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#ChauBullrich: un duro informe de la ONU cuestiona al Estado argentino en el caso Maldonado
El informe comienza señalando que «pasó más de un mes» para que ésta información fuera tenida en cuenta y recuerda al Estado argentino que los primeros momentos tras la desaparición de una persona «son los de mayor relevancia en la perspectiva de buscar y ubicar a la persona desaparecida».
Además de lo que (no) hizo el poder judicial y ejecutivo, señala en particular las declaraciones públicas que se hicieron a lo largo de los primeros 35 días posteriores a la desaparición de Santiago Maldonado por «altos mandos del gobierno del Estado».
Las declaraciones de Bullrich
El informe, firmado por Ibrahim Salama, jefe de la Subdivisión de Tratados de Derechos Humanos, cuestiona la postura del poder ejecutivo que, en esas declaraciones públicas, rechazó «la hipótesis de involucramiento de las fuerzas federales en los hechos, así como la tipificación de los mismos en una desaparición forzada”. Los expertos enumeraron, en particular, algunas de las declaraciones de la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich:
- El 7 de agosto, la ministra dijo que “no hay ningún indicio” del involucramiento de Gendarmería en la desaparición.
- El 27 de agosto, declaró a La Nación: “Estoy segura de que no fue Gendarmería porque investigamos mucho”.
- El 16 de agosto, la ministra dijo en su interpelación en el Senado que no había ningún testimonio que aseverara que Maldonado estuvo en la Pu Lof. Dicen los expertos: “El Comité queda sorprendido con esta afirmación toda vez que ya existía una declaración incorporada a la investigación judicial en la que se ubicaba al señor Santiago Maldonado en el territorio”.
Por esa razón, concluye: “El Comité está altamente preocupado porque estas posiciones e hipótesis fueron presentadas de forma pública antes de que se haya realizado una investigación integral y exhaustiva de los hechos y, en particular, del proceder de Gendarmería. Como resultado de esta situación, el posible involucramiento de la Gendarmería solamente fue integrado como hipótesis de investigación seria más de un mes después de la desaparición del señor Maldonado, tiempo en el cual no se ha cumplido con las acciones calificadas como urgentes dentro de los estándares básicos de personas desaparecidas”.
Prioridad: los medios
Los expertos también dedican un apartado a la filtración de las “actuaciones administrativas” del Ministerio de Seguridad y se declara «sorprendido» de la filtración de éstas a algunos medios de comunicación incluso antes de que figuraran en la causas judiciales. A modo de ejemplo, cita cuando el Ministerio aportó las entrevistas relacionadas al incidente en el que un gendarme le habría tirado una piedra a un manifestante a las 00:20 del martes 12 de septiembre. No obstante, según la información proporcionada al Comité, «esa información fue publicada en la versión impresa del diario La Nación del mismo 12 de septiembre, antes de que las partes tuvieran conocimiento de dicha presentación”.
Los expertos señalan que esa acción “no es compatible con los principios básicos de confidencialidad y debido proceso aplicables a la investigación de cualquier caso de desaparición forzada”, y en ese sentido, el Comité requiere al Estado argentino una serie de explicaciones:
- “Proporcionar información sobre las razones por las cuales las autoridades a cargo de la búsqueda del señor Maldonado y de la investigación de su desaparición esperaron más de un mes para tomar en cuenta de forma efectiva todas las hipótesis investigativas disponibles y relevantes”.
- “Asegurar que el equipo a cargo de la búsqueda del señor Santiago Maldonado y de la investigación de su desaparición cuente con el profesionalismo, imparcialidad, autonomía y legitimidad necesarios al desarrollo de sus funciones”.
- Excluir de la investigación a toda persona que pueda estar involucrada “de alguna manera” en la desaparición.
- “Adoptar todas las medidas necesarias para investigar y sancionar cualquier tipo de intervenciones de las autoridades del Estado parte que hayan podido entorpecer, hasta la fecha, la efectividad de los procesos de búsqueda e investigación en curso”.
A su vez, en otro apartado del Informe el Comité de la ONU señala la «entrega tardía» de actuaciones admistrativas con datos sobre la actuación de la Gendarmería, en particular de «varias entrevistas a gendarmes que tuvieron lugar a mediados de agosto, pero solo fueron entregadas al expediente a finales de septiembre».
El informe previo
Los expertos del Comité toman en cuenta el duro dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que –como reveló lavaca hace unas semanas– define la investigación del Ministerio como “chapucera”. El Comité toma nota que las actuaciones incurrían en la “falta de certeza” en el origen de las actuaciones; las dudas sobre la supuesta funcionalidad o no del área que encaró las entrevistas a los gendarmes; y la “informalidad” de esos contenidos que no contaron con “ningún tipo de resguardo legal” para los efectivos entrevistados.
“Chapucera”: así califica un dictamen fiscal a la investigación de Bullrich
El rol de Gendarmería
Los expertos lamentan que las declaraciones, fotografías y videos con imágenes del operativo fueron integradas “de forma muy tardía” a la investigación y resaltó la preocupación de que las autoridades del Estado “inicialmente elaboraron su estrategia” en base a declaraciones “no verificadas” sobre que los efectivos no habían llegado hasta el Río Chubut el 1 de agosto cuando las propias actuaciones internas lo desmentían. También criticó que los vehículos de Gendarmería “podrían haber sido lavados” (como denunció el Defensor Oficial Federal Fernando Machado) que hay un “faltante” de fotos y videos del operativo.
Señala el allanamiento «tardío» a los escuadrones del GNA y analiza que dicho accionar judicial (en ese momento la causa estaba a cargo del juez federal Guido Otranto) «demuestra una violación clara de los principios básicos de la cadena de custodia»
En virtud de esto, requiere al Estado argentino «investigar y sancionar de forma inmediata toda manipulación de elementos probatorios», además de adoptar medidas que protejan las pruebas disponibles y futuras y asegurar que toda la información disponible sea tenida en cuenta.
Por todo esto, la ONU reclama esclarecer «de forma prioritaria la participación de Gendarmería en los hechos».
El maltrato a la familia
El Comité dedica diversos párrafos a señalar el maltrato del Estado hacia la familia del joven desaparecido. En términos generales lamenta que «los familiares del señor Maldonado han encontrado grandes dificultades para tener acceso de forma debida y rápida a la información relacionada con el desarrollo de su búsqueda», así como de «varias críticas de altos mandos del gobierno del Estado» así como a los mapuches miembros de la Pu Lof. «En vez de proteger» – dice la ONU, recordando en otro párrafo que el mismo organismo requirió al Estado argentino la adopción de medidas cautelares de protección- «este tipo de declaraciones los pone en riesgo».
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Campaña: Encontremos a las/los nietos de Oesterheld
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Cien

