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Centroamérica sangra: crónica desde el fin de un mundo

El paso a paso de una caravana de mujeres que buscan a sus desaparecidos en bares, cárceles y rutas de México, entre la migración violenta y los Estados ausentes

Publicada

hace 8 años

09/04/2016

El paso a paso de una caravana de mujeres que buscan a sus desaparecidos en bares, cárceles y rutas de México, entre la migración violenta y los Estados ausentes. Por Eliana Gilet para lavaca.org.

Centroamérica sangra: crónica desde el fin de un mundo
En el grupo que llega a México viajan 38 personas, pero sólo dos son hombres. Dos papás. La mayoría de las mujeres se conoce en ese momento, aunque viajan en pequeños grupos provenientes de distintas localidades de esos 4 países centroamericanos que sangran. Sangran gente.
Honduras.
El Salvador.
Guatemala.
Y Nicaragua.
Los números oficiales sobre las dimensiones del movimiento que está ocurriendo en la cintura de este continente -comparable a la migración siria, pero con menos prensa- son dramáticamente falaces, eso cuando siquiera existen.
A esta migración la han hecho visible las cifras frías de las deportaciones del último año tanto de México como de Estados Unidos*. El trabajo de estas mujeres también, aunque ellas reflejen la parte más dolorosa de ese movimiento: la incomunicación y el desarraigo.
Primera parada
El trayecto básico del camino al norte está delineado por las vías de La Bestia, un tren de carga. Un gusano de fierro hecho con contenedores semi-vacíos mientras la gente viaja trepada al techo, escondida. Gente que se ata cuando ven que el sueño los vence y corren peligro de caer del bicho en movimiento. Sucede y amputa brazos, piernas, lo que se le atraviese en su camino sediento.
Ese mínimo mecanismo de viaje, que ya de por sí era arriesgado y difícil, comenzó a ser combatido por el gobierno mexicano. El Plan Frontera Sur hace exactamente lo que anuncia su nombre: baja la barrera de paso a los centroamericanos en la frontera mexicana (todos requieren visa para entrar a México). Al menos es lo que viene intentando, porque a pesar de todos los pesares, lo hacen. Migran. Entonces México, que puede ser muy hostil si se lo requieren, se endurece con quienes osan atravesarlo de sur a norte, hacia el “gabacho”.
El testimonio del crecimiento de la violencia hacia los migrantes centroamericanos se brinda desde la diadema de albergues que alojan a quienes van en tránsito, salpicados en algunos puntos clave de la ruta en territorio mexicano. “La 72”, en Tenosique, Tabasco, en el primer descanso que se tiene en la ruta al norte, a 64 kilómetros de la frontera terrestre con Guatemala, que suelen hacerse caminando. En los últimos dos meses de 2015, esta Casa del Migrante registró 20 casos de violación sexual a mujeres y otros 15 en que personas fueron privadas de su libertad.
Con mayor o menor intensidad en la violencia sufrida se replican los relatos de los albergues en Chiapas, Veracruz, Tlaxcala, Puebla y México, ciudad – inflexión del recorrido para la Caravana de madres, ya que el norte está vedado.
Desparecidos
El norte. Una especie de tierra fantasma con ciudades abandonadas por sus habitantes, según relatos escasos. Lugar desde dónde varias de ellas recibieron el último llamado o referencia. La última vez que Edgar Rodolfo Xón Ajanel le habló a su madre fue el 21 de Julio de 2008, desde Matamoros, ciudad limítrofe con la frontera de Estados Unidos, en el estado de Tamaulipas. “Yo no sé si es cierto o es mentira que él estaba ahí. Preguntó a los que tenía alrededor y le dijeron Matamoros, pero él no conocía, es como yo que ahora tampoco sé dónde estoy”, explicó Sebastiana, su madre, participante de la Caravana. Su hijo tenía 22 años cuando salió de su comunidad en el municipio de Chichicastenango, en el departamento de Quiché, en Guatemala.
