#NiUnaMás
Otoño Uriarte: cuando el tiempo que pasa es la verdad que huye

Por Dolores Reyes y Camila Vautier. Este miércoles 5 a las 13.30 se conocerá la sentencia sobre el crimen de Otoño Uriarte en Cipolleti, Río Negro. “Una vez más, una chica hermosa y bienamada descartada entre ramas y restos de basura” escriben Dolores y Camila sobre el caso de la menor asesinada en 2006: tenía 16 años.
Dolores Reyes es una de las más relevantes escritoras argentinas del momento y una mujer capaz de entender como pocas estos tiempos tormentosos. Fue además perseguida por el oficialismo y sus trolls por su tremendo y maravilloso libro Cometierra. Camila Vautier se define como periodista feminista, socorrista y sureña.
Ambas han trabajado juntas este artículo para lavaca. Los detalles de lo que pasó. La movilización y los testimonios. Los niveles de impunidad que suman en muchos casos más años que los que tenía la víctima. La expectativa sobre el tribunal (María Florencia Caruso Martin, Amorina Liliana Sánchez Merlo y Juan Pedro Puntel) y la posibilidad de lograr un bien siempre esquivo: justicia.

Fotos desde Cipolletti: Silvina Ojeda.
Pasaron 18 navidades sin Otoño Uriarte
18 cumpleaños sin Otoño
18 años se cerraron sin Otoño e infinitos están por comenzar
18 años de impunidad es mucho tiempo, demasiado, y una constante que abruma: En nuestro país la impunidad es más larga que la vida de nuestras chicas muertas: 17 años Melina Romero, 9 años Nair Mustafá, 16 Lucía Pérez. La injusticia eterna para todas ellas se ha convertido en nuestra gran vergüenza nacional.
En la sala 6 de la Oficina Judicial de Cipolletti, el calor es agobiante. Son las 9:40 de la mañana del 26 de diciembre de 2024 y la audiencia lleva cuarenta minutos de demora por la ausencia de uno de los acusados. En esa sala se están por escuchar los alegatos finales del proceso judicial que debía sacar a la luz la verdad sobre el femicidio de Otoño Uriarte, desaparecida la noche del 23 de octubre de 2006 en Fernández Oro, hallada sin vida seis meses más tarde en el desarenador de un canal de riego. Una vez más, una chica hermosa y bienamada descartada entre ramas y restos de basura.

Roberto Uriarte, el padre de Otoño, frente al Tribunal que este miércoles dictará sentencia sobre el crimen de la menor asesinada. Fotos desde Cipolletti: Silvina Ojeda
La tensión en el aire se siente al respirar. De un lado, espera sentado Roberto Uriarte, el papá de Otoño. Con su remera negra y el pelo largo y canoso, parece haberse vuelto un experto de la espera. Ya hace tiempo que no cree en la justicia, en ese poder judicial al que denuncia como parte del “entramado de complicidad y encubrimiento que hubo en estos 18 años”. Pero ahora en sus ojos hay un dejo de tristeza todavía más profundo: la verdad, esa esperanza última que es tanto su derecho como el de su hija, amenaza también diluirse.
Aun así, se aferrará a ella hasta el final y se lo verá siempre presente, exclamando ante quien preste un micrófono o un oído, que todos están esperando la verdad para Otoño, porque justicia sería que ella continuase entre los suyos invenciblemente viva.
Las audiencias son tan largas, densas y dolorosas que en cada una de ellas el tiempo parece detenerse. En la sala declararon los testigos –varios de ellos bajo amenazas–, los vecinos que la vieron por última vez, las amigas que estuvieron con ella el último día, su familia, los expertos, los peritos, el médico forense.

Algunos de los acusados. Fotos desde Cipolletti: Silvina Ojeda
Algunos, pocos, policías. Como el comisario ahora retirado Ives Vallejos, jefe de la comisaría local en ese entonces, quien, pese a la relevancia del caso, dijo casi no recordar prácticamente nada de él. Vallejos no pudo explicar cómo supo la vestimenta que llevaba Otoño el día de su desaparición para describirla al detalle en el radiograma emitido minutos después de que el padre realizara la exposición policial. El papá de Otoño no se lo había dicho porque ese día se había ido a trabajar temprano, sin siquiera ver a su hija.
O el actual ministro de Seguridad y Justicia de Río Negro, Daniel Jara, quien declaró luego de que Roberto Uriarte fuera a pedirle personalmente, durante el acto por el día de la Policía, que se presentara a declarar de manera presencial y no por escrito, como iba a hacerlo, amparado en una acordada del Superior Tribunal de Justicia. Jara encabezó la comisión policial investigadora del caso y sostuvo que “la evidencia siempre apuntó a los acusados como responsables del crimen”.

