Nota
Correo: otra privatización ejemplar. La carta robada
Nigeria, Burundi y Argentina son los únicos países del mundo que privatizaron su correo. Aquí el gobierno de Kirchner rescindió el contrato pero se quiere volver a privatizar, cosa que seguramente despertará la curiosidad de muchos africanos. Datos para entender cómo funcionan los grupos empresarios una vez que logran quedarse con los bienes de la comunidad.
El plazo de la actual intervención al Correo fue prorrogado por seis meses. Todo indica que el servicio será reprivatizado.
Hay dos versiones: que pasará a una sociedad entre el Estado y el grupo empresario que ofrezca mejor plan de negocios; o que será directamente entregado a manos privadas.
No aparece en debate alguno la posibilidad de crear una empresa genuinamente pública, controlada por los trabajadores y los usuarios.
Para recordar cómo son las privatizaciones: el grupo empresario encabezado por Macri pagó sólo dos semestres de canon, y acumuló entre el 98 y el 2001 un monto de canon impago de $ 207.028.509,20.
La empresa incluyó como «inversiones» a las indemnizaciones por despidos, además de incumplir con casi todo lo pactado.
En el mundo, el correo solo ha sido privatizado en Nigeria y en Burundí y en la Argentina. En el país, la concesión de este servicio, fue entregada durante el gobierno menemista y rescindida el noviembre pasado por el actual presidente Néstor Kirchner, que se encontró con una empresa por demás endeble: balances que dieron pérdida en los últimos años, falta de inversión, cánones adeudados… A mediados de mayo venció el plazo de la actual intervención pero fue prorrogada por otros seis meses.
Todo parece indicar que el servicio será reprivatizado: algunas versiones indican que pasará a cargo de una sociedad entre el Estado y el grupo empresario que ofrezca mejor plan de negocios; otros refieren que será directamente entregado a manos privadas, con pago de canon pero que a las autoridades les quedará la palabra final sobre las decisiones.
Dado este panorama, es oportuno revisar cómo resultó la concesión a cargo de Correo Argentino S.A. (CASA) -el grupo empresario encabezado por Franco Macri- así como alertar sobre lo que nunca se ha hecho: someter la privatización del correo a la discusión pública, para que sea la sociedad quien decida qué hacer con un servicio que es estatal en casi todos los países.
Invertir en despidos
Según fijó el contrato, era obligación de CASA pagar un canon de 51.600.000 pesos/dólares por semestre y depositar el equivalente al 30% de ese monto a la Anses (para solventar el sistema jubilatorio) y presentar una garantía de ejecución por 50.000.000 pesos/dólares.
El grupo empresario encabezado por Macri se hizo cargo del correo en 1997 y sólo pagó en tiempo y forma los dos primeros semestres. En septiembre del 98 se hizo evidente el conflicto de intereses: la empresa dejó impagos 31.044.718 pesos/dólares y solicitó que se compensara el monto con las deudas que el Estado mantenía con CASA. La Secretaría de Comunicaciones aceptó el argumento, de modo que el canon del tercer período quedó saldado.
Algo similar ocurrió en el cuarto semestre: si bien no existió depósito, constan por lo menos tres resoluciones que -en principio- aceptan la compensación, incluso con un saldo a favor de la empresa.
De este modo, la apelación a la compensación se volvió el modus operando del concesionario, solo que ya sin efectuar ningún tipo de pago. Dado este mecanismo, muchos especialistas coinciden en señalar que la magnitud de la deuda empresaria no es comparable a la estatal y que un incumplimiento no se justifica con el otro: en todo caso el concesionario debería haber pagado el canon y, a la par, haber iniciado acciones judiciales para reclamar lo adeudado.
Según los informes realizados por la Auditoría General de la Nación, Correo Argentino acumuló, entre septiembre del 98 y agosto de 2001, un monto de canon impago de $ 207.028.509,20 sin contar los intereses ni el dinero que no llegó a la Anses. (por lo tanto $ 61.920.000 no llegaron a la Anses). Si se le suma el tiempo transcurrido desde entonces hasta la rescisión del contrato, hoy, la concesionaria adeuda por lo menos 361 millones más.
«El dispendio económico provocado por CASA en postergar los pagos y argumentar fundamentos inconsistentes y dilatorios impone el resarcimiento del Estado (daños y perjuicios e intereses), no evaluado oportunamente»., sostienen los auditores.
Para justificar su incumplimiento la empresa argumentó invariablemente que:
«La falta de pago por parte del Estado (…) de sus obligaciones (…) pone al concesionario en una situación de imposibilidad de cumplimiento de sus propias obligaciones».
«No es procedente que el Estado pretenda que el concesionario cumpla puntualmente con sus obligaciones contractuales cuando el propio Estado incurre en grave incumplimiento de sus obligaciones de pago».
«En atención a que el Estado no paga sus deudas antes de las fechas de pago del canon semestral adelantado (la empresa) a fin de evitar mayores perjuicios económicos y financieros… se ha visto compelida a utilizar la compensación como medio extinto de su obligación de pago de canon».
