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Ambivalencias y complejidades de las organizaciones piqueteras

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Maristella Svampa*
Junio de 2005
En varias oportunidades hemos afirmado que, en nuestro país, la mayor experiencia de resistencia al neoliberalismo nació en los márgenes, en los límites, en el extremo de la descolectivización masiva. En efecto, fueron los desocupados, aquellos que estaban fuera del sistema, los que desde el fondo de la descomposición social fueron gestando nuevas formas de lucha y autoorganización territorial. Sin embargo, una vez dicho esto, es necesario recordar que este proceso tiene como telón de fondo un importante pasado de integración social, asociado a la vigencia de los derechos sociales. Por ello mismo, la experiencia argentina termina por ser muy ambivalente, pues si bien es cierto que en la práctica nace en el extremo de una descolectivización acelerada, en los discursos recoge diferentes tradiciones y memorias, sobre todo la asociada a la tradición nacional-popular, que alimenta la esperanza de volver a ser lo que se era, a saber, un «pueblo trabajador».
Así, pese a que mucho se ha dicho sobre la naturaleza del nuevo actor, la mayor parte de las categorías empleadas traicionan la complejidad del sujeto. En realidad, para comprender la realidad emergente del proceso social consumado en los 90 es necesario abandonar las viejas categorías sociopolíticas (así como las visiones normativas) y partir de una lectura que privilegie una doble mirada, esto es, que tenga en cuenta tanto la conformación de las bases sociales como la dinámica organizativa interna. Ni pueblo o clase trabajadora como antaño, tampoco ejército industrial de reserva, ni nuevo lumpemproletariado, las bases sociales que componen las organizaciones piqueteras presentan un carácter multiforme y heterogéneo, que suma y yuxtapone nueva y vieja informalidad con tradición obrera y militantismo político; rabia juvenil y consumista con talante antirrepresivo y anticapitalista, protago-nismo femenino con trabajo comunitario.
En suma, vistas»desde abajo», las organizaciones piqueteras son muy ambivalentes, con diferentes inflexiones políticas, que van de la demanda de reintegración al sistema, a la afirmación de una radicalidad anticapitalista. A la vez, es un fenómeno fuertemente plebeyo, proclive a la acción directa, que apunta a la afirmación de lo popular, en cuanto ser negado, excluido y sacrificado en aras del modelo neoliberal.
Por otro lado, más allá de los planteos estratégicos y de sus diferentes dimensiones, las organizaciones piqueteras son estructuras organizativas con diferentes niveles de participación. En este sentido, existe claramente un núcleo en el que se sitúan los voceros o referentes (pues, más allá de los estilos de construcción y la flexibilidad de las organizaciones, todo movimiento posee dirigentes); un primer círculo, en donde se hallan militantes y cuadros intermedios (en general, delegados barriales), que comparten la visión estratégica del movimiento y los estilos de construcción política; luego, una serie de anillos o círculos concéntricos, más alejados del centro, en el cual se sitúan otros militantes y simpatizantes, con menor nivel de involucramiento y participación y, por último, una gran periferia, constituida por familias completas que se acercan no por una cuestión de convicciones ideológicas, sino en función de sus necesidades más elementales. El gran desafío de los movimientos, esto es, de aquellos que componen el núcleo organizativo y el primer círculo de militantes (cuya cercanía, hay que subrayar, es estrecha, en función del fuerte anclaje territorial del movimiento) es, sin duda, la politización de esa amplia periferia, suerte de actualización de la figura del «humilde» o «el pobre», al cual antaño se dirigía el discurso y la práctica del peronismo histórico, en su versión «evitista».
Gran parte de las ambigüedades, dificultades y desafíos políticos residen en la manera como se articulan y relacionan estos diferentes niveles organizacionales con lo que hemos llamado «la periferia». Ello ha venido alimentando una serie de interrogantes, dudas y cuestionamientos que ponen en tela de juicio tanto la naturaleza de la acción como el horizonte político de las organizaciones. Más aún, sobre estas dificultades se han montado diferentes lecturas que recorren hoy la sociedad argentina y que están en la base de un fuerte discurso criminalizador. Lo particular de dichas críticas es que apuntan a negarle el carácter de movimiento social «auténtico» o bien, a despojarlo de su dimensión específicamente política. Podemos sintetizar dichas críticas en tres argumentos: la hipótesis miserabilista, la hipótesis de la manipulación política, y la crítica normativa.