También desfilaron por el juicio los cuatro imputados que se dijeron inocentes o se echaron culpas entre ellos e incluso hacia la cúpula policial, sombríos, llegando tarde o quedándose dormidos en pleno juicio. La abogada de la familia Uriarte, que hizo lo imposible por juntar testigos y pruebas, presentando los elementos que posibilitaron este juicio por Otoño un día antes de que el caso prescribiera para siempre, y los abogados defensores, algunos ya con historial de representar acusados por violencia de género, con sus trajes y su indiferencia como escudo.
Afuera, en las puertas del juzgado, el amor y el deseo de que este feminicidio brutal se esclarezca de una vez juntaba a las amigas de Otoño, a sus hermanas, a su familia, a sus profesoras de la escuela. Se pasaban el mate en ronda mientras empapelaban las paredes con la cara de Otoño, con los ojos de Otoño, con las ilustraciones de Otoño que llevan casi dos décadas pidiendo verdad. También se pasaban consejos para soportar. La injusticia multiplica el daño y para todas ellas el juicio fue revivir todo eso que desde hace 18 años habían tratado de guardar muy adentro, hecho una bolita detrás del corazón, para de alguna manera poder seguir con sus vidas. Pero abajo de las montañas de bronca y de la tristeza que se vuelve insoportable, Otoño hecha carne en sus cuerpos sigue ahí. Algunas tomaban té de valeriana, tilo. Otras llegaron hasta el clonazepam. Soportar es difícil y Otoño vuelve hasta hecha pesadillas.

La abogada de la familia Gabriela Prokopiw. Fotos desde Cipolletti: Silvina Ojeda
En la sala a Roberto lo sigue Gabriela Prokopiw, abogada querellante, y en el otro extremo, la fiscal Teresa Giuffrida. Enfrente, con los rostros entre las manos, los cuatro acusados de secuestrar, ultrajar y torturar a Otoño hasta su muerte, parecen hacer envejecido por portar una maldad infinita, que niega no ya la vida a sus víctimas, sino el simple derecho a la verdad.
La audiencia de alegatos finales es la última oportunidad de la acusación para demostrar la responsabilidad penal de los cuatro: Néstor Ricardo Cau, su hermano José Iram Jaffri, Maximiliano Lagos y Germán Ángel Antilaf, como coautores de la “privación ilegítima de la libertad agravada por la duración, participación de más de tres personas, por ser la víctima menor y por el resultado muerte”, de Otoño Uriarte. No feminicidio porque en 2006 esa figura no existía en el Código Penal argentino –se incorporó recién en el 2012– y, además, porque la escasez de pruebas contundentes impediría una condena bajo esa calificación legal. Sólo hay indicios, dirá la fiscal.
Y la justicia, una vez más, se nos escapa.
En ocho horas el juicio por Otoño llegará a su fin, Un proceso que parece no juzgar solo a sus asesinos, sino desdoblarse sobre sí mismo para demostrar cómo funciona en nuestro país la justicia para las mujeres.
O cómo no funciona…
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Otoño tenía 16 años cuando fue desaparecida mientras volvía a su casa en la zona de chacras de Fernández Oro, un pequeño pueblo del Alto Valle de Río Negro que en ese entonces no tenía más de 6.000 habitantes y en el que sus vecinos decían conocerse “todos con todos”.
Tras su desaparición, gran parte de la comunidad se movilizó para encontrarla. Marcharon todos los días durante seis meses, empapelaron el pueblo y las ciudades cercanas con un cartel que decía “se busca” y la cara de una Otoño sonriente, desbordante de posibilidades de futuro, absolutamente viva. Rastrillaron cada chacra, cada pastizal y cada descampado. Dieron vuelta cielo y tierra en busca de cualquier indicio que les dijera que esa pesadilla no podía ser cierta, que Otoño tenía que volver.
En la parroquia del padre Pancho se organizaba la logística y se reunían a rezar. El polideportivo del pueblo era el punto de encuentro tras la jornada de búsqueda para escuchar el parte policial. “Sin novedad”, era la respuesta. “Sin novedad”, como se repite un mantra indiferente que adora a algún dios que hace tiempo nos ha abandonado.
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La fiscal Teresa Giuffrida viste un blazer color crema y una pollera tubo, es la primera en hablar. “El paso del tiempo conspira para que tengamos detalles certeros de todo lo que ocurrió en este hecho entre el 23 de octubre de 2006, que es cuando desaparece Otoño, hasta el 24 de abril de 2007 que es cuando se encuentran sus restos”. Así comienza su alegato y continúa: “Pero más allá de que no podamos tener todo por acreditado, detalles certeros de lo que ha ocurrido, hemos podido acreditar circunstancias que permiten establecer la responsabilidad penal de cada uno de los imputados que ha llegado a este juicio”.
Algo importante, dice: “El día 23 de octubre de 2006, cuando Otoño sale de su casa para ir a la escuela, no pasaba por su cabeza que no iba a regresar”.