Es en ese norte donde ocurrieron dos masacres masivas que también pusieron a la migración en primer plano. El 22 de Agosto de 2010, 58 hombres y 14 mujeres fueron asesinados en un rancho en San Fernando, Tamaulipas. El 13 de Mayo de 2012, los cuerpos de 49 personas fueron abandonados en una carretera en Cadereyta, Nuevo León. La impunidad reina en ambos casos, pero en este último no se ha logrado siquiera identificar a todas las víctimas, ya que les arrancaron piernas, brazos y cabeza para impedirlo. Sólo 8 de ellos fueron identificados, a fuerza de madre. El Equipo Argentino de Antropología Forense fue el primero en tomar muestra de las familias que empujaban desde Honduras.
Es la primera vez que Lourdes María Suazo viene a la Caravana. “Estoy aquí por mi hermano, Mauricio Francisco Suazo Mejía, que murió en la masacre de Cadereyta”. Ella y otras ocho mujeres hondureñas formaron hace un año el Comité de Desaparecidos del Centro de Honduras (Cofamicenh) y ya llevan registrados 25 casos de desaparición de migrantes.
¿Qué significó para Lourdes pasar de algo tan traumático a convertirse, a sus 56 años, en una defensora de derechos humanos? “Quiero ayudar con la fortaleza que me ha dado mi hermano, mis compatriotas muertos. Tengo que ir a luchar por los demás y me dio tanto dolor ver en los albergues que venimos recorriendo que el 90 por ciento son hondureños, hay niños, señoras embarazadas. Hay mucha pobreza en Honduras, no hay trabajo y los gobiernos son ajenos a nuestro dolor”.
Son estas organizaciones locales de familiares las que han dado dimensión a la magnitud de la desaparición de migrantes en tránsito hacia Estados Unidos ¿Cómo lo hicieron? Contando.
Sólo Cofamipro (Comité de Familiares de Migrantes desaparecidos del Progreso) que tiene su rango de acción en ese municipio hondureño, llegó a la caravana con 200 fotos de migrantes desaparecidos, que ha documentado desde su creación en 1999. También lo ha hecho Cofamide, el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador.
Todas presentes en la Caravana, cargando retratos propios y ajenos. Se puede ver el paso del tiempo en esas imágenes, ya que hay personas buscadas desde fines de la década del 80. Podría escribirse una historia de la migración, del gusto, de la moda y de la belleza sólo con mirarlas. Podría escribirse un atlas completo de los últimos veinte años de Centroamérica siguiendo cada caso.
El método
El propósito de la Caravana es buscar pistas. Buscarlos porque nadie más lo hace sino ellas. Durante los once años que llevan recorriendo México han creado un método básico. Recorren cárceles, albergues y también bares y whiskerías. Recorren y golpean en las casitas de chapa que bordean las vigas del tren. Siempre con sus fotos sobre el pecho, con montoncitos de retratos en las manos, que sólo sueltan cuando cada día, en medio de la plaza de la ciudad en la que estén, los disponen en el piso y convocan a la gente a mirarlos. A recordar si alguno les resulta familiar.
Cuando la Caravana llegue a la Ciudad de México, 12 madres denunciarán penalmente la desaparición de sus hijos. De todos los casos posibles, en estos hay indicios de la participación del crimen organizado. También tienen en común que la última comunicación de los que iban en viaje sucedió desde algunas de las ciudades norteñas.
Resuena entonces, el reclamo:

