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El código de la resistencia: Silvia Delfino y el proyecto contravencional porteño
Pese al acuerdo Macri-Ibarra, la movilización de la sociedad civil logró ya seis postergaciones –ahora hasta el 7 de julio- del tratamiento de la reforma al Código Contravencional porteño que busca penar piquetes, bajar la edad de imputabilidad, marcar zonas rojas para travestis y prostitutas y crear delitos inexistentes. ¿Cómo se construyó la resistencia al proyecto? Silvia Delfino, profesora y activista, explica cómo la acción lleva al consenso (y no al revés), y analiza por qué el gobierno de Ibarra se equivoca con respecto a la clase media.
Cuarenta organizaciones totalmente dispares lograron trabajar en conjunto para luchar contra la reforma. Se oponen a políticas de represión y de restricción de espacios públicos.
A partir de la acción, llegaron a acuerdos sobre contenidos. Analizaron los proyectos, golpearon despachos, realizaron manifestaciones y coparon la audiencia pública.
Dice la profesora Silvia Delfino: «Los códigos contravencionales son inconstitucionales. Sólo sirven para dar lugar a arbitrariedades y para la caja chica policial».
«Ibarra tiene una falsa caracterización de la clase media porteña que, si bien pide orden, no acepta la represión».
La experiencias constituye un tipo de articulación inédita, donde la acción de resistencia concreta lleva al consenso, y no al revés.
A pesar del acuerdo entre el jefe de gobierno porteño Aníbal Ibarra y el empresario y político Mauricio Macri para reformar el Código Contravencional porteño, el proyecto no logra llegar al recinto legislativo. La postergación esta vez es hasta el 29 de junio. Silvia Delfino, miembro del Área Queer del Centro Cultural Ricardo Rojas, docente e investigadora de las universidades de Buenos Aires y Entre Ríos, y una de las principales activistas contra la reforma, explica las claves para comprender en qué punto está el conflicto.
-¿Cómo se construyó la resistencia política a la reforma del Código de Convivencia de la Ciudad?
-La mayoría de las 40 organizaciones trabajamos juntas desde el año 94, cuando comenzó a discutirse el código actual y la derogación de los edictos policiales. Son muchas luchas distintas que se articularon transversalmente. Todas tienen en común la denuncia de políticas de represión y de medidas restrictivas al uso del espacio público. No sólo trabajamos contra el Código Contravencional de la Ciudad, sino también contra edictos y códigos de todo el país. Son la herencia de la dictadura. La Constitución Nacional los prohibe, porque tipifican delitos que no están previstos en el Código Penal. Por eso decimos que estos códigos son inconstitucionales. Sólo sirven para dar lugar a arbitrariedades, para la caja chica policial y para el autoritarismo: por ejemplo, castigan con arresto la vagancia, la mendicidad, el desorden público, el merodeo. Son todas figuras del siglo XIX.
-¿Qué tipo de organizaciones confluyeron en este espacio?
-Son organizaciones que levantan la bandera de la antirepresión y la antisdiscriminación. Pero a su vez, son grupos que en los últimos años sumaron reclamos concretos que vinculan la represión a la situación de pobreza. Entre otros, están Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, H.I.J.O.S., las asambleas barriales, movimientos de gays, travestis, lesbianas y transexuales, artistas callejeros, cartoneros, asentamientos populares, piqueteros, estudiantes. Todas, además, se oponen a las restricciones al uso del espacio público. Empezamos trabajando en el local de H.I.J.O.S., que tuvo un rol importante al permitir hace unos años que encabezaran sus marchas los grupos de travestis, gays y lesbianas. Después nos reunimos en el de la Liga por los Derechos Humanos, y también en varias asambleas.
-En un momento de tanta fragmentación de los movimientos sociales, ¿cómo se consiguió el consenso?
-Uno puede pensar la fragmentación de los movimientos desde la diferencia de los contenidos. Pero por otro lado puede pensar esto desde las modalidades de acción. Muchas veces, aunque los contenidos sean distintos, las prácticas son similares. Y a partir de la coincidencia de la acción, llegamos al consenso del contenido: no es posible la vida democrática con represión. En eso estamos todos de acuerdo.
-¿Cuáles son esas modalidades en común?
-La acción directa y ocupación del espacio público. La democracia abrió el espacio público a la ciudadanía pero inmediatamente lo cerró, puso restricciones porque empezó a definir al conflicto como desestabilizador del sistema. Y muchos organismos de derechos humanos también cayeron en esta trampa y se autolimitaron. La Legislatura porteña es una muestra de lo menos dinámico de la democracia: concibe al conflicto como un desequilibrio, en vez de verlo como parte de la discusión propia y esencial en una democracia. Nuestro acuerdo también consiste en oponernos a toda política pública que tipifique delitos de autor: esto es portación de cara, color, condición social, apariencia física. Todo eso es discriminatorio.
-¿Qué acciones concretas realizaron para detener la sanción de la reforma del Código?
-Leímos los proyectos, hicimos un análisis e involucramos a todos los organismos que podían realizar informes técnicos: el CELS, la CORREPI, el SERPAJ (Centro de Estudios Legales y Sociales, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Servicio de Paz y Justicia). Después tratamos de hacer públicos los proyectos y también realizamos una tarea propia de la acción ciudadana: pedir argumentos a los legisladores, visitando despacho por despacho. Trabajamos en forma conjunta con quienes podían acompañarnos. Por ejemplo, la Secretaría de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad, que realizó un informe condenando la baja de la edad de imputabilidad que alienta el proyecto de reforma. Además, hubo un aprendizaje mutuo de las distintas luchas, que permitió acciones conjuntas, por ejemplo, de vendedores ambulantes, artistas callejeros, etcétera. Y seguimos atentamente el tratamiento de la ley, como se hace en las democracias más activas. Por eso nos encontrábamos semanalmente.
