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Gobiernos y movimientos sociales: Anestesia progresista

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El español Amador Fernández Savater entrevistó al uruguayo Raúl Zibechi para el diario madrileño El Público, tras haber leído el libro Territorios en resistencia. A partir de tal disparador, hablaron sobre la situación de la izquierda y las ONGs. Los nuevos modos de dominación y la militancia. Los gobiernos progresistas latinoamericanos y su relación con los movimientos sociales, como temas para debatir estos tiempos.

Tapa de "Territorios en resistencia"

Tapa de "Territorios en resistencia"


Esta entrevista en cierto modo nació en Buenos Aires. El español Amador Fernandez Savater llegó para presentar en Mu. Punto de Encuentro, el ciclo de documentales sobre el Mayo Francés. Entre los materiales que descubrió estaba Territorios en resistencia, el libro de Raúl Zibechi editado por lavaca. El interés por ese trabajo derivó en la entrevista que Amador realizó luego a Zibechi, para el diario El Público de Madrid.
Este es el texto completo del articulo publicado bajo el titulo “El progresismo gobierna América Latina anestesiando a los movimientos de base”:
Raúl Zibechi militó en el movimiento estudiantil afín a los Tupamaros, vivió los años 80 exiliado en España, volvió luego a Uruguay donde ahora ejerce como periodista en el seminario uruguayo Brecha y su último libro se titula Territorios en resistencia (Lavaca editora). Su pasión vital es pensar junto a las experiencias colectivas que inventan posibilidades de vida más allá del mercado y del Estado.
Lo que ocurre en América Latina es un faro para la izquierda mundial. Pero, ¿qué ilumina y qué nos impide ver la luz de ese faro? ¿Y si esa hegemonía de la izquierda se basara en un vaciado de los movimientos de base?
¿Qué relación hay entre la llegada al poder de los gobiernos progresistas en América Latina y las luchas de los movimientos de base?
Mucha, pero indirecta salvo en el caso de Bolivia. Los movimientos actuales nacieron en el período neoliberal, son hijos de la acumulación por desposesión, la resistieron y consiguieron deslegimitar el modelo. Sobre esa oleada antineoliberal que se lleva por delante gobiernos y partidos conservadores, va cobrando fuerza el progresismo y la izquierda se beneficia de esa nueva coyuntura generada por los movimientos. Pero esas fuerzas políticas no son en absoluto ajenas a los movimientos. En algunos casos lucharon junto a ellos, o tuvieron una relación más ambigua con los movimientos, pero nunca se les enfrentaron sino que los apoyaron, por lo menos a nivel declarativo. No es lo mismo el caso de Venezuela, Ecuador y Bolivia, donde los movimientos hacen entrar en crisis al sistema de partidos, que los casos de Brasil o Uruguay donde hay muchas continuidades institucionales y de partidos. Argentina sería un caso intermedio. Lo interesante es que en los tres primeros, el sistema político entró en crisis aunque no la dominación.
¿Y qué hizo la izquierda al llegar al poder?
Allí donde había redes clientelares, los nuevos gobiernos progresistas las barren e instalan a las instituciones estatales en su lugar, conquistando así las bases de apoyo y modificando los modos de hacer de las derechas. Pero para hacerlo deben, primero, asumir demandas de los movimientos y, segundo, colocar en el lugar de los caudillos paternalistas locales a personal de los propios movimientos, ya sea como funcionarios estatales o como miembros de ONGs. Por tanto, las nuevas gobernabilidades son una construcción conjunta entre movimientos y estados.
Me ha impresionado la experiencia del SOCAT uruguayo, esa nueva gobernabilidad que “clona” la forma de los movimientos para mejor desactivar su contenido. Misma retórica (empoderamiento, horizontalidad, participación, etc.). Aparentemente misma organización (redes, protagonismo social). ¡Parecería la historia de los “ultracuerpos” o de los “Dobles malvados”! ¿Cómo desactiva concretamente el clon la potencia política del original?
