Nota
El Fuero Contravencional de abajo a arriba: la ruta de los limones
¿Qué hace y qué no hace el Fuero Contravencional cada vez que se hace un acta? Esta crónica cuenta todo el recorrido: desde la calle hasta la sentencia.
por Claudia Acuña. Miércoles al mediodía, Parque Rivadavia. Dos agentes de la comisaría 10°, de civil, están parados frente a un hombre. Uno habla por celular y el otro garabatea una planilla, con mala letra. Hace el listado de la evidencia que están por secuestrar: limones (tal vez cuatro docenas) , una bolsita de ajíes colorados y unos ajos.
-¿Es un procedimiento?
-Afirmativo -, dice el que anota.
-¿De qué lo acusan?
-Violación del Código
Los limones están alineados en la vereda, entre un puesto de flores y la parada del colectivo. A un costado, el vendedor aguanta su mala suerte. Apenas dice que tiene 26 años, tres hijos, seis hermanos.
Es miércoles, es mediodía, es Buenos Aires y eso significa que hay mucha gente yendo y viniendo, sin tiempo para ver más que su propia urgencia. Sin embargo, alguien se para a mirar.
Y otro.
Y otra.
Miran al vendedor, después miran los limones.
El operativo sigue adelante. Con el correr de los minutos, se forma un nutrido círculo de curiosos. Alguien pregunta por qué no lo dejan trabajar. El vendedor cuenta, de pronto, con el ruidoso apoyo de los albañiles de una obra en construcción que, desde la altura que les da un andamio, cuestionan a viva voz a la policía. También se ha ganado el respaldo de los transeúntes, que se suman a las quejas, criticando el procedimiento en particular y a los uniformados en general.
En fin, criticándolo todo.
El agente telefonea al fiscal.
-Acá el clima está tenso -comunica-. ¿Secuestro los limones?
Hay risas y cierto aire de triunfo anticipado, pero los policías obtienen lo que necesitan: la aprobación del fiscal. Al acusado le dan una copia del acta contravencional. El papel dice: violación al artículo 83 (uso indebido del espacio público). El patrullero se va, llevándose los limones. Para el vendedor, su día está perdido. No sólo éste; el de mañana también, si no logra recuperar en el juzgado lo que tenía para vender.
El desafío ahora es seguir la ruta de los limones, principal evidencia en un caso, que habla, (increíble pero real) de la política criminal implementada en la ciudad de Buenos Aires. Por lo menos, de cuáles son sus obsesiones.
La policía
Desde el año 98 el municipio tiene un fuero propio para las denominadas contravenciones, que fue creado con la sanción de un Código –primero el de Convivencia, luego el Contravencional- que reemplazó a los edictos. El nuevo sistema nació con el objetivo de controlar a la policía, poniendo fin a los abusos y las cajas de recaudación ilegal denunciadas durante largos años. Pero esto no debería tapar una verdad sencilla de constatar: hoy quien aplica el Código Contravencional sigue siendo la policía.
Son los agentes de calle quienes actúan de oficio, recorriendo la ciudad y determinando qué situaciones consideran punibles. En los procedimientos, consultan por teléfono al fiscal y reciben su aval desde un despacho. Ningún funcionario judicial presencia los procedimientos. Los policías son los ojos del fiscal, los que tienen el poder de decir «acá tengo un ilícito» o de hacer la vista gorda. Su mirada es el primer gran criterio de aplicación del Código.
El defensor
¿Y qué miran?
El doctor Antonio Gariglio, defensor oficial, lo sintetiza de esta manera: las contravenciones más sancionadas son la venta ambulante y la prostitución callejera. (Traducido: los que no tienen un trabajo estable, ni ingresos y salen a vender o a venderse para sobrevivir).
El doctor Gariglio fue el defensor de turno cuando ocurrió el caso de los limones. No se sorprende con el cuento del procedimiento: la semana pasada, cuenta, le tocó intervenir en un proceso abierto por tres chipá y unos termos de café.
Busca su agenda. Muestra las hojas del último mes para corroborar lo que dice. Tuvo doce juicios orales a su cargo. De esa cifra, la mitad –seis- fueron contra vendedores ambulantes, uno por oferta de sexo y el resto a levantadores de quiniela clandestina. «Empleados, ningún capitalista», describe. «El último, un señor mayor al que le encontraron tickets de diez centavos. Le cuento esto para que se den una idea de su nivel económico». Con el rebusque «se había alquilado una pieza donde dormir».
Procedimientos
La justicia contravencional porteña tiene 24 fiscales, 11 defensores, 31 jueces de primera instancia, 9 camaristas, y dos edificios -uno frente al shopping Alto Palermo y otro en el barrio de Monserrat- donde funciona la maquinaria judicial.
El sistema es similar al del fuero penal: por cada caso se abre un expediente. La máquina se pone el movimiento con los procedimientos callejeros que inicia la policía. Para proceder, pueden invocar el Código Contravencional o el de Faltas, según prefiera o convenga. Después, la fiscalía cita a declarar al imputado. Los defensores actúan en caso de una contravención, pero no si se aplica el Código de Faltas, porque en ese caso solo hay un proceso administrativo, no judicial. Los jueces actúan de garantía, es decir que intervienen controlando la legalidad el proceso. El acusado puede llegar a un acuerdo y aceptar una probation o ir a juicio oral. Las condenas son económicas (multas), pero pueden transformarse en prisión si el imputado no tiene dinero para saldarlas.
Nadie explica qué pasa si la mercadería confiscada en un procedimiento pertenece a quien luego, en el juicio, resulta inocente. Especialmente si se trata de mercadería perecedera, como en el caso de los limones.
El fiscal
El que está al otro lado del teléfono es Walter López, el fiscal que ordenó el secuestro de los limones.
-De lo que se trata es de aplicar la ley -dice-. Todos los días hay procedimientos porque todos los días la policía recorre la calle con directivas de actuar. A veces incautamos la mercadería y otras no, según la contravención, pero es la policía la que tiene la total potestad para actuar en casos como estos.
-¿Y usted cómo evalúa si la persona está ocupando el espacio público, si no la ve?
-Es difícil hablar en abstracto -dice el fiscal.
-Entonces hablemos en concreto. Con el vendedor de limones, ¿cómo evaluó si estaba haciendo uso indebido del espacio público?
-Eso no puedo hablarlo con usted. No puedo dar información de casos específicos, salvo al interesado.
Su voz se ha puesto tensa.
-Sigamos en abstracto, entonces: si una persona usa el espacio público para ganarse el sustento porque no puede hacerlo en otro lugar ¿está haciendo un uso indebido, como dice la norma municipal, o está ejerciendo su derecho constitucional a trabajar?
-Para que yo responda ese tipo de preguntas debe solicitar una entrevista a través del fiscal general. Si él lo autoriza, yo le respondo.
La gran reguladora
Para algunos expertos en derecho, la justicia contravencional es más importante que la penal, por ser la gran reguladora de lo que pasa en la calle. Especialmente en ciudades como Buenos Aires, con mejores estándares de vida que el resto del país y rodeada por el cinturón de pobreza del conurbano. No casualmente, los legisladores porteños buscaron endurecer el Código con una reforma después de la ola de protestas de 2001 y 2002.
El uso del Código es, por esto, clave en el diseño de la política criminal de la ciudad. Dicho de otro modo: los fiscales, al dar directivas a la policía, la instan a actuar de una determinada manera. Pueden avalar que se persiga a la pobreza, o pueden intervenir para que el Estado atienda una situación social de desigualdad, en lugar de penalizarla.
Pueden considerar que los derechos sociales y económicos son exigibles judicialmente. O pueden, por el contrario, ordenar que se decomise la mercadería y avanzar con la acusación.
La pista de los limones llega hasta acá porque la máquina es lenta: recién ha comenzado el proceso. Para conocer el final tal vez sirva presenciar un juicio oral por el mismo cargo: uso indebido del espacio público. Podremos observar así, en vivo y en directo, el último engranaje de esta Justicia.
La agenda de las audiencias orales se publica en internet.
Hoy se realiza una en el juzgado 2.
En el despacho del juez
El juez Carlos Bentolila lleva un saco príncipe de Gales, prendedor de oro en la solapa, y en la corbata, una traba dorada. A su espalda hay una bandera argentina. En un extremo del escritorio, el Código Penal; del otro lado, el control remoto del aire acondicionado.
La audiencia se hace en su despacho: se acordó una probation, por lo que sólo es necesario que estén presentes él y la contraventora.
La ceremonia se inicia en voz alta, cuando una empleada del juzgado se asoma al pasillo y llama por su nombra a la imputada.
Por la puerta aparece una mujer boliviana.
Su nombre es Coca Choque y está acusada de «ocupación de la vía pública sin autorización». Coca se sienta sin tocar el escritorio, los pies juntos y las manos en el regazo. El juez dice:
-¿Le explicaron las cláusulas del acuerdo?
-Sí, señor.
-Si usted no cumple, la suspensión del juicio deja de tener lugar. En ese caso va a una audiencia oral en la que puede ser condenada.
-Sí -repite Coca.
-Quiero decir: si no cumple lo convenido…
(Coca asiente con la cabeza)
-¿Entiende cómo es?
-Sí.
-A usted se le pidió informar de cualquier cambio de domicilio.
-Sí.
-Usted está a disposición del juez
-Sí.
-No se puede ir.
-Bueno.
La probation aceptada por Coca la obliga a ayudar en un comedor comunitario y donar 100 pesos en mercadería.
Al término de la audiencia, pregunto de la forma más solemne posible cuál fue el hecho por el que fue a proceso.
El juez dice que no puede hacer pública esa información.
Ya afuera del juzgado, la imputada cuenta:
-Trabajo en una verdulería. Bajamos los cajones con verduras del flete y quedaron demasiado tiempo en la vereda.
-.¿Y es suya la verdulería?
-No, yo solo firmé el acta.
Castigos
El defensor Gariglio está buscando algún dato sobre los limones. El problema, dice, es que si al vendedor le aplicaron el Código de Faltas no tendrá defensor.
-¿Por qué?
-Porque la falta es un procedimiento administrativo. Sólo si él apela va a llegar a una defensoría. Y el que se asusta, no apela.
El defensor revela un dato clave. La mayoría de los casos no llegan a condena. Uno de los motivos es que el Código indica explícitamente que la venta ambulante para la subsistencia no es una contravención. Tampoco llegan a condena los casos de oferta de sexo. En un país donde la prostitución no es considerada delito, el Código tuvo que conformarse con penalizar sus modales: sólo es punible si se realiza de manera “ostensible”.
Esto significa, en la práctica cotidiana, que la mano de los fiscales está siendo más dura que la letra de la ley.
-¿Entiende cómo puede manejarse una política criminal?, me dice Gariglio.
-Entiendo.
Para un acusado, el castigo no es la condena, sino quedar sometido a un proceso. Y es la propia máquina la que aplasta a los que no tienen nada.
Juicio oral
Otro juicio oral, esta vez por ofrecer sexo en la vía pública. La audiencia se realiza en el edificio de Monserrat, nuevo, con ascensores recubiertos de acero inoxidable, personal joven, música suave. Buen clima.
Los testigos dicen que no vieron nada. El policía que hizo el procedimiento no puede recordar esa actuación en concreto, aunque existe una filmación. La idea de filmar a travestis y prostitutas, que ha sido cuestionada por inconstitucional y fue motivo de una presentación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad impugnando ese procedimiento, fue defendida en su momento por el fiscal general adjunto Luis Cevasco, como un medio «eficaz» para probar una contravención que de otro modo nunca podía ser probada.
La acusada, una travesti de 50 años, falta a la audiencia. El fiscal del caso, Walter López -el de los limones- pide que la hagan comparecer por la fuerza pública.
Mandan a averiguar qué le pasó. Al rato llega la noticia: la travesti está internada en un hospital.
El nuevo jefe
Por encima de Luis Cevasco en la jerarquía del ministerio público, el 27 de marzo pasado asumió como nuevo fiscal general contravencional Germán Garavano, propuesto por el jefe de gobierno Jorge Telerman, a pedido del bloque macrista.
Sus antecedentes son re-conocidos. Fue director académico del Foro de Estudios sobre Administración de Justicia, Fores, una institución de lobby creada en el año ’76, que tenía como objetivo defender a la dictadura militar de los cargos por violaciones a los derechos humanos. En 1985, Fores publicó el libro Definitivamente nunca más, la otra cara de la Conadep, en el que reivindicaba el terrorismo de Estado. Cinco años más tarde, realizó estudios en favor de la ampliación de la Corte Suprema que Carlos Menem impulsó para obtener la famosa “mayoría automática”. Esos trabajos fueron financiados con aportes del Consejo Empresario Argentino y de los estudios jurídicos que atienden a las mayores empresas transnacionales y grupos económicos locales.
Garavano es quien dictará ahora las instrucciones generales para la política criminal de la ciudad.
Nota
Luna hace escuela: presentan una placa recordatoria de la joven asesinada, en reclamo de justicia

La joven de 19 años iba a la primaria n° 18 de Tigre, donde ayer se descubrió una placa para recordar su femicidio y reclamar justicia. El femicida Isaías Villarreal vive cerca de esa institución y de la casa de la familia Luna. El acompañamiento de las y los alumnos, de organizaciones sociales, del Ministerio de Mujeres bonaerense, y las palabras de sus padres.
«Es un momento importante: el Estado está reconociendo que es un femicidio. Falta que la justicia lo pueda ver”.
Marisa, mamá de Luna Ortiz, dice estas palabras frente a la escuela primaria n°18 de Tigre adónde iba su hija. Ahí, sobre la vereda y a metros de la puerta, se presentó ayer martes 6 de diciembre una señalización con la cara de Luna y una inscripción con una frase de la banda Callejeros que la recuerda: «Hoy desde el cielo me guian tus ojos a donde voy».


Del otro lado de la reja, alumnos y alumnas de 6to grado armaron guirnaldas de carteles que en letra imprenta piden que frene la violencia: «Si me querés no me grites», «mi vida tiene valor, mi cuerpo no tiene precio», «no más maltrato», «nos queremos vivas y libres».
«Es una reparación», dice Facundo, su papá, acompañado por otros familiares de víctimas de femicidios que viajaron desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, por vecinas, amigas de Luna, y por autoridades del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad bonaerense.
Luna Ortiz tenía 19 años cuando fue contactada por Isaías Villarreal el 2 de junio de 2017 mediante Facebook. Se encontraron y él la llevó a su casa, donde la esperaban otros dos hombres: ahí la drogaron, la alcoholizaron y la trasladaron en un raid en el que la intercambiaban como mercancía. Un día después, el 3 de junio de 2017, encontraron el cuerpo de Luna sin vida en la casa del propio Villarreal.
Dos años después, el fiscal Marcelo Fuenzalida, de la Unidad Funcional de Instrucción de Violencia de Género San Isidro, caratuló su muerte como “abandono de persona seguido de muerte con suministro de estupefacientes a título gratuito”. Ese año el TOC 7 de San Isidro condenó a Villarreal a 14 años de prisión. Pero en marzo de 2021, los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación Penal de La Plata, Daniel Alfredo Carral, Ricardo Ramón Maidana y Ricardo Borinsky, dieron lugar a un pedido de la defensa y cambiaron la carátula a “suministro gratuito de estupefacientes destinado al consumo personal en concurso real con homicidio imprudente” por lo que finalmente el femicida recibió una pena de 4 años y 11 meses.




