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La sociedad contra el Estado: cómo fueron y de dónde vinieron los ataques a la familia Maldonado

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La familia Maldonado presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe que ubica a funcionarios del gobierno y diputados, pero también a periodistas y operadores, en un rol central en la creación de noticias falsas y las granjas de trolls. Devela la estrategia para ocultar la desaparición, instalar pistas falsas, y criminalizar y deshumanizar al joven y a su familia. Por otro lado, un dossier elaborado por la periodista Claudia Acuña  subraya a la vez la tarea social que sigue representando mantener el reclamo de memoria, verdad y justicia cuando el Estado se vuelve de terror.

“Se describe quiénes fueron los actores involucrados en la comunicación oficial del gobierno, funcionarios de segunda línea, y también de los periodistas más famosos, operadores y el rol central que asumieron los creadores de noticias falsas y las granjas de trolls que diseminaron los contenidos a través de las redes sociales para polarizar la sociedad”. Así comienza el informe que la familia de Santiago Maldonado presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que refleja los ataques que sufrieron por parte de los funcionarios de Cambiemos y del Gobierno (que debían investigar la desaparición de un joven de 28 años en contexto de protesta social) a través de las redes y los medios de comunicación.
El informe fue presentado mientras la familia espera que la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia resuelva si confirma o no el archivo de la causa, dictaminada por el juez federal Gustavo Lleral el 29 de noviembre del año pasado. “Están vencidos todos los plazos y, una vez más, advertimos que los plazos de los jueces van a ser políticos y electorales”, apunta a lavaca la abogada de la familia, Verónica Heredia, que ejemplifica con algunos hechos:

  • El primer juez de la causa, Guido Otranto, y la fiscal Silvina Ávila, allanaron el domicilio de Santiago en El Bolsón el 12 de agosto de 2017, un día antes de las PASO.
  • El 21 de octubre, un día ante de las elecciones legislativas, el juez Lleral dijo que el fallecimiento de Maldonado no se había tratado de una “muerte violenta”.
  • El archivo de la causa llegó un día antes del comienzo del G20.

“Es evidente que la investigación respondió a tiempos políticos electorales y confirma que no hubo una investigación ni independiente ni imparcial”, dice Heredia. “Por eso, en el marco de la era de las noticias falsas y los ataques mediáticos, este informe es una prueba que presentamos para acreditar la relevancia que tuvo el caso. Una relevancia que no se encierra toda en sí misma, sino para toda la sociedad y para toda la región. Por eso es imprescindible que, como sistema interamericano que establece los estándares de investigación y procedimiento, se expidan y den parámetros de hasta cuál es el límite de la libertad de expresión y qué regulación debe haber ante la utilización del Estado de las redes sociales para atacar no sólo a una persona, sino a la familia, a la víctima, a los amigos y a la causa”.

El periodismo troll

El informe sobre los ataques parte de la base de que la comunicación oficial desde el Poder Ejecutivo fue escasa. Según el resumen, el propio Macri no se pronunció en ningún momento. La ministra se Seguridad, Patricia Bullrich, emitió un solo tweet (“Mintieron, quisieron engañar a la sociedad y generar miedo”, festejó cuando Lleral cerró la causa), al igual que el ministro de Justicia, Germán Garavano. En tanto, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, fue el más activo, con tres intervenciones. “Claramente el objetivo era silenciar la comunicación oficial y ´hablar´ a través de otros canales”, apunta el informe.
Uno de esos canales fueron funcionarios de segunda línea (diputados) que tuvieron un rol activo en comunicación. “Se definió que la comunicación tuviera un tono político”, explica. “La intención era polarizar a la sociedad, deslegitimando el reclamo de aparición con vida de Santiago, reduciéndolo a un montaje político que solo intentaba dañar al Gobierno. Esto tuvo el efecto deseado en una parte de la sociedad, que hasta el día de hoy sostiene que el caso fue ´muy politizado´ o ´usado políticamente´”.  Así, el informe reúne alguno de los mensajes de la diputada Elisa Carrió, que dijo que la desaparición era un “invento kirchnerista”.
“La constante demanda social fue diaria hasta la aparición del cuerpo”, apunta. “Durante 18 meses seguidos la sociedad argentina produjo un promedio de dos hechos diarios de importante magnitud informativa para mantener en agenda el caso. Significa, entonces, que las movilizaciones masivas que concentraron la atención sobre Santiago Maldonado hay que analizarlas en el contexto de un trabajo cotidiano de comunicación y transmisión de información para alertar sobre el caso y también sobre sus implicancias actuales y sus relaciones con la Historia argentina: desaparecidos, dictadura, derechos humanos, etc.”.