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Ese lunes Otoño se sentó donde lo hacía siempre: sobre la ventana, tercera fila de su aula, la primera que se ve al entrar. Había salido de su casa temprano, había dejado a su hermano menor en la parada del colectivo, se había encontrado con su amiga Leire –quien la esperaba para ir juntas a la escuela–, había dejado la bicicleta en lo de su compañera Ercilia para seguir caminando rumbo al CEM 14, donde cursaba el tercer año de secundaria.
Después se quedó contraturno a la clase informática, fue a educación física, asistió a la clase de voley y a eso de las nueve de la noche pasadas, se encontró con Federico Saavedra en la Plaza María Elena Walsh. Caminaron juntos por la avenida Cipolletti, llegaron hasta la rotonda y siguieron por la ciclovía paralela al ferrocarril.
“Cruza la vereda. La veo cruzar de una vereda a la otra y seguir caminando como a una cortada a la calle Libertad. No veo si ella sigue o dobla. En la pista había chicos jugando a la pelota, se viene la pelota a los pies de mi marido. Me doy vuelta riéndome. Camino para atrás, levanto la cabeza y veo a una persona. Iba cruzando el puente. Es lo último que veo: ella caminando con su colita alta” declaró Silvina Troncoso, una de las últimas personas en verla desde la pista de atletismo.
Esa noche, Federico Saavedra volvió a su casa, pero Otoño nunca regresó.
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Desde un principio, se pensó que la desaparición podía estar ligada a la trata de personas para la explotación sexual. El 9 de abril de 2007 esa conjetura cobró fuerzas cuando el diario Río Negro publicó unas escuchas telefónicas, halladas en el marco de la investigación por el paradero de Otoño, que dejaban al descubierto la connivencia entre efectivos policiales de la Comisaría 8° de Choele Choel y proxenetas.
Recién en ese momento la jueza a cargo del caso, María del Carmen García García, tomó la decisión de cambiar la carátula de la causa de “averiguación de paradero” a “privación ilegítima de la libertad”, una medida que era reclamada desde siempre por la familia.

En ese momento comenzaron a llegar llamadas anónimas que indicaban haber visto a Otoño en prostíbulos de distintos puntos del país. Dijeron que estaba en la Triple Frontera, en Posadas, Concordia, Córdoba, Tucumán, Córdoba. El 24 de abril de 2007, día que el cuerpo de Otoño fue hallado sin vida dentro del canal de El Treinta, en Cipolletti, Roberto Uriarte se encontraba en Santa Cruz siguiendo una de estas pistas. Hay quienes dudan de que ese llamado, que resultó contener información falsa, haya sido una casualidad.
El subjefe de la Policía de Río Negro en ese entonces era Víctor Ángel “Tito” Cufré, quien fue el primero en declarar ante los medios estar “convencido de que Otoño se fue de su casa por su propia voluntad”. Cuatro años después, el gobernador Saiz lo ascendió a secretario de Seguridad y Justicia de la Provincia. Actualmente, Cufré se encuentra con prisión domiciliaria por las muertes de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco, de 29 y 16 años respectivamente, ocurridas durante la represión policial del 17 de junio de 2010 en Bariloche, tras el asesinato, también en manos de la Policía, de Diego Bonefoi.
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En este juicio, no se juzgó ningún tipo de complicidad, mal desempeño o responsabilidades de policías y funcionarios judiciales sino que se focalizó únicamente en los cuatro imputados. Para ampliar responsabilidades habría que esperar a un segundo juicio y el cansancio de los 18 años se hace sentir.
Mientras tanto, los restos de Otoño, finalmente en manos de quienes la amaban, volverán a las montañas, las playas y los lugares que ella conoció y supo querer, libres de las sombra putrefacta de sus asesinos y libres también de la impunidad exasperante de una justicia lenta e inficaz: [1] de más de veinte feminicidios en Cipolletti solo el de Agustina Fernández obtuvo una condena ejemplar.

“No hay prueba directa pero sí hay indicios”, dijo la fiscal. “Y el valor que se le tiene que dar, pido que sea el que dice el Superior Tribunal de Justicia: los indicios, de manera concatenada y ordenados entre sí en base a los principios de la lógica, la experiencia y el sentido común permiten afirmar responsabilidad penal. No debe haber un análisis de los indicios por separado, el análisis es global”.
¿Cuáles son esos indicios? “Primero, el acoso, los imputados la estaban acosando”, aseguró la querellante Gabriela Prokopiw. Luego, la desaparición de la bicicleta de la casa de Ercilia y posterior aparición en casa de los hermanos Cau-Jafri, las pericias odorológicas que indicaron la presencia de olor de Cau, Jaffri y Lagos en el nylon hallado en cercanías a la usina donde fue encontrado el cuerpo, la presencia de perfil genético de Jaffri en la bombacha de Otoño. La declaración de Héctor Candia, ex amigo y compadre de Maximiliano Lagos, quien contó que este en una cena le confesó “que su tío el Cacha Pelada y su tía la Turca le habían pagado para ir a buscar a Otoño a un lugar especificado y que él la había llevado a la casa de unos hermanos, que ahí la habían tenido a la chica forzada unos días hasta que el Cacha Pelada le dijo que tenía que deshacerse de ella porque se le había complicado todo”. El nombre real del “Cacha Pelada” es Luis Miguel Ayala, uno de los narcotraficantes más conocidos de Allen, asesinado en 2011.

Roberto Uriarte durante el juicio. Fotos desde Cipolletti: Silvina Ojeda
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A las seis de la tarde de un día extenso hasta la crueldad, en las puertas de la Oficina Judicial de Cipolletti, se descuelgan las banderas en donde la imagen de Otoño se reproduce como un mantra. Familiares y amistades se abrazan, se consuelan, se dan fuerzas para el día siguiente. En las paredes quedará el rastro de estos días de espera y lucha. Ahora, la suerte está en manos de los jueces María Florencia Caruso Martin, Amorina Liliana Sánchez Merlo y Juan Pedro Puntel.
El 5 de febrero a las 13:30 darán su veredicto y en él, quizás resida la última oportunidad de que la justicia salve para sí misma algunas migajas de credibilidad.
Para los imputados esperamos la cárcel que los aleje de las calles y de las otras pibas.
Para Otoño, memoria viva en los corazones y las paredes de Fernández Oro, su verdad.

#NiUnaMás
Lucía Pérez: la lucha para que al femicida Matías Farías no le bajen la condena

