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Contaminación y cáncer en Corrientes: lo que confirmó la Defensoría del Pueblo

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La situación en Lavalle, Corrientes, zona de tomateras. Muerte de niños, envenenamiento de niñas. Explosión de casos de cáncer reconocidos por el municipio. El uso masivo de pesticidas prohibidos, sin control. La  contaminación del agua. Informe de la Defensoría del Pueblo con las fotos y los datos de lo que ocurre y  la violación de las distancias de fumigación. La denuncia de una enfermera del Garrahan y las certezas sobre un modo de producción que sigue cobrándose víctimas en medio de la inacción oficial. El documento completo.

Por Anabel Pomar    

“La incidencia de la exposición a agroquímicos en la salud de la población es intuida por las autoridades, que la vinculan al alto número de vecinos que padecen cáncer y malformaciones congénitas. (…) En relación a ello, se destaca que en sólo una semana, la Municipalidad ha debido costear los viáticos de aproximadamente unas 60 personas para que estas accedan a atención oncológica en la ciudad de Corrientes (ubicada a unos 200 kilómetros), ya que en los establecimientos más cercanos no cuentan con disponibilidad para tal asistencia”.

Así lo plantea un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación –desconocido  hasta ahora–al que tuvo acceso lavaca, tras la investigación del organismo en la localidad correntina de Lavalle a raíz de una denuncia por el envenenamiento y muerte de niños en los alrededores de las producciones hortícolas de la zona. Al mencionar a “las autoridades”, el texto se refiere principalmente a la intendenta Lucrecia Vásquez e integrantes del área de salud municipal con quien los integrantes del área de Medio Ambiente de la Defensoría  mantuvieron un encuentro en el que desde el municipio manifestaron esas intuiciones sobre el origen del “alto número de vecinos que padecen cáncer y malformaciones congénitas”: 60 personas en una semana en atención oncológica, en un municipio de 3.000 habitantes, es muestra del estado de situación.

La recorrida de los funcionarios por Lavalle, ocurrida en noviembre de 2019 y registrada en el informe fechado el 26 de diciembre del mismo año, es descriptiva de la agresión que sufre la población, de la desidia con respecto al uso y efecto de los agrotóxicos y de las evidencias sobre lo que provocan en la población, entre otras cosas.

Agua, tomates y otras contaminaciones

El informe señala textualmente: “El 25 y 26 de noviembre del 2019 se realizó una recorrida en el Municipio de Lavalle, provincia de Corrientes. La misma tuvo por objetivo conocer las particularidades de la problemática de la contaminación del ambiente y el riesgo a la salud causados por la utilización de agroquímicos, y entablar una reunión con las autoridades municipales a fin de solicitar respuesta para los pedidos de informes adeudados y relevar sus posiciones e inquietudes en relación a la temática”.

Otros párrafos:

  • “Se llevó a cabo también una reunión con la Intendenta municipal y funcionarios del área de salud (…) y se mostraron preocupados por la problemática. La incidencia de la exposición a agroquímicos en la salud de la población es intuida por las autoridades, que la vinculan al alto número de vecinos que padecen cáncer y malformaciones congénitas. (…) En relación a ello, se destaca que en sólo una semana, la Municipalidad ha debido costear los viáticos de aproximadamente unas 60 personas para que estas accedan a atención oncológica en la ciudad de Corrientes (ubicada a unos 200kms), ya que en los establecimientos más cercanos no cuentan con disponibilidad para tal asistencia. Relatan que han inaugurado en 2018 un Centro de Estimulación Temprana para niños y adolescentes con discapacidades, pero que la cantidad de personas que demandan atención ha superado la expectativa inicial, debiendo abrir nuevos turnos, lo que evidencia que el problema es más extendido de lo que se suponía”.
  • “Otro tema que resulta importante es la potabilidad del agua. Lavalle cuenta con una extensa red de agua corriente proveniente de napas. (…) La intendenta informó que recientemente han realizado un nuevo pozo, de mayor profundidad, debido a que en los análisis realizados habían encontrado presencia de distintos contaminantes”.

