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Cómo el Estado tucumano torturó a una niña violada

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(Desde San Miguel de Tucumán) lavaca conversó con los dos médicos que realizaron el procedimiento que las autoridades sanitarias eludieron durante casi un mes. Los detalles son reveladores de una práctica perversa: cuál es el costo que deben soportar los profesionales que cumplen con la ley, y cómo sufren las víctimas.
A las siete de la tarde del martes 26 de febrero sonó el teléfono en el consultorio privado del doctor José Gijena, tocoginecólogo de 47 años, director de la Obra Social de Prensa de Tucumán.
Atendió su secretaria.
Era una amenaza.
-¿Qué le dijeron?
-Que iba a pagar caro lo que estaba por hacer: me iban a esperar en el Hospital Eva Perón. No entendí de qué hablaban.
Cortaron.
Dos horas después volvió a sonar el teléfono.
Esta vez era el viceministro de Salud, Gustavo Vigliocco.
-Me comunicó que, después de reunirse con el gobernador (Juan) Manzur y la jueza, habían decidido llevar adelante el consentimiento de la ILE y me preguntó si podía hacer el procedimiento. Le dije que no había problema, pero que iba a evaluar a la niña y con total libertad decidir, desde lo técnico y lo médico, qué hacer, de acuerdo a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y todas las normas médico legales que existen. Y como ahí entendí que la amenaza se había adelantado por dos horas a los hechos, también solicité que me facilitaran el ingreso al hospital y las condiciones de seguridad necesarias para realizar la práctica.
A los cinco minutos lo llamaron con otra noticia:
-No hay anestesista: se declaró objetor de conciencia.

La tortura como sistema

El doctor Gijena habló con el presidente de la Asociación de Anestesiólogos para solicitar un profesional dispuesto a cumplir con la ILE. “Lo hicimos por esa vía para sentar un precedente y que podamos hacer cualquier intervención sin que nos obliguen a improvisar”.
Al hospital el doctor Gijena llegó acompañado de su esposa, la tocoginecóloga Cecilia Ousset, una de las expositoras en el Senado a favor de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Ella es objetora de conciencia, y durante la discusión se volvió viral una carta que publicó en redes sociales en las que relataba cómo debía atender semanalmente a mujeres pobres por complicaciones de abortos. Ambos entraron al Eva Perón escondidos, por una puerta que habitualmente no se utiliza.
Internada desde hace un mes allí los esperaba la niña de 11 años que llegó con el pedido de una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) luego de denunciar que había sido violada por la pareja de su abuela, en el paraje Siete de Abril, al noreste de la provincia, a un 1 km de la frontera con Santiago del Estero. La niña tuvo intentos de suicidio, pero no contó con asistencia psicológica y recién el martes el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) informó que cumpliría con la ley y pondría en marcha las garantías de la ILE, luego de la intervención de la jueza de Familia de 5ta Nominación, Valeria Brand.
-¿Qué vieron cuando la vieron por primera vez?
-Una niña de 11 años sentada en una cama, jugando con unos juguetitos de plástico. Nos ve y se asusta. Le dice a la mamá: “No me dejes”. Era claro que veía a un médico y se aterraba.
-¿Qué evaluaron?
-Que por su contextura física infantil era imposible que pudiéramos hacer una ILE por vía vaginal. Primero, por su anatomía: su cuerpo no iba a permitir la expulsión por vía vaginal de un feto de 23 semanas. Y, por otro, el daño psicológico que le podríamos seguir ocasionando a esa niña: era someterla a una nueva tortura. ¿Por qué? Porque un procedimiento de esas características, por vía medicantosa, puede demorar 72 horas. Es decir, 72 horas más de tortura, con una presión mediática creciente e inmersa en un entorno absolutamente hostil. Entonces propusimos la cesárea.
-Si la ILE se hubiera practicado cuando la niña lo solicitó apenas llegó, ¿el proceso también hubiera sido así?
-No. Hubiera sido por vía vaginal, porque tenés el tiempo para una paciente en condiciones, das anelgesia, explicás. 16 semanas de gestación es otra cosa, el tamaño del feto es distinto.
-¿Por qué se llegó a esto?
-Alargaron el tiempo para que se alargue la gestación. Eso han querido. Y si lo tuvieron que hacer anoche, fue por la presión de los organismos de derechos humanos.
El doctor Gijena le explicó a la niña y a su madre lo que iba a hacer. Aceptaron. También estaban presentes la jefa de servicio y el psiquiatra, que no era especializado en infancias. Ousset: “Le tomé la mano y le dije que no se preocupara, que iba a estar todo bien. Le pregunté si quería escuchar música. Me pidió que pusiera música de la asamblea cristiana”.
Cuando llegaron al quirófano los esperaba otra sorpresa. “En ese preciso momento se declararon objetores de conciencia los enfermeros y los instrumentadores. Quedé solo”.