A la vez, otro informe de la AGN (nº 195 de 2001) señala que fueron incluidas como inversiones -con la anuencia de los entes reguladores- «las indemnizaciones correspondientes al Plan de Retiros Voluntarios del Personal, imputadas contablemente como Bienes Tangibles en la Cuenta del Plan de Inversiones de la empresa» y que las auditorías sobre «inversiones» y «estándares de calidad» no fueron planificadas ni ejecutadas de conformidad con lo normado en el contrato.
Traducción: echar gente fue considerado una inversión.
¿Quién controla?
En las actuales propuestas de reprivatización, se pone énfasis en la función del Estado como contralor. También en este sentido es indispensable volver sobre la experiencia anterior.
La investigadora Andrea López enumera, en varios de sus trabajos, los requisitos esenciales en materia regulatoria, tomando en cuenta -justamente- lo ocurrido hasta ahora:
Definición de las normativas y organismos previamente al inicio de la privatización de empresas de servicios públicos.
Existencia de normas impersonales y directas, claramente definidas y técnicamente coherentes con la capacidad administrativa de los futuros reguladores.
Autonomía de los organismos reguladores respecto del poder político.
Establecimiento de un régimen que prohiba a los funcionarios de los organismos reguladores trabajar en el sector regulado, durante un lapso determinado, una vez concluidas sus funciones.
Existencia de un régimen de sanciones claras, prácticas y de severidad creciente en caso de incumplimiento empresario.
Interacción efectiva entre los organismos reguladores y los ciudadanos para asegurar la legitimidad de la regulación.
Si bien al inicio de la concesión del servicio postal, el organismo de contralor del sistema de correos era la Comisión Nacional de Comunicaciones, el decreto Nº 772, de septiembre de 2000, modificó la estructura organizativa y estableció a la Secretaría de Comunicaciones las funciones de:
Ejercer las facultades de contralor respecto de aquellos entes u organismos de control de las áreas privatizadas o concesionadas.
Hacer cumplir los marcos regulatorios correspondientes.
Ejercer las funciones de Autoridad de Aplicación de las leyes que regulan el ejercicio de las actividades de su competencia.
Esta normativa dio origen a una disputa de jurisdicciones con el siguiente final: ninguno de los organismos se encargó del control del correo. De modo que nadie se encargó de:
Exigir el pago del canon.
Ejecutar la garantía.
Sancionar a CASA por los aportes no realizados al sistema.
Verificar el cumplimiento de todas las obligaciones previsionales y sociales del personal.
Exigir al concesionario la presentación previa de un cronograma de las inversiones a realizar durante el primer año de la concesión, limitándose a controlar el respaldo contable de los montos de inversión informados por la empresa.
Estudiar el universo de los reclamos efectuados por los usuarios ante las oficinas comerciales de la empresa Correo Argentino.
Coordinar con la AFIP, para establecer el cumplimiento de exigencias establecidas a los prestadores del servicio.
Controlar el tenor de las certificaciones contables que presentaron los prestadores del servicio postal como comprobación del cumplimiento de sus obligaciones impositivas previsionales y sociales.
Exigir que las empresas cuenten con libros de quejas, así como de publicidad destinada a informar al usuario de la posibilidad de hacer reclamos.
Ni el libro de quejas
De hecho la participación dada a los usuarios en el proceso privatizador ha sido mínima. Si ni siquiera se les responden los reclamos presentados en los libros de quejas, es difícil pensar en la articulación de una participación más efectiva.
«En cierta medida podría considerarse que el espacio mayoritariamente aceptado para garantizar una participación más activa de los usuarios y/o de sus asociaciones ha sido el de las audiencias públicas. Pero el carácter no vinculante de las opiniones allí vertidas, la decisión de convocatoria unilateral a cargo de los entes, y la falta de uniformidad respecto de aquellas cuestiones que ameritan un tratamiento en este ámbito, coartan la posibilidad de utilizar a las audiencias como medio privilegiado para la concertación -sostiene López-. Por otra parte, y a juicio del conjunto de las asociaciones de usuarios entrevistadas, la instrumentación efectiva de este mecanismo pone al descubierto los problemas clave de la regulación: notorias asimetrías de información y desigualdad de recursos técnicos entre las partes junto a posibles situaciones de captura empresarial».
Promover la participación de la comunidad es una de las garantías necesarias para que -según las palabras de Martín Schorr, investigador de FLACSO- no terminemos repitiendo una `historia’ que, por cierto, no tuvo ningún `final feliz'».
Nota
Jubilados e hinchas: “No queremos que vengan a defendernos de la policía, tenemos que luchar juntos por los derechos de todos”

En vísperas a la movilización del miércoles, que promete unir a jubilados con hinchas de todos los clubes, motoqueros y distintas organizaciones (hasta de kick boxing) que se siguen sumando al ritual semanal alrededor del Congreso, las y los jubilados cuentan por qué marchan: “No es solo para defendernos a nosotros, ni solamente por la situación de la jubilación. Nosotros luchamos por todo: por el trabajo en blanco registrado, por el cuidado integral del trabajador. No es solo por los medicamentos sino por el derecho a estar sano, a que no te contaminen, a que no te roben el agua, que no se pudra la comida: por todo”.
Mientras el gobierno nacional agita la idea de que las barrabravas son violentas, ellos informan: “Los barras cuidaron a Milei cuando hizo el acto en Parque Lezama. Los que vienen son hinchas. Y los hinchas son trabajadores que tienen los mismos problemas que nosotros”.
