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Dos años sin Santiago: de la impunidad judicial a la sociedad como motor de memoria, verdad y justicia

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Santiago Maldonado fue visto con vida por última vez escapando de una violenta represión de Gendarmería en una irrupción ilegal sin orden judicial en la Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen. Tenía 28 años. El caso conmovió a la sociedad Argentina, que este jueves volverá a salir a las calles para exigir justicia por su muerte, en medio de una campaña electoral con eje en la seguridad y con la Gendarmería como protagonista de una «educación cívica». A dos años sin Santiago, lavaca habló con su hermano Sergio Maldonado. Por qué la familia exige la reapertura de la causa. El estado de la apelación que lleva seis meses sin respuesta desde la Justicia. Las preguntas que el juez Lleral no quiso contestar. El ocultamiento de información clave. El informe ante la CIDH sobre el montaje de noticias falsas realizado por funcionarios, periodistas y operadores de prensa. Y el rol de la sociedad.
Para Sergio Maldonado estos dos años pasaron muy rápido. La dimensión del tiempo no sólo obliga a ubicar que el 1 de agosto de 2017 su hermano Santiago fue visto por última vez con vida escapando de la represión de la Gendarmería en la protesta que encabezaba la comunidad mapuche del Departamento de Cushamen, en Esquel, sino también a la violencia que el Estado sigue sometiendo a la familia todos los días.
La pregunta parece obvia pero apunta a lo básico: ¿Cómo estás? “Con mucha impunidad y tristeza”, dice a lavaca. “Porque, por un lado, a la parte judicial ya no le importa nada. En relación a lo político, este Gobierno utilizó a Santiago políticamente y la justicia se amparó y actuó de la misma manera. Hay momentos que parece así que estás en el aire. Pero, por otro lado, estamos bien, porque la gente sigue acompañando. Sigue habiendo un reclamo general de verdad y justicia. Eso te hace dimensionar, también, que pasaron dos años, pero se sigue luchando”.
Por eso, Sergio y los familiares y amigos de Santiago convocan este jueves a marchar a las 17 en Plaza de Mayo con tres consignas claras:
· “Justicia por Santiago”.
· “No al cierre de la causa”.
· “Basta de impunidad”.

Preguntas sin respuesta

La familia Maldonado se encuentra a la espera de que la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia resuelva si confirma o no el archivo de la causa, dictaminada por el juez federal Gustavo Lleral el 29 de noviembre del año pasado, después de comunicarle a la mamá del joven, Stella Peloso, que estaba siendo extorsionado. “Están vencidos todos los plazos y, una vez más, advertimos que los plazos de los jueces van a ser políticos y electorales”, dijo a lavaca la abogada Verónica Heredia. Algunos ejemplos:
· El primer juez de la causa, Guido Otranto, y la fiscal Silvina Ávila, allanaron el domicilio de Santiago en El Bolsón el 12 de agosto de 2017, un día antes de las PASO.
· El 21 de octubre, un día antes de las elecciones legislativas, el juez Lleral dijo que el fallecimiento de Maldonado no se había tratado de una “muerte violenta”.
· El archivo de la causa llegó un día antes del comienzo del G20.
Por esa razón, en las semanas previas al nuevo aniversario, la familia divulgó una serie de elementos del expediente que sustentan el pedido de reapertura de la causa.
1) La muerte violenta. La familia subraya que, al momento de comunicar el resultado definitivo de la autopsia, el juez Lleral dijo que “Maldonado falleció por ahogamiento por sumersión en un cuadro coadyuvado por ´hipotermia”. La familia apunta que el juez omitió que se trató de una “muerte violenta”, tal como consta en el informe de la autopsia.

2) Los billetes. El dinero que la familia divulgó se encontró en el pantalón de Santiago el día que encontraron su cuerpo el 17 de Octubre de 2017. “Se aprecia que estos se encontraban en perfecto estado. La familia solicitó el peritaje de los mismos, pero el juez Lleral denegó el pedido”.