Mira, este es un proceso muy largo que arranca en los 90, con el neoliberalismo y a la vez con la llegada de las izquierdas a muchos gobiernos municipales en toda la región. Es un tema para estudiarlo en detalle. Aquí la educación popular jugó un papel importante en la formación de los cuadros de las ONGs. También la Universidad, que sobre todo en sectores como trabajo social está muy emparentada con la educación popular. Si tu miras quiénes son y qué estudian los agentes del SOCAT, vas a concluir que son jóvenes, sobre todo mujeres, que han pasado algunos años por la militancia social más que por la política, que tienen experiencia directa en los barrios pobres. Por otro lado, estudian a Paulo Freire pero también a Gramsci y a Bordieu, o sea leen los mismos autores que leen los militantes sociales y portan sus mismos códigos, visten, hablan y tienen hábitos de vida iguales a los de los activistas de base.
Las iniciativas municipales y las ONGs se hacen cargo de actividades barriales que antes se auto-organizaban (comedores, guarderías, etc.). Eso produce dos efectos tremendos. Por un lado, una enorme confusión cuando llegan a los barrios como funcionarios del Estado o de ONGs que trabajan para el Estado. Por otro, se apropian de los saberes del abajo, esos que James Scott decía que aseguran la autonomía de los dominados, y los ponen al servicio de los gobiernos progres. Ambos efectos, cuando uno los ve en un barrio, son demoledores. Por ejemplo, las jóvenes funcionarias estatales tienen voz y voto en asambleas de pobres porque las consideran parte del barrio. Para mi eso fue un golpe tremendo. Pero para la población es normal, porque más allá de que sean funcionarios tienen un compromiso real con los pobres y ese compromiso es insustituible por ningún salario y por ninguna cualificación.
¿Ocurre lo mismo con la cooperación al desarrollo?
Está el caso de Ecuador, que ha sido muy bien estudiado por el antropólogo catalán Víctor Bretón. Allí en pocos años la cooperación consiguió sustituir una camada de activistas y militantes de base, combativos, excelentes organizadores, por otra camada de personas especializadas en hacer trámites ante organismos internacionales, en presentar proyectos, identificar qué necesidades de los de abajo pueden ser interesantes para las financiadoras. Con ello consiguen crear una casta de funcionarios internacionales que viajan, conocen el mundo, hablan idiomas y, sobre todo, se distancian de sus bases al mismo tiempo que les consiguen fondos para proyectos. Lo interesante del estudio de Bretón es que analiza el caso de la provincia de Chimborazo luego del levantamiento de 1990 organizado por la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador). Era la provincia más combativa y hasta allí llegaron decenas de ONGs que en pocos años modificaron el mapa del movimiento indígena, creando organizaciones de segundo grado que fueron minando la estructura del movimiento hasta casi destruir a la CONAIE.
¿Dirías que la nueva gobernabilidad sobre los territorios es una estrategia biopolítica?
Sí, porque la disciplina que actúa sobre los cuerpos y en espacios cerrados fue desbordada: los pobres desertan de la escuela, del cuartel y de la fábrica y la familia ya no contiene ni disciplina. Entonces hacen falta mecanismos capilares que actúen sobre el territorio y sobre la población, ya no impidiendo, ya no negando, sino modulando los movimiento porque los movimiento ya es un dato de la realidad. Lo penoso es que ni la izquierda ni la academia quieren pensar estas nuevas formas de dominación.
¿Por qué es clave el papel de los militantes, o ex-militantes de izquierda, de gente formada “desde abajo”, en esa nueva gobernabilidad?