-¿Qué acogida tuvieron cuando golpeaban despachos?
-Allí apareció el gran problema de esta Legislatura. Los proyectos se aprueban sin discusiones, porque responden a acuerdos preelectorales. Cuando fuimos a las comisiones descubrimos que no se debate, hay legisladores que ni saben cuál es su función. Esto es lo grave. Sólo se discuten los espacios de poder dentro de la Legislatura.
-Pero hubo debates en las audiencias públicas…
-El Código se iba a tratar por primera vez el 19 de febrero en sesión extraordinaria, junto a un código procesal penal improvisado, especial para la ciudad, que incluía barbaridades como la detención sin orden judicial previa. Se la conocía como la Ley Parche e iba a regir hasta que la Ciudad se diera un código definitivo. Cuando los organismos de derechos humanos comenzaban a plantear los inconvenientes de esa ley, aparece la audiencia pública del 22 de marzo. Se usó la sala Martín Coronado del Teatro San Martín, se gastó muchísimo dinero en publicitarla, y resulta que el vicejefe de Gobierno sólo se queda media hora, no asiste ningún legislador de los que proponen la reforma y de los involucrados sólo participa el secretario de seguridad. Se trataba de un fraude, una puesta en escena para cumplir un requisito. De hecho, el 95 por ciento de las intervenciones se opuso a las reformas del Código: la que sanciona la obstrucción de la vía pública, la que determina la baja de la imputabilidad a los 16 años y la que establece una zona roja que sólo sirve para que recauden la policía y las mafias. Sin embargo, los medios sólo reflejaron que hubo caos y desorden. No hay estado público del debate, porque los medios viven de la publicidad oficial y no informan.
-En su momento, Aníbal Ibarra impulsó el actual Código y subrayaba que era propio de una ciudad progresista. ¿Por qué cree que ahora él mismo alienta una reforma en otra dirección?
-Ibarra, y resto del Frepaso, tienen una mala caracterización de la ciudadanía. Creen que tendrán mayor popularidad cerrando los parques -como el Rivadavia o ahora la plaza Flores- y desalojando viviendas y asambleas. Es el proyecto político de un centro izquierda alejada de la calle, dirigentes que sólo leen los reclamos del periodismo, que por otra parte refleja las operaciones de prensa de esos mismos dirigentes. O sea, terminan leyendo como una verdad lo que ellos mismos hacen publicar. No entienden a la clase media, que si bien reclama orden, repudia cualquier intento represivo. Ibarra tiene una política de alta exposición publicitaria pero de bajo vínculo con la calle. Ahora empezaron las discusiones mediáticas de las elecciones del 2005 y 2007, eso no tiene ningún vínculo con los movimientos sociales. Mientras tanto, esta Legislatura todavía no pudo cumplir con su promesa de una ley para las empresas recuperadas por sus trabajadores. Evidentemente, no comprendieron el mensaje del 19 y 20 de diciembre de 2001.
-¿No lo comprendieron o actúan así precisamente porque lo comprendieron y buscan neutralizarlo?
-Uno podría pensar que el proyecto de que se vayan todos, participación democrática y pública en la toma de decisiones fracasó y retrocedió. Pero otra forma de verlo es pensar que todo eso se transformó en mecanismos de reclamo de opinión pública. En las listas, efectivamente, están todos. Pero esos sujetos hoy tienen que dar cuenta de las decisiones que toman y también del modo en que las toman. Ese fue el verdadero reclamo: no fue contra la democracia, sino contra una democracia que toma decisiones a puertas cerradas. Eso terminó. Pero el gobierno de la Ciudad parece que no lo comprendió. Piensa que puede ocultarse detrás de los carteles publicitarios de la caca de los perros, la bolsita de los cartoneros o el presupuesto participativo. Pero la crisis de legitimidad le llega a todas las instituciones.
-En la Legislatura hay 16 bloques distintos, ¿cuánto influye la desaparición de los partidos tradicionales en las dificultades para reformar el Código?
-Los partidos no existen desde el punto de vista formal, pero mantienen las prácticas de la vieja tradición. Hoy son los intereses personales los que rompen la disciplina partidaria, porque ya están pensando sus próximas elecciones. Además, no cambió la rutina de toma de decisiones. El ibarrista Julio De Giovanni, por ejemplo, nos dice que le gustaría poner una excepción en la reforma para garantizar que no se penalice el uso del espacio público cuando se reclama por un derecho constitucional. Pero asegura que no sería aprobado por la comisión y entonces no da el debate ideológico.
-¿Qué piensa que pasará el 29 con el Código?
-Dependerá en buena parte de los acuerdos a nivel nacional para próximas elecciones. Nosotros no somos exitistas, no pensamos que fueron nuestras acciones la que dilataron el tratamiento de la reforma. Lo que sí logramos fue obstaculizar el tratamiento en secreto. Creo que ahora hay un debate ideológico inédito, que incluye al Estado como actor.
-Sin embargo, el Gobierno prometió una ley de amnistía para los procesados por la protesta social y finalmente nunca la impulsó.
-Eso tiene que ver con el estado de los acuerdos políticos, pero la evidencia de que el delito está vinculado a la policía y a la exclusión ya está en boca de todos, aún de los conservadores. Y a nivel nacional se ha instalado otro debate crucial: con exclusión no hay vía democrática posible.
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Campaña: Encontremos a las/los nietos de Oesterheld
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Cien