“Lo que quiero saber es cómo hago para buscar a mi hijo en el norte. Somos varias las madres que sabemos que nuestros hijos llegaron al Río Bravo. Son muchas las llamadas telefónicas que recibimos desde Reynosa, desde Matamoros, desde Piedras Negras”.
“Todos estos casos tienen indicios de que hubo participación del crimen organizado y que hubo colusión del Estado mexicano, por eso son los que estamos presentando. Si no tienen esos indicios, pertenecen al fuero común, pero no vale mucho la pena hacerlo, porque es un proceso lento y los familiares no pueden estar regresando a pelearse con las autoridades para que les empujen sus casos”.
“Somos más eficientes nosotros en encontrar, hemos encontrado muchos más que los que ha encontrado las fiscalías. Entonces, nosotros vamos a seguir buscando. Pero en dónde vemos alguna grieta que nos permita avanzar la causa, la usamos, lograr que pongan más atención en lo que está pasando”, explica Marta Soler, referente del Movimiento Migrante Mesoamericano, organizador de la Caravana de madres de Migrantes Desaparecidos en México.

Violencia de Estados
¿Por qué si hay casos que llevan tantos años se denuncian recién ahora? “La dificultad es que la hacemos en los consulados mexicanos y no tenemos eco. Los cónsules no están cumpliendo con su deber, están cuidando más que nada sus puestos de trabajo, y no están prestando atención”, contó Iris, que busca a su hijo Carlos Medina Martínez, visto por última vez cuando fue detenido en un retén policial en Reynosa, hace 3 años.
“Si de algo deben servir las embajadas es para hacer llegar justicia a esta gente tan humilde. El fiscal se sorprendía y preguntaba ¿cómo desde el 2009 que fue la desaparición no han interpuesto una denuncia? Una de las mamás le dijo: ¡Es que ni siquiera me dejan entrar en su país!” relató Jesús Robles Maloof, abogado especializado en Derechos Humanos y mediante el MMM está encargado de representar los doce casos. “Son doce que hemos identificados que tienen elementos suficientes para interponer una denuncia. El recibimiento fue adecuado y eso es importante en un país donde han sido desaparecidos sus hijos”, explicó a la salida de la Procuraduría.
¿Cuáles son esos elementos que hacen que se pueda denunciar? “Primero que la última comunicación que tuvieron con sus familiares fue en territorio mexicano, segundo que en diez de los doce casos hubo extorsión o un indicio de violencia en el último tramo del contacto entre las familias y los desaparecidos. En otros dos no hay más que un último mensaje, desde el Estado de México y el otro desde Sonora, pero el argumento para presentarlo en estos casos, aunque no haya indicios de violencia, es que como migrantes centroamericanos en México sufren persecuciones. Entonces nos acogimos al “temor fundado” de las familias que aunque no recibieron información de que sus hijos fueron secuestrados o violentados tienen el temor fundado de por ser centroamericanos, hayan sufrido una agresión”.
Lo que resulta imprescindible, explican tanto Sánchez como Robles Maloof, es la implementación del Mecanismo Trasnacional de Justicia, es decir, que en las embajadas mexicanas exista la posibilidad de que estas familias que hoy denuncian puedan seguir el trámite en las embajadas.
¿Confían en que las investigaciones oficiales funcionen? Iris responde: “Lo último que podemos perder es la fe. Buscarlos es una responsabilidad de las autoridades de México porque aquí se perdieron. Si fuera otro país donde ellos se perdieron ahí anduviéramos, pero fue exactamente acá y tenemos evidencia de que así fue. Al gobierno mexicano y a la ciudadanía les pedimos que colaboren, que recuerden que ellos también tienen hijos. Esperamos que ese grado de sensibilidad pueda despertarse en ellos, que somos madres las que andamos buscando a nuestros hijos. Un hijo no es cualquier cosa. Son una parte de nuestra vida y nos duele mucho saber que tenemos tres, ocho, diez, quince años y más sin saber de ellos. ¿Qué harían ellos si esto les pasara?”
No todo es trata
Como el norte les está vedado por cuestiones de seguridad, la Caravana vuelve a enfilar hacia el sur, hacia Oaxaca y Chiapas. En la Ciudad de México la búsqueda se feminiza.
En el céntrico barrio de La Merced está la casa de la Brigada Callejera Elisa Martínez. Por la boca oscura de un edificio laberíntico se cuela la guía de medias de red y minifalda roja. Tiene el gesto desconfiado en los ojos finos pero nos lleva. La casa de la Brigada está invadida por la prensa y las pibas se cohíben. Son jovencitas. Bellezas centroamericanas que van muy maquilladas aunque intentan cubrirse la cara para evitar las fotos, pero que les permita estar cerca lo suficientemente cerca de la fila de fotos desplegadas por el piso del techo del edificio, como para verlas bien. Sólo están las fotos de las mujeres en la casa de la Brigada Callejera, que ofrece ayuda y apoyo a las decenas de trabajadoras sexuales de la zona. Las fotos en el piso también son muchas. Las mujeres también migran.