Porque el Estado tiene funcionarios preparados para disciplinar pero no para trabajar a cielo abierto. El típico funcionario estatal es como el maestro que espera que lleguen los niños a la escuela, espacio cerrado, para hacer su trabajo. Y así con todo, el hospital, el cuartel… Pero no están preparados para ir a los territorios de la pobreza porque son territorios en resistencia. El Estado siempre acudió como policía, pero de esa manera ejerce un control muy parcial, discontinuo. Entonces los militantes aparecen con los mismos códigos que los pobres de ese barrio y empiezan a ayudar a los niños con la tarea escolar, llevan el aula a la casa. Lo mismo con la salud, les enseñan a cepillarse los dientes, a lavarse, a estar bien vestidos para conseguir un trabajo. Parece ridículo pero así funciona, todo revestido con un discurso sobre ciudadanía y derechos. Dicho de otro modo, el Estado actual para controlar, para hacer ’seguridad’ en el sentido de Foucault, necesita a la militancia de izquierda que se cree el cuento de ayudar a los pobres a cambio de un salario que no es maravilloso, pero que les asegura su sobrevivencia en lo que saben hacer, algo que desde la militancia es imposible. El sistema sabe algo muy importante: que la militancia es para quien la practica una forma de ascenso social, no siempre material sino sobre todo de reconocimiento simbólico. Y ahora es el Estado el que les brinda ese ascenso.
¿Qué papel cumple aquí la polaridad izquierda-derecha?
Es la forma de justificar las nuevas formas de dominación a cielo abierto, que decía Deleuze. La derecha es funcional a la izquierda, porque es el ogro que justifica cualquier cosa. En Uruguay la izquierda coló una ley de seguridad ciudadana que ni la dictadura se había atrevido a poner. Y en Brasil las favelas son patrulladas por los militares, que además construyen centros sociales e interactúan con la comunidad. Todo eso lo pueden hacer sin mayor oposición, no sólo porque han aprendido los modos, sino también porque se justifica con la creencia de que con las derechas sería peor. Y tal vez sea así: ahí está Uribe para mostrarlo.
¿Son posibles otras relaciones, polémicas, productivas y no anestesiantes, entre Estado, instituciones y movimientos?
Sinceramente, no lo sé. Me gustaría que así fuera, pero la realidad dice que quien no entra en el juego se queda muy aislado. Ahí está el caso de los zapatistas que no quieren nada con el Estado, cero relación. El precio es el tremendo aislamiento: las comunidades no están mal, pero la Otra Campaña no crece. Por otro lado, están los Sin Tierra de Brasil, que apostaron a una relación más fluida con Lula pero sin perder su autonomía. Pero también están aislados, con los mismos problemas, aunque no de un modo tan evidente como los zapatistas.
Cada vez creo más que el tema hay que plantearlo en otros términos que rehuyan la disyuntiva Estado sí o Estado no. Aquí apareció una nueva forma de dominación, como en su momento fue el panóptico o la cadena de montaje. Mi impresión es que esta nueva forma de dominación responde a nuevos problemas, digamos los temas del 68, es decir, el desborde del disciplinamiento. Pero no creamos que en dos días la gente va a aprender a neutralizar este nuevo mecanismo. Entramos en otra historia que requerirá aprendizajes nuevos. Me parece que tenemos que pensar en la aparición de la fábrica fordista y el tiempo que demandó neutralizar la cadena de montaje. Dos generaciones de obreros y, sobre todo, nuevas formas de lucha y de organización.
Las nuevas gobernabilidades son las respuestas al triunfo de los movimientos, o sea que por un tiempo ellos tendrán la iniciativa. En América Latina, estos gobiernos colocaron al Estado en un nuevo lugar y también a la gente, porque ahora hay una nueva conciencia de derechos, pero no tanto en el sentido formal tradicional, sino en cuanto a que el Estado les “debe” ciertas cosas y si no lo hace pierde su legitimidad. Es como el retorno de una cierta lógica del Estado del Bienestar pero sin Estado del Bienestar, porque no hay derechos sino prestaciones. Una ilusión, como fue la fábrica de Ford, una ilusión de integración del obrero en el sistema, que se está empezando a evaporar porque los propios “capataces”, o sea los y las trabajadores sociales más comprometidos, están percibiendo el engaño.