La idea, y el trabajo de hormiga, de la unidad entre sectores que hacen de alianzas inesperadas una forma de quiebre horizontal a la sociedad, que empezará a verse este miércoles a las 16 horas.
Por Franco Ciancaglini. Foto de Nacho Yuchark
Desde hace más de un año Zulema -ex trabajadora telefónica, actual jubilada y masajista-, marcha todos los miércoles alrededor del Congreso, realizando junto a sus compañeros y compañeras el ya famoso “Semaforazo”, que empezó aprovechando los cortes de tránsito para agitar consignas de reivindicación salarial y para cambiar el sistema, y se fue desbordando, mes a mes, con el deterioro social que impulsa el gobierno de Milei, hasta tejer una trama de distintos sectores que tendrá como protagonista el próximo miércoles a una alianza inesperada: jubilados e hinchadas de fútbol.
También se sumaron motoqueros autoconvocados, y al cierre de esta nota –cuenta Zulema- se conocían las adhesiones de sindicatos de actores o de la Asociación de Kick Boxing. Entre otras.
Zulema se encuentra justo en esta semana en Villa la Angostura, atendiendo problemas familiares en la zona de donde es oriunda, y desde esa distancia y con una mirada política lúcida y sin pelos titula lo que pasará en dos días como un “miércoles de solidaridad”. “Lo de las hinchadas es increíble, y lo de los motoqueros a mí me hace recordar al 2001”, comienza conectando con ciertas revueltas y climas de época. “Me suena que va a haber un cambio fundamental con la participación de ellos: los jubilados ya no vamos a estar más solos”.
La vanguardia
“¡Justo ahora que se pone lindo!” comienza lamentándose Zulema y esa ausencia – ella que es parte creadora y fundamental del grupo Jubilados Insurgentes- merece ser suplida por una breve autoreferencia: envía un video en el que, hace exactamente un año, irrumpe en una entrevista televisiva con palabras como éstas: “Necesitamos que vengan todos a Congreso a las 3 de la tarde. Necesitamos una gran unidad, porque no podemos contar con la CGT”.
El video nunca vio la luz pero el muchacho que lo tenía filmado, pre convocatoria de este miércoles, se lo envío ahora bajo el lema: “Al fin te hicieron caso”.
Ella se ríe: “No es a mí. Es un trabajo de muchos”, dice en relación a todo el resto de jubilados organizados en distintos grupos que durante muchos años se vienen movilizando, a veces –literal- en veredas opuestas.
Cabe agregar otra autoreferencia: hace un año, también, publicamos esta tapa de MU con los jubilados y jubiladas.
A nivel hinchadas, La vanguardia la llevó Chacarita, que tras difundirse un video en el que un jubilado con una camiseta de ese club lloraba en medio de una represión, fue el primer cuadro del cual sus hinchas convocaron abiertamente a movilizarse. “Nos sorprendimos gratamente porque los que vinieron eran jubilados. Y los jóvenes de Chacarita dijeron que ellos venían para que a sus abuelos no los hagan sufrir. Fue una cosa genuina y sencilla, no eran provocadores, ni venían con discursos”.
Algoritmo vs. acciones
La presencia de hinchas de Chaca que aguantaron los gases y los palos como siempre lo hacen las y los viejos funcionó en la práctica como una mojada de oreja a otros clubes que quisieron sumarse. Y no solo otros clubes: “Me llamó una vecina que yo nunca hubiera pensado, diciendo ‘me siento conmovida’”, revela Zulema sobre personas que no militan necesariamente los colores. “Es que a la gente le conmueven las buenas acciones y sienten que el apoyo de las hinchadas a los viejos es una cosa solidaria buena: nadie piensa que van a hacer lío. Fue un primer paso”.
En tiempos donde los algoritmos y el poder digitan el movimiento de odios y negatividades, el contagio de las buenas acciones del que habla Zulema tal vez sea otra de las fórmulas más políticas para cambiar el presente. Buenas acciones que no implican solo ayudar a los viejos en el sentido literal: en esta entrevista Zulema resume el contenido de la marcha de este miércoles, su relación transversal con los problemas de la sociedad toda, y deja definiciones dignas no de una pobre abuelita (ellos dicen: “no somos viejos meados”) sino de las personas que encabezan una forma de luchar y proyectar futuro. Porque como dijeron en la última nota de MU que les hicimos:
-Aunque estemos grandes, nosotras también tenemos sueños y tenemos tenemos esperanzas.
El aguante
¿Por qué marcharán este miércoles hinchadas y jubilados?
Nosotros siempre dijimos que el tema de los jubilados está íntimamente ligado al deterioro de los trabajadores activos, que están cada vez más precarizados, y no se van a poder jubilar porque está desfinanciando al sistema jubilatorio. Además de que no se van a poder jubilar, es una situación de deterioro general: el derecho al salario y al derecho a la jubilación están unidos. No hay derecho a medias, no es que vos podés tener medio derecho: revindicamos el derecho completo.
¿Cómo relacionar esos derechos de sectores distintos?
Cuando vos te jubilás por moratoria, algunos sí y a otros no, tenés que pasar un filtro: eso no es un derecho. El derecho tiene que ser una cosa completa a la cual accedés por haber trabajado toda tu vida. No sos empresario, no sos latifundista, viviste de tu trabajo: revindicamos eso. Por esa razón tenés derecho a que cuando cumplís la edad, tengas el derecho. No es un gasto para el Estado, es un pase de manos de divisas, es la clase trabajadora que se autosustenta. Nosotros luchamos por todo: por el trabajo en blanco registrado, por el cuidado integral del trabajador. No solo por los medicamentos, sino por el derecho a estar sano, a que no te contaminen, a que no te roben el agua, que no se pudra la comida: por todo. Por cosas que ni siquiera se puede resolver con dinero… Hay gente que no tiene dónde vivir, y la Canasta Básica no contempla el alquiler. Luchamos también, -como la Constitución dice- por el derecho a la vivienda. Por eso nos tenemos que ni unir para ponernos de acuerdo en qué país queremos y un plan de lucha hasta dónde queremos llegar y transformar la realidad nosotros mismos, porque somos las únicas personas que tenemos derechos.
Ustedes, militantes desde jóvenes, siempre pensaron en que se puede cambiar el mundo…
Lo seguimos pensando, incluso lo discutimos a raíz del volantito (que repartirán el miércoles) por la llegada de las hinchadas. Y algunos compañeros decían: no queremos que vengan a defendernos de la policía. Nosotros venimos resistiendo y no nos asusta, el tema es que nos apoyen en los reclamos, en un proyecto de país que sea beneficioso para todos. No queremos que vivir sea para una clase parasitaria a costa de los trabajadores.
¿Tuvieron contacto con representantes de hinchadas o de motoqueros, o es una relación por construir?
No tenemos mucha conexión. Fuimos a muchos conflictos planteando lo mismo, pero parece que el tema de la unidad para luchar juntos tiene otra maduración. Nosotros planteamos que la unidad tiene que ser una organización donde nadie quiera llevar al otro de las narices. Tiene que ser un plan que responda a las necesidades de todos los sectores. Y el plan de lucha que sea lo que estamos dispuestos a hacer todos. Que nadie se arrogue la representatividad, que no te manipulen, tiene que ser unidad en serio: si eso pasa, sería como un parlamento obrero, no necesitamos ni al Congreso. Queremos que los trabajadores decidan.
Eso pareciera que sí está un poquito más lejos…
Pero apunta para ese lado. Sabemos que vamos paso a paso. Por ejemplo, los motoqueros no tienen un lugar donde se reúnen, no sabemos cómo hacen. Porque nunca vinieron tampoco, nosotros sí hemos ido donde la gente luchaba. Ahora vamos a tener la posibilidad de quedar más relacionados.
¿Cómo se puede hacer más duradera estas alianzas, más allá del miércoles?
Del miércoles tenemos que salir sabiendo a dónde va un trabajador que tiene dificultades, que tenga a dónde ir; un lugar donde estén todas las organizaciones de trabajadores para articular un plan de lucha. No parecía que los jubilados tuviéramos esa atracción, ahora pinta distinto: no sabemos a dónde va a llegar, pero es interesante este momento. A diferencia de las hinchadas, las organizaciones a veces te vienen a conversar con un discurso que sabes de memoria, pero las hinchadas son trabajadores que tienen las mismas problemáticas. Y también el lugar que está dejando la CGT, lo están llenando. Porque después la CGT hace un paro y lo negocian ellos, y te dejan a gamba. Tener un espacio nuestro que tengamos decisión de que hacer es mucho más digno y duradero.
En este momento, Patricia Bullirch está preparando el operativo de seguridad. Hoy más temprano planteó la relación de las barrabravas como sectores violentos, para desacreditar lo que se está gestando. ¿Cómo se le contesta?
Son capaces de traerse algún tanque. Si la semana pasada éramos 500 y pusieron 1000 policías, ahora no sé. Estaba la Prefectura, la Federal, la de la Ciudad… faltan los tanques de guerra, los soldados, la artillería. Pero nosotros sabemos que si hay mucha gente hay menos posibilidades de represión, ya lo vimos en la Marcha Universitaria… Entonces yo confío en que si somos tantos, se van a quedar en el molde. Pero vienen cebados, la semana pasada agarraron a algunos hinchas para decir que los que no son jubilados vienen a hacer lío. Pero no es así. Ellos quieren asociarnos a los barrabravas, pero nos dimos cuenta que no tienen nada que ver con los que vinieron, que son hinchas: los barras cuidaron a Milei cuando hizo el acto en Parque Lezama. Los hinchas son autoconvocados, y la verdad que estuvieron tranquilos y resistieron como resistimos nosotros. Ojalá que sea lo mismo. Y que sea un quiebre.
Nota
Continúa el destierro mapuche: Desalojan a otra comunidad para favorecer a un empresario forestal

La lof Quemquemtrew, en Cuesta del Ternero, El Bolsón, fue desalojada tras la denuncia del empresario Rocco, que ocupa esas tierras fiscales y goza de impunidad judicial, con aval político. El fallo que da la razón a la comunidad, versus las presiones que reconoció la fiscalía local a la comunidad mapuche. El testimonio de sus integrantes, y la relación con los recientes incendios. La voz de la abogada que desmiente las relaciones con la RAM y el «circo» montado para justificar el despojo con argumentos racistas. El post del gobernador Weretilneck, alineado a la bajada de Nación, y las amenazas a los pobladores locales. Una de terror que sucede en la Patagonia, donde las comunidades originarias se encuentran sin ley y sin derechos, y con cada vez menos territorios. «Vamos a presentar una medida cautelar para volver a nuestro territorio lo antes posible”.
Por Francisco Pandolfi
El 10 de diciembre pasado, Javier Milei derogó la ley de Emergencia Territorial Indígena dando así vía libre a los desalojos de las comunidades originarias y allanando el terreno para el destierro, sobre todo del pueblo mapuche y sobre todo en la Patagonia. Ayer, el Gobierno de Río Negro, mediante un despliegue de más de 150 agentes de la Policía provincial, dio un nuevo paso en ese sentido: desalojó de sus tierras a la comunidad Quemquemtrew, en el paraje Cuesta del Ternero, El Bolsón.
El operativo se realizó por orden judicial tras una denuncia del empresario forestal Rolando Rocco, que ocupa esas tierras fiscales desde hace años, gozando de beneficios tanto por parte del Ejecutivo como de la Justicia. En noviembre de 2021, dos empleados de Rocco atacaron a la comunidad y asesinaron a Elías Garay e hirieron de gravedad a Gonzalo Cabrera, dos de sus integrantes.
La voz de la comunidad
Romina Jones es integrante del lof Quemquemtrew, pero no habla con lavaca desde ahí. “Nos dejaron sin nada”, comienza.
¿Qué hay detrás de este despojo?
Los intereses de un empresario forestal, Rolando Rocco, a quien la provincia prácticamente le regaló más de 2500 hectáreas en Cuesta del Ternero, en un proceso de muchísimas irregularidades. A un fiscalero (quien ocupa tierras fiscales) se lo obliga a vivir en el lugar, pero él vive incluso en otra provincia (Chubut); a un fiscalero se le otorga un terreno único, pero a él le dieron diferentes porciones de la Cuesta, un montón de parcelas. A un fiscalero también se le exige que tenga buena relación con sus vecinos, pero él tiene denuncias de varios por amenazarlos con armas de fuego y armas blancas. Y ni hablar que él fue quien contrató a las dos personas que entraron al territorio a matar a Elías (Garay, asesinado en noviembre de 2021). La Justicia lo eximió, pero la vinculación es evidente, no sólo por sus amenazas previas de que lo iba a hacer, sino que su abogado es el mismo que defiende a uno de los asesinos de Elías. En ese crimen también estuvo involucrado el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Seguridad provincial, ya que los autores materiales eludieron, portando armas de fuego, varios retenes policiales, en un momento donde nadie podía pasar. Hubo una cadena de responsabilidades que nadie las paga, como las hay ahora también con el desalojo de ayer. Hicimos varios reclamos a la Dirección de Tierra de Río Negro, pero es un organismo que ha venido regalando grandes extensiones a distintos empresarios, como es el caso de Joe lewis (el magnate británico que tiene la llave de Lago Escondido). Nosotros teníamos todas las de ganar, pero sin embargo nos desalojaron.
¿Por qué tenían todas las de ganar?
Porque estamos en territorio mapuche y eso fue reconocido por la jueza Romina Martini en la sentencia del juicio. Habló de nuestra ancestralidad, nos reconoció como comunidad mapuche, el derecho a reagruparnos, la necesidad de desarrollar la espiritualidad, pero ni eso alcanzó. El fallo que ordena el desalojo es una gran ironía, que se explica por los aprietes que hay hacia el Poder Judicial, que no es autónomo, sino que se inclina según las presiones políticas. Desde la propia fiscalía nos reconocieron las presiones del gobernador y de su partido Juntos Somos Río Negro.
Circo y mentiras
Andrea Raile integra la Liga Argentina por los Derechos Humanos y es la abogada que representa a la comunidad Quemquemtrew. Dice que le gustaría que algo quede bien claro: “Tiene que dejar de hablarse de desalojo porque aunque la sentencia de la jueza sí ordenó la desocupación del predio, lo que hizo la lof fue un cumplimiento voluntario de la sentencia”. Se pregunta y se responde: “¿Qué significa esto? Significa que tanto el operativo que hizo ayer la provincia de Río Negro llevando tantos policías, así como sus discursos que hablan de una vinculación con la RAM, es todo circo y pura mentira. No hay ninguna vinculación con la RAM y lo único que encontraron en la comunidad fueron banderas mapuche y cartelería de Eíias Garay, recordando su asesinato”.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, ayer hizo una publicación en sus redes sociales en la que se jacta del magnífico operativo (cuando ya sabían que no habría nadie) y endilga a la comunidad de violenta y desobediencia judicial, así como de ser un sector radicalizado “que pretende imponer sus propios términos, desafiando al Estado y a la Justicia”.
Andrea tiene muchísima bronca. Dice que la provincia siempre se escuda en un privado, pero es la que “tiene que dar la cara, porque es la dueña de la propiedad de la tierra”. Y aclara: “Esta comunidad siempre estuvo abierta al diálogo, aún después de que entraran en la comunidad y asesinaran a uno de sus integrantes, burlando dos retenes policiales. Lof Quemquemtrew siempre estuvo a derecho y cuando quedó firme la sentencia, la comunidad la cumplió y dejó su tierra, sin violencia. El circo que hicieron ayer no sé quién lo pagará, no era necesario”.
Patagonia en venta
El desalojo de ayer se da en un contexto de persecución general al pueblo mapuche. A principios de este año el gobierno provincial desalojó a la comunidad Paillako; hace dos semanas comenzó el juicio a lof Lafken Winkul Mapu; todo en medio de monumentales incendios que desde el poder político buscaron culpabilizar al pueblo ancestral:
Romina Jones cuenta lo que percibe que sucede en la Patagonia: “Se están vendiendo todos los recursos naturales que todavía existen, a capitales extranjeros israelitas, cataríes, yanquis, a los amigos del poder. Y se va contra quienes defendemos estos bienes, sean del pueblo mapuche o no. Hace un mes, en el incendio de Mallín Ahogado, detuvieron a brigadistas a partir de mentiras, ensuciándolos, diciendo que en vez de apagar los incendios los prendían. Hoy sale a la luz, a punto de empezar las clases, que una escuela arranca con cuatro hectáreas menos en su predio, por habérselo vendido a terceros. El empresario Rocco tiene una plantación de pino, y justamente el pino es uno de los factores de incendios, porque además de secar la tierra, al prenderse el lugar se expande la pinocha, que vuela y genera distintos focos en poco tiempo. Entonces, el trasfondo de todo es la entrega de la tierra y para eso valen todos los hostigamientos, vale toda la campaña mediática que nos tilda de terroristas e incendiarios. Y esto se está extendiendo a cualquiera que nos acompañe”.
Romper el silencio
Daniela tiene 32 años y desde hace seis que se mudó de Buenos Aires a la Comarca Andina. Es productora hortícola y vive en Mallín Ahogado, paraje rural de El Bolsón. Integra la red de apoyo al lof Quemquemtrew. Daniela, anteayer, no dio más, y necesitó decir. Escribió un comunicado, en el que denunció:
“Cómo es de público conocimiento, hoy jueves 6 de marzo 2025, durante la mañana se llevó adelante el nefasto operativo de desalojo en dicha Lof. Hoy también, alrededor de las 12hs, mientras el ministro de seguridad de la provincia (Daniel Jara) y el jefe de la policía de Río Negro (Daniel Bertazzo) daban una conferencia de prensa en la Comisaría N°12, se presentaron frente a la casa donde vivo junto a una amiga, un móvil y una 4×4, ambos de la policía de Río Negro. Desde hace un mes, en distintos momentos, venimos siendo amedrentadas por la policía. Empezó el 6 de febrero, cuando agentes subidos en tres motos señalaron nuestra casa desde el camino”.
Horas después, Daniela habla con lavaca: “Desde que fue el desalojo a la comunidad Paillako, en el Parque Nacional Los Alerces, comenzó una campaña mediática acusando al pueblo mapuche de terrorista. Empezaron los incendios en Epuyén (noroeste de Chubut) e inmediatamente militarizaron la Cuesta del Ternero, donde está el territorio del Lof Quemquemtrew. Luego se prendió fuego Mallín y la solidaridad que empezó a gestarse entre la comunidad fue impresionante, para gestionar donaciones, armado de viandas. Eso molesta mucho al poder, lo pone en jaque, así que en respuesta arrancó una embestida de medios de comunicación demonizándonos, se escrachó a gente que estaba ayudando a apagar el fuego para generar pánico y divisiones, que detonó en detenciones al voleo y una patota (de Joe Lewis) golpeándonos a quienes reclamábamos por las liberaciones. Ese circo que se armaba era alrededor de un montón de vecinos de a pie que pedían el linchamiento y la muerte de todos los que estábamos ahí. Desde ese día empiezo a notar el hostigamiento policial hacia mí y a otras personas”.
¿Qué tipo de hostigamiento?
Al día siguiente, tres motos de las fuerzas especiales de la Policía rionegrina se apostaron frente a mi casa a señalarla. Yo estaba adentro. Me asusté, me paralicé; sabía que no era algo individual, sino un un mensaje para el conjunto. Para resguardarme, decidí apagar el celular, y a los diez días aproximadamente se me prendió. Estaba muy caliente y tenía la fecha cambiada: decía 24 de marzo, una fecha lo suficientemente sugerente para nuestro país. Una semana después, volviendo a mi casa una noche, me apuntaron con un láser hasta que me perdieron de vista. Y ayer fue el detonante, tras el desalojo de la comunidad, el apostarse en la puerta de mi casa. Primero le resté importancia, pero después uní todo y decidí salir a hablar, y en las próximas horas presentar un hábeas corpus para averiguar qué pasa, qué están haciendo realmente conmigo y por qué merodean mi casa”.
Cuando le pregunto a Daniela cómo está, cómo se siente, su primera respuesta es en llanto. Y después le sale la voz, un poco entrecortada pero le sale, porque decidió decir: “Tengo mucha bronca, mucha impotencia y si estoy así de mal es por mi vieja, que vive en Buenos Aires; ella fue presa en la dictadura, estuvo un año y tres meses detenida en Chaco y todavía no he podido contarle la situación para no asustarla. El llanto, en realidad, es porque no sé cómo abordar la situación con mi mamá. Pero otra enseñanza que nos dejó el periodo de la dictadura es que hay que decir, que si me llega a pasar algo, se sepa el por qué”.
Quemquemtrew, en mapudungún, significa el sonido que se produce con la corriente de un río y las piedras. Romina Jones, integrante de la comunidad, adelanta que presentarán una medida cautelar en resguardo al sitio ceremonial y al rewe (sitio sagrado) y para que la machi (guía sanadora y espiritual) pueda volver al territorio: “Como pueblo originario lo que reclamamos es recuperar nuestros sitios ceremoniales, que son de suma importancia para nuestro físico, para lo espiritual, lo emocional. Entendemos que gran parte de la sociedad no llega a comprenderlo, porque hay un trabajo muy fino del discurso oficial, con expresiones racistas de distintos gobiernos, que reforzado por los medios hegemónicos da como resultado que no haya ni un pequeño interés en nuestra cosmovisión, al punto de banalizarla. Pero quienes menos respeto nos tienen son los que toman las decisiones, y que en realidad están obligados a proteger nuestras creencias, como lo establece la Constitución Nacional. Porque si bien hay leyes que protegían nuestros derechos y que Javier Milei ha derogado, siguen vigentes la Constitución y varios convenios internacionales que nos amparan. Vamos a presionar, porque el objetivo es claro: volver a nuestro territorio lo antes posible”.
Nota
Alerta Lugano: a espaldas de la comunidad, AUSA y el GCBA avanzan con el Máster Plan

La obra que pretende modificar al barrio sin ningún beneficio vecinal, para colocar entre otras cosas un nuevo peaje, se estima que acabará con 70 mil metros cuadrados de espacio verde. Ayer la empresa concesionaria de la autopista Dellepiane comenzó con la tala, pese a que se había pactado una “mesa de trabajo” previo al inicio de las obras, que la comunidad rechaza. La voz de las y los vecinos, el silencio del gobierno porteño y la postura de AUSA: no dar entrevistas “en on”. Hoy por la tarde el barrio se autoconvoca a una ceremonia de reflexión y concientización: 18.30, en Cañada de Gómez y Riestra.
Por Francisco Pandolfi
Ni el gobierno porteño ni la empresa AUSA (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima) cumplieron lo que habían prometido: ayer, con la luz verde del Gobierno de la Ciudad, la empresa concesionaria de la Autopista Dellepiane empezó con la tala indiscriminada de árboles, incumpliendo la promesa de no comenzar la obra del Máster Plan Autopista Dellepiane hasta iniciar una mesa de trabajo conjunta con las y los vecinos autoconvocados de Lugano, que la vienen exigiendo desde noviembre pasado.
Silencios y engaños
El pedido de diálogo primero fue en una audiencia pública. Ante el silencio como respuesta, se exigió por escrito un pedido de información pública a AUSA, a APRA (Agencia de Protección Ambiental), al Ministerio de Infraestructura y a la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteño. No hubo ninguna respuesta hasta el pasado jueves 20 de febrero, cuando en una reunión en la Junta Histórica de Lugano, el Gobierno de la Ciudad se comprometió a iniciar las mesas de trabajo previo al inicio de la obra. Los representantes gubernamentales en la reunión fueron Facundo Echeverría, de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano de la Ciudad, y Jorge Fiorentino, asesor de la secretaría de Ambiente y Espacios Arbolados. “La obra empezó y de las mesas de trabajo no hubo noticias, hasta que hoy vinieron y arrasaron con los primeros siete árboles”, denuncia la comunidad.
Desde AUSA, la semana pasada habían informado que hoy harían la extracción y posterior trasplante de cuatro especies (dos ceibos y dos aguaribay) en Dellepiane Sur, pero el accionar fue otro: no hubo trasplante, sino tala directa, tanto en Dellepiane Sur como en Dellepiane Norte.
Sin beneficios
En esta nota publicada la semana pasada (https://lavaca.org/actualidad/lugano-resiste-al-master-plan-que-quiere-imponer-macri/), contamos los pormenores de una obra que modificará al barrio sin ningún beneficio vecinal, y de la que no está enterada (como figura por ley) la mayoría de los frentistas a la Dellepiane. Allí, a metros de la General Paz, el gobierno porteño pretende colocar un nuevo peaje, a sólo 4 kilómetros del ya existente en avenida Lacarra.
El “Máster Plan Autopista Parque Dellepiane” se emplazará sobre la traza de la autopista Dellepiane, desde el cruce de la avenida General Paz hasta el Peaje de Lacarra, y abarcará 4,6 km. La comunidad afirma que en ese tramo se talarán cientos de árboles, entre los cuales hay álamos, ceibos, ombúes, aguaribay, algunos de más de 100 años, que ahora están marcados con una cruz, como señal de la muerte anunciada. Dice Silvina Cammarotta, vecina: “Según un ingeniero de AUSA, 121 árboles los van a arrasar con una máquina y triturar, hasta convertirlos en aserrín”.
El rediseño de la autopista incorporará dos carrilles exclusivos para metrobús y la terminación de las colectoras, por lo que se eliminarán de cada lado diez metros de espacio verde. Dice Néstor Muñoz, vecino de Villa Lugano: “El Gobierno de la Ciudad presentó esta obra de modernización de la autopista para poder cobrar un nuevo peaje, y para hacerlo, la ley obliga que cada camino con peaje debe tener un camino alternativo. La ampliación de las colectoras significa más asfalto, y la destrucción de 70 mil metros cuadrados de espacio verde”.
Policías y más policías
A sabiendas de la extracción que devino en tala, los vecinos autoconvocados fuera de toda bandera partidaria, se convocaron este miércoles a las 6 de la mañana, de manera pacífica, para registrar los movimientos de la empresa. Presagiaban que podía pasar lo que finalmente ocurrió: el aniquilamiento de los árboles. Cuando arribaron –todavía de noche–, ya había una camioneta de la Policía de Ciudad esperándolos. Luego llegó otra. Y luego otra. Y luego una más. 12 agentes uniformados y otros de civil se apostaron frente a la autopista, para garantizar que se llevara a cabo la tala, sin inconvenientes.
Enzo es frentista de la Dellepiane. Le dicen el Tano. Mira la situación, con una docena de efectivos de un lado, con máquinas del otro. Y dice: “Es lamentable que destruyan, en vez de construir”.
Recurso de amparo
Hace dos semanas, los vecinos y vecinas de Villa Lugano presentaron un amparo solicitando que el Gobierno porteño y AUSA detuvieran la obra hasta que se iniciaran las mesas de trabajo conjuntas. El amparo cuenta con el patrocinio del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires y lo presentó la Defensora Oficial, Giselle Furlong Pader, que exigió convocar a un proceso participativo institucional y vinculante, previo al desarrollo de la primera etapa de la obra.
Eso ya no se cumplió.
La Defensoría también exhortó a que el gobierno porteño convoque a una audiencia “para facilitar el diálogo entre las distintas partes del proceso judicial”. Y solicita suspender la extracción de los árboles hasta que no se dé cumplimiento “con la obligación de brindar información pública y se otorgue la debida participación en asuntos ambientales”.
Esto tampoco se cumplió.

Qué democracia
Silvina tiene una angustia que se le nota en los ojos. Y en la voz: “Nos mintieron en todo y en la cara. No hicieron nada de lo que dijeron. Talaron en vez de trasplantar; dejaron los troncos al ras. Vamos a hacer una denuncia penal. Llamamos a Facundo Echeverría, de Vínculo Ciudadano de la Ciudad y nos re boludeó; dijo que la obra se iba a hacer igual y que nosotros éramos unos subversivos. Siento mucha impotencia, dolor, un nudo en el pecho, se manejan con muchísima impunidad. Hicimos todo lo que había que hacer, sin violencia, buscando todos los canales de diálogo y nada. No parece un gobierno democrático, sino una tiranía”.
Néstor: “Seguiremos exigiendo al gobierno un plan integral de ciudad, donde se contemplen espacios verdes necesarios de mantener. Internacionalmente se busca que las ciudades tengan un 12% por ciento de espacios verdes, y nosotros con suerte pasamos los 6. Nosotros no tomamos un camino de violencia para reclamar, pero en cambio, la violencia la está generando este gobierno, vallando los caminos, no conformando las mesas de trabajo y ahora talando los árboles. El artículo 1 de la Constitución lo dice muy claro, y parece que este gobierno no lo sabe: el sistema que desarrollemos en la Ciudad de Buenos Aires debe ser democrativo y participativo”
Cecilia, también vecina: “Esperamos que el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, entre en razón; lo que hicieron hoy es de sinvergüenzas. Hoy se llevaron puestos siete árboles. Hoy asesinaron siete árboles”.
Que en esta nota hablen sólo vecinas y vecinos tiene un por qué. O dos, en realidad. Comunicarse a la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano es una tarea titánica, que no da resultado. Nadie atiende.
Con AUSA la cosa es distinta, aunque parecida: el prensa de la empresa le dice a lavaca que la política interna es “no dar entrevistas en ON, que con los medios se manejan así”.
Los vecindad organizada sigue en pie y para mañana jueves por la tarde (18.30, en Cañada de Gómez y Riestra) convoca a una ceremonia de reflexión y concientización ante el ombú centenario de Lugano. Es una más de las decenas de movidas que la comunidad viene haciendo desde noviembre, cuando se enteró del Máster Plan. Como la convocatoria casa por casa a los frentistas desinformados; como la repartición de volantes en los corsos de carnaval; como la juntada de firmas en los centros comerciales; como las innumerables reuniones presenciales y virtuales para organizarse; y hasta la creación de dos ideas fuera de lo común, pero bien dentro de lo comunitario: una cumbia que cuenta y canta la problemática (subir video) y un concurso donde se premiará (con una semana en San Clemente del Tuyú, gracias a una vecina que prestará su casa) a la pancarta más llamativa y original. Hay una en donde vuelan dólares, con el lema “Una obra que de verde, sólo tiene los billetes”; otra que muestra una topadora llevándose puesta un árbol; y hay otra que es una cartulina celeste, con letras rojas y negras, que dice:
No hay peor
Jorge Macri
que el que
no quiere ver.

Silvina y Néstor, dos de los guardianes de los árboles. / Foto: Elena Gorocito.
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