La distancia antisocial

El informe continúa planteando:

  • “Las plantaciones más grandes de tomates y pimientos pueden observarse desde el límite del casco urbano más concentrado, apenas cruzando la calle donde éste finaliza, y a menos de los 500 y 1000 mts señalados por la normativa que prohíbe la aplicación de distintos tipos de productos”.
  • “También se verificó la existencia de campos sembrados con maíz y con arroz en las cercanías del pueblo y de las viviendas de la población (en este caso, no hay plantaciones de estos tipos dentro del casco urbanizado). Los métodos utilizados en la siembra de arroz se distinguen con claridad respecto de los de los otros cultivos mencionados, ya que se realiza por inundación y se fumiga por vía aérea”.

Las pruebas del delito

Las autoridades municipales reconocieron a los funcionarios de la Defensoría que se continúan utilizando pesticidas prohibidos:   

  • “En relación a los productos utilizados, hicieron referencia a que ‘el que más se usa es Agromur, que es endosulfán’. Debe aclararse que Agromur es el nombre de una cooperativa que produce insumos para el agro, incluyendo entre ellos algunos productos agroquímicos. Aunque el endosulfán ha sido prohibido en 2011 por el Senasa, prohibición que admitió el uso de remanentes de stock hasta el año 2013, existen estudios que indican que este producto seguiría siendo utilizado en ciertos cultivos, ya que se han detectado elevadas concentraciones del mismo en futas y verduras adquiridas en comercios, llegando incluso a ser el plaguicida con mayor frecuencia de detección en uno de los análisis realizados”.

Bidones y  glifosato

  • “Finalmente, se visitó el Centro de Acopio de envases de agroquímicos, inaugurado hace unos meses en el municipio de Lavalle, que recibe envases de toda la región. Se observó una acumulación de envases sin catalogar, con las tapas abiertas y  aparentemente con restos de lo que podrían ser sustancias químicas”.
  • La mayor parte de los envases relevados correspondían a glifosato de la marca “Sumagro”’. El informe agrega que se detectaron (y fotografiaron)bidones deproductos como “Picloram Agros”, “Basagran 60”, “Nero Surcos”, “Pinar Surcos”, “Select”, “RebelEX”,“Optimizer”, “Kylian 24”, “Zenith”, “Clincher”, “Planet Xtra” y fertilizantes como  “Poly Feed” y “Van Iperen”, entre otros. Y pesticidas de etiqueta roja, sin identificar marca.

El lenguaje burocrático del informe no oculta la gravedad de lo que está ocurriendo, y revela muchas cosas más.

¿Qué hace la Defensoría?

Hasta donde se sabe, el informe no provocó ninguna respuesta o medida concreta ni desde el Ministerio de Salud, ni de la cartera agraria, que permita atender la grave situación socio ambiental.  

El caso revela a su vez la nula importancia que se le da a un organismo de supuesto control como la Defensoría, acéfalo desde 2009 y a cargo de subsecretarios (actualmente y desde 2015, Juan José Bockel). No hay grieta en tal sentido, ya que las tres gestiones nacionales de los últimos años (encabezadas por Cristina Fernández, Mauricio Macri y Alberto Fernández)  y sus respectivos representantes legislativos mantuvieron a la Defensoría en un rol fantasmal, convirtiendo en una ilusión óptica  su misión así descripta constitucionalmente: “La defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas”. 

La denuncia de una enfermera

La denuncia que originó la investigación de la Defensoría es de 2013 (seis años antes de ese informe). Fue realizada por la enfermera de cuidados paliativos del Hospital de Pediatría Garrahan,  Mercedes “Mechi” Méndez, a partir de la muerte en 2011 de Nicolás Arévalo (4 años),  el envenenamiento e intoxicación de su prima Celeste Estévez (5 años), y la muerte en 2012 de José “Kily” Rivero (4 años).