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Búsqueda de justicia: comienza el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez

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(Desde Mar del Plata) La familia de la adolescente asesinada en 2016 logró que se concrete este nuevo y acaso histórico juicio que tratará de responder aquello que no indagó ni respondió el proceso realizado en 2018, que fue anulado por su parcialidad y prejuicios: ¿Quiénes mataron a Lucía Pérez? En la foto, Matías (hermano) junto a Marta y Guillermo, los padres de la niña asesinada cuando tenía 16 años. La primera jornada será acompañada por una movilización en las calles marplatenses, donde se proyectarán las imágenes de la apertura en directo desde la sala de audiencias. Detalles y datos sobre lo que se viene.   

A 2.313 jornadas del crimen, llegó el día.

El nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, la adolescente marplatense de 16 años asesinada el 8 de octubre de 2016, comenzará este martes 7 a las 9 de la mañana y continuará al menos durante todo el mes de febrero, de 9 a 14 horas, los días hábiles. Se espera que finalice el 1º de marzo aunque todo, tanto los horarios como las jornadas, pueden demorarse. Lo crucial es otra cosa: la búsqueda de justicia.

La causa está caratulada como abuso sexual agravado seguido de muerte en concurso ideal con femicidio y tiene como imputados a Matías Gabriel Farías (29 años actualmente) y Juan Pablo Offidani (47). La Unidad Fiscal que lleva adelante el proceso es la N° 7 de Mar del Plata.

Aspecto hoy, desde la puerta, de la sala de audiencias. Al fondo se sentarán los jueces, en el sillón del medio cada persona que testifique. De un lado, fiscal y abogados de la familia. Del otro, abogados de los acusados. La carátula de la causa: abuso sexual agravado seguido de muerte en concurso ideal con femicidio (fotos: Lina Etchesuri).
La vista de la sala desde el otro lado: en ese espacio se desarrollarán las audiencias encabezadas por los jueces Fissore, Falcone y Simaz (Fotos: Lina Etchesuri).

Las audiencias transcurrirán en el 6º piso de los Tribunales marplatenses. Allí se sentarán los jueces Gustavo Raúl Fissore (presidente del tribunal), Roberto Falcone, y Alexis Simaz. La querella estará representada por el fiscal Leandro Arévalo y por Florencia Piermarini y Verónica Heredia, abogadas de la familia. El Tribunal autorizó el pedido de los imputados Farías y Offidiani de no estar presentes. Asistirán al proceso vía Zoom desde el penal donde cumplen condena a 8 años de prisión por tenencia de drogas con intención de venta, cargo que se les imputó en el anterior juicio (celebrado hace 4 años y 2 meses) en el que el femicidio de Lucía quedó impune. La anulación de ese fallo fue dispuesta por la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos. El juez Carlos Natiello planteó por ejemplo que aquella sentencia se había fundado “en intolerables prejuicios y suposiciones basados en estereotipos de género” y que contenía “concepciones sexistas inocultables”, por lo que califica al fallo como “subjetivo y tendencioso, prejuicioso, parcial y discriminatorio”. (Por ese fallo los anteriores jueces serán sometidos por el parlamento bonaerense a otro proceso, un juicio político o jury, durante el mes de marzo).

Lo que pasará

En el inicio del este nuevo juicio estarán presentes en la sala del tribunal el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, la ministra de la Mujer bonaerense, Estela Díaz, Flavia Delmas, del mismo organismo, y Carolina Varsky por parte del Ministerio de Mujeres de la Nación.

El Tribunal autorizó que se transmitan por el canal de Youtube de la Corte Suprema bonaerense (https://www.youtube.com/c/SupremaCortedeJusticiaProvinciadeBuenosAires?app=desktop) las jornadas de inicio del debate, los lineamientos de acusación de la defensa, los alegatos de clausura y la lectura del veredicto. Pero no las jornadas de declaración de testigos.

Mientras en el 6º piso de Tribunales se desarrollen las audiencias, en el 2º se dispuso una sala donde se emitirá por videoconferencia el juicio completo para un grupo compuesto por: los amicus curiae de la acusación, dos familiares de cada uno de los acusados y cinco de la familia de Lucía (padres y madres de otras víctimas de femicidios), y tan solo seis periodistas de medios gráficos. Al inicio camarógrafos y fotógrafos podrán tomar imágenes en la sala del 6° piso.

Matías, Marta y Guillermo: hermano, madre y padre de Lucía Pérez, que intervendrán este martes en la primera jornada del nuevo juicio. (Fotos: Lina Etchesuri).

En la calle

Durante la jornada de mañana, desde las 9:30, declarará la familia de Lucía Pérez: Marta Montero, Guillermo y Matías Pérez, madre, padre y hermano respectivamente. Hasta el 14 de febrero se presentarán los testigos de la acusación y luego los de la defensa. Se espera que brinden su testimonio, en total, 49 personas.

En la puerta de los Tribunales habrá una movilización de organizaciones sociales, sindicales y políticas acompañando a la familia. La Campaña Nacional Somos Lucía, a su vez, llevará adelante una serie de actividades frente al Tribunal durante todo el mes, que abrirán mañana con el siguiente programa:

·         8:45: saludo de la familia de Lucía Pérez

·         9:00 apertura del acto.

·         9:15 canto colectivo.

·         9:30 proyección del inicio de la audiencia.

·         12:15 habla nuevamente la familia.

·         Talleres de serigrafía y estampado

·         Radio abierta con organizaciones sociales y personalidades.

Marta Montero, preparando stencils: los ojos de Lucía como símbolo del reclamo de justicia.