En primer lugar, la hipótesis miserabilista parte de la idea de que la política no puede nacer del reino de la necesidad. En consecuencia, tiende a destacar el carácter defensivo y reivindicativo de la acción piquetera, circunscribiendo, de esta manera, sus logros y objetivos. Este argumento suele combinarse con otro, más ortodoxo, que subraya las «limitaciones» propias de las bases sociales (consideradas «lúmpenes»), para explicar tanto su escasa capacidad de interpelación social como los obstáculos en el proceso de formación de un verdadero movimiento social.
En segundo lugar, siguiendo esta línea interpretativa, no son pocos los que instalan en la base del cuestionamiento la hipótesis de la manipulación política, aludiendo a la «injerencia» de partidos y/o dirigentes (de izquierda), ideologizados, cuando no provenientes de otros sectores sociales. Es cierto que las organizaciones piqueteras nacen como una respuesta defensiva frente a los efectos destructivos del modelo neoliberal, en medio de un marco de precariedad e indigencia (la desocupación y el hambre). Pero estas condiciones iniciales no implican necesariamente una suerte de límite ontológico para la política, como señalan algunos invocando el pensamiento de Hanna Arendt (1988 y 1996). En realidad, sólo aquellos que -desde el punto de vista teórico- adhieren a una visión miserabilista de los sectores populares, en desmedro de la complejidad de los procesos sociales, pueden concluir que el destino de un movimiento originado en el mundo de las necesidades básicas sea una suerte de acción defensiva, reivindicativa, que no puede alcanzar la «verdadera» dimensión de la política (leída esta como autodeterminación y como creación de mundos alternativos). Sin embargo, las condiciones socioestructurales nos advierten sobre el alto grado de fragilidad de las construcciones colectivas, sobre la vulnerabilidad del lazo social solidario, en fin, sobre las dificultades de consolidación de las nuevas prácticas políticas en un medio permanentemente atravesado tanto por los llamados al individualismo como, sobre todo en la actualidad, por las diversas formas de clientelismo existente.
En tercer lugar, en los últimos tiempos tiende a instalarse una mirada normativa, que coloca el acento en la exigencia de «lo políticamente correcto». Esta visión simplificadora está difundida en ciertos sectores de las clases medias progresistas (ONGs y sectores académicos) y, como ya ha sucedido en otras épocas, suele proyectar las propias expectativas políticas -y normativas- sobre las organizaciones piqueteras (exigiéndoles que hagan lo que se espera de ellos: para el caso, que se comporten de manera «políticamente correcta», siguiendo prolijamente los manuales de ONGs, expresándose en un lenguaje «ideológicamente correcto» y, de ser posible, renunciando a la acción no institucional). En este sentido, lo que evidencia esta visión es la dificultad de elaborar o pensar la complejidad actual de las organizaciones de desocupados, que son, como hemos indicado, movimientos impuros, plebeyos y orientados a la acción directa. Como consecuencia de ello, esta mirada normativa tiende a refugiarse y legitimar sólo aquellas pocas experiencias más acordes a una visión más estilizada y estetizada de los pobreza.
Entre la criminalización y el cuestionamiento del relato identitario
Finalmente, los efectos estigmatizadores de esas tres críticas se actualizaron y difundieron entre 2003 y 2005, durante una fuerte campaña antipiquetera que se desarrolló en el marco de la pulseada política que enfrentó las organizaciones piqueteras con el gobierno nacional, los sectores de derecha y los grandes medios de comunicación. Ahora bien, para comprender el alcance de esta campaña, es necesario volver sobre los componentes identitarios que han ido surgiendo de esta experiencia de autoorganización y acción colectiva. Recordemos que, tal como lo analizamos en otro lado (Svampa y Pereyra:2003), por encima de la fuerte heterogeneidad social, de género y generacional, y más allá de las diferencias que pueden encontrarse entre las distintas organizaciones piqueteras, la historia parece indicar que ha ido constituyéndose una identidad