Nota
Campana suena: agrotóxicos en aguas y cuerpos de Pioneros
Glifosato en el agua y en la gente; pesticidas en campos, escuelas, jardines. Con evidencias científicas que certifican sospechas históricas, vecinas y vecinos del barrio Pioneros, de Campana, se organizaron, lograron una ordenanza y están rompiendo el pacto de silencio que une a productores y políticos. Las preguntas, las incertidumbres, las enfermedades, la niñez. El sueño de una vida alejada de la ciudad y cuál es el objetivo vecinal. La “inquietud” oficial ante la presencia de MU y las no-respuestas de los funcionarios. La voz de un médico y de quienes buscan cambiar el modelo contaminante. Por Francisco Pandolfi.

Viernes 4 de junio de 2021. Se enciende la alarma en el partido bonaerense de Campana. Suena. Suena. Y ya no para. Un consultorio. Una pediatra. Una nena de 2 años con todo el cuerpo brotado. Llena de granos. Una madre que vaticina alergia al trigo o al chocolate. Se equivoca. Ni se imagina el proceso que está iniciándose. “Es la reacción a un tóxico. ¿Dónde vivís?”, asevera y pregunta la médica. Al conocer la geografía rodeada de soja, sentencia: “Puede ser glifosato en el agua”.
La cabeza de Verónica Betti explota. No sabe qué hacer. Piensa, repiensa. Y dos días después escribe un mensaje de WhatsApp contando la situación al grupo de vecinas y vecinos de los barrios Pioneros y Jardín de los Pioneros. Ambos están emplazados en zona rural, a 12 km del centro de Campana. En total viven aproximadamente 1.500 personas. Lucía Orlando asimila la información y la gravedad. Ambas toman la posta. Leen y leen a toda hora. Agrotóxicos, venenos, contaminación. Palabras que empiezan a ser cotidianas. Sin buscarlo se convierten en referentes de una lucha que jamás presagiaron.
Cranean los pasos a seguir. Juntan plata para analizar muestras de agua en la Facultad de Agronomía de la UBA, que solo determina la presencia del herbicida glifosato y uno de sus productos degradados: AMPA (ácido aminometilfosfónico). El 24 de junio resuena la segunda alarma. Llegan los resultados: de los seis pozos de los que se extrajo, en todos da positivo de glifosato y cinco en AMPA. Fundan la organización Pioneros por el Agua. La pelea recién comienza.
GLIFOSATO EN EL CUERPO
Mientras, se tejen lazos con otros pueblos fumigados; se hacen dos notas para que los reciba el intendente y exigen información pública sobre las fumigaciones; se hacen rifas y colectas para enviar pruebas de agua y suelo al INTA Balcarce; una decena de vecinos lleva al laboratorio Fares Taie de Mar del Plata muestras de orina. El 7 de septiembre suena la tercera alarma: tres casos positivos con presencia de glifosato en el cuerpo humano. Entre ellos, Carmela, una nena de 4 años recién cumplidos.
“Lo que me pasa a mí lo relativizo. Me da miedo lo que le puede pasar a mi hija porque su sistema inmunológico se formó con glifosato. Nos mudamos acá cuando ella tenía tres meses y todo el líquido que tomó contiene veneno”, descarga Esteban Sánchez, una de las personas con glifosato. Lucía es su pareja y la mamá de Carmela: “Así como están las cosas ni en pedo tendría otro hijo”. Viven a 500 metros del campo fumigado más cercano. Cada verano se brotan y el aire se torna irrespirable. Pensaban que podía ser la alergia. O el estrés. O las flores de los árboles. Pero no.
Carmela tiene pelo corto, rubio y está llena de vitalidad. Lleva un short blanco con dibujos de sandías y una remera gris con un corazón dorado en el pecho. Su casa está repleta de colores. De plantas. De verde esperanza, pese a todo. Corretea descalza sobre el porcelanato simil madera. “Cuando llegaron los primeros resultados estaba comprando el piso que estamos pisando ahora, tras cobrar un crédito Procrear. Pensé en ese momento: ‘¿para qué comprar el piso si nos tenemos que ir ya de acá?’”, rememora Lucía. Agrega su compañero de ruta: “Al enterarme estuve desolado, como si nada tuviera sentido. Vinimos acá para proponerle a Carme una vida de producción y cuidado, no de consumo. Y el agua era la clave en la producción y el cuidado. Ahora, hasta para darle una manzana me pregunto, ‘la lavo o no la lavo’”.
A Carmela, su mamá y su papá le contaron lo que sucede en esta localidad a 80 km al noroeste de la ciudad de Buenos Aires, para que no tome más agua de la canilla. “La otra vez la enganché regando las plantas con agua mineral, ‘y sí, ma, no podemos regar las plantas con veneno’, me dijo”, cuenta ella. “El otro día me preguntó: ‘¿En Córdoba hay veneno también?’, luego de escuchar una conversación. Sí, le respondí, y me tiró: ‘Entonces mami va a tener que ir a hacer las reuniones’. La tiene re clara”, cuenta él.
Esteban luce rastas finas y palabras fuertes: “Se te va un poco a la mierda la filosofía que encaramos para su crianza. Esto nos pateó el tablero y te vas quedando sin alternativa”. Añade: “Pensé en la posibilidad de irnos a vivir a Italia porque tengo la ciudadanía, pero quiero luchar en mi país. Sin embargo, si tu hija está tomando agua envenenada ese deseo se relativiza, porque, ¿qué hago si en un futuro le salen tumores? Es difícil vivir con eso en la cabeza”. La contaminación interior no le hace perder lucidez ni humanidad: “Dejamos de consumir el agua corriente, así que quiero esperar cómo salen los próximos estudios. Pero supongamos que nos mudamos. Acá no pagamos alquiler y si tuviéramos que pagarlo no llegaríamos a fin de mes. Aunque si es por su salud, lo firmo. ¿Pero qué hacemos con esta casa? ¿La alquilo, para yo poder alquilar en otro lado? ¿Permitís que venga una familia al lugar del que vos te estás yendo para no envenenarte? ¿Qué le decís cuando se la alquilás o se la vendés: ‘disfrutala’?”.
La otra víctima con glifosato en orina se llama Jimena Martínez, tiene 37 años, una hija y un hijo recién nacido. Recibe a MU en su casa que comparte con Jorge Llaguno, su marido mexicano. “Tenía mucho miedo de seguir amamantando, así que lo primero fue llamar al pediatra Medardo Ávila, de Médicos de Pueblos Fumigados. Me dijo que no deje de darle la teta, que es lo menos peor; aunque la leche tenga glifosato”. Se toca la nariz y parece recordar las “memorables” fragancias: “Muchos días no se podía respirar. Horrible, fuertísimo. Olor a zorrino muerto, no sabíamos de qué podía ser. Ahora ya sabemos”. Y plantea una serie de preguntas sin respuestas: “¿Con qué nos bañamos? ¿Meto al bebé en la bañera? Teníamos plantas de tomate y murieron de repente. ¿Sigo haciendo la huerta? ¿Con el agua contaminada? ¿Cuál es la salida?”.
El bebé se llama Fidel y hace una semana tiene un hongo en la papada. “Estoy desesperada porque no mejora”, confiesa Jimena. Y complementa Jorge: “Es una incertidumbre total. No sabemos cuándo nos podemos enfermar. Sabíamos lo que hace el modelo extractivista, también de la existencia de pueblos fumigados, pero no habíamos hecho el clic que sí hicimos ahora”.