Más info:

¿Por qué se celebra un nuevo juicio? ¿A quién se juzga?

El contexto del juicio por Lucía Pérez: ¿Qué son los femicidios territoriales?

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El contexto del juicio por Lucía Pérez: ¿qué son los femicidios territoriales?

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Este martes 7 de febrero comienza un proceso inédito: se realizará en Mar del Plata el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, tras la anulación del fallo original que la Cámara de Casación bonaerense consideró “subjetivo y tendencioso, prejuicioso, parcial y discriminatorio” por su falta de «perspectiva de género».

Estas son las hipótesis publicadas en la revista MU por el Observatorio Lucía Pérez (que ha creado el primer padrón autogestionado y público de violencia patriarcal). El trabajo explica el contexto de crímenes como el de Lucía, ocurrido en octubre de 2016, que provocó el primer Paro de Mujeres en el país. Los femicidios territoriales como tramas barriales que degradan el valor de la vida, mucho más allá de los vínculos de pareja y la intimidad. Fuerzas de seguridad, fiscales y jueces implicados en esos delitos y su impunidad, no solo como cómplices. Un cambio de paradigma a la hora de pensar la violencia machista: el rol de lo narco, la conexión con el extractivismo y la pobreza. Y las familias luchando contra la máquina de muerte.

Por Claudia Acuña, Florencia Paz Landeira y Anabella Arrascaeta.

Desde el Observatorio Lucía Pérez venimos registrando e interrogando las cifras de la violencia patriarcal. Propusimos entonces la categoría de “femicidios territoriales” para intentar comprender la singularidad de crímenes como los de Lucía Pérez, Melina Romero, Iara Rueda, Luna Ortiz o Araceli Fulles. Femicidios que no se ajustan a los modelos epistémicos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con  participación de agentes estatales tales como policías, penitenciarios y fiscales. 

Cifras que lo dicen todo: 328 femicidios registrados en 2022 y 25 en el primer mes de 2023. El Observatorio Lucía Pérez es el primer padrón público y autogestionado de violencia patriarcal.

Participación activa, en tanto que genera condiciones de posibilidad para estas muertes en esos territorios; y también participación concreta, al garantizar y perpetuar la impunidad de esos femicidios, falseando pruebas y entorpeciendo procesos judiciales. Marta Montero, madre de Lucía Pérez, prefiere llamarlos “narcofemicidios”; nosotres sumamos la referencia al territorio que quizá nos permita enfocar los factores que lo producen: los narco-femicidios se originan en narco-territorios concretos.

En primer lugar, es necesario definir que llamamos “narco” a una actividad criminal que se lleva a cabo “con la participación ilícita de actores del Estado” (Javier Auyero, Katherine Sobering, Entre narcos y policías). Lo narco opera a través de una necromáquina cuya tarea es acallar, atemorizar y doblegar resistencias hasta esclavizar las fuerzas de producción necesarias para extraer capital de todo lo vivo: cuerpos, territorios, medio ambiente, datos (Rossana Reguillo, Necromáquina).

Lo narco produce una forma característica de femicidio porque le otorga a ese crimen un significado político y cultural. En palabras de Reguillo, “mata dos veces: la del asesinato y la de tu muerte convertida en dato mediático”. Tal como define la filósofa italiana Adriana Cavarero cuando traza una relación entre el genocidio del Holocausto y estos crímenes, en ambos casos se trata de “una violencia que no se contenta con matar porque sería demasiado poco: al destruir el cuerpo singular constituye el acto del fin no de la vida, sino de la condición humana”.

Lo narco gobierna territorios azotados por las políticas neoliberales que durante décadas destruyeron tanto puestos de trabajo como instituciones estatales que debían contener las consecuencias. Esas características unen la postal de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, con la de Palpalá, en Jujuy, escenas del crimen de los femicidios de Araceli Fulles y Iara Rueda. Dominan también puertos como los de Mar del Plata y Rosario, ciudades hermanadas por los nombres de Lucía Pérez y cada una de las 50 mujeres masacradas este año en balaceras. Pero son sólo aquellos femicidios que con gran esfuerzo de sus familias y su comunidad han logrado trascender con nombre y rostro los que nos han obligado a fijar la mirada en esos territorios.