Luego, describe tres casos de periodistas de alcance masivo, cuyo discurso –precisa la familia- “pasaba centralmente a deshumanizar a las víctimas”. Destaca que el objetivo era polarizar la audiencia y desprestigiar a todos los que reclamaban por la aparición del joven. En este grupo están Jorge Lanata (quien dijo que Sergio Maldonado debía pedirle “perdón” a la Gendarmería y a Bullrich), Eduardo Feinmann (quien dijo que Sergio y sus abogada sólo “quieren más guita”) y Baby Etchecopar (que dijo que el joven era un “delincuente”).
Otro apartado se enfoca en los “Operadores”, partícipes de la creación de un “sentido común” de la versión oficial. El informe ubica allí a Claudio Andrade (Clarín), Loreley Gaffoglio (La Nación, primero, e Infobae, después) y Silvia Mercado (Infobae). Los dos primeros, además, fueron galardonados por Fopea y Adepa, respectivamente. El informe los describe como las personas que contaban “con información privilegiada, inclusive en algunos casos, anticipando las resoluciones judiciales y las próximas acciones del Ministerio de Seguridad”. Los tres difundieron las versiones que Maldonado había estado en Chile, que había pasado a la clandestinidad o que había sido herido por el puestero de Epuyén. Mercado, por ejemplo, publicó que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU había felicitado al Gobierno por su intervención en el caso, pero las propias autoridades la desmintieron.
En ese sentido, la familia apunta que esta construcción fue la base sobre la que se montaron las granjas de trolls, que atacaban vía redes. “A partir de cuentas falsas se organizaron para esparcir un mensaje uniforme y coordinado. Los ataques trolls mostraron el lado más siniestro de las redes sociales y de la sociedad. Festejaron la desaparición, la muerte, esparcieron un mensaje de odio que alcanzó a gran parte del país y generó más dolor, angustia e impotencia a la familia”. El informe acompaña un estudio de la diputada Graciela Camaño, que expuso cuál era la estructura y el alcance del troll center macrista (más 7.500 cuentas falsas, 1 millón de interacciones diarias), comandado por el jefe de Gabinete Marcos Peña.
La importancia de este escenario cobra una importancia central por el contexto: en los 78 días que siguieron a la desaparición circularon más de 7,5 millones de tweets.

La respuesta social

Por su parte, un dossier realizado por la periodista y escritora Claudia Acuña analiza el impacto social que tuvo el caso Maldonado, en el que destaca que la búsqueda del joven fue una tarea asumida a nivel social y que tuvo su correlato en documentales, libros, videos, ensayos, intervenciones en el espacio público y en escuelas.
La periodista Acuña destaca que la variedad de recursos comunicaciones desplegados representa el bagaje que la sociedad creó en su lucha contra la violencia de Estado. “En pleno dominio de las redes sociales virtuales es interesante comprobar cómo en casos de denuncia de una desaparición forzada y presión para la aparición con vida, la sociedad argentina recurre a un lenguaje fundamentalmente artístico y, si bien se irradia en soportes muy variados, los murales callejeros siguen siendo una prioridad”.
La tradición argentina ubica un lenguaje artístico, que también se expresó en escribir en billetes de 100 pesos la leyenda “¿Dónde está Santiago?”, tal como hacían las Madres de Plaza de Mayo en plena dictadura. Acuña apunta: “Esta tarea social se hace notoria al analizar el impacto del caso en las aulas, hecho que sólo puede haber generado la información difundida socialmente, ya que ningún medio comercial sembró ese interés, sino por el contrario, lo desalentó con campañas de desinformación que daban permanentemente cuenta de ´apariciones´ y teorías sobre el presunto paradero de Santiago. Para poder responder a la demanda del interés de niños y niñas, los gremios docentes tuvieron que preparar material didáctico, ya que ningún organismo del Estado atendió a esta demanda. Por el contrario, el Poder Ejecutivo de la ciudad de Buenos Aire, por ejemplo, difundió una línea telefónica destinada a denunciar a aquellos docentes que hicieran mención del caso en el aula”.
Los informes, así, se complementan, y mientras describen el ataque coordinado a la familia, también resaltan la tarea social para mantener en movimiento el pedido de memoria, verdad y justicia, con el “trauma social” que representa una desaparición forzada: millones de personas dedicando horas y recursos para demandar al Estado acciones justas, prontas y concretas.
La abogada Heredia explica que el informe sobre los ataques apunta redefinir los parámetros de investigación de una desaparición forzada en democracia. “Así como Iván Torres (desaparecido en 2003, en Trelew) significó el reconocimiento argentino de la existencia de desapariciones forzadas, llevó a que se tipificara el delito y estableció en el Código Procesal que debían ser apartadas las fuerzas sospechadas, el caso de Santiago demuestra que esa norma ahora no alcanza. No sólo se tiene que apartar a la fuerza involucrada sino apartar a toda la estructura de la cual depende esa fuerza, es decir, también el juez y la fiscal que entendían en el hecho”.

EL INFORME COMPLETO: Informe Ataque redes sociales

-¿Qué revela el informe?
-Lo planificado y lo sistemático. No es al azar. Ahí ves el accionar del Gobierno, de la ministra Bullrich, de los diputados, de los periodistas, todo una estructura que da cuenta que no es casual que Santiago haya desaparecido, con una lógica de deshumanizar a él, a Sergio, y a todo lo que se dijera en un correlato con las resoluciones judiciales. Hay que entender que es un hecho que no afecta sólo a la familia de Santiago y a la sociedad, sino a toda la región. Por ejemplo, la utilización del Poder Judicial por parte del poder político no sólo se dio acá sino que es una metodología regional. Es necesario que rápidamente se establezcan parámetros de esta época. La desaparición de Santiago es un quiebre, y necesita respuestas del sistema.

Medios, redes sociales y desapariciones forzadas en democracia

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Informe de Periodistas Argentinas, en el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: más de la mitad fue víctima

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En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la colectiva Periodistas Argentinas dio a conocer los resultados de la encuesta Equidad en Medios de Comunicación realizada este año.

Lo que permiten ver las 213 respuestas recibidas es el altísimo nivel de violencia simbólica y concreta que las periodistas vienen soportando históricamente en el ejercicio de la profesión.

El dato es alarmante: El 54,5% sufrió violencia en su ámbito laboral, mientras que un 9,9% dijo no estar segura.

Fuente: Periodistas Argentinas

Desde la colectiva entonces se brindó la posibilidad a quienes sufrieron violencia o no estaban seguras de sí la situación podía definirse como de violencia, a contar su experiencia.

“Las siguientes son algunas de las respuestas textuales expresadas por las periodistas que participaron de la Encuesta Equidad en Medios de Comunicación, realizada por Periodistas Argentinas entre agosto y septiembre de 2021”, expresaron en un comunicado y detallaron:

Periodistas Argentinas impulsó activamente la Ley de Equidad en Medios de Comunicación como una herramienta eficaz en pos de la erradicación de las violencias. La ley fue aprobada la madrugada del 10 de junio, bajo una enorme presión de empresas periodísticas que buscaban trabarla.

En la encuesta un apartado de preguntas es sobre la normativa. El 64,8% dijo conocer los principales puntos de la ley. Entre los principales derechos que la ley garantiza se identifican como prioritarios: la equiparación salarial, equidad en espacios de decisión y poder, y protocolos para prevenir y contener la violencia de género en el ámbito laboral.

A la luz de los resultados hoy presentados, queda clara la urgencia de que se haya convertido en Ley para construir un ejercicio del periodismo libre de violencias.

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#NiUnaMás

A la calle por Lucía y por todas: movilización ante el Senado bonaerense para el Nunca Más de los femicidios impunes

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Este martes 23 de noviembre, desde las 11 horas, la familia de Lucía Pérez, la Campaña Nacional Somos Lucía, organizaciones sociales y sindicatos se movilizarán ante el Senado Bonaerense en La Plata y en todo el país para exigir la condena a los jueces que dejaron impune el femicidio de la joven marplatense y, a la luz de ese caso, reclamar el fin de la impunidad para los femicidios, medidas concretas para evitarlos y una reforma judicial que incorpore la perspectiva de las víctimas. Lo que se juzga y lo que se juega, la previa a una movilización que pretende dar vuelta la historia, y lo que dice la familia y las mujeres que acompañarán desde distintas organizaciones: «Si hay una reforma posible va a ser con nosotras, las mujeres organizadas”.

“Hoy te recordamos, nos acordamos de vos como todos los días. Con esa sensación en el pecho, sabiendo que hoy en día nos falta una más. Una compañera que hoy no está a nuestro lado. Nos la arrebataron como el viento arranca las hojas de los árboles. Pero vos creaste raíces y con tu lucha llegó la primavera. Sos esa pequeña llama que encendió un movimiento enorme que hoy en día lleva tu nombre en sus banderas. Marta y Guillermo llevan la voz de tu memoria y atrás de ellos acompañamos. En silencio o con un grito que surge del fondo de nuestra alma. Tu nombre nos acompaña y nosotras acompañamos tu nombre. Lucía Pérez seguís presente en todas nosotras. Hoy y siempre, te recordamos”

La poesía le llega a Marta, mamá de Lucía Pérez, mientras corta y pega carteles con la cara de su hija y la palabra justicia en letras negras. Se lee también: “5 años de impunidad”. Guillermo, papá de Lucía, hace el mate. Están en La Plata, donde esperan el comienzo del el juicio político a los jueces que pretendieron dejar impune el femicidio de su hija.

La poesía les llega desde Mar del Plata. Se las mandan chicas que van ahora al colegio donde iba Lucía, lo cual representa el primer cambio. Pero la poesía la escribió Anni Kapitanchuk, una joven de otro colegio también marplatense. Marta se emociona: “Son semillas que van creciendo y que aunque algunos no quieran estas luchas continúan. Por más que se quiera tapar el sol con las manos, el sol se va a correr, y se va a ver. No nos van a parar: esto va a salir”, asegura en la previa del 23 de noviembre, día en que convocan a movilizarse frente al Senado bonaerense para hacer presión sobre el tribunal que deberá juzgar a los jueces por el fallo misógino de Lucía Pérez.

Lo que se juega es si el jury va a archivo, o avanza.

Por eso, lo que se juega en esa jornada es, de nuevo, la posibilidad de un cambio para siempre y para todas.

La diferencia es la calle.

La previa

Entonces: este martes 23 de noviembre se define si comienza el juicio político a los jueces que pretendieron dejar impune el femicidio de Lucía Pérez. En el Senado Bonaerense, a las 11 horas, los jueces Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas comenzarán a ser juzgados por “negligencia, incumplimiento del cargo y parcialidad manifiesta”. El juez Aldo Carnevale logró evadir el proceso porque fue beneficiado por el gobierno de María Eugenia Vidal con la jubilación anticipada.

Fueron esos tres jueces, quienes conformaban el Tribunal Oral Criminal n° 1 de Mar del Plata, los que absolvieron a Matías Farías, Juan Pablo Offidiani y Alejandro Maciel del abuso sexual seguido de femicidio de Lucía Pérez, una joven de 16 años.

Fue la familia de Lucía, y una red de organizaciones que la acompañan, quienes denunciaron el accionar de los magistrados, las fallas en la investigación, la misoginia de las interpretaciones y la revictmización durante el proceso, y logró no solo que ese fallo se cayera sino que los jueces que lo firmaron tengan que dar explicaciones.