EL DESCONTROL
El 19 de octubre retumbó la cuarta alarma: el Laboratorio de Plaguicidas del INTA Balcarce, a cargo de la doctora en Ciencias Agropecuarias Virginia Aparicio, dio a conocer el informe de las siete muestras (5 de agua y 2 de suelo) tomadas de los barrios Pioneros, Jardín de los Pioneros y Alto Los Cardales. ¿Los resultados? 13 pesticidas diferentes a profundidades de 30 a 60 metros. Dos muestras de agua subterránea para beber no aptas para consumo. El patio de una vecina con altos niveles de glifosato y AMPA.
La vecina se llama Carolina Denaday, tiene 30 años y vive, literalmente, frente de un campo donde se ha fumigado ilegalmente en los últimos ocho. “Nunca imaginé lo que pasaba. Veía que sembraban y cosechaban cruzando la calle, pero no asocié que era veneno lo que tiraban ante nuestros ojos. Hace dos años estoy ahí y empecé a sentir olores asquerosos. En verano, con un calor húmedo, se levanta como un vapor y tengo que encerrarme en mi casa”. Continúa: “Siempre viví en la ciudad y me mudé pensando que vendría a un pulmón, pero es todo lo contrario. Después de conocer los resultados tengo miedo, la incertidumbre de no saber si irme de acá, de qué va a pasar con esta gente que al tener plata hace lo que quiere”.
Un poco de historia: en 2011, se aprueba en Campana una ordenanza que prohíbe fumigar a menos de mil metros de la zona urbana. En 2012, tras la apelación de los grandes productores de la zona, Hugo Antonio Zocca y Normando y Tomás Rossiter, la jueza del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1, Mónica Edith Ayerbe, emite una medida cautelar que deja sin efecto la restricción de los mil metros y se vuelve al estado anterior: 30 metros. “Consideró que los productos que se iban a utilizar y las prácticas no afectarían a nadie”, sintetiza Marcela Ramallo, la abogada que representa a las y los vecinos de Pioneros.
En 2013, tras la queja de la comunidad, la jueza anula la cautelar en algunas parcelas cercanas a las casas, y allí vuelve a tomar vigencia la ordenanza. “Pero se siguió fumigando en todos lados. Los predios de la familia Rossiter estaban favorecidos con la medida cautelar, pero no todos los de Zocca. La Municipalidad, que tenía el deber de controlar, lo que hizo fue certificar las fumigaciones y dejar asentado que los productores estaban favorecidos por la medida cautelar, cuando no era así”, precisa la letrada, que completa: “La Municipalidad durmió. En un momento apeló la cautelar judicial, pero luego el recurso quedó desierto, que significa que no trabajaron los fundamentos para probar la importancia de la ordenanza. Estamos evaluando qué acciones legales efectuar, pero vamos a dejar sentado que el municipio, el Concejo Deliberante y los productores estaban notificados. Y que la Intendencia era la encargada de certificar para que se pudiera fumigar”.
Al respecto, Lucía explica un detalle significativo: “En la información pública que nos da la misma Municipalidad, un mes después de que la solicitamos, hay fumigaciones avaladas por ellos en parcelas donde estaba prohibido hacerlo. O sea, avalando un delito”.
Frente a la vivienda de Carolina se ubican algunos de los campos que ostenta el productor agropecuario Hugo Zocca. “Son parcelas donde estaba prohibido fumigar y aun así lo hacían. Tengo mucha angustia e impotencia”, se lamenta, mientras hacia el horizonte yacen decenas de hectáreas fumigadas fuera de la ley. En medio de un territorio que parece inagotable, la sobrina de Zocca sale desde su casa para recibir a MU. A simple vista se observa la afectación en su piel; la cara parece evidenciar la rosácea. Dice que su tío no vive ahí y que lo va a llamar en ese momento y, si acepta, nos pasa el teléfono. Eso hace. Zocca parece aceptar, y este cronista llega a intercambiar mensajes para coordinar el encuentro. Sin embargo, minutos más tarde, Hugo Zocca se excusaría de no poder hablar ese día. Ya no responderá ningún llamado ni mensaje.
No será el único que dará marcha atrás.