Los objetores que filman

La doctora Ousset, objetora de conciencia, tomó una decisión: se puso –literalmente- los guantes. “Me vi obligada. No podíamos dar marcha atrás. La tortura iba a ser mucho peor. Prefería después sentirme mal yo que seguir torturando a esa chiquita. Imaginate: tuvimos que hacerle anestesia raquídea para poder sacarle la ropa interior. En ese nivel de espanto estaba ella: se aferraba a su bombacha. No podíamos ni acercarnos”.
El doctor Gijena remarca otro detalle: la niña tenía una presión arterial de 170 a 120. “Sufría una preeclampsia, lo cual es potencialmente muy grave, porque puede quedar con secuelas si se llega a una eclapsia, un proceso patológico que genera convulsiones. Una niña de 11 años embarazada tiene cuatro veces mayor posibilidad de morir que una niña que supera los 15 años. Estábamos hablando de eso. No de otra cosa. Estaba en riesgo la vida de esa niñita. Estoy absolutamente convencido de lo que hice. Y lo volvería a hacer. La idea no era matar a nadie, sino respetar el Derecho. Y, hasta donde sé, el recién nacido estaba con vida ,pero muy crítico, con prematurez extrema: pesaba menos de medio kilo”.
A las 0:05 comenzó la cirugía. Duró aproximadamente una hora.
Un detalle: “Tuvimos que tapar el quirófano con sábanas porque del otro lado del vidrio vimos que filmaban. Era morboso: todos objetores, ninguno entraba, pero te filmaban. Después uno se pregunta cómo es que hacen los antiderecho para saber antes que nosotros las cosas. Claro, ellos siempre tienen la primicia: están en el gobierno”.
-¿Qué lectura debemos hacer de todo este procedimiento salvaje?
-Todo se desarrolla en un contexto en el que la provincia se declara “Pro Vida” durante el debate en el Congreso. Una provincia que impide la Educación Sexual Integral (ESI), que no adhiere a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Todo bajo un cartel muy lindo desde lo enunciativo, que es: “Salvemos las dos vidas”. ¿Pero de qué dos vidas estamos hablando? ¿Cuántas vas a salvar? Pareciera que detrás de ese cartel hay otro que dijera: “Salvemos las dos vidas… o ninguna”.
-¿Pudieron hablar con la niña luego de la intervención?
-Se recuperó de forma satisfactoria. Tuvo plena lucidez. Nos dijo gracias. Y sonrió por primera vez en todas estas semanas de tortura.

La hipocresía estatal

El doctor Gijena subraya que acudieron a él porque no había nadie más que quisiera hacerlo. Gijena: “Muy frecuente en el ámbito médico diversas ILE se realizan en instituciones privadas, y te puedo asegurar que no hay ningún pañuelo celeste en la puerta reclamando el derecho de ningún feto. Semanalmente me encuentro con 2 o 3 que ingresan en la Obra Social. Y en nuestro consultorio privado, tenemos 4 o 5 mujeres que se van a controlar post abortos. Los realizan en otros lugares, y vienen aquí por control. Esto es una epidemia. Es tapar el sol con la mano. No debería haber ninguna posibilidad de que si esta ley se vuelve a discutir, se vote en contra”.
La doctora Ousset resume en una palabra ese diagnóstico. “Es hipocresía: eso es lo que pasa. Si ese cuerpo gestante es pobre, el Estado es dueño de ese cuerpo y puede decidir sobre él. Es muy grave, es muy humillante y es violatorio de todos los derechos humanos. No me entra el dolor. Y es un mensaje claro: ´Te pasa por ser pobre, por no tener ningún tipo de recurso, ni educación ni Internet ni nada. Es la pobreza absoluta. Y que una fiscal especializada en homicidios (Adriana Giannoni) haya actuado de oficio pidiendo un defensor para el feto, es ridículo. Es, literalmente, El cuento de la criada. Si tenés plata, decidís. Si no, no”.

El costo de cumplir la ley

Los teléfonos del matrimonio estallan en pedidos de entrevistas. También las redes sociales.
-¿Cómo les impacta esto?
-Hace un tiempo largo que venimos con esto. Tuvimos que cambiar a nuestros cuatro chicos de colegio. Al que pasaba de 5to año a 6to grado no le permitieron la inscripción para el 2019. Con solo 11 años él tuvo la valentía de cuestionar a la dueña del colegio. Es una institución que en las paredes del comedor tiene imágenes dibujadas, por los propios niños, de mamás tirando bebés a la basura o de mujeres embarazadas apuntándose con cuchillos en la panza con esvásticas nazis. Los hacían rezar diariamente antes del ingreso. A mi otra hija le llamaron la atención varias veces cuando iba con pañuelo verde, mientras a otras compañeras que iban con el pañuelo celeste no le decían nada. Dejó el pañuelo y se compró una pulsera verde. También le llamaron la atención. Prohibieron el verde. Una locura. Hasta trajeron al doctor Abel Albino para que diera una charla, a una semana de haber dicho las barbaridades que dijo en el Senado. Organizaron kermesses para traerlo.
-¿Y cómo se reclama que cumpla la ley en un contexto asi?
-Nosotros venimos poniendo el cuerpo. No hay que dar un paso atrás. Hay que pelear por los derechos. Y, en ese camino, algunos rechazos nos vamos a ganar. Pero esto te muestra la importancia urgente de una ley de IVE: un servicio público regulado y controlado por el Estado, con personas de distintas áreas de la salud que reciban a la mujer que solicite la IVE, que se le explique, que se la contenga con un equipo, y que si ella decide continuar, se lo haga. Pero de manera segura y en igualdad de condiciones sin partir del credo, del origen social, de su situación económica. ¿No se salvarían más vidas así? Mientras tanto, lo que vemos y a lo que estamos asistiendo acá, es a una expulsión de un sistema perverso, que tortura sistemáticamente a niñas violadas.

Cómo el Estado tucumano torturó a una niña violada

Foto: Nacho Yuchark

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De la idea al audio: taller de creación de podcast 

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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

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Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.

Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Darío Santillán.

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Maximiliano Kosteki

Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.

El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.

Siguen faltando los responsables políticos.

Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.   

Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.

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83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

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Pablo Grillo
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83 días.

Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.

83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.

83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.

83 días y seis intervenciones quirúrgicas.

83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo. 

83 días hasta hoy. 

Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro. 

Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”. 

Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).

Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca. 

El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”. 

La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».

La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería. 

Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.

Esta es parte de la vida que no pudieron matar:

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