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Centroamérica sangra: crónica desde el fin de un mundo

El paso a paso de una caravana de mujeres que buscan a sus desaparecidos en bares, cárceles y rutas de México, entre la migración violenta y los Estados ausentes

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El paso a paso de una caravana de mujeres que buscan a sus desaparecidos en bares, cárceles y rutas de México, entre la migración violenta y los Estados ausentes. Por Eliana Gilet para lavaca.org.

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En el grupo que llega a México viajan 38 personas, pero sólo dos son hombres. Dos papás. La mayoría de las mujeres se conoce en ese momento, aunque viajan en pequeños grupos provenientes de distintas localidades de esos 4 países centroamericanos que sangran. Sangran gente.
Honduras.
El Salvador.
Guatemala.
Y Nicaragua.
Los números oficiales sobre las dimensiones del movimiento que está ocurriendo en la cintura de este continente -comparable a la migración siria, pero con menos prensa- son dramáticamente falaces, eso cuando siquiera existen.
A esta migración la han hecho visible las cifras frías de las deportaciones del último año tanto de México como de Estados Unidos*. El trabajo de estas mujeres también, aunque ellas reflejen la parte más dolorosa de ese movimiento: la incomunicación y el desarraigo.
Primera parada
El trayecto básico del camino al norte está delineado por las vías de La Bestia, un tren de carga. Un gusano de fierro hecho con contenedores semi-vacíos mientras la gente viaja trepada al techo, escondida. Gente que se ata cuando ven que el sueño los vence y corren peligro de caer del bicho en movimiento. Sucede y amputa brazos, piernas, lo que se le atraviese en su camino sediento.
Ese mínimo mecanismo de viaje, que ya de por sí era arriesgado y difícil, comenzó a ser combatido por el gobierno mexicano. El Plan Frontera Sur hace exactamente lo que anuncia su nombre: baja la barrera de paso a los centroamericanos en la frontera mexicana (todos requieren visa para entrar a México). Al menos es lo que viene intentando, porque a pesar de todos los pesares, lo hacen. Migran. Entonces México, que puede ser muy hostil si se lo requieren, se endurece con quienes osan atravesarlo de sur a norte, hacia el “gabacho”.
El testimonio del crecimiento de la violencia hacia los migrantes centroamericanos se brinda desde la diadema de albergues que alojan a quienes van en tránsito, salpicados en algunos puntos clave de la ruta en territorio mexicano. “La 72”, en Tenosique, Tabasco, en el primer descanso que se tiene en la ruta al norte, a 64 kilómetros de la frontera terrestre con Guatemala, que suelen hacerse caminando. En los últimos dos meses de 2015, esta Casa del Migrante registró 20 casos de violación sexual a mujeres y otros 15 en que personas fueron privadas de su libertad.
Con mayor o menor intensidad en la violencia sufrida se replican los relatos de los albergues en Chiapas, Veracruz, Tlaxcala, Puebla y México, ciudad – inflexión del recorrido para la Caravana de madres, ya que el norte está vedado.
Desparecidos
El norte. Una especie de tierra fantasma con ciudades abandonadas por sus habitantes, según relatos escasos. Lugar desde dónde varias de ellas recibieron el último llamado o referencia. La última vez que Edgar Rodolfo Xón Ajanel le habló a su madre fue el 21 de Julio de 2008, desde Matamoros, ciudad limítrofe con la frontera de Estados Unidos, en el estado de Tamaulipas. “Yo no sé si es cierto o es mentira que él estaba ahí. Preguntó a los que tenía alrededor y le dijeron Matamoros, pero él no conocía, es como yo que ahora tampoco sé dónde estoy”, explicó Sebastiana, su madre, participante de la Caravana. Su hijo tenía 22 años cuando salió de su comunidad en el municipio de Chichicastenango, en el departamento de Quiché, en Guatemala.
Es en ese norte donde ocurrieron dos masacres masivas que también pusieron a la migración en primer plano. El 22 de Agosto de 2010, 58 hombres y 14 mujeres fueron asesinados en un rancho en San Fernando, Tamaulipas. El 13 de Mayo de 2012, los cuerpos de 49 personas fueron abandonados en una carretera en Cadereyta, Nuevo León. La impunidad reina en ambos casos, pero en este último no se ha logrado siquiera identificar a todas las víctimas, ya que les arrancaron piernas, brazos y cabeza para impedirlo. Sólo 8 de ellos fueron identificados, a fuerza de madre. El Equipo Argentino de Antropología Forense fue el primero en tomar muestra de las familias que empujaban desde Honduras.
Es la primera vez que Lourdes María Suazo viene a la Caravana. “Estoy aquí por mi hermano,  Mauricio Francisco Suazo Mejía, que murió en la masacre de Cadereyta”. Ella y otras ocho mujeres hondureñas formaron hace un año el Comité de Desaparecidos del Centro de Honduras (Cofamicenh) y ya llevan registrados 25 casos de desaparición de migrantes.
¿Qué significó para Lourdes pasar de algo tan traumático a convertirse, a sus 56 años, en una defensora de derechos humanos? “Quiero ayudar con la fortaleza que me ha dado mi hermano, mis compatriotas muertos. Tengo que ir a luchar por los demás y me dio tanto dolor ver en los albergues que venimos recorriendo que el 90 por ciento son hondureños, hay niños, señoras embarazadas. Hay mucha pobreza en Honduras, no hay trabajo y los gobiernos son ajenos a nuestro dolor”.
Son estas organizaciones locales de familiares las que han dado dimensión a la magnitud de la desaparición de migrantes en tránsito hacia Estados Unidos ¿Cómo lo hicieron? Contando.
Sólo Cofamipro (Comité de Familiares de Migrantes desaparecidos del Progreso) que tiene su rango de acción en ese municipio hondureño, llegó a la caravana con 200 fotos de migrantes desaparecidos, que ha documentado desde su creación en 1999. También lo ha hecho Cofamide, el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador.
Todas presentes en la Caravana, cargando retratos propios y ajenos. Se puede ver el paso del tiempo en esas imágenes, ya que hay personas buscadas desde fines de la década del 80. Podría escribirse una historia de la migración, del gusto, de la moda y de la belleza sólo con mirarlas. Podría escribirse un atlas completo de los últimos veinte años de Centroamérica siguiendo cada caso.
El método
El propósito de la Caravana es buscar pistas. Buscarlos porque nadie más lo hace sino ellas. Durante los once años que llevan recorriendo México han creado un método básico. Recorren cárceles, albergues y también bares y whiskerías. Recorren y golpean en las casitas de chapa que bordean las vigas del tren. Siempre con sus fotos sobre el pecho, con montoncitos de retratos en las manos, que sólo sueltan cuando cada día, en medio de la plaza de la ciudad en la que estén, los disponen en el piso y convocan a la gente a mirarlos. A recordar si alguno les resulta familiar.
Cuando la Caravana llegue a la Ciudad de México, 12 madres denunciarán penalmente la desaparición de sus hijos. De todos los casos posibles, en estos hay indicios de la participación del crimen organizado. También tienen en común que la última comunicación de los que iban en viaje sucedió desde algunas de las ciudades norteñas.
Resuena entonces, el reclamo:

  • “Lo que quiero saber es cómo hago para buscar a mi hijo en el norte. Somos varias las madres que sabemos que nuestros hijos llegaron al Río Bravo. Son muchas las llamadas telefónicas que recibimos desde Reynosa, desde Matamoros, desde Piedras Negras”.
  • “Todos estos casos tienen indicios de que hubo participación del crimen organizado y que hubo colusión del Estado mexicano, por eso son los que estamos presentando. Si no tienen esos indicios, pertenecen al fuero común, pero no vale mucho la pena hacerlo, porque es un proceso lento y los familiares no pueden estar regresando a pelearse con las autoridades para que les empujen sus casos”.
  • “Somos más eficientes nosotros en encontrar, hemos encontrado muchos más que los que ha encontrado las fiscalías. Entonces, nosotros vamos a seguir buscando. Pero en dónde vemos alguna grieta que nos permita avanzar la causa, la usamos, lograr que pongan más atención en lo que está pasando”, explica Marta Soler, referente del Movimiento Migrante Mesoamericano, organizador de la Caravana de madres de Migrantes Desaparecidos en México.

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Violencia de Estados
¿Por qué si hay casos que llevan tantos años se denuncian recién ahora? “La dificultad es que la hacemos en los consulados mexicanos y no tenemos eco. Los cónsules no están cumpliendo con su deber, están cuidando más que nada sus puestos de trabajo, y no están prestando atención”, contó Iris, que busca a su hijo Carlos Medina Martínez, visto por última vez cuando fue detenido en un retén policial en Reynosa, hace 3 años.
“Si de algo deben servir las embajadas es para hacer llegar justicia a esta gente tan humilde. El fiscal se sorprendía y preguntaba ¿cómo desde el 2009 que fue la desaparición no han interpuesto una denuncia? Una de las mamás le dijo: ¡Es que ni siquiera me dejan entrar en su país!” relató Jesús Robles Maloof, abogado especializado en Derechos Humanos y mediante el MMM está encargado de representar los doce casos. “Son doce que hemos identificados que tienen elementos suficientes para interponer una denuncia. El recibimiento fue adecuado y eso es importante en un país donde han sido desaparecidos sus hijos”, explicó a la salida de la Procuraduría.
¿Cuáles son esos elementos que hacen que se pueda denunciar? “Primero que la última comunicación que tuvieron con sus familiares fue en territorio mexicano, segundo que en diez de los doce casos hubo extorsión o un indicio de violencia en el último tramo del contacto entre las familias y los desaparecidos. En otros dos no hay más que un último mensaje, desde el Estado de México y el otro desde Sonora, pero el argumento para presentarlo en estos casos, aunque no haya indicios de violencia, es que como migrantes centroamericanos en México sufren persecuciones. Entonces nos acogimos al “temor fundado” de las familias que aunque no recibieron información de que sus hijos fueron secuestrados o violentados tienen el temor fundado de por ser centroamericanos, hayan sufrido una agresión”.
Lo que resulta imprescindible, explican tanto Sánchez como Robles Maloof, es la implementación del Mecanismo Trasnacional de Justicia, es decir, que en las embajadas mexicanas exista la posibilidad de que estas familias que hoy denuncian puedan seguir el trámite en las embajadas.
¿Confían en que las investigaciones oficiales funcionen? Iris responde: “Lo último que podemos perder es la fe. Buscarlos es una responsabilidad de las autoridades de México porque aquí se perdieron. Si fuera otro país donde ellos se perdieron ahí anduviéramos, pero fue exactamente acá y tenemos evidencia de que así fue. Al gobierno mexicano y a la ciudadanía les pedimos que colaboren, que recuerden que ellos también tienen hijos. Esperamos que ese grado de sensibilidad pueda despertarse en ellos, que somos madres las que andamos buscando a nuestros hijos. Un hijo no es cualquier cosa. Son una parte de nuestra vida y nos duele mucho saber que tenemos tres, ocho, diez, quince años y más sin saber de ellos. ¿Qué harían ellos si esto les pasara?”
No todo es trata
Como el norte les está vedado por cuestiones de seguridad, la Caravana vuelve a enfilar hacia el sur, hacia Oaxaca y Chiapas. En la Ciudad de México la búsqueda se feminiza.
En el céntrico barrio de La Merced está la casa de la Brigada Callejera Elisa Martínez. Por la boca oscura de un edificio laberíntico se cuela la guía de medias de red y minifalda roja. Tiene el gesto desconfiado en los ojos finos pero nos lleva. La casa de la Brigada está invadida por la prensa y las pibas se cohíben. Son jovencitas. Bellezas centroamericanas que van muy maquilladas aunque intentan cubrirse la cara para evitar las fotos, pero que les permita estar cerca lo suficientemente cerca de la fila de fotos desplegadas por el piso del techo del edificio, como para verlas bien. Sólo están las fotos de las mujeres en la casa de la Brigada Callejera, que ofrece ayuda y apoyo a las decenas de trabajadoras sexuales de la zona. Las fotos en el piso también son muchas. Las mujeres también migran.
Denia y su madre María de la Cruz Santos hace 14 años que no se ven. Ella salió de Honduras cuando tenía 20 años y dejó a dos de sus hijos con la abuela. Estuvo 4 años presa. Cuando la Caravana llegue a Tapachula, Chiapas, madre e hija se reencontrarán, en los últimos días del recorrido. “Una emoción siento, creo que casi me escapé de desmayarme. Fíjese que nos tomaron un video, y hablé del sufrimiento que había sentido, de la familia, los hermanos que habían muerto, uno mayor y uno menor que ella. Es duro contar esas cosas. Ella me dijo que había estado presa cuatro años, para mí fue duro, triste”, explica María.
Además de la emoción en las palabras de su madre, la historia de Denia viene a cuento para mostrar un mecanismo harto siniestro. Denia estaba trabajando en un bar en Tapachula, cuando la policía llega haciendo una redada buscando “desarticular una red de trata”. ¿Cómo termina presa una migrante que está trabajando tras una redada policial que busca desbaratar una red de trata? La acusan de ser la tratante. Tenía sobre su cabeza una condena de 13 años de cárcel, pero la presión de distintas organizaciones, logró que se redujeran a los 4 que cumplió.
“Su caso muestra como se está manejando este conflicto tan serio que es la trata en México”, explica nuevamente Marta Sánchez. “La ONU aporta dinero al Estado Mexicano desde hace un tiempo para que persiga a las redes de trata. Pero eso se ha traducido en que la policía apresa a chicas sean o no víctimas de trata”.
El mecanismo es el siguiente: cuando llega la policía a los bares en dónde se ejerce (o no siempre) la prostitución, los dueños y señores de los locales, tienen a alguna de las chicas que allí trabajan como encargadas. Cuando llega la policía quienes son señaladas como responsables son las mujeres. ¿La consecuencia? La mayoría de las apresadas, a cuenta de la presión – y el dinero – enviado por las Naciones Unidas, son mujeres. “Las ponen de escudo, las usan los dueños de los locales”.
Sánchez insiste en que hay que diferenciar a las víctimas de trata de quienes ejercen la prostitución como decisión libre. “El problema es que estas acciones han servido para criminalizar a quienes ejercen la prostitución como su decisión, que es un trabajo que respetamos”.
Con lo que no caben dudas en que llegar a la cárcel siendo un migrante implica una violación a sus derechos básicos. “En todos los casos se ha violado el debido proceso”, explica Sánchez.
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Visita al penal
Durante las caravanas los centros de privación de libertad son un punto de visita obligado. “Queremos encontrar centroamericanos en estas cárceles, es la primera que visitamos, pero sabemos que los hay”, explicó una de las madres en las puertas del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Tenosique, en el estado de Tabasco.
“Que sean justos con nuestros centroamericanos, que les apliquen las leyes de México que sean justas con ellos, eso es lo que buscamos. No queremos romper las leyes de México, queremos que tengan un trato digno como cualquier ser humano dentro de un penal, aún si cometió un delito, que tenga derecho a un abogado, que tenga derecho a un trato como cualquier ser humano”.
Una a una fueron registradas en el libro de visitas, a mano, lentamente llamadas a ingresar al penal por una puertita estrecha. Sin gorras ni lentes oscuros. Sacando el dinero que llevaban escondido entre la ropa íntima, como hacen las veteranas. “En otro penales que hemos visitado no hay tantos requisitos, pero eso depende de cada cárcel”
Esa visita fue frustrante. “No era la forma como esperábamos verlos y obtener información. Ellos empezaron a salir uno por uno y todo el grupo nuestro estaba frente a una puerta muy pequeña. Salía uno y le preguntábamos de dónde era. Era imposible mostrarle todas las fotografías. Teníamos una reja de por medio, lo que no nos daba acceso a una comunicación más cercana para que nos dijera quien es y de dónde viene”. Porque no se trata sólo de buscar a los propios sino de contactarlos a los ajenos con sus familias. En ese penal las autoridades les dijeron que sólo tenían registro de ocho centroamericanos presos, pero las mujeres explicaron que también hay dificultades para identificarlos, ya que muchos de los que caen, como vienen indocumentados, se presentan como mexicanos. “No están identificados con los países que buscamos. Ellos ocultan su identidad por la criminalización que hay en los centros penitenciarios del país”.
Sin embargo, algo bueno (e inesperado) sí surgió de esa visita.

  • “Dicen que tiene seis años de estar ahí, que lo están acusando de algo que no hizo, da la casualidad que conozco a la familia de él, es de allá de mi lugar, de Progreso, Honduras. A él no lo conocía, pero ya conozco a la mamá y llevo una notita para dársela a la mamá y va a ser una alegría porque dice que desde que se vino nunca se ha comunicado con la familia. Hace seis años está detenido, llegando lo agarraron. Me dice: “verdad que usted vive en la Siete de Abril, de Honduras ¿es verdad? Yo la conozco, me dice. Le pregunto ¿de dónde sos? (sí, vocean los centroamericanos) De la primavera, me contesta”. La Primavera es una colonia de la región del Progreso. “Entonces ahí vive la mamá y la familia y le llevo su notita”.

No están solas
Entre las madres hay coladas otras mujeres que no tienen un familiar desaparecido, pero para quienes esas madres se han convertido en las propias. Sino en madres en hermanas, en confidentes. Una de ellas es Catalina López. Catalina es de las pocas en el grupo que se ha negado a usar la remera blanca que las identifica, y porta el típico colorido ropaje guatemalteco. Explica que es parte de lo que es y lo que refleja.
“A través de mi energía (e indica un colgante de piedra verde que le cuelga del cuello), esta es una energía que se llama Tixaj y es una energía que literalmente dice que es la lengua del abuelo, el gran fuego del abuelo. Todo fuego es sanador, todo fuego es curador, todo fuego es fortalecedor. El fuego viene a renovarte. La energía de este día dice que puedes trabajar con cosas imposibles. Me lo he apropiado junto a mi forma de ser y a mi cultura para poder apoyar desde lo que tengo”.
Catalina tiene una especialidad en salud mental comunitaria y como también es parte del pueblo indígena, une tradiciones. “Trabajamos el proceso de acompañamiento a los familiares de migrantes desaparecidos y no localizados, porque la migración tiene efectos en los que se van, en los que se quedan y en los que regresan. Son diferentes enfoques que se dan dentro del mismo contexto de la migración”.
La tarea se desarrolla con un estimado de 200 familias, pero según relata López, es un número muy pequeño en relación al total de los desaparecidos, ya que únicamente trabajan en la parte sub occidente, pero no en la parte oriente de Guatemala.
¿Cómo es el trabajo que realizan? “Trabajamos con las comunidades desde un punto de vista individual, familiar y comunitario naturales, en formas de poder afrontar esta situación, para ir regenerando nuestras energías frente a esto. Utilizamos también la cosmovisión maya, las energías de los días, para obtener la fortaleza para seguir adelante. Nuestros hijos están desaparecidos pero la vida sigue: cómo tener energías para esperarlos, para buscarlos”.
Explica: “La migración ahora está recrudeciéndose más, pero la desaparición no es nueva, hay familiares que buscan desde hace 17 años, ellas mismas como familias han buscado formas de sobrevivir. Es importante mencionar que nuestro apoyo ha servido bastante: trabajar sobre los sentimientos y nuestros pensamientos. Hay gente que físicamente se está muriendo porque no ha podido hablar de lo que lleva en su corazón y en su mente”.
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¿Cómo poder abrir esa comunicación y ese espacio de confianza? “Eso se logra a través de nuestra comunicación con el idioma (el k´iche) que no es igual a alguien que sólo habla el español de aquí, que yo le transmita esa emoción”.
Esa comunicación en su idioma – dice-  genera la confianza para poder hablar de lo que les sucede a las personas. Es un gran sufrimiento que no es expresado, cuenta, que hace que se vea a la migración como un problema individual, haciéndolas sentir responsables del destino trágico, con culpa.
“No se puede sentir culpa porque migrar es un derecho. Por eso hablamos que en los tratados de libre comercio entre los países no hay fronteras cuando se trata de productos, pero cuando se habla de seres humanos en dónde sí están las fronteras”.
El método es el grupo como apoyo: “Pensar que no solo mi caso me afecta en lo individual sino ver cómo el problema migratorio está generalizado en el caso de Guatemala, por la estructura de violencia y la pobreza”. Entender de dónde viene esto, contar en el grupo lo que se siente y socializar las formas que cada uno tiene para salir adelante para que otros puedan ser parte de esa solución y búsqueda.
“Hay mucho que contarse porque hay muchas experiencias de qué hacer. Ha sido una práctica primeramente desde las comunidades, los pueblos, las personas”. Es decir, viene de abajo.
¿Cómo se vinculó Catalina López con esta perspectiva y terapia? “Cada uno de nosotros, como personas individuales, hemos nacido para algo. Dentro de nuestro calendario maya tenemos energías, cada uno hemos nacido con un don. Primero identificar ese don para saber que podes ayudar, fortalecer a los demás y que es parte de la lucha”.
Es la búsqueda la que les brinda un poco de aire a estas mujeres. El cambio que opera en ellas esos 20 días que dejan sus pueblos y salen tras sus hijos, puede incluso verse. A veces, con mucha atención y paciencia, se aprecia el momento exacto en que sucede.
Las mujeres empiezan a levantarse a las 4 de la mañana para poder ducharse todas antes de volver a salir, y hacer buen uso de las instalaciones disponibles en el hospedaje de turno. En la noche dejaron colgadas en los pasillos las húmedas remeras blancas que lavaron antes de dormir, para volver a lucirlas con prolijidad de madre al día siguiente. Priscila sale del baño en que acaba de ducharse con agua fría, usando un jarrito y un balde. Aún no amanece. Lleva una falda roja. Busca la foto enmarcada de su hija sobre la que ha derramado cientos de lágrimas. Levanta la cabeza y se ve observada. Entonces, sonríe.
 

Eliana Gilet es una joven periodista uruguaya de alto calibre. Parida en el semanario Brecha, de Uruguay, actualmente vive en la Ciudad de México y trabaja para el portal Desinformémonos.  

 
*México no sólo triplicó la recepción de pedidos de asilo de centroamericanos en los últimos tres años, sino que entre enero y agosto de 2015 había deportado a más de 100 mil personas a esos países, más del doble de las que practicó Estados Unidos.
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Agrotóxicos: la Corte Suprema avaló las fumigaciones que sufren 1.021 escuelas rurales en Entre Ríos

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La prohibición de fumigar a menos de 1.000 metros de escuelas fue reducida a 100 metros por decreto del gobernador de Entre Ríos, y ahora la Corte avaló esa decisión. La apelación de vecinas y vecinos fue rechazada por sus cuatro integrantes basándose en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que admite el rechazo de la Corte “cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”. La fumigación con productos cancerígenos sobre niños y docentes quedan en ese ámbito según el fallo que será apelado esta vez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La falta de acceso a la justicia, la burla al derecho, el desamparo de las comunidades en una provincia donde reinan el lobby del agronegocio, la contaminación y el ambiente tóxico, en la voz de las y los afectados.

Por Francisco Pandolfi

El 28 de febrero pasado el máximo tribunal del país falló en contra de las 1.021 escuelas rurales de toda la provincia de Entre Ríos. Hasta el momento, tenían un resguardo de las fumigaciones de agrotóxicos a una distancia de 1.000 metros en aplicaciones terrestres y de 3.000 en aéreas. Ahora la resolución posibilita el uso de venenos a sólo 100 y 500 metros respectivamente, límites establecidos por el decreto del Poder Ejecutivo impulsado por el gobernador Gustavo Bordet, alineado con el agronegocio.

¿Qué es lo “insustancial”?

La Corte, conformada por los jueces Horacio Rosatti –presidente–, Carlos Rosenkrantz –vicepresidente–, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, se tomó desde febrero de 2020 –cuando se elevó la apelación– hasta febrero de 2023 para responder un puñado de palabras: “El recurso extraordinario, cuya denegación origina la presente queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, se desestima la presentación directa. Notifíquese y archívese”.

El artículo 280 aclara el porqué de la negativa al amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER): “La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”.

A esta última instancia se llegó luego de varios años de denuncias, enfermedades, resistencias y muertes. Aldana Sasia es abogada especialista en lo ambiental, integrante de la Coordinadora Basta es Basta y del Foro Ecologista, y quien presentó el recurso de queja. El panorama: “Es una lucha que viene desde hace muchos años; antes del proceso judicial, desde distintas organizaciones y a través del gremio docente AGMER, se había iniciado la campaña Paren de Fumigar las Escuelas, porque había muchos casos en que se pulverizaba al lado, en horario de clase. Hubo un montón de sintomatologías en los niños y situaciones en las que tuvieron que suspender las clases. Las organizaciones nos unimos y acudimos a la Justicia en 2017, cuando presentamos el primer amparo para que se establezca una distancia de resguardo, ya que no había ninguna legislación que protegiera a las escuelas. Así obtuvimos la primera sentencia que fijó una distancia de 1.000 metros terrestres y de 3.000 aéreos, fundados a partir de estudios científicos que acompañamos en el reclamo. Ese fallo fue confirmado en todas las instancias, hasta que en enero 2018 el gobernador provincial Gustavo Bordet sacó un decreto reduciendo esas distancias a 100 y 500 metros”.

¿En qué se basó el decreto para reducir las distancias? “No se fundó en ningún estudio científico, ni en investigaciones epidemiológicas, así que pedimos su anulación y la Justicia nos dio la razón”.

En aquel momento, abril de 2019, el entonces presidente Mauricio Macri visitó la provincia y –con evidente desconocimiento de lo que decía– planteó que el fallo judicial era “una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico”. Mezcló fallo judicial con ley, con una única intención intención obvia: favorecer el agronegocio.

Continúa la abogada: “Sin embargo, a mediados de 2019 Bordet sacó otro decreto en el que volvió a reducir las distancias, presentando investigaciones científicas que se basaban en la volatilidad de la gota, o sea, hasta dónde puede llegar, cuyos ensayos no eran con veneno sino con agua, cuando la volatilidad es otra”. (Las partículas de los agrotóxicos tienen una capacidad de dispersión mucho mayor que las del agua y su grado de permanencia en distintos sistemas es enorme, por lo que se ha llegado a detectar este tipo de venenos hasta en la Antártida, o impregnando productos comerciales como pañales y tampones en el caso del algodón).

“Esas mediciones de volatilidad para nosotros son nulas, no tienen ningún sentido porque ni siquiera las hicieron con los productos que se usan realmente para fumigar, que no es lo mismo que rociar con agua. Además, el 80% de lo que se fumiga no cae en el sembradío, sino que va para otros lados, porque depende de la temperatura ambiente, de los vientos, del producto que se aplica. Es imposible calcular hasta dónde va a llegar cada fumigación”.

Agrega Aldana Sasia: “En medio de ese proceso, el gobierno provincial sancionó una ley que modificó la composición del Superior Tribunal de Justicia, cambió la conformación de la sala que venía tratando el tema y nos fallaron en contra, confirmando el decreto 2239 del Poder Ejecutivo. Ante esa sentencia, elevamos el amparo a la Corte Suprema, que acaba de resolver que las fumigaciones a las escuelas rurales no son una cuestión trascendente. Esto deja claro que el acceso a la justicia ambiental en nuestro país no existe”.

–¿Cómo puede explicarse que la Corte se expida de esta manera, en cinco renglones y después de tres años?

–Veo dos fundamentos en esa decisión. Por un lado, que resolver sobre instancias de fumigaciones de agrotóxicos en Argentina es sumamente complejo y podría llegar a debilitar toda una matriz productiva que tiene el Estado, que es la única salida que hoy avizora para sacar adelante un país o para pagar y arreglar con el Fondo Monetario Internacional. El otro fundamento es el burocrático: la Corte está llena de causas, todo se apela a la Corte Suprema de Justicia, sus miembros no saben lo que firman porque sacan cientos de sentencias. Deben ser muchos más, es lamentable la composición del órgano máximo con sólo cuatro miembros: hoy deben resolver alrededor de una sentencia cada 30 minutos. De esta manera, el acceso a la Justicia es limitado y acotado, y la Corte Suprema se convierte sólo en una caja recaudadora, ya que para acceder a ella hay que pagar un monto considerable. Esto también influye en que la trascendencia que tienen este tipo de causas no sean valoradas del modo que amerita.

¿Docentes centinelas?

El decreto 2239 que rige en toda la provincia de Entre Ríos, además de achicar las distancias de resguardo, creó un órgano de control de las fumigaciones con el nombre de “Unidad de Centinela”, integrado por un ingeniero agrónomo y por cada director de la escuela rural fumigada.

Estela Lemes es desde hace 23 años la directora de la escuela rural N° 66 Bartolito Mitre, de la localidad de Costa Uruguay Sur, departamento de Gualeguaychú. Tiene 58 años y se presenta como maestra rural, no como directora. Por la exposición a los agrotóxicos, se le detectó glifosato en el cuerpo, una atrofia muscular y un deterioro neuronal «que no tiene vuelta atrás», le dice a lavaca desde una de las aulas “rodeada de campo”.

¿Los obligan a cumplir la función de centinela? “Cuando a los directores nos llamaron para adoctrinarnos acerca de eso, yo les dije que no pensaba participar. Es una locura por donde se lo vea. Le hacemos el trabajo a quienes nos fumigan, analizando si están bien tomadas las medidas desde dónde se va a fumigar, como si los docentes no tuviéramos trabajo; nos quieren agregar más y encima ese. Lo rechazo y lo repudio; un trabajo gratis y nefasto, mientras ellos nos siguen envenenando”.

Estela habla con dulzura que más allá de la angustia que le genera el tema del que habla: “Yo pensé que iba a salir favorable la sentencia, porque quién puede querer que fumiguen a los gurises en una escuela. Si vos les preguntás a la gente común, nadie quiere eso, no hay licencia social, pero hay un trasfondo: por culpa de muchos años de malas políticas económicas, hoy se depende de un modelo productivo que tira veneno sobre los gurises. No les importa que sus plantaciones están rodeando las escuelas rurales. Hay mucho dinero en juego para el lobby y hay una estructura judicial a favor de que fumiguen con veneno, sino no hay manera de que hayan fallado en contra”.

Hace una pausa, y suma: “Encima tardaron tres años para escribir cinco renglones y con tanta liviandad nos dicen que nuestro reclamo no tiene trascendencia. Tengo mucha bronca, indignación, vulneran los derechos de mis gurises y del ambiente. Es muy doloroso; no me había pronunciado hasta ahora porque termino llorando y no me hace bien”.

–En lo cotidiano, ¿qué significa que puedan fumigar a 100 metros de las escuelas?

–Nuestra escuela está rodeada de campos; el alambrado está pegado a uno donde, gracias a la lucha que dimos desde hace cuatro años, ahora se dedican a la ganadería porque no querían que los siguiéramos denunciando. Pero hay campos muy cercanos que sí siembran y fumigan. Para que se entienda: que tiren venenos a cien metros es como que vos estás en tu casa y te fumiguen en tu patio o en tu vereda, porque la deriva llega a kilómetros. Este fallo de la Corte les abrió la tranquera a estos señores para que apliquen cuando quieran. De hecho, hace unos pocos días lo hicieron en una escuela de Gualeguay, sin receta y en horario de clase, lo que no está permitido. La decisión del tribunal minimiza el problema y así van a aparecer más casos… muchos más casos.

La Corte y el lobby sojero

En Gualeguay vive Ramón Velázquez, docente de primaria desde hace 15 años, referente del Foro Ambiental, coordinador del proyecto de forestación Gualeguay Te Quiero Verde e integrante del colectivo Humedales en Red. Es maestro de la escuela Nº 3 “Marcos Sastre”, tiene 45 años y mucho por decir: “El fallo de la Corte es la cara del lobby sojero, del agronegocio; después de tanto tiempo esperábamos otra resolución. Tanto la Corte Suprema de Justicia como el gobierno provincial tienen responsabilidades directas con este modelo agroexportador perverso y dañino, que deja fumigar a la gurisada”.

La pulverización sin receta agronómica y en horario de clases se llevó a cabo el pasado 9 de marzo en la Escuela Nº 51 “Sofía Clotilde Fernández”. Explica Ramón: “De la escuela no quieren hablar, porque sucede que los mismos peones mandan a sus hijos a estudiar; es algo muy complejo y nos pasa siempre. Hace tiempo, junto a Estela Lemes fuimos a dar una charla a una escuela y nos esperaba una patota sojera. Había montones de padres de los gurises, gente de la Sociedad Rural, de algunas federaciones, todas dependientes de este modelo. Cuando terminamos de hablar tuvimos algunos altercados. Podrán argumentar lo que quieran, pero me pregunto, ¿se necesitan más pruebas que el veneno encontrado en el cuerpo de Estela? Hace poquito se encontraron agrotóxicos en la cuenca del Río Uruguay, uno de los más importantes de la provincia; tenemos el veneno en el agua, en el suelo, en el aire y en tantos cuerpos por lo que ingerimos permanentemente”.

El Derecho, analizado a los 12 años

Hay muchas coincidencias en lo que denuncian Estela y Ramón. En el fondo del problema, en las formas del problema, y también en donde hacen foco principal: la niñez; las y los gurises.

Constantino tiene 12 años y es nieto de Estela. Vive en la ruralidad, en el municipio de Costa Uruguay Sur. Nació con problemas respiratorios porque su mamá, en el embarazo, estuvo expuesta a los pesticidas. Tiene pelo largo, sonrisa ancha y una timidez que no le impide contarle a lavaca sobre sus convicciones, deseos y sueños de un futuro distinto: “Es importante resguardar la salud del ambiente y de los niños y maestros de escuelas rurales. Es un derecho que tenemos y que no debe ser vulnerado”.

Habla con firmeza : “Es necesario el cuidado del ambiente porque es nuestra casa común y si seguimos permitiendo su destrucción no habrá nada que dejarle a los niños del futuro. Mi abuela me contó lo que decidió la Corte Suprema y no me gustó; no quiero que fumiguen más niños y niñas de las escuelas rurales”.

El año pasado, Constantino junto a dos compañeros fueron los únicos representantes de la provincia en la Consulta Regional del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, sobre el cambio climático y sus consecuencias. “Participé con dos amigos, Bauti y Candy. Fue una linda experiencia donde nos expresamos sobre el tema; estuvo genial, porque había niños y niñas de toda América Latina y del Caribe. Además. En esa visita a Buenos Aires también hicimos la ronda con las Madres de Plaza de Mayo”.

Lorenzetti y Bordet no responden

En el Hospital Garrahan, reconocido centro pediátrico de la Ciudad de Buenos Aires donde llegan a atenderse infancias de todo el país, trabaja Mercedes “Mechi” Méndez, enfermera comprometida desde hace más de una década en la denuncia de los efectos de los agrotóxicos. No habla representando a la institución, con la cual lleva adelante una lucha interna por la negación de la problemática concreta, por no tener una historia clínica ambiental, por no contar con un laboratorio para pesquisar los tóxicos que las niñeces llevan en sus cuerpos.

Habla desde su labor, en el sector de Cuidados Paliativos. Lo que la moviliza es no no ver morir a más infancias de los pueblos fumigados: “El día que salió el fallo de la Corte justo estaba en Paraná, acompañando ‘La ronda de los martes’ (actividad que desde el 2017 organiza la Coordinadora Basta es Basta, rodeando la casa de Gobierno de Entre Ríos para exigir el fin de las fumigaciones).

La de la Corte es una decisión inexplicable, totalmente perversa que da una libertad absoluta para continuar envenenando. Tuve la posibilidad de visitar escuelas rurales, alumnos, y de escuchar sus relatos, de ver sus dibujos sobre el tema. Me acuerdo de uno en que una nena sangraba con los ojos hinchados; otro en que los animales vomitaban. A los niños no sólo los fumigan en la escuela, también mientras van o vuelven de las clases. Es un modelo de exterminio”.

Para acompañar la apelación de las organizaciones ambientales, la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación también hizo una presentación a la Corte Suprema exigiendo su resguardo.

“Tampoco les importó ese pedido. Ni que en la causa nosotros presentamos estudios sobre la composición del agua, el aire, la tierra, que daba cuenta de la presencia de sustancias peligrosas, así como en la sangre de muchos niños”, afirma la abogada Aldana Sasia. “La Corte dejó mucho que desear. El juez Ricardo Lorenzetti en sus conferencias, en sus libros, habla de la importancia del cuidado del ambiente, pero borra con el codo lo que escribe con la mano. Nada de lo que viene diciendo en tantos papeles escritos se está aplicando”.

Tanto el pedido de entrevista a la vocera de Lorenzetti, como al propio gobernador Bordet, no fueron respondidos a lavaca, actitud recurrente y antidemocrática de los funcionarios implicados en estos temas.

Denuncia en la CIDH

¿Cómo se sigue, tras la sentencia del máximo tribunal nacional?

Aldana: “Por un lado, queda acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger a los más vulnerables, que son los niños y niñas que van a la escuela. Por el otro, interponer un amparo porque el decreto del Poder Ejecutivo no se cumple: los monitoreos de las fumigaciones se iban a hacer a través de GPS en cada una de las máquinas fumigadoras, toda una proyección tecnológica que no se hizo a la fecha. También prometieron la forestación de barreras arbóreas y no lo cumplieron”.

Estela: “Tenemos que ir a diferentes instancias judiciales para seguir explicando que no deben tirar veneno. Que debamos insistir en esto, habla de la insensatez que vivimos como pueblo. Sin embargo, estoy convencida de que no debemos abandonar la lucha por las presentes y las generaciones que vienen. Vivir en el campo es un privilegio, mientras no te fumiguen”.

Ramón: “Este fallo de la Corte Suprema no nos va a hacer bajar los brazos. Vamos a seguir trabajando, generando encuentros, conversaciones, acompañándonos, con escucha, con abrazos, con amor por el otro. Todo eso que no está en el modelo agrotóxico”.

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Mía: Cuando el arte abraza

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Mía es una obra de teatro que podríamos encuadrar dentro del biodrama o autoficción. Y es mucho más: es grito, es abrazo y, también es un espejo. La actriz y médica psquiatra Mercedes Bertuzzi expone en escena su propia historia: una situación de violencia machista que sufrió por parte de una ex pareja. Este sábado 18 de marzo y en el marco del 8M, esta obra testimonial se presenta en MU Trinchera Boutique a las 21 hs, entradas a la gorra.

“Los primeros años, luego de salir, fueron de mucha confusión, angustia y mucha bronca. Escribir me permitía depositar esas emociones en el texto. El primer objetivo fue descargar. Siempre estuvo el deseo de poder denunciar a través de ese texto que iba escribiendo, pero no estaba segura de si iba a encontrarle la forma. En el proceso empecé a entrenar con Marina Otero, ella hace autoficción, y ahí algo se destrabó, la vi, vi la obra”, cuenta Mercedes. Al terminar de escribir el texto, tomó conciencia de que no era exclusivamente autorreferencial sino que involucraba la historia de muchas otras. Así tomó coraje para llevarla a la escena. “En cada función se me acercan decenas de mujeres emocionadas a abrazarme diciéndome ‘somos muchas’. Todas pasaron por una situación de violencia o acompañaron a otra mujer que la pasó. Siempre termino la función con ganas de gritar cada vez más fuerte el texto de esta obra. Siento que estoy entregando mi historia al colectivo y eso hace que ya no me pese, ya no lucho contra ella. Cada mujer que se identifica con la historia se la apropia un poquito y le va dando más cuerpo al personaje de Mía”.

Con sus herramientas artísticas, Mercedes logró una obra poética, sin golpes bajos, con ironía y momentos muy divertidos.

En una escena, dos niñas juegan a ser actrices, prueban vestuario y declaman en nombre del amor. Las palabras son extraídas de las típicas canciones románticas de cantantes famosos, las que hemos aprendido y cantado a lo largo de los años. “Para quienes fueron víctimas, no es fácil hablar. La violencia nos deja mudas, vacías, solas, no hay palabras que alcancen para explicar. El arte nos habilita un lenguaje a través del cual poder decir lo indecible, nos devuelve la voz, en la forma que cada una elija expresarse. Y para quienes son público, adentrarse a la temática desde una propuesta artística creo que les permite hacerlo sin tantas resistencias. Te permite escuchar con otra disponibilidad. El relato atravesado por la dramaturgia, la música, los cuerpos. Mantiene su fuerza y su crudeza, pero es amortiguado de ternura, poesía, risa. Y eso permite que hablemos de violencia con personas que quizás no se acercarían de otras formas”. 

Cada vez que Mía fue presentada en distintos teatros —Mercedes quiere que la obra circule y abra a la reflexión— los comentarios de personas del publico se multiplican: “Presencié ese mismo diálogo”, “sentí exactamente eso”, “estuve en pareja con un tipo igual”. No solo es reparador para ella sino para muchas. “Romper el silencio es imprescindible. Me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que se acercan después de la función a abrazarme emocionadas por haber ‘contado su historia’, estuvieron ahí mismo o acompañaron a otra. De todas las edades, todas las clases sociales. Es escalofriante, es triste. Pero es también esperanzador encontrarnos. Ya no nos estamos quedando calladas, estamos denunciando y estamos convencidas de cambiar esa realidad. El haber sido víctima de violencia ya no queda solo como una herida que duele y mejor callar y olvidar. Hoy somos víctimas enojadas, creativas y sobre todo, en red. Compartir Mía me abrió los ojos a eso… Es mi historia, es la de muchas otras y, por suerte, es parte de la historia que estamos modificando”.

MU Trinchera Boutique, Riobamba 143

Sábado 18 de marzo a las 21 hs

Actúan: Mercedes Bertuzzi, Juliana Gotta, Gonzalo Pungitore, María Tibi

Entradas “a la olla”.

Podés reservar en este link:

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Punitivismo y feminismo en el caso de Lucía Pérez: una mirada sobre esa falsa dicotomía

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La abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse analiza por qué es falsa la dicotomía que pretenden instalar sectores que siempre trabajan para categorizar las divisiones del movimiento feminista. Así crean grietas sociales que les permiten alentar congresos, investigaciones y polémicas de las cuales viven.

Por Cristina Montserrat Hendrickse

Una corriente muy minoritaria de los feminismos entiende que reclamar la sanción penal del femicidio es una actitud punitivista.

Llegan a tal conclusión partiendo del concepto de que el castigo refuerza la violencia.

Evidentemente la idea de la que se parte es correcta, pero el error de la conclusión reside en asociar pena a castigo. En no distinguir la finalidad de la pena que impone nuestro Derecho de la triste realidad de castigo que significa la ejecución efectiva de las penas privativas de libertad.

Los feminismos en nuestro país se encuentran justificados jurídicamente en la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) incorporada a nuestra Constitución en 1994; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer (Convención de Belem do Pará) que es un tratado internacional de jerarquía superior a las leyes; y las leyes nacionales y provinciales que reglamentan a estos tratados.

Nótese que la convención de Belem do Pará obliga a los Estados a “sancionar” la violencia de género, además de prevenirla y erradicarla. El marco jurídico “sancionatorio” por excelencia es el Derecho Penal.

De allí que en nuestro sistema de derecho pretender eludir o abolir la punición de la violencia de género resulta jurídicamente anticonvencional, y por tanto anticonstitucional.

No por ello se deja de valorar el aporte del antipunitivismo feminista en cuanto sostiene que el castigo refuerza la violencia. Pero el problema del antipunitivismo reside en cuestionar al sistema (de origen convencional interamericano) de sanción de la violencia de género, y no al sistema de castigo que en los hechos (y apartándose del Derecho) sucede con la aplicación de la pena.

En efecto, la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad es la reforma y la readaptación social de los condenados (art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también incorporada a nuestra Constitución en 1994), sin olvidar el mandato de que “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…” (artículo 18 de la Constitución Nacional). De ambas reglas de jerarquía superior surge que la finalidad jurídica de las penas no es el castigo, como erradamente lo entiende cierta expresión del feminismo antipunitivista, sino la resocialización.

De allí que se impone una diferenciación entre “antipunitivismo” y “abolicionismo” que permita distinguir: si se pretende que la pena no se constituya en castigo sino como resocialización (antipunitivismo); o si se pretende abolir todo tipo de pena (abolicionismo penal).

La primera debería hacer foco en una reforma penitenciaria feminista, que lejos de reforzar el patriarcado lo deconstruya, no aboliendo las penas, sino modificando su ejecución a la finalidad que el impone el Derecho.

La segunda implicaría la abolición de todas las prisiones; y además, el desafío de construir respuestas ante los crímenes o lo que cada sociedad considera crímenes.

Evidentemente el castigo refuerza la violencia. Por lo que el mismo debe ser eliminado del sistema de ejecución penal, pero no el sistema de sanción; salvo que se sostenga el abolicionismo, teoría también respetable, pero que resulta anticonstitucional en nuestro sistema de Derecho, al menos en materia de violencia de género ya que la República Argentina se obligó ante la comunidad interamericana a sancionarla.

Toda decisión que se aparte de ese compromiso violentaría el sistema jurídico argentino y comprometería a nuestra Nación frente a la Comunidad Interamericana exponiéndonos a ser destinatarios de reclamos, cuando no de sentencias condenatorias, ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.

En resumen: debatamos sobre las cárceles, no sobre las penas.

Cristina Montserrat Hendrickse

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LA NUEVA MU. Lo que está en juego

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