Nota
Informe Alerta Argentina: Ambivalencias y complejidades de las organizaciones piqueteras
( por Maristella Svampa) En varias oportunidades hemos afirmado que, en nuestro país, la mayor experiencia de resistencia al neoliberalismo nació en los márgenes, en los límites, en el extremo de la descolectivización masiva. En efecto, fueron los desocupados, aquellos que estaban fuera del sistema, los que desde el fondo de la descomposición social fueron gestando nuevas formas de lucha y autoorganización territorial. Sin embargo, una vez dicho esto, es necesario recordar que este proceso tiene como telón de fondo un importante pasado de integración social, asociado a la vigencia de los derechos sociales. Por ello mismo, la experiencia argentina termina por ser muy ambivalente, pues si bien es cierto que en la práctica nace en el extremo de una descolectivización acelerada, en los discursos recoge diferentes tradiciones y memorias, sobre todo la asociada a la tradición nacional-popular, que alimenta la esperanza de volver a ser lo que se era, a saber, un «pueblo trabajador».
Así, pese a que mucho se ha dicho sobre la naturaleza del nuevo actor, la mayor parte de las categorías empleadas traicionan la complejidad del sujeto. En realidad, para comprender la realidad emergente del proceso social consumado en los 90 es necesario abandonar las viejas categorías sociopolíticas (así como las visiones normativas) y partir de una lectura que privilegie una doble mirada, esto es, que tenga en cuenta tanto la conformación de las bases sociales como la dinámica organizativa interna. Ni pueblo o clase trabajadora como antaño, tampoco ejército industrial de reserva, ni nuevo lumpemproletariado, las bases sociales que componen las organizaciones piqueteras presentan un carácter multiforme y heterogéneo, que suma y yuxtapone nueva y vieja informalidad con tradición obrera y militantismo político; rabia juvenil y consumista con talante antirrepresivo y anticapitalista, protago-nismo femenino con trabajo comunitario.
En suma, vistas»desde abajo», las organizaciones piqueteras son muy ambivalentes, con diferentes inflexiones políticas, que van de la demanda de reintegración al sistema, a la afirmación de una radicalidad anticapitalista. A la vez, es un fenómeno fuertemente plebeyo, proclive a la acción directa, que apunta a la afirmación de lo popular, en cuanto ser negado, excluido y sacrificado en aras del modelo neoliberal.
Por otro lado, más allá de los planteos estratégicos y de sus diferentes dimensiones, las organizaciones piqueteras son estructuras organizativas con diferentes niveles de participación. En este sentido, existe claramente un núcleo en el que se sitúan los voceros o referentes (pues, más allá de los estilos de construcción y la flexibilidad de las organizaciones, todo movimiento posee dirigentes); un primer círculo, en donde se hallan militantes y cuadros intermedios (en general, delegados barriales), que comparten la visión estratégica del movimiento y los estilos de construcción política; luego, una serie de anillos o círculos concéntricos, más alejados del centro, en el cual se sitúan otros militantes y simpatizantes, con menor nivel de involucramiento y participación y, por último, una gran periferia, constituida por familias completas que se acercan no por una cuestión de convicciones ideológicas, sino en función de sus necesidades más elementales. El gran desafío de los movimientos, esto es, de aquellos que componen el núcleo organizativo y el primer círculo de militantes (cuya cercanía, hay que subrayar, es estrecha, en función del fuerte anclaje territorial del movimiento) es, sin duda, la politización de esa amplia periferia, suerte de actualización de la figura del «humilde» o «el pobre», al cual antaño se dirigía el discurso y la práctica del peronismo histórico, en su versión «evitista».
Gran parte de las ambigüedades, dificultades y desafíos políticos residen en la manera como se articulan y relacionan estos diferentes niveles organizacionales con lo que hemos llamado «la periferia». Ello ha venido alimentando una serie de interrogantes, dudas y cuestionamientos que ponen en tela de juicio tanto la naturaleza de la acción como el horizonte político de las organizaciones. Más aún, sobre estas dificultades se han montado diferentes lecturas que recorren hoy la sociedad argentina y que están en la base de un fuerte discurso criminalizador. Lo particular de dichas críticas es que apuntan a negarle el carácter de movimiento social «auténtico» o bien, a despojarlo de su dimensión específicamente política. Podemos sintetizar dichas críticas en tres argumentos: la hipótesis miserabilista, la hipótesis de la manipulación política, y la crítica normativa.
En primer lugar, la hipótesis miserabilista parte de la idea de que la política no puede nacer del reino de la necesidad. En consecuencia, tiende a destacar el carácter defensivo y reivindicativo de la acción piquetera, circunscribiendo, de esta manera, sus logros y objetivos. Este argumento suele combinarse con otro, más ortodoxo, que subraya las «limitaciones» propias de las bases sociales (consideradas «lúmpenes»), para explicar tanto su escasa capacidad de interpelación social como los obstáculos en el proceso de formación de un verdadero movimiento social.
En segundo lugar, siguiendo esta línea interpretativa, no son pocos los que instalan en la base del cuestionamiento la hipótesis de la manipulación política, aludiendo a la «injerencia» de partidos y/o dirigentes (de izquierda), ideologizados, cuando no provenientes de otros sectores sociales. Es cierto que las organizaciones piqueteras nacen como una respuesta defensiva frente a los efectos destructivos del modelo neoliberal, en medio de un marco de precariedad e indigencia (la desocupación y el hambre). Pero estas condiciones iniciales no implican necesariamente una suerte de límite ontológico para la política, como señalan algunos invocando el pensamiento de Hanna Arendt (1988 y 1996). En realidad, sólo aquellos que -desde el punto de vista teórico- adhieren a una visión miserabilista de los sectores populares, en desmedro de la complejidad de los procesos sociales, pueden concluir que el destino de un movimiento originado en el mundo de las necesidades básicas sea una suerte de acción defensiva, reivindicativa, que no puede alcanzar la «verdadera» dimensión de la política (leída esta como autodeterminación y como creación de mundos alternativos). Sin embargo, las condiciones socioestructurales nos advierten sobre el alto grado de fragilidad de las construcciones colectivas, sobre la vulnerabilidad del lazo social solidario, en fin, sobre las dificultades de consolidación de las nuevas prácticas políticas en un medio permanentemente atravesado tanto por los llamados al individualismo como, sobre todo en la actualidad, por las diversas formas de clientelismo existente.