EL RECUERDO DE CHERNÓBIL
Lindante a la ruta provincial 6, a pocas cuadras de Pioneros, se erige la escuela rural primaria y secundaria José Hernández. A la parte inferior de su fachada la resaltan los colores de la whipala. Está netamente rodeada de campos sembrados. El 15 de septiembre a la noche, un video se viraliza raudamente de celular a celular. Un mosquito terrestre fumiga plantaciones de trigo en un terreno de la familia Rossiter, a escasos metros del colegio. La conmoción aumenta. Lucía y Verónica, a la vanguardia del reclamo, no se detienen. Y el 28 de septiembre, la presión crea efecto: la jueza Ayerbe, de oficio, deja sin efecto la cautelar que ella misma dictó en 2012 y la ordenanza pasa a cobrar vigencia en todo el territorio de Campana. Al cierre de esta edición, los Rossiter habían apelado la medida.
Una docente de la escuela que tiene un cargo directivo se muestra predispuesta a dialogar. Está muy preocupada. Cita a MU al día siguiente. Un par de horas después, pide los datos del cronista y el fotógrafo.
Unas horas más tarde llega un mensaje: “Mirá, la presencia de ustedes en la zona está generando algunas inquietudes. Tuve que elevar los datos que te pedí hace un ratito para que ‘autoricen’ la llegada a la escuela. Dame un ratito y te confirmo un horario tranqui”. Finalmente avisa que sin “autorización” corre riesgo de sanción. Y ya no responderá más mensajes ni llamadas.
Al día siguiente, al terminar su jornada laboral, varias docentes se despiden entre sí ya fuera del ámbito escolar. Escuchan sobre el tema de la nota. Agradecen que se hable. Piden no dar nombres. “Esto pasa hace años”, arranca una y le deja paso a otra: “Sentí mucha bronca e impotencia cuando vi el video, también cuando me enteré de que una nena del barrio tiene glifosato. Más no podemos hacer. A mis superiores les informé en agosto de lo que estaba pasando y todavía esperamos que se hagan los análisis en la escuela, pero el municipio no se mueve. Me preocupa la salud de los chicos y los docentes, quiero saber qué pasa acá. Si la intendencia no lo hace buscaremos otras alternativas”. Sigue: “El consejo escolar nos trae bidones de agua para la merienda y usamos el agua de la canilla solo para la limpieza. La Municipalidad prometió que vendría el camión cisterna con agua todos los días, pero viene día por medio”. Ve una luz: “Estoy contenta de que estamos trabajando con la comunidad. Es el principio de un largo camino”.
El hijo de Verónica estudia en ese colegio, se llama Vicente, tiene 9 años y le encantan los animés japoneses. Dice que quiere estudiar ese idioma para entender mejor los dibujitos y las películas. También dice que no entiende “para qué fumigan”. Hace un silencio y suelta: “Sé que es para mantener las plantas vivas, pero esa no es la única manera que existe”. La noche de la fumigación a pasos de su escuela, su mamá y su papá Nicolás decidieron no mandarlo a clase al otro día. Le mostraron el video. “Eso que vuela es veneno y queda en el aire”.
Yaco es uno de los mejores amigos de Vicente y vive en el barrio Alto Los Cardales. En su familia, el video generaría otra determinación: el cambio de establecimiento educativo. Diego es su papá: “Tengo una nena de 6 y Yaco de 8; estaban yendo a esa escuelita rural que nos gustaba, con la bandera de los pueblos originarios, con actos donde se baila folclore. Pero con la certeza de que fumigan de noche para que no se vea, y a treinta metros, ¿qué más tengo que pensar? Sobre todo teniendo los antecedentes de otras escuelas, como acá cerca, en Exaltación de la Cruz, donde hay chicos y docentes con cáncer. O conocer amigos que negociaban con el productor para que no los rocíe con la avioneta”.
Afirma: “No tengo otra opción, porque no sé qué tan expuestos están los chicos. La nueva escuela por lo menos está a más de mil metros de los campos, aunque nadie está seguro en ningún lado. El glifosato está en el río Paraná, en los peces que comemos, en la comida del agro, en la lluvia, así que en las ciudades tampoco están a salvo: nos están envenenando desde hace tiempo… esto es como Chernóbil. Pueden aparecer después los síntomas, no sabemos qué grado de exposición tenemos en el ambiente. ¿Cuánto es nocivo? ¿Cuánto es tolerable? ¿Cuándo aparece el cáncer? ¿Cómo sobrevivirán las próximas generaciones si el ADN se distorsiona? Son todas incertidumbres”.
En el reciente informe del INTA Balcarce, uno de los pozos donde se extrajo agua es el de la familia de Diego: “Mi pozo, a más de 60 metros, forma parte del Acuífero Puelche, que está contaminado hace rato. Estas concentraciones de los herbicidas glifosato, 2,4-D y varios más, están por encima de la norma europea. Ni bien recibí los resultados estuve muy angustiado. Me puse a pensar que para seguir viviendo debemos tomar agua mineral. Entonces agarré el bidón de una empresa de primera marca. Llamé al número que aparecía y una recepcionista me informó que sacaban el agua del Acuífero Puelche a 63 metros, ¡que me quedara tranquilo!”. ¿Esto qué significa? Que el agua que nos venden como mineral es la que está en la napa contaminada. Recién estamos entendiendo dónde estamos parados, pero no podemos aceptar que haya químicos en el Acuífero. Por eso la lucha”.