(por Evangelina Bucari desde Mar del Plata, para lavaca)
Casi una década después del crimen que conmocionó a la Argentina y dio origen al primer Paro Nacional de Mujeres, el caso de Lucía Pérez enfrenta un nuevo capítulo judicial y otra instancia de revictimización para su familia, que ya atravesó todo tipo de maltratos en la búsqueda de justicia por el narcofemicidio de su hija de tan solo 16 años. (Foto de portada, Marta Montero y Guillermo Pérez, padres de Lucía, junto al abogado Juan Pablo Gallego)
En los tribunales de la calle Almirante Brown, en Mar del Plata, se lleva adelante una audiencia de cesura, un proceso de dos jornadas para determinar una nueva pena para Matías Farías, condenado por femicidio pero beneficiado el año pasado por un polémico cambio de carátula que hora le permitirá recibir una sentencia significativamente más baja que la prisión perpetua que cumplía.
Tras un primer día (el miércoles 29 de abril) marcado por las declaraciones testimoniales que buscaron trazar el perfil del condenado y el impacto del crimen, la segunda jornada estará centrada en los alegatos finales de las partes.
El eje de la controversia radica en un fallo de 2025 de María Florencia Budiño y Víctor Violini, integrantes del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, quienes resolvieron que el asesinato de Lucía no constituyó un femicidio, sino un “abuso sexual agravado”.
Esta reconfiguración del delito tiene consecuencias directas en la condena: mientras que el femicidio conlleva prisión perpetua, la nueva carátula reduce el rango de la pena a un espectro de entre 8 y 20 años de prisión.
La querella, encabezada por el abogado Juan Pablo Gallego, adelantó que tanto la fiscalía como ellos pedirán la pena máxima posible. Sin embargo, aclaró que también plantearán una vía alternativa: “De manera subsidiaria, vamos a sostener la figura de femicidio, porque entendemos que la orden de Casación ha quedado abstracta”.
Sobre lo ocurrido en la primera jornada, el abogado destacó que “solo declararon los padres de Lucía”, y que Marta Montero, la madre, “tuvo una posición muy categórica, responsabilizando al Estado por el daño que viene padeciendo la familia”.
Gallego también cuestionó con dureza a la defensa: “Presentaron dos testigos falsos que terminaron en un papelón, en un contexto de muchísimo agravio hacia la víctima”. Pese a ese escenario, aseguró que la querella se retiró conforme con el desarrollo de la audiencia y con expectativas de cara a los alegatos finales.
En medio de esta tensión, la causa sumó otro giro relevante. Juan Pablo Offidani, condenado como partícipe secundario, vio revocada su libertad condicional hace apenas unos días. La Cámara de Apelación y Garantías hizo lugar al recurso del fiscal y la familia, y determinó que no se cumplían las condiciones para su excarcelación.
Offidani, quien inicialmente había sido beneficiado con la libertad tras pasar nueve años detenido, ahora deberá someterse a un régimen de semilibertad estrictamente supervisado, con salidas diurnas limitadas y la prohibición absoluta de acercarse a menos de 200 metros de la familia Pérez Montero.

En la puerta del juzgado, familiares y manifestantes con el abogado Juan Pablo Gallego, que explica:“Estamos ante un caso en el que, por motivos que se desconocen o por relaciones de poder, se busca beneficiar a una persona claramente identificada como autor de un crimen que el Código Penal define como femicidio”.
Ni un paso atrás
La defensa de la familia Pérez Montero advirtió que si el tribunal local no convalida la gravedad del crimen y el perfil peligroso del condenado, recurrirán a la Corte Suprema o incluso a instancias de justicia internacional.
En cuanto a los fundamentos del fallo que modificó la calificación del caso, Gallego fue contundente: “En casi todos los párrafos, la propia Casación reconoce que se trata de un delito en un contexto de violencia de género, por lo que no se entiende el motivo de haber descartado el femicidio”.
En esa línea, vinculó la decisión con una coyuntura política específica: “En ese momento –señaló– se hablaba de eliminar la figura del Código Penal, cosa que finalmente no ocurrió”. De todos modos, se mostró confiado en que esa interpretación pueda revertirse.
Fue enfático en afirmar que desde la familia “no vienen a inventar una verdad”, sino a mostrar que los hechos probados encajan perfectamente en la figura que intentó “borrar” la Cámara de Casación. “En la audiencia de cesura volvió a quedar acreditado, como en todas las resoluciones y los juicios, que inequívocamente existió femicidio”, remarcó el abogado. Por eso, consideró que “estamos ante un caso en el que, por motivos que se desconocen o por relaciones de poder, se busca beneficiar a una persona claramente identificada como autor de un crimen que el Código Penal define como femicidio”.
Marta, que desde el día uno no dejó de luchar por su hija y “por todas las Lucías”, tiene una pregunta muy sencilla para hacerle a la justicia: “Si lo que le hicieron a Lucía no es femicidio, ¿entonces qué es?”.
Cronología de 10 años de impunidad y lucha
2016: Lucía es drogada, violada y asesinada el 8 de octubre. Las pericias forenses confirmaron que la última penetración anal infligida a Lucía ocurrió mientras ella agonizaba. Tenía rastros de drogas en su sangre.
2018: un primer juicio «misógino» absuelve a Matías Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel, los tres implicados en la violación y el femicidio de Lucía, condenándolos solo por venta de drogas.
2020: Casación anula ese juicio por contener «intolerables prejuicios de género».
2023: en un segundo juicio, Farías es condenado a perpetua por femicidio. Y Juan Pablo Offidani recibió la pena de 15 años de prisión por resultar partícipe secundario del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes, y Alejandro Maciel, no recibió condena porque había fallecido en 2020.
2025: Un nuevo fallo de Casación “borra” el femicidio, e impone una audiencia de cesura para revisar la condena de Farías.
29 y 30 de abril de 2026: se desarrolla la audiencia de cesura.
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Cecilia Basaldúa: su cuerpo, en una fosa común