En tercer lugar, en los últimos tiempos tiende a instalarse una mirada normativa, que coloca el acento en la exigencia de «lo políticamente correcto». Esta visión simplificadora está difundida en ciertos sectores de las clases medias progresistas (ONGs y sectores académicos) y, como ya ha sucedido en otras épocas, suele proyectar las propias expectativas políticas -y normativas- sobre las organizaciones piqueteras (exigiéndoles que hagan lo que se espera de ellos: para el caso, que se comporten de manera «políticamente correcta», siguiendo prolijamente los manuales de ONGs, expresándose en un lenguaje «ideológicamente correcto» y, de ser posible, renunciando a la acción no institucional). En este sentido, lo que evidencia esta visión es la dificultad de elaborar o pensar la complejidad actual de las organizaciones de desocupados, que son, como hemos indicado, movimientos impuros, plebeyos y orientados a la acción directa. Como consecuencia de ello, esta mirada normativa tiende a refugiarse y legitimar sólo aquellas pocas experiencias más acordes a una visión más estilizada y estetizada de los pobreza.
Entre la criminalización y el cuestionamiento del relato identitario
Finalmente, los efectos estigmatizadores de esas tres críticas se actualizaron y difundieron entre 2003 y 2005, durante una fuerte campaña antipiquetera que se desarrolló en el marco de la pulseada política que enfrentó las organizaciones piqueteras con el gobierno nacional, los sectores de derecha y los grandes medios de comunicación. Ahora bien, para comprender el alcance de esta campaña, es necesario volver sobre los componentes identitarios que han ido surgiendo de esta experiencia de autoorganización y acción colectiva. Recordemos que, tal como lo analizamos en otro lado (Svampa y Pereyra:2003), por encima de la fuerte heterogeneidad social, de género y generacional, y más allá de las diferencias que pueden encontrarse entre las distintas organizaciones piqueteras, la historia parece indicar que ha ido constituyéndose una identidad piquetera, cuyo anclaje no es otro que un cierto relato, constituido a partir de 1996, en el que se narra la experiencia de los piqueteros. Todos los testimonios -no sólo las entrevistas sino también las crónicas periodísticas- coinciden en que ese relato comienza con el corte en Cutral-Có y Plaza Huincul, donde surge el nombre «piqueteros». Esa narración, esencial sobre todo en las fases constitutivas de los movimientos, vincula tres términos fundamentales: en primer lugar, un nombre «piqueteros», referido al agente principal de las acciones que la historia narra; en segundo lugar, y diremos que como eje central, se encuentran precisamente esas acciones que son los cortes de ruta -los «piquetes»- y, en tercer lugar, la historia se complementa con los motivos y las consecuencias de esas acciones, lo que remite centralmente tanto al vínculo entre modelo económico y crisis, cuanto a la demanda de trabajo, la recepción y administración de planes asistenciales. Ese relato es el que da sentido a los acontecimientos que recorren la historia piquetera y que finalmente explica el surgimiento de las organizaciones de desocupados como una consecuencia de la desestructuración productiva del país.
Sin embargo, la historia piquetera no fue definida de esa manera desde el principio, sino que atravesó un camino sinuoso -cruzado por otros relatos posibles-, hasta que se produjo cierta estabilización. Así, se habló de un «rebrote subversivo» en Cutral Có, de «francotiradores de la FARC» en General Mosconi y desde un «complot piquetero» hasta una «matanza entre piqueteros» en el Puente Pueyrredón. Estas operacio-
nes fueron, empero, desbaratadas por los hechos posteriores. Ahora bien, otro proceso comienza en 2003, a partir del cambio registrado en la estructura de oportunidades políticas. En realidad, el escenario remite a una contienda política por demás compleja, donde intervienen y se entrecruzan activamente las presio-
nes del poder económico, sus voceros políticos y mediáticos, con la política de control y disciplinamiento del gobierno peronista actual para con los sectores excluidos (Svampa:2004).
Más allá de las dificultades visibles de un conjunto importante de las organizacio-
nes piqueteras para reposi-cionarse frente al cambio del escenario político, respecto de 2002, esta contien-da desigual se fue traduciendo en un corrimiento del significado de la protesta social. Más simple: en poco tiempo, los piqueteros dejaron de ser la mayor expresión de la resistencia al modelo neoliberal, para convertirse en una de las consecuencias «perversas» del mismo modelo. La centralidad que adquirió la problemática de la (in)seguridad con la entrada de Juan Carlos Blumberg en escena, en 2004, sirvió también para recrudecer el lenguaje, como bien lo reflejan los titulares -casi el lenguaje de guerra- de los diarios nacionales a partir de 2003.
Así, en el contexto actual, es posible advertir que el relato sobre una identidad piquetera se ha visto sacudido por los efectos estigmatizadores que ha tenido la difusión de un sentido común antipiquetero en la sociedad argentina. Más aún, asistimos a la instalación de un marco de interpretación de la acción piquetera que busca desestabilizar este relato identitario, estableciendo un nuevo corte, diferente de los anteriores, esta vez, entre «lo auténtico» (las primeras manifestaciones piqueteras y los levantamientos comunitarios) y, por otro lado, «lo inauténtico» (su evolución a partir de 2002). Es aquí donde se expanden y se combinan los tres argumentos que hemos enunciado al principio de este apartado (hipótesis de la manipulación, la visión miserabilista y crítica normativa).