Qué vimos

En San Martín, por ejemplo, vimos que Araceli Fulles estuvo 22 días desparecida, sin que ninguno de los rastrillajes organizados por la policía la encontraran. Su cuerpo fue hallado, finalmente, por su hermano, enterrado debajo de la cama del sospechoso que justo en ese momento estaba declarando ante la fiscal, quien lo dejó ir. El hombre fue detenido en otro barrio de la periferia, dos días después y gracias a que  una mujer paraguaya, embarazada y en ojotas, lo corrió y entregó a los gendarmes que militarizaban el barrio para “custodiarlo”. Tiempo después, ese único detenido fue asesinado: le hicieron tragar agua hirviendo en la prisión en la que el Servicio Penitenciario estaba a cargo de su seguridad. Finalmente, en un tribunal rodeado por miles de personas que clamaban “Justicia por Araceli”, los autores materiales del femicidio fueron condenados a prisión perpetua. Sin embargo, no fueron sometidos a ningún proceso judicial ni el comisario ni los agentes que encubrieron a la banda de narcomenudeo que operaba en el barrio y mató a Araceli. Hubo, sí, varias condenas  a autoridades policiales en otros procesos judiciales contemporáneos al que investigó el femicidio de Araceli y que probaron las vinculaciones en ese territorio entre bandas narcos y fuerzas de seguridad. La última fue en septiembre de este año, cuando la jueza federal Alicia Vence procesó con prisión preventiva al comisario Osvaldo Javier Calderón y dos oficiales de la Comisaría Primera de San Martín.

Territorios, cuerpos y violencias

Al hablar de territorio nos referimos no solo a la base material y orgánica de los ecosistemas, sino también a la historia y las relaciones que se han entretejido en estos de modo constitutivo. El territorio aparece entonces como una trama de redes de relaciones que, en su dimensión conflictiva y contradictoria, configura experiencias y sujetos singulares marcados por variables procesos de jerarquización y de desigualdad. 

Hay en la palabra “territorio” una serie de sentidos contradictorios anudados. Por un lado, en su propio origen etimológico aparece asociada a una voluntad de control y de dominio, en un lenguaje bélico y de conquista. Pero el territorio, en sus usos sociales y locales, también alude al saber de la experiencia, a una relación de alteridad respecto de espacios institucionales y burocratizados; el territorio, en este sentido, puede ser una analogía de la calle o, para decirlo en términos más amplios, del espacio de la vida cotidiana. El territorio también es, en un sentido más literal, la tierra. El cuerpo –nuestro cuerpo– puede ser también vivido e interpelado como territorio. Pero acá aparece otra vez la alteridad. Porque no todos los cuerpos aparecen como territorios en disputa, sino especialmente aquellos cuerpos feminizados, racializados, empobrecidos y marginados. Se va armando así un mapa imaginario de cuerpos y territorios simultánea e inextricablemente sometidos a procesos de desvalorización, violencia y explotación; de despojos múltiples de la vida en todas sus formas. 

Pensados los territorios como configurados por relaciones de poder, las desigualdades de género sin duda se despliegan y concretan en ellos de un modo fundamental. Desde esta perspectiva, entonces, el territorio aparece como espacio tallado en donde se producen y reproducen desigualdades étnico-raciales, de género, de clase, de edad y deviene, así, un espacio de disputa. Los territorios son campos de fuerza, producto y objeto de disputas, resistencias y dominios. Por lo tanto, están siempre en devenir, nunca acabados, nunca cerrados; contingentes.

¿Es posible trazar una frontera clara y objetiva entre el cuerpo y el territorio? ¿Qué paisaje habita nuestros cuerpos? Al respecto, la filósofa feminista Donna Haraway pregunta provocadoramente por qué nuestros cuerpos deberían terminar en la piel. Los cuerpos están situados e interconectados de forma profunda con la trama de la vida. Pensar en lo viviente desde la interconexión, la interdependencia y la existencia de flujos continuos nos abre la mirada a reconocer patrones comunes que, en nuestro espacio y tiempo, hablan de formas sistemáticas de extracción de valor, despojo y violencia extractivista. Se trata de advertir la concurrencia entre procesos de pobreza y desigualdad, de violencias de género y ambientales, que expresan una lógica depredadora común que exponen cotidiana y persistentemente a las personas, a los territorios y, en última instancia, a la vida.