Nicolás falleció por “edema agudo de pulmón producido por intoxicación por plaguicida”. La autopsia concluyó que en su cuerpo había endosulfán. Celeste sobrevivió aunque estuvo tres meses internada en el Garrahan de Buenos Aires, y continúa en tratamiento de por vida por los graves daños hepáticos producidos por el plaguicida organoclorado alfaendosulfán. Todo este tema fue tapa de nuestra revista mensual MU, número 60 (noviembre de 2012): Qué culpa tiene el tomate  La nota completa: https://lavaca.org/notas/el-peor-veneno/

En el caso de Kily, un análisis de orina efectuado en su momento en el hospital de Goya descubrió un organofosforado en el cuerpo. Además, pericias posteriores detectaron el mismo compuesto en las hojas de las plantas de tomate del establecimiento hortícola y en el cuerpo de los chanchos muertos en la propiedad de la familia Rivero.

El 29 de abril de este año, Antonella, hermana de Kily, falleció de cáncer.( https://lavaca.org/notas/la-otra-pandemia-conmovedora-carta-de-una-enfermera-del-garrahan-ante-la-muerte-de-una-adolescente/)

En su denuncia de 2013 la enfermera solicitaba: “A los fines de preservar la salud y la vida de los afectados y del resto de la población expuesta a los agrotóxicos allí utilizados; se analice la posibilidad de ordenar la suspensión en lo inmediato de las fumigaciones en los establecimientos (tomateras) cercanos a sus viviendas y se ordene el traslado de las familias afectadas –a cargo del Municipio o del Organismo Público que correspondiere– a un lugar adecuado a los fines señalados, toda vez, que mientras las fumigaciones se sigan reiterando, el posible delito subsiste (ejecución continuada), con los peligros que los mismos entrañan”.

¿Qué pasó con esa denuncia? Recién el  24 de enero de 2018 (actuación  00019/18), cinco años después) la Defensoría realiza una serie de recomendaciones tanto para el Ministerio de Agricultura como el de Salud para que se releve la situación y se controlen las pulverizaciones entendiendo que Lavalle es un departamento con alto riesgo de contaminación.

Un año después, el 26 de diciembre de 2019 personal de la DPN elaboró el informe que aquí estamos revelando originado en esa denuncia de 2013 (Ref.: Actuaciones N° 2560/13, 1349/18, 1350/18 y 1351/18) que detalla el alarmante estado sanitario y  ambiental de Lavalle.  Kily, Nicolás, Antonella, Celeste, sus familiares, los pacientes oncológicos, los barrios sometidos a la contaminación perpetua, siguen esperando una respuesta.

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Parlamento de Artistas: la nueva propuesta de Mu Trinchera Boutique

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Después de las Postas Sanitarias Culturales, llega el Parlamento de Artistas en Mu Trinchera Boutique, con la presidencia de Susy Shock y gran elenco. Enterate cómo va a ser y dónde se consiguen entradas.

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🔥Parlamento de Artistas🔥

Una sesión extraordinaria, presidida por la cantante y artista Susy Shock, es la excusa para volver a encontrarnos en el teatro de Mu Trinchera Boutique junto a una serie de artistas que representarán números únicos, pensados a la medida del Parlamento de los Artistas.

La propuesta, parida por el equipo cultural de lavaca, retoma la propuesta ideada por Paul Preciado y replicada por el colectivo boliviano Mujeres Creando durante el golpe en ese país; un Parlamento de Mujeres, en ese caso, que funcionó de barricada para hacerle frente al fascismo, invitando a hablar a numerosa y diversa cantidad de mujeres micrófono y palabra en mano.

Ahora, emulando ese ritmo de protesta al calor de la época actual, entre pandemias virales, culturales y sociales, el Parlamento de Artistas pretende responder desde la danza contemporánea, la música y el teatro a la pregunta: ¿Qué podemos decir cuando todo está dicho?