Desde que se inició este año desde el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez registramos 100 femicidios, casi 1 por día.
La víctimas fueron desde mujeres de 83 años, como Ana Angélica Gareri, en Córdoba, a una adolescente como Pamela Romero, de 16, en Chaco; y una bebé de 3 años en González Catán.
En este 2025 ya registramos 85 tentativas de femicidio.
En el 2025 registramos en todo el país 77 marchas y movilizaciones que se organizaron para exigir justicia por crímenes femicidas.

En nuestro padrón de funcionarios denunciados por violencia de género, podés encontrar el registro clasificado por institución estatal y provincia. Hasta la fecha, tenemos contabilizados 161 funcionarios del Poder Ejecutivo, 120 del Poder Judicial, 72 del Poder Legislativo, 71 de las fuerzas de seguridad y 71 de la Iglesia Católica.

En el padrón que compila datos oficiales sobre denuncias de violencia de género, podés encontrar datos sobre cantidad de denuncias por localidad y la frecuencia con que la recibimos. Un ejemplo: este mes la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de la Nación informó que durante el primer trimestre de este año recibió un promedio de 11 denuncias por día de violencia contra las infancias.

Otro: el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que no alcanzan al 1% las denuncias por violencia de género que son falsas.
En nuestro padrón de desaparecidas ya registramos 49 denuncias.

