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Contaminación y cáncer en Corrientes: lo que confirmó la Defensoría del Pueblo

Publicada

hace 2 años

21/05/2021

La situación en Lavalle, Corrientes, zona de tomateras. Muerte de niños, envenenamiento de niñas. Explosión de casos de cáncer reconocidos por el municipio. El uso masivo de pesticidas prohibidos, sin control. La contaminación del agua. Informe de la Defensoría del Pueblo con las fotos y los datos de lo que ocurre y la violación de las distancias de fumigación. La denuncia de una enfermera del Garrahan y las certezas sobre un modo de producción que sigue cobrándose víctimas en medio de la inacción oficial. El documento completo.

Por Anabel Pomar

“La incidencia de la exposición a agroquímicos en la salud de la población es intuida por las autoridades, que la vinculan al alto número de vecinos que padecen cáncer y malformaciones congénitas. (…) En relación a ello, se destaca que en sólo una semana, la Municipalidad ha debido costear los viáticos de aproximadamente unas 60 personas para que estas accedan a atención oncológica en la ciudad de Corrientes (ubicada a unos 200 kilómetros), ya que en los establecimientos más cercanos no cuentan con disponibilidad para tal asistencia”.

Así lo plantea un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación –desconocido hasta ahora–al que tuvo acceso lavaca, tras la investigación del organismo en la localidad correntina de Lavalle a raíz de una denuncia por el envenenamiento y muerte de niños en los alrededores de las producciones hortícolas de la zona. Al mencionar a “las autoridades”, el texto se refiere principalmente a la intendenta Lucrecia Vásquez e integrantes del área de salud municipal con quien los integrantes del área de Medio Ambiente de la Defensoría mantuvieron un encuentro en el que desde el municipio manifestaron esas intuiciones sobre el origen del “alto número de vecinos que padecen cáncer y malformaciones congénitas”: 60 personas en una semana en atención oncológica, en un municipio de 3.000 habitantes, es muestra del estado de situación.

La recorrida de los funcionarios por Lavalle, ocurrida en noviembre de 2019 y registrada en el informe fechado el 26 de diciembre del mismo año, es descriptiva de la agresión que sufre la población, de la desidia con respecto al uso y efecto de los agrotóxicos y de las evidencias sobre lo que provocan en la población, entre otras cosas.

Agua, tomates y otras contaminaciones

El informe señala textualmente: “El 25 y 26 de noviembre del 2019 se realizó una recorrida en el Municipio de Lavalle, provincia de Corrientes. La misma tuvo por objetivo conocer las particularidades de la problemática de la contaminación del ambiente y el riesgo a la salud causados por la utilización de agroquímicos, y entablar una reunión con las autoridades municipales a fin de solicitar respuesta para los pedidos de informes adeudados y relevar sus posiciones e inquietudes en relación a la temática”.

Otros párrafos:

“Se llevó a cabo también una reunión con la Intendenta municipal y funcionarios del área de salud (…) y se mostraron preocupados por la problemática. La incidencia de la exposición a agroquímicos en la salud de la población es intuida por las autoridades, que la vinculan al alto número de vecinos que padecen cáncer y malformaciones congénitas. (…) En relación a ello, se destaca que en sólo una semana, la Municipalidad ha debido costear los viáticos de aproximadamente unas 60 personas para que estas accedan a atención oncológica en la ciudad de Corrientes (ubicada a unos 200kms), ya que en los establecimientos más cercanos no cuentan con disponibilidad para tal asistencia. Relatan que han inaugurado en 2018 un Centro de Estimulación Temprana para niños y adolescentes con discapacidades, pero que la cantidad de personas que demandan atención ha superado la expectativa inicial, debiendo abrir nuevos turnos, lo que evidencia que el problema es más extendido de lo que se suponía”.
“Otro tema que resulta importante es la potabilidad del agua. Lavalle cuenta con una extensa red de agua corriente proveniente de napas. (…) La intendenta informó que recientemente han realizado un nuevo pozo, de mayor profundidad, debido a que en los análisis realizados habían encontrado presencia de distintos contaminantes”.

La distancia antisocial

El informe continúa planteando:

“Las plantaciones más grandes de tomates y pimientos pueden observarse desde el límite del casco urbano más concentrado, apenas cruzando la calle donde éste finaliza, y a menos de los 500 y 1000 mts señalados por la normativa que prohíbe la aplicación de distintos tipos de productos”.