3) La crioconservación. La familia difundió también el texto de los resultados de la autopsia que dice que «la temperatura corporal estaba fría debido a la crioconservación natural y artificial». Según explican, la crioconservación es el proceso en el cual las células o tejidos son congelados a muy bajas temperaturas, generalmente entre -80 C y -196 C. Y se preguntan: “La temperatura del agua del Río Chubut nunca es menor a 0 C. ¿Quiere decir que estuvo en un lugar diferente al Río Chubut? Se solicitó al Juez Lleral explicación a este punto, siendo también denegado”.

Sergio dice a lavaca: “Todo está presentado en la Justicia. Y, como vemos, todos los plazos están vencidos, porque ya van seis meses de la apelación que presentamos el 29 de enero. Por eso salimos a mostrar estas pruebas. ¿Por qué no dicen que fue una muerte violenta? ¿Por qué no se peritaron los billetes?”.
Tras el cierre de la causa, lavaca resumió en esta nota los principales hechos del caso que aún sigue impune: la violencia del operativo, el rol del Estado, la actuación del poder judicial y los principales detalles de la autopsia. Los hechos, junto a estas revelaciones de la familia, confirman el pedido de la familia Maldonado desde el minuto cero de la causa: la necesidad de un grupo de expertos independientes ya que los funcionarios del Estado, como quedó en evidencia con la resolución del juez federal Lleral, no garantizan la búsqueda de verdad, sino consagrar la impunidad.

Santiago Maldonado: de la extorsión a un juez federal a por qué es un crimen de Estado


La familia también presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe que ubica a funcionarios del Gobierno (de Bullrich a su jefe de Gabinete, Pablo Noceti), a diputados (Elisa Carrió, Fernando Iglesias), pero también a periodistas y operadores (de Eduardo Feinmann y Jorge Lanata a Claudio Andrade y Loreley Gaffoglio), en un rol central en la creación de noticias falsas y las granjas de trolls. El informe -que puede consultarse acá- devela la estrategia para ocultar la desaparición, instalar pistas falsas y criminalizar y deshumanizar al joven y su familia.

Discutir la (in)seguridad

Sergio sabe que es inevitable que el reclamo de verdad y justicia no se cruce con la campaña política: “Estamos inmersos”. ¿Qué significa? “Es mucha coincidencia que el Gobierno, justo el 1 de agosto y a los dos de la desaparición forzada, haga un acto en Bariloche donde allí está uno de los escuadrones que participó aquel día. No sólo hay que lidiar con eso, sino también con candidatos de otros partidos que se suben a ese caballo de decir que la Gendarmería tiene que ser llevada a los barrios”.
El debate se instaló después del anuncio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de la creación del “Servicio Cívico y Voluntario en Valores”, que estará a cargo de la misma fuerza responsable en los hechos del 1 de agosto de 2017.
Sergio: “Están haciendo campaña para instalar el tema seguridad. Pero pareciera que en el afán de sacar votos de donde no imaginan terminando asumiendo el mismo discurso que predica Bullrich. Por eso es difícil mantenerse alejado de la campaña. No quiero meterme en esa rosca, pero si hay candidatos que van en esa línea es difícil correrse”.
Sostiene que la discusión es por otro lado: “Piensan en Gendarmería cuando el discurso debe pasar por la salud, la educación y el trabajo. Pero en la búsqueda de votos, algunos terminan fortaleciendo lo que habría que reducir. Repudio a Bullrich, pero también a quienes manifiesten esa misma ideología de empoderar a las fuerzas de seguridad. No acepto como respuesta que la Gendarmería sea la opción. La seguridad la vas a transmitir si a la gente la educás, le das salud y le das laburo. Si tenés esas tres cosas, no tenés inseguridad. ¿A qué iríamos, si no, a la Plaza, por estos dos años? ¿A reclamar por algo que supuestamente están haciendo bien? Sería incoherente”.
La coherencia es lo que la sociedad construyó en estos dos años, que pasaron tan rápidos: la tarea social de mantener presente el reclamo de memoria, verdad y justicia.
Ahora y siempre.

La sociedad contra el Estado: cómo fueron y de dónde vinieron los ataques a la familia Maldonado

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Memoria, verdad y un nuevo reclamo de justicia a 3 años sin Carla Soggiu

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A 3 años del femicidio de Carla Soggiu su familia realizó un ritual junto a un mural con la cara de la mujer asesinada por su ex pareja, que no fue juzgada por el crimen por decisión del fiscal César Troncoso. Recordaron así y ahí, en Nueva Pompeya, los alertas que Carla le hizo a un Estado que no la protegió de la violencia machista ni la encontró cuando se encontraba desaparecida. La causa por el femicidio fue investigada recientemente por MU: lo que el expediente oculta y tergiversa, y lo que devela sobre la falta de funcionamiento del sistema de botón antipánico. Una historia que demuestra paso a paso cómo lo judicial puede encubrir la responsabilidad estatal y archivar procesos, convalidando la impunidad.

En uno de los límites de esta ciudad infinita está el mural que recuerda a Carla Soggiu sonriendo. “Madre, hija y vecina del barrio Nueva Pompeya” proclama con delicadas letras esta pared pintada que hoy da lugar a una ceremonia de dolor y memoria. “A esta hora empezó el infierno” dirá Roxana, la mamá, en este sábado de calor asfixiante. Señala entonces la esquina para marcar el lugar donde Carla activó por primera vez el botón antipánico que el Poder Judicial le entregó para protegerla. No funcionaba.

Aquel 15 de enero de hace ya tres años Carla pidió ayuda cinco veces y cada vez el patrullero policial llegó a la casa de la familia Soggiu preguntando dónde estaba. Comprendieron así, cruelmente, que Carla estaba en peligro y que nadie podía ayudarla. Cuatro días después un trabajador de limpieza encontró su cuerpo en el Riachuelo, que en ese límite es apenas unas cuadras.

Días antes Carla había sido torturada y violada por su pareja, con su hija de 2 años como testigo. Cuando logró escapar presentó una denuncia: fue la que originó la entrega del botón, una medida de protección que en esta ciudad portan tres mil mujeres al año.

La pareja de Carla fue condenada por esos delitos, pero la causa por su femicidio fue archivada: el fiscal César Troncoso consideró que no había delito alguno que investigar. Haber sido golpeada y violada días antes, soportar golpes en la válvula que calmaba su hidrocefalia, pedir ayuda a través de un dispositivo inútil, entre otras tantas de violencias, no son considerados por el fiscal como indicios de una trama que une ambas causas. La familia de Carla se enteró del archivo hace apenas unos días y de casualidad y ahí está ahora, parada frente al mural, clamando ayuda porque contra tanta injustica “solos no podemos”.

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial cómplice de la impunidad. Está su tía y su primo y una vecina con su hijita y en ese abrazo la familia de Carla encuentra la fuerza para recordar sin lágrimas lo que necesitan: justicia. La exigen por sus nietos que todavía no accedieron a la pensión a la que tienen derecho según la Ley Brisa. Tras reclamos y trámites solo tuvieron una Asignación Universal por Hijo. Un abogado les cobró 40 mil pesos para renovarla, pero el trámite no lo completó y quedó nulo. De eso también se enteraron hace apenas unos días y de casualidad, cuando acudieron a la Defensoría General a pedir ayuda y se encontraron allí con la abogada que asistió a Carla en su primera denuncia. Ella los ayudó a solicitar la renovación del subsidio, pero en esta tarde de infierno Roxana cuenta que ya pasaron los 10 días previstos y la asistente social que debía visitarlos para darles la aprobación nunca llegó, así que tendrán que seguir esperando a ese Godot que es la justicia en Argentina. Mientras, el sustento sigue dependiendo de la espalda de Alfredo, que hace años trabaja en la misma empresa cumpliendo tareas de carga y descarga. Lo ayudan dándole horas extras: más peso.

En esta tarde de dolor y memoria hay flores y globos violetas, el color preferido de Carla, que su madre suelta para que rueden por las calles silenciosas del barrio de Nueva Pompeya. Docenas de globos mecidos por la brisa ardiente que anticipa una tormenta. Ahí quedan, en ese límite y a la espera.

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Lo que falta: 16va Carta al Presidente de Familiares Sobrevivientes de femicidios

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A plena luz del sol y en un centro desolado, las familias que componen el grupo Familiares Sobrevivientes de Femicidios se reunieron en Plaza de Mayo para dejar por vez número 16 una carta al Presidente Alberto Fernández, pidiendo que los reciba, exigiendo justicia por sus hijas y acercando medidas concretas para que eso suceda.

En la jornada de hoy estuvieron presentes Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, asesinada en Capilla del Monte, Córdoba; Marta y Guillermo, padre y madre de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata; y Analía Romero, mamá de Camila Flores, asesinada en Santa Fe.

En todos los casos estas familias debieron trasladarse hasta Plaza de Mayo; recorrido que significa a la vez que las causas que se tramitan por las muertes de sus hijas distan muchos kilómetros de la Casa Rosada; distancia que garantiza la impunidad, ya que facilita las trabas judiciales y las tramas territoriales; y complica el acceso a la justicia como un derecho para familias que no cuentan con recursos para viajar ni para sostener abogados ni peritos.

Así lo denuncia la mamá de Camila Reyes:

Así reclama Guillermo Pérez, papá de Lucía, que Alberto Fernández los reciba:

Estas son las fotos de algunas de las jóvenes asesinadas por la violencia machista, cuyas causas siguen impunes:

Estas son las cartas que entregan las familias al Presidente cada segundo miércoles del mes:

Esta es el informe que junto a las cartas las familias entregaron en la Rosada, un diagnóstico y una muestra de lo que falta para lograr un Nunca Más de la violencia patriarcal, de la que el Estado es parte:

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Infeliz año nuevo: trabajadores de alfajores La Nirva con orden de desalojo

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“Resuelvo: disponer el lanzamiento de los ocupantes de la planta fabril deudora ubicada en laa calle Dorrego Nº854, Lomas del Mirador, La Matanza, Provincia de Buenos Aires y restituir la posesión de la misma a la concursada”.

El fallo lleva la firma del juez nacional en lo Comercial Fernando D’Alessandro, está fechado el 30 de diciembre, y precisa dos aclaraciones: cuando se lee “lanzamiento” debe entenderse “desalojo” y “ocupantes” a 57 familias de la tradicional fábrica de alfajores La Nirva que recuperaron sus fuentes de trabajo en plena pandemia después de la estafa de los exdueños Matías Paradiso y Marcelo Iribarren. Las familias pusieron las máquinas a producir nuevamente luego de conformarse en una cooperativa de trabajo, y así trabajaron este año y medio pandémico hasta recibir el fallo previo al año nuevo.

“Estamos laburando muy bien”, dice a lavaca Marcelo Cáceres, presidente de la cooperativa. “En este último tiempo estábamos con pan dulces y muchos proyectos de ampliar la máquina de galletitas y alfajores, de inaugurar una línea más: estamos en crecimiento. El síndico ya había venido a revisar la fábrica y quedó sorprendido de lo bien que estaba. La decisión nos lleva a pensar que hubo un arreglo político con plata de por el medio, porque el juez no se fijó en esto, y directamente decretó el desalojo”.

La decisión, por ahora, no tiene fecha, pero las familias sí están en alerta y la noche de año nuevo reforzarán la presencia de guardia en la fábrica.

Dice Cáceres: “Vamos a aguantar la que se venga”.

Compartimos la nota de MU sobre la recuperación de la empresa.

Triple sabor: La Nirva, recuperada por sus trabajadorxs

Luego de estafas patronales, amenazas de la Bonaerense y dos meses en la calle durante la pandemia, la popular fábrica de alfajores de La Matanza se hace cooperativa. La autogestión como salida ante la crisis. Por Lucas Pedulla.

(publicada en julio 2020)

Después de trabajar 20 de sus 42 años en el control de la máquina de chocolate de La Nirva, Lorena Pereyra se encontró en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio enviándole al dueño una foto de su tupper en la olla popular que cocinaban al frente de la empresa, con un mensaje: “Mirá a lo que llegué”. La foto era la misma para cada una de las 65 familias que desde el comienzo de la cuarentena tuvieron que desoír el consejo de quedarse en casa, con los riesgos que eso implicaba, e instalar una carpa frente a la fábrica de alfajores en el partido bonaerense de La Matanza para reclamar por sus fuentes de trabajo.

Allí permanecieron durante casi dos meses con venta de torta fritas y budines para el fondo de lucha, y con carteles que explicaban la necesidad preventiva, social y obligatoria de otro virus:

  • “Nuestro virus tiene nombre: Matías Paradiso y Marcelo Iribarren (los dueños)”.
  • “Nos dieron cheques sin fondo en diciembre. Nos estafaron”.
  • “Si nos quedamos en casa nadie escucha que pasamos hambre. Queremos recuperar nuestro trabajo y vivir dignamente”.
  • “Queremos cobrar”.

Con cuatro hijos y su marido que había sido despedido de la misma empresa años atrás, Lorena nunca imaginó que atravesaría la lucha en medio de una crisis sanitaria sin precedentes. “La patronal cambió hace tres años y vimos cómo empezaron a irse compañeros. De 120 pasamos a 65. Hace dos años que no tenemos aportes, mientras vemos cómo en la ANSES figura que cobramos sueldos de 70 mil y 80 mil pesos, cuando hace nueve meses que no cobramos nada. Pero ante la necesidad te hacés fuerte, quieras o no”.

Lorena ya no habla desde la olla popular en la calle, sino desde adentro de la fábrica, donde permanece de forma pacífica junto a sus compañeros y compañeras en resguardo de las maquinarias y su fuente de trabajo que hoy toma una forma que augura un futuro pospandemia sanitaria y laboral: la forma cooperativa.

Foto: Ramiro Dominguéz

Conflicto grandote

La popular fábrica La Nirva es la encargada de hacer los famosos alfajores Grandote y La Recoleta, entre otros productos como cubanitos y copitos de chocolate y dulce de leche. El 80 por ciento de su personal son mujeres. “Mi pareja trabajó 31 años acá: lo echaron el año pasado pagándole una sola cuota de 51 mil pesos como indemnización”, contaba María de los Ángeles Santillán, 46 años, 23 en la empresa, cuando MU se acercó a la fábrica una semana después de iniciado el acampe. “No tiene nada fijo. Y la plata no alcanza, las boletas aumentan, tenemos mamás enfermas que tenemos que dejar para venir acá. Se complica todo: no tenemos ni para cargar la SUBE, por eso estamos vendiendo tortas fritas”. 

Marcelo Cáceres (34 años, 12 en la fábrica) pasó de ser delegado sindical a presidente de la futura cooperativa. Desde esa transformación recuerda que la caída  comenzó en 2018, cuando la firma cambió de dueños. “Se vendió al grupo Blend. Durante dos meses seguimos con el ritmo de trabajo que teníamos. Al tercer mes, el salario empezó a retrasarse. De a poco, se fueron cerrando líneas. Al tiempo, nos cortaron todos los servicios: agua, gas y luz. Nos quedamos literalmente a oscuras”.

Empezaron los despidos de personal administrativo: de más de 120 trabajadorxs quedó la actual planta de 65 personas. Y como en la pandemia, se contagió el miedo. Santillán: “Había miedo a hablar porque si alguien criticaba, al día siguiente era despedido”.

Cáceres aclara que el problema no era la producción. “Por quincena, y laburando una sola línea, hacíamos un millón 200 mil alfajores. En 2001, año de la peor crisis, ni se sintió: hasta horas extras se hacían. Fue un mal manejo. No sabemos lo que es cobrar un sueldo completo. Eran puchitos: de 2.000, 3.000 pesos. De octubre a hoy, solo en salarios la deuda con nosotros es de 18 millones de pesos”.