piquetera, cuyo anclaje no es otro que un cierto relato, constituido a partir de 1996, en el que se narra la experiencia de los piqueteros. Todos los testimonios -no sólo las entrevistas sino también las crónicas periodísticas- coinciden en que ese relato comienza con el corte en Cutral-Có y Plaza Huincul, donde surge el nombre «piqueteros». Esa narración, esencial sobre todo en las fases constitutivas de los movimientos, vincula tres términos fundamentales: en primer lugar, un nombre «piqueteros», referido al agente principal de las acciones que la historia narra; en segundo lugar, y diremos que como eje central, se encuentran precisamente esas acciones que son los cortes de ruta -los «piquetes»- y, en tercer lugar, la historia se complementa con los motivos y las consecuencias de esas acciones, lo que remite centralmente tanto al vínculo entre modelo económico y crisis, cuanto a la demanda de trabajo, la recepción y administración de planes asistenciales. Ese relato es el que da sentido a los acontecimientos que recorren la historia piquetera y que finalmente explica el surgimiento de las organizaciones de desocupados como una consecuencia de la desestructuración productiva del país.
Sin embargo, la historia piquetera no fue definida de esa manera desde el principio, sino que atravesó un camino sinuoso -cruzado por otros relatos posibles-, hasta que se produjo cierta estabilización. Así, se habló de un «rebrote subversivo» en Cutral Có, de «francotiradores de la FARC» en General Mosconi y desde un «complot piquetero» hasta una «matanza entre piqueteros» en el Puente Pueyrredón. Estas operacio-
nes fueron, empero, desbaratadas por los hechos posteriores. Ahora bien, otro proceso comienza en 2003, a partir del cambio registrado en la estructura de oportunidades políticas. En realidad, el escenario remite a una contienda política por demás compleja, donde intervienen y se entrecruzan activamente las presio-
nes del poder económico, sus voceros políticos y mediáticos, con la política de control y disciplinamiento del gobierno peronista actual para con los sectores excluidos (Svampa:2004).
Más allá de las dificultades visibles de un conjunto importante de las organizacio-
nes piqueteras para reposi-cionarse frente al cambio del escenario político, respecto de 2002, esta contien-da desigual se fue traduciendo en un corrimiento del significado de la protesta social. Más simple: en poco tiempo, los piqueteros dejaron de ser la mayor expresión de la resistencia al modelo neoliberal, para convertirse en una de las consecuencias «perversas» del mismo modelo. La centralidad que adquirió la problemática de la (in)seguridad con la entrada de Juan Carlos Blumberg en escena, en 2004, sirvió también para recrudecer el lenguaje, como bien lo reflejan los titulares -casi el lenguaje de guerra- de los diarios nacionales a partir de 2003.
Así, en el contexto actual, es posible advertir que el relato sobre una identidad piquetera se ha visto sacudido por los efectos estigmatizadores que ha tenido la difusión de un sentido común antipiquetero en la sociedad argentina. Más aún, asistimos a la instalación de un marco de interpretación de la acción piquetera que busca desestabilizar este relato identitario, estableciendo un nuevo corte, diferente de los anteriores, esta vez, entre «lo auténtico» (las primeras manifestaciones piqueteras y los levantamientos comunitarios) y, por otro lado, «lo inauténtico» (su evolución a partir de 2002). Es aquí donde se expanden y se combinan los tres argumentos que hemos enunciado al principio de este apartado (hipótesis de la manipulación, la visión miserabilista y crítica normativa).
El impulso que tomó crimina-lización del conflicto social en los últimos tiempos no es ajeno a este proceso, pues a través de su constante judicialización se apunta a desdibujar el reclamo esencial de los desocupados (los derechos básicos conculcados), reduciendo la protesta a una acción «ilegal», al tiempo que se invisibilizan otras dimensiones constituti-
vas de la experiencia piquetera, por ejemplo el trabajo comunitario en los barrios.
