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La sociedad contra el Estado: cómo fueron y de dónde vinieron los ataques a la familia Maldonado

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La familia Maldonado presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe que ubica a funcionarios del gobierno y diputados, pero también a periodistas y operadores, en un rol central en la creación de noticias falsas y las granjas de trolls. Devela la estrategia para ocultar la desaparición, instalar pistas falsas, y criminalizar y deshumanizar al joven y a su familia. Por otro lado, un dossier elaborado por la periodista Claudia Acuña  subraya a la vez la tarea social que sigue representando mantener el reclamo de memoria, verdad y justicia cuando el Estado se vuelve de terror.

“Se describe quiénes fueron los actores involucrados en la comunicación oficial del gobierno, funcionarios de segunda línea, y también de los periodistas más famosos, operadores y el rol central que asumieron los creadores de noticias falsas y las granjas de trolls que diseminaron los contenidos a través de las redes sociales para polarizar la sociedad”. Así comienza el informe que la familia de Santiago Maldonado presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que refleja los ataques que sufrieron por parte de los funcionarios de Cambiemos y del Gobierno (que debían investigar la desaparición de un joven de 28 años en contexto de protesta social) a través de las redes y los medios de comunicación.
El informe fue presentado mientras la familia espera que la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia resuelva si confirma o no el archivo de la causa, dictaminada por el juez federal Gustavo Lleral el 29 de noviembre del año pasado. “Están vencidos todos los plazos y, una vez más, advertimos que los plazos de los jueces van a ser políticos y electorales”, apunta a lavaca la abogada de la familia, Verónica Heredia, que ejemplifica con algunos hechos:

  • El primer juez de la causa, Guido Otranto, y la fiscal Silvina Ávila, allanaron el domicilio de Santiago en El Bolsón el 12 de agosto de 2017, un día antes de las PASO.
  • El 21 de octubre, un día ante de las elecciones legislativas, el juez Lleral dijo que el fallecimiento de Maldonado no se había tratado de una “muerte violenta”.
  • El archivo de la causa llegó un día antes del comienzo del G20.

“Es evidente que la investigación respondió a tiempos políticos electorales y confirma que no hubo una investigación ni independiente ni imparcial”, dice Heredia. “Por eso, en el marco de la era de las noticias falsas y los ataques mediáticos, este informe es una prueba que presentamos para acreditar la relevancia que tuvo el caso. Una relevancia que no se encierra toda en sí misma, sino para toda la sociedad y para toda la región. Por eso es imprescindible que, como sistema interamericano que establece los estándares de investigación y procedimiento, se expidan y den parámetros de hasta cuál es el límite de la libertad de expresión y qué regulación debe haber ante la utilización del Estado de las redes sociales para atacar no sólo a una persona, sino a la familia, a la víctima, a los amigos y a la causa”.

El periodismo troll

El informe sobre los ataques parte de la base de que la comunicación oficial desde el Poder Ejecutivo fue escasa. Según el resumen, el propio Macri no se pronunció en ningún momento. La ministra se Seguridad, Patricia Bullrich, emitió un solo tweet (“Mintieron, quisieron engañar a la sociedad y generar miedo”, festejó cuando Lleral cerró la causa), al igual que el ministro de Justicia, Germán Garavano. En tanto, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, fue el más activo, con tres intervenciones. “Claramente el objetivo era silenciar la comunicación oficial y ´hablar´ a través de otros canales”, apunta el informe.
Uno de esos canales fueron funcionarios de segunda línea (diputados) que tuvieron un rol activo en comunicación. “Se definió que la comunicación tuviera un tono político”, explica. “La intención era polarizar a la sociedad, deslegitimando el reclamo de aparición con vida de Santiago, reduciéndolo a un montaje político que solo intentaba dañar al Gobierno. Esto tuvo el efecto deseado en una parte de la sociedad, que hasta el día de hoy sostiene que el caso fue ´muy politizado´ o ´usado políticamente´”.  Así, el informe reúne alguno de los mensajes de la diputada Elisa Carrió, que dijo que la desaparición era un “invento kirchnerista”.
“La constante demanda social fue diaria hasta la aparición del cuerpo”, apunta. “Durante 18 meses seguidos la sociedad argentina produjo un promedio de dos hechos diarios de importante magnitud informativa para mantener en agenda el caso. Significa, entonces, que las movilizaciones masivas que concentraron la atención sobre Santiago Maldonado hay que analizarlas en el contexto de un trabajo cotidiano de comunicación y transmisión de información para alertar sobre el caso y también sobre sus implicancias actuales y sus relaciones con la Historia argentina: desaparecidos, dictadura, derechos humanos, etc.”.

