Nota
Cuatro muertes adolescentes: pasado y futuro a dos años de una masacre policial

Se cumple el segundo aniversario de la masacre en la que fueron asesinados Aníbal Suárez (22), Camila López (13), Danilo Sansone (13) y Gonzalo Domínguez (14) tras una brutal balacera de efectivos de la Bonaerense en San Miguel del Monte. La única sobreviviente fue Rocío Quagliarello, después de estar 25 días internada. La causa por la persecución, el homicidio y el encubrimiento fue elevada a juicio en marzo, y ahora el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de La Plata debe fijar la fecha de inicio del proceso. Serán juzgados 23 policías y el exsecretario de Seguridad del municipio, Carlos Martínez. En el pueblo, las familias abrirán una casa de derechos humanos para acompañar y orientar a familias que sufren la violencia policial. Yanina Zarzoso, mamá de Camila, dice a lavaca: “Toda la justicia depende de la lucha de las familias”.

“Arderá la memoria. Arderá el amor. Hasta que todo sea como lo soñamos, como en realidad pudo haber sido”. El afiche está en el centro de la Plaza de Lxs Pibxs, en San Miguel del Monte, en medio de dos recipientes que cobijan un fuego desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche. “Sin poder convocar a una marcha por la pandemia, prendimos un fuego que simboliza la importancia de mantener encendida la memoria”, dice Yanina Zarzoso, a dos años de una masacre cuya noción no termina de reflejar el horror de lo que significó el 20 de mayo de 2019.
Yanina es la mamá de Camila López (13). Hace dos años, su hija viajaba en el Fiat 147 Spazio que conducía Aníbal Suárez (22) y en el que también viajaban Danilo Sansone (13), Gonzalo Domínguez (14) y Rocío Quagliarello (15), que chocó contra un camión en la colectora de entrada de la Ruta 3, tras una brutal balacera de efectivos de la Policía Bonaerense, en una “persecusión inmotivada”, como la describió el propio juez de la causa, Eduardo Silva Pelossi. Rocío fue la única sobreviviente: pasó 24 días internada en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela.
“Es muy triste y muy difícil”, dice Yanina, en diálogo con lavaca. “Si bien todos los días cuestan y el dolor está presente, lo particular de esta fecha es que revive todo ese momento, esa madrugada, y duele muchísimo, pero también entendemos que tenemos que tener fuerza, como venimos haciendo todo este tiempo, porque toda justicia depende de nosotros y de nuestra lucha”.

Yanina subraya que la causa judicial no dejó de moverse nunca. En marzo, el juez Silva Pelossi elevó a juicio oral la causa: serán juzgados 23 efectivos y el exfuncionario Carlos Martínez, expolicía, que se desempeñaba como secretario de Seguridad del municipio al momento de la masacre. El debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°4, que aún debe fijar la fecha del proceso. Yanina: “La justicia es lenta en sí, y con la pandemia más todavía, no sabemos cuándo puede llegar a ser el juicio. Esperamos que pueda ser este año, o principios del que viene, pero sabemos que es un avance comparándola con otras causas que tardan en llegar. Para mí dos años es un montón, pero es un paso enorme”.
Por el tramo central de la causa (la persecución, el asesinato y el encubrimiento), hay 24 imputados:
- Por homicidio agravado: el capitán Rubén Alberto García y los oficiales Manuel Monreal, Leonardo Ecilape y Mariano Alejandro Ibáñez. Son los policías que iban en los patrulleros que persiguieron y dispararon contra el Fiat 147. Enferentan la acusación de «homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de armas de fuego, y violación de los deberes de funcionario público».
- Por falsedad ideológica de instrumento público, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público: Marcelo Idarreta, José Domínguez, Melina Bianco, José Durán, Maia Valiente, Cristian Alberto Righero, Juan Manuel Gutiérrez, Julio Micucci y Nadia Genaro.
- Por encubrimiento agravado, incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público: Florencia Stankevicius, Mario Mistretta, Evelin Van Monleghey, Camila Galarza, Marisol Rizzo, Sergio Servia y Héctor Enrique Ángel, además del ex secretario de Seguridad de San Miguel del Monte, Claudio Martínez.
- Por violación de los deberes de funcionario público: Julieta Aguilera Rearte, Nelson Rodríguez y Raúl Mauregui.
Aún hay otras causas pendientes, como el expediente que investiga la responsabilidad de la exintendenta Sandra Mayol, acusada de encubrimiento, que tramita en la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de La Plata. “Más allá de ese retraso, las familias seguimos denunciando su responsabilidad política”, dice Yanina.
Sobre la causa principal, las familias apuntan que la celeridad en el proceso de instrucción y elevación a juicio se debe a varios factores: “Por un lado se debe a que eran chicos muy chicos. La repercusión que tuvo en los medios colaboró un montón. Y, fundamentalmente, nuestra lucha. No podemos permitirnos el detener un solo día sin lucha, porque del no parar de moverse y de seguir reclamando depende el movimiento de la justicia. Y vuelvo a que eran nenes: eso impactó mucho, porque casos así pasan todos los días. No hay casos aislados. Hoy sigue muriendo gente en manos de la policía, y lamentablemente muchos no salen a la luz”.
Las familias subrayan en todas las conversaciones que la celeridad también se debe al pueblo de Monte, donde el rápido accionar de los vecinos permitió que la trama de encubrimiento que empezaba a cubrir al caso desde las primeras horas -con el aval político de los principales funcionarios de la intendencia de entonces- quedara al descubierto:
- Un vecino encontró los casquillos de los disparos y se los dio a un familiar.
- El camionero contra el que impactó el auto se negó a firmar el acta de la declaración porque los policías escribieron “estruendos” cuando él había dicho disparos, por lo que fue a declarar a sede fiscal.
- En las primeras semanas, más de 38 vecinos se acercaron a testimoniar.
- Y el empleado municipal del Centro de Monitoreo difundió los videos de las cámaras de seguridad que demostraban la persecución a los tiros, sin ningún motivo, hecho por el cual fue suspendido por la Municipalidad.
Dice Yanina: “Con el pueblo voy a estar siempre agradecida, porque llegamos a esta instancia, también, gracias a los testimonios de la gente del propio pueblo. En relación a la policía, es parte de nuestra lucha ir apaciguando el dolor, y estamos por inaugurar una Casa de Derechos Humanos, llamada Madres del Pueblo, porque desde que pasó todo esto recibimos nuevas denuncias de violencia”.
Como en su momento reflejó MU (ver la nota Operación Masacre, publicada en la edición 136 de nuestra revista), la Masacre fue el corolario brutal de un accionar sistemático de abusos y hostigamientos de la Bonaerense sobre los jóvenes en Monte, que se traducían en golpizas, detenciones arbitrarias, amenazas y torturas, en un contexto de saturación policial en el municipio que las familias cuestionaban por innecesario, y que sólo fue aprovechado por la exintendenta Mayol para campaña política. Las denuncias también fueron constatadas por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
Concluye Yanina: “En Monte es sumamente necesario. Desde que pasó todo, me cansé de recibir gente que dicen que le pasan cosas con la policía. A las nuevas familias nosotros las orientamos, las acompañamos, con organizaciones que también nos acompañan. Las orientamos desde el amor y la experiencia, para que no vuelva a pasar. La casa es para eso: vamos a llevarla adelante las familias para apoyar a otros familiares. No queremos que esto pase nunca más”.
Nota
Cecilia Basaldúa: gracias a la lucha familiar designan un nuevo fiscal en la causa

La familia de la joven asesinada en Capilla del Monte llevó a Córdoba una carpeta con miles de firmas que reclamaban la designación de un nuevo fiscal. Lo lograron: después de la feria judicial tomará la causa Nelson Lingua. ¿Qué debe investigar? El rol de Mainardi y su círculo en el femicidio, la casa con manchas de sangre a pocos metros del lugar de hallazgo del cuerpo, la complicidad policial y el intento de la fiscal Paula Kelm de inculpar a un perejil. Todo lo que debe hacer una familia para conseguir justicia, cuando el Estado encubre.
Por Bernardina Rosini
desde Córdoba
Susana y Daniel Basaldúa entraron a la oficina del Fiscal General de Córdoba con una carpeta con miles de firmas de apoyo al pedido de designación de un fiscal para la investigación del femicidio de Cecilia de manera urgente. Lo lograron: fueron recibidos con la novedad de que después de un año y medio se hará cargo de la causa Nelson Lingua. Los padres de la joven asesinada en Capilla del Monte en 2020 estuvieron acompañados por decenas de personas, entre las que se encontraban sus abogadas, Daniela Pavón y Gisela Videla y el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos Gerardo Battistón.
La lucha por un fiscal
Desde que el entonces fiscal a cargo, Reymundo Barrera, de Cruz del Eje, se jubiló, la instrucción quedó en punto muerto. Esta inacción motivó en junio pasado una primera reunión con el fiscal general Juan Manuel Salgado, sin resultados. Esta nueva reunión fue distinta, según Daniel Basaldúa expresó luego del encuentro: “Nosotros veníamos a exigir un fiscal que tome la investigación: por ese lado, saldo positivo. Venimos hace meses con una investigación que no tenía una persona a cargo y se la pasaban de mano cada 10 días. Vinimos con 3.000 firmas pidiendo fiscal y lo tenemos. Es el Nelson Lingua y comienza el 1° de febrero, después de la feria judicial”.
El padre de Cecilia se muestra satisfecho con esta designación y con el compromiso que acompañó el Fiscal General de ocuparse personalmente que la investigación se mantenga activa y de informarse mensualmente de lo que vaya aconteciendo en la instrucción.


Lo que no se investiga
Desde el momento del hallazgo del cuerpo en abril de 2020 la familia de Cecilia sostiene que las líneas de investigación del crimen han sido deliberadamente manipuladas y material probatorio de contundencia, ignorado. Tal es es así que el juicio realizado en el año 2022 se sostenía únicamente en la confesión lograda a base de puños y amenazas por parte de personal policial a Lucas Bustos, un joven poblador rural sobre el cual no pesaba ninguna prueba siquiera que haya conocido a Cecilia.
Por el otro lado, las sospechas familiares recaen sobre Mario Mainardi, última persona que con certeza se sabe vió con vida a Cecilia y a quien nunca se investigó a pesar de que el luminol, sustancia que revela la presencia de rastros de sangre, diera positivo en 11 puntos de su casa; entre otros aspectos que lo implican y que fueron descartados exhibiendo cuanto menos, intencionalidad de encubrimiento, jamás investigados.
Estas cuestiones fueron nuevamente expresadas por el matrimonio Basaldúa y sus representantes ayer en el Palacio de Tribunales, en la oficina del Fiscal General. “Existe un claro interés de no investigar lo que propone la familia” afirma Daniela Pavón. La abogada comparte su preocupación por el tiempo perdido: “Semanas atrás hubo un incendio en una casa de Capilla del Monte que había sido señalada como un posible escenario del crimen”.


La casa
En medio de la pandemia los dueños de esa casa de veraneo se acercaron a chequearla y se encontraron que en una de las habitaciones estaba manchada de sangre. Los propietarios realizaron la denuncia, la policía se acercó y tomó muestras. La ubicación de la casa es a tan sólo 600 metros de donde fue encontrado el cuerpo de Cecilia el 25 de abril del 2020.
La fiscalía tenía el cuerpo de la joven por un lado y, a unos pocos metros, un cuarto de una casa abandonada manchado con sangre. Pero sin embargo no dió curso a la investigación y los análisis sobre las muestras extraídas de la casa nunca se realizaron. “Tememos que se haya perdido mucho material probatorio por falta de trabajo, de desidia de la fiscalía. Solicitamos hace mucho tiempo que se realicen las pericias y se tomen las muestras en ese lugar. Esperamos con ansias que haya un cambio de ritmo y de eficacia en la investigación con la incorporación y el liderazgo del doctor Lingua”, dice Pavón.

La corrupción
La construcción para intentar inculpar a un perejil realizada por la fiscal Paula Kelm y posteriormente el fiscal de Cámara Sergio Cuello en el juicio contra Lucas Bustos se deshizo por carecer de pruebas. Y si lo que se presenta claro y manifiesto es desestimado, la complicidad policial y judicial parece ya evidente.
¿Tomará el nuevo fiscal Lingua las líneas de investigación que señala la familia?
Mientras eso está por verse, Daniel y Susana participan hoy en la 17° Marcha de la Gorra en Córdoba capital y luego estarán en Capilla del Monte para seguir reclamando justicia en las calles.

Nota
Luna hace escuela: presentan una placa recordatoria de la joven asesinada, en reclamo de justicia

La joven de 19 años iba a la primaria n° 18 de Tigre, donde ayer se descubrió una placa para recordar su femicidio y reclamar justicia. El femicida Isaías Villarreal vive cerca de esa institución y de la casa de la familia Luna. El acompañamiento de las y los alumnos, de organizaciones sociales, del Ministerio de Mujeres bonaerense, y las palabras de sus padres.
«Es un momento importante: el Estado está reconociendo que es un femicidio. Falta que la justicia lo pueda ver”.
Marisa, mamá de Luna Ortiz, dice estas palabras frente a la escuela primaria n°18 de Tigre adónde iba su hija. Ahí, sobre la vereda y a metros de la puerta, se presentó ayer martes 6 de diciembre una señalización con la cara de Luna y una inscripción con una frase de la banda Callejeros que la recuerda: «Hoy desde el cielo me guian tus ojos a donde voy».


Del otro lado de la reja, alumnos y alumnas de 6to grado armaron guirnaldas de carteles que en letra imprenta piden que frene la violencia: «Si me querés no me grites», «mi vida tiene valor, mi cuerpo no tiene precio», «no más maltrato», «nos queremos vivas y libres».
«Es una reparación», dice Facundo, su papá, acompañado por otros familiares de víctimas de femicidios que viajaron desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, por vecinas, amigas de Luna, y por autoridades del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad bonaerense.
Luna Ortiz tenía 19 años cuando fue contactada por Isaías Villarreal el 2 de junio de 2017 mediante Facebook. Se encontraron y él la llevó a su casa, donde la esperaban otros dos hombres: ahí la drogaron, la alcoholizaron y la trasladaron en un raid en el que la intercambiaban como mercancía. Un día después, el 3 de junio de 2017, encontraron el cuerpo de Luna sin vida en la casa del propio Villarreal.
Dos años después, el fiscal Marcelo Fuenzalida, de la Unidad Funcional de Instrucción de Violencia de Género San Isidro, caratuló su muerte como “abandono de persona seguido de muerte con suministro de estupefacientes a título gratuito”. Ese año el TOC 7 de San Isidro condenó a Villarreal a 14 años de prisión. Pero en marzo de 2021, los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación Penal de La Plata, Daniel Alfredo Carral, Ricardo Ramón Maidana y Ricardo Borinsky, dieron lugar a un pedido de la defensa y cambiaron la carátula a “suministro gratuito de estupefacientes destinado al consumo personal en concurso real con homicidio imprudente” por lo que finalmente el femicida recibió una pena de 4 años y 11 meses.




Con el cambio de carátula, Villareal consiguió en 2022 la excarcelación. Desde entonces vive a pocas cuadras de la casa de donde vivía Luna, en el mismo barrio en donde ahora se la recuerda en la escuela.
Por eso Ailén, amiga de Luna, dice: «Para mí es plasmar que acá no está todo bien, que si él está en la calle no está todo bien, que él no es inocente de lo que hizo, que tiene que pasar y verle la cara hermosa que tenía y saber que no está todo bien, que nunca va a estar todo bien, y ojalá la justicia algún día revea el error que cometió».




Nota
Atlanticazo número 24 contra el loteo del mar

Las Asambleas por un Mar Libre de petroleras que ya llegan a gran parte de las costas argentinas realizaron una nueva movilización (la número 24) como todos los 4 de cada mes. En Mar del Plata, donde nació esta movida, fueron desde la Municipalidad hasta la Playa Popular, para manifestarse entrando al mar contra la pretensión de explotar las profundidades marinas sin licencia social y sin que se conozcan las consecuencias ambientales que se generarán. Luego hicieron una fogata contra el extractivismo.
La fecha es heredera y homenaje a las marchas antimineras que se producen también los días 4, desde que Esquel inauguró ese hábito social y ambiental en 2002. Este lunes hubo marchas entonces no solo en Mar del Plata sino también todo Chubut. Son las últimas previas a la asunción de un nuevo gobierno. En Mar del Plata, todo estará luego dirigido al 4 de enero, plena temporada, cuando además se cumplirán dos años del primer Atlanticazo. Como lo reflejó esta página el mes pasado, distintas localidades costeras del país se sumaron también este 4 a toda esta movida socioambiental en defensa del mar. (La revista MU está preparando una producción especial sobre el tema para la edición de diciembre, tras haber viajado a Mar del Plata).
¿Qué es el bombardeo acústico?
La asamblea hizo llegar a lavaca el mapa que refleja el parcelamiento del mar que están obteniendo las petroleras para realizar sus actividades, con notable colaboración de la política oficial y la judicial (Corte Suprema) en contra del medio ambiente. Ya son 38 «bloques» destinados a esas empresas, cuenta Silvina Álvarez, integrante de la asamblea: «Esto implica a toda la franja costera y a territorios que van a estar impactados. En Mar del Plata tenemos un sector del puerto que se le concesionó gratuitamente a Equinor, una corporación que trabaja con YPF». Se desconoce aun si los anuncios de motosierra llegarán a este gasto público.

El mapa muestra que el Mar Argentino fue sometido a una suerte de fraccionamiento: la gran zona rosada que acompaña al 70% de las costas es la que corresponde a las llamadas “prospecciones” que en la práctica implican una búsqueda sísmica mediante violentos y permanentes bombardeos acústicos para detectar áreas petroleras, causando estragos en la fauna marina, especialmente las ballenas, “destruyendo el ecosistema marino, que juega un rol fundamental en la absorción del dióxido de carbono atmosférico y la mitigación del cambio climático” explica la asamblea. “Es como si fuera todo el estruendo de cohetes de un año nuevo, pero dentro del mar y durante tres meses seguidos” explicó Silvina Ávarez a lavaca.
Esa acción sísimica de las naves de las corporaciones fue iniciada casi sin conocimiento público durante el gobierno macrista.
El resto de las zonas coloridas que se observan representa las áreas de exploración tanto en el norte como en el sur del Mar Argentino, con el nombre de las corporaciones encargadas de cada parcela.

El no cambio climático
Sobre la marcha en Mar del Plata contó Jazmín Safi a lavaca: “Tuvo muy buena convocatoria, más tratándose de un lunes, y apuntando a la acción del mes que viene, cuando cumplamos los dos años del primer Atlanticazo”.
El documento marplatense plantea un panorama sobre el presente: “En 6 días asume la presidencia Javier Milei, con promesas de más ajuste, más entrega y más represión. Los planes de la ultraderecha son profundizar el camino ya trazado por los anteriores gobiernos. Por eso es tan importante que hoy estemos en las calles, demostrando que gobierne quien gobierne seguiremos peleando por nuestros derechos y que no abandonaremos la defensa de los territorios y la vida”.
Sobre la extraña COP 28 (Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) que se desarrolla en Dubai, capital de un enclave justamente petrolero como Emiratos Árabes, plantean los asambleístas: “Esta reunión donde gobiernos y empresas se deben comprometer con acciones para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y evitar así el colapso climático que pone en riesgo la supervivencia de numerosas especies incluida la nuestra, paradójicamente se está desarrollando en Dubai, demostrando el poder de la industria petrolera mundial que sigue condicionando las políticas ambientales destinadas a frenar el aumento de la temperatura global”.

Dato sobre la representación argentina: “La delegación argentina está encabezada por Cecilia Nicolini, Secretaria de Cambio Climático, quien es responsable de haber firmado cada una de las Declaraciones de Impacto Ambiental a los proyectos de exploración sísmica y pozo exploratorio presentados por las corporaciones petroleras, luego de realizar falsas Audiencias Públicas, incumpliendo así tratados internacionales como el Acuerdo de París y el Acuerdo de Escazú”.
Contaminación, negacionismo y otros
¿Cuál es la situación actual? El documento marplatense informa: “Mientras tanto, el buque BGP Prospector sigue desplazándose a su antojo por las costas bonaerenses hasta las de Río Negro y Chubut, bombardeando el mar y destruyendo el ecosistema marino, que juega un rol fundamental en la absorción del dióxido de carbono atmosférico y la mitigación del cambio climático. Por su parte, el Estado nacional a través del Consejo Federal Pesquero y la Armada Argentina, rechazaron el pedido del Instituto de Conservación de Ballenas para relevar datos sobre los efectos de la sísmica en curso, porque podrían “entorpecer la prospección”. Así se demuestra nuevamente una profunda sumisión a los intereses de las corporaciones”.

La asamblea repasa otros conflictos del presente, como el caso de la Legislatura rionegrina, que votará esta semana tres leyes pro mineras con lo que se habilitaría la megaminería y el negocio inmobiliario en zonas resguardadas hasta ahora, “intensificando el saqueo y el despojo a las comunidades”.
Sobre el poder judicial: “Una justicia que sigue operando en favor de proyectos extractivistas como la Ley de Semillas avalada por un fallo de la Corte Suprema de la Nación en el que se le reconocen derechos de patente sobre las semillas a la corporación Bayer Monsanto, y que a su vez se niega a admitir la causa contra la empresa contaminante Porta hermanos, presentada hace más de tres años por vecines de Córdoba Los mismos jueces que se expidieron contra el recurso de queja presentado por organizaciones y abogades, dando así luz verde al proyecto petrolero offshore”.

Dos lemas asamblearios cierran el documento: “Somos mares, somos naturaleza, somos comunidades costeras” y “No es no”. La próxima marcha será con un gobierno cuyos candidatos han planteado públicamente que contaminar el agua no es un problema ni un delito, que niegan el cambio climático y que agitan la amenaza de represión como su modo de entender la convivencia democrática.

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