Nota
Centroamérica sangra: crónica desde el fin de un mundo
El paso a paso de una caravana de mujeres que buscan a sus desaparecidos en bares, cárceles y rutas de México, entre la migración violenta y los Estados ausentes
El paso a paso de una caravana de mujeres que buscan a sus desaparecidos en bares, cárceles y rutas de México, entre la migración violenta y los Estados ausentes. Por Eliana Gilet para lavaca.org.
En el grupo que llega a México viajan 38 personas, pero sólo dos son hombres. Dos papás. La mayoría de las mujeres se conoce en ese momento, aunque viajan en pequeños grupos provenientes de distintas localidades de esos 4 países centroamericanos que sangran. Sangran gente.
Honduras.
El Salvador.
Guatemala.
Y Nicaragua.
Los números oficiales sobre las dimensiones del movimiento que está ocurriendo en la cintura de este continente -comparable a la migración siria, pero con menos prensa- son dramáticamente falaces, eso cuando siquiera existen.
A esta migración la han hecho visible las cifras frías de las deportaciones del último año tanto de México como de Estados Unidos*. El trabajo de estas mujeres también, aunque ellas reflejen la parte más dolorosa de ese movimiento: la incomunicación y el desarraigo.
Primera parada
El trayecto básico del camino al norte está delineado por las vías de La Bestia, un tren de carga. Un gusano de fierro hecho con contenedores semi-vacíos mientras la gente viaja trepada al techo, escondida. Gente que se ata cuando ven que el sueño los vence y corren peligro de caer del bicho en movimiento. Sucede y amputa brazos, piernas, lo que se le atraviese en su camino sediento.
Ese mínimo mecanismo de viaje, que ya de por sí era arriesgado y difícil, comenzó a ser combatido por el gobierno mexicano. El Plan Frontera Sur hace exactamente lo que anuncia su nombre: baja la barrera de paso a los centroamericanos en la frontera mexicana (todos requieren visa para entrar a México). Al menos es lo que viene intentando, porque a pesar de todos los pesares, lo hacen. Migran. Entonces México, que puede ser muy hostil si se lo requieren, se endurece con quienes osan atravesarlo de sur a norte, hacia el “gabacho”.
El testimonio del crecimiento de la violencia hacia los migrantes centroamericanos se brinda desde la diadema de albergues que alojan a quienes van en tránsito, salpicados en algunos puntos clave de la ruta en territorio mexicano. “La 72”, en Tenosique, Tabasco, en el primer descanso que se tiene en la ruta al norte, a 64 kilómetros de la frontera terrestre con Guatemala, que suelen hacerse caminando. En los últimos dos meses de 2015, esta Casa del Migrante registró 20 casos de violación sexual a mujeres y otros 15 en que personas fueron privadas de su libertad.
Con mayor o menor intensidad en la violencia sufrida se replican los relatos de los albergues en Chiapas, Veracruz, Tlaxcala, Puebla y México, ciudad – inflexión del recorrido para la Caravana de madres, ya que el norte está vedado.
Desparecidos
El norte. Una especie de tierra fantasma con ciudades abandonadas por sus habitantes, según relatos escasos. Lugar desde dónde varias de ellas recibieron el último llamado o referencia. La última vez que Edgar Rodolfo Xón Ajanel le habló a su madre fue el 21 de Julio de 2008, desde Matamoros, ciudad limítrofe con la frontera de Estados Unidos, en el estado de Tamaulipas. “Yo no sé si es cierto o es mentira que él estaba ahí. Preguntó a los que tenía alrededor y le dijeron Matamoros, pero él no conocía, es como yo que ahora tampoco sé dónde estoy”, explicó Sebastiana, su madre, participante de la Caravana. Su hijo tenía 22 años cuando salió de su comunidad en el municipio de Chichicastenango, en el departamento de Quiché, en Guatemala.
Es en ese norte donde ocurrieron dos masacres masivas que también pusieron a la migración en primer plano. El 22 de Agosto de 2010, 58 hombres y 14 mujeres fueron asesinados en un rancho en San Fernando, Tamaulipas. El 13 de Mayo de 2012, los cuerpos de 49 personas fueron abandonados en una carretera en Cadereyta, Nuevo León. La impunidad reina en ambos casos, pero en este último no se ha logrado siquiera identificar a todas las víctimas, ya que les arrancaron piernas, brazos y cabeza para impedirlo. Sólo 8 de ellos fueron identificados, a fuerza de madre. El Equipo Argentino de Antropología Forense fue el primero en tomar muestra de las familias que empujaban desde Honduras.
Es la primera vez que Lourdes María Suazo viene a la Caravana. “Estoy aquí por mi hermano, Mauricio Francisco Suazo Mejía, que murió en la masacre de Cadereyta”. Ella y otras ocho mujeres hondureñas formaron hace un año el Comité de Desaparecidos del Centro de Honduras (Cofamicenh) y ya llevan registrados 25 casos de desaparición de migrantes.
¿Qué significó para Lourdes pasar de algo tan traumático a convertirse, a sus 56 años, en una defensora de derechos humanos? “Quiero ayudar con la fortaleza que me ha dado mi hermano, mis compatriotas muertos. Tengo que ir a luchar por los demás y me dio tanto dolor ver en los albergues que venimos recorriendo que el 90 por ciento son hondureños, hay niños, señoras embarazadas. Hay mucha pobreza en Honduras, no hay trabajo y los gobiernos son ajenos a nuestro dolor”.
