recibió a la mayoría de los heridos, y fue gracias a este hospital que se salvó a muchísima gente. Entonces, podés hacer un comité de crisis, pero si al mismo tiempo desfinanciás a la educación, está muy mal. El presidente se merece un juicio político y la oposición tiene que pararse y ser una oposición real, sino perdemos la democracia”.

Marta Cora Eliseht es médica de obstetricia del hospital de Clínicas y docente de la Facultad de Medicina. “El Clínicas es fundamental, un orgullo nacional; no sólo cumple funciones asistenciales, sino también de docencia en áreas de pregrado y postgrado; esta es la sede de infinidad de carreras. Somos especialistas en obstetricia y atendemos muchos embarazos de alto riesgo, casos que no se atienden en otros lados”.

Marta es médica en el Clínicas desde hace 38 años /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

En el hospital trabajan más de 3.200 empleados y se atienden alrededor de 365 mil personas al año. En lo educacional, cursan por año cerca de 1500 alumnos. “Hay cinco cátedras y estudiamos 300 personas promedio en cada una. Este es el hospital escuela más grande del país”, explican Clarisa y Caetana, estudiantes de medicina.

Las palabras de Sofía, que integra la comisión interna, laten: “El hospital-escuela literalmente es el corazón de la UBA, donde se retroalimenta la ciencia, la investigación, la educación, pero sobre todas las cosas la salud pública, con todo lo que conlleva ese concepto de gratuidad e inclusión. Queremos seguir brindando la atención de calidad a los y las pacientes, pero sobre todas las cosas contar con un financiamiento que nos permita que nuestra casa, como así consideramos al hospital, siga funcionando. No queremos tener el privilegio de pisar la UBA, sino el derecho de seguir en ella”.

Una que pedimos (casi) todxs /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Un dolor inenarrable

El hit se vuelve a cambiar: “Universidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode se jode”, se vocifera con angustia y con firmeza, en un clamor popular que hiela la sangre. Las y los laburantes le dan magnitud al problema. La obstetra Marta Cora Eliseht dice: “En el sector no tenemos espéculos, vidrios para hacer papanicolaou, guantes, gasas, algodón, lo básico. Los profesionales de la salud estamos intentando conseguir donaciones de entidades privadas para suplir las faltas”. Sintetiza: “Estamos sufriendo un ataque artero a la universidad pública”.

Susana Dionisio es médica desde hace 49 años. Quince los trabajó en el Clínicas, donde ahora es auditora. “Sentimos un dolor que no se puede narrar. Los pacientes se están quedando sin comida y solidariamente se intenta ayudar entre sindicatos, médicos y administrativos, pero los insumos médicos no los podemos comprar. Ya se está cortando la luz a cierta hora, no se puede creer”.

La potencia de Elsa Carrizo, la potencia de lo colectivo /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Elsa Carrizo es delegada general de la comisión interna del Hospital de Clínicas. Tiene puesto un guardapolvo blanco, que lleva el logo de la institución. Se lee: “Fundado en 1881”. Dice: “Trabajamos con obras sociales, pero es impresionante la cantidad de gente sin obra social que viene, alcanza con ver las colas que se forman a la mañana. Ya no tenemos insumos ni para el mantenimiento, ¿con qué vamos a limpiar? Hay un combo de muchísimas necesidades en el hospital”.

“Últimamente no nos estuvieron entregando secadores”, detalla Diego Ruiz, empleado de maestranza. Cobra menos de 150 mil pesos por mes y sólo el monotributo para facturar (no está en planta permanente) le cuesta alrededor de 18 mil. “Estamos en una situación de mierda, personalmente para mí es imposible llegar a fin de mes”.

Diego cobra menos de $150 mil por mes. Y no es una joda / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Tomás trabaja en el área de personal hace 5 años y es delegado de la comisión interna. “No hay paritarias y los sueldos quedan muy bajos. Tenemos poco más de 300 contratos que salen del bolsillo del hospital y son los que más corren peligro. Estamos hace un par de meses sin aumento y no hay respuesta del gobierno ni comunicación. Estamos estancados, no da para más”.

Carolina Nadal es empleada desde hace 30 años. Hoy es la jefa del departamento de Trabajo Social. “El presupuesto que se está ejecutando es el del año pasado y esto es inviable en términos de sostenimiento, de todo lo que se necesita para que funcione el hospital de manera integral. El gobierno va a tener que responder de una manera diferente a la que está respondiendo ahora. Siento mucha bronca e indignación, pero al mismo tiempo tengo la esperanza de que en las calles, con la resistencia, haya otro desenlace que no sea cerrar las puertas”.

“Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla”.

José de San Martín.