Las posibles respuestas las interpretarán estos grandes, enormes artistas de la escena argentina:

  • Susy Shock @susyshock
  • Manuel Fanego @manufanego
  • Paula Garnier @pauligarnier
  • Caro Bonillo @caro_bonillo
  • Carla Rimola @carlarimola
  • Juan Salvador Giménez Farfán @decimesalvador
  • Luisa Ginevro @luisa_ginevro @milagloww
  • Valentina Brishantina @nosoyvalentinabrishantina
  • Elis Pavan Armas.

El lunes 18 de octubre a las 19hs. en Mu Trinchera Boutique @mu.trinchera.boutique  (Riobamba 143, CABA)

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Femicidio de Araceli Fulles: lo que hay que hacer para conseguir justicia

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Otra semana en el juicio por el femicidio de Araceli Fulles (22 años) está llegando a su fin. Después de seis semanas, hoy terminó la etapa de declaraciones y presentación de pruebas. Son ocho los imputados por “homicidio agravado por el femicidio y por la participación de dos o más personas”. Casi trescientos testigos pasaron por el tribunal para declarar y prevén que el juicio se extienda dos semanas más. El próximo miércoles y jueves se desarrollarán los alegatos y se espera fecha de sentencia.  

Por Delfina Pedelacq

Son casi las diez de la mañana en la puerta del Tribunal Oral en lo Criminal número tres (TOC 3) de San Martín ubicado sobre la calle Eva Perón al 2500. Como todos los días desde que comenzó el juicio, esa cuadra está cortada con una valla y un patrullero de cada lado. En la vereda de enfrente familiares de otras víctimas de femicidios e inseguridad “fortalecidos por el dolor”, arrastran una escalera y la posan sobre el paredón de la fábrica de calzado para colgar las banderas que acompañaron todas las jornadas. “Justicia por Araceli, “por Zaira”, “Justicia por Chiara” son las primeras en desplegar.

Refugiándose del viento, Mónica Ferreyra, mamá de Araceli, espera dentro del auto para entrar al tribunal. El papá, Ricardo, prende el segundo cigarrillo al hilo mientras saluda al abogado Diego Szpigiel, que llega con su asistente. Por el rabillo del ojo, Mónica detecta la camioneta del servicio penitenciario que dobla por la calle Rogelio Vidal y dice: “Ahí están entrando a los desgraciados”. 

Los ojos de Mónica y Ricardo pueden dar cuenta del agotamiento que implica sostener todos los días el proceso judicial, que comenzó el 13 de septiembre y transita la recta final.  Acumulan hasta hoy sobre sus cuerpos, más de doscientas horas de juicio: “Después de todo lo que luchamos, de todo lo que tuvimos que aguantar, nos merecemos que todo salga bien y que haya justicia”.

“No damos más, pero no vamos a parar”

“Vamos, negrita, bailá hasta el fin” canta la remera que lleva Damián, con la cara de su hermana. La misma que tiene Mónica colgada de su cartera. “Es volver a remover todo. Fue un proceso largo y complicado pero por suerte tenemos mucho apoyo de la gente”, dice a lavaca. Junto con sus otros dos hermanos fueron quienes durante los 25 días de búsqueda recorrieron todo el barrio para encontrar a Araceli. También cuenta que por el trabajo se le complica estar todos los días acompañando a su mamá y papá, pero entre los demás hermanos se turnan. “Ya no damos más, pero no vamos a parar hasta llegar al final”.

Araceli fue  vista por última vez el 2 de abril de 2017 en una plaza cercana a la casa donde su cuerpo fue hallado 25 días después, víctima de femicidio y enterrada bajo una loza. La casa pertenecía a la mamá de Darío Badaracco, principal sospechoso y el único que en ese entonces quedó detenido.

Los padres de Araceli explicaron en su momento que, durante la investigación, las autoridades perdieron la cadena de custodia de los elementos probatorios, y que este fue el argumento por el cual la Cámara resolvió que los ocho imputados quedaran en libertad por falta de mérito.

Los sospechosos

El tribunal está integrado por los jueces Martín Klobovs, Carolina Martinez y Anibal Bellagio. La fiscal de juicio es Mariana Piwarczuk, mientras que el abogado Diego Szpigiel representa a la familia de Araceli.