SILENCIO EN SPRINGFIELD
El partido de Campana tiene casi 100 mil habitantes. Se emplaza a orillas del Paraná y su parte insular representa más de dos tercios de la superficie Contiene un extenso Parque Industrial con decenas de empresas multinacionales, sobre todo petroquímicas, refinerías, destilerías, siderurgias, de electrodomésticos y del agro.
Esteban y Jorge coinciden en cómo catalogarla: “Springfield”, que en la tira animada Los Simpsons representa a la ciudad más contaminada de Estados Unidos. Dice Jorge: “Hay mucha producción de fertilizantes y semillas. A 8 kilómetros está Bayer-Monsanto. También Syngenta”. Dice Esteban: “Campana tiene barrancas aunque no se nota por la cantidad de empresas que hay. En la ciudad tomar agua es como tomar lavandina. Y a esto se suma lo que pasa en el campo. Por eso no es exagerado decir que somos Springfield”.
La intendencia la administra desde 2015 Sebastián Abella, de Juntos por el Cambio. Fue corredor de TC Pista, tiene 45 años y fue reelegido en 2019. En 2007 y 2009 fue candidato a concejal por el PRO. En 2013 se pasó al Frente Renovador y fue concejal. En 2015 volvió a saltar de partido y regresó a su espacio político de origen. Abella no respondió ninguno de los llamados ni mensajes para que se escuche su voz en esta crónica.
Quien sí atendió el teléfono fue Cecilia Acciardi, la secretaria de Salud. También aceptó la nota personalmente. También citó a MU en el Hospital Municipal para el día siguiente a las 9.30 de la mañana. También a diez minutos del horario pactado mandó un mensaje: “Bancame que estoy complicada”. También dijo que de la Secretaría de Comunicación nos llamarían y que en breve ella misma volvería a comunicarse.
Jamás se contactó. No volvió a contestar llamados ni mensajes.
Quien sí llamó fue Cecilia Novoa, de la Secretaría de Comunicación del Municipio. Preguntó sobre qué iba a ser la nota. “Contaminación en el ambiente y en la salud de Campana. Estamos en la puerta del hospital esperando la entrevista pactada con la Secretaria de Salud”. Dice que en unos minutos vuelve a llamar.
No llama. Ni ella ni nadie.
Quien sí atiende el teléfono horas después es Sergio Agostinelli, secretario de Planeamiento, Obras y Medio Ambiente. Se pide entrevistarlo. Contesta: “Te cuento cómo estamos organizados acá: yo atiendo periodistas que pasan el filtro de Prensa. Si ellos me dan el okey, sí. No tengo problema en darte el contacto”. Pasa el teléfono de Cecilia Novoa, quien no responde los llamados. Sí los mensajes, en primera instancia.
El diálogo:
–Hablamos con Sergio Agostinelli y nos dijo que usted debe autorizar la entrevista. ¿Podríamos hablar con él?
–No está en Campana.
–Sí está en Campana. Estuvimos en su lugar de trabajo hace unos minutos. Si no es personalmente, aunque sea por teléfono.
–Si te parece enviame un cuestionario por mail. Y vemos de responderlo.
–Para que se escuche la voz del municipio es importante dialogar en persona, o por lo menos por teléfono con algún funcionario.
–Seguramente te contacte con el secretario legal.
–Podemos hablar con él por lo legal, pero de manera complementaria quisiéramos hablar también con algún responsable político.
Cecilia Novoa deja de responder. Tras el informe elaborado por el INTA Balcarce, el intendente Sebastián Abella sigue sin atender. La secretaria de Salud, Cecilia Acciardi, opta por el mismo silencio.