Ahora bien, frente a ello, en un escenario de fuerte confrontación y pulseada política, las organizaciones piqueteras han venido afirmando mucho más sus componentes plebeyos. Esta afirmación de lo plebeyo, que apunta a reivindicación de lo popular, en cuanto ser negado y excluido, ha acompañado la irrupción y desarrollo de los movi-mientos piqueteros. Recordemos que en la Argentina, lo plebeyo como voluntad de autoafirmación de lo popular ha emergido como resultado de un conflicto con otros sectores sociales (clases medias y altas), que asimilan el carácter impugnador de lo plebeyo con la incultura, al tiempo que reclaman la superioridad de sus modelos culturales y estilos de vida. En este sentido, la presencia de lo plebeyo remite la historia de otros movimientos populares, tanto del yrigoyenismo como sobre todo del peronismo,. Lo particular, sin embargo, es que en la actualidad esta reivin-dicación del carácter plebeyo e iconoclasta de lo popular ya no se realiza desde el aparato del Estado (como sucedía con el peronismo histórico), sino que interpela y desafía al propio peronismo institucional que hace tiempo decidió enterrar su tradición contestaria y contracultural. Por otro lado, su emergencia se da en un contexto de gran crisis, más aún, de descenso y caída social de numerosos sectores sociales. Por ello mismo, la potenciación de lo plebeyo tiende a alimentar el «voyeurismo» y el rechazo de las clases medias, tan necesitadas de construir contrafiguras negativas a partir de las cuales afirmar una supuesta superioridad de clase. No es casual entonces que los componentes plebeyos se hayan exacerbado, a partir del ingreso de los movimientos en la escena nacional, que alcanzaría un clímax entre 2003 y 2004. Así, fue en el marco de una fuerte puja, visible en los conflictos por la ocupación del espacio público en la ciudad de Buenos Aires, donde lo plebeyo volvió a convertirse en un principio de (auto)afirmación de lo popular.
En resumen, la entrada en los espacios más tradicionales de la política nacional, sobre todo a partir de 2002, tuvo efectos sumamente contrastantes. Por un lado produjo adhesiones e importantes cruces sociales, sobre todo, con parte de los sectores medios movilizados, ligados al proceso asam-bleario, los colectivos culturales y los partidos de izquierda. Por otro lado, esta presencia inquietante y a la vez perturbadora de lo plebeyo en el centro político de la Argentina, terminó por instalar una vez más la imagen del «aluvión zoológico» como elemento importante de la dinámica recursiva entre movimientos populares y opinión pública, base sobre la cual gobierno, sectores conservadores y grandes medios de comunicación se montaron para construir el consenso negativo con relación a las movilizaciones sociales. Lo dicho aparece patentizado en un discurso social y periodístico que vehiculiza una cierta lectura político-cultural, que coloca el acento en la inferioridad antropológica y cultural y, por ende, en la peligrosidad de los sectores populares. Ello ha actualizado en amplios sectores medios y altos una (histórica) actitud de desprecio hacia lo plebeyo, tanto como acentúa el temor a las «clases peligrosas», a través de los dos estereotipos negativos, el «piquetero violento» y el «piquetero plebeyo». En fin, este desprecio a lo plebeyo reactiva la imagen fundadora de la Argentina moderna, «civilización o barbarie», que históricamente ha estado en la base de diferentes dispositivos simbólico-políticos para justificar la exclusión de lo popular.
Lo dicho no significa negar las dificultades internas que atraviesan las organizaciones piqueteras, que hemos abordado en el capítulo anterior. Antes bien, nos interesa llamar la atención sobre el modo como se han combinado y actualizado ciertos elementos presentes en diferentes tradiciones, en el proceso de redefinición identitaria de las organizaciones de desocupados: por un lado, la puja política llevó a los actores más poderosos (gobiernos, sectores conservadores, medios de comuni-cación) a actualizar el estigma de la barbarie, asociado a la representación de las nuevas clases peligrosas. Por otro lado, como hemos visto en el capítulo anterior, el gobierno peronista y las agrupaciones populistas que lo apoyan, actualizaron ciertos elementos de la tradición nacional-popular, sobre todo, aquel que hace referencia al vínculo populista, caracterizado por la subordinación de los actores sociales al líder. En definitiva, tanto la actualización de la memoria de las clases medias y altas (la estigmatización de lo plebeyo), como ciertos elementos de la memoria nacional-popular(la dependencia respec-to del líder), han venido a cuestionar el relato identitario -el piquetero-, quizá demasiado centrado en la «memoria reciente», a saber, centrada en la dimensión mítica que tomaron los piquetes y puebladas de los 90 y, sobre todo, las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001.