Lo que revela toda esta información sistematizada y actualizada es el resultado que hoy se hace notorio con una cifra: 100.
Más información en www.observatorioluciaperez.org
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5 años sin Cecilia Gisela Basaldúa: crónica desde Cruz del Eje
Pasaron cinco años del femicidio de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte. Tres años de un juicio que absolvió a un imputado sin pruebas. Cuatro fiscales, cuatro policías presos y numerosas movilizaciones, desde Buenos hasta Córdoba, para exigir la verdad, ese compromiso que aún es la certeza que falta.
Fotos y crónica de María Eugenia Morengo para cdmnoticias.com.ar
25 de abril. Cruz del Eje. El GPS calcula unos 2 kilómetros. La entrada a la ciudad está envuelta de un aire viscoso. Una avenida se extiende en silencio y después de atravesarla, la llegada a los Tribunales se convierte en un ritual: una reminiscencia de lo que fue, una promesa de lo que debe ser. El pedido por Verdad y Justicia, es una demanda que crece. Cada letra se ubica en el mismo lugar que ocuparon tres años atrás. Las escaleras de la justicia cruzdelejeña son de un cemento gastado. Raspan, duelen.

¿Qué pasó en Capilla del Monte? El papá y la mamá de Cecilia, Daniel Basaldúa y Susana Reyes, están cargados de bolsas, llenas de carteles con el rostro de su hija, multiplicado. Son como una red que se estira a lo largo de esos 868 kilómetros que conectan a Buenos Aires con el noroeste de Córdoba. El camino recurrente que transitan para llegar a la verdad..
Sin previo aviso, adentro del edificio de Tribunales Daniel y Susana se anuncian. Quieren ver al todavía fiscal Nelson Lingua, quien aún está a cargo de la investigación de la causa, antes de que asuma como nueva fiscal, Sabrina Ardiles. Afuera todavía se respira la niebla. La espera alerta a los policías. Quieren saber si van a venir más personas.
– Lo hacemos para cuidarlos –dice la mujer de uniforme.
Piden datos, intentan tomar nota de lo que es una rutina inventada.
–La policía a nosotros no nos cuida –reacciona Susana y en un intercambio sin sentido, se alejan.
Silvia Rivero es la prosecretaria de la fiscalía, se acerca afuera y los llama. El fiscal se hizo un lugar en la agenda del día viernes. Adentro, el reflejo del piso de tribunales es como un espejo que se extiende, entre mocasines, tacos, alpargatas y zapatillas.
La preocupación de la familia es evidente. El recibimiento del fiscal es cordial. Se explica ante los recientes cambios que pronostican para el mes de mayo a Sabrina Ardiles, como la persona que estará sentada en el mismo sillón inmenso de cuerina, desde donde ahora, les habla Lingua. La dra. Rivero, también explica, y confirma que nunca se dejó de investigar. La necesidad de la confianza es una tregua durante esa hora de reunión, los tecnicismos se suspenden y las palabras se abren en una cronología de datos, guardados en la memoria indeleble de Daniel Basaldúa.

La medida del tiempo de la causa, son las fojas de expedientes que se acumulan. La inspección judicial realizada en el mes de agosto del año 2024, por los posibles lugares donde Cecilia pudo haber estado en Capilla del Monte antes de su muerte, dejó en evidencia la dudosa hipótesis de la anterior fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, quien había asegurado que Cecilia había llegado por sus propios medios al lugar donde apareció sin vida. Mientras que en el transcurso de estos años, cada vez son más los policías que estuvieron en la búsqueda e investigación, presos por violencia de género:
Adrián Luquez, ex sub comisario, detenido por amenazas con armas de fuego a su pareja. Hoy en libertad, se fue a vivir a San Luis. Ariel Zárate, ex sub comisario de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla Norte –preso por violencia de género. Diego Concha, ex director de Defensa Civil, encargado de la búsqueda –condenado a prisión perpetua por el crimen de Luana Ludueña y por la causa de violencia de género hacia su ex mujer, y Diego Bracamonte, ex comisario departamental, a cargo del operativo de la búsqueda –preso por violencia de género.
El tiempo de la justicia es una curva enredada, en apariencia, inofensiva. El tiempo de la justicia es el de las burocracias que definen su forma de proceder. El tiempo, es de una lentitud que lastima. Las letras se vuelven a guardar.
Son las cuatro de la tarde y el sol avanza en la siesta de Capilla del Monte. En la plaza San Martín, alrededor del Jardín de la Memoria, se arman los gacebos, se pone un aguayo, se llena de flores. Rojas, amarillas, lilas, celestes, el monte aún está florecido. Contrayerba, lavanda, romero, palo amarillo, incayuyo, ruda, los sahúmos se arman. Una compañera comienza a preparar el fuego.
Más lejos, sobre la calle Pueyrredón, en la puerta de la Secretaría de Turismo, la concentración crece. Llegan de todas las direcciones. Con tambores y repiques, con banderas y ofrendas. Una combi estaciona, descienden vecinos y vecinas que subieron en Córdoba y en distintas partes del Valle de Punilla.