El impulso que tomó crimina-lización del conflicto social en los últimos tiempos no es ajeno a este proceso, pues a través de su constante judicialización se apunta a desdibujar el reclamo esencial de los desocupados (los derechos básicos conculcados), reduciendo la protesta a una acción «ilegal», al tiempo que se invisibilizan otras dimensiones constituti-
vas de la experiencia piquetera, por ejemplo el trabajo comunitario en los barrios.
Ahora bien, frente a ello, en un escenario de fuerte confrontación y pulseada política, las organizaciones piqueteras han venido afirmando mucho más sus componentes plebeyos. Esta afirmación de lo plebeyo, que apunta a reivindicación de lo popular, en cuanto ser negado y excluido, ha acompañado la irrupción y desarrollo de los movi-mientos piqueteros. Recordemos que en la Argentina, lo plebeyo como voluntad de autoafirmación de lo popular ha emergido como resultado de un conflicto con otros sectores sociales (clases medias y altas), que asimilan el carácter impugnador de lo plebeyo con la incultura, al tiempo que reclaman la superioridad de sus modelos culturales y estilos de vida. En este sentido, la presencia de lo plebeyo remite la historia de otros movimientos populares, tanto del yrigoyenismo como sobre todo del peronismo,. Lo particular, sin embargo, es que en la actualidad esta reivin-dicación del carácter plebeyo e iconoclasta de lo popular ya no se realiza desde el aparato del Estado (como sucedía con el peronismo histórico), sino que interpela y desafía al propio peronismo institucional que hace tiempo decidió enterrar su tradición contestaria y contracultural. Por otro lado, su emergencia se da en un contexto de gran crisis, más aún, de descenso y caída social de numerosos sectores sociales. Por ello mismo, la potenciación de lo plebeyo tiende a alimentar el «voyeurismo» y el rechazo de las clases medias, tan necesitadas de construir contrafiguras negativas a partir de las cuales afirmar una supuesta superioridad de clase. No es casual entonces que los componentes plebeyos se hayan exacerbado, a partir del ingreso de los movimientos en la escena nacional, que alcanzaría un clímax entre 2003 y 2004. Así, fue en el marco de una fuerte puja, visible en los conflictos por la ocupación del espacio público en la ciudad de Buenos Aires, donde lo plebeyo volvió a convertirse en un principio de (auto)afirmación de lo popular.
En resumen, la entrada en los espacios más tradicionales de la política nacional, sobre todo a partir de 2002, tuvo efectos sumamente contrastantes. Por un lado produjo adhesiones e importantes cruces sociales, sobre todo, con parte de los sectores medios movilizados, ligados al proceso asam-bleario, los colectivos culturales y los partidos de izquierda. Por otro lado, esta presencia inquietante y a la vez perturbadora de lo plebeyo en el centro político de la Argentina, terminó por instalar una vez más la imagen del «aluvión zoológico» como elemento importante de la dinámica recursiva entre movimientos populares y opinión pública, base sobre la cual gobierno, sectores conservadores y grandes medios de comunicación se montaron para construir el consenso negativo con relación a las movilizaciones sociales. Lo dicho aparece patentizado en un discurso social y periodístico que vehiculiza una cierta lectura político-cultural, que coloca el acento en la inferioridad antropológica y cultural y, por ende, en la peligrosidad de los sectores populares. Ello ha actualizado en amplios sectores medios y altos una (histórica) actitud de desprecio hacia lo plebeyo, tanto como acentúa el temor a las «clases peligrosas», a través de los dos estereotipos negativos, el «piquetero violento» y el «piquetero plebeyo». En fin, este desprecio a lo plebeyo reactiva la imagen fundadora de la Argentina moderna, «civilización o barbarie», que históricamente ha estado en la base de diferentes dispositivos simbólico-políticos para justificar la exclusión de lo popular.
Lo dicho no significa negar las dificultades internas que atraviesan las organizaciones piqueteras, que hemos abordado en el capítulo anterior. Antes bien, nos interesa llamar la atención sobre el modo como se han combinado y actualizado ciertos elementos presentes en diferentes tradiciones, en el proceso de redefinición identitaria de las organizaciones de desocupados: por un lado, la puja política llevó a los actores más poderosos (gobiernos, sectores conservadores, medios de comuni-cación) a actualizar el estigma de la barbarie, asociado a la representación de las nuevas clases peligrosas. Por otro lado, como hemos visto en el capítulo anterior, el gobierno peronista y las agrupaciones populistas que lo apoyan, actualizaron ciertos elementos de la tradición nacional-popular, sobre todo, aquel que hace referencia al vínculo populista, caracterizado por la subordinación de los actores sociales al líder. En definitiva, tanto la actualización de la memoria de las clases medias y altas (la estigmatización de lo plebeyo), como ciertos elementos de la memoria nacional-popular(la dependencia respec-to del líder), han venido a cuestionar el relato identitario -el piquetero-, quizá demasiado centrado en la «memoria reciente», a saber, centrada en la dimensión mítica que tomaron los piquetes y puebladas de los 90 y, sobre todo, las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001.
Nota
El escenario y la vida: el universo Cárdenas
Dos obras teatrales de un mismo autor nos invitan conectar con su universo personal: Martín Flores Cárdenas, dramaturgo y director, no se define como actor pero actúa, o como prefiere decirlo “está en escena”. El duelo por la muerte de su abuelo, la propuesta para montar una obra en Brasil y lxs amigxs como tesoro y sostén son algunos de los temas que aborda en No hay banda; mientras que en La fuerza de la gravedad el desafío fue escribir una obra y dedicársela a una amiga actriz, que se convierte en la protagonista. Cómo llevar la vida al escenario —o el escenario a la vida— para que la experiencia traspase la propia piel.