La audiencia se seguirá desde la calle porque no es pública. Adentro, el Jurado de Enjuiciamiento presidido por la doctora Hilda Kogan, vicepresidenta de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, se pronunciará respecto de la acusación que fue hecha por el procurador bonaerense, la Comisión Bicameral, el defensor del pueblo y la familia de Lucía. Si la admiten tendrán que suspender a los jueces y fijar fecha para que inicie el juicio.

La convocatoria a acompañar la audiencia está llamada a las 9 horas, en la calle 7 entre 51 y 53, en La Plata. De 11 a 12 horas se convoca a un paro y a una Jornada Nacional de Lucha por Lucía Pérez. Hasta allí llegarán familias sobrevivientes de femicidios de distintos puntos de la provincia –desde Mar del Plata sale una combi con familiares-, y organizaciones sociales, sindicales y territoriales. Desde todo el país además se acompañarán las acciones en redes con el #SomosLucía.

“Este fin de semana para algunos es largo, para nosotros es de trabajo”, dice a lavaca Marta mientras prepara carteles, convoca y contesta mensajes. “Es importante la calle y hacer todo lo que estamos haciendo, y más, porque lo que se decide es si el jury progresa o se termina ahí”.

El juicio político, o jury, tiene como finalidad juzgar conductas de magistrados a los que se les atribuye incumplimientos graves en sus funciones y que puede derivar en la destitución.

Explica Marta: “El jury es político pero a ellos se los está juzgando por la sentencia. En este caso lo que se va a juzgar es la sentencia que ellos dieron, porque ellos son jueces, y más allá de que tengan una mirada que podemos estar o no de acuerdo, tienen que tener una mirada jurídica. No la tuvieron, y encima el agravante de que Lucía era menor. Eso tiene que ser un peso para este jurado: estamos hablando de una mujer y de una menor”.

Guillermo, papá de Lucía, suma: “Hemos luchado mucho por esto y quiero que las cosas salgan bien. A estos tipos los tenemos que sacar, no pueden estar haciendo el desastre que están haciendo. Hasta el 23 estarán en Tribunales: espero que el 24 ya no”.

La familia de Lucía analiza lo que significa este proceso en Mar del Plata, donde los magistrados ocupan cargos de poder y decisión. “Va a ser un antes y un después”, no duda Marta. “Va a ser un cambio en la justicia. Están mirando. Por ejemplo la destitución del juez de Tucumán (Juan Francisco Pisa), están mirando eso también. Nos ha costado 3 años este jury, y que todo salga bien es a favor de la calle, de toda la sociedad, es para quienes menos tienen y para quienes más necesitan tener justicia. Pero tenemos que redoblar la apuesta, hasta que la justicia exista”.

Lo que se juzga

La abogada Cristina Montserrat Hendrickse, acompaña a la familia de Lucía Pérez en el pedido de destitución de los jueces. Explica: “lo que se está juzgando es la conducta de los jueces en tanto que no aplicaron la perspectiva de género que se integra en los tratados de Derechos Humanos incorporaron a la Constitución. Y también su falta de imparcialidad, han sido parciales”.

¿Por qué se los acusa de esto?

En eso ha sido coincidente la Cámara de Casación Penal en su decisión que fue confirmada por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en tanto entendieron que ellos decidieron con prejuicios de género, con estereotipos prejuiciosos respecto de la buena víctima, juzgando a la víctima y no juzgando los hechos que fueron traídos a su conocimiento. Aquí su parcialidad estuvo afectada por estos prejuicios. Entonces se los juzga por no aplicar el derecho, y por haber sido parciales.

¿Qué significa un proceso así para el Poder Judicial?

De admitirse las acusaciones y seguir el proceso sería una señal muy sana para el Poder Judicial. Se le estaría diciendo a todos los jueces que la aplicación de la perspectiva de género contemplada en los tratados de Derechos Humanos, en la Convención para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer, y en tratados como la Convención de Belém do Pará, es el derecho que tienen que aplicar, no pueden apartarse de la ley a su gusto. Y si sus convicciones chocan contra las leyes que tienen que aplicar, entonces se tienen que apartar.