LA EXCEPCIÓN A LA REGLA
En la salita médica de Los Pioneros, el médico clínico Norberto Noel y la obstetra Carla Arias rompen el mutismo. Carla describe que históricamente esta era una zona de casas quintas, de poca gente estable, la mayoría con obra social. Y que hace cinco años se empezó a poblar mucho más. Va al hueso: “La lista de químicos que están usando es infinita y el glifosato es el más suave; lo peor son las combinaciones de los agroquímicos. Pueden producir cáncer, tiroides, enfermedades crónicas”. Norberto profundiza: “Ya se sabe que el agua está contaminada, que la gente está contaminada en la sangre, no se sabe qué puede pasar dentro de 10, 15, 20 años”. ¿Qué hacer entonces? “Vamos a estar alertas y apuntamos a la prevención. Esto significa llegar a que no haya más pacientes con sintomatologías. Pero para eso, deben prohibir el uso indebido de estos tóxicos; ese es el 99.9 por ciento del objetivo”.
El doctor subraya: “Acá hacemos atención primaria de salud, pero están informadas la directora de Salud Comunitaria, la subsecretaria de Salud, la secretaria de Salud y el Intendente, todos saben lo que está pasando acá. Hace menos de un mes hubo una reunión por otra cosa y aproveché y se los dije: ‘En el barrio donde yo trabajo está pasando esto. Se tienen que hacer cargo porque es un tema de salud, hay diagnósticos en sangre, hay agrotóxicos, hagan algo’. ‘Sí, tenemos que hacer’, me dijeron. Y ahí quedó”. Sentencia: “La solución y prevención dependen del municipio. Desde acá podemos colaborar como profesionales pero no podemos ir al medio del campo y decir no fumiguen más. Deben hacerse cargo quienes corresponde”.
Carla aporta en su doble rol, como partera y vecina: “Hay una bajada de línea de no involucrarse. Traté que las autoridades se acerquen a las reuniones vecinales y no vinieron. No hay voluntad. No sé qué tipo de manejos hay entre el municipio y los dueños de los campos, pero sí noto falta de compromiso”. Y abre su corazón: “Me siento insegura, angustiada. La falta de respuestas es una desilusión. Cuando hablo con mis superiores, siento que la estamos remando solas. Estoy preocupada por la situación, cada vez leo más cosas y me doy cuenta de que el problema es gigante. Hay mucho compromiso entre los vecinos, sobre todo de Lu y de Vero, pero también la sensación que del otro lado hay mucho poder”.

CONTRA LA CORRIENTE
El 30 de julio, el intendente Sebastián Abella se reunió con Lucía y Verónica, como representantes de la comunidad. Recuerda Lucía: “El intendente nos recibió y no tenía idea de lo que estaba pasando. Dijo que próximamente llevarían agua corriente a Los Pioneros, tema que nada tenía que ver con la reunión. Además, si las napas están todas contaminadas, ¿de qué nos sirve? Le dijimos que no veníamos hablar de eso, le contamos la situación y respondió: ‘Para qué vienen a hablar acá si ya saben todo’. Me pareció terrible su respuesta. Desde ahí, nunca más se contactaron desde el Municipio”. Detalla Verónica: “Fuimos a reunirnos sin muchas expectativas, pero no me esperaba su actitud tan soberbia. Antes de irnos le regaló una taza a mi hija… Un cinismo. Como si eso mejorara las cosas. Sentimos un total desprecio de su parte”.
Richard Sanabria integra la organización ECO Campana surgida en septiembre de 2020 luego de varios incendios propagados en la ciudad. Aclara: “Esta lucha es de Pioneros por el Agua, nosotros estamos para lo que los vecinos necesiten. Lo resalto porque hace poco salió una concejal hablando sobre la importancia de la prohibición de las fumigaciones, como si eso fuera mérito del Concejo Deliberante, cuando nadie hizo absolutamente nada, ni en lo legal ni en lo económico, para ayudar a que se realicen los análisis físico químicos. Lo que se consiguió fue por una razón: la organización vecinal”.
Es esa comunidad la que no se cansa de denunciar: “Nosotros somos víctimas, sufrimos daños que pueden ser irreparables y tenemos la sensación de que debemos demostrarlo. Este sistema sostiene al modelo, porque acá nadie consume soja pero estamos rodeados de soja”, dice Verónica, 39 años, madre de Lucero, Ema y Vicente. “La posibilidad de irnos apareció muy fuerte, pero no quiero irme sin dar batalla. Además, si me voy, ¿qué pasa con mis vecinos? Tengo una sensación de fortaleza por lo que venimos haciendo: estamos aprendiendo un montón y en cuatro meses ya logramos que vuelva a regir la ordenanza”.
Es esta comunidad la que no se cansa de contagiar: “Hay un camino trazado que empezaron otros pueblos fumigados y acá en pocos meses ya tenemos el trabajo encaminado. Pero no es fácil, en el agronegocio no hay grieta; los partidos políticos más grandes están alineados”. Y manifiesta: “Cuesta entender la gravedad sin esperar a que el médico diagnostique cáncer o nazca un bebé con malformaciones. Esta es nuestra lucha, informar sobre el riesgo que ya existe hoy”, dice Lucía, 30 años, la mamá de Carmela, frente a un mural gigante y colorido, con un lema que no deja dudas: “Basta de fumigarnos”.
Es esta comunidad la que no se cansa de dar pelea: “La única manera de que esto se resuelva algún día es no dejar de luchar”, asegura Carolina.
“El camino que tenemos, pese a todos los obstáculos, es la acción colectiva”, plantea Jimena.
“Si algo podemos cambiar, es haciéndolo juntos”, coincide Esteban.
Es esta comunidad la que hizo sonar una, dos, tres, cuatro, múltiples alarmas.
Cada día resuenan más fuerte.
Y cada día les será más difícil a los responsables sostener el pacto de silencio.