Son ocho acusados, Hernan Rodrigo Badaracco, Carlos Damian Cassalz, Hugo Cabañas, Carlos Antonio Ibarra, Marcelo Escobedo, Daniel Alaniz y los hermanos Jonathan y Manuel Avalos. Todos imputados por “homicidio agravado por el femicidio y por la participación de dos o más personas”, delito que prevé la pena máxima de prisión perpetua. 

Un día antes del comienzo del juicio uno de los imputados, Carlos Damian Cassalz, el dueño del corralón donde se cree que Araceli fue asesinada, fue detenido mientras se acercaba a un centro de votación. La detención se produjo porque semanas atrás, la mamá de Araceli,  denunció haber recibido a su celular un video intimidatorio del imputado Cassalz portando una ametralladora. “Pero no les tengo miedo: a mí ya me mataron”. dijo Monica.

Otro detenido fue Hugo Cabañas cuando, el segundo día del juicio, intentó ingresar a la sala de audiencias con una faca. Actualmente también se encuentra detenido el imputado Marcelo Escobedo.

Las audiencias se desarrollan sin público por protocolo Covid. Los imputados y las personas que testifican se encuentran siempre en la misma sala. El primer día del juicio, prensa y canales de televisión pudieron entrar para registrar el inicio. Al ser una sala pequeña, solamente presencian el proceso la mamá y el papá de Araceli con su defensa. 

Lo que sigue

Son las 10.25am. “¿Subimos?”. dice Diego Szpigiel mientras encara hacia las escaleras del tribunal. Mónica y Ricardo abrazan a quienes se acercaron para darles palabras de aliento. “Ya falta poco” y “fuerza” son las principales.

En la entrada también se encuentra el papá de Chiara Rodriguez, que carga con un cartel hecho a mano que grita justicia por su hija, una joven de 19 años fue asesinada hace casi un mes en el barrio Villa Hidalgo. “Vamos a acompañar como ellos nos están acompañando”, dice.

Cerca de las tres de la tarde termina la última jornada de declaraciones y presentación de pruebas.

El próximo miércoles 20 de octubre comenzarán los alegatos. 

Sobre la pared del tribunal siguen intactas cientos de fotos de Araceli que, desde aquel 13 de septiembre en que comenzó el juicio, sus amigas y familiares pegaron.  

Y todo indica que, hasta que no sea justicia, no se moverán de allí.

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13er Encuentro de Familiares Sobrevivientes de Femicidios: “Exigimos acciones concretas”

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En el día en que el Observatorio Lucía Pérez dio a conocer el número de los femicidios, travesticidios y transfemicidios en lo que va del año —233— los Familiares Sobrevivientes de Femicidios volvieron a juntarse en el mediodía gris, como cada segundo miércoles de mes, para exponer el estado de las causas de sus hijas y presentar la carta por decimotercera vez solicitando una audiencia con el presidente Alberto Fernández. El informe completo y la carta, en esta nota.

Sentades en sillas negras ubicadas por delante del mástil que está frente a la Casa Rosada, les familiares nuevamente tomaron el micrófono, con una batucada de fondo por parte de trabajadorxs de la empresa de electrodomésticos Garbarino que denuncian que 4000 empleades no reciben sus sueldos desde hace seis meses. La primera en tomar la palabra fue Yolanda, hermana de Luciana Sequeira, la joven de 17 años que fue encontrada en un hotel en Santiago del Estero con graves lesiones producto de tortura y violación y que falleciera tres días después. El imputado es un compañero del colegio, también de 17 años, hijo de un policía. “Estamos acá para pedir justicia porque el caso está parado. Por la pandemia, nos dicen, no puede seguir avanzando. Ahora estamos tratando de impugnar la autopsia porque la que hubo está manipulada y no podemos seguir confiando en esa autopsia”.

Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, la joven de 16 años de cuyo femicidio se cumplieron cinco años el pasado 8 de octubre y que desatara el primer paro de mujeres, dijo: “A cinco años de su femicidio todavÍa no tenemos justicia. Pedimos justicia por Lucía. Gracias”.