Es por abajo

“No estamos más dispuestas a aceptar que la justicia no solo nos abandone y no nos cuide, sino que encima falle en contra nuestra”, dice a lavaca Clarisa Gambera, Directora del Departamento de Género y Diversidad ATE Nacional, organización sindical que convoca a parar y movilizar en el inicio del jury. “Es muy importante estar en la calle. Llegamos hasta acá con esta articulación enorme de pedido de justicia que desde un primer momento pudo poner toda la fuerza en la calle para pedir justicia. Y en ese sentido esto es un paso enorme hacia la reforma judicial feminista, un paso que tiene que ver con la experiencia concreta de tener fuerza en la calle y organizada para lograr aquello que enunciamos. Si hay una reforma posible va a ser con nosotras, las mujeres organizadas”.

Otro de los gremios que se suma a la convocatoria es el de trabajadores y trabajadoras del subte. “Entendemos que representa un momento histórico, finalmente un poco de reparación después de una enorme cadena de violencias e impunidad es llevadas a cabo por parte de la justicia patriarcal. Y se hace realidad por la resistencia colectiva”, explica Karina Nicoletta, Secretaria de Género Asociación Gremial de Trabajadorxs del Subte y el Premetro.

Desde la CTA-A convocan a movilizar a La Plata y en otros puntos del país a sumarse de 11 a 12 horas al paro en cada lugar de trabajo, con la foto de Lucía. ¿Por qué? Responde Silvia León, secretaria de género de la Central: “Porque es un logro inmenso que la familia de Lucía con todo el movimiento feminista hemos logrado: llevar al jury a estos dos jueces que dejaron impunes y libres a los femicidas. Para nosotras como Central de trabajadores y trabajadoras es una inmensa jornada. También frente al 25 de noviembre estamos planteando que haya una reforma democrática y feminista que ponga freno a la situación de violencia que seguimos sufriendo las mujeres y diversidades”.

Debora Bertone es Secretaria de Género de la Asociación Judicial Bonaerense, sindicato que nuclea a las trabajadoras y trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires, y desde donde convocan también a parar y acompañar la audiencia. “Es muy importante esta jornada porque venimos dando esta pelea, como trabajadoras, desde adentro del poder judicial”. Por eso para ellas la convocatoria es una manera más de decirle basta a la cadena de injusticias. Agrega: “Creemos además que las conquista y derechos se ganan en la calle, por eso ahí estaremos”.

A la calle se suma también CICOP, un gremio que representa a les profesionales de la salud de la Provincia de Buenos Aires. Valeria Bonetto, Secretaria de Género del gremio, sintetiza así el por qué: “Estos jueces fueron inoperantes y misóginos. Convocamos porque exigimos una justicia con perspectiva de género y de derechos humanos. No queremos más jueces que dejen impunes a femicidas”.

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Lucas González, el crack fusilado

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Lucas González, de 17 años, fue asesinado por la Policía de la Ciudad tras recibir varios disparos el miércoles por parte de tres efectivos de civil. Ayer, mientras el joven futbolista del Club Barracas luchaba por su vida, la fuerza de seguridad porteña celebraba su quinto aniversario de creación con diferentes actos: cinco años de violencia institucional impune. Quién era Lucas, y qué representa la violencia policial exacerbada contra los jóvenes que se juegan la vida.

Por Facundo Lo Duca. Fotos de Sergio Pisani y Agustina Salinas

Cobertura colaborativa junto a revista cítrica

Toca la pelota cortita, al ras de la cancha, y corre. Lucas González, de 17 años, sabe que en el medio no puede quedarse quieto. El despliegue es importante. Puede dormir la pelota con la suela derecha, aunque le llegue repiqueteando o aguantar la estocada del rival en la línea con el cuerpo tenso, pero saber moverse puede marcarle una diferencia. Entonces avanza: su remera roja y blanca del Club Barracas Central se ondula, el arco contrario se agranda. Avanzar. Como si no importara todo lo demás. Así jugaba y vivía Lucas González.