Denia y su madre María de la Cruz Santos hace 14 años que no se ven. Ella salió de Honduras cuando tenía 20 años y dejó a dos de sus hijos con la abuela. Estuvo 4 años presa. Cuando la Caravana llegue a Tapachula, Chiapas, madre e hija se reencontrarán, en los últimos días del recorrido. “Una emoción siento, creo que casi me escapé de desmayarme. Fíjese que nos tomaron un video, y hablé del sufrimiento que había sentido, de la familia, los hermanos que habían muerto, uno mayor y uno menor que ella. Es duro contar esas cosas. Ella me dijo que había estado presa cuatro años, para mí fue duro, triste”, explica María.
Además de la emoción en las palabras de su madre, la historia de Denia viene a cuento para mostrar un mecanismo harto siniestro. Denia estaba trabajando en un bar en Tapachula, cuando la policía llega haciendo una redada buscando “desarticular una red de trata”. ¿Cómo termina presa una migrante que está trabajando tras una redada policial que busca desbaratar una red de trata? La acusan de ser la tratante. Tenía sobre su cabeza una condena de 13 años de cárcel, pero la presión de distintas organizaciones, logró que se redujeran a los 4 que cumplió.
“Su caso muestra como se está manejando este conflicto tan serio que es la trata en México”, explica nuevamente Marta Sánchez. “La ONU aporta dinero al Estado Mexicano desde hace un tiempo para que persiga a las redes de trata. Pero eso se ha traducido en que la policía apresa a chicas sean o no víctimas de trata”.
El mecanismo es el siguiente: cuando llega la policía a los bares en dónde se ejerce (o no siempre) la prostitución, los dueños y señores de los locales, tienen a alguna de las chicas que allí trabajan como encargadas. Cuando llega la policía quienes son señaladas como responsables son las mujeres. ¿La consecuencia? La mayoría de las apresadas, a cuenta de la presión – y el dinero – enviado por las Naciones Unidas, son mujeres. “Las ponen de escudo, las usan los dueños de los locales”.
Sánchez insiste en que hay que diferenciar a las víctimas de trata de quienes ejercen la prostitución como decisión libre. “El problema es que estas acciones han servido para criminalizar a quienes ejercen la prostitución como su decisión, que es un trabajo que respetamos”.
Con lo que no caben dudas en que llegar a la cárcel siendo un migrante implica una violación a sus derechos básicos. “En todos los casos se ha violado el debido proceso”, explica Sánchez.
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Visita al penal
Durante las caravanas los centros de privación de libertad son un punto de visita obligado. “Queremos encontrar centroamericanos en estas cárceles, es la primera que visitamos, pero sabemos que los hay”, explicó una de las madres en las puertas del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Tenosique, en el estado de Tabasco.
“Que sean justos con nuestros centroamericanos, que les apliquen las leyes de México que sean justas con ellos, eso es lo que buscamos. No queremos romper las leyes de México, queremos que tengan un trato digno como cualquier ser humano dentro de un penal, aún si cometió un delito, que tenga derecho a un abogado, que tenga derecho a un trato como cualquier ser humano”.
Una a una fueron registradas en el libro de visitas, a mano, lentamente llamadas a ingresar al penal por una puertita estrecha. Sin gorras ni lentes oscuros. Sacando el dinero que llevaban escondido entre la ropa íntima, como hacen las veteranas. “En otro penales que hemos visitado no hay tantos requisitos, pero eso depende de cada cárcel”
Esa visita fue frustrante. “No era la forma como esperábamos verlos y obtener información. Ellos empezaron a salir uno por uno y todo el grupo nuestro estaba frente a una puerta muy pequeña. Salía uno y le preguntábamos de dónde era. Era imposible mostrarle todas las fotografías. Teníamos una reja de por medio, lo que no nos daba acceso a una comunicación más cercana para que nos dijera quien es y de dónde viene”. Porque no se trata sólo de buscar a los propios sino de contactarlos a los ajenos con sus familias. En ese penal las autoridades les dijeron que sólo tenían registro de ocho centroamericanos presos, pero las mujeres explicaron que también hay dificultades para identificarlos, ya que muchos de los que caen, como vienen indocumentados, se presentan como mexicanos. “No están identificados con los países que buscamos. Ellos ocultan su identidad por la criminalización que hay en los centros penitenciarios del país”.
Sin embargo, algo bueno (e inesperado) sí surgió de esa visita.