Fotos: Lina Etchesuri.

Luego tomó la palabra Susana Reyes, la mamá de Cecilia Basaldúa: “La semana pasada estuvimos en Córdoba porque supuestamente nos recibía el Fiscal General de Córdoba, quien se escondió y no quiso atendernos, mandó al secretario, hubo violencia de la policía y eso delata más todo lo que están ocultando. Pasamos por Capilla del Monte y nos enteramos que todos los cómplices del asesinato de mi hija andan sueltos, caminan por la calle como si nada, queremos que eso se termine, vamos a seguir la lucha. Estamos a poco tiempo del juicio, del único acusado, no tienen ninguna prueba, veremos qué pasa, si se puede caer ese juicio por todas las mentiras que hay en el expediente. No nos van a parar, vamos a seguir con la lucha”.

La mamá de Camila Flores fue la siguiente en hablar: “Camila fue asesinada en San Guillermo, Santa Fe. No es como ellos dicen que Cami se suicidó, están arreglando todo desde la autopsia y todas las pruebas que dicen que tienen, que nunca las muestran. Ya diez meses y no hacen nada, el asesino está en su casa, sabemos que hasta después de esa noche se ha reunido en la casa de la jueza del pueblo con su mamá. ¿Cómo puede ser si es un asesino y se reúne con la jueza en la casa? Es un pueblo y se tapan, pero vamos a seguir porque a Cami la mataron y la verdad tiene que salir a la luz”.

Fotos: Lina Etchesuri.

Luna Ortiz, de 19 años, fue drogada y violada por distintos hombres. Sin embargo, los jueces de Casación Daniel Carral, Ricardo Maidana y Ricardo Borinsky lo caratularon como un “homicidio imprudente” y pusieron el foco en la víctima.

Marisa, su mamá, contó: “Luna un 3 de junio de 2017 era asesinada por Villarreal y sus cómplices. Le decimos a este Poder Judicial que queremos una verdadera justicia para Luna y para todas nuestras pibas asesinadas. No nos conformamos desde un principio de la causa, como se caratuló como abandono de persona por el fiscal (Marcelo) Fuenzalida y el TOC 7 de San Isidro y cuando llega a Casación, los jueces Maidana y Carral de la Sala 1 de La Plata le dan lugar a la defensa del femicida cambiando la carátula como un homicidio culposo; siendo así este femicida estaría quedando en libertad en poco tiempo».

Y agregó: «En todo el proceso judicial se revictimizó a Luna y se violaron todos los derechos internacionales, con respecto a la violencia de género, por eso apelamos a la Corte Suprema de la Provincia para que revierta la causa a femicidio. Ayer recibimos la noticia de parte de la abogada que la corte lo denegó. Acá sigue nuestra lucha, vamos a seguir exigiendo justicia por Luna, porque estamos acostumbrados a que nos quieran tirar atrás las causas, a que revictimicen a nuestras hijas, hoy todos los familiares que estamos acá venimos a lo mismo, a quejarnos de este Poder Judicial, estamos muy cansados pero vamos a seguir tratando de que se reconozca el femicidio”. Marisa también contó que están organizando un encuentro regional el próximo 24 de octubre, donde se van a dictar talleres y a las 18 hs habrá una movilización en Tigre.

Fotos: Lina Etchesuri.

Facundo, papá de Luna, afirmó: “La causa está desde un principio estancada, no avanza, cada vez que vamos somos tratados de mala forma en la Fiscalía de Género de Tigre, donde siguen revictimizando a Luna: una secretaria del fiscal dando a entender como que las pibas se lo buscan, ¿cómo esa gente puede estar al frente de una Fiscalía de Género? Son apañados por la misma fiscalía general, nadie hace nada y se van repitiendo los casos. Estamos luchando para que la causa avance, hemos realizado una pericia para dar vuelta esa pericia psicológica que es aberrante y misógina. Este 8 de noviembre tenemos reunión con la fiscal y esperamos tener una buena respuesta y que la causa siga adelante”.