Nota
MU 210: La batalla final


El femicidio de Lucía Pérez a manos de dos narcos de Mar del Plata motivó el primer Paro Nacional de Mujeres. Tras una larga luchar familiar y social se logró la condena, pero ahora una nueva maniobra judicial puede dejar impunes a los culpables. Un ejemplo de que todo lo que conseguimos está en peligro. ¿Podrán?
Las notas de esta edición:

Negacionismo de Estado: Informe 2025 del Observatorio Lucía Pérez
¿Qué hay detrás de la avanzada oficial para negar los femicidios? Radiografía de cómo cada poder del Estado, por acción u omisión, busca ocultar las causas y consecuencias del asesinato de mujeres. Y por qué lo hace. Por Claudia Acuña

El Aleph (versión putas): Entrevista a Georgina Orellano
¿Cuánto cuesta la vida? ¿Cuánto vale? La dirigente de AMMAR y la actualidad desde la esquina: lo que se ve, lo que no se escucha, las falsas soluciones progresistas, lo que hay que abolir. Lo narco, la revolución, el cuerpo, la salida. Una recoridapor sus tatuajes, y todo lo que significa ser puta. Por Claudia Acuña y Lucas Pedulla

Carla Soggiu: La impunidad avanza
Carla recibió un botón antipánico por las agresiones de su pareja, que la ató, golpeó y violó delante de su hija de dos años. Semanas después de ese hecho, accionó cinco veces ese botón pero la policía no la encontró. Apareció muerta en el Riachuelo. Las complicidades, las burocracias, el rol de Diego Santilli y la lucha de una familia que define el caso como un femicidio de Estado. Por Francisco Pandolfi

Alma y vida: El femicidio de Lucía Pérez, hoy
¿Qué es la justicia? ¿Cómo enloquecer a una familia? ¿Por qué buscan eliminar la figura de
femicidio? ¿Cuál es el rol práctico del Estado y el negacionismo? El Tribunal de Casación resolvió que el de Lucía Pérez no fue un femicidio. La política de la misoginia como aversión hacia las mujeres y el paralelismo con lo narco que vende droga junto a las escuelas. Las “sumisitas”, la violencia y el sometimiento. Marta y Guillermo: una familia que trabaja en comunidad, y las claves para que las pesadillas no sigan asesinando a los sueños. Por Sergio Ciancaglini

Crónicas del más acá: Al trote
POR CARLOS MELONE

El Caliban y las brujas: La obra Fuerza mayor, protagonizada por jubiladas
La alianza entre Jubilados Insurgentes con integrantes del Teatro Caliban parió está obra que pone en escena lo que pasa todos los miércoles frente al Congreso. Una forma creativa de elaborar la actualidad con las herramientas del teatro, para hacer sentir, pensar e interpelar a los más jóvenes. Por Franco Ciancaglini

Sin berretines: Lo que nos cuenta la cárcel
Estudiantes de Sociología y Trabajo Social que cumplen condena en la cárcel de San Martín comparten sus reflexiones sobre la libertad, el encierro, y la actualidad más acá de las rejas. ¿Cómo funciona lo narco? ¿Qué implica buscar plata fácil? Lecciones sobre educación, berretines y prejuicios, el sentido de la vida, y la teoría de la bobalización. Por Sergio Ciancaglini

Sin protección: Ley contra el Acoso y después
Perdió estado parlamentario el proyecto de ley de acoso en ámbitos laborales y académicos: una muestra de la desidia y el abandono de las políticas de género. Del caso Brieger a Milei, cómo sigue la organización de las mujeres para empujar lo imposible en tiempos de motosierra, fascismo y un Congreso estancado. Por Evangelina Bucari

Con horizonte: 38º Encuentro Plurinacional en Corrientes
Cien mil personas participaron del 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. MU lo registró con crónicas día a día, que pueden leerse en lavaca.org. Compartimos aquí parte del registro fotográfico y una mirada sobre la trastienda de debates que explican mucho de lo que pasó en un evento extraño y extraordinario. Por Claudia Acuña. Fotos de Line Bankel

Sin cuerpo: La ¿impericia? en la causa de Cecilia Basaldúa
A lo largo de este 2025 la nueva instrucción que investiga el femicidio de Cecilia Basaldúa, ocurrido en el año 2020 en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, Cambió fiscales, tomó nuevas pruebas y amplió testimoniales. Sin embargo, en el marco de un proceso judicial que avanzaba, una noticia coronó la impunidad en esta causa: hace cuatro años que el cuerpo de Cecilia fue retirado de la morgue judicial sin el consentimientode la familia. Por María Eugenia Marengo
Nota
Cómo como 2: Cuando las marcas nos compran a nosotros