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Bloqueo a Vaca Muerta de comunidades mapuche y pobladores de Añelo que buscan dos cosas: derechos y agua

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Esta semana hubo cinco cortes a los principales yacimientos de fracking, organizados por el pueblo mapuche de Vaca Muerta en reclamo de relevamientos territoriales ya acordados que permitirían además el reconocimiento de 14 comunidades. El bloqueo se agregó a los cortes de ruta de pobladores de Añelo (localidad central en el área de explotación) que reclamaban por la ausencia de agua. Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén dice a lavaca: “Estamos contra la fractura hidráulica porque sabemos lo que genera, como lo saben los países la prohibieron como Francia, Inglaterra, varios estados de los Estados Unidos, que sin embargo mandan sus empresas para que hagan el fracking aquí”. Los efectos reales de la “inversión extranjera” y el negocio de las empresas que solo son rentables si tienen subsidios estatales.

Esta semana las comunidades mapuche de la zona de Vaca Muerta bloquearon los cinco principales yacimientos de fractura hidráulica. A ese conflicto se sumaron los cortes de rutas protagonizados por vecinas y vecinos de la ciudad de Añelo, desesperados por la ausencia de agua, entre otras cosas.

Jorge Nawel, logko (autoridad política) de la Confederación Mapuche de Neuquén planteó a lavaca el panorma y derribó los mitos publicitarios sobre los supuestos beneficios del fracking.

“La situación empieza por tres grandes temas pendientes. Por un lado la obligación de Consulta Libre e Informada a los pueblos originarios, tema refrendado por Argentina en los tratados internacionales. Estamos todavía discutiendo un articulado que es el que le dará forma al proceso de consulta sobre cualquier actividad que se haga en territorio indígena”.  

“Por otra parte la necesidad de las personerías jurídicas de las comunidades, que no tienen ese reconocimiento por parte del Estado. Es una deuda que el Estado no termina de resolver”.

“Y el tercer tema es el relevamiento de las tierras, porque si no tenemos delimitados los territorios, ¿a quién van a reconocer?”.

¿Un pueblo originario es un club?

Sostiene Nawel que el tema de la consulta está cerca de poder resolverse tras cuatro meses de negociaciones para el establecimiento de un protocolo de 15 puntos ante cada proyecto que pretenda realizarse en territorio indígena. “Posiblemente la semana próxima podamos dar buenas noticias”.

Le da especial importancia, también, a la cuestión del registro “porque saca a las comunidades de la órbita de una simple asociación y les da el estatus que corresponde, con una personería que es carácter público, no privado. Eso significa que una comunidad no tiene control del Estado ni es tratada como como si fuese un club o una asociación, sino que se trata de un pueblo. No es parte de la órbita privada sino de la pública”.

¿Y por qué el bloqueo? “Principalmente por el tercer tema, el del relevamiento territorial. Se formó un equipo técnico, jurídico y catastral hace más de un año para concretarlo, pero notamos animosidad oficial contra las comunidades de Vaca Muerta porque somos las que protestamos y nos movilizamos. Ese mismo equipo existe como respuesta a una de las acciones directas que hicimos en 2021. El equipo lo forman Nación y Provincia, pero nunca funcionó como corresponde y en más de un año no hubo relevamiento de una sola de nuestras 14 comunidades en esa zona. Por eso decidimos bloquear Vaca Muerta”.