Fotos: Nora Lezano
“No creo que sea teatro documental. Tampoco una conferencia performática. En realidad, no es nada”, afirma el dramaturgo y director Martín Flores Cárdenas. Se refiere a su obra No hay banda, primera entrega del ciclo Obras Truncas, que está actualmente en cartelera junto a La fuerza de la gravedad, otra de sus producciones. Ambas transcurren en Casa Teatro Estudio, tres palabras que definen lo que sucede en Guardia Vieja 4257. Martín vive en la parte de arriba, pero aclara que la sala teatral es como si fuera una extensión de su casa: “Como lo son las obras, también, forman parte de uno: extensiones o sucursales de uno”.
Desde 2019 y junto al escenógrafo brasileño Ruslan Alastair Silva coordina esta sala artística del barrio de Almagro. “Es un espacio —cuenta Martín— que da la posibilidad de experimentar, sobre todo, nuevas formas de producción. Y eso, a veces con suerte, genera cosas reveladoras en el lenguaje escénico. Reveladoras para nosotros. Lo que más nos interesa es ir por caminos alternativos a los que ofrece la lógica de ´el mercado´. O al menos, tratar de producir sin que esas lógicas contaminen lo que hacemos. Es una sala re chiquita que permite crear sin presión de fechas ni, no sé… de objetivos económicos”.
No hay banda y La fuerza de la gravedad podrían encuadrarse en las clasificaciones de teatro documental o de “conferencia performática”. También como un biodrama, docuficción o teatro autobiográfico. Vamos a hacerle caso a Martín y dejaremos de lado las etiquetas que definen el género de una obra teatral. Sí vamos a decir que ambas abren una puerta —en sentido literal y simbólico— y nos permite instalarnos allí con agrado. Son invitaciones a navegar por un rato en el universo personal de quien las sintió, las escribió y puso el cuerpo en escena para contarnos parte de su vida. Y esa parte incluye la muerte de un ser querido: su abuelo.

Banda sonora
Imposible no identificarse con este duelo y sus reflexiones, incluso las más bizarras en un contexto de pérdida reciente, porque también hemos tenido esos pensamientos absurdos que dispara el dolor. Martín utiliza recursos eficientes para su narrativa, nos distrae, nos distiende, y nos vuelve a traer a una zona donde la piel se eriza y el corazón cruje. “No hay banda apareció como posibilidad de desobturar la escritura. Por más que quisiera escribir otras cosas, siempre aparecía aquella obra trunca como un tapón. Un duelo mal hecho que esta nueva obra me ayudó a atravesar. Como me parecía imposible ensayar solo, busqué un dispositivo que me contuviera. Me junté con amigos a armar los videos, a grabar los audios. Y, texto en mano, empecé a leer la obra a amigas, amigos. A mostrar lo que había pensado. Algo de esa combinación entre lo ultrapremeditado o realizado y la fragilidad del estar ahí y lo improvisado se volvió lo que es hoy la obra”.
La muerte de su abuelo y una llamada para proponerle montar una obra en Brasil. Ambas circunstacias sucedieron casi al mismo tiempo. El fin de una vida, el comienzo de un proyecto. “Me interesaba problematizar el concepto de existencia. Suena re pretencioso, ya sé. Un clásico. Pero bueno… Traté de ser honesto cuando la escribía y pensaba y trato de ser honesto ahora respondiendo esta entrevista. La existencia de una obra primero ¿Qué hace que una obra exista? ¿Dónde o cómo existe lo que imaginamos? ¿En qué momento una obra empieza a ser y cuando muere o termina? Y desde ahí poder dialogar con la relación entre existencia y materia. La existencia de aquellos que murieron y cuya falta generó una obra. Y la materialidad del cuerpo en general y del autor en particular que, bueno, en este caso soy yo. Que no soy actor pero estoy en escena. Me gusta decirlo así: estar en escena. Porque de alguna manera plantea o propone algo ¿Qué es estar en escena? ¿No es actuar acaso? Pensar el cuerpo en escena. Autor que escribe e interpreta. No hay límites o bueno… Esa es otra pregunta. Son muchas: no hay un sólo tema o eje, como verás”.
En los próximos meses No hay banda se va a presentar en Madrid, en el Festival Iberoamericano de Cádiz y en Alicante, España. “Tanto No hay banda como La Fuerza de la gravedad se hacen cuando se puede. El público tiene que estar atento a las fechas que aparecen en Alternativa Teatral. Porque como tenemos estos viajes pueden estar una semana sí y a la siguiente no y así”. Martín asegura que ambas obras tuvieron procesos muy diferentes y comparten dos elementos en común: el lugar desde donde fueron creadas y que no se puede determinar una fecha de estreno ya que comenzó a mostrarlas y se fue sumando público.


El otro como un territorio a descubrir
La fuerza de la gravedad es una pieza teatral cuya materia prima es la ternura. Un abrazo que nos incluye a quienes estamos sentadxs frente a la actriz Laura López Moyano y su pila de hojas A4 de las que irá descubriendo hilos de vivencias con la amistad como protagonista. Martín: “Apareció primero como una idea. Yo hacía mucho tiempo quería hacer una obra para mis amigos. Y tenía la idea de este dispositivo en la cabeza. Pero recién cuando se me ocurrió que Laura podía ser la amiga que pondría el cuerpo me puse a escribir. Es una obra dedicada a mis amigxs pero sobre todo a ella. Las ideas son ideas… Están ahí. Gracias a ella, a que existe y es mi amiga, existe esta obra”. La amistad como territorio a descubrir, como un vínculo necesario y elegido. “Quería hablar del vínculo con la otredad. No me gusta cómo suena esa palabra pero creo que es la que le hace más justicia. No hablar sólo de la amistad. En todo caso, usar ese vínculo misterioso para mí, para hablar de otros vínculos. La relación con la naturaleza, el planeta o el espacio. Poder pensar al otrx como un territorio desconocido. Y que mi relación con ese cuerpo me constituye”.