Hay más: “En diciembre nos dieron cheques a 60 y 90 días. El dueño nos dijo que vayamos a cobrarlo a una financiera, que nos iban a sacar un porcentaje, pero que lo íbamos a poder cobrar. Nadie vio un peso”.

Cáceres tuvo que vender su auto para poder pagar deudas. El 24 de diciembre llamaron al dueño para que les diera algo de efectivo para pasar las fiestas: “Nos dieron 3.000 pesos”. Y el 2020 arrancó con más promesas. “El primer día de febrero nos prometieron 40 mil pesos para arrancar y que, mientras producíamos, iban a abonar la totalidad de la deuda. Trabajamos una semana: nos dieron 20 mil. Hay buena predisposición, pensamos. Trabajamos otra semana más, pero ahí ya dijeron que no había efectivo. Como veníamos de dos años de mentiras, decidimos dejar de trabajar hasta que nos pagaran”.

Así llegó marzo, la pandemia agudizó todas las crisis y la situación  de los trabajadores era desesperante. Al combo se sumó que un vecino les avisó que un camión había ingresado de madrugada a la fábrica a llevarse cosas. No dudaron: estaba en juego la fábrica y sus fuentes de trabajo. 

Y votaron la instalación de la carpa.

Foto: Ramiro Dominguéz

Unión & galleta

Cuando el acampe cumplió una semana, recibieron una visita inesperada. Cáceres: “Apareció la policía, con la excusa de que no podíamos estar en la calle por la pandemia, cuando hacía siete días que estábamos ahí. Y nos corrieron por todo el barrio: un grupo terminó en la plaza, otro cerca de la ruta”. El efecto se vio al otro día: entre vecinos, vecinas y movimientos sociales hubo 200 personas apoyando a las familias en la puerta con olla popular. Y la policía no volvió más.

Ante la evidencia del apoyo, los dueños firmaron un acta en la que se comprometieron a cumplir el 100 por ciento de los salarios adeudados. Pero esta promesa tampoco se cumplió. “Agotamos todas las instancias legales que había. Primero, el dueño nos tomó el pelo a nosotros. Segundo, al sindicato. Y tercero, al Ministerio de Trabajo: hicimos cinco audiencias y no cumplieron ninguna, hasta que con los abogados del sindicato decidimos cerrar el acto y quedarnos en asamblea permanente, pero ya adentro de la fábrica”.

Lorena Pereyra hace una lectura de todo el proceso: “20 años son toda una vida. Tuvimos un mes en la puerta sin la ayuda de nuestro sindicato, con la ayuda de los vecinos. Ahí te das cuenta de que tu lucha vale, y que tiene un poder. Antes, con un pago mínimo entrábamos y desistíamos, pero ahora la pandemia terminó de desatar todo. Fui aprendiendo mis derechos. Uno viene acá, exponiéndose a todo, cuando lo que más queremos es estar en casa, pero lo valió”.

Mientras los trabajadores y trabajadoras buscan volver a la producción, Cáceres fue denunciado por “usurpación” por los exdueños, causa que tramita en los tribunales matanceros. “Por ahora el fiscal actuó bien. Y entre nosotros tenemos mucha unión. Sin eso, no hubiéramos llegado a nada. Esa es la base: la unión y la convicción que tenemos”.

Paula Rojas, 30 años, fue una de las últimas trabajadoras que entraron, hace cuatro años, en el área donde se colocan las galletas y empieza el proceso del alfajor. Sus compañeros la eligieron para que sea la tesorera de la futura cooperativa. “Me gusta y es una responsabilidad, porque si nos hubiéramos quedado en casa no habríamos conseguido nada. Mucha gente va a quedar desocupada después de todo esto, y si no recuperábamos también nos íbamos a quedar sin nada. Por eso tampoco podíamos quedarnos en casa. En casa estábamos todos separados, cada uno en su vida, aislados. Acá es distinto, estamos apostando a un mismo objetivo: recuperar nuestras fuentes laborales”.

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