El miércoles por la mañana, tras terminar su entrenamiento en la sexta división del Club Barracas Central, Lucas y otros tres futbolistas regresaban a sus hogares en un mismo auto. Cuando pasaron por un kiosco, frenaron a comprar un jugo. De pronto, un coche con tres personas se detuvo a su lado. Eran policías metropolitanos de civil ─identificados luego como Juan José Nieva, Fabián Andrés López y Gabriel Alejandro Isass─, quienes les exigieron que se detengan, apuntándoles con un arma. Ante el miedo, los jóvenes aceleraron. Los efectivos respondieron a la fuga con disparos. Uno de ellos impactó directo en la cabeza de Lucas, quien fue trasladado al Hospital General de Agudos Dr. José María Penna. Los otros tres adolescentes fueron detenidos sin ninguna razón y pasaron la noche en un centro de menores. Lucas murió ayer. El mismo día que la Policía de la Ciudad celebró cinco años de su creación con diferentes actos.

“Era un jugadorazo y muy buena persona”, dice Hugo Barras, compañero de equipo de Lucas desde la comisaria vecinal 4D de Barracas. Familiares y amigos del joven se acercaron hasta acá el mismo día de su muerte para reclamar justicia con un mensaje unisonó: basta de gatillo fácil.

David Menéndez, que lleva una bandera de reclamo contra la violencia institucional, también compartió cancha y vestuario con González en el Club Barracas: “Era muy alegre y un buen compañero. Como jugador, un crack. Se comía el medio”, cuenta. Cuando el miércoles por la tarde se enteró lo que le había ocurrido a Lucas a través de las noticias, en donde lo apuntaban como un presunto ladrón que escapó de la Policía, se quedó helado. “Fue muy feo escuchar todo eso de él. Somos pibes que entrenamos y jugamos al fútbol. Nada más. No puede ser que se digan esas cosas. Me duele mucho”, dice.

Los padres y madres de compañeros de equipo del joven también se acercaron a la comisaría. “Pienso que es una más de las tantas muertes de gatillo fácil que sucedieron durante el macrismo y de Larreta ahora. Lucas era un divino, buen compañero, con sentido del humor y solidario”, cuenta Mariel.

“Tenía buen despliegue en la cancha. Buen pie. Todos lo querían. Se sacrificaba mucho por jugar. Viajaba bastante para entrenar y era un pibe muy sano”, dice Sergio, fotógrafo y padre de Camilo, también jugador de la sexta del conjunto de Barracas. “Estamos muy tristes por este asesinato, producto del gatillo fácil y la impunidad. Fue a sangre fría. En ese lugar que hay cámaras, de pronto ahora no las hay o no funcionan. La policía de la ciudad es fascista. Hoy había efectivos por todo el barrio: militarizaron Barracas”.

Juan José Nieva, Fabián Andrés López y Gabriel Alejandro Isass, policías de la Ciudad.

Durante la mañana del jueves, mientras Lucas agonizaba en el Hospital El Cruce, la Policía porteña festejaba su quinto aniversario de creación. Guillermo Madero, director del Comité de Seguridad del Futbol en la ciudad, encabezó un acto en una comisaría donde confesó “orgullo” por esta fuerza de seguridad. A la noche, incluso, había una gala en el Colón para honrar a su labor en Capital.

Los tres efectivos que asesinaron a Lucas formaban parte de la brigada de investigaciones de la Comisaría Vecinal 4D de Barracas, cuyos integrantes patrullan la ciudad vestidos con ropa de civil y en automóviles sin identificación.

En sus declaraciones, apuntaron a los futbolistas como presuntos ladrones que intentaron agredirlos. En las últimas horas, están siendo investigados y fueron pasados a disposición por el ministro de seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro.

Entre enero de 2017 y diciembre de 2020, el CELS registró 98 personas muertas a manos de agentes de la Policía de la Ciudad y al menos 23 casos entrarían dentro de la clasificación de casos de gatillo fácil. Cabe resaltar, entre sus víctimas, la desaparición de Arshak Karhanyan joven perteneciente a esa misma fuerza y que fue visto por última vez en 2019, tras conversar con otro agente. Actualmente hay varios efectivos implicados en ese caso, cumpliendo funciones con total normalidad.

¿Feliz aniversario?

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