Sin espoilear diremos que el final de esta obra es un momento infinitamente disfrutable, de regresión al universo infantil, ese paraíso que puede no estar perdido si se lo sabe buscar. ¿Cómo se elabora en la escena lo personal y lo ficcional? ¿Te sentís cómodo trabajando con esos elementos? “No sé si es cómodo. Justamente por eso es divertido, supongo. O útil para hacer algo. Lo pienso en relación a mí pero también a Laura. Para ella no fue fácil ni cómodo. Pero lo quiso hacer, lo encontró o encontramos necesario. Forma parte del trabajo. Cómodo no era y justamente por eso nos dieron ganas de encararlo. Esa decisión nos permite meternos en lugares nuevos, propios o bueno… singulares, me gusta decir. Claro que hay otras de formas de hacerlo. No sé: nosotros elegimos esta”.
En ambas obras lxs amigxs están presentes, colaboran, aconsejan, observan, actúan. ¿Qué significan en tu vida tus amigxs?
Difícil responder esta pregunta. Todo lo que pienso suena mal. Me gusta la idea del amigo como algo que también es uno. Una parte de mí. Soy mis amigos, también. ¡No! Soy con mis amigos. Sin ellos no soy. Eso. Pero también con los otros. Los desconocidos. Estamos todos comprometidos. Los gravísimos problemas ambientales, sociales, económicos que sufrimos deberían hacernos tomar consciencia. Te lo digo a vos y me lo digo a mí que como ciudadano o terrícola no soy ejemplo de nada, la verdad. Pero bueno. Tenerlo presente, pensarlo me ayuda a hacer algo… Por el otro, otra. Hacer un poco más. Algo que nos vuelva menos mierda. Como amigos, como habitantes de este mundo.
Casa Teatro Estudio
Guardia Vieja 4257, CABA
No hay banda
Lunes, 20.30 hs, hasta el 9/10/23
La fuerza de la gravedad
Sábados, 18 y 20.30 hs, hasta el 7/10/23
@tatofc
@moyanolaura
@casateatroestudio
Nota
Radiografía de un Estado autoritario: Jujuy y los derechos humanos bajo la lupa
Limitación en el acceso a la justicia. Modificación de la estructura jurídica. Represiones y cacerías que violan derechos humanos, y estándares internacionales. Persecución a la protesta. Impunidad de las fuerzas policiales. Violación a los derechos indígenas. Compartimos aquí un resumen del informe final sobre la violación a los derechos humanos en Jujuy, que llevó a cabo la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos en visita a cinco localidades. Un diagnóstico de un Estado local anti democrático y autoritario: “El Estado se constituye como una organización que controla y organiza todo, legitimando la destrucción de cualquier organismo de control y/o de participación ciudadana, asumiendo el poder casi absoluto”. La descripción de las violencias, y el llamado al juzgamiento de la cúpula del gobierno por la comisión de graves delitos. Mientras, el Malón sigue en Buenos Aires, con sus integrantes encadenados al Congreso de la Nación a la espera de respuestas.
El domingo se cumplirán 100 días de aquel viernes 16 de junio en que el Tercer Malón de la Paz se constituyó como tal y partió desde Abra Pampa hacia la capitalina San Salvador para impedir que se vote la reforma constitucional, que no había sido consultada con las comunidades originarias, ni con el resto de la población jujeña.
Anteayer, integrantes del Malón que se encuentra en Buenos Aires desde el 1 de agosto, se encadenaron al Congreso de la Nación e iniciaron una huelga de hambre para exigir que los reciban y, sobre todo, que desde el Poder Legislativo se dé una respuesta al reclamo de la intervención federal de la provincia, “por haber impuesto una nueva constitución y para que cese la represión”.
En este sentido, en las últimas horas se conoció el informe final sobre la violación a los derechos humanos en Jujuy, que llevó a cabo la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos, integrada por un conjunto de organismos de Derechos Humanos como el SerPaJ, la CORREPI, la Convención Americana sobre Derechos; además de organizaciones sociales y sindicales. La comisión estuvo presente en las localidades de Abrapampa, Tilcara, Maimará, Purmamarca, San Salvador de Jujuy y Perico, desde el 16 al 26 de junio de 2023, para “hablar directamente con las víctimas; escuchar los reclamos que dieron lugar a la protesta y ser testigos presenciales de situaciones concretas de violación a los derechos humanos por parte del gobierno jujeño y a protocolos nacionales e internacionales en el accionar de las fuerzas policiales”.
CONTEXTO
En el documento recientemente presentado a la sociedad, se busca contextualizar el presente, yendo hacia unos años atrás: “Eduardo Alfredo Fellner, se desempeñó como gobernador de Jujuy, entre 1998-2007 y 2011-2015. Durante su última gestión se desarrollaron importantes protestas sociales. En diciembre del 2014, como respuesta política a las protestas en curso, la legislatura de Jujuy sanciona la ley 5806, conocida popularmente como Código Contravencional. El Código Contravencional comenzó a regir durante el gobierno de Cambia Jujuy, con Gerardo Morales como gobernador, en enero del 2016”. Esa legislación reconoce como contravenciones formas históricas de ejercer el derecho a la protesta social, como la permanencia en el espacio público y la obstaculización del tránsito vehicular. Afirman: “Desde su aprobación, fue utilizada como instrumento para labrar actas contra quienes se organizan y protestan. Desde la llegada de Cambia Jujuy al gobierno de la provincia se fue incrementando la violencia estatal hacia la protesta social, lo que se puede verificar en los siguientes hechos”. Enumeran:
1. Persecución y encarcelamiento a opositores políticos, particularmente a dirigentes sociales.
2. Modificación de la superestructura jurídica provincial con el claro objetivo de limitar el ejercicio a la protesta y favorecer una importante cantidad de negocios.