Con el cambio de carátula, Villareal consiguió en 2022 la excarcelación. Desde entonces vive a pocas cuadras de la casa de donde vivía Luna, en el mismo barrio en donde ahora se la recuerda en la escuela.
Por eso Ailén, amiga de Luna, dice: «Para mí es plasmar que acá no está todo bien, que si él está en la calle no está todo bien, que él no es inocente de lo que hizo, que tiene que pasar y verle la cara hermosa que tenía y saber que no está todo bien, que nunca va a estar todo bien, y ojalá la justicia algún día revea el error que cometió».




Nota
Atlanticazo número 24 contra el loteo del mar

Las Asambleas por un Mar Libre de petroleras que ya llegan a gran parte de las costas argentinas realizaron una nueva movilización (la número 24) como todos los 4 de cada mes. En Mar del Plata, donde nació esta movida, fueron desde la Municipalidad hasta la Playa Popular, para manifestarse entrando al mar contra la pretensión de explotar las profundidades marinas sin licencia social y sin que se conozcan las consecuencias ambientales que se generarán. Luego hicieron una fogata contra el extractivismo.
La fecha es heredera y homenaje a las marchas antimineras que se producen también los días 4, desde que Esquel inauguró ese hábito social y ambiental en 2002. Este lunes hubo marchas entonces no solo en Mar del Plata sino también todo Chubut. Son las últimas previas a la asunción de un nuevo gobierno. En Mar del Plata, todo estará luego dirigido al 4 de enero, plena temporada, cuando además se cumplirán dos años del primer Atlanticazo. Como lo reflejó esta página el mes pasado, distintas localidades costeras del país se sumaron también este 4 a toda esta movida socioambiental en defensa del mar. (La revista MU está preparando una producción especial sobre el tema para la edición de diciembre, tras haber viajado a Mar del Plata).
¿Qué es el bombardeo acústico?
La asamblea hizo llegar a lavaca el mapa que refleja el parcelamiento del mar que están obteniendo las petroleras para realizar sus actividades, con notable colaboración de la política oficial y la judicial (Corte Suprema) en contra del medio ambiente. Ya son 38 «bloques» destinados a esas empresas, cuenta Silvina Álvarez, integrante de la asamblea: «Esto implica a toda la franja costera y a territorios que van a estar impactados. En Mar del Plata tenemos un sector del puerto que se le concesionó gratuitamente a Equinor, una corporación que trabaja con YPF». Se desconoce aun si los anuncios de motosierra llegarán a este gasto público.

El mapa muestra que el Mar Argentino fue sometido a una suerte de fraccionamiento: la gran zona rosada que acompaña al 70% de las costas es la que corresponde a las llamadas “prospecciones” que en la práctica implican una búsqueda sísmica mediante violentos y permanentes bombardeos acústicos para detectar áreas petroleras, causando estragos en la fauna marina, especialmente las ballenas, “destruyendo el ecosistema marino, que juega un rol fundamental en la absorción del dióxido de carbono atmosférico y la mitigación del cambio climático” explica la asamblea. “Es como si fuera todo el estruendo de cohetes de un año nuevo, pero dentro del mar y durante tres meses seguidos” explicó Silvina Ávarez a lavaca.
Esa acción sísimica de las naves de las corporaciones fue iniciada casi sin conocimiento público durante el gobierno macrista.
El resto de las zonas coloridas que se observan representa las áreas de exploración tanto en el norte como en el sur del Mar Argentino, con el nombre de las corporaciones encargadas de cada parcela.

El no cambio climático
Sobre la marcha en Mar del Plata contó Jazmín Safi a lavaca: “Tuvo muy buena convocatoria, más tratándose de un lunes, y apuntando a la acción del mes que viene, cuando cumplamos los dos años del primer Atlanticazo”.
El documento marplatense plantea un panorama sobre el presente: “En 6 días asume la presidencia Javier Milei, con promesas de más ajuste, más entrega y más represión. Los planes de la ultraderecha son profundizar el camino ya trazado por los anteriores gobiernos. Por eso es tan importante que hoy estemos en las calles, demostrando que gobierne quien gobierne seguiremos peleando por nuestros derechos y que no abandonaremos la defensa de los territorios y la vida”.
Sobre la extraña COP 28 (Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) que se desarrolla en Dubai, capital de un enclave justamente petrolero como Emiratos Árabes, plantean los asambleístas: “Esta reunión donde gobiernos y empresas se deben comprometer con acciones para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y evitar así el colapso climático que pone en riesgo la supervivencia de numerosas especies incluida la nuestra, paradójicamente se está desarrollando en Dubai, demostrando el poder de la industria petrolera mundial que sigue condicionando las políticas ambientales destinadas a frenar el aumento de la temperatura global”.

Dato sobre la representación argentina: “La delegación argentina está encabezada por Cecilia Nicolini, Secretaria de Cambio Climático, quien es responsable de haber firmado cada una de las Declaraciones de Impacto Ambiental a los proyectos de exploración sísmica y pozo exploratorio presentados por las corporaciones petroleras, luego de realizar falsas Audiencias Públicas, incumpliendo así tratados internacionales como el Acuerdo de París y el Acuerdo de Escazú”.
Contaminación, negacionismo y otros
¿Cuál es la situación actual? El documento marplatense informa: “Mientras tanto, el buque BGP Prospector sigue desplazándose a su antojo por las costas bonaerenses hasta las de Río Negro y Chubut, bombardeando el mar y destruyendo el ecosistema marino, que juega un rol fundamental en la absorción del dióxido de carbono atmosférico y la mitigación del cambio climático. Por su parte, el Estado nacional a través del Consejo Federal Pesquero y la Armada Argentina, rechazaron el pedido del Instituto de Conservación de Ballenas para relevar datos sobre los efectos de la sísmica en curso, porque podrían “entorpecer la prospección”. Así se demuestra nuevamente una profunda sumisión a los intereses de las corporaciones”.

La asamblea repasa otros conflictos del presente, como el caso de la Legislatura rionegrina, que votará esta semana tres leyes pro mineras con lo que se habilitaría la megaminería y el negocio inmobiliario en zonas resguardadas hasta ahora, “intensificando el saqueo y el despojo a las comunidades”.
Sobre el poder judicial: “Una justicia que sigue operando en favor de proyectos extractivistas como la Ley de Semillas avalada por un fallo de la Corte Suprema de la Nación en el que se le reconocen derechos de patente sobre las semillas a la corporación Bayer Monsanto, y que a su vez se niega a admitir la causa contra la empresa contaminante Porta hermanos, presentada hace más de tres años por vecines de Córdoba Los mismos jueces que se expidieron contra el recurso de queja presentado por organizaciones y abogades, dando así luz verde al proyecto petrolero offshore”.

Dos lemas asamblearios cierran el documento: “Somos mares, somos naturaleza, somos comunidades costeras” y “No es no”. La próxima marcha será con un gobierno cuyos candidatos han planteado públicamente que contaminar el agua no es un problema ni un delito, que niegan el cambio climático y que agitan la amenaza de represión como su modo de entender la convivencia democrática.

Nota
297 femicidios y travesticidios en lo que va del año: datos del Observatorio Lucía Pérez

De enero a noviembre de 2023 el Observatorio Lucía Pérez, primer padrón autogestionado y público de violencia patriarcal, registró 297 femicidios y travesticidios en todo el país. Como resultado de estos crímenes se registraron además 233 huérfanxs por femicidios, un drama silenciado del cual es necesario hablar.


No son cifras y por eso en nuestro padrón se visualizan sus nombres, edades, dónde vivían y cómo sucedió el femicidio, entre otros muchos datos que permiten dimensionar el problema.
Solo un caso entre cientos: Evangelina, de Mar del Plata, estaba a punto de ser abuela. Sus 5 hijas presenciaron el crímen; la más pequeña, con 3 años, marchó con la foto de su mamá por las calles de la ciudad costera reclamando justicia. Fue una de las 391 marchas y movilizaciones contra la violencia patriarcal que registramos durante el año.


Registramos además 312 tentativas de femicidios. En noviembre uno de estos crímenes fue contra una mujer de 31 años que está embarazada de 6 meses.
Este 2023 registramos 120 desaparecidas. Y llevamos 1023 días preguntándonos ¿dónde está Tehuel de la Torre?

El Observatorio Lucía Pérez es una herramienta de análisis, debate y acción creada por Cooperativa lavaca. Se elaboran una serie de padrones que compartimos en la web de manera libre, los cuales comenzaron a confeccionarse en talleres que realizamos con víctimas de violencias, familias sobrevivientes de femicidios, organizaciones sociales y activistas del movimiento trans. Los datos así recogidos, sumados al seguimiento de lo publicado en medios de todo el país, son luego chequeados y precisados con fuentes judiciales y periodísticas.
Todo la información que producimos es de público y libre acceso en www.observatorioluciaperez.org
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