Desde que se inició este año desde el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez registramos 100 femicidios, casi 1 por día.
La víctimas fueron desde mujeres de 83 años, como Ana Angélica Gareri, en Córdoba, a una adolescente como Pamela Romero, de 16, en Chaco; y una bebé de 3 años en González Catán.
En este 2025 ya registramos 85 tentativas de femicidio.
En el 2025 registramos en todo el país 77 marchas y movilizaciones que se organizaron para exigir justicia por crímenes femicidas.

En nuestro padrón de funcionarios denunciados por violencia de género, podés encontrar el registro clasificado por institución estatal y provincia. Hasta la fecha, tenemos contabilizados 161 funcionarios del Poder Ejecutivo, 120 del Poder Judicial, 72 del Poder Legislativo, 71 de las fuerzas de seguridad y 71 de la Iglesia Católica.

En el padrón que compila datos oficiales sobre denuncias de violencia de género, podés encontrar datos sobre cantidad de denuncias por localidad y la frecuencia con que la recibimos. Un ejemplo: este mes la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de la Nación informó que durante el primer trimestre de este año recibió un promedio de 11 denuncias por día de violencia contra las infancias.

Otro: el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que no alcanzan al 1% las denuncias por violencia de género que son falsas.
En nuestro padrón de desaparecidas ya registramos 49 denuncias.

Lo que revela toda esta información sistematizada y actualizada es el resultado que hoy se hace notorio con una cifra: 100.
Más información en www.observatorioluciaperez.org
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5 años sin Cecilia Gisela Basaldúa: crónica desde Cruz del Eje
Pasaron cinco años del femicidio de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte. Tres años de un juicio que absolvió a un imputado sin pruebas. Cuatro fiscales, cuatro policías presos y numerosas movilizaciones, desde Buenos hasta Córdoba, para exigir la verdad, ese compromiso que aún es la certeza que falta.
Fotos y crónica de María Eugenia Morengo para cdmnoticias.com.ar
25 de abril. Cruz del Eje. El GPS calcula unos 2 kilómetros. La entrada a la ciudad está envuelta de un aire viscoso. Una avenida se extiende en silencio y después de atravesarla, la llegada a los Tribunales se convierte en un ritual: una reminiscencia de lo que fue, una promesa de lo que debe ser. El pedido por Verdad y Justicia, es una demanda que crece. Cada letra se ubica en el mismo lugar que ocuparon tres años atrás. Las escaleras de la justicia cruzdelejeña son de un cemento gastado. Raspan, duelen.

