Represión a la comunidad, balazos, gases a mansalva, cacerías nocturnas de manifestantes, llamas en la Casa de Gobierno provincial, corridas, amenazas. Al mismo tiempo, una oleada de rumores (sobre toque de queda o estado de excepcioón para frenar la movilización social) que encuentran el silencio gubernamental mutado sólo en el lenguaje de las armas policiales.

Como telón de fondo, la falta de legitimidad del gobierno del segundo gobernador más rico del país, Mariano Arcioni, a quien los negocios le interesaron siempre más que la política, y que llegó primero a la vicegobernación declarándose un ferviente opositor a la megaminería.

Dice Pablo Palicio Lada, integrante de las asambleas chubutenses a lavaca. “Yo quería ver hoy cómo estaba la situación y el ánimo en la gente. Empiezo a pensar que así como hubo un Mendozazo hace dos años, ahora puede venirse un Chubutazo”. El tiempo confirmará cuál es la dinámica de esta situación.

Así es el panorama de este jueves en Chubut.

La provincia se moviliza contra la sanción de la Ley de zonificación que habilita la megaminería a cielo abierto en la meseta provincial, votada ayer engañando a la población y promulgada hoy a velocidad inaudita por el habitualmente lento gobernador Mariano Arcioni, quien acaso intenta compensar el desprestigio de su gobierno con el apoyo de las corporaciones mineras.

La política oficial consiste en incentivar un nivel de represión nunca visto contra las manifestaciones que históricamente rechazan la megaminería por el daño ambiental y el empobrecimiento generalizado que implica, lo cual metió a la provincia en una espiral de violencia que no se sabe en qué puede terminar.  

“La manifestación en Rawson era de familias, muchas mujeres, y de golpe pasó lo que se ve otras veces: apareció un grupo que empezó a incendiar la casa de gobierno, y ahí arrancó la represión que no era contra esas personas, sino contra la manifestación en sí” explicó a lavaca Palicio Lada, con música de fondo de balazos y disparos de gas pimienta.  

Imagen enviada desde Chubut, de parte de la movilización en Rawson.

La situación de este jueves a la noche se correspondía con esa no-metáfora de la cacería: la policía buscando manifestantes aprovechando la caída del sol. El origen de la violencia, en cualquier caso, estuvo en la actitud oficial de aprobar la Ley a cualquier costo y sin información previa, confiando quizás en el hecho consumado y en que los diciembres tienen a la gente más estresada que de costumbre.

En Mendoza, en diciembre de 2019, se intentó lo mismo, y los diputados provinciales terminaron derogando la ley que ellos mismos habían votado una semana antes, para garantizar la paz social alterada por esa provocación legislativa, tal como ahora ocurre en Chubut.  

Rawson fue el foco más conflictivo hasta ahora. Las manifestaciones pacíficas, mayoritariamente conformadas por mujeres, según puedo verse, fueron sometidas a la represión policial posiblemente programada, premeditada, buscada y ejercida sin discriminaciones.

En lugar de pacificar, el gobierno de Arcioni redobla las provocaciones y la política de la violencia, lo cual hasta ahora solo exacerba los ánimos y demuestra en sí mismo la falta de legitimidad de lo actuado por el gobernador y un elenco de 14 diputados que de manera más que sospechosa trampearon la información para votar una ley pro minera sin intentar siquiera un debate serio que –obviamente, queda demostrado– no pueden sostener.

Hubo manifestaciones no solo en Rawson sino toda la provincia, incluyendo casos masivos en Comodoro Rivadavia y Esquel: en este último caso además el Concejo Deliberante emitió un rechazo a la ley sancionada a nivel provincial, y se comprometió a viajar en bloque a Rawson para reclamar ante el gobernador la derogación de la misma.

En la ruta 40, a la altura de Esquel, comenzaban también los cortes de ruta.

En el caso de Puerto Pirámides el Concejo Deliberante declaró personas no gratas a los 14 diputados que votaron a favor del proyecto de Zonificaciòn Minera 128/30, tanto del bloque  oficialista (supuestamente peronista), como del Frente de Todos e “Integrando Chubut”, del diputado macrista Sebastián López, el que fue captado por una cámara oculta hace un año, reconociendo lo que estaba cobrando (“100.000” dijo, se supone obviamente que eran dólares) por estar “en la rosca, lobby, lo que tenga que ver con el progreso y con destrabar cosas”, referido primordialmente al tema minero.

Las grandes ciudades se movilizaron pero cuentan desde Chubut el caso de Paso del Indio, en la meseta, donde empleados y algunos vecinos pro mineros salieron a festejar la sanción de la ley y terminaron retrocediendo ante la salida a la calle de la comunidad para rechazar lo que están haciendo en la provincia. Esa salida, pese al miedo sobre todo laboral que genera la relación con el Estado (provincial y municipal), es tal vez el síntoma de la actitud que la ciudadanía de Chubut parece estar expresando, también en los pequeños pueblos.

Las manifestaciones en la calle son una expresión más de una actitud que en Chubut siempre intentó lograr soluciones por vía institucional. Algunos de los mayores eventos democráticos de este siglo en el país, ocurrieron en la provincia:

• el plebiscito en Esquel de 2003, en el que el 81% de la ciudadanía rechazó el proyecto minero El Desquite, de la empresa Meridian Gold,
• Y las dos Iniciativas Populares por la cual se reunieron firmas protocolizadas para activar el mecanismo constitucional que obliga a que los diputados debatan iniciativas presentadas por parte de la población, avaladas por el 3% del padrón electoral. En ambos casos, los proyectos de Iniciativa Popular fueron entre bastardeados e ignorados por los autopercibidos “representantes del pueblo”.

La historia de Chubut se está escribiendo, entre esa sed de más democracia, y la prepotencia nada democrática de las políticas del gas pimienta. En las calles de Rawson se pudieron ver dos pintadas que definen estos días: “Andate Arcioni” y una con memoria de hace 20 años: “Que se vayan todos”.

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