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De Jujuy a Buenos Aires, contra la violencia machista: familias viajaron para reclamar el fin de la impunidad

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Familiares de distintas víctimas de la violencia machista y personas que denuncian impunidad judicial viajaron desde Jujuy a Capital Federal para saltear el cerco que, denuncian, reina en la provincia: “No tenemos visibilidad en Jujuy, estamos encerrados”. Lo que tienen en común: años de impunidad, perdida de expedientes, pagos de gastos judiciales, falta de búsqueda policial, complicidad policial y judicial, no hay imputados, no hay detenidos. Qué piden: presupuesto, visibilidad, justicia, memoria y verdad. Cómo lo están haciendo: “Gracias a las marchas la gente hoy no se calla”.

Una, y otra, y otra, y otra, y otra remera blanca con una foto estampada. Una sonrisa perdida. Y una palabra: justicia.

Una decena de familiares con remeras blancas y fotos estampadas caminan por las calles de Buenos Aires. Durante un largo día mantendrán distintas reuniones, conferencias e irán a Plaza de Mayo a grabar un video. En el medio, hablarán con lavaca para denunciar el grito que traen desde Jujuy, a 1.500 kilómetros y otras cosas más de distancia de la Casa Rosada.

Muchas no pueden estar acá por falta de miedo, o por falta de dinero”, cuenta Elmiro, familiar de Katherine Vilte, asesinada en 2011. “Nosotros somos la voz de todas estas víctimas de gente que se cree impune”.

El hermano de Rosita Aliaga, asesinada el 29 de mayo de 2015, saca cuentas: hace seis años y 5 meses que no hay justicia. Ni ningún detenido. “La causa está freanada”, define. “Tenemos la cuarta abogada del caso. La fiscalía en su momento no actuó para investigar, por eso es que hoy está la causa frenada”, explica. El sospechoso, la ex pareja.

Rosalia Quiroga se encuentra desaparecida. Una de sus familiares viajó para denunciar que no la buscan. “Yo conozco toda la provincia y les pregunto a los policías si conocen el caso de mi hija: no la conocen”, revela cómo verifica la inacción policial y judicial.

En el caso de Rosalía Lucía Quiroga, de Palpalá, la familia cuenta que el sospechoso es amigo de la policía: “Una persona de dinero, que tenía negocios”, cuentan como explicando las causas de la impunidad. “No hicieron bien el rastrillaje. Y la madre no pudo seguir buscándola, porque se enfermó. Lo único que quiere ella es que la sigan buscando”, trae su voz hasta Buenos Aires una de sus vecinas.

Roxana Mabel Cruz, por su parte, fue abusada sexualmente.Su relato estremece y demuestra la otra cara de la violencia machista: “Denuncié a mi jefe. Hasta el día de hoy, va a hacer 1 año, no me llamo la fiscalía, nada. Me dieron una medida cautelar para sacarme de mi lugar de trabajo. A la semana, lo ascienden. Me empezaron a tildar por loca, mentirosa. A los directores que yo denuncio, también: la jueza dijo que para protegerme a mí me sacaban del lugar de trabajo. Pero estaban protegiendo a ellos. Yo sé que me puse al frente de la denuncia y corro riesgo. Dos veces me amenazaron en mi casa. En Jujuy se ven que las mujeres que denuncian y son contratadas o precarizadas, las echan, quedan sin trabajo. Si a mí no me echan es porque soy planta permanente, pero es una constante lo de los abusos: hay muchos abusos, muchas violaciones, y también hay mucha impunidad. Caminar este camino de dolor es feo. Yo llevo una cruz por haber denunciado que fui abusada. Piensan que es mi culpa, que miento. Pero yo sé que hay algo bien claro que yo tengo: que yo no quiero que sigan pasando estas cosas. Les digo a otras mujeres que denuncien. Es lo que nos queda: seguir y seguir, porque yo sé que es lo que tengo ahora. Hay muchas mujeres que sufrimos en silencio durante años. Me toca ahora juntarme con muchas que ahora me cuentan”.

Desde el Barrio San Isidro de San Salvador de Jujuy, la hermana de Agustín denuncia una trama de impunidad que protagoniza al narcotráfico. Agustín apareció ahorcado hace 3 años y si bien los peritos dieron lo quisieron hacer pasar por suicidio, “mi mamá recaudando datos entendió que Agustín había sido asfixiado por alguien”. Sigue contando: “El abogado que estuvo llevando el caso había sido familia del juez y el sobrino de la fiscal: se cerró el caso0. Mi mamá venía denunciando cuestiones de drogas, creemos que fue un ajuste de cuentas. Y en la familia seguimos amenazados por los tranzas. Yo tengo miedo por mis hermanos menores. Queremos que se termine, la policía hasta ahora no hace nada”.
Así, la descripción de cada caso va dibujando a la máquina de violencia institucional y machista de la cual estas personas, al igual que sus seres perdidos, siguen siendo víctimas. Por eso, el relato detallado de los culpables de femicidios y culpables de la falta de justicia es una herida abierta que el Estado sigue profundizando día a día, sin dar respuestas.

Mientras tanto, ellas y ellos viajaron como quien escapa de una burbuja: “Todo Jujuy está a la expectativa de qué estamos haciendo acá. Se ponen nerviosos porque salimos de la provincia, donde allá tienen controlado”, dice la mamá de Iara Rueda.

“Lo que tenemos en común es que todos sufrimos”, sigue, y enseguida el resto suma otras conexiones: perdida de expedientes, pagos de gastos judiciales, no hay imputados, no hay detenidos, la mayoría no supera los 20 años.