La batucada suena, es un comienzo en cuenta regresiva. La marcha avanza a contramano. Hay una indignación que toma el ritmo de los tambores, trepa en el repique y todo se hace canción. La calle techada de Capilla del Monte es un anfiteatro de barricadas. Los sonidos viajan a través de la mejor acústica para el reclamo: ¡Vecino, vecina, no sea indiferente nos matan a Cecilia en la cara de la gente. Cecilia presente!

“Este es un día especial y este lugar es especial porque tiene mucho que ver con lo que le pasó a Cecilia”, comienza Daniel en la puerta de la comisaría de Capilla del Monte, “hay muchos policías involucrados en el caso. Ya lo hemos denunciado muchas veces, pero parece que no alcanza”, dice mirando a los uniformados que permanecen parados como granaderos.

Daniel les recuerda que durante el año pasado, la policía de Capilla debió haber realizado notificaciones a tres personas para declarar en los Tribunales de Cruz del Eje, pero no lo hicieron. Las testimoniales pudieron efectivizarse, porque intervinieron los abogados de la querella, Daniela Pavón y Gerardo Battistón. En ese mismo reclamo, la abogada Pavón se acerca y también hace pública la falta de atención institucional que hay para las víctimas de violencia de género en la localidad.

La familia de Ezequiel Castro, asesinado por la policía de Córdoba, se adelante y los abraza. Alguien grita que ahí mismo, en la comisaría, apareció ahorcado Jorgito Reyna, hace 12 años, atado con la manga de su campera a la reja de una ventana, pocos centímetros más alta que él. Que su causa, también sigue impune y que los golpes que tenía no fueron suficientes para demostrar que lo habían torturado. Que a pesar de no bajar los brazos, las familias sienten que el duelo es un proceso tan profundo, como inacabado.

Susana y Daniel permanecen frente a una multitud, observan hacia adelante y hacia atrás. Saben que la comisaría es señalar lo que siempre llega al mismo lugar: complicidad. “A las chicas les pedimos que no tengan miedo, que denuncien -acentúa Susana- que no se dejen asustar con los policías ni con nadie, nadie tiene derecho a venir a violentarnos”.
El espacio público es un canal clave para recordar que los asesinos de Cecilia están libres, “y que muchos andan dando vueltas por acá”, dice Daniel y remarca que no dejarán de venir a Capilla del Monte, hasta que los responsables del femicidio de su hija, estén presos.
La llegada a la plaza San Martín es un círculo de candombe que la nombra. Hace cinco años que se insiste en las mismas palabras, como un tajo que se abre en el cemento, una cicatriz que se agranda en medio de la incertidumbre: ¿Qué pasó con Cecilia?
Tal es el encubrimiento que las responsabilidades se hacen obvias.
La ronda se acerca al altar. Es un asedio a la justicia que falta. Desde el micrófono se invita a dejar una ofrenda en memoria de Cecilia, a conjurar entre todas y todos ese momento, esa memoria. En el centro de una plaza que se anochece, resuena una voz grabada -desde algún punto del Abya Yala- Lolita Chávez, lideresa maya de los pueblos K’iche de Guatemala, habla entre los yuyos que comienzan a perfumar lo que no se puede detener. Cada rama seca que se enciende se hace una intención, un pájaro que se dispara, restos del día que se van:
“Hoy 25 de abril levantamos nuestra fuerza sagrada, y nuestro poder popular feminista. Reconociendo la memoria, la historia, el vientre en la sangre, de Cecilia Basaldúa. Ese femicidio no debe quedar en la impunidad (…). Con la fuerza de nuestras ancestras, con los fuegos sagrados que encendemos, levantamos nuestra expresión de indignación y lo comunicamos a los cuatro puntos cardinales. Para que nunca más haya este tipo de violencias contra nuestras vidas”.
Las copleras y la poesía toman el escenario. Las y los músicos hacen de Cecilia esa canción y en el centro del caldero caliente, el humo abre el cielo: hay una memoria que se desprende y una vida que cambió de idioma.

En medio del algarrobo que sostiene los carteles de Memoria, Verdad y Justicia, una placa de cerámica con el rostro de Cecilia, también observa. El día queda atrás y en el fondo de la noche, las palabras todavía están en suspenso, son un silencio que pronto dirá.
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