¿Qué pasó en Capilla del Monte? El papá y la mamá de Cecilia, Daniel Basaldúa y Susana Reyes, están cargados de bolsas, llenas de carteles con el rostro de su hija, multiplicado. Son como una red que se estira a lo largo de esos 868 kilómetros que conectan a Buenos Aires con el noroeste de Córdoba. El camino recurrente que transitan para llegar a la verdad..
Sin previo aviso, adentro del edificio de Tribunales Daniel y Susana se anuncian. Quieren ver al todavía fiscal Nelson Lingua, quien aún está a cargo de la investigación de la causa, antes de que asuma como nueva fiscal, Sabrina Ardiles. Afuera todavía se respira la niebla. La espera alerta a los policías. Quieren saber si van a venir más personas.
– Lo hacemos para cuidarlos –dice la mujer de uniforme.
Piden datos, intentan tomar nota de lo que es una rutina inventada.
–La policía a nosotros no nos cuida –reacciona Susana y en un intercambio sin sentido, se alejan.
Silvia Rivero es la prosecretaria de la fiscalía, se acerca afuera y los llama. El fiscal se hizo un lugar en la agenda del día viernes. Adentro, el reflejo del piso de tribunales es como un espejo que se extiende, entre mocasines, tacos, alpargatas y zapatillas.
La preocupación de la familia es evidente. El recibimiento del fiscal es cordial. Se explica ante los recientes cambios que pronostican para el mes de mayo a Sabrina Ardiles, como la persona que estará sentada en el mismo sillón inmenso de cuerina, desde donde ahora, les habla Lingua. La dra. Rivero, también explica, y confirma que nunca se dejó de investigar. La necesidad de la confianza es una tregua durante esa hora de reunión, los tecnicismos se suspenden y las palabras se abren en una cronología de datos, guardados en la memoria indeleble de Daniel Basaldúa.

La medida del tiempo de la causa, son las fojas de expedientes que se acumulan. La inspección judicial realizada en el mes de agosto del año 2024, por los posibles lugares donde Cecilia pudo haber estado en Capilla del Monte antes de su muerte, dejó en evidencia la dudosa hipótesis de la anterior fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, quien había asegurado que Cecilia había llegado por sus propios medios al lugar donde apareció sin vida. Mientras que en el transcurso de estos años, cada vez son más los policías que estuvieron en la búsqueda e investigación, presos por violencia de género:
Adrián Luquez, ex sub comisario, detenido por amenazas con armas de fuego a su pareja. Hoy en libertad, se fue a vivir a San Luis. Ariel Zárate, ex sub comisario de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla Norte –preso por violencia de género. Diego Concha, ex director de Defensa Civil, encargado de la búsqueda –condenado a prisión perpetua por el crimen de Luana Ludueña y por la causa de violencia de género hacia su ex mujer, y Diego Bracamonte, ex comisario departamental, a cargo del operativo de la búsqueda –preso por violencia de género.
El tiempo de la justicia es una curva enredada, en apariencia, inofensiva. El tiempo de la justicia es el de las burocracias que definen su forma de proceder. El tiempo, es de una lentitud que lastima. Las letras se vuelven a guardar.
Son las cuatro de la tarde y el sol avanza en la siesta de Capilla del Monte. En la plaza San Martín, alrededor del Jardín de la Memoria, se arman los gacebos, se pone un aguayo, se llena de flores. Rojas, amarillas, lilas, celestes, el monte aún está florecido. Contrayerba, lavanda, romero, palo amarillo, incayuyo, ruda, los sahúmos se arman. Una compañera comienza a preparar el fuego.
Más lejos, sobre la calle Pueyrredón, en la puerta de la Secretaría de Turismo, la concentración crece. Llegan de todas las direcciones. Con tambores y repiques, con banderas y ofrendas. Una combi estaciona, descienden vecinos y vecinas que subieron en Córdoba y en distintas partes del Valle de Punilla.