“No tenemos visibilidad en Jujuy, estamos encerrados”, repiten. Y piden recursos, porque saben que los hay: “No es que no hay, sino que los privilegian hacia otro lado. Para otros, en 2, 3 meses se solucionan las cosas”. Aquí hay familias que cuentan que hay causas que llevan 10 años sin justicia.

Ahora, por primera vez, viajaron en una red de familiares que parece recién empezar.

En Jujuy, ya parieron una fórmula: “Gracias a las marchas, la gente hoy no se calla”.

En Buenos Aires pretenden prender la misma mecha.

Foto: Seba Smok

Los casos

Uno de los femicidios emblemáticos de esta comitiva es el de Iara Rueda. Su madre fue una de las impulsoras del viaje.

Iara estuvo desaparecida desde el 24 de septiembre, luego de que un compañero la citara para entregarle unos materiales y tarea del colegio. La familia salió a buscarla desde un primer momento mientras, cuenta su madre Mónica, la policía ponía excusas y no la buscaba.

Después de una pueblada recién ahí empezaron rastrillajes. Pero, de nuevo, ante la falta de respuesta de la policía y el Estado, se cortó la ruta.

El lunes 28 de septiembre fue finalmente encontrada asesinada en un descampado de Barrio 2 de abril en Palpalá. La encontraron en un lugar donde los vecinos habían rastrillado días antes, luego de un llamativo apagón en todo el pueblo.

Por su femicidio se encuentran detenidos en prisión preventiva Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad, y hay involucrado un menor de 17 años, alojado en un Centro Educativo de Menores. Cachizuma y Abad están acusados de ser los autores del delito de «homicidio doblemente gravado por alevosía y femicidio», en tanto el menor de edad está imputado como presunto autor del delito de «homicidio triplemente gravado por alevosía, por el vínculo y femicidio».

La familia de Iara realizó, a su vez, una denuncia a funcionarios por incumplimiento de deberes. Denuncian que tanto Alejandra Martínez (Consejo Provincial de la Mujer), como Exel Meyer (Ministro de Seguridad) y Guillermo Corro (Jefe de la Policía) no activaron siquiera los protocolos de búsqueda para este tipo de casos.

Teléfono: Mónica – 38850822050.

Rosa Adriana Aliaga

Rosa “Rosita” Aliaga fue asesinada el 29 de mayo del 2015 en el barrio Virgen dela Merced, Libertador general San Martín, Jujuy. Fue punzada con un cuchillo la zona del cuello y fue arrastrada hasta el fondo de la casa y la semisepultaron.

Hasta el día de hoy el caso sigue impune: hubo un detenido 11 meses, pero lo dejaron en libertad por faltas de pruebas.

Contacto: 3886 448477.

Camila Peñalva

Este caso lo habían caratulado como muerte “por una broncoaspiración por ebriedad”. Su familia denunció desde el comienzo irregularidades en la investigación y acusó al perito oficial del caso de falsear la autopsia. Tras la conformación de una junta médica que realizó un informe completo, Roberto Quipildor, la ex pareja, quedó detenido y acusado por homicidio triplemente agravado: por el vínculo, por uso de veneno y por violencia de género.

Camila tenía dos hijos: Lara Yuliana Quipildor y Aarón Bruno Peñalva.

Por su caso viajó Walter Héctor Peñalva, tío de la víctima.

Celular: 1125534759.

Tania Palacios

El 15 diciembre 2019 en San Pedro de Jujuy Mauro Aparicio (miembro de fuerza federal) le dio un tiro en el pecho a Tania. El caso elevado juicio, y se espera fecha de juicio para dictar sentencia. Su madre reclama perpetua.

Se encuentra en Buenos Aires su tío Gabriel Palacios: 3888- 517871.

Cintia Tolaba

Cintia Tolaba se encuentra desaparecida desde el enero de 2016, en el departamento Santa Bárbara, Jujuy. Su familia denuncia que nadie la busca al día de hoy.

Tenía 15 años, en noviembre cumpliría 21.

Contacto: 3888608727.

Katherine Vilte

Katy salió de su casa con una amiga y a los días su cuerpo fue encontrado en el barrio Martijena. Corría 2011. Fue abusada y prendieron fuego su cuerpo.

10 años después, no hay detenidos y la familia pide que se haga justicia.

Contacto: 3885010774.

Paula y Bruno Huanco

Paula Huanco, de 28 años de edad y embarazada de 8 meses, fue atropellada en Alto Comedero el 5 de junio de 2021.

El conductor del automóvil, Ángelo Franco, de 38 años, fue imputado por homicidio simple con dolo eventual. Estaba alcoholizado.

La familia quiere que también se lo impute por el asesinato de Bruno, el niño que no llegó a nacer.

José María Villafañe

Fue asesinada el 3 mayo 2020 por su pareja, en complicidad con su amante. Su caso está caratulado como “homicidio calificado con alevosía agravado por el vínculo”. Se encuentran imputados Magalí Quiroga Sáenz y Víctor Hugo Garnica, en libertad. La causa se encuentra elevada a juicio, sin fecha de inicio.

Su hermana María Florencia se encuentra en Buenos Aires: 388 5070614.

Matías Puca

El 17 de septiembre de 2017 Matías Puca y sus amigos se bajaron mal del colectivo, confundieron las paradas y emprendieron caminata de unas 15 cuadras hasta el Regimiento 20, donde se alojaban. En ese trayecto, sobre avenida Fascio es que un auto atropella a Matías y dos compañeros más. Él se lleva la peor parte.

El auto se dio a la fuga. Tres días después Matías muere producto de los daños cerebrales y complicaciones del resto de las heridas causadas.

R. M. Cruz es el único detenido e imputado como supuesto responsable del delito de “homicidio simple” conforme lo previsto y penado por el artículo 79 del C.P.P.

Contacto: 1553457279.

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Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

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La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

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En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
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