Daniel Basaldúa, papa de Cecilia: “Hace 17 meses que no la tenemos. Estamos luchando como el primer día pero nos damos cuenta de toda la porqueria que hay en el Poder Judicial. Acabamos de volver de Córdoba, nos recibía el fiscal general, se asustó, no nos recibió , hubo violencia, no nos querian dejar entrar a Tribunales, como si fueramos delincuentes. Nosotros somos pacificos pero sí decimos las cosas como son. Nos recibió el fiscal de Cámara, que va a ser quien posiblemente esté a cargo del juicio por el caso de Cecilia. Ya está elevado a juicio, quizás en dos meses estemos en el juicio, con un pibe del que no tienen ninguna prueba, lo que queremos es que esa causa se caiga e investiguen a los verdaderos culpables. Alberto acaba de recibir a L-Gante, no tengo nada contra ese pibe, pero nosotros tambien nos merecemos que nos reciba”.

Fotos: Lina Etchesuri.

La lectura del informe mensual del Observatorio Lucía Pérez estuvo a cargo de la maquilladora, performer y comunicadora Anahí de la Fuente, quien en julio de 2019 denunció penalmente por acoso y maltrato a su entonces jefe a cargo del Centro Cultural San Martín, Diego Pimentel. Luego fue despedida de su trabajo y Pimentel renunció a la dirección del San Martín. Meses más tarde, y para no llegar a la instancia de juicio, reconoció en un juicio abreviado, el acoso y maltrato a dos ex trabajadoras, entre ellas Anahí. “Soy Anahí de la Fuente, víctima de abuso por parte de un funcionario público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, después de meses tediosos de cargar con esta lucha, soy de los pocos casos que fueron escuchados y lamentablemente tengo que sentirme privilegiada por eso”.

Fotos: Lina Etchesuri.

Texto del informe del Observatorio Lucía Pérez

233 femicidios o travesticidos

201 infancias huérfanas

305 marchas exigiendo Paren de Matarnos

216 días preguntando dónde está Tehuel

A partir de este mes sumamos otro dato: 164 funcionarios públicos denunciados por violencia de género.

En agosto de 2020 el Estado argentino se comprometió a llevar un registro de funcionarios judiciales denunciados por violencia, como parte del acuerdo amistoso que firmó con Olga del Rosario Díaz, víctima de violencia. El acuerdo incluyó el acto de público perdón, pero no se limitó a ese simbolismo: obliga al Estado a cumplir una serie de medidas, entre ellas:

El Consejo de la Magistratura “incluirá el conocimiento sobre cuestiones de género y violencia contra las mujeres en todos los concursos para cubrir cargos en el Poder Judicial de la Nación”.

También se obligó a confeccionar “un registro público de denuncias presentadas contra magistrado/as por situaciones vinculadas a violencia de género, en el que conste además el trámite impartido a esas denuncias”.

Hasta el momento el Consejo de la Magistratura ha publicado en su web un registro que debe descargarse en pdf, que solo tiene datos de tres denunciados y sin especificar el contenido de la denuncia.

Para dimensionar qué representa este incumplimiento elaboramos este padrón público que sistematiza los datos de una muestra de 164 casos. Las denuncias involucran a todos los poderes del Estado argentino y recorre todos sus estratos, incluidos los más altos.

Advertencias a tener en cuenta antes de analizar los datos:

1. Las denuncias no significan condenas. Es decir, no informan sobre delitos cometidos por funcionarios públicos, sino que dan cuenta de presentaciones judiciales que relatan casos concretos de violencias que solicitan así ser investigadas.

2. Los 164 casos no significan la totalidad de los funcionarios denunciados. Es apenas una muestra confeccionada con informaciones periodísticas no desmentidas y de los últimos años.

3. Hemos tenido en cuenta denuncias que superen los últimos tres años sólo en aquellos casos en que ese antecedente recobre actualidad. Un ejemplo de esta excepción: el presidente de la Cámara de Casación Penal, Gustavo Hornos, ya que la denuncia por violencia que radicó su ex pareja y por la que fue sobreseído en 1987 fue nuevamente noticia el pasado 8 de marzo.