Por Bernardina Rosini para lavaca.org
Desde Córdoba
Bajo la lluvia, debajo de un árbol, rodeados de las personas que los acompañan desde el femicidio de Cecilia Basaldúa, hace 6 años, sus padres hicieron una conferencia de prensa que no tendría que haber sido necesaria. Susana Reyes y Daniel Basaldúa debieran estar viviendo esta jornada de otro modo. Debieran poder decirle a su hija que la extrañan pero que lograron hacer justicia, que descanse en paz. En cambio, están parados en el cementerio de San Vicente de Córdoba Capital, en una ciudad que no es la de ellos, sin saber con certeza si el cuerpo que está allí es el de Cecilia.
Este sábado se cumplen seis años desde que apareciera el cuerpo de Cecilia Basaldúa en un codo de río de Capilla del Monte. Tenía signos de abuso sexual y estrangulamiento. Llevaba veinte días desaparecida. Era la peor noticia que podían recibir sus padres. Hoy reciben otra: Cecilia está enterrada en una fosa común, junto a desconocidos (según el reporte que les entregaron se tratan de “Silvia Becerra” y “Eduardo Arce”) en este cementerio. Nadie les avisó. No fueron notificados. No estuvieron presentes. No dieron su autorización.

«A nosotros nos mataron a nuestra hija y queremos justicia», dice Daniel. «Debe haber responsables, debe haber firmas, nombres de quienes han autorizado esto. Se tiene que encargar la misma justicia de dar con el o los asesinos pero también de los responsables de estos traslados del cuerpo. Ya sé cuál es su argumento: que nosotros sabíamos, y lo digo de nuevo acá: nosotros no sabíamos nada».
Susana apunta a los próximos pasos: «Queremos un ADN. Nosotros no tenemos la certeza de que allí está enterrada Cecilia. Es una incógnita».
Un cuerpo desaparecido
La abogada querellante Gisela Videla explicó lo que esa incógnita significa en términos jurídicos y humanos: «Desde una perspectiva de derechos humanos, el cuerpo de Cecilia, hasta que no se sepa efectivamente dónde está, es un cuerpo que está desaparecido. Si hoy nos dicen que en la morgue ya no está y estaría supuestamente acá, pero con una cadena de custodia rota, no sabemos efectivamente: el cuerpo de Cecilia está desaparecido hasta que se haga este ADN». Y agregó: «Desde el punto de vista humano, es una crueldad manifiesta y sistemática que se viene dando para con estos padres. Sigue siendo un ninguneo y un manoseo de una situación tan dolorosa como es la de perder a una hija y a seis años que no haya ni una persona imputada en relación al hecho en sí».
Para entender cómo se llegó hasta acá hay que volver a noviembre de 2021. Antes de que comenzara el juicio que finalizaría absolviendo a Lucas Bustos, la querella presentó por escrito su oposición explícita a que el cuerpo fuera retirado de la morgue judicial. La familia quería avanzar con pericias más exhaustivas. El escrito quedó en el expediente. El cuerpo fue enterrado igual.
La familia no supo nada de esto hasta octubre de 2024, en una reunión con la actual fiscal de la causa, Sabrina Ardiles –la cuarta en hacerse cargo de una investigación que pasó también por Paula Kelm, el fiscal de Cámara Sergio Cuello, Barrera y Nelson Lingua–. Ardiles les mostró un papel, un comunicado. El cuerpo de Cecilia no estaba en la morgue judicial como ellos suponían desde hacía cinco años.
Cuando la fiscal habló públicamente sostuvo que la familia había sido notificada. La abogada querellante Daniela Pavón lo desmintió: el oficio estaba en la causa desde noviembre de 2021, pero la querella no tuvo acceso al expediente de Bustos desde su elevación a juicio. No existieron las varias notificaciones que mencionó Ardiles. El cuerpo de Cecilia Basaldúa fue inhumado sin autorización, sin consentimiento, y en condiciones que los propios trabajadores del cementerio calificaron hoy como «extrañas».

¿Quién mató a Cecilia?
Cecilia no murió una sola vez. La mató uno o varios femicidas que todavía caminan libres. La mató una fiscal que apuró el cierre de la investigación, mantuvo en prisión dos años a un joven inocente y puso la firma para que se desarrollara lo que terminó siendo un simulacro de proceso judicial. La mató un sistema que apostó durante años a fiscales que demoraron, desgastaron y clausuraron posibilidades reales de avance en la causa. La mató la burocracia que perdió el oficio, o lo ocultó, o simplemente decidió que no importaba notificar a sus padres que el cuerpo de Cecilia sería retirado de la morgue y enterrado. Cada institución que intervino en esta causa dejó su marca sobre ella. Una cadena de violencias. Una cadena de femicidas.
Además de los cuatros fiscales, el cuadro de estos seis años es éste:
- Cuatro policías presos por violencia de género, entre ellos quienes dirigieron la búsqueda y la investigación original.
- Un imputado absuelto porque las pruebas no existían.
- Un sospechoso principal -Mario Mainardi, la última persona que alojó a Cecilia en Capilla del Monte- que vendió sus pertenencias, borró mensajes, pintó la casa donde ella se hospedaba (donde se registraron once muestras positivas de luminol) y se mudó a Rosario: libre, sin imputación, sin investigación que lo alcance.
- Y un cuerpo enterrado sin autorización, en una ciudad que no es la de su familia, en una fosa que no eligieron.
La Ley de Víctimas 27.372 existe para que nada de esto ocurra: garantiza el derecho a ser asesorado, a acceder a la justicia, a recibir protección y a ser escuchado durante todo el proceso penal. El Estado cordobés la violó en cada uno de esos puntos tal vez porque se entrena para lo contrario.
Al cerrar la jornada en el cementerio, Daniel y Susana repitieron el profundo agradecimiento a quienes siempre los acompañan, “la familia Basaldúa ahora es grande, y yo sé que Cecilia nos está dando fuerza, está por ahí dándonos fuerza”. Gran número de las mujeres presentes vinieron desde Capilla del Monte, traen su rostro y gritan “Cecilia Gisela Basaldúa, ¡Presente! ¡Ahora y Siempre!”
Este sábado la actividad continuaba en Capilla del Monte donde la Mesa de Trabajo «Justicia por Cecilia» convocó una movilización “por Memoria, por Verdad y Justicia, y para que los culpables de su femicidio sean condenados”.
La semana que viene, sus abogadas harán una presentación judicial para determinar responsabilidades en torno a las órdenes que se dieron para sepultar sus restos sin consultar a la familia.

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Adiós a Claudia Rodríguez: la Trans andina que propuso politizar el amor

Referente del movimiento trans latinoamericano, activista, poeta, escritora y tanto más, escribió sobre su infancia, la militancia trans, la vida sexual y se autoproclamó Miss Sida en 2007. Claudia Falleció este 29 de Noviembre. Su pelea incluyó al pueblo mapuche, la educación pública, los sin techo, y planteó siempre una filosa crítica al neoliberalismo, que quita posibilidades de vida y las transforma solo en posibilidad de consumo. En uno de sus viajes a la Argentina compartió con la revista MU sus ideas sobre el orgasmo, el feminismo sin resentimiento, la creación, y por qué hay que politizar el amor. Un modo de homenajearla, de recordarla, y a la vez de volver a estar en contacto con un pensamiento y una acción que dejan una sensible huella cultural, artística y política.
Por María del Carmen Varela
Foto: Lina Etchesuri

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