Llamar la atención vs embarrar la cancha   

El bloqueo se concretó el lunes pasado, 28 de noviembre. “Cerramos el acceso a los cinco yacimientos más importantes en los que trabajan empresas como Techint, YPF, Shell, Tecpetrol y Pluspetrol, entre otras. Eso significa ingresar a las 5 de la mañana antes del turno que empieza a las 6. Se arman colas de 200 camiones y máquinas de la industria, o más, que no dejamos que circulen”.

El fondo del tema, según Nawel: “Es la única manera de llamar la atención de un gobierno al que la protesta social no le va ni le viene, y te lo digo porque hay protestas y reclamos todos los días, y una total indiferencia oficial frene a eso”.

“Lo único que hace que te presten atención es cuando le tocas la matriz económica que es la explotación de Vaca Muerta. Somos conscientes de eso y cada vez que queremos ponernos en una posición firme tenemos que bloquear la producción”.

La acción mapuche logró llamar la atención: “Convocaron a un diálogo y se planteó crear un equipo especial que resuelva la cuestión del relevamiento territorial. Hay que ver si el gobierno cumple su palabra. Lo que estamos reclamando es que se cumplan las leyes”.

Funcionarios y medios, sin embargo, plantean que el trasfondo del reclamo mapuche es la búsqueda de un beneficio económico. Responde Jorge Nawel: “Es el argumento cuando el Estado quiere confundir las cosas. Plantea un trasfondo económico, peero vos ves las demandas que hacemos, ninguna tiene carácter económico sino de derechos. Carácter político y de respeto a los derechos”.

“La Consulta es algo que está normado desde 2001. Que se reconozca a las comunidades es algo que está escrito en las constituciones de Nación y Provincia. El relevamiento de tierras está ordenado por la Ley 21.160. O sea que estamos reiterando viejas demandas que jamás se responden. Una forma de ensuciar y embarrar la cancha es darle a lo que reclamamos un carácter económico, cuando en realidad les estamos diciendo que cumplan las leyes: cumplan con lo que ustedes mismos aprobaron”.

Progresismo y felicidad extractiva

El debate sobre el modelo extractivo del cual el fracking es apenas una muestra, incluye de modo cada vez más entusiasta a sectores que se autoperciben progresistas que pregonan avanzar con un tipo de modelo que lleva más de 500 años no excesivamente exitosos en el continente.

Reconoce Jorge: “Vaca Muerta es sin duda una salvación económica, pero ¿de quién? Para nosotros, para la sociedad, es una fuente de saqueo de recursos naturales, de empobrecimiento social y de contaminación de todo tipo”.

“Sin embargo es cierto que es una salvación económica para las corporaciones, que pueden derivar a sus casas centrales millonadas de dólares de manera permanente. Argentina lo único que hace es darles prebendas, subsidios, beneficios impositivos, para que el señor inversor no se vaya y siga explotando la meseta y la tierra mapuche”.

Nawel advierte: “Todo ese contagio de felicidad y bienaventuranza para nosotros es una absoluta farsa. El fracking solo les da ganancias a las empresas. La propia industria del fracking ha planteado en distintos informes que la actividad no es rentable sin la cantidad de subsidios y prebendas que le da el Estado. Lo más grave para nosotros –y debería serlo para la sociedad– todo se hace a costa del ambiente, la salud y la seguridad de la población”.

La descripción: “El fracking genera un enorme impacto ambiental por las toneladas de basura que genera, por el tema de los sismos (debidos a las excavaciones), por los millones de litros de agua que consume en una zona árida como la nuestra. La industria no se ocupa no responde porque si tuviera que hacerse cargo de los costos ambientales y sociales, ya no sería rentable. Por eso es una farsa”.