Patriarcado, extractivismo y terricidio

Hace ya décadas que, desde el feminismo, se han señalado analogías entre la explotación de los territorios desde la lógica de la ganancia capitalista y la explotación de los cuerpos feminizados desde la lógica patriarcal. En este sentido, Vandana Shiva afirma que la apropiación de recursos, esencial para el “crecimiento”, crea una cultura de la violación: violación de la Tierra, de las economías locales y también de las mujeres. El modelo extractivista concibe a los territorios y los cuerpos feminizados como recursos a explotar y como zonas a sacrificar en función de consolidar una forma de dominación. De hecho, en la base del ordenamiento moderno-colonial, no solo se saquearon territorios, sino también cuerpos racializados y esclavizados. En la actualidad, esta cualidad extractiva, apropiadora y cosificadora de los cuerpos aparece como nodal a la violencia femicida. 

Desde esta lente, el extractivismo no es solo un modo de saqueo y explotación de la naturaleza, sino que también implica una racionalidad y una relacionalidad particulares. Es un modo de concebir las relaciones con otros humanos y no humanos y el espacio que co-habitamos. Las prácticas extractivistas se asientan en jerarquías raciales, de género y clase, multiplican las formas de violencia y exacerban las injusticias. El extractivismo configura no solo territorios, sino también relaciones sociales y las subjetividades de quienes los habitan. Se trata de prácticas sistemáticas de extracción de la vida en todas sus formas y dimensiones. Las violencias de todo tipo son consustanciales al extractivismo y se refuerzan como forma de producción de lo social. 

Esta relación inherente entre extractivismo y violencia se expresa en la desestructuración de las tramas sociales y comunitarias, en el despojo de los medios de subsistencia y de sostenimiento de la vida, en la polarización y estratificación social, en el agravamiento de la criminalización y la represión estatal y, también, en la violencia contra las mujeres y el recrudecimiento de formas patriarcales de dominación y opresión. Para nombrar este entrelazamiento entre las formas neocoloniales del despojo de los espacios de vida y la profundización de las jerarquías de género, se ha propuesto el concepto de “repatriarcalización de los territorios”. Sobre todo, han sido los estudios sobre proyectos extractivistas vinculados a la minería y los combustibles fósiles los que alertaron cómo estos conducen a la masculinización de los territorios, con un aumento significativo de la violencia de género y la explotación sexual.

En el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries de este año, en un taller sobre “Pueblos fumigados”, una mujer decía que nuestros territorios nos exponen y nos entrampan entre el femicidio y el cáncer. En este y otros espacios de activismo, queda claro que no son solo las mujeres las afectadas por este entrecruzamiento de violencia ambiental y de género, sino que también son las primeras en advertir las consecuencias del modelo extractivista en sus cuerpos, los de sus hijos y los de sus comunidades. Se constituyen, así, en la primera línea de la defensa de los territorios y rápidamente se vuelven blanco de persecución y amenazas cuya expresión más extrema son los femicidios extractivistas. 

En este contexto, lo narco resulta un eslabón clave de la cadena de extracción de ganancias en cuerpos y territorios que han sido oscurecidos por la desigualdad social producida por las políticas económicas neoliberales. Lo narco convierte en consumidores y productores a aquellas poblaciones que el sistema formal descarta. Rita Segato lo describe como un segundo Estado. Sin embargo, consideramos que en países no europeos esa dualidad es, en realidad, una unidad porque es la clave constitutiva en la que se establecieron los Estados coloniales para garantizar la gobernabilidad. Recordamos también que en Argentina se utiliza el término “en blanco” y “en negro” para distinguir la economía “formal” de la “informal”. Aquello, entonces, que habita el “Estado en Negro”  es la resistencia y lo narco es la respuesta para neutralizarla ante la impotencia del  “Estado en Blanco”.

Desde la perspectiva que venimos sosteniendo, todavía parece necesario remarcar el carácter sistémico y civilizatorio de esta crisis y continuar desanudando las lógicas androcéntricas y patriarcales de las formas de producción basadas en el despojo, la extracción y el aniquilamiento de cuerpos y territorios.