“También se verificó la existencia de campos sembrados con maíz y con arroz en las cercanías del pueblo y de las viviendas de la población (en este caso, no hay plantaciones de estos tipos dentro del casco urbanizado). Los métodos utilizados en la siembra de arroz se distinguen con claridad respecto de los de los otros cultivos mencionados, ya que se realiza por inundación y se fumiga por vía aérea”.

Las pruebas del delito

Las autoridades municipales reconocieron a los funcionarios de la Defensoría que se continúan utilizando pesticidas prohibidos:

“En relación a los productos utilizados, hicieron referencia a que ‘el que más se usa es Agromur, que es endosulfán’. Debe aclararse que Agromur es el nombre de una cooperativa que produce insumos para el agro, incluyendo entre ellos algunos productos agroquímicos. Aunque el endosulfán ha sido prohibido en 2011 por el Senasa, prohibición que admitió el uso de remanentes de stock hasta el año 2013, existen estudios que indican que este producto seguiría siendo utilizado en ciertos cultivos, ya que se han detectado elevadas concentraciones del mismo en futas y verduras adquiridas en comercios, llegando incluso a ser el plaguicida con mayor frecuencia de detección en uno de los análisis realizados”.

Bidones y glifosato

“Finalmente, se visitó el Centro de Acopio de envases de agroquímicos, inaugurado hace unos meses en el municipio de Lavalle, que recibe envases de toda la región. Se observó una acumulación de envases sin catalogar, con las tapas abiertas y aparentemente con restos de lo que podrían ser sustancias químicas”.

La mayor parte de los envases relevados correspondían a glifosato de la marca “Sumagro”’. El informe agrega que se detectaron (y fotografiaron)bidones deproductos como “Picloram Agros”, “Basagran 60”, “Nero Surcos”, “Pinar Surcos”, “Select”, “RebelEX”,“Optimizer”, “Kylian 24”, “Zenith”, “Clincher”, “Planet Xtra” y fertilizantes como “Poly Feed” y “Van Iperen”, entre otros. Y pesticidas de etiqueta roja, sin identificar marca.

El lenguaje burocrático del informe no oculta la gravedad de lo que está ocurriendo, y revela muchas cosas más.

¿Qué hace la Defensoría?

Hasta donde se sabe, el informe no provocó ninguna respuesta o medida concreta ni desde el Ministerio de Salud, ni de la cartera agraria, que permita atender la grave situación socio ambiental.

El caso revela a su vez la nula importancia que se le da a un organismo de supuesto control como la Defensoría, acéfalo desde 2009 y a cargo de subsecretarios (actualmente y desde 2015, Juan José Bockel). No hay grieta en tal sentido, ya que las tres gestiones nacionales de los últimos años (encabezadas por Cristina Fernández, Mauricio Macri y Alberto Fernández) y sus respectivos representantes legislativos mantuvieron a la Defensoría en un rol fantasmal, convirtiendo en una ilusión óptica su misión así descripta constitucionalmente: “La defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas”.

La denuncia de una enfermera

La denuncia que originó la investigación de la Defensoría es de 2013 (seis años antes de ese informe). Fue realizada por la enfermera de cuidados paliativos del Hospital de Pediatría Garrahan, Mercedes “Mechi” Méndez, a partir de la muerte en 2011 de Nicolás Arévalo (4 años), el envenenamiento e intoxicación de su prima Celeste Estévez (5 años), y la muerte en 2012 de José “Kily” Rivero (4 años).

Nicolás falleció por “edema agudo de pulmón producido por intoxicación por plaguicida”. La autopsia concluyó que en su cuerpo había endosulfán. Celeste sobrevivió aunque estuvo tres meses internada en el Garrahan de Buenos Aires, y continúa en tratamiento de por vida por los graves daños hepáticos producidos por el plaguicida organoclorado alfaendosulfán. Todo este tema fue tapa de nuestra revista mensual MU, número 60 (noviembre de 2012): Qué culpa tiene el tomate La nota completa: https://lavaca.org/notas/el-peor-veneno/

En el caso de Kily, un análisis de orina efectuado en su momento en el hospital de Goya descubrió un organofosforado en el cuerpo. Además, pericias posteriores detectaron el mismo compuesto en las hojas de las plantas de tomate del establecimiento hortícola y en el cuerpo de los chanchos muertos en la propiedad de la familia Rivero.

El 29 de abril de este año, Antonella, hermana de Kily, falleció de cáncer.( https://lavaca.org/notas/la-otra-pandemia-conmovedora-carta-de-una-enfermera-del-garrahan-ante-la-muerte-de-una-adolescente/)

En su denuncia de 2013 la enfermera solicitaba: “A los fines de preservar la salud y la vida de los afectados y del resto de la población expuesta a los agrotóxicos allí utilizados; se analice la posibilidad de ordenar la suspensión en lo inmediato de las fumigaciones en los establecimientos (tomateras) cercanos a sus viviendas y se ordene el traslado de las familias afectadas –a cargo del Municipio o del Organismo Público que correspondiere– a un lugar adecuado a los fines señalados, toda vez, que mientras las fumigaciones se sigan reiterando, el posible delito subsiste (ejecución continuada), con los peligros que los mismos entrañan”.

¿Qué pasó con esa denuncia? Recién el 24 de enero de 2018 (actuación 00019/18), cinco años después) la Defensoría realiza una serie de recomendaciones tanto para el Ministerio de Agricultura como el de Salud para que se releve la situación y se controlen las pulverizaciones entendiendo que Lavalle es un departamento con alto riesgo de contaminación.

Un año después, el 26 de diciembre de 2019 personal de la DPN elaboró el informe que aquí estamos revelando originado en esa denuncia de 2013 (Ref.: Actuaciones N° 2560/13, 1349/18, 1350/18 y 1351/18) que detalla el alarmante estado sanitario y ambiental de Lavalle. Kily, Nicolás, Antonella, Celeste, sus familiares, los pacientes oncológicos, los barrios sometidos a la contaminación perpetua, siguen esperando una respuesta.

El informe completoDescarga

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 3

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hace 22 horas

03/02/2023

La nueva serie documental de lavaca: el mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Con dirección de Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes. Ya disponibles los capítulos 1, 2 y 3.

Capítulo 3

Desde su eclosión en 2001, que sigue replicándose, las fábricas recuperadas tienen un marco jurídico precario. El proyecto de ley de Recuperación de Unidades Productivas es un mecanismo que los trabajadores presentaron por segunda vez en el Congreso, luego de que perdiera estado parlamentario en 2020. Las palabras de diputados y diputadas que expresan discursivamente la importancia de la ley. Una de ellas es Victoria Tolosa Paz, actual ministra de Desarrollo Social. Sin embargo, al día de la fecha, la ley no fue sancionada. Otro diputado, Leonardo Grosso, y la teoría de la “ceguera epistémica”.

Capítulo 2

Aceitera La Matanza fue la primera fábrica recuperada visitada por un presidente argentino durante su mandato. Alberto Fernández reconoció que siempre vio a las cooperativas como parte de la “economía informal” sin comprender que involucra otros modos de producción: “Ahora soy yo uno de los que tiene que convencer al resto de la Argentina de que la economía popular existe, y que hay que darle las herramientas para que siga creciendo”, dijo ante 2.000 trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, durante la pandemia, la asistencia del Estado no fue la misma que para las empresas privadas. ¿Qué dice sobre esto? ¿Y qué le responden quienes trabajan?

Capítulo 1

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Histórico: el martes comenzará el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez

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hace 2 días

02/02/2023

El próximo martes 7 de febrero comienza el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata en octubre de 2016. Tenía 16 años. Fue el caso que impulsó el primer Paro de Mujeres del país y que motivó un juicio escandaloso en 2018 cuyo fallo fue anulado por la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires, que ordenó que el proceso se realice nuevamente. Uno de los argumentos de la anulación: “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.

En aquel juicio se condenó a los acusados por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”, y no por el crimen. Casación ratificó esa condena, pero ordenó que ahora se realice nuevamente el juicio por femicidio. Detalles sobre la jornada preparatoria del juicio.

Esta nueva e histórica realización de un juicio por femicidio comenzará a las 9 de la mañana del martes 7 de febrero en el Tribunal en lo Criminal N° 2 de Mar del Plata, en Almirante Brown 2046. Los jueces a cargo del nuevo Tribunal son Roberto Falcone, Gustavo Fissore y Alexis Semaz. El fiscal del caso es Leonardo Arévalo.

Los acusados son Matías Farías (28 años) y Juan Pablo Offidani (47 años), quienes el 8 de octubre de 2016 llevaron a Lucía a la sala de salud de Playa Serena: llegó muerta. Farías será defendido por la abogada oficial María Laura Solari; Offidani, por el abogado particular César Sivo. Se estima que las audiencias se extenderán hasta el 1º de marzo.

Imagen de los tres acusados durante el juicio de 2018, que ahora se realizará nuevamente. Maciel (de anteojos) falleció luego de ser absuelto. Offidani y Farías fueron condenados a 8 años por narcotraficar droga cerca de las escuelas, pero no por el femicidio. Fotos: Romina Elvira para lavaca

¿Por qué un nuevo juicio?

Farías y Offidani fueron apresados el 9 de octubre de 2016, un día después del femicidio. El tercer detenido fue Alejandro Maciel, 61 años, acusado de encubrimiento agravado por ayudar al lavado del cuerpo muerto.

En 2018 fueron juzgados ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Mar del Plata. Farías y Offidani fueron condenados a ocho años de prisión y a pagar una multa de 135 mil pesos por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”. Desde entonces están detenidos. El tercer acusado, Maciel, fue sobreseído, y murió tiempo después de cáncer.

Pero ninguno de los tres fue condenado por el femicidio. Como si Lucía y su muerte no hubieran existido.

Aquel juicio que tuvo un desarrollo vergonzoso, con jueces que parecían más empeñados en cuestionar a la niña asesinada que en juzgar a los autores del crimen. A eso se agregó el tono machista, misógino, indiferente hacia la víctima y la familia, y totalmente consistente con una mirada que históricamente ha relegado a las víctimas de femicidios y de actos de violencia contra las mujeres.

Por esa sentencia la familia de Lucía exigió dos cosas, que se lograron:

El fallo por el juicio de 2018 se apeló y en agosto del 2020 la Sala IV de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires resolvió anularlo. Confirmó la condena por la venta de drogas, pero ordenó que se haga este nuevo juicio por el femicidio.

Además, en marzo se concretará un juicio político (jury) a los jueces del Tribunal: Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso por “negligencia, incumplimiento del cargo y parcialidad manifiesta”. El tercer juez,Aldo Carnevale, quedará impune porque consiguió la jubilación anticipada del gobierno de María Eugenia Vidal para evitar el enjuiciamiento. El jury será llevado adelante por el parlamento bonaerense

Al anular el fallo del juicio de 2018 la Cámara de Casación bonaerense instaló un precedente histórico para que el Poder Judicial deje de ser parte del sistema que consagra la impunidad y la estigmatización de las mujeres.

Los jueces del fallo anulado. Aldo Carnevale (que logró a tiempo su jubilación por parte del gobierno de María Eugenia Vidal), Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso. La Cámara de Casación anuló el fallo estigmatizante y vergonzoso que firmaron sobre el caso de Lucía Pérez, y en marzo Viñas y Gómez Urso serán sometidos a juicio político. Fotos: Romina Elvira para lavaca

¿A quién se juzga?

Uno de los fundamentos de esa anulación plantea: “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.

Además el Tribunal señala que el Estado se comprometió a prevenir y erradicar la violencia machista, y que “estas normas imponen a quienes tienen la tarea a su cargo, tener en consideración el contexto en el que ocurren los hechos, realizar un análisis de los mismos, determinar el encuadre jurídico apropiado, y valorar la prueba con perspectiva de género”.

En ese sentido pareció inexplicable que el Tribunal de Mar del Plata que juzgó en primera instancia el femicidio se haya enfocado en “indagar en la personalidad, actitudes y comportamientos anteriores de la víctima, su forma de relacionarse con los hombres, su vida social, su carácter, y en distinguir la conducta de los imputados, y a partir de allí, considerar si Lucía había consentido el acceso carnal”.

Describe la Cámara de Casación a ese foco estigmatizante puesto sobre la víctima como “un despropósito”.

Marta Montero y Guillermo Pérez: los padres de Lucía. Fotos: Romina Elvira para lavaca

La audiencia preparatoria

Durante la mañana de este jueves se desarrolló la audiencia preparatoria del juicio. Los padres de Lucía (Marta Montero y Guillermo Pérez) pidieron que el proceso sea transmitido por Youtube. Además solicitaron que el Tribunal no esté vallado, dado que el pedido de justicia será acompañado desde la calle por organizaciones sociales, sindicales y otras familias de víctimas de femicidios. Desde la Ciudad de Buenos Aires y La Plata está previsto que salgan grupos para acompañar el inicio de un proceso histórico.

Las defensas de los acusados se mostraron contrarias a ambos pedidos, que los jueces deberán resolver. Por su parte, los imputados pidieron no estar presentes en la sala.

En este nuevo proceso no hay una nueva instrucción, por lo que no hay nuevas pruebas ni nuevos testigos (que serán alrededor de 50). La primera jornada, el martes 7 de febrero, se iniciará con la declaración de la familia de Lucía. Durante la primera semana que será corta (el viernes 10 no habrá audiencia) se espera que declaren alrededor de 20 personas. Lo que está en juego es la posibilidad de ver en la práctica si finalmente habrá justicia.

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