(Escuchá el podcast completo: 7 minutos) Coca Cola, Nestlé, Danone & afines nos hacen confiar en ellas como confiaríamos en nuestra abuela, nos cuenta Soledad Barruti. autora de los libros Malcomidos y Mala leche. En esta edición del podcast de lavaca, Soledad nos lleva a un paseíto por el infierno de cómo se produce, la cuestión de la comida de verdad, y la gran pregunta: ¿quiénes son los que realmente nos alimentan?
El podcast completo:
Con Sergio Ciancaglini y la edición de Mariano Randazzo.
Ambiente
Megaminería en Mendoza: la comunidad movilizada

El gobernador Alfredo Cornejo logró aprobar hoy un paquete de leyes que promueve el desembarco de la megaminería en una provincia que resiste desde hace años la explotación contaminante e inconsulta. La iniciativa tiene el principal proyecto en la ciudad de Uspallata y ya fue rechazada en 2011 y aprobada en 2019, pero debió ser cancelada entonces tras la movilización social. Hoy la historia se repite: el gobierno vuelve a la carga con argumentos de película (reproducidos en esta nota) mientras las comunidades originarias, asambleas y vecinos de todo Mendoza (cuyas voces aquí difundimos) se movilizaron frente a la Legislatura y trazan un plan de acción para dar vuelta la historia, una vez más.
Por Francisco Pandolfi
La Cámara de Senadores de Mendoza le dio la media sanción que faltaba a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y así aprobó el proyecto de Megaminería PSJ Cobre Mendocino, conocido como San Jorge, que permite el desembarco de la industria metalífera en la localidad de Uspallata. Se trata de la iniciativa central de un paquete enviado por el gobernador Alfredo Cornejo y que contó también con la venia de otros tres proyectos mineros.
Afuera de la Legislatura, miles de personas de todos los puntos cardinales de la provincia se manifestaron en contra, cercados por decenas de policías. El lunes a primera hora el pueblo de Mendoza había empezado la “Nueva gesta libertadora por el agua”, peregrinación (a pie, a caballo, en bicis, autos) que partió desde la localidad de Uspallata, al norte de la provincia, se ramificó desde el Valle de Uco, San Rafael, Lavalle, y llegó este martes a la mañana a la puerta de la Legislatura en la ciudad capital. Allí, la Cámara de Senadores tras cuatro horas de debate avaló la primera explotación de cobre de escala mediana en el distrito: fueron 29 votos afirmativos (18 del oficialista Frente Cambia Mendoza; 5 de la Unión Mendocina –PRO, UCR, el Partido Libertario, la Coalición Cívica– 5 del PJ y uno demócrata), 6 negativos y una abstención.

Aviones & fracasos
Dentro del recinto hubo discursos pro mineros que no destacaron precisamente por su altura. Martín Rostand, de Unión Mendocina defendió al proyecto de esta manera: “Cada vez que un avión se pone en vuelo, existe el riesgo de que se estrelle; cada vez que un sistema eléctrico se pone en funcionamiento alguien puede morir electrocutado. Sin embargo, nadie propone abolir ni a la aviación comercial ni a la electricidad, al contrario, porque el beneficio supera el riesgo potencial y con la minería sucede lo mismo”.
El senador del mismo partido, Gabriel Pradines agregó: “Dicen (en relación a los manifestantes) que el agua no se negocia, pero me pregunto, ¿una finca con pozo y derecho de agua no vale más que una que no tiene?”. Ariel Pringles, también de Unión Mendocina: “Toda actividad productiva implica un riesgo, conozco de la actividad agropecuaria donde hay litros y litros de glifosato desparramados por cada producción y sin embargo es aceptada”.
Increíble, pero real.
Armando Magistretti, del Partido Demócrata aceptó que la policía minera “no tiene la expertise para controlar”, pero igual votó a favor del proyecto, aunque quien controle a la empresa sea la policía minera. Y también dijo que los informes de impacto ambiental no deberían pasar por la Legislatura, sino aprobarse directamente “porque todas las actividades económicas generan pasivos ambientales”.
Félix González es senador del Partido Justicialista y fue uno de los peronistas que votó en contra del proyecto San Jorge. “Hoy seguro votaremos divididos, por distintas cuestiones”. No profundizó en las diferencias internas, pero sí hizo algunas declaraciones clave:
- “En 2011 se rechazó casi el mismo proyecto. Esto es un Corsa repintado, no es nuevo. Y sobre ese Corsa, el gobernador Cornejo decía que no había viabilidad para aprobarlo”.
- “Pasaron 15 años y somos la misma dirigencia y los mismos empresarios. Repetimos la misma discusión que se rechazó en 2011, que se aprobó en 2019 pero cuando la gente salió a la calle debimos recular en chancleta. O sea, venimos perdiendo el tiempo desde hace 15 años con lo mismo”.
- “Somos un fracaso como dirigentes, no construimos consenso, no pusimos a la ciencia en el centro. El consenso no debe hacerse entre partidos únicamente”.
- “Hay innumerables cantidad de estudios que hablan de la contaminación que habrá si avanza este proyecto. Votamos una Declaración de Impacto Ambiental que está mal, a la que le faltan herramientas, elementos, que tiene el balance hídrico desactualizado y varios cuestionamientos técnico ambientales”.
- “Esto se va a judicializar, no hay dudas porque la Corte Suprema de Justicia ha dictado fallos que van en sentido del rechazo de la DIA. O sea a la aprobación le faltará sustento para ser sostenida en el tiempo”.
- ‘El Departamento General de Irrigación de este gobierno provincial le hizo 90 observaciones al proyecto. Solo a 5 de ellas la empresa minera que las iba a resolver, 79 que las iba a considerar y a 6 que se iba a oponer, con respuestas evasivas en temas centrales. Solo con esto Cornejo debía haberse puesto firme y obligar a la empresa a aceptar todo lo observado por el organismo, pero no. La compañía llegó a decir que el arroyo El Tigre (de donde sacará la minera el agua para extraer oro y cobre) le pertenece. Es una vergüenza que después de secir eso todo siguiera como si nada”.
- “Lo que está en juego no es el futuro, es el presente”.
Dugar Chappel, del Partido Verde, puso algunos números sobre el recinto: “La minera que nos va a contaminar –y no en un porcentaje, porque cuando se contamina se contamina todo– nos dará el 6 por ciento de lo que gastamos en el subsidio al transporte. Y el 80% de lo que gasta en empleados que no sabemos quiénes son en esta Cámara de Senadores”.


Censura & deficiencias
Mientras este lunes el presidente Javier Milei llamó a votar a favor del proyecto minero, en contrapartida hubo llamamientos de iglesias católicas y evangélicas para evitar esta aprobación poco clara. La noche previa al 26 de noviembre, cuando Diputados aprobó el paquete minero, el CONICET advirtió en una publicación que hubo “importantes deficiencias en el Informe de Impacto Ambiental. Falta de datos y de estudios sobre agua, biodiversidad, patrimonio arqueológico y aspectos sociales impide una evaluación confiable de los impactos que el emprendimiento podría generar en la cuenca del río Mendoza”. La nota profundiza: “Dado que estos vacíos de información limitan la toma de decisiones responsables y pueden comprometer recursos naturales, culturales y comunitarios de alto valor, es necesario que las autoridades soliciten la revisión y ampliación del estudio antes de continuar con el proceso administrativo”.
Sin embargo, horas después el documento desapareció y fue reemplazado por otro escrito por las autoridades políticas del organismo.
Increíble, pero real.
PSJ Cobre Mendocino está a cargo de Minera San Jorge S.A, perteneciente a Zonda Metals GmBH de Suiza y al Grupo Alberdi de Argentina. Estima una inversión inicial de 599 millones de dólares, una capacidad de producción de 40.000 toneladas de cobre fino por año y la creación de menos de 4 mil puestos de trabajo. Este proyecto fue rechazado desde su origen, en 2007; nunca obtuvo la licencia social.
Después de la ley, tampoco.

¿Quién cumple la ley?
Dos días antes de la votación, comunidades indígenas de Uspallata y de la Cuenca del Río Mendoza le enviaron un escrito a los senadores instando al cumplimiento de los derechos de los pueblos a nivel provincial, nacional e internacional, para que no avanzaran con la aprobación de la DIA ya que, según plantean, estaba “viciada con información sesgada y falaz que omite observaciones certeras científicas de instituciones y expertos”.
Claudia Herrera, autoridad de la comunidad Huarpe de Mendoza, habla con lavaca: “Este proceso empezó en 2017 y recién en junio de este año se acercaron. En estos meses hubo hostigamientos de la empresa, presiones, visitas imprevistas. No sólo no cumplieron con la consulta libre, previa e informada, sino que anunciaron en el boletín oficial que habían realizado un protocolo. El protocolo también viola el convenio 169 de la OIT, porque fue sin la presencia de las comunidades”.
Claudia y su comunidad miran adelante: “Ya sabíamos que iban a aprobar el proyecto, pero esto es largo. Ahora se vienen denuncias a nivel local e internacional por la falta de cumplimiento del Poder Ejecutivo, el Legislativo y de la empresa minera. Decimos no a la muerte y sí a la vida”.
Saqueo y movilización
Además del DIA de San Jorge, otros tres proyectos mineros obtuvieron sanción definitiva:
1) 27 proyectos de exploración en la localidad de Malargüe, aprobados por el gobierno en un mismo procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
2) El Fondo de Compensación Ambiental por si la empresa genera una catástrofe ambiental.
3) El Proyecto de ley de regalías mineras, que fija un tope del 3% pero no un mínimo, al igual que la ley nacional.
Marcelo Giraud, profesor de Geografía de la UNCuyo y miembro de la Asamblea Popular por el Agua, resume con el cansancio de las últimas horas encima: “Se votó la profundización del saqueo. Pero vamos a seguir movilizando”.
Termina la sesión y pasa lo que se sabía iba a pasar. Aprobación del proyecto San Jorge. La gente empieza a marchar por el centro de la Ciudad de Mendoza. Al cierre de esta nota, está por realizarse un ruidazo en toda la provincia. A continuación, un corte de ruta en la localidad de Tunuyán, 80 kilómetros al sur de la capital. En 2019, al pueblo mendocino le llevó 13 días revertir la instalación de la megaminería a fuerza de seguir movilizándose, cuando el gobierno provincial no tuvo otra opción que recular.
Esto recién comienza.

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