3. Impunidad de las fuerzas policiales provinciales como forma de garantizar cohesión interna, lo que se evidenció en el crecimiento de violencia política, institucional y de género en la vida cotidiana. Su peor exponente fue el crecimiento de femicidios impunes.
4. Violaciones a derechos propios de las comunidades originarias.
FUERA DE CONTEXTO
En relación al despliegue represivo del Estado provincial, “la misión pudo constatar que impera entre los mandos y la tropa una lógica bélica impropia de las fuerzas de seguridad de un Estado que se pretende democrático, inclusivo y respetuoso de los Derechos Humanos”. Reafirman: “No fue difícil corroborarlo. Si el objetivo inmediato de la guerra es la eliminación del oponente, la manera en que actúan las fuerzas represivas en Jujuy remite inmediatamente a ese concepto. Se impone reiterar el carácter probadamente pacífico de las movilizaciones populares, que a lo sumo cuentan con poderío defensivo como toda ‘arma’. Esto en evidente diferencia a lo que ocurre desde las líneas de las fuerzas de seguridad”. Sintetizan lo que ocurre:
a) El incumplimiento de los estándares internacionales para el uso de armas letales y no letales, durante las movilizaciones y detenciones.
b) Atentados contra la vida y la integridad física.
Profundizan: “En territorio la misión pudo constatar claramente dos formas de atentar contra el bien jurídico más importante que posee cualquier ordenamiento legal: la vida. En primer lugar, la utilización de armas no letales (término relativo, lo correcto sería pensar en armas de menor lesividad) disparadas a distancias mortales. La Misión identificó que durante las protestas se empleó uso de perdigones (de goma) y bombas lacrimógenas a la cabeza y tórax, a corta distancia, incumpliendo con los estándares internacionales en materia de uso de armas. Se acudió al empleo de la fuerza y armas de fuego no letales en contextos de pacificidad, donde las movilizaciones transcurrían normalmente su curso sin ningún tipo de disturbios, como primer recurso a la hora de intentar disuadir disturbios, es decir, no se priorizó la elección de medios no violentos. También se verificó que se utilizaron motos y caballos para imponer verdaderas cacerías humanas, corriendo y acorralando a los manifestantes, para luego golpearlos, pisarlos y finalmente detenerlos”. Sentencian: “Es decir que la implementación de medidas extraordinarias fue utilizada como plafón para violar los derechos humanos y las libertades civiles. Se ha perforado el piso mínimo indispensable de derechos fundamentales al atentar contra la vida y la integridad física de población civil indefensa”-
La inhumanidad recolectada, continúa: “Reiterados testimonios referían a la imposibilidad de asistir a centros de salud o de atención médica por temor a ser detenidos o imputados por participar de las movilizaciones. La misión constató la presencia de 28 agentes policiales en hospitales, luego de las represiones, lo que tuvo como consecuencia que las personas heridas no se acercaran a solicitar un servicio de salud, pasando días sin ser atendidos agravando su salud. Mayor gravedad reviste la decisión del gobierno jujeño de impedir la atención de heridos por parte de las ambulancias presentes donde se desarrollaron las represiones. Tanto en Purmamarca como en San Salvador, los servicios de ambulancias tenían la indicación de no atender heridos”. Agregan: “Constatamos heridos que sufrieron mala praxis, que no han sido registrados y que se ha negado información a los familiares cuando se acercaban a preguntar por ellos”.
Desde la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos concluyen que “atento a los testimonios y las pruebas recolectadas, esta forma de represión no se encontró dirigida hacia aquellos actos que causaban daño intolerable a terceros, sino al propio acto de la protesta social o la adopción de un plan de vida solidario que implica la participación en acciones de protesta. La declaración de una testigo que narra cómo desde la legislatura salen personas de civil encapuchadas que prenden fuego autos y luego regresan a refugiarse junto a las fuerzas policiales, es un ejemplo de lo manifestado. Esto también puede constatarse en todas las intervenciones represivas de las fuerzas policiales, donde sin mediación previa se iniciaron acciones represivas sobre los manifestantes, con prácticas generalizadas para provocar lesiones sobre los mismos”. Complementan: “Otro hecho que reviste extrema gravedad es la presencia de personal policial de civil infiltrado en las manifestaciones. La sistematicidad en la utilización de este recurso, quedó irrefutablemente confirmada a través de diversos testimonios e incluso fotos y videos, donde se puede identificar a personal del servicio penitenciario. La intervención de estos grupos en las protestas se caracteriza por la ausencia de identificación, es decir, visten de civil, y se infiltran generando disturbios e incitando a contextos violentos durante las manifestaciones. Estas acciones generan motivo suficiente para la utilización arbitraria de la fuerza. Una vez iniciada la represión, los grupos cambian de tareas, pasando a funcionar como refuerzos para las fuerzas policiales en las calles”.