Lo prohibido y la deuda

El rechazo mapuche, según Nawel: “Rechazamos el fracking desde el primer día porque sabemos las consecuencias que genera. Es el mismo conocimiento que tienen los países del primer mundo que por eso lo prohíben, como Francia, Gran Bretaña, varios estados de los Estados Unidos, y Colombia también se sumó a una moratoria”. La moratoria es el modo de dejar en suspenso cualquier aprobación a la actividad, un modo elegante de prohibición. De todos modos en Europa se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza y República Checa.  

“El fracking solo es rentable si los Estados subordinados, empobrecidos, entregados, renunciando a su soberanía permiten que esas multinacionales ingresen”.

¿Y cómo ven a los funcionarios? “Lo que pasa es que esto es un cúmulo de errores de políticos cortoplacistas que al subir solo pensaron en terminar su mandato y ganar reelecciones en lo posible, y para eso capturaron el recurso era el petróleo y lo dilapidaron. Neuquén es una provincia petrodependiente desde hace décadas”.  

“Los políticos piensan siempre en el corto plazo, nunca pensar en la sociedad, en el futuro, en las nuevas generaciones. Pero es increíbe: ya en 1956 la constitución de Neuquén decía que toda la renta petrolera que se obtuviera no debía ser utilizada en gastos comunes, que es lo que hoy se hace para sostener el aparato del Estado y el empleo púbico. La renta debía reinvertirse en la búsqueda de energías alternativas para romper la dependencia del petróleo, que ya en ese momento se veía que era una industria con impacto ambiental y no sustentable. Esa inversión de renta en la búsqueda de energías alternativas nunca se hizo. Nunca”.

Jorge relaciona el tema con el de la deuda externa: “El país, por sus políticos, queda preso de una deuda escandalosa que exige acumular dólares para pagarla. Pero la última beneficiada de todo esto va a ser la población Y los primeros benericiados van a ser los dueños de la deuda externa y las empresas que obtienen ganancias vergonzosas que giran al exterior, a sus casas centrales. Las migajas quedan para la población y sobre todo queda un impacto que va a convertir a a estas tierras en un cementerio si todo sigue así”.

¿Agua o petróleo?

La tremenda propaganda alrededor de Vaca Muerta, sus inversiones, sus ganancias, podría inducir a pensar que la provincia, o al menos las localidades cercanas a la explotación, están pasando épocas de bonanza (sea lo que sea que tal cosa signifique).

Nawel informa: “Cuando hicimos el bloqueo se sumó el propio pueblo de Añelo que hace días no tiene una gota de agua en la canilla. Es más. Nosotros levanamos el bloqueo cuando empezamos a obtener respuesta, pero ellos siguieron hasta el miércoles. Y solo reclamaban agua, ¿te das cuenta? Están planteando obras que permiten llevar agua desde el río Neuquén para las empresas, y el pueblo supuestamente beneficiado no tiene ni agua. Esa es la realidad. Neuquén es una provincia endeudada con la banca internacional y el Estado nacional, y nos venden todos los días titulares hablando de un ritmo acelerado de Vaca Muerta o de aumento de la producción”.

La contracara: “Lo que se ve en la práctica es que lo que aumentó es la pobreza, el endeudamiento de la provincia, y Añelo, que era la Dubai argentina, no tiene ni agua”.

La situación: “Hacen tanta propaganda y hay una crisis tan grande, que todos los los días llegan familias a Neuquén con la expectativa de conseguir un trabajo digno en esta supuesta gran gallina de los huevos de oro. Como no lo logran, porque la industria es muy selectiva, se van incrementando las periferias urbanas con familias empobrecidas. Si esa es la salvación del país, estamos en problemas”.

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16va Marcha de la Gorra: “Ocupar las calles: Libres o nada”

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Ayer, martes 29 de noviembre se llevó a cabo la 16va edición de la Marcha de la Gorra en la ciudad de Córdoba. La reconocida marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional sucede a dos semanas de conocerse públicamente -en el marco del juicio por la muerte del adolescente Blas Correa- los mensajes intercambiados por Whatsapp entre el ex Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y el ex comisario Gonzalo Cumplido en el que manifestaban su preocupación por las repercusiones que provocaría la muerte de “un rubito” “de clase media”. Conversación mantenida a primera mañana de los 6 disparos de la noche de agosto del 2020.

