Una misión internacional recorrió la Argentina para comprobar las violaciones al derecho a una alimentación adecuada. Su conclusión es que el Estado argentino es negligente y que sus políticas sociales son absolutamente insuficientes para luchar contra el hambre, según detalla en el informe que elevó a las Naciones Unidas. Aquí, el texto completo.

Una misión internacional recorrió la Argentina para comprobar las violaciones al derecho a una alimentación adecuada. Su conclusión es que el Estado argentino es negligente y que sus políticas sociales son absolutamente insuficientes para luchar contra el hambre, según detalla en el informe que elevó a las Naciones Unidas. Este informe fue elaborado por miembros de Fian Internacional (Foodfirst Information & Action Network) y el Servicio de las Iglesias Evangélicas de Alemania para el Desarrollo (EED). Los investigadores fueron invitados por el Centro de Estudios Legales y Sociales y por el Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero para que realicen un diagnóstico y elaboren sugerencias. Las conclusiones fueron entregadas al relator especial del Derecho a la Alimentación y al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas y a distintos gobiernos europeos.

Fian -cuya sede central está Heidelberg, Alemania- es una organización internacional de derechos humanos que trabaja por el derecho a alimentarse. Fue fundada en 1986, tiene status consultivo ante Naciones Unidas y cuenta con miembros en más de 50 países. Su objetivo consiste en procurar la vigencia y la observancia en el mundo entero de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, en particular el derecho a alimentarse de los grupos amenazados por el hambre y la desnutrición. Reproducimos aquí el informe completo:

El derecho a la alimentación en Argentina
Informe de la Misión Investigadora Internacional

Entre el 15 y el 20 de enero 2003 FIAN Internacional y el Servicio de las Iglesias Evangélica en Alemania para el Desarrollo EED realizaron una misión internacional de investigación a Argentina. FIAN (Food First Information & Action Network) es la organización internacional de derechos humanos que trabaja por el derecho a alimentarse. El EED actúa como la agencia de desarrollo central de las Iglesias Protestantes en Alemania.

El objetivo de la visita era recabar informaciones para establecer si el Estado argentino está cumpliendo con sus obligaciones de derecho internacional público adquiridas con la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Estados Partes de PIDESC tienen la obligación de garantizar inmediatamente el contenido básico del derecho a la alimentación lo que significa que cada persona, como mínimo, esté libre del hambre. De igual modo, la misión buscaba indagar sobre el impacto de las políticas promovidas por organismos financieros multilaterales en la situación de derechos humanos en Argentina con el fin de determinar si la actuación de estos organismos y la de sus Estados miembro han sido compatibles con las obligaciones impuestas por el Pacto.

Para verificar si Argentina está cumpliendo con sus obligaciones de derechos humanos, los integrantes de la misión se entrevistaron con grupos y comunidades afectados, con organizaciones sociales y de derechos humanos, así como con algunas de las autoridades responsables.

Las políticas de ajuste estructural promovidas por los organismos financieros multilaterales y aplicadas por el gobierno argentino desde la década pasada han tenido efectos desastrosos para el disfrute de los derechos económicos y sociales de gran parte de la población. Las estadísticas hablan por sí solas: entre octubre de 2000 y mayo de 2002 la población que no podía acceder a una canasta básica de alimentos pasó de 3,7 millones de personas a 8,7 millones (24,8% de la población). Estas cifras resultan aún más dramáticas si se tiene en cuenta que de estas personas 4.138.000 son niños. Según los datos más recientes, el porcentaje de personas sin acceso a una canasta básica de alimentos aumentó en octubre de 2002 a 27,5% de la población.

El aumento constante del desempleo y la precarización de las condiciones laborales son también dramáticas: se calcula que hay un total de 37,7% de la población que se encuentra desocupada o subocupada y que el 56,9% de las personas ocupadas están en una situación laboral vulnerable. Los ingresos de los trabajadores han deteriorado constantemente debido a que no se incrementan a la par con el aumento de los precios de alimentos.

Aunque no hay datos actuales sobre la situación rural, la falta de acceso a tierras, la inseguridad de la tenencia de la tierra y el escaso apoyo a los pequeños productores suponen que la pobreza rural es mucho mayor que en las zonas urbanas.

La misión pudo establecer que el derecho a la alimentación adecuada de las personas en los casos visitados está siendo violado. Los principales problemas encontrados son los siguientes:

• Destrucción del acceso existente a medios de vida mediante desalojos de familias campesinas poseedoras en la provincias del Noroeste y Noreste argentino.
• Ausencia de protección estatal de familias campesinas poseedoras ante los ataques sistemáticos y continuos de los terratenientes que quieren usurpar sus tierras.
• Explotación de los trabajadores y las trabajadoras en los cultivos de cítricos en Tucumán. Imposibilidad de las trabajadoras y los trabajadores de mantenerse a sí y a sus familias de estos empleos debido a la falta de protección laboral efectiva.
• Falta de protección a la población en situación de extrema vulnerabilidad e indefensión alimentaria (niñas y niños indigentes menores de 5 años) del consumo de alimentos perjudiciales para su salud.
• Falta de apoyo estatal a los proyectos productivos autogestionados de los trabajadores desocupados para que éstos puedan superar la exclusión social y puedan vivir de su propio trabajo.
• Ausencia de políticas económicas que fomenten masivamente la creación de empleos dignos.
• Negligencia del Estado para fortalecer los derechos a la tierra de las familias campesinas que poseen tierras por generaciones y no han podido hacer efectivos sus derechos de prescripción veinteñal.
• Abandono estatal de las políticas agropecuarias destinadas a fortalecer la economía campesina y la capacidad productora de los pequeños agricultores y las agricultoras.
• Absoluta insuficiencia de los programas de asistencia alimentaria y de transferencias de ingresos. Arbitrariedad, clientelismo y discriminación en la ejecución de los programas.
• Negligencia del Estado para adoptar políticas tributarias que redistribuyan la riqueza y proporcionen al Estado los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones de derechos humanos.
• Limitación del gasto social y de la capacidad del Estado argentino de movilizar recursos para cumplir con sus obligaciones de derechos humanos a causa de los acuerdos crediticios con las instituciones financieras internacionales.

La misión se permite recomendar al gobierno argentino y a los gobiernos responsables de las actuaciones de las instituciones financieras internacionales las siguientes medidas conducentes a garantizar el pleno disfrute del derecho humano a la alimentación adecuada:

• Garantizar programas suficientes y adecuados de transferencias de ingresos y asistencia alimentaria.
• Apoyar decididamente los proyectos productivos autogestionados por los movimientos de trabajadores desocupados
• Proteger a las trabajadoras y trabajadores de los cultivos de cítricos y en general de la explotación laboral y las condiciones precarias de trabajo.
• Priorizar la aplicación de políticas económicas que fomenten la creación masiva de empleos dignos y que permitan tener acceso económico a una alimentación adecuada.
• Poner fin a las prácticas de desalojos forzados de familias campesinas poseedoras.
• Desarrollar una estrategia integral de protección a las familias campesinas de los ataques de usurpadores de tierras.
• Redefinir las políticas agropecuarias nacionales de manera que se dé prioridad al fortalecimiento de la capacidad productiva de los pequeños productores.
• Abstenerse de condicionar la ayuda financiera a países con dificultades económicas a limitar el gasto social conculcando derechos fundamentales de vastos sectores de la población.
• Garantizar plenamente los derechos civiles.