Luego, describe tres casos de periodistas de alcance masivo, cuyo discurso –precisa la familia- “pasaba centralmente a deshumanizar a las víctimas”. Destaca que el objetivo era polarizar la audiencia y desprestigiar a todos los que reclamaban por la aparición del joven. En este grupo están Jorge Lanata (quien dijo que Sergio Maldonado debía pedirle “perdón” a la Gendarmería y a Bullrich), Eduardo Feinmann (quien dijo que Sergio y sus abogada sólo “quieren más guita”) y Baby Etchecopar (que dijo que el joven era un “delincuente”).
Otro apartado se enfoca en los “Operadores”, partícipes de la creación de un “sentido común” de la versión oficial. El informe ubica allí a Claudio Andrade (Clarín), Loreley Gaffoglio (La Nación, primero, e Infobae, después) y Silvia Mercado (Infobae). Los dos primeros, además, fueron galardonados por Fopea y Adepa, respectivamente. El informe los describe como las personas que contaban “con información privilegiada, inclusive en algunos casos, anticipando las resoluciones judiciales y las próximas acciones del Ministerio de Seguridad”. Los tres difundieron las versiones que Maldonado había estado en Chile, que había pasado a la clandestinidad o que había sido herido por el puestero de Epuyén. Mercado, por ejemplo, publicó que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU había felicitado al Gobierno por su intervención en el caso, pero las propias autoridades la desmintieron.
En ese sentido, la familia apunta que esta construcción fue la base sobre la que se montaron las granjas de trolls, que atacaban vía redes. “A partir de cuentas falsas se organizaron para esparcir un mensaje uniforme y coordinado. Los ataques trolls mostraron el lado más siniestro de las redes sociales y de la sociedad. Festejaron la desaparición, la muerte, esparcieron un mensaje de odio que alcanzó a gran parte del país y generó más dolor, angustia e impotencia a la familia”. El informe acompaña un estudio de la diputada Graciela Camaño, que expuso cuál era la estructura y el alcance del troll center macrista (más 7.500 cuentas falsas, 1 millón de interacciones diarias), comandado por el jefe de Gabinete Marcos Peña.
La importancia de este escenario cobra una importancia central por el contexto: en los 78 días que siguieron a la desaparición circularon más de 7,5 millones de tweets.

La respuesta social

Por su parte, un dossier realizado por la periodista y escritora Claudia Acuña analiza el impacto social que tuvo el caso Maldonado, en el que destaca que la búsqueda del joven fue una tarea asumida a nivel social y que tuvo su correlato en documentales, libros, videos, ensayos, intervenciones en el espacio público y en escuelas.
La periodista Acuña destaca que la variedad de recursos comunicaciones desplegados representa el bagaje que la sociedad creó en su lucha contra la violencia de Estado. “En pleno dominio de las redes sociales virtuales es interesante comprobar cómo en casos de denuncia de una desaparición forzada y presión para la aparición con vida, la sociedad argentina recurre a un lenguaje fundamentalmente artístico y, si bien se irradia en soportes muy variados, los murales callejeros siguen siendo una prioridad”.
La tradición argentina ubica un lenguaje artístico, que también se expresó en escribir en billetes de 100 pesos la leyenda “¿Dónde está Santiago?”, tal como hacían las Madres de Plaza de Mayo en plena dictadura. Acuña apunta: “Esta tarea social se hace notoria al analizar el impacto del caso en las aulas, hecho que sólo puede haber generado la información difundida socialmente, ya que ningún medio comercial sembró ese interés, sino por el contrario, lo desalentó con campañas de desinformación que daban permanentemente cuenta de ´apariciones´ y teorías sobre el presunto paradero de Santiago. Para poder responder a la demanda del interés de niños y niñas, los gremios docentes tuvieron que preparar material didáctico, ya que ningún organismo del Estado atendió a esta demanda. Por el contrario, el Poder Ejecutivo de la ciudad de Buenos Aire, por ejemplo, difundió una línea telefónica destinada a denunciar a aquellos docentes que hicieran mención del caso en el aula”.
Los informes, así, se complementan, y mientras describen el ataque coordinado a la familia, también resaltan la tarea social para mantener en movimiento el pedido de memoria, verdad y justicia, con el “trauma social” que representa una desaparición forzada: millones de personas dedicando horas y recursos para demandar al Estado acciones justas, prontas y concretas.
La abogada Heredia explica que el informe sobre los ataques apunta redefinir los parámetros de investigación de una desaparición forzada en democracia. “Así como Iván Torres (desaparecido en 2003, en Trelew) significó el reconocimiento argentino de la existencia de desapariciones forzadas, llevó a que se tipificara el delito y estableció en el Código Procesal que debían ser apartadas las fuerzas sospechadas, el caso de Santiago demuestra que esa norma ahora no alcanza. No sólo se tiene que apartar a la fuerza involucrada sino apartar a toda la estructura de la cual depende esa fuerza, es decir, también el juez y la fiscal que entendían en el hecho”.

EL INFORME COMPLETO: Informe Ataque redes sociales

-¿Qué revela el informe?
-Lo planificado y lo sistemático. No es al azar. Ahí ves el accionar del Gobierno, de la ministra Bullrich, de los diputados, de los periodistas, todo una estructura que da cuenta que no es casual que Santiago haya desaparecido, con una lógica de deshumanizar a él, a Sergio, y a todo lo que se dijera en un correlato con las resoluciones judiciales. Hay que entender que es un hecho que no afecta sólo a la familia de Santiago y a la sociedad, sino a toda la región. Por ejemplo, la utilización del Poder Judicial por parte del poder político no sólo se dio acá sino que es una metodología regional. Es necesario que rápidamente se establezcan parámetros de esta época. La desaparición de Santiago es un quiebre, y necesita respuestas del sistema.

Medios, redes sociales y desapariciones forzadas en democracia

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Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

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La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

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En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
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