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El Otro Chile: tras los sones de Víctor Jara

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Mientras el país se adentra en una mediática campaña electoral, en algunos barrios siguen armando un mundo nuevo, en base a mucha solidaridad y activa participación de los de abajo. Una realidad muy pareceida a la que cantaba Víctor Jara[1].
Por Raúl Zibechi.
El Otro Chile: tras los sones de Víctor Jara
El Bio Bio sigue siendo un río imponente, anchísimo, impresionante por la cantidad de agua que transporta, aunque la construcción de varias represas ha mermado su cauce. El sur de Chile está siendo castigado por el «desarrollo», quizá porque la abundancia de agua resulta un llamador para los negocios que consumen intensamente el más vital de los bienes comunes.
Cruzando el río a través de un moderno puente de varios kilómetros, dejamos atrás la margen derecha donde se alza Concepción, la segunda ciudad del país, para internarnos en una zona de tierras bajas e inundables. Sobre la carretera pueden divisarse numerosas empresas, producto del «milagro chileno», detrás de las cuales se esconde el municipio San Pedro de La Paz, de unos 80 mil habitantes.
Más adentro aún, en un territorio aprisionado entre la desembocadura del Bio Bio y el océano Pacífico, miles de casitas idénticas que parecen luchar para no ser devoradas por las aguas, forman el barrio Boca Sur. El lugar es casi un castigo. La humedad, densa, pesada y gélida, se mete en el cuerpo aumentando la sensación de frío e incomodidad. Las viviendas son casi celdas para prisioneros: casitas de 36 metros cuadrados y una sola pieza para familias promedio de ocho personas, paredes de volcanita (tiza y papel), baño de 2 por 1, más un pequeño terreno trasero es todo lo que tienen los 20 mil pobladores de Boca Sur.
Formalmente son libres, pero están condenados a vivir en las peores condiciones que pueda imaginarse: a más de una hora de Concepción, en un desierto húmedo donde no hay nada, tampoco trabajo, lo que eleva la desocupación hasta más del 50%. «Nuestro barrio no fue construido para una comunidad de personas, fue construido para encerrar la pