Nota
El desierto verde
El 21 de septiembre es el Día Internacional contra el monocultivo de árboles. Un caso paradigmático en la Argentina es el de la provincia de Misiones, donde provoca las mismas consecuencias que el modelo sojero. Desaloja campesinos e indígenas, usa agrotóxicos y concentra la tierra en pocas manos. Los campesinos exigen la expropiación de tierras a la multinacional Alto Paraná, el mayor terrateniente de Misiones. Frente a la fecha, este es el trabajo del periodista Darío Aranda, desde Puerto Piray, Misiones, publicado originalmente en la revista Mu.
Zona rural misionera. El camino ancho zigzaguea entre el verde. Casas humildes a ambos lados, la mayoría de madera. Gallinas, algún chancho y perros. Cada parcela tiene entre diez y treinta metros de frente, no más de 70 metros de largo, siempre menos de una hectárea. Ya no existen las extensas huertas, ni los animales pastando, como antaño. Cercados por monocultivo de árboles, pinos y eucaliptos, de la multinacional Alto Paraná, empresa propietaria de –al menos– el 8,4 por ciento de Misiones (256.000 hectáreas) y el 62 por ciento del municipio de Puerto Piray, donde los campesinos cercados por el monocultivo denuncian los efectos de los agrotóxicos, la concentración de tierras en pocas manos, la expulsión de familias rurales y apuntan a los responsables: “Los políticos gobiernan para Alto Paraná, no para el pueblo”.
“Piray” significa en guaraní pescado. Es también el nombre de un municipio al noroeste de Misiones, 190 kilómetros al norte de Posadas. El nombre formal es Puerto Piray, fundado en 1874, zona de excelente pique y amarre obligado de la región.
Sábado a la mañana en Eldorado, ciudad cercana a Puerto Piray. Día gris, llovizna y frío. La antigua ruta nacional 12, de tierra, está desierta. Viaje corto, 25 minutos por un camino ancho. Los primeros minutos, sobresale la vegetación alta, árboles añosos, con largas ramas como brazos que extienden sobre el camino. Cruza un puente que deja ver el “Piray Guazú” (pescado grande), arroyo que riega las fincas cercanas y epicentro del refresco en el verano.
El paisaje cambia gradualmente. Las viviendas están a pocos metros del camino. Y el horizonte es un verde monocolor, pinos altos, en fila, equidistantes, ramas cortas, sembrados hasta en la banquina. Todo es pino. Para el foráneo (o el desentendido) hasta parece un paisaje agradable, prolijo, pero llega un valdazo de realidad. “Es como la soja, monocultivo, con uso de agrotóxicos, desalojos de campesinos e indígenas y ganancia para pocos”, resume Enso Ortt, técnico de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, ocasional guía, militante 24 horas formado en la teología de la liberación junto al obispo Joaquín Piña (quien en 2006 lideró una coalición que, mediante el voto popular, frenó un proyecto de reelección indefinida impulsado por el entonces gobernador kirchnerista Carlos Rovira).
Kilómetro 18 de la ex ruta 12. Barrio Unión y Santa Teresa. Alambrado al frente, un perro malo que recibe y una casa con techo a dos aguas. En la pared de frente, en prolijas letras negras: “Productores Independientes de Piray” (PIP). Una suerte de amplia antesala, sin paredes, es el espacio de reunión. Bancos largos de madera en ronda, trece personas (mayoría de mujeres), mate que circula y pan casero recién cocinado.
“Vivimos desde siempre acá, desde nuestros padres, desde nuestros abuelos. Antes éramos muchos, había chacras, animales para carnear, ni siquiera había que ir al pueblo para tener comida. Pero nos fueron encerrando”, explica Basiliza Pérez, unos 40 años, morocha, y un mate plateado que no para de cebar.
El encierro es literal. El fondo de cada vivienda limita con pinos, una suerte de pared verde que no deja pasar el sol, ni el viento, pero si los agroquímicos y el polen de los árboles. “Los dos nos tienen mal. Los agrotóxicos no han arruinado los pocos cultivos que tenemos y matado muchas gallinas. No se puede respirar cuando fumigan. Y cuando florecen los árboles, en agosto, se mete dentro de las casas, hasta en las camas y cocinas, ahí empiezan los problemas respiratorios y las alergias de piel. No las pasamos en el (hospital local) Samic”, explica Germán Monges, hombre fornido, manos grandes que gesticulan.
Todos los meses se enteraban de un nuevo enfermo. Reclamaron a la Municipalidad, pero no hubo suerte. Fueron al Hospital, tampoco atendieron. Decidieron hacer su propio relevamiento sanitario. Asesorados por médicos, armaron una encuesta y fueron casa por casa, todos vecinos linderos a Alto Paraná. Relevaron 200 familias. En la última década, en 70 familias hubo algún fallecido de cáncer (hay familias con hasta dos y tres fallecidos) y veinte abortos espontáneos. En doce familias hay chicos con discapacidades físicas, y hubo al menos 110 casos de problemas de embarazos. En los últimos años hubo, siempre sobre 200 familias, 136 chicos con infecciones urinarias y en 180 casos se detectaron enfermedades respiratorias crónicas.
José Espíndola tiene 48 años, es delgado, piel colorada y hablar pausado. Trabajó seis años como fumigador de los pinares de Alto Paraná (a través de una empresa tercerizada). De la mañana hasta el atardecer, con una mochila con agroquímicos. “Eran mezclas de hasta diez venenos. No sabría decirle justo cuáles, pero sí había glifosato y simazina. Se llenaban las mochilas y con el andar muchas veces se nos chorreaba encima. Y después cuando usted va rociando, ese veneno le viene encima, moja todo. No hay nada de protección, ni guantes, ni botas”, avisa Espíndola.
Padre de siete hijos, recuerda el silencio en los pinares. “No hay ningún animal, ni pajaritos quedan”. Afirma que se arrepiente de haber trabajado para ellos, pero se excusa: “No había muchas posibilidades (de otro trabajo)”. La cuadrilla de fumigadores estaba conformada por 40 personas. “El veneno te come despacio. Los primeros meses vas bien, pero al segundo tercer año ya respirás con problemas, las manos las tenés arruinadas y después ya te enfermás. Al principio los médicos de la empresa me decían que no era nada, que siga, después ya me largaron (despidieron). Así le hacen a todos”, cuenta Espíndola.
En diciembre de 2011, falleció en el Eldorado Celso Aníbal Fernández, 52 años, durante los últimos doce años fue peón rural de Alto Paraná. Entre otras tareas, fumigaba los pinares. La familia culpó a los agrotóxicos, y a la empresa.
La tierra
Piray, como muchas otras regiones de Misiones, no es zona de llanura, predominan las lomadas (“cerranías” le llaman los misioneros). Pequeñas y medianas ondulaciones en el terreno que por momentos –cuando se llega arriba de la loma– se observa la panorámica. Siempre sobresalen pinos, y más pinos.
Enso Ortt y Julio Duarte conocen los caminos internos. Transitan a velocidad. En subida y en bajada, siempre el mismo paisaje. De golpe, en medio de tanto pino, un descampado, kilómetro 19.
“Hace dos años la empresa (Alto Paraná) intentó poner pino acá”, recuerda Duarte, hombre joven, no más de 30 años, cabello bien corto y prolija camisa a cuadros. Hace un silencio largo, que remata con una sonrisa: “Es la única cancha (de fútbol) de toda la zona. ¡Se armó un quilombo! Hubo muchachos que hasta vinieron con machetes a defender la cancha”.
La cancha se salvó. Hay pinos detrás del arco y a los laterales, pero aún hay fútbol los fines de semana.
Menos suerte hubo en el kilómetro 22. Paredes descascaradas blancas, el piso de cerámicos ya está invadido por el pasto, las aberturas y el techo son un recuerdo. El pizarrón aún cuelga de la pared. Son los restos de la escuela primaria.
“Acá había más de cien casas. Era un pueblo pujante, hasta había un colectivo que entraba. Pero los fueron encerrando con pinos. Y nos les quedó otra que irse. Ni bien se iba la familia, la empresa metía pino, para que ya no vuelvan. Lo mismo pasó en el kilómetro 10 y en el 18”, recuerda Duarte y avisa que no dejarán que a Barrio Unión y Santa Teresa le suceda lo mismo.
Mucha tierra en pocas manos
El 22 de diciembre de 1881, el presidente Julio Argentino Roca declaró por decreto a Misiones como “territorio nacional” y nombró como gobernador a su hermano Rudecindo Roca. Bajo el gobierno de Roca, todo el territorio misionero fue repartido entre 30 familias. Entre fines del siglo XIX y principios del XX, el Estado impulsó la colonización del sur y centro de la provincia. El norte, bordeando el recorrido de la ruta nacional 12 y donde ahora se ubica Alto Paraná, el asentamiento de colonos fue impulsado por el sector privado, que necesitaba mano de obra para sus campos. Durante gran parte del siglo XX, Misiones creció al abrigo de la actividad agropecuaria: yerba mate, té y tabaco. Aún subsistía el pequeño colono que, una vez cosechado, comercializaba su producción.
Todo comenzó a cambiar en las últimas décadas, principalmente por la desregulación en la producción (por ejemplo con la yerba, las grandes empresas fijaron precios tan bajos que los colonos no podían subsistir, perdieron sus chacras y migraron a los cordones urbanos) y, por otro lado, la provincia cambió el perfil productivo. Dejó de lado la actividad agropecuaria e impulsó los negocios forestales. En Misiones funcionan tres pasteras (Alto Paraná, Celulosa Puerto Piray y Papel Misionero). Todas igual de cuestionadas por su rol respecto al medio ambiente, las condiciones laborales y el desalojo de campesinos e indígenas.
El último Censo Nacional Agropecuario (2002) confirma esa concentración: en la provincia existen 27.000 “explotaciones agropecuarias”. Sólo 161 de ellas (el 0,6 por ciento del total) poseen el 44 por ciento de la tierra de Misiones (917.000 hectáreas). El mismo estudio afirma que, en la última década y en la zona de Alto Paraná, descendió un 27 por ciento la cantidad de pequeñas chacras. Alto Paraná es propietaria del 8,4 por ciento de Misiones (256.000 hectáreas). Puerto Piray es la capital de la desigualdad: la compañía es dueña del 62,5 por ciento de la tierra. De las 36.000 hectáreas del municipio, la empresa posee 22.500.
De Menem a Kirchner
A finales del gobierno de Carlos Menem, en 1999, se aprobó la Ley 25.080, llamada de “Inversiones para bosques cultivados”. Subsidia todos los pasos productivos: implantación, mantenimiento, riego y cosecha. No deben pagar impuesto inmobiliario por las tierras sembradas y están exentos del pago sobre ingresos brutos. Cuenta con devolución del IVA y pueden amortizar el impuesto a las ganancias. El artículo ocho es la envidia de cualquiera otra industria. Otorga “estabilidad fiscal” por 30 años. “No se podrá incrementar la carga tributaria”, explicita la ley. El artículo 17 no utiliza la palabra subsidio. Prefiere el eufemismo “apoyo económico no reintegrable” para explicar que el Estado cubrirá, para las plantaciones de hasta 300 hectáreas, el 80 por ciento de los costos de implantación. Para los campos de entre 300 y 500 hectáreas se cubrirá el 20 por ciento.
La Asociación Forestal Argentina (AFOA), donde participan las empresas del sector, participó en la década del 90, en la redacción de la norma. En sus publicidades admiten sin sonrojarse que tomaron como referencia las leyes mineras (también aprobadas durante el menemismo y que aún siguen vigentes).
Las estadísticas del Ministerio de Agricultura de Nación muestran que en 1999, primer año de vigencia de ley forestal 25.080, se extrajeron 4,7 millones de toneladas de “madera de bosque implantado” (como llaman eufemísticamente al monocultivo). En 2006, el tonelaje aumentó a 7,9 millón. Misiones es la provincia maderera por excelencia, con el 59 por ciento, seguida de lejos por Entre Ríos con el 11 por ciento, Buenos Aires y Corrientes con el 8 por ciento. Río Negro y Neuquén son jugadores menores, pero en ascenso. La Asociación Forestal Argentina (AFOA) reconoce que Argentina tiene un polo productivo por excelencia (Mesopotamia) y otro en desarrollo (Patagonia).
La ley 25.080 vencía en enero de 2009, pero fue prorrogada –por otros diez años– por el Congreso en noviembre de 2008.
La implantación industrial de árboles tiene como fin, casi en su totalidad, las fábricas de celulosa y los aserraderos. El país cuenta con 1,2 millón de hectáreas de monocultivo forestal, de las cuales la mitad fue sembrada en la última década, al abrigo de la 25.080. El objetivo, a diez años, es llegar a los tres millones de hectáreas y, en 20 años, a las 4,5 millones de hectáreas.
Corporación
Alto Paraná se instaló en Misiones en 1974. Adquirida en 1996 por la multinacional Arauco, una de las empresas líderes del sector a nivel mundial. Con su eslogan “sembremos futuro”, Arauco cuenta con oficinas y representantes comerciales en 70 países. Se autopublicita como la “mayor compañía forestal del hemisferio sur”. Cuenta con 1,6 millones repartidas entre Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. En Argentina reconoce la propiedad de 256.000 hectáreas.
“Eso es lo que declara. ¿Y los testaferros? ¿las que alquila? ¿los privados con los que tiene contratos por décadas? Todos sabemos que tienen muchas más, pero nadie las controla, muchos menos el Gobierno”, denuncia Miriam Samudio, 34 años, siempre sonriente, rostro aguileño, cabello lacio negro.
El 5 de enero pasado, la ministra de Industria, Débora Giorgi, recibió a directivos de Alto Paraná, quienes le anunciaron una “inversión de 50 millones de dólares” para ampliar su producción. La Ministra celebró: “La cadena de valor foresto maderera en Argentina es un sector que cuenta con una ventaja competitiva concreta que permite fortalecer las economías regionales por la distribución federal de sus recursos”.
Campesinos
Entre diciembre de 2011 y enero de 2012, Alto Paraná cosechó parte de los pinos que rodean el barrio Unión y Santa Teresa, kilómetro 18 de la antigua ruta 12. Productores Independientes de Piray (PIP) entendió que era el momento para presionar y limitar una nueva siembra de pinos (retirar las plantaciones al menos 1000 metros de las casas). Y exigir que se les reconozca parte del territorio para poder desarrollar la vida campesina y producir alimentos.
Nacido en 2005, y conformado por 200 familias, PIP siembre exigió al Estado municipal y provincial el acceso a tierras. Y siempre chocaron con la misma excusa: hay plantaciones de pinos en plena crecimiento (tardan entre quince y veinte años entre siembra y cosecha).
Cuando Alto Paraná cosechó, se redoblaron los reclamos de los campesinos. Ni Gobierno ni empresa respondieron. El 3 de marzo de 2011, PIP cortó el paso a la compañía. “Se dicen dueños, pero nosotros siempre vivimos acá. Además nunca mostraron ni un papel (título). Cuando pedimos en la Municipalidad, dijeron que la oficina de Catastro se había prendido fuego”, recuerda Armóa Rosalia, mujer alta, cabello enrulado y tez colorada.
El mismo día del corte, hubo respuesta de Alto Paraná. Denunció por “usurpación” a tres vecinos. La Policía llegó para reprimir y Municipio y Provincia salieron en defensa de la multinacional.
Luego de una semana de reclamos, el Municipio aceptó dialogar. El jueves 10 de marzo de 2011, en la sede de PIP, el intendente Jorge Lezcano, y el subsecretario de Tierras de Misiones, Jaime Ledesma, firmaron un acta acuerdo. Los campesinos no contarían el paso y los funcionarios llamarían a una mesa de diálogo en el lapso de treinta días para encontrar una “solución duradera”. Durante ese lapso, Alto Paraná no rociaría con agrotóxicos ni sembraría pinos.
Tres días después, Alto Paraná violó el acuerdo. Fumigó con agroquímicos y comenzó a preparar la tierra para otra siembra de pinos.
“Alto Paraná demostró su poder una vez más. Su posición fue más fuerte que la del gobierno municipal y que la del gobierno provincial. Por eso decimos, en Misiones gobierna Alto Paraná”, denuncia el comunicado de PIP.
En marzo y abril de 2011 se continuó con la mesa de diálogo entre las partes. Municipio, Alto Paraná, Provincia y PIP. “Era impresionante como el intendente y los ministro de la Provincia parecían los empleados de la empresa. Nosotros preguntábamos a la empresa, y respondían los políticos. Hasta en un momento un compañera se enojó y les dijo que quería escuchar a la empresa”, recuerdaGerman Monges.
El viento fresco se hace sentir en la sede de PYP. El mate no para de circular, y todos quieren contar sobre las reuniones con la empresa. Todos tienen alguna anécdota, recuerdan el enojo campesino (ante la falta de respuesta de respuesta concreta), hoy convertido en sonrisa. “Nos ofrecían ‘proyectos’ (de computación, turismo rural, cocina). Nosotros no queremos proyectos, nosotros vamos por la tierra”, resume Samudio. Todos aplauden.
Asesorados por ingenieros agrónomos de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, estudiaron una salida productiva. La propuesta campesina fue que cada familia cuente con catorce hectáreas, un mínimo para producir alimentos y criar animales de manera sustentable en el tiempo. En total, para 200 familias, serían 2800 hectáreas (equivalente al 1 por ciento de lo que la empresa posee en Argentina, o el 0,15 por ciento de los 1,6 millones de hectáreas que posee en Latinoamérica).
Alto Paraná nunca aceptó. Municipio y Provincia miraron para otro lado.
Y volvieron a sembrar pino en Piray.
El 7 se septiembre, los campesinos viajaron hasta Posadas y presentaron ante la Cámara de Diputados el proyecto de expropiación de 3000 hectáreas ocupadas en la actualidad por Alto Paraná. En el proyecto de expropiación la organización campesina asegura que se evitará el éxodo de jóvenes, generarán 400 puestos de trabajo y montarán un mercado de productos de chacra agroecológicos para abastecer a las localidades de Piray, Montecarlo y Eldorado. “Una vez expropiada la tierra se cambiará el actual uso forestal por el uso agrícola ganadero. Frenaremos el deterioro y abandono de parajes que lleva más de 30 años. No cerrarán más escuelas y no habrá más migración rural”, destaca el proyecto de expropiación.
Miriam Samudio, de PIP, resume el sentir campesino de Piray: “Alto Paraná tiene a los políticos, a los jueces y a la policía. Pero a todos ellos los mueve la plata. A nosotros nos mueve el amor a nuestros hijos y el amor a esta tierra. No vamos a dejar de luchar”.
Nota
Blas Correa, y la condena a 11 policías responsables de su muerte: “Esto recién comienza”

11 agentes policiales fueron condenados por la muerte de Blas Correas en agosto de 2020 en Córdoba, después de 7 meses, 36 audiencias y el testimonio de más de medio centenar de testigos. La sentencia es histórica no solo porque demostró cómo funciona la máquina de violencia institucional, sino porque incorpora la capacitación a todos los agentes de la policía en el trato a víctimas, en el uso de armas de fuego, y obliga que se profundicen los exámenes psicotécnicos periódicos. Estos argumentos fueron planteados por la familia de Blas, que dice: “Marchando el 24 de marzo por mi hijo entendí en el lugar que estoy: vi mujeres marchando durante 40 años y así voy a morir yo, como las abuelas. Ese es el camino”.
Por Bernardina Rosini desde Córdoba. Fotos: Amnistía Internacional Argentina | Nicolás Bertea

“Prometo hacer todo lo posible para que las cosas cambien”.
Soledad Laciar en una carta dirigida a su hijo.

Soledad Laciar es la mamá de Valentino Blas Correas, el joven de 17 años que la noche del 5 de agosto de 2020 salió a comer una pizza junto a cuatro amigos -Mateo, Cristóbal, Camila y Juan Cruz- y quien horas se convertiría en una nueva víctima de la policía de Córdoba.
Vale recordar: los cinco jóvenes regresaban a casa a bordo de un Fiat Argo cuando divisan un control vehicular; Juan Cruz (19 años, quien conduce) al ver que uno de los policías tiene un arma en la mano, se asusta, se saltea el control. Entonces se escuchan disparos. Seis. Uno de impacta en la espalda de Blas, quien siente la herida y le pide a Camila que le de la mano. Van rápidamente a un clínica, la primera que ven, lo bajan a Blas pero en la puerta se niegan a recibirlo, lo suben nuevamente al auto, intentan llegar al Hospital de Urgencias pero nuevamente son detenidos por un control policial; no los dejan avanzar y los obligan bajarse del auto; los amigos de Blas desesperados ruegan que atiendan al amigo herido pero los agentes policiales niegan cualquier asistencia, les piden documentos y hablan por radio.
Así muere Blas, en el asiento trasero del auto, solo.
Pero el horror no termina ahí: en minutos las dos duplas policiales que participaron del tiroteo se reúnen y resuelven plantar un viejo revólver calibre 22 y así intentar justificar sus disparos. El elenco policial interviniente lo conforman 13 agentes. 11 acaban de ser condenados (debajo de la nota, el detalle de las condenas).

Hacer historia
La sala del primer piso de Tribunales II en la ciudad de Córdoba está repleta, desborda hacia los pasillos. Amigos de Blas y de los sobrevivientes, hinchas de Belgrano (club del cual Blas era fanático), Abuelas de Plaza Mayo, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, madres que llevan remeras de sus hijos también víctimas fatales de la policía, mucha prensa, y ningún funcionario.
Es una jornada histórica, no sólo por la cantidad de agentes policiales condenados, sino porque la sentencia reconoce a Blas Correas, a su familia y a los sobrevivientes, como víctimas de actos de violencia institucional. Soledad Laciar, la madre, luego señalaría que éste reconocimiento fue el momento más conmovedor de la lectura, puesto que señala a la maquinaria en su totalidad.
Y es que la Cámara 8ª del Crimen de la ciudad de Córdoba dió lugar al señalamiento de la familia de Blas, por un lado, con respecto a la ampliación del alcance de responsabilidades y ordenó investigar al ahora ex Ministro de Seguridad de Córdoba y actualmente legislador por el oficialismo, Alfonso Mosquera, y a la actual jefa de la Policía, Liliana Zárate.
Al primero, por presuntos actos de corrupción y malversación de caudales públicos al entregar un vehículo judicializado a uno de los comisarios. Mosquera declaró en el juicio que se trató de “una gauchada personal”.
En cuanto a Zárate -que se desempeñaba como titular de Recursos Humanos de la fuerza para aquel entonces- se la responsabiliza de que los policías Lucas Gómez y Javier Alarcón (autores de los disparos) se encontraran en ejercicio a pesar de que sus legajos estaban nutridos con varias imputaciones anteriores al hecho y, en el caso particular de Alarcón, de no haber aprobado una práctica de tiro. A Zárate se la investigará por omisión de los deberes de funcionario público y por las falencias en la formación y el control de los agentes policiales.



El Tribunal también indicó que se inicie investigación judicial y se identifique a los uniformados policiales que durante esa madrugada detuvieron el Fiat Argo y no permitieron que los amigos de Blas lo llevaran al hospital a pesar de la evidente necesidad de atención médica.
Conforme con la sentencia, la mamá de Blas expresó: “Siento que me acerqué enormemente a la justicia, confieso que tenía muchas dudas. Pero para mí es importantísimo que hayan incorporado la capacitación a todos los agentes de la policía en el trato a víctimas, en el uso de armas de fuego, que se profundicen los exámenes psicotécnicos periódicos. Un mes más o menos en las condenas no me significa nada, pero que se realicen cambios para asegurar que ésto no siga pasando, es lo que me importa”.
Además de las capacitaciones a la totalidad de los agentes de la fuerza, se indicó al Ministerio de Seguridad que se retenga el armamento a todo policía que repruebe las evaluaciones de tiro.
“Esto recién comienza” añadió Soledad, porque ahora asegura que irá tras los demás responsables, estará pendiente de la implementación efectiva de lo expresado en la sentencia, y acompañará a las demás familias que buscan justicia por sus hijos. “Ahora será buscar justicia para Joaquín Paredes, tenía 15 años. Les pido que nos acompañen, que no les quede lejos Cruz del Eje”.
Unas horas antes de conocerse la sentencia Soledad ya lo había adelantado “Marchando el 24 de marzo por mi hijo entendí en el lugar que estoy: vi mujeres marchando durante 40 años y así voy a morir yo, como las abuelas. Ese es el camino”.


Las condenas:
- Lucas Gómez (37) y Javier Alarcón (33) ,autores del homicidio calificado por ser integrantes de la Policía y agravado por el uso de arma de fuego y por la tentativa de homicidio contra los cuatro otros chicos: condena a reclusión perpetua, inhabilitación absoluta y especial para desempeñar empleo y cargo público.
- Wanda Esquivel (34), la oficial que plantó el arma que luego se quebró y confesó el delito fue condenada a 3 años de prisión domiciliaria.
- La oficial Yamila Martínez (25) fue condenada a cuatro años y tres meses de prisión e inhabilitación especial por tres años.
- Leando Alexis Quevedo, condenado a cuatro años de prisión.
- El cabo Ezequiel Vélez (25), a dos años y seis meses de prisión, por lo que no irá a prisión al ser la pena menor a tres años.
- El subcomisario Sergio González (44); subcomisario Enzo Quiroga (36); comisario inspector Walter Soria (45); el comisario inspector Jorge Galleguillo (46) el comisario Juan Antonio Gatica (46) condenados por falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal a cuatro años y diez meses de prisión.
Nota
Daniel Solano: la Corte confirmó la detención de los 7 policías condenados por homicidio

Los siete policías condenados a prisión perpetua por el asesinato de Daniel Solano, el joven salteño de 27 años desaparecido en Choele Choel el 5 de noviembre de 2011, fueron detenidos tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a un recurso de queja de los efectivos, y así deberán empezar a cumplir la pena en prisión por primera vez desde la sentencia. El juicio concluyó el 1 de agosto de 2018, pero desde entonces los oficiales Sandro Berthe, Pablo Bender, Juan Barrera, Pablo Albarrán Cárcamo, Pablo Quidel, Diego Cuello y Héctor Martínez estaban en libertad, a la espera de la resolución de la Corte. “Nunca los sacaron de la policía: tenían libertad, cobrando sueldo y portando armas”, dice Leandro Aparicio, uno de los abogados de la familia Solano, que subrayó su “satisfacción” por el fallo: “Uno está golpeado, pero esto da energías para poder avanzar. No hay muchos casos en los que se detengan a 7 policías”.
La desaparición de Daniel se produjo tras un episodio de violencia policial en la vereda de un boliche de la ciudad. Antes había reclamado por su sueldo y el de sus compañeros como trabajadores rurales de la empresa Agrocosecha, tercerizada de Expofrut Argentina. Aparicio: “Fue un homicidio más allá de la desaparición, y fue un homicidio en un contexto de trata de personas, que está denunciada en la justicia federal de Roca, como está denunciado el narcotráfico, pero la causa no se mueve como se debería. Está parada. Pero esto va a servir para darle un impulso a toda esas cuestiones pendientes”.

Entre esas cuestiones, en abril habrá audiencias por la acusación a otros cuatro policías, entre ellos Tomás Vega, a quien la familia lo señala como el “nexo” con la empresa: “Vega estuvo cuando le pegaban a Solano en el boliche. Vio todo eso. Y fue el que estuvo a cargo de la investigación los primeros día de la desaparición”.
Daniel sigue desaparecido. Gualberto, su papá, murió en medio del juicio, sin poder llegar a la sentencia por homicidio, y fue el principal motor de la causa que denunció la desaparición forzada y la connivencia judicial y estatal bajo un reclamo concreto que repitió una y otra vez a lo largo de seis años y medio: “Quiero encontrar el cuerpo y llevarlo”. No se detuvo un día: hizo huelgas de hambre, inició acampes y se encadenó al juzgado para exigir respuestas. Así reveló la trama de explotación laboral en Río Negro, la corrupción judicial que cubrió el caso y logró la detención de los oficiales que hoy están presos. Aparicio lo recuerda: “Nosotros tenemos esperanza de que el cuerpo aparezca. Algún policía capaz que se puede quebrar, o Vega mismo, sabiendo lo que se viene, puede dar información. Hemos hecho lo imposible para que aparezca el cuerpo”.
Compartimos la investigación de MU sobre este caso:
Nota
Sí, podemos: 20 años del No a la Mina de Esquel

Esquel está cumpliendo 20 años del histórico plebiscito en el que por más del 81% de los sufragios la comunidad votó «No a la Mina» y rechazó así la instalación de la megaminería en la región. A qué le dijeron que «Sí», desde la nota histórica que se hizo desde MU en uno de los tantos viajes, el primero, a la madre de muchas batallas.

El 23 de marzo se cumplieron 20 años del rechazo a la megaminería en Esquel, símbolo de lucha contra los proyectos contaminantes, inconsultos, impuestos en silencio y con violencia, y símbolo también de la democracia participativa, la organización y una lucha que se contagió a otros lugares del país.
En estos días hubo recitales, charlas, caminatas, marcha el 23 de marzo, y este domingo culminará la celebración con un ascenso al cerro Calfu Mahuida, un modo de simbolizar ese contacto permanente de la comunidad de Esquel con la naturaleza.
La historia viva cuenta que un puñado de vecinas y vecinos, que fueron cada vez más, comenzaron a reunirse, a estudiar la situación, a ir a escuelas, clubes, barios, difundiendo capilarmente, en una movilización a la vez inmensa, lo que se estaba tramando para hundir a Esquel en la megaminería. El 4 de diciembre de 2002 fue la primera marcha que reunió a más de 6.000 personas. Nunca desde entonces se dejó de marchar el 4 de cada mes.
Esa creación de movilización involucró otro hecho histórico: se había formado la Asamblea No a la Mina, grupo apartidario, horizontal, democrático, diverso, expresión de las nuevas formas de organización social que emergían en el país tras la crisis de 2001.
El mecanismo asambleario en el que participaba todo el que quisiera, llevó a presionar la situación hasta obtener la posibilidad de la que se celebraron ahora 20 años: el 23 de marzo de 2003 se realizó un plebiscito en el que la comunidad rechazó por más del 81% de los votos al proyecto que intentaban imponer la empresa Meridian Gold y el Estado. Esquel hizo nacer aquel No, pero además generó un contagio en diferentes lugares en que se manifestaban conflictos ambientales en todo el país (Gualeguaychú, Famatina, Andalgalá, como emblemas de una actitud ciudadana no ha dejado de crecer hasta hoy frente a diferentes situaciones territoriales, de salud, y hasta de derechos humanos). Se ponía en foco al modelo extractivo.
Desde aquellos años Esquel ha pasado por situaciones de todo tipo que han sido reflejadas tanto en lavaca.org como en la revista MU:
- la intención de dar vuelta la decisión de la población a través de campañas de acción psicológica y desinformación;
- el espionaje a vecinas y vecinos que integraban la Asamblea, por parte de la AFI, como forma de amedrentamiento y control social;
- las presiones políticas y hasta laborales que sufría toda persona involucrada con el proceso asambleario;
- el contagio fundamental de la acción de Esquel a toda Chubut, que se pobló de asambleas en todo el territorio, incluyendo a las comunidades de pueblos originarios, siempre rechazando los proyectos y negociados minero-estatales;
- las trampas legislativas detectadas cuando se obtuvo la foto del diputado Gustavo Muñiz (del Frente para la Victoria) chateando por celular con el gerente Gastón Berardi de Yamana Gold, la empresa que había asumido el proyecto para impedir y ningunear la Iniciativa Popular presentada por la ciudadanía para que se convirtiera en Ley;
- las represiones a los manifestantes en Rawson, cuando la lucha debió concentrarse en la capital provincial; el acoso mediático a toda esta movida en defensa de la naturaleza por parte de buena parte del sistema mediático, dependiente de pautas publicitarias estatales y privadas.
- Y, por nombrar algo de lo más relevante en los últimos tiempos, el Chubutazo, o “Chubutaguazo”, con que la provincia movilizada logró dar vuelta de un modo comovedor en 2020 un nuevo intento de legislación que bajo el disfraz de una “zonificación” provincial buscaba lo de siempre: ir por la minería. La ciudadanía logró tumbar esa intentona y reponer la ley que prohíbe los megaproyectos extractivos.
- Otro detalle de estos tiempos: ya hay una tercera generación de integrantes de las asambleas participando plenamente, un sub-17 que demuestra el alcance de todo lo que se ha realizado, también desde el punto de vista inter-generacional.
Esquel fue el nacimiento de la resistencia de Chubut, que no significa solamente un rechazo al saqueo y la contaminación, un No, sino también múltiples Sí:
- Sí: sí a la vida.
- Sí a la reivindicación por la positiva de otras formas de producción que no impliquen la destrucción.
- Sí a la necesidad de licencia social para cualquier proyecto, de cuidado de ambiente como forma de preservación de la vida y el trabajo.
- Sí a nuevas formas de relación entre lo humano y la naturaleza. A nuevas relaciones también entre las personas para plasmar la idea de que el agua vale más que el oro, y de que el futuro es posible.
Como homenaje a todo eso aquí puede verse la primera de las notas publicadas en MU sobre la asamblea de Esquel: “La madre del No”, para conocer esa experiencia histórica hecha de resistencia, inteligencia, generosidad y, también, alegría.
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