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Daño genético y glifosato en sangre de niños y niñas: lo que revela el estudio en un pueblo fumigado de Córdoba

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Por Anabel Pomar

Un estudio científico realizado por la doctora en Ciencias Biológicas, genetista e investigadora Delia Aiassa junto a su equipo, encontró daños genéticos en las 20 muestras realizadas en niñas y niños de entre 5 y 13 años de Dique Chico, localidad ubicada a 50 kilómetros de la capital cordobesa. Las 20 muestras fueron recolectadas en febrero de 2020, en momentos de alta exposición de la comunidad a plaguicidas genotóxicos. El resultado en el 100% de las muestras revela un daño genético con un valor promedio que triplica a aquellos índices considerados “de referencia” (o “aceptables” si es que hay algo que pueda ser llamado “aceptable” en torno al daño genético) en la bibliografía científica nacional e internacional. La investigación se realizó por impulso de la Asamblea de Vecinxs Autoconvocadxs de Dique Chico, conformada en buena medida por madres y padres que no han encontrado en la justicia cordobesa respuesta a semejante problema, en tiempos en que tanta importancia se da, supuestamente, a los cuidados.

El daño genético es efecto de un ataque a nivel cromosómico que potencia el riesgo de padecer cáncer a mediano y largo plazo, así como enfermedades cardiovasculares, malformaciones en la descendencia y abortos, entre otras consecuencias.   

El estudio también detectó la presencia en orina de glifosato y AMPA (su metabolito, o sea una degradación del glifosato) en 7 de los 20 niñxs analizadxs: un 35%. La doctora Aiassa es docente e investigadora en la Universidad Nacional de Río Cuarto, pero realizó la investigación de modo privado, a solicitud del grupo asambleario vecinal, solventada con apoyo de la comuna encabezada por Nilo Pérez.      

La portada del estudio de 2018.

Las evidencias confirman y refuerzan los estudios que el equipo de la doctora Aiassa viene efectuando con datos que demuestran cómo varios componentes de los agroquímicos producen genotoxicidad y alteraciones en el material genético humano.    

Esta investigación complementa lo registrado en una anterior de 2018,  de similares características, que arrojó que 6 niñxs asistentes a la escuela Bernardo de Monteagudo y el Jardín de Infantes Mariano Moreno (ubicados en Bajo Chico) presentaban daño genético.

Tras esos primeros resultados, gracias a la organización vecinal y pese al continuo embate del lobby del agronegocio, se logró una medida cautelar que impide la aplicación o fumigación con agrotóxicos, pero solo en un radio de 500 metros alrededor de la escuela, y no para toda la comuna como pedían las y los vecinos.

La asamblea Vecinxs Autoconvocadxs de Dique Chico denuncia que sigue siendo pulverizada en sus hogares. La consecuencia de eso vuelve a evidenciarse en daños en la salud tras estos nuevos estudios.

El pozo judicial

Esteban José es el papá de una de las niñas que integró el grupo estudiado y cuyos resultados arrojaron que tiene daño genético. Dice a lavaca: “No esperábamos otros resultados. Tristemente. Porque sabemos lo que pasa. Lo vivimos. Estos estudios nos permiten visibilizar la situación y esperamos que además sirvan para que todos estos daños no caigan en esa especie de pozo que tiene la justicia, donde todo parece que se pierde para que nada cambie”.

Tuvo que mudarse a otra pequeña localidad a 10 kilómetros para evitar las constantes pulverizaciones a 200 metros de su casa. Dejó ese hogar construido con esfuerzo, sus sueños, sus árboles, sus frutales. La familia dejó todo. “La casa que le hice a mi hija en un árbol está ahí. Todo lo nuestro sigue ahí, y esperamos volver”. El punto límite para Esteban fue conocer los resultados de 2018. Al enterarse de que dos niños vecinos de su cuadra tenían daño en el ADN, entendió que los tiempos judiciales no garantizaban la vida y la salud a su hija de ahora 8 años. Pese a ese alejamiento, según este nuevo estudio el ADN de la niña sigue dañado.

Esteban lo cuenta con tristeza y desagarro aclarando, una y otra vez, que la solución no es mudarse sino que se deje de fumigar y de usar agrotóxicos comprobadamente peligrosos. “El estudio detecta daños en el cuerpo, se le está rompiendo el ADN por algo externo. Además del estudio de cometa –que detecta eso– también se realizaron estudios de agrotóxicos en orina. Al detectar en la orina glifosato y AMPA queda claro que el factor ambiental externo que está “rompiendo” el ADN es el herbicida”, explica este hombre que integra la Asamblea de Vecinxs Autoconvocadxs de Dique Chico.