Por Bernardina Rosini

desde Córdoba

Tal vez resuene fuerte fuera de la provincia, pero en la calle no causó ningún escozor.

Soledad Aciar, la madre de Blas, ausente en la marcha, hace unos días refirió sobre los policías locales «disparan sus armas como si estuvieran jugando en la Play”.

No se mencionó el indignante intercambio entre los ex funcionarios en la tarde de ayer, pero sí se mencionaron las 9 horas que estuvo encadenada la mamá de Rodrigo Sánchez en las rejas de Tribunales. Ella, Gabriela Sanso, tomó el micrófono y fue dura contra la justicia y los uniformados azules. “7 años sin que avance la causa, sin respuestas, sin que me digan nada», dijo. «No puede ser que nos tengamos que encadenar para ser escuchados. Mataron a mi hijo por la espalda, 17 años. Ellos sueltos mientras que a mi hijo no le dieron oportunidad. No dan oportunidad de vivir, fusilan”. Sólo tras haberse encadenado, la Fiscalía General la recibió y se comprometió con la resolución de la causa.

Se suceden madres en el micrófono que relatan y enumeran, una vez más, todas las atrocidades del mecanismo de impunidad: disparos por la espalda, fiscalías inertes, investigaciones nunca iniciadas, encubrimientos, argumentos y declaraciones tan burdas, tan contradictorias, tan absurdas. Dolor y nudos de bronca.

Unxs pibes con la cabeza cubierta escalan por el frente de un edificio y hacen la primera intervención de la marcha: pincel en mano y pegamento, dejan el rostro y nombres de algunos los muertos Franco Amaya, Sergio Cuello, Juan Alarcón, Pichón Escobay. Podrían cubrir todo el frente. Sólo en los últimos dos años se contabilizan 10 casos fatales en manos de la Policía de Córdoba. Con esta preocupación la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) solicitó al Gobernador Juan Schiaretti una audiencia con “carácter de urgente” en el mes de agosto. Entrando en diciembre, con el expediente dormido, el gobernador no se da por notificado.

Difícil eludir la sucesión de los casos, y la crisis de la institución policial. En los primeros seis meses de 2022 un total de 218 uniformados fueron apartados de sus trabajos debido a que quedaron bajo la lupa del Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba. El 88,2% corresponden específicamente a efectivos de la Policía de la Provincia, y según el Tribunal en la gran mayoría de los casos, los desplazamientos de personal fueron por sumarios motivados por denuncias de violencia de género, seguidos de mal desempeño y violencia institucional.

Casos que han logrado relevancia y aparecer en las agendas de los medios nacionales: Blas Correa es uno, el femicidio de Cecilia Basaldúa es otro. Este último  tiene policías señalados por la familia, confesiones logradas mediante aprietes, encubrimiento y un juicio forzado contra un joven inocente. Pero aún sin dar con el autor material.

Difícil desentenderse también de la fuerza y el sentido que moviliza la Marcha de la Gorra en Córdoba. No atender a los fuegos, la danza y la ceremonia a metros de la Legislatura, rodeada de vallas y un puñado de policías. Las familias prenden velas dispuestas en la calle formando una figura hecha de bidones de agua, flores de santa rita, naranjas y manzanas. 

 “Libertad para ocupar las calles y habitar y circular por nuestros montes”. Se escucha en los parlantes, ampliando los límites del transitar urbano pero también señalando que las políticas violentas, extractivistas, excluyentes son comunes. Acá y un poco más allá. Que son múltiples los derechos arrebatados. “Que no nos quiten crecer en las calles, ni las noches en la plaza ni las tardes de río”. El final de la marcha es un abrazo, la canción que la cantante Sara Hebe escribió inspirada en la marcha, sintetiza el deseo:

“No encuentro mejor manera de aguantar este embretao

Que imaginarme suelto, vivo y enamorao”.

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#NiUnaMás

Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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