4. No incluimos en los 164 casos seleccionados denuncias que involucran a familiares de funcionarios públicos. El caso de Emilio Rosatti, hijo de Horacio Rosatti, flamante presidente de la Corte Suprema de la Nación no es la excepción, ya que cuando fue denunciado por violencia por su ex pareja se desempeñaba como funcionario del Poder Judicial en Santa Fe. Destacamos, sin embargo, la gravedad institucional que representa que existan notas periodísticas que siembren la sospecha de que el juez de la Corte Suprema haya realizado gestiones para mitigar la situación judicial de su hijo. Confirmar o desmentir estas versiones debería ser una prioridad de la máxima institución de justicia del país en momentos en que el proceso de proclamación de Rosatti como presidente de esa institución ha sido cuestionado hasta por otros miembros de la Corte.

5. En el caso de las fuerzas de seguridad sólo hemos tomado registro de aquellas denuncias que involucren a las máximas autoridades. Sin embargo queremos remarcar el grave contexto que representa que sólo en la Policía Bonaerense y en el año 2020 se hayan iniciado 997 expedientes por violencia de género laboral. El Estado es responsable también significa esto.

Ni una más

Carta al Presidente Alberto Fernández

Buenos Aires, Argentina 13 de octubre de 2021

Señor Presidente de la Nación Argentina

Doctor Alberto Fernández

Desde que comenzó este año hemos sufrido:

233 femicidios y travesticidios, 14  en los últimos 12 días.

201 infancias han quedado huérfanas

Realizamos 305 movilizaciones y marchas para exigir  que paren de matarnos.

Y seguimos reclamando la aparición con vida de Tehuel.

Desde que comenzamos a encontrarnos en esta plaza hemos presentado una docena de cartas solicitando que nos reciba. Las entregamos acompañadas con informes y propuestas concretas y urgentes, nacidas del calvario que representa para una familia acceder a una justicia justa y humana, que investigue y castigue el crimen de nuestras hijas. También presentamos propuestas para que el Estado prevenga estas violencias y contenga en tiempo y en forma a las infancias que deja huérfanas.

En este largo tiempo hemos escuchado hablar mucho de la necesidad de una reforma judicial como forma de garantizar que el Estado cumpla con sus obligaciones y garantice nuestros derechos. Necesitamos hechos. Exigimos acciones concretas. Reclamamos que se democratice el Poder Judicial de una vez por todas y para siempre.

Esta es la carta número 13 con la cual, con respeto y esperanza, solicitamos que reciba a nuestras familias. ¿Por qué insistimos? Porque estamos convencidos de que tiene que escucharnos. Nuestras palabras están cargadas de dolor, pero también de la tremenda experiencia que soportamos sobre nuestras espaldas y nuestras almas. Queremos transferirle ese peso: es suyo. Le corresponde a la máxima autoridad del país hacer todo lo que pueda y más para transmitirle a toda la sociedad que Nunca Más ninguna madre, ningún padre, ningún hermano, ni hermana deba soportarlo. Ninguna familia puede cargar sola ese peso: es demasiado.

Atentamente,

Marta Montero, mamá de Lucía Pérez

Mónica Ferreyra, mamá de Araceli Fulles

Guillermo Pérez, papá de Lucía Pérez

Alfredo Barrera, papá de Carla Soggiu

Rosana Andrea Soggiu, mamá de Carla Soggiu

Ana María Martinez, mamá de Melina Romero

Daniel Basaldúa y Susana Reyes, papá y mamá de Cecilia Basaldúa

Blanca Fredes, mamá de Agustina Fredes

Ezequiel Moscoso, tío de Katherine Moscoso

Facundo Ortiz y Marisa Rodriguez, papá y mamá de Luna Ortiz

Mamá de Camila Flores

Yolanda Sequeira, hermana de Luciana Sequeira

Fotos: Lina Etchesuri.
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