¿Qué piensan los que fumigan?

Dique Chico tiene unos 300 habitantes. Esa escala permite que todos se conozcan y todo se sepa: las dos pobladoras que murieron de cáncer en este último tiempo; la vecina que tiene cáncer de útero; también el nombre de los productores que aplican venenos. “Nosotros acá conocemos a quiénes nos fumigan. Hemos podido charlar con ellos, y parecen convencidos de que no hacen mal, ni creen que provocan daños. Tienen el discurso incorporado de que los venenos no hacen mal bien aplicados. Algo que en la ley 9.164 también la propia provincia sostiene, pero que estos estudios desmienten totalmente”.

Descartan otras hipótesis: «Acá no hay otra contaminación ambiental, ni industrias ni basurales. Pero sí mucho glifosato, que sabemos provoca esos daños”.

Cómo se esconden

Emilio Saavedra se mudó en 2016 a la comuna con su señora y su hija, desde Córdoba capital: «Me vine a vivir a un lugar más natural y tranquilo», bromea. “Es común despertarse por el olor a agrotóxicos. A 300 metros de mi casa hay cultivos transgénicos, rotan soja y maíz. Antes las aplicaciones se hacían en horarios diurnos, ahora se esconden para pulverizar durante la noche. Los mismos productores que usan esos venenos viven acá e inclusive fueron a ese colegio pulverizado. Muchos tienen familiares fallecidos por cáncer, pero dicen que lo que ellos hacen no tiene nada que ver”. Nuevamente, los estudios de la doctora Aiassa desmienten esa percepción.

“Desde el 2017 estamos trabajando con este tema. Intentando frenar las pulverizaciones. Los mismos productores rurales que se encadenaron ante la primera ordenanza que limitaba las pulverizaciones a 1.000 metros de toda la comuna y la apelaron, ahora tienen pruebas concretas de los daños” cuenta a lavaca Emilio quien también integra la asamblea vecinal que motorizó el monitoreo de salud. “Es común escucharles afirmar a quienes utilizan agrotóxicos que lo hacen porque “en su propiedad privada pueden hacer lo que quieran”.

En este caso, la actividad está poniendo en riesgo, además, un recurso vital. “Por aquí pasa Canal Los Molinos-Córdoba (a unos 2 kilómetros al este de Dique), el agua que lleva ese canal es el agua potable de la ciudad de Córdoba. Como no es considerado vía fluvial no tiene ninguna restricción de metros y atraviesa zonas rurales hasta la planta de toma de agua en Bower, fumigada en todo el trayecto” ilustra Emilio que conoce la situación de la zona productiva y la exposición constante en cada poblado. “Yo era docente en Educación Tecnológica y fiscalizaba las ferias que se hacían en los pueblos. Me tocaba viajar mucho por todas las escuelas rurales. Un día se me ocurrió preguntar, en una escuela que estaba pegada a un campo fumigado, por qué no hacían trabajos en la feria sobre la aplicación de agrotóxicos, impactos en el agua, y demás. La respuesta fue: de ese tema no se habla porque de eso vivimos”.

“Estas investigaciones y nuestra causa judicial les golpea el negocio económico a personas que valoran más los negocios que la propia vida. Así viven”, agrega Esteban en línea con el comunicado de lxs vecinxs atoconvocadxs de Dique Chico hecho público este 26 de abril. 

Informe para entender el presente

El informe de la Asamblea de Vecinxs Autoconvocadxs de Dique Chico es mucho más que un comunicado de prensa. Es un informe del presente. Su texto completo:

Glifosato y daño genético en niños/as de Dique Chico

Después de más de 5 años de resistencia y lucha colectiva en nuestro pueblo, hoy queremos manifestar ante la sociedad toda la grave situación que nos encontramos atravesando. A inicios de 2020, profundamente preocupados por la continuidad de las fumigaciones y sus efectos sobre la salud humana, solicitamos a la Dra. Delia Aiassa y su equipo de profesionales comprometides con la ciencia digna, la realización de Estudios de Genotoxicidad -micronúcleos- y análisis de muestras en orina, con el fin de detectar daño genético y presencia de uno de los componentes más frecuentemente utilizados en la producción agroindustrial en nuestro país: Glifosato y su metabolito -AMPA- . Los resultados son contundentes: una vez más, lo que antes fue considerado por la justicia como una probabilidad, hoy es una certeza que nos enfrenta a una verdad dolorosa. Las 20 muestras recolectadas el día 07/02/2020 -en momentos de alta frecuencia de exposición a agentes genotóxicos- evidencian un daño genético con un valor promedio de 4.55 MN cada 1000 células analizadas (N=20), con un rango de 2-8 MN por cada 1000 células, niveles que triplican en la mayor parte de los casos aquellos considerados de referencia o basales en la bibliografía científica, tanto nacional como internacional. Nuevamente, altos niveles de rotura en el material hereditario de las células de nuestros hijos («daño genético») dan cuenta de la exposición a agentes genotóxicos ambientales (agrotóxicos) y sus efectos concretos en quienes habitamos este pueblo del Sur de Córdoba. A esto se suma la detección, con indicadores realmente alarmantes, de Glifosato y AMPA en orina en 33% de las muestras requeridas para la primera fase del estudio durante 2020.

Este estudio fue llevado a cabo en niñxs de entre 5 y 13 años de edad, habitantes de la Comuna de Dique Chico, localidad ubicada en la provincia de Córdoba a 50 km de la capital, en el Valle de Paravachasca. Realizado en dos etapas de muestreo, en momentos de alta y baja frecuencia de pulverizaciones con agrotóxicos en zonas aledañas al pueblo. La iniciativa se sumó a un estudio de similares características realizado también por los vecinos en 2018, con 6 niñxs asistentes a la escuela Bernardo de Monteagudo (Bajo Chico), ubicada a 1,5Km de nuestra localidad y domiciliados en Dique Chico.

Cabe recordar que, tal como lo sostiene la Dra. Aiassa en su Informe de 2018, que “un agente genotóxico es una sustancia que puede interactuar con el material genético (ADN) de los organismos causándole alteraciones / daño / rupturas”. Ese “daño genético” se advierte -aunque con diferencias- en ambos muestreos, en Febrero y en Noviembre. “Los mayores valores individuales de MN se observan en la primera toma de muestras y se corresponden con los niños con valores detectables de glifosato y AMPA en orina”.

El agronegocio y el Poder Judicial deben explicar entonces: ¿Qué hace un agrotóxico -categorizado por la IARC-OMS como probable cancerígeno- en el cuerpo de nuestros niños? ¿Cómo explicar que hace más de 4 años la Justicia de Córdoba tuvo entre sus manos la posibilidad de proteger sus derechos y los nuestros; y para no alterar el statu quo del poder, mantuvo el secreto a voces suspendiendo la única herramienta de protección que velaba por nuestra vida y nuestra integridad como seres humanos? ¿Cómo vamos a explicar al mundo entero lo que significa para nosotras y nosotros perder vecinxs, amigxs y saber que quienes pudieron hacer algo no hicieron NADA para cambiar este orden de cosas que nos cuesta la vida y la salud cada día?

Denunciamos la completa desprotección de nuestros derechos colectivos desde el momento en que la Cámara 2° en lo contencioso-administrativo dispusiera en 2017 -a pedido de productores locales-, la suspensión de la Resolución 242/17, que establece: 1) la creación de una Zona de Resguardo Ambiental (ZRA) de 1000 m a partir del límite exterior o más extremo de la planta urbana, así como también de la Escuela Bernardo de Monteagudo y Jardín de infantes Mariano Moreno – Anexo Bajo Chico, ubicados aproximadamente a 1,5 km del pueblo; 2) la prohibición dentro de la ZRA de utilización de productos químicos destinados a la pulverización y/o fumigación o fertilización agrícola, excepto aquellos destinados a la agricultura orgánica o agroecológica.

Las medidas tomadas por la Cámara en su auto resolutorio n° 109 en 2018, a raíz de aquel primer informe de la Dra. Aiassa (2018), y confirmadas por el Tribunal Superior de Justicia el pasado 13 de abril, SOLAMENTE limitó las pulverizaciones en las cercanías de la escuela ubicada distante del pueblo, dejando desprotegidos a nuestros niñxs en sus casas, en las cuales obviamente pasan la mayor parte del tiempo.