“Dicen que tiene seis años de estar ahí, que lo están acusando de algo que no hizo, da la casualidad que conozco a la familia de él, es de allá de mi lugar, de Progreso, Honduras. A él no lo conocía, pero ya conozco a la mamá y llevo una notita para dársela a la mamá y va a ser una alegría porque dice que desde que se vino nunca se ha comunicado con la familia. Hace seis años está detenido, llegando lo agarraron. Me dice: “verdad que usted vive en la Siete de Abril, de Honduras ¿es verdad? Yo la conozco, me dice. Le pregunto ¿de dónde sos? (sí, vocean los centroamericanos) De la primavera, me contesta”. La Primavera es una colonia de la región del Progreso. “Entonces ahí vive la mamá y la familia y le llevo su notita”.

No están solas
Entre las madres hay coladas otras mujeres que no tienen un familiar desaparecido, pero para quienes esas madres se han convertido en las propias. Sino en madres en hermanas, en confidentes. Una de ellas es Catalina López. Catalina es de las pocas en el grupo que se ha negado a usar la remera blanca que las identifica, y porta el típico colorido ropaje guatemalteco. Explica que es parte de lo que es y lo que refleja.
“A través de mi energía (e indica un colgante de piedra verde que le cuelga del cuello), esta es una energía que se llama Tixaj y es una energía que literalmente dice que es la lengua del abuelo, el gran fuego del abuelo. Todo fuego es sanador, todo fuego es curador, todo fuego es fortalecedor. El fuego viene a renovarte. La energía de este día dice que puedes trabajar con cosas imposibles. Me lo he apropiado junto a mi forma de ser y a mi cultura para poder apoyar desde lo que tengo”.
Catalina tiene una especialidad en salud mental comunitaria y como también es parte del pueblo indígena, une tradiciones. “Trabajamos el proceso de acompañamiento a los familiares de migrantes desaparecidos y no localizados, porque la migración tiene efectos en los que se van, en los que se quedan y en los que regresan. Son diferentes enfoques que se dan dentro del mismo contexto de la migración”.
La tarea se desarrolla con un estimado de 200 familias, pero según relata López, es un número muy pequeño en relación al total de los desaparecidos, ya que únicamente trabajan en la parte sub occidente, pero no en la parte oriente de Guatemala.
¿Cómo es el trabajo que realizan? “Trabajamos con las comunidades desde un punto de vista individual, familiar y comunitario naturales, en formas de poder afrontar esta situación, para ir regenerando nuestras energías frente a esto. Utilizamos también la cosmovisión maya, las energías de los días, para obtener la fortaleza para seguir adelante. Nuestros hijos están desaparecidos pero la vida sigue: cómo tener energías para esperarlos, para buscarlos”.
Explica: “La migración ahora está recrudeciéndose más, pero la desaparición no es nueva, hay familiares que buscan desde hace 17 años, ellas mismas como familias han buscado formas de sobrevivir. Es importante mencionar que nuestro apoyo ha servido bastante: trabajar sobre los sentimientos y nuestros pensamientos. Hay gente que físicamente se está muriendo porque no ha podido hablar de lo que lleva en su corazón y en su mente”.
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¿Cómo poder abrir esa comunicación y ese espacio de confianza? “Eso se logra a través de nuestra comunicación con el idioma (el k´iche) que no es igual a alguien que sólo habla el español de aquí, que yo le transmita esa emoción”.
Esa comunicación en su idioma – dice- genera la confianza para poder hablar de lo que les sucede a las personas. Es un gran sufrimiento que no es expresado, cuenta, que hace que se vea a la migración como un problema individual, haciéndolas sentir responsables del destino trágico, con culpa.
“No se puede sentir culpa porque migrar es un derecho. Por eso hablamos que en los tratados de libre comercio entre los países no hay fronteras cuando se trata de productos, pero cuando se habla de seres humanos en dónde sí están las fronteras”.