Son estas organizaciones locales de familiares las que han dado dimensión a la magnitud de la desaparición de migrantes en tránsito hacia Estados Unidos ¿Cómo lo hicieron? Contando.
Sólo Cofamipro (Comité de Familiares de Migrantes desaparecidos del Progreso) que tiene su rango de acción en ese municipio hondureño, llegó a la caravana con 200 fotos de migrantes desaparecidos, que ha documentado desde su creación en 1999. También lo ha hecho Cofamide, el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador.
Todas presentes en la Caravana, cargando retratos propios y ajenos. Se puede ver el paso del tiempo en esas imágenes, ya que hay personas buscadas desde fines de la década del 80. Podría escribirse una historia de la migración, del gusto, de la moda y de la belleza sólo con mirarlas. Podría escribirse un atlas completo de los últimos veinte años de Centroamérica siguiendo cada caso.
El método
El propósito de la Caravana es buscar pistas. Buscarlos porque nadie más lo hace sino ellas. Durante los once años que llevan recorriendo México han creado un método básico. Recorren cárceles, albergues y también bares y whiskerías. Recorren y golpean en las casitas de chapa que bordean las vigas del tren. Siempre con sus fotos sobre el pecho, con montoncitos de retratos en las manos, que sólo sueltan cuando cada día, en medio de la plaza de la ciudad en la que estén, los disponen en el piso y convocan a la gente a mirarlos. A recordar si alguno les resulta familiar.
Cuando la Caravana llegue a la Ciudad de México, 12 madres denunciarán penalmente la desaparición de sus hijos. De todos los casos posibles, en estos hay indicios de la participación del crimen organizado. También tienen en común que la última comunicación de los que iban en viaje sucedió desde algunas de las ciudades norteñas.
Resuena entonces, el reclamo:
- “Lo que quiero saber es cómo hago para buscar a mi hijo en el norte. Somos varias las madres que sabemos que nuestros hijos llegaron al Río Bravo. Son muchas las llamadas telefónicas que recibimos desde Reynosa, desde Matamoros, desde Piedras Negras”.
- “Todos estos casos tienen indicios de que hubo participación del crimen organizado y que hubo colusión del Estado mexicano, por eso son los que estamos presentando. Si no tienen esos indicios, pertenecen al fuero común, pero no vale mucho la pena hacerlo, porque es un proceso lento y los familiares no pueden estar regresando a pelearse con las autoridades para que les empujen sus casos”.
- “Somos más eficientes nosotros en encontrar, hemos encontrado muchos más que los que ha encontrado las fiscalías. Entonces, nosotros vamos a seguir buscando. Pero en dónde vemos alguna grieta que nos permita avanzar la causa, la usamos, lograr que pongan más atención en lo que está pasando”, explica Marta Soler, referente del Movimiento Migrante Mesoamericano, organizador de la Caravana de madres de Migrantes Desaparecidos en México.
Violencia de Estados
¿Por qué si hay casos que llevan tantos años se denuncian recién ahora? “La dificultad es que la hacemos en los consulados mexicanos y no tenemos eco. Los cónsules no están cumpliendo con su deber, están cuidando más que nada sus puestos de trabajo, y no están prestando atención”, contó Iris, que busca a su hijo Carlos Medina Martínez, visto por última vez cuando fue detenido en un retén policial en Reynosa, hace 3 años.
“Si de algo deben servir las embajadas es para hacer llegar justicia a esta gente tan humilde. El fiscal se sorprendía y preguntaba ¿cómo desde el 2009 que fue la desaparición no han interpuesto una denuncia? Una de las mamás le dijo: ¡Es que ni siquiera me dejan entrar en su país!” relató Jesús Robles Maloof, abogado especializado en Derechos Humanos y mediante el MMM está encargado de representar los doce casos. “Son doce que hemos identificados que tienen elementos suficientes para interponer una denuncia. El recibimiento fue adecuado y eso es importante en un país donde han sido desaparecidos sus hijos”, explicó a la salida de la Procuraduría.
¿Cuáles son esos elementos que hacen que se pueda denunciar? “Primero que la última comunicación que tuvieron con sus familiares fue en territorio mexicano, segundo que en diez de los doce casos hubo extorsión o un indicio de violencia en el último tramo del contacto entre las familias y los desaparecidos. En otros dos no hay más que un último mensaje, desde el Estado de México y el otro desde Sonora, pero el argumento para presentarlo en estos casos, aunque no haya indicios de violencia, es que como migrantes centroamericanos en México sufren persecuciones. Entonces nos acogimos al “temor fundado” de las familias que aunque no recibieron información de que sus hijos fueron secuestrados o violentados tienen el temor fundado de por ser centroamericanos, hayan sufrido una agresión”.
Lo que resulta imprescindible, explican tanto Sánchez como Robles Maloof, es la implementación del Mecanismo Trasnacional de Justicia, es decir, que en las embajadas mexicanas exista la posibilidad de que estas familias que hoy denuncian puedan seguir el trámite en las embajadas.
¿Confían en que las investigaciones oficiales funcionen? Iris responde: “Lo último que podemos perder es la fe. Buscarlos es una responsabilidad de las autoridades de México porque aquí se perdieron. Si fuera otro país donde ellos se perdieron ahí anduviéramos, pero fue exactamente acá y tenemos evidencia de que así fue. Al gobierno mexicano y a la ciudadanía les pedimos que colaboren, que recuerden que ellos también tienen hijos. Esperamos que ese grado de sensibilidad pueda despertarse en ellos, que somos madres las que andamos buscando a nuestros hijos. Un hijo no es cualquier cosa. Son una parte de nuestra vida y nos duele mucho saber que tenemos tres, ocho, diez, quince años y más sin saber de ellos. ¿Qué harían ellos si esto les pasara?”
No todo es trata
Como el norte les está vedado por cuestiones de seguridad, la Caravana vuelve a enfilar hacia el sur, hacia Oaxaca y Chiapas. En la Ciudad de México la búsqueda se feminiza.
En el céntrico barrio de La Merced está la casa de la Brigada Callejera Elisa Martínez. Por la boca oscura de un edificio laberíntico se cuela la guía de medias de red y minifalda roja. Tiene el gesto desconfiado en los ojos finos pero nos lleva. La casa de la Brigada está invadida por la prensa y las pibas se cohíben. Son jovencitas. Bellezas centroamericanas que van muy maquilladas aunque intentan cubrirse la cara para evitar las fotos, pero que les permita estar cerca lo suficientemente cerca de la fila de fotos desplegadas por el piso del techo del edificio, como para verlas bien. Sólo están las fotos de las mujeres en la casa de la Brigada Callejera, que ofrece ayuda y apoyo a las decenas de trabajadoras sexuales de la zona. Las fotos en el piso también son muchas. Las mujeres también migran.
Denia y su madre María de la Cruz Santos hace 14 años que no se ven. Ella salió de Honduras cuando tenía 20 años y dejó a dos de sus hijos con la abuela. Estuvo 4 años presa. Cuando la Caravana llegue a Tapachula, Chiapas, madre e hija se reencontrarán, en los últimos días del recorrido. “Una emoción siento, creo que casi me escapé de desmayarme. Fíjese que nos tomaron un video, y hablé del sufrimiento que había sentido, de la familia, los hermanos que habían muerto, uno mayor y uno menor que ella. Es duro contar esas cosas. Ella me dijo que había estado presa cuatro años, para mí fue duro, triste”, explica María.
Además de la emoción en las palabras de su madre, la historia de Denia viene a cuento para mostrar un mecanismo harto siniestro. Denia estaba trabajando en un bar en Tapachula, cuando la policía llega haciendo una redada buscando “desarticular una red de trata”. ¿Cómo termina presa una migrante que está trabajando tras una redada policial que busca desbaratar una red de trata? La acusan de ser la tratante. Tenía sobre su cabeza una condena de 13 años de cárcel, pero la presión de distintas organizaciones, logró que se redujeran a los 4 que cumplió.
“Su caso muestra como se está manejando este conflicto tan serio que es la trata en México”, explica nuevamente Marta Sánchez. “La ONU aporta dinero al Estado Mexicano desde hace un tiempo para que persiga a las redes de trata. Pero eso se ha traducido en que la policía apresa a chicas sean o no víctimas de trata”.
El mecanismo es el siguiente: cuando llega la policía a los bares en dónde se ejerce (o no siempre) la prostitución, los dueños y señores de los locales, tienen a alguna de las chicas que allí trabajan como encargadas. Cuando llega la policía quienes son señaladas como responsables son las mujeres. ¿La consecuencia? La mayoría de las apresadas, a cuenta de la presión – y el dinero – enviado por las Naciones Unidas, son mujeres. “Las ponen de escudo, las usan los dueños de los locales”.
Sánchez insiste en que hay que diferenciar a las víctimas de trata de quienes ejercen la prostitución como decisión libre. “El problema es que estas acciones han servido para criminalizar a quienes ejercen la prostitución como su decisión, que es un trabajo que respetamos”.
Con lo que no caben dudas en que llegar a la cárcel siendo un migrante implica una violación a sus derechos básicos. “En todos los casos se ha violado el debido proceso”, explica Sánchez.
Visita al penal
Durante las caravanas los centros de privación de libertad son un punto de visita obligado. “Queremos encontrar centroamericanos en estas cárceles, es la primera que visitamos, pero sabemos que los hay”, explicó una de las madres en las puertas del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Tenosique, en el estado de Tabasco.
“Que sean justos con nuestros centroamericanos, que les apliquen las leyes de México que sean justas con ellos, eso es lo que buscamos. No queremos romper las leyes de México, queremos que tengan un trato digno como cualquier ser humano dentro de un penal, aún si cometió un delito, que tenga derecho a un abogado, que tenga derecho a un trato como cualquier ser humano”.
Una a una fueron registradas en el libro de visitas, a mano, lentamente llamadas a ingresar al penal por una puertita estrecha. Sin gorras ni lentes oscuros. Sacando el dinero que llevaban escondido entre la ropa íntima, como hacen las veteranas. “En otro penales que hemos visitado no hay tantos requisitos, pero eso depende de cada cárcel”
Esa visita fue frustrante. “No era la forma como esperábamos verlos y obtener información. Ellos empezaron a salir uno por uno y todo el grupo nuestro estaba frente a una puerta muy pequeña. Salía uno y le preguntábamos de dónde era. Era imposible mostrarle todas las fotografías. Teníamos una reja de por medio, lo que no nos daba acceso a una comunicación más cercana para que nos dijera quien es y de dónde viene”. Porque no se trata sólo de buscar a los propios sino de contactarlos a los ajenos con sus familias. En ese penal las autoridades les dijeron que sólo tenían registro de ocho centroamericanos presos, pero las mujeres explicaron que también hay dificultades para identificarlos, ya que muchos de los que caen, como vienen indocumentados, se presentan como mexicanos. “No están identificados con los países que buscamos. Ellos ocultan su identidad por la criminalización que hay en los centros penitenciarios del país”.
Sin embargo, algo bueno (e inesperado) sí surgió de esa visita.
- “Dicen que tiene seis años de estar ahí, que lo están acusando de algo que no hizo, da la casualidad que conozco a la familia de él, es de allá de mi lugar, de Progreso, Honduras. A él no lo conocía, pero ya conozco a la mamá y llevo una notita para dársela a la mamá y va a ser una alegría porque dice que desde que se vino nunca se ha comunicado con la familia. Hace seis años está detenido, llegando lo agarraron. Me dice: “verdad que usted vive en la Siete de Abril, de Honduras ¿es verdad? Yo la conozco, me dice. Le pregunto ¿de dónde sos? (sí, vocean los centroamericanos) De la primavera, me contesta”. La Primavera es una colonia de la región del Progreso. “Entonces ahí vive la mamá y la familia y le llevo su notita”.
No están solas
Entre las madres hay coladas otras mujeres que no tienen un familiar desaparecido, pero para quienes esas madres se han convertido en las propias. Sino en madres en hermanas, en confidentes. Una de ellas es Catalina López. Catalina es de las pocas en el grupo que se ha negado a usar la remera blanca que las identifica, y porta el típico colorido ropaje guatemalteco. Explica que es parte de lo que es y lo que refleja.
“A través de mi energía (e indica un colgante de piedra verde que le cuelga del cuello), esta es una energía que se llama Tixaj y es una energía que literalmente dice que es la lengua del abuelo, el gran fuego del abuelo. Todo fuego es sanador, todo fuego es curador, todo fuego es fortalecedor. El fuego viene a renovarte. La energía de este día dice que puedes trabajar con cosas imposibles. Me lo he apropiado junto a mi forma de ser y a mi cultura para poder apoyar desde lo que tengo”.
Catalina tiene una especialidad en salud mental comunitaria y como también es parte del pueblo indígena, une tradiciones. “Trabajamos el proceso de acompañamiento a los familiares de migrantes desaparecidos y no localizados, porque la migración tiene efectos en los que se van, en los que se quedan y en los que regresan. Son diferentes enfoques que se dan dentro del mismo contexto de la migración”.
La tarea se desarrolla con un estimado de 200 familias, pero según relata López, es un número muy pequeño en relación al total de los desaparecidos, ya que únicamente trabajan en la parte sub occidente, pero no en la parte oriente de Guatemala.
¿Cómo es el trabajo que realizan? “Trabajamos con las comunidades desde un punto de vista individual, familiar y comunitario naturales, en formas de poder afrontar esta situación, para ir regenerando nuestras energías frente a esto. Utilizamos también la cosmovisión maya, las energías de los días, para obtener la fortaleza para seguir adelante. Nuestros hijos están desaparecidos pero la vida sigue: cómo tener energías para esperarlos, para buscarlos”.
Explica: “La migración ahora está recrudeciéndose más, pero la desaparición no es nueva, hay familiares que buscan desde hace 17 años, ellas mismas como familias han buscado formas de sobrevivir. Es importante mencionar que nuestro apoyo ha servido bastante: trabajar sobre los sentimientos y nuestros pensamientos. Hay gente que físicamente se está muriendo porque no ha podido hablar de lo que lleva en su corazón y en su mente”.
¿Cómo poder abrir esa comunicación y ese espacio de confianza? “Eso se logra a través de nuestra comunicación con el idioma (el k´iche) que no es igual a alguien que sólo habla el español de aquí, que yo le transmita esa emoción”.
Esa comunicación en su idioma – dice- genera la confianza para poder hablar de lo que les sucede a las personas. Es un gran sufrimiento que no es expresado, cuenta, que hace que se vea a la migración como un problema individual, haciéndolas sentir responsables del destino trágico, con culpa.
“No se puede sentir culpa porque migrar es un derecho. Por eso hablamos que en los tratados de libre comercio entre los países no hay fronteras cuando se trata de productos, pero cuando se habla de seres humanos en dónde sí están las fronteras”.
El método es el grupo como apoyo: “Pensar que no solo mi caso me afecta en lo individual sino ver cómo el problema migratorio está generalizado en el caso de Guatemala, por la estructura de violencia y la pobreza”. Entender de dónde viene esto, contar en el grupo lo que se siente y socializar las formas que cada uno tiene para salir adelante para que otros puedan ser parte de esa solución y búsqueda.
“Hay mucho que contarse porque hay muchas experiencias de qué hacer. Ha sido una práctica primeramente desde las comunidades, los pueblos, las personas”. Es decir, viene de abajo.
¿Cómo se vinculó Catalina López con esta perspectiva y terapia? “Cada uno de nosotros, como personas individuales, hemos nacido para algo. Dentro de nuestro calendario maya tenemos energías, cada uno hemos nacido con un don. Primero identificar ese don para saber que podes ayudar, fortalecer a los demás y que es parte de la lucha”.
Es la búsqueda la que les brinda un poco de aire a estas mujeres. El cambio que opera en ellas esos 20 días que dejan sus pueblos y salen tras sus hijos, puede incluso verse. A veces, con mucha atención y paciencia, se aprecia el momento exacto en que sucede.
Las mujeres empiezan a levantarse a las 4 de la mañana para poder ducharse todas antes de volver a salir, y hacer buen uso de las instalaciones disponibles en el hospedaje de turno. En la noche dejaron colgadas en los pasillos las húmedas remeras blancas que lavaron antes de dormir, para volver a lucirlas con prolijidad de madre al día siguiente. Priscila sale del baño en que acaba de ducharse con agua fría, usando un jarrito y un balde. Aún no amanece. Lleva una falda roja. Busca la foto enmarcada de su hija sobre la que ha derramado cientos de lágrimas. Levanta la cabeza y se ve observada. Entonces, sonríe.
Eliana Gilet es una joven periodista uruguaya de alto calibre. Parida en el semanario Brecha, de Uruguay, actualmente vive en la Ciudad de México y trabaja para el portal Desinformémonos.
*México no sólo triplicó la recepción de pedidos de asilo de centroamericanos en los últimos tres años, sino que entre enero y agosto de 2015 había deportado a más de 100 mil personas a esos países, más del doble de las que practicó Estados Unidos.
Nota
Volvió Julian Assange: “Me declaré culpable de haber hecho periodismo”
El fundador de Wikileaks dio hoy su primer discurso público desde que fue liberado tras 14 años de encierro. “Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, comenzó disculpándose ante la audiencia. Acompañado de su esposa y abogada, trazó un detallado racconto de lo que representa su caso hoy, haciendo eje en los peligros de la persecución al periodismo y los límites a la libertad de prensa; señaló a la justicia, a la inteligencia y a los poderes “transnacionales” como parte del esquema de amedrentamiento, a favor del ocultamiento de la verdad: “Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”, sintetizó. Resumimos aquí sus palabras incómodas, que volvieron a ver y echar luz.
Por Bernardina Rosini
Estrasburgo, Francia. En el Consejo de Europa y bajo la mirada atenta de los parlamentarios de 46 estados de la organización de derechos humanos de Europa, habló Julian Assange. Es el primer discurso público que realiza desde su liberación el pasado mes de junio, tras 14 años de encierro —primero en la embajada de Ecuador en Londres, y luego en la prisión de Belmarsh, en el Reino Unido—, enfrentándose a la extradición a Suecia y a Estados Unidos.
El escenario elegido por Assange para su regreso a la vida pública no pudo ser más simbólico. El fundador de WikiLeaks es una figura emblema de la libertad de expresión, y lo expresado esta mañana no fue tanto una declaración personal como una advertencia sobre los peligros que enfrentan el periodismo y las democracias hoy.
Sentado junto a Stella, su esposa, madre de sus hijos y su representante legal, Assange expuso con voz pausada pero firme. Esta aparición fue una excepción dentro de su esquema de recuperación: “La experiencia del aislamiento durante años en una celda pequeña es difícil de transmitir. Te quita el sentido de identidad”, dijo Assange. “Tampoco puedo hablar todavía de las muertes por ahorcamiento, asesinato y negligencia médica de mis compañeros de prisión. Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, se disculpó ante la audiencia.
Periodismo en el banquillo
Julian Assange no brindó más detalles que aquella mención sobre su encierro. Su mensaje, claro y directo, apuntó más bien al papel del periodismo en las democracias contemporáneas y al ataque sistemático que éste sufrió en las últimas décadas.
“Finalmente elegí la libertad por sobre una justicia irrealizable”, afirmó Assange al explicar por qué aceptó el acuerdo que lo liberó: “Quiero ser totalmente claro: no soy libre porque haya funcionado el sistema. Soy libre porque me declaré culpable de haber hecho periodismo” y detalló: “Me declaré culpable de buscar información de una fuente. Me declaré culpable de obtener información de una fuente y me declaré culpable de informar al público cuál era esa información. No me he declarado culpable de nada más”.
En sus palabras Assange no solo reflejó su lucha personal, sino que también expuso una verdad más amplia: el sistema judicial, que debiera proteger la verdad y la libertad de prensa, se convirtió en un instrumento para silenciar o inmovilizar oponentes. ¿Nos suena?
“Después de años de encierro y enfrentar una pena de 175 años de prisión sin ninguna solución efectiva, no podré buscar justicia por lo que me hicieron debido a que el gobierno de los Estados Unidos insistió por escrito en su acuerdo de culpabilidad en que no puedo presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o incluso en virtud de la Ley de Libertad de Información”.
La intervención de Assange resaltó las fallas fundamentales del sistema legal internacional, que fue utilizado como arma en su contra. “La persecución transnacional es una amenaza real”, subrayó. Los poderosos, según él, han aprovechado los vacíos y contradicciones en las normativas internacionales para perseguir y reprimir a quienes exponen sus crímenes: “Molestamos a uno de los poderes constitutivos de los EE.UU.: el sector de la inteligencia, quienes tuvieron el suficiente poder para forzar una reinterpretación de la Constitución americana. Mi ingenuidad fue creer en la ley; después de todo, las leyes son solo trozos de papel y pueden reinterpretarse por conveniencia política”.
“La criminalización de las actividades periodísticas es una amenaza para el periodismo de investigación en todas partes”, alertó Assange, llamando la atención sobre el peligro que representa este tipo de persecución para la democracia y esperando que su testimonio sirva para visibilizar las debilidades del sistema de garantías existente. Además de señalar los desafíos por delante, Assange compartió su análisis sobre el periodismo y las noticias desde que está en libertad: “La verdad parece ahora menos discernible y lamento todo el terreno que se ha perdido durante ese período de tiempo. Cómo se ha socavado, atacado, debilitado y disminuido la expresión de la verdad. Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”.
La persecución transnacional y el impacto en la libertad de expresión
Julian Assange es más que una figura en el ojo del huracán. Su caso sienta precedentes peligrosos para la libertad de expresión y para la justicia a nivel global. En su discurso ante el Consejo de Europa, Assange denunció la persecución feroz que ha enfrentado, no solo como individuo, sino como un periodista que expuso verdades incómodas. “Ningún individuo tiene la menor esperanza de defenderse de los vastos recursos que puede desplegar un Estado agresor”, afirmó con dureza, señalando cómo su lucha contra el aparato judicial estadounidense revela la fragilidad de las garantías jurídicas cuando un poder decide imponer su voluntad extraterritorialmente.
Assange también reflexionó sobre la naturaleza del periodismo y el rol de quienes buscan la verdad: “Entiendo el debate que hay a la hora de diferenciar a un activista de un periodista. Para mí, la clave es ser siempre preciso. Todos los periodistas deben ser activistas de la verdad”. Este comentario enfatiza la importancia de no solo informar, sino también de actuar con responsabilidad, profesionalismo y precisión en un mundo donde la información se ha convertido en un campo de batalla.
Lo que comenzó como una acusación de espionaje se transformó en una guerra jurídica que desafía los límites del derecho internacional. Assange dejó en claro que la criminalización del periodismo de investigación, especialmente cuando involucra a potencias mundiales, es una amenaza latente. A través de su caso, se desvelaron las inconsistencias y abusos de los sistemas legales, los cuales se tornan herramientas para reprimir voces disidentes en nombre de la seguridad nacional.
La situación que Assange tiene resonancias directas con los procesos de lawfare que afectaron a figuras políticas América Latina, y la violencia creciente contra periodistas críticos del gobierno de nuestro país. El uso de herramientas legales como mecanismo de persecución política y judicial para silenciar voces críticas interpela nuestra actualidad. En su intervención, Assange también subrayó la necesidad de una respuesta colectiva: “Es vital estar juntos para hacer frente a las amenazas a la libertad de prensa”, en un llamado a la unidad frente a la creciente represión a nivel global.
La advertencia de Assange no debiera diluirse: los derechos de quienes exponen la verdad están bajo ataque, y las democracias que no los protegen se arriesgan a morderse la cola. La criminalización del periodismo no solo pone en peligro la libertad de expresión, sino que erosiona los pilares de sociedades abiertas e informadas.
Lo que está en juego es el futuro del periodismo y su capacidad para desafiar el poder: eso es lo que, una vez más, nos dejó claro Assange hoy.
Gracias.
Nota
Crónica de una causa armada: condenaron por “usurpación” a 7 integrantes de una comunidad mapuche
Después de agradecer a la Gendarmería, “que nos facilitó las instalaciones” (ya que las audiencias se realizaron dentro de un Escuadrón de esa fuerza), la Justicia Federal condenó a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por una supuesta “usurpación” de hectáreas pertenecientes al Parque Nacional Nahuel Huapi. La comunidad plantea que se trató de una recuperación que incluso fue homologada por el propio juez Hugo Greca que ahora firmó la condena (y agradeció a Gendarmería). La síntesis de la ausencia de justicia según una de las abogadas: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”. Pese a la condena, la prisión de las mujeres queda en suspenso. Lo que molesta en el sur, la postura de las condenadas y una causa armada que tiene en el medio otro crimen impune: el de Rafael Nahuel. La voz de una de las acusadas tras la sentencia: “Nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo”.
Por Francisco Pandolfi
Unos segundos antes del veredicto, se obsequiaron algunos agradecimientos, verbales y sin pudor.
“Primero a Gendarmería Nacional, que nos facilitó estas instalaciones. También al Comandante Principal García, jefe del escuadrón, y al Comandante Mayor Morales. Nos dieron comodidad, café, agua, nos mantuvieron bien”.
Ahora sí, después de las palabras de juez Hugo Greca (titular del Juzgado Federal de Coronel Roca), las condiciones parecían dadas para la lectura de una sentencia sobre un juicio exprés, que sólo tuvo tres audiencias. Exprés XXL. Exprés al cuadrado. Un juicio oral que arrancó el jueves pasado.
Que continuó el viernes y que finalizó hoy, con los últimos testimonios, los alegatos y con un fallo que se pronunció en un ámbito inapropiado: el escuadrón 34 de Gendarmería, en la ciudad rionegrina de Bariloche. Un salón que estuvo revestido para la ocasión: rodeado de un desmedido despliegue de efectivos de seguridad.
La causa (armada)
Este lunes se juzgó a siete integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, por la usurpación de un predio de siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi, en septiembre de 2017. Una rectificación a la palabra “usurpación” la hace la comunidad, porque plantea el quid de la cuestión: no lo llaman usurpación, sino recuperación. “Nos acusan de usurpar nuestro territorio”. Y explican: “Fue parte de una reivindicación ancestral con el objetivo principal de estar en el territorio donde está nuestro Rewe (sitio sagrado de conexión con otras energías) en donde la Machi (guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche), se levantó hace siete años en la lof Lafken Winkul Mapu”.
En ese proceso de recuperación, el 25 de noviembre de 2017 fue asesinado uno de los integrantes de la comunidad: Rafael Nahuel recibió un disparo por la espalda, del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Por ese crimen fueron condenados cinco prefectos a 4 y 5 años de prisión.
Antes de comenzar el juicio, desde la defensa que llevó adelante la Gremial de Abogados y Abogadas, habían anticipado: “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano. Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”. La presunción tenía un basamento evidente: la causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional al erradicar un pacto preexistente que reconocía al Rewe como sitio sagrado. El juez Hugo Greca –el mismo que hoy dictó el veredicto– había homologado el acuerdo conciliatorio firmado en junio de 2023 entre Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación en ese entonces, y Alejandro Marmoni, expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
El fallo
En los alegatos, desde la Gremial exigieron la absolución, apoyándose en los tratados internacionales y las leyes nacionales que amparan los derechos mapuche. Y expresaron que el juez tenía “la oportunidad de aportar al proceso histórico”, así como abonar a “una solución dialogada y pacífica. Si hay condena, el conflicto territorial y de cosmovisión va a seguir”.
Sin embargo, luego de los agradecimientos a Gendarmería se escuchó “la condena de dos años de prisión cuya ejecución se dejará en suspenso” a Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan y Gonzalo Fabián Coña, por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de usurpación.
La farsa actual
Gustavo Franquet es uno de los abogados defensores. Desde Bariloche le dice a lavaca: “Esta condena compromete internacionalmente al Estado, por violar todo tipo de tratados y convenciones nacionales e internacionales, inclusive la Constitución Nacional. Que los condenen por usurpación es negar su realidad de pueblo originario, es negar su propia existencia, es negar sus derechos particulares. Con esta resolución se ponen del lado colonialista, así que por supuesto que vamos a apelar, y si es necesario iremos hasta la Corte Suprema”.
Una de sus compañeras, Laura Taffetani, agrega sobre la resolución del juez Hugo Greca: “El juicio fue una farsa y forma parte de esta nueva versión de la Campaña del Desierto que venimos denunciando hace años. En las audiencias quedó claro el desequilibrio que hubo entre la querella de Parques Nacionales y la Fiscalía en comparación a nosotros. Todo lo que pidieron ellos fue todo lo que el juez condenó, excepto el tema del Rewe. El fiscal había pedido que los miembros de la comunidad no pudieran ir al lugar sagrado, y eso el juez no lo aceptó”.
En relación a lo que muestra la condena: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”.
Después de la sentencia, en la puerta del cuartel de Gendarmería se improvisó una ronda donde hablaron las mujeres mapuche, en medio de un viento bien patagónico –de esos que no entienden de primaveras: “Aunque nos hayan condenado en suspenso, esta lucha no se termina acá, hay que seguir por el Rewe, por todos nosotros y por nuestros pichis (pequeños)”, dice María Nahuel. La Machi Betiana Colhuan Nahuel –que era una de las acusadas pero en la primera audiencia fue absuelta porque era menor en 2017–, continúa, con énfasis: “Esta lucha viene de nuestros ancestros y la continuaremos. No nos vamos a rendir, seguiremos firmes hasta que dejemos esta tierra. Otras comunidades se levantarán y vamos a resistir desde los distintos territorios”.
Romina Rosas fue la última en tomar la voz y en dar su propia sentencia: “No tenemos que bajar los brazos pese a que el winka (blanco invasor) nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo, con nuestra verdad y con nuestras palabras”.
Nota
Comenzó un vergonzoso juicio a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu: “La condena está escrita de antemano”
El gobierno nacional – con Patricia Bullrich como figura estelar de la persecución mapuche- vuelve a la caza de la comunidad que supo iniciar un proceso de recuperación de tierras en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Barrido un acuerdo preexistente entre el Estado y la Lafken Winkul Mapu, que había sido homologado por la justicia, impulsa un juicio que comenzó hoy para condenar por “usurpación” a siete mujeres. Increíblemente, o no, el proceso ocurre dentro de un cuartel de Gendarmería, fuerza que hoy montó un show para amedrentar a las mujeres, sin lograrlo: en esta nota, las imágenes del vergonzoso operativo, y de la dignidad mapuche. “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano”, asegura a lavaca uno de los defensores de la comunidad . “Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”. El recuerdo de Rafael Nahuel, y el genocidio que continúa.
Por Francisco Pandolfi. Foto de portada: Eugenia Neme. Fotos de la audiencia de hoy: Alejandra Bartoliche
Foto: Alejandra Bartoliche
La causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional, que barrió un acuerdo preexistente que sí reconocía el Rewe como sitio sagrado.
Los efectivos de Gendarmería empiezan a llegar a raudales, por dos motivos concretos.
1-El lugar: el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional.
2-El contexto: hoy comenzó el juicio oral contra la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por la usurpación de un predio en Villa Mascardi.
La conexión entre el punto 1 y el 2, aunque sorprenda, es que efectivamente el juicio se desarrolla dentro del cuartel de Gendarmería.
El por qué de la decisión se impone como pregunta.
La respuesta de las autoridades: “Por seguridad”.
No hay que ser muy observador para notar la desproporción de las fuerzas esta mañana, en la antesala del inicio de la primera audiencia: decenas de gendarmes, por un lado. Por el otro, las siete mujeres acusadas de la comunidad.
Antes de comenzar el juicio, Gustavo Franquet, de la Gremial de Abogados y Abogadas que defienden a las personas imputadas, le dice a lavaca: “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano. Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”.
Las otras dos audiencias que conforman al Juicio Oral serán mañana viernes y el lunes 30. No serán en el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, como dice la transmisión online por donde se puede ver lo que pasa en la sala.
Serán, también, en el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional.
Foto: Alejandra Bartoliche
El contexto
Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan, Gonzalo Coña y Betiana Colhuan son integrantes de de la Lof Lafken Winkul Mapu y están acusadas de usurpar un predio de siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi en septiembre de 2017. En ese proceso fue asesinado Rafael Nahuel, uno de los integrantes de la comunidad: el 25 de noviembre tras un disparo por la espalda de un efectivo del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Por ese crimen fueron condenados cinco prefectos a 4 y 5 años de prisión (https://lavaca.org/notas/crimen-de-rafael-nahuel-condenan-a-los-prefectos-a-4-y-5-anos-de-prision-pero-la-familia-apelara/).
La comunidad mapuche no la llama usurpación, sino recuperación. Y plantea que aquella recuperación “fue parte de una reivindicación ancestral”.
Lavaca viajó al lugar y entrevistó a estas mujeres, quienes narraron largamente cómo este proceso es una reivindicación ancestral basada en el reconocimiento del Rewe.
El Rewe es un altar, un sitio sagrado de conexión con otras energías en donde la Machi, guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche, se levantó hace siete años en la lof Lafken Winkul Mapu. La Machi se llama Betiana Colhuan Nahuel y desde su Rewe atendía a quien fuera a curarse. Ella era una de las acusadas, pero hoy fue absuelta porque era menor (16 años) al momento del hecho.
La causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional, que barrió un acuerdo preexistente que sí reconocía el Rewe como sitio sagrado. El juez Hugo Greca había homologado el acuerdo conciliatorio firmado en junio de 2023 entre Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación en ese entonces, y Alejandro Marmoni, expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Foto: Alejandra Bartoliche
El comienzo del juicio oral
En la puerta del Escuadrón 34 de Gendarmería, a la salida de la primera audiencia –que se extendió hasta pasadas las seis de la tarde–, el abogado defensor Gustavo Franquet le cuenta a lavaca: “Lo fundamental de hoy fue, que en el momento de las excepciones, de la parte preliminar al juicio, la defensora de la Niñez que intervino de oficio pidió que se sacara a la Machi Betiana de la causa por haber sido menor de edad”. La fiscalía y el juez Hugo Greca estuvieron de acuerdo.
La mayoría de las declaraciones de hoy fueron de policías federales que intervinieron en el operativo de desalojo. “Y al final estuvo el plato fuerte –dice Franquet–, porque declaró el que era intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Damián Mujica, quien hizo la denuncia contra la comunidad. En la audiencia de hoy quedó claro que desde el primer momento la intencionalidad del Parque fue criminalizar a la comunidad, porque en vez de dialogar con ella como plantea su reglamento interno, hicieron la denuncia penal y la fiscalía ordenó el desalojo violento, que luego terminó con el asesinato de Rafael Nahuel”.
Franquet hace un silencio y cuenta: “Hoy Mujica dijo dos o tres veces que Rafael Nahuel falleció y no: a Rafael Nahuel lo asesinaron”.
¿Cómo sigue el juicio? Mañana, en la segunda audiencia, seguirán declarando los testigos y si hay tiempo empezarán los testimonios de las personas imputadas. Para el lunes están previstas las últimas testificaciones, los alegatos y, tras un cuarto intermedio, el juez dará la sentencia.
Cierra Franquet: “Más allá de lo que dictaminen, de ninguna manera ocurrió una usurpación y hay pruebas de esto. No fue una usurpación: fue una recuperación ancestral”.
- Revista MuHace 19 horas
Mu 197: ¿Dónde está?
- Revista MuHace 3 semanas
Mu 196: El modelo
- NotaHace 2 semanas
Incendios en Córdoba: zona de catástrofe
- ActualidadHace 4 semanas
Vetados y reprimidos: la ronda de los miércoles de los jubilados fue atacada por un desproporcionado operativo policial
- Mu178Hace 2 semanas
La pieza clave: ReCoop, distribuidora de productos de empresas recuperadas
- NotaHace 2 semanas
Julio López, desaparecido en democracia hace 18 años: sus testimonios contra la Bonaerense
- ActualidadHace 3 semanas
Verdad y consecuencias del veto a la movilidad jubilatoria: el día que puede cambiar todo
- ArtesHace 2 semanas
Maca, Eva & infancias: arte en modo Primavera