Por lo tanto, el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, confirmando esa resolución de la Cámara y dando a entender que fue dictado en protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, ES ENGAÑOSO. A la fecha nada cambió, nuestros derechos no han sido protegidos y seguimos siendo fumigados alrededor de nuestras casas en la misma forma de siempre.

En estos años, hemos perdido vecines, asistido a luchas personales y colectivas por resguardar la salud, construido datos, realizado cientos de denuncias, gestado redes y alianzas, participado de charlas y muestras de solidaridad hacia quienes como nosotros resisten este modelo extractivista de despojo. Hemos lidiado con la presencia permanente de la policía y del Ministerio de agricultura y ganadería de la provincia en nuestro territorio, velando por cada pulverización ante las quejas y denuncias de vecinos y vecinas. Llevamos más de 5 años de lucha sostenida, intentando romper con la estigmatización y la desinformación. No es sencilla la tarea, pero es mucho lo que hemos avanzado en estos años de compromiso inclaudicable y resistencia colectiva. Hoy podemos decir que, al menos -y aún ante los oídos sordos de la justicia, del Ministerio de Agricultura, de los poderes de turno- nuestro pueblo es conciente de lo que implica la convivencia forzada con un modelo de explotación y producción que nos despoja de lo más valioso: la posibilidad de vivir en un ambiente sano, de construir proyectos de vida sin temer perderla por los beneficios que puedan percibir unos pocos.

Aquí estamos madres, padres, familias enteras para dar esta batalla, poniendo la vida en el centro por sobre los intereses económicos y la naturalización de un modelo que pone a la humanidad toda en riesgo.

Exigimos a la Justicia de Córdoba la inmediata protección de todos los habitantes del pueblo con la puesta en vigencia de la Resolución 242/2017 de la Comuna de Dique Chico.

Denunciamos al Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba y a sus agentes fiscalizadores, por la complicidad y protección de los intereses del agronegocio en nuestro pueblo, en detrimento de la salud de toda la población, incluidos aquellos más vulnerables: nuestros hijos.

Por ellos, por todos, les decimos: Jamás tendrán la comodidad de nuestro silencio.

Dique Chico, 26 de abril de 2021

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Bloqueo a Vaca Muerta de comunidades mapuche y pobladores de Añelo que buscan dos cosas: derechos y agua

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Esta semana hubo cinco cortes a los principales yacimientos de fracking, organizados por el pueblo mapuche de Vaca Muerta en reclamo de relevamientos territoriales ya acordados que permitirían además el reconocimiento de 14 comunidades. El bloqueo se agregó a los cortes de ruta de pobladores de Añelo (localidad central en el área de explotación) que reclamaban por la ausencia de agua. Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén dice a lavaca: “Estamos contra la fractura hidráulica porque sabemos lo que genera, como lo saben los países la prohibieron como Francia, Inglaterra, varios estados de los Estados Unidos, que sin embargo mandan sus empresas para que hagan el fracking aquí”. Los efectos reales de la “inversión extranjera” y el negocio de las empresas que solo son rentables si tienen subsidios estatales.

Esta semana las comunidades mapuche de la zona de Vaca Muerta bloquearon los cinco principales yacimientos de fractura hidráulica. A ese conflicto se sumaron los cortes de rutas protagonizados por vecinas y vecinos de la ciudad de Añelo, desesperados por la ausencia de agua, entre otras cosas.

Jorge Nawel, logko (autoridad política) de la Confederación Mapuche de Neuquén planteó a lavaca el panorma y derribó los mitos publicitarios sobre los supuestos beneficios del fracking.

“La situación empieza por tres grandes temas pendientes. Por un lado la obligación de Consulta Libre e Informada a los pueblos originarios, tema refrendado por Argentina en los tratados internacionales. Estamos todavía discutiendo un articulado que es el que le dará forma al proceso de consulta sobre cualquier actividad que se haga en territorio indígena”.  

“Por otra parte la necesidad de las personerías jurídicas de las comunidades, que no tienen ese reconocimiento por parte del Estado. Es una deuda que el Estado no termina de resolver”.

“Y el tercer tema es el relevamiento de las tierras, porque si no tenemos delimitados los territorios, ¿a quién van a reconocer?”.

¿Un pueblo originario es un club?