Territorios en disputa

Las víctimas de femicidio y sus familias organizadas en busca de justicia nos enseñaron que para deconstruir las violencias que culminaron en estas muertes no basta con problematizar el amor romántico y los ideales de pareja. Ni tampoco alcanza con desafiar las fronteras de lo doméstico, ni las estrategias de empoderamiento. Se volvió necesario indagar en las fuerzas estructurales y cotidianas que están minando las tramas comunitarias de sostenimiento y reproducción de la vida. Y situar a los femicidios en un aumento generalizado de la violencia, la narcocriminalidad con alto involucramiento policial y penitenciario y de la crueldad y, en términos más amplios, en procesos extractivos y de despojo y precarización de las condiciones de existencia donde todos los bienes aumentan su valor a ritmo constante hasta volverse inaccesibles, excepto la vida, que cada vez vale menos. Mejor dicho, algunas vidas. 

Desde esta óptica, pusimos la lupa en Rosario, ciudad que nos señala cómo el cuerpo de las mujeres emerge como un renovado territorio de disputa en el contexto del entramado narco-policial-penitenciario de la ciudad. Coincidimos con Rossana Reguillo cuando caracteriza a estas violencias como “pasillos”: “vestíbulos entre un orden colapsado y otro que todavía no es, pero está siendo. De ahí su enorme poder fundante y su simultánea ligereza”. La tensión actual es producto de la crisis del Estado en Blanco que deja expuesto al Estado en Negro y provoca la disputa por el control de todo el aparato.

Lo que la violencia hace emerger sin pudor son territorios en disputa, sí, todavía. 

Pero una disputa desigual, invisibilizada por los supuestos creadores de sentido social: medios y academia. 

La sociedad mexicana y en especial, las mujeres de Ciudad de Juárez, batallan desde hace décadas contra la máquina femicida ante el monumental silencio académico de la UNaM, la mayor unidad de producción de teoría social iberoamericana. Silencio que funciona como un enorme operativo de lavado epistémico de lo narco 

Los territorios argentinos que luchan hoy para que el narco-fascismo no termine de capturar el aparato del Estado y con él, la democracia, requieren toda la luz y compañía que muchos sectores políticos, culturales y sociales les siguen negando.

Epílogo

Los femicidios abren surcos y dejan al descubierto hilos de injusticias e impunidad que, como fibra poderosa sedimentada en el tiempo, amenazan a la vida en su totalidad y refuerzan modos desiguales, estructuralmente, de ser y estar en el mundo. 

Un femicidio es un cimbronazo, y ya son 300 las muertas por violencia patriarcal en este 2022. 

Acá estamos, entre ruinas, caminando con la tierra resquebrajada de muerte a nuestros pies. 

Las mujeres, travestis y trans nos vemos empujadas a pensar desde el dolor, para intentar regar nuestros territorios arrasados y dotarlos de horizontes de verdad y de justicia.  

Nuestras muertas nos duelen, pero también nos hablan. 

Sus cuerpos narran una historia personal y colectiva. 

En tiempos de análisis políticos, encuestas y especulaciones electorales, ¿no son las historias de estos 300 femicidios y transfemicidios las que debemos comprender para trazar una radiografía de época? 

Es urgente. Porque enfrente está la muerte.

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 3

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La nueva serie documental de lavaca: el mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Con dirección de Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes. Ya disponibles los capítulos 1, 2 y 3.

Capítulo 3

Desde su eclosión en 2001, que sigue replicándose, las fábricas recuperadas tienen un marco jurídico precario. El proyecto de ley de Recuperación de Unidades Productivas es un mecanismo que los trabajadores presentaron por segunda vez en el Congreso, luego de que perdiera estado parlamentario en 2020. Las palabras de diputados y diputadas que expresan discursivamente la importancia de la ley. Una de ellas es Victoria Tolosa Paz, actual ministra de Desarrollo Social. Sin embargo, al día de la fecha, la ley no fue sancionada. Otro diputado, Leonardo Grosso, y la teoría de la “ceguera epistémica”.

Capítulo 2

Aceitera La Matanza fue la primera fábrica recuperada visitada por un presidente argentino durante su mandato. Alberto Fernández reconoció que siempre vio a las cooperativas como parte de la “economía informal” sin comprender que involucra otros modos de producción: “Ahora soy yo uno de los que tiene que convencer al resto de la Argentina de que la economía popular existe, y que hay que darle las herramientas para que siga creciendo”, dijo ante 2.000 trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, durante la pandemia, la asistencia del Estado no fue la misma que para las empresas privadas. ¿Qué dice sobre esto? ¿Y qué le responden quienes trabajan?

Capítulo 1

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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LA ÚLTIMA MU. Crecer, crear, cooperar

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