La batucada suena, es un comienzo en cuenta regresiva. La marcha avanza a contramano. Hay una indignación que toma el ritmo de los tambores, trepa en el repique y todo se hace canción. La calle techada de Capilla del Monte es un anfiteatro de barricadas. Los sonidos viajan a través de la mejor acústica para el reclamo: ¡Vecino, vecina, no sea indiferente nos matan a Cecilia en la cara de la gente. Cecilia presente!

“Este es un día especial y este lugar es especial porque tiene mucho que ver con lo que le pasó a Cecilia”, comienza Daniel en la puerta de la comisaría de Capilla del Monte, “hay muchos policías involucrados en el caso. Ya lo hemos denunciado muchas veces, pero parece que no alcanza”, dice mirando a los uniformados que permanecen parados como granaderos.

Daniel les recuerda que durante el año pasado, la policía de Capilla debió haber realizado notificaciones a tres personas para declarar en los Tribunales de Cruz del Eje, pero no lo hicieron. Las testimoniales pudieron efectivizarse, porque intervinieron los abogados de la querella, Daniela Pavón y Gerardo Battistón. En ese mismo reclamo, la abogada Pavón se acerca y también hace pública la falta de atención institucional que hay para las víctimas de violencia de género en la localidad.

La familia de Ezequiel Castro, asesinado por la policía de Córdoba, se adelante y los abraza. Alguien grita que ahí mismo, en la comisaría, apareció ahorcado Jorgito Reyna, hace 12 años, atado con la manga de su campera a la reja de una ventana, pocos centímetros más alta que él. Que su causa, también sigue impune y que los golpes que tenía no fueron suficientes para demostrar que lo habían torturado. Que a pesar de no bajar los brazos, las familias sienten que el duelo es un proceso tan profundo, como inacabado.

Susana y Daniel permanecen frente a una multitud, observan hacia adelante y hacia atrás. Saben que la comisaría es señalar lo que siempre llega al mismo lugar: complicidad. “A las chicas les pedimos que no tengan miedo, que denuncien -acentúa Susana- que no se dejen asustar con los policías ni con nadie, nadie tiene derecho a venir a violentarnos”.
El espacio público es un canal clave para recordar que los asesinos de Cecilia están libres, “y que muchos andan dando vueltas por acá”, dice Daniel y remarca que no dejarán de venir a Capilla del Monte, hasta que los responsables del femicidio de su hija, estén presos.
La llegada a la plaza San Martín es un círculo de candombe que la nombra. Hace cinco años que se insiste en las mismas palabras, como un tajo que se abre en el cemento, una cicatriz que se agranda en medio de la incertidumbre: ¿Qué pasó con Cecilia?
Tal es el encubrimiento que las responsabilidades se hacen obvias.
La ronda se acerca al altar. Es un asedio a la justicia que falta. Desde el micrófono se invita a dejar una ofrenda en memoria de Cecilia, a conjurar entre todas y todos ese momento, esa memoria. En el centro de una plaza que se anochece, resuena una voz grabada -desde algún punto del Abya Yala- Lolita Chávez, lideresa maya de los pueblos K’iche de Guatemala, habla entre los yuyos que comienzan a perfumar lo que no se puede detener. Cada rama seca que se enciende se hace una intención, un pájaro que se dispara, restos del día que se van:
“Hoy 25 de abril levantamos nuestra fuerza sagrada, y nuestro poder popular feminista. Reconociendo la memoria, la historia, el vientre en la sangre, de Cecilia Basaldúa. Ese femicidio no debe quedar en la impunidad (…). Con la fuerza de nuestras ancestras, con los fuegos sagrados que encendemos, levantamos nuestra expresión de indignación y lo comunicamos a los cuatro puntos cardinales. Para que nunca más haya este tipo de violencias contra nuestras vidas”.
Las copleras y la poesía toman el escenario. Las y los músicos hacen de Cecilia esa canción y en el centro del caldero caliente, el humo abre el cielo: hay una memoria que se desprende y una vida que cambió de idioma.

En medio del algarrobo que sostiene los carteles de Memoria, Verdad y Justicia, una placa de cerámica con el rostro de Cecilia, también observa. El día queda atrás y en el fondo de la noche, las palabras todavía están en suspenso, son un silencio que pronto dirá.
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