El método es el grupo como apoyo: “Pensar que no solo mi caso me afecta en lo individual sino ver cómo el problema migratorio está generalizado en el caso de Guatemala, por la estructura de violencia y la pobreza”. Entender de dónde viene esto, contar en el grupo lo que se siente y socializar las formas que cada uno tiene para salir adelante para que otros puedan ser parte de esa solución y búsqueda.
“Hay mucho que contarse porque hay muchas experiencias de qué hacer. Ha sido una práctica primeramente desde las comunidades, los pueblos, las personas”. Es decir, viene de abajo.
¿Cómo se vinculó Catalina López con esta perspectiva y terapia? “Cada uno de nosotros, como personas individuales, hemos nacido para algo. Dentro de nuestro calendario maya tenemos energías, cada uno hemos nacido con un don. Primero identificar ese don para saber que podes ayudar, fortalecer a los demás y que es parte de la lucha”.
Es la búsqueda la que les brinda un poco de aire a estas mujeres. El cambio que opera en ellas esos 20 días que dejan sus pueblos y salen tras sus hijos, puede incluso verse. A veces, con mucha atención y paciencia, se aprecia el momento exacto en que sucede.
Las mujeres empiezan a levantarse a las 4 de la mañana para poder ducharse todas antes de volver a salir, y hacer buen uso de las instalaciones disponibles en el hospedaje de turno. En la noche dejaron colgadas en los pasillos las húmedas remeras blancas que lavaron antes de dormir, para volver a lucirlas con prolijidad de madre al día siguiente. Priscila sale del baño en que acaba de ducharse con agua fría, usando un jarrito y un balde. Aún no amanece. Lleva una falda roja. Busca la foto enmarcada de su hija sobre la que ha derramado cientos de lágrimas. Levanta la cabeza y se ve observada. Entonces, sonríe.

Eliana Gilet es una joven periodista uruguaya de alto calibre. Parida en el semanario Brecha, de Uruguay, actualmente vive en la Ciudad de México y trabaja para el portal Desinformémonos.

*México no sólo triplicó la recepción de pedidos de asilo de centroamericanos en los últimos tres años, sino que entre enero y agosto de 2015 había deportado a más de 100 mil personas a esos países, más del doble de las que practicó Estados Unidos.
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Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

Publicada

hace 2 semanas

10/07/2024

Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”.

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp.

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”.

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas.

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases — El flyer de convocatoria para el festival del viernes.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas.

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”.

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Qué es la libertad: Ley Bases, detenciones y después

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj.

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

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Nota

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

Publicada

hace 2 semanas

10/07/2024

420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia — La postal del conflicto: la sede de Bolívar, vallada por la Policía. Al lado, los trabajadores montaron uno de los acampes. Foto: somostelam

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente.

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato.

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”.

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”.

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

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Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Publicada

hace 3 semanas

03/07/2024

“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808269566549622911

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808262187380588878

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Libertad a Daniela

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan: