Nigeria, Burundi y Argentina son los únicos países del mundo que privatizaron su correo. Aquí el gobierno de Kirchner rescindió el contrato pero se quiere volver a privatizar, cosa que seguramente despertará la curiosidad de muchos africanos. Datos para entender cómo funcionan los grupos empresarios una vez que logran quedarse con los bienes de la comunidad.

El plazo de la actual intervención al Correo fue prorrogado por seis meses. Todo indica que el servicio será reprivatizado.
Hay dos versiones: que pasará a una sociedad entre el Estado y el grupo empresario que ofrezca mejor plan de negocios; o que será directamente entregado a manos privadas.
No aparece en debate alguno la posibilidad de crear una empresa genuinamente pública, controlada por los trabajadores y los usuarios.
Para recordar cómo son las privatizaciones: el grupo empresario encabezado por Macri pagó sólo dos semestres de canon, y acumuló entre el 98 y el 2001 un monto de canon impago de $ 207.028.509,20.
La empresa incluyó como «inversiones» a las indemnizaciones por despidos, además de incumplir con casi todo lo pactado.

En el mundo, el correo solo ha sido privatizado en Nigeria y en Burundí y en la Argentina. En el país, la concesión de este servicio, fue entregada durante el gobierno menemista y rescindida el noviembre pasado por el actual presidente Néstor Kirchner, que se encontró con una empresa por demás endeble: balances que dieron pérdida en los últimos años, falta de inversión, cánones adeudados… A mediados de mayo venció el plazo de la actual intervención pero fue prorrogada por otros seis meses.

Todo parece indicar que el servicio será reprivatizado: algunas versiones indican que pasará a cargo de una sociedad entre el Estado y el grupo empresario que ofrezca mejor plan de negocios; otros refieren que será directamente entregado a manos privadas, con pago de canon pero que a las autoridades les quedará la palabra final sobre las decisiones.

Dado este panorama, es oportuno revisar cómo resultó la concesión a cargo de Correo Argentino S.A. (CASA) -el grupo empresario encabezado por Franco Macri- así como alertar sobre lo que nunca se ha hecho: someter la privatización del correo a la discusión pública, para que sea la sociedad quien decida qué hacer con un servicio que es estatal en casi todos los países.

Invertir en despidos

Según fijó el contrato, era obligación de CASA pagar un canon de 51.600.000 pesos/dólares por semestre y depositar el equivalente al 30% de ese monto a la Anses (para solventar el sistema jubilatorio) y presentar una garantía de ejecución por 50.000.000 pesos/dólares.

El grupo empresario encabezado por Macri se hizo cargo del correo en 1997 y sólo pagó en tiempo y forma los dos primeros semestres. En septiembre del 98 se hizo evidente el conflicto de intereses: la empresa dejó impagos 31.044.718 pesos/dólares y solicitó que se compensara el monto con las deudas que el Estado mantenía con CASA. La Secretaría de Comunicaciones aceptó el argumento, de modo que el canon del tercer período quedó saldado.

Algo similar ocurrió en el cuarto semestre: si bien no existió depósito, constan por lo menos tres resoluciones que -en principio- aceptan la compensación, incluso con un saldo a favor de la empresa.

De este modo, la apelación a la compensación se volvió el modus operando del concesionario, solo que ya sin efectuar ningún tipo de pago. Dado este mecanismo, muchos especialistas coinciden en señalar que la magnitud de la deuda empresaria no es comparable a la estatal y que un incumplimiento no se justifica con el otro: en todo caso el concesionario debería haber pagado el canon y, a la par, haber iniciado acciones judiciales para reclamar lo adeudado.

Según los informes realizados por la Auditoría General de la Nación, Correo Argentino acumuló, entre septiembre del 98 y agosto de 2001, un monto de canon impago de $ 207.028.509,20 sin contar los intereses ni el dinero que no llegó a la Anses. (por lo tanto $ 61.920.000 no llegaron a la Anses). Si se le suma el tiempo transcurrido desde entonces hasta la rescisión del contrato, hoy, la concesionaria adeuda por lo menos 361 millones más.

«El dispendio económico provocado por CASA en postergar los pagos y argumentar fundamentos inconsistentes y dilatorios impone el resarcimiento del Estado (daños y perjuicios e intereses), no evaluado oportunamente»., sostienen los auditores.

Para justificar su incumplimiento la empresa argumentó invariablemente que:

«La falta de pago por parte del Estado (…) de sus obligaciones (…) pone al concesionario en una situación de imposibilidad de cumplimiento de sus propias obligaciones».
«No es procedente que el Estado pretenda que el concesionario cumpla puntualmente con sus obligaciones contractuales cuando el propio Estado incurre en grave incumplimiento de sus obligaciones de pago».
«En atención a que el Estado no paga sus deudas antes de las fechas de pago del canon semestral adelantado (la empresa) a fin de evitar mayores perjuicios económicos y financieros… se ha visto compelida a utilizar la compensación como medio extinto de su obligación de pago de canon».
A la vez, otro informe de la AGN (nº 195 de 2001) señala que fueron incluidas como inversiones -con la anuencia de los entes reguladores- «las indemnizaciones correspondientes al Plan de Retiros Voluntarios del Personal, imputadas contablemente como Bienes Tangibles en la Cuenta del Plan de Inversiones de la empresa» y que las auditorías sobre «inversiones» y «estándares de calidad» no fueron planificadas ni ejecutadas de conformidad con lo normado en el contrato.

Traducción: echar gente fue considerado una inversión.

¿Quién controla?

En las actuales propuestas de reprivatización, se pone énfasis en la función del Estado como contralor. También en este sentido es indispensable volver sobre la experiencia anterior.

La investigadora Andrea López enumera, en varios de sus trabajos, los requisitos esenciales en materia regulatoria, tomando en cuenta -justamente- lo ocurrido hasta ahora:

Definición de las normativas y organismos previamente al inicio de la privatización de empresas de servicios públicos.
Existencia de normas impersonales y directas, claramente definidas y técnicamente coherentes con la capacidad administrativa de los futuros reguladores.
Autonomía de los organismos reguladores respecto del poder político.
Establecimiento de un régimen que prohiba a los funcionarios de los organismos reguladores trabajar en el sector regulado, durante un lapso determinado, una vez concluidas sus funciones.
Existencia de un régimen de sanciones claras, prácticas y de severidad creciente en caso de incumplimiento empresario.
Interacción efectiva entre los organismos reguladores y los ciudadanos para asegurar la legitimidad de la regulación.
Si bien al inicio de la concesión del servicio postal, el organismo de contralor del sistema de correos era la Comisión Nacional de Comunicaciones, el decreto Nº 772, de septiembre de 2000, modificó la estructura organizativa y estableció a la Secretaría de Comunicaciones las funciones de:

Ejercer las facultades de contralor respecto de aquellos entes u organismos de control de las áreas privatizadas o concesionadas.
Hacer cumplir los marcos regulatorios correspondientes.
Ejercer las funciones de Autoridad de Aplicación de las leyes que regulan el ejercicio de las actividades de su competencia.
Esta normativa dio origen a una disputa de jurisdicciones con el siguiente final: ninguno de los organismos se encargó del control del correo. De modo que nadie se encargó de:

Exigir el pago del canon.
Ejecutar la garantía.
Sancionar a CASA por los aportes no realizados al sistema.
Verificar el cumplimiento de todas las obligaciones previsionales y sociales del personal.
Exigir al concesionario la presentación previa de un cronograma de las inversiones a realizar durante el primer año de la concesión, limitándose a controlar el respaldo contable de los montos de inversión informados por la empresa.
Estudiar el universo de los reclamos efectuados por los usuarios ante las oficinas comerciales de la empresa Correo Argentino.
Coordinar con la AFIP, para establecer el cumplimiento de exigencias establecidas a los prestadores del servicio.
Controlar el tenor de las certificaciones contables que presentaron los prestadores del servicio postal como comprobación del cumplimiento de sus obligaciones impositivas previsionales y sociales.
Exigir que las empresas cuenten con libros de quejas, así como de publicidad destinada a informar al usuario de la posibilidad de hacer reclamos.
Ni el libro de quejas

De hecho la participación dada a los usuarios en el proceso privatizador ha sido mínima. Si ni siquiera se les responden los reclamos presentados en los libros de quejas, es difícil pensar en la articulación de una participación más efectiva.

«En cierta medida podría considerarse que el espacio mayoritariamente aceptado para garantizar una participación más activa de los usuarios y/o de sus asociaciones ha sido el de las audiencias públicas. Pero el carácter no vinculante de las opiniones allí vertidas, la decisión de convocatoria unilateral a cargo de los entes, y la falta de uniformidad respecto de aquellas cuestiones que ameritan un tratamiento en este ámbito, coartan la posibilidad de utilizar a las audiencias como medio privilegiado para la concertación -sostiene López-. Por otra parte, y a juicio del conjunto de las asociaciones de usuarios entrevistadas, la instrumentación efectiva de este mecanismo pone al descubierto los problemas clave de la regulación: notorias asimetrías de información y desigualdad de recursos técnicos entre las partes junto a posibles situaciones de captura empresarial».

Promover la participación de la comunidad es una de las garantías necesarias para que -según las palabras de Martín Schorr, investigador de FLACSO- no terminemos repitiendo una `historia’ que, por cierto, no tuvo ningún `final feliz'».