Sostiene Nawel que el tema de la consulta está cerca de poder resolverse tras cuatro meses de negociaciones para el establecimiento de un protocolo de 15 puntos ante cada proyecto que pretenda realizarse en territorio indígena. “Posiblemente la semana próxima podamos dar buenas noticias”.

Le da especial importancia, también, a la cuestión del registro “porque saca a las comunidades de la órbita de una simple asociación y les da el estatus que corresponde, con una personería que es carácter público, no privado. Eso significa que una comunidad no tiene control del Estado ni es tratada como como si fuese un club o una asociación, sino que se trata de un pueblo. No es parte de la órbita privada sino de la pública”.

¿Y por qué el bloqueo? “Principalmente por el tercer tema, el del relevamiento territorial. Se formó un equipo técnico, jurídico y catastral hace más de un año para concretarlo, pero notamos animosidad oficial contra las comunidades de Vaca Muerta porque somos las que protestamos y nos movilizamos. Ese mismo equipo existe como respuesta a una de las acciones directas que hicimos en 2021. El equipo lo forman Nación y Provincia, pero nunca funcionó como corresponde y en más de un año no hubo relevamiento de una sola de nuestras 14 comunidades en esa zona. Por eso decidimos bloquear Vaca Muerta”.

Llamar la atención vs embarrar la cancha   

El bloqueo se concretó el lunes pasado, 28 de noviembre. “Cerramos el acceso a los cinco yacimientos más importantes en los que trabajan empresas como Techint, YPF, Shell, Tecpetrol y Pluspetrol, entre otras. Eso significa ingresar a las 5 de la mañana antes del turno que empieza a las 6. Se arman colas de 200 camiones y máquinas de la industria, o más, que no dejamos que circulen”.

El fondo del tema, según Nawel: “Es la única manera de llamar la atención de un gobierno al que la protesta social no le va ni le viene, y te lo digo porque hay protestas y reclamos todos los días, y una total indiferencia oficial frene a eso”.

“Lo único que hace que te presten atención es cuando le tocas la matriz económica que es la explotación de Vaca Muerta. Somos conscientes de eso y cada vez que queremos ponernos en una posición firme tenemos que bloquear la producción”.

La acción mapuche logró llamar la atención: “Convocaron a un diálogo y se planteó crear un equipo especial que resuelva la cuestión del relevamiento territorial. Hay que ver si el gobierno cumple su palabra. Lo que estamos reclamando es que se cumplan las leyes”.

Funcionarios y medios, sin embargo, plantean que el trasfondo del reclamo mapuche es la búsqueda de un beneficio económico. Responde Jorge Nawel: “Es el argumento cuando el Estado quiere confundir las cosas. Plantea un trasfondo económico, peero vos ves las demandas que hacemos, ninguna tiene carácter económico sino de derechos. Carácter político y de respeto a los derechos”.

“La Consulta es algo que está normado desde 2001. Que se reconozca a las comunidades es algo que está escrito en las constituciones de Nación y Provincia. El relevamiento de tierras está ordenado por la Ley 21.160. O sea que estamos reiterando viejas demandas que jamás se responden. Una forma de ensuciar y embarrar la cancha es darle a lo que reclamamos un carácter económico, cuando en realidad les estamos diciendo que cumplan las leyes: cumplan con lo que ustedes mismos aprobaron”.

Progresismo y felicidad extractiva

El debate sobre el modelo extractivo del cual el fracking es apenas una muestra, incluye de modo cada vez más entusiasta a sectores que se autoperciben progresistas que pregonan avanzar con un tipo de modelo que lleva más de 500 años no excesivamente exitosos en el continente.

Reconoce Jorge: “Vaca Muerta es sin duda una salvación económica, pero ¿de quién? Para nosotros, para la sociedad, es una fuente de saqueo de recursos naturales, de empobrecimiento social y de contaminación de todo tipo”.

“Sin embargo es cierto que es una salvación económica para las corporaciones, que pueden derivar a sus casas centrales millonadas de dólares de manera permanente. Argentina lo único que hace es darles prebendas, subsidios, beneficios impositivos, para que el señor inversor no se vaya y siga explotando la meseta y la tierra mapuche”.

Nawel advierte: “Todo ese contagio de felicidad y bienaventuranza para nosotros es una absoluta farsa. El fracking solo les da ganancias a las empresas. La propia industria del fracking ha planteado en distintos informes que la actividad no es rentable sin la cantidad de subsidios y prebendas que le da el Estado. Lo más grave para nosotros –y debería serlo para la sociedad– todo se hace a costa del ambiente, la salud y la seguridad de la población”.

La descripción: “El fracking genera un enorme impacto ambiental por las toneladas de basura que genera, por el tema de los sismos (debidos a las excavaciones), por los millones de litros de agua que consume en una zona árida como la nuestra. La industria no se ocupa no responde porque si tuviera que hacerse cargo de los costos ambientales y sociales, ya no sería rentable. Por eso es una farsa”.

Lo prohibido y la deuda

El rechazo mapuche, según Nawel: “Rechazamos el fracking desde el primer día porque sabemos las consecuencias que genera. Es el mismo conocimiento que tienen los países del primer mundo que por eso lo prohíben, como Francia, Gran Bretaña, varios estados de los Estados Unidos, y Colombia también se sumó a una moratoria”. La moratoria es el modo de dejar en suspenso cualquier aprobación a la actividad, un modo elegante de prohibición. De todos modos en Europa se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza y República Checa.  

“El fracking solo es rentable si los Estados subordinados, empobrecidos, entregados, renunciando a su soberanía permiten que esas multinacionales ingresen”.

¿Y cómo ven a los funcionarios? “Lo que pasa es que esto es un cúmulo de errores de políticos cortoplacistas que al subir solo pensaron en terminar su mandato y ganar reelecciones en lo posible, y para eso capturaron el recurso era el petróleo y lo dilapidaron. Neuquén es una provincia petrodependiente desde hace décadas”.  

“Los políticos piensan siempre en el corto plazo, nunca pensar en la sociedad, en el futuro, en las nuevas generaciones. Pero es increíbe: ya en 1956 la constitución de Neuquén decía que toda la renta petrolera que se obtuviera no debía ser utilizada en gastos comunes, que es lo que hoy se hace para sostener el aparato del Estado y el empleo púbico. La renta debía reinvertirse en la búsqueda de energías alternativas para romper la dependencia del petróleo, que ya en ese momento se veía que era una industria con impacto ambiental y no sustentable. Esa inversión de renta en la búsqueda de energías alternativas nunca se hizo. Nunca”.

Jorge relaciona el tema con el de la deuda externa: “El país, por sus políticos, queda preso de una deuda escandalosa que exige acumular dólares para pagarla. Pero la última beneficiada de todo esto va a ser la población Y los primeros benericiados van a ser los dueños de la deuda externa y las empresas que obtienen ganancias vergonzosas que giran al exterior, a sus casas centrales. Las migajas quedan para la población y sobre todo queda un impacto que va a convertir a a estas tierras en un cementerio si todo sigue así”.

¿Agua o petróleo?

La tremenda propaganda alrededor de Vaca Muerta, sus inversiones, sus ganancias, podría inducir a pensar que la provincia, o al menos las localidades cercanas a la explotación, están pasando épocas de bonanza (sea lo que sea que tal cosa signifique).

Nawel informa: “Cuando hicimos el bloqueo se sumó el propio pueblo de Añelo que hace días no tiene una gota de agua en la canilla. Es más. Nosotros levanamos el bloqueo cuando empezamos a obtener respuesta, pero ellos siguieron hasta el miércoles. Y solo reclamaban agua, ¿te das cuenta? Están planteando obras que permiten llevar agua desde el río Neuquén para las empresas, y el pueblo supuestamente beneficiado no tiene ni agua. Esa es la realidad. Neuquén es una provincia endeudada con la banca internacional y el Estado nacional, y nos venden todos los días titulares hablando de un ritmo acelerado de Vaca Muerta o de aumento de la producción”.

La contracara: “Lo que se ve en la práctica es que lo que aumentó es la pobreza, el endeudamiento de la provincia, y Añelo, que era la Dubai argentina, no tiene ni agua”.

La situación: “Hacen tanta propaganda y hay una crisis tan grande, que todos los los días llegan familias a Neuquén con la expectativa de conseguir un trabajo digno en esta supuesta gran gallina de los huevos de oro. Como no lo logran, porque la industria es muy selectiva, se van incrementando las periferias urbanas con familias empobrecidas. Si esa es la salvación del país, estamos en problemas”.

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16va Marcha de la Gorra: “Ocupar las calles: Libres o nada”

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Ayer, martes 29 de noviembre se llevó a cabo la 16va edición de la Marcha de la Gorra en la ciudad de Córdoba. La reconocida marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional sucede a dos semanas de conocerse públicamente -en el marco del juicio por la muerte del adolescente Blas Correa- los mensajes intercambiados por Whatsapp entre el ex Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y el ex comisario Gonzalo Cumplido en el que manifestaban su preocupación por las repercusiones que provocaría la muerte de “un rubito” “de clase media”. Conversación mantenida a primera mañana de los 6 disparos de la noche de agosto del 2020.

Por Bernardina Rosini

desde Córdoba

Tal vez resuene fuerte fuera de la provincia, pero en la calle no causó ningún escozor.

Soledad Aciar, la madre de Blas, ausente en la marcha, hace unos días refirió sobre los policías locales «disparan sus armas como si estuvieran jugando en la Play”.

No se mencionó el indignante intercambio entre los ex funcionarios en la tarde de ayer, pero sí se mencionaron las 9 horas que estuvo encadenada la mamá de Rodrigo Sánchez en las rejas de Tribunales. Ella, Gabriela Sanso, tomó el micrófono y fue dura contra la justicia y los uniformados azules. “7 años sin que avance la causa, sin respuestas, sin que me digan nada», dijo. «No puede ser que nos tengamos que encadenar para ser escuchados. Mataron a mi hijo por la espalda, 17 años. Ellos sueltos mientras que a mi hijo no le dieron oportunidad. No dan oportunidad de vivir, fusilan”. Sólo tras haberse encadenado, la Fiscalía General la recibió y se comprometió con la resolución de la causa.

Se suceden madres en el micrófono que relatan y enumeran, una vez más, todas las atrocidades del mecanismo de impunidad: disparos por la espalda, fiscalías inertes, investigaciones nunca iniciadas, encubrimientos, argumentos y declaraciones tan burdas, tan contradictorias, tan absurdas. Dolor y nudos de bronca.

Unxs pibes con la cabeza cubierta escalan por el frente de un edificio y hacen la primera intervención de la marcha: pincel en mano y pegamento, dejan el rostro y nombres de algunos los muertos Franco Amaya, Sergio Cuello, Juan Alarcón, Pichón Escobay. Podrían cubrir todo el frente. Sólo en los últimos dos años se contabilizan 10 casos fatales en manos de la Policía de Córdoba. Con esta preocupación la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) solicitó al Gobernador Juan Schiaretti una audiencia con “carácter de urgente” en el mes de agosto. Entrando en diciembre, con el expediente dormido, el gobernador no se da por notificado.

Difícil eludir la sucesión de los casos, y la crisis de la institución policial. En los primeros seis meses de 2022 un total de 218 uniformados fueron apartados de sus trabajos debido a que quedaron bajo la lupa del Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba. El 88,2% corresponden específicamente a efectivos de la Policía de la Provincia, y según el Tribunal en la gran mayoría de los casos, los desplazamientos de personal fueron por sumarios motivados por denuncias de violencia de género, seguidos de mal desempeño y violencia institucional.

Casos que han logrado relevancia y aparecer en las agendas de los medios nacionales: Blas Correa es uno, el femicidio de Cecilia Basaldúa es otro. Este último  tiene policías señalados por la familia, confesiones logradas mediante aprietes, encubrimiento y un juicio forzado contra un joven inocente. Pero aún sin dar con el autor material.

Difícil desentenderse también de la fuerza y el sentido que moviliza la Marcha de la Gorra en Córdoba. No atender a los fuegos, la danza y la ceremonia a metros de la Legislatura, rodeada de vallas y un puñado de policías. Las familias prenden velas dispuestas en la calle formando una figura hecha de bidones de agua, flores de santa rita, naranjas y manzanas. 

 “Libertad para ocupar las calles y habitar y circular por nuestros montes”. Se escucha en los parlantes, ampliando los límites del transitar urbano pero también señalando que las políticas violentas, extractivistas, excluyentes son comunes. Acá y un poco más allá. Que son múltiples los derechos arrebatados. “Que no nos quiten crecer en las calles, ni las noches en la plaza ni las tardes de río”. El final de la marcha es un abrazo, la canción que la cantante Sara Hebe escribió inspirada en la marcha, sintetiza el deseo:

“No encuentro mejor manera de aguantar este embretao

Que imaginarme suelto, vivo y enamorao”.

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#NiUnaMás

Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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