LA (IN)JUSTICIA Y LOS TRES PODERES ALINEADOS
El informe considera que la represión y la criminalización de la protesta son las dos formas violentas en las que las autoridades provinciales se encuentran reaccionando de forma sistemática ante aquellos que participan en las manifestaciones. “Entendemos por criminalización a la utilización del sistema penal contra la protesta social, como parte de una estrategia política que utilizan los tres poderes de Jujuy para presentar ante la sociedad la lucha por los derechos sociales como delitos y a los sectores que las promueven como delincuentes o pertenecientes a facciones políticas que atentan contra el sistema democrático, con el fin de inmovilizar y amedrentar a aquellos que se organizan y se manifiestan”. Vuelven a enumerar:
1–detenciones arbitrarias sin comunicación de las mismas a los familiares o sin paradero durante más de 10 horas;
2–rechazo a recibir denuncias por parte del Ministerio de la acusación;
3–ausencia de defensores oficiales o coerción a los detenidos por parte de los mismos para que firmen acusaciones y hechos en el Penal de Alto Comedero;
4–incriminación a los manifestantes de delitos de sedición, tentativa de homicidio, resistencia a la autoridad, etc, por el solo hecho de estar presentes y con imposición de multas millonarias;
5–allanamientos sin órdenes judiciales;
6–habeas corpus que devienen en abstractos por no ser contestados en tiempo y forma;
7–violación a procedimientos judiciales,
La investigación deja a la vista que la imputación de cargos a manifestantes y dirigentes políticos “constituye una clara expresión de violencia política”. Ponen un ejemplo concreto: “Las y los defensores de los derechos humanos, incluyendo a las y los abogados defensores que prestan asistencia jurídica a otros defensores o a las víctimas de violaciones de derechos humanos, reciben continuamente amenazas, y se ven imposibilitados muchas veces del acceso a las comisarías donde se encuentran detenidos sus defendidos”. Y entonces manifiestan: “El Estado Argentino resulta responsable de la represión y criminalización de la protesta, atento al uso de la fuerza de manera ilegal, en forma innecesaria y desproporcionada, mediante ataques generalizados y sistemáticos hacia la población civil. Estas prácticas violentas del Estado no sólo violan los derechos humanos fundamentales de quienes participan en las protestas, sino que también son contrarias a los principios democráticos que deben guiar la convivencia social en un Estado de derecho. La institucionalización de la represión y la criminalización de la protesta social es la manera que ha desarrollado el Gobierno jujeño, en connivencia con los poderes Legislativo y Judicial, de castigar las manifestaciones sociales y políticas por reclamos gremiales y contra la reforma de la Constitución”.
CONCLUSIONES FINALES
Este documento no es la primera expresión del horror vivido y que se perpetúa en Jujuy. La mismísima Comisión Interamericana de Derechos Humanos allá por el 20 de junio había llamado al Estado “a respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza”, y a llevar a cabo un proceso de “diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios”.
El diálogo, sin embargo, no fue tal. El Informe Final de la Misión denuncia los ataques, las agresiones y las vulneraciones constatadas:
–Uso irregular de armamentos “no letales o de letalidad reducida” en contra de los
cuerpos de las personas manifestantes para dispersar protestas.
–Disparos horizontales de largo alcance en lugares residenciales y en contra el cuerpo de
los de manifestantes
–Lanzamiento de gases lacrimógenos al interior de viviendas.
–Detenciones ilegales, arbitrarias e infundadas de personas por la mera participación en
las protestas
–Tormentos y malos tratos, crueles, inhumanos y degradantes sobre personas detenidas
en el marco de las protestas y movilizaciones.
–Incumplimiento de la obligación de publicidad de los procedimientos policiales
–Uso irregular de facultades procesales para la detención y traslado arbitrario de
personas.
–Montaje de causas penales y posterior persecución judicial contra los/as participantes de
las protestas.
La Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos afirma que “el Estado argentino es responsable por la grave violación de derechos humanos de la población civil en el marco de la actuación represiva desplegada desde el 7 de junio del 2023 por las autoridades de la provincia de Jujuy en el territorio Jujeño. Gran parte de las vulneraciones, por su carácter sistemática y/o generalizada y dirigidas contra la población civil, tipifican delitos de lesa humanidad, previstos y sancionados por el derecho internacional de los DDHH en los tratados, convenciones y estatutos reseñados precedentemente, los cuales el Estado argentino ha suscrito y ratificado”.
Y concluye:
–El Estado de Derecho y el orden democrático en Jujuy se han visto gravemente limitados y afectados, suspendiendo garantías judiciales básicas y elementales.
–Al pueblo jujeño le asiste el derecho (constitucional y convencional) de protesta, de petición ante las autoridades y de ocupar el espacio público para ello. Así lo intentó ejercer, de forma pacífica. El ejercicio de la soberanía popular es inalienable y es un elemento constitutivo del Estado de Derecho y condición de la convivencia democrática.
–La existencia de un marco normativo que declare y/o reconozca los derechos ciudadanos implica inexorablemente las obligaciones del Estado de garantizar su pleno y efectivo goce. Las autoridades de la Provincia de Jujuy no sólo no los garantizó, sino que además llevó adelante una sistemática y generalizada acción lesiva contra la población civil.
–Las autoridades utilizaron de manera abusiva, arbitraria e ilegal de sus competencias, dirigiendo, ordenando y ejecutando acciones violatorias de los DDHH. El monopolio del uso de la fuerza que legalmente ostenta, fue desplegado abusivamente sin observar los criterios de proporcionalidad, racionalidad, legalidad y necesidad que les son exigidos a todo Estado de Derecho, democrático y respetuoso de los DDHH.
–El despliegue represivo del Estado ha significado la comisión de graves delitos tanto por acción u omisión de sus órganos ejecutivos y judiciales. No sólo no previno, sino que además propició graves violaciones a los derechos humanos y no inició las investigaciones correspondientes, ni mucho menos sancionó a sus responsables.
–Las autoridades de la Provincia de Jujuy deben ser investigadas por tormentos, abusos, persecuciones, amenazas, intimidaciones y otras conductas delictivas cometidas por sus fuerzas de seguridad regulares.
–Las autoridades deben ser investigadas ya que impidieron, limitaron y condicionaron deliberada y violentamente la participación política, el derecho de reunión y el derecho a la protesta.
–Las autoridades de la Provincia de Jujuy y sus agentes deben ser investigadas atento a que las graves violaciones a los derechos humanos constatadas, configuran delitos de lesa humanidad.
Y así finalizan el Informe Final de 75 páginas, que compartimos debajo en su totalidad: “Nos encontramos con un Estado Provincial que modifica su superestructura jurídica y política en clara coalición con el marco establecido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales suscriptos por el Estado Nación. Y no solo eso. El Estado se constituye como una organización que controla y organiza todo, legitimando la destrucción de cualquier organismo de control y/o de participación ciudadana, asumiendo el poder casi absoluto. Limita el acceso a la justicia a la par que acusa casi sin necesidad de tener prueba alguna, o lo que es peor aún, convirtiendo en delito el ejercicio de la democracia plena. El gobierno de Cambia Jujuy, con Gerardo Morales a la cabeza, ha iniciado un proceso de balcanización objetivo. Con sus acciones está fragmentado el Estado Nación, con una supremacía étnica que coloca a las comunidades originarias en un estado de sumisión absoluta o lo que es peor, como objetos decorativos para turistas interesados en ver un indígena en vivo y en directo. Sentado arriba de las importantes reservas de litio, se erige como un intermediario nativo al servicio del capital extranjero interesado en los recursos naturales de la región. Para lograrlo, organiza el Estado de acuerdo a intereses foráneos; prepara las fuerzas represivas para custodiar esos negocios y ubica familiares y amigos para controlar cada milímetro de la sociedad jujeña. Estas afirmaciones podrían ser tomadas como subjetivas por aquellos que no quieran ver lo que está a la vista de todos: la gente de a pie está atemorizada frente a un gobierno que avasalla todos y cada uno de los derechos que nuestro pueblo, con sus históricas luchas, con sus resistencias a dictaduras, y con 30.000 desaparecidos, supo conquistar. Hay fotos, videos, notas periodísticas, decretos, acciones de gobierno, que se suceden unas a otras siguiendo una única lógica: la entrega de recursos naturales con la vida de los que habitan esas tierras”.

Nota
Femicidio de Iara Rueda: confirman las condenas a perpetua
El Tribunal de Revisión de Jujuy confirmó la sentencia que condenó a prisión perpetua a Mauricio Esteban Abad y Raúl Arnaldo Cachizumba por el femicidio de Iara Rueda. Además hay un tercer implicado: Tomás Fernández, que fue declarado como autor y que por ser menor de edad al momento de los hechos su pena debe ser resuelta por una jueza de menores. La familia aún espera otra resolución judicial que busca condenar a los policías que no investigaron el femicidio.
Por Natalia Aramayo
desde San Salvador de Jujuy
El Tribunal de Revisión de Jujuy confirmó la pena de prisión perpetua por el femicidio de Iara Rueda que había sido dictada el 12 de mayo de 2023 por el Tribunal en lo Criminal Nº 3.
Así quedó confirmado lo que en el pasado mayo habían establecido las juezas María Margarita Nallar y Ana Carolina Pérez Rojas, y el juez Mario Ramón Puig del Tribunal Oral en lo Criminal N°3: dos condenas a perpetuas y una declaración de responsabilidad penal con remisión al juzgado de menores para que se le establezca pena.
El Tribunal de Revisión, compuesto por las juezas Gisela Rita Macina, presidenta de trámite, y Claudia Cecilia Sadir y el juez Cristian Torres Magallanes, redactó el fallo con estas palabras: «El Tribunal rechaza los recursos de apelación interpuesto por la defensa y confirma la sentencia a Raúl Cachizumba y Mauricio Abad como autores materiales y responsables del delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”; como así también, la declaración de responsabilidad del menor al momento del hecho Tomas Fernández, del delito de “Homicidio triplemente agravado por el vínculo, por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”, en carácter de autor».
En la calle se repitió la misma postal que se vio durante todo el juicio: la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy -compuesta por una multiplicidad de organizaciones, y otras familias- acompañó a la familia de Iara durante el proceso. Por eso Mónica, mamá de Iara Rueda, expresó al salir del Tribunal: «Quiero darles las gracias a todas ustedes, que nunca me dejan bajar los brazos, a ustedes y a las otras familias. Estas dos audiencias fue como revivir el asesinato de Iara de nuevo, pasamos el fin de semana teniendo confianza que se iba a hacer justicia, pero al mismo tiempo con angustia».
Sobre la confirmación de la condena Mónica dijo: «Se hizo justicia, quedó firme la condena y ahora a no bajar los brazos, falta la condena para Tomas Fernández, esperamos que la jueza de menores le de la máxima».


La historia de Iara Rueda
Iara Rueda tenía 16 años cuando el miércoles 23 de septiembre de 2020 salió de su casa para llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida. Después de las 5 de la tarde no hay imágenes de ella: según las versiones oficiales las cámaras de seguridad no funcionaban por apagones de luz.
Cuando esa tarde Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta de su hija supo que algo le había pasado. Fue a la comisaría: no le tomaron la denuncia. La policía evadió todos los protocolos de búsqueda.
Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes, de noche, sin luz.
En distintos puntos de la provincia se replicaron los cortes de ruta (algunos fueron reprimidos) que exigían que la busquen.
El cuerpo fue encontrado días después, el 28 de septiembre. Estaba atada de pies y manos. En ese lugar su familia construyó un altar.
El otro juicio
Además del juicio por el femicidio, la familia de Iara impulsó desde el primer momento la denuncia contra los funcionarios policiales que no aplicaron los protocolos de búsqueda tal como la legislación lo establece.
Mauro Cortez, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Emanuel Valdiviezo, Daniel Ramírez y Laura Tapia, miembros de la policía y brigada de investigaciones de Palpalá, estaban imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras la denuncia de la familia de Iara. Hasta que a principios de este mes el juez Rodolfo Nino Fernández, del Juzgado Especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública, dictó el sobreseimiento. La familia de Iara Rueda presentó recientemente un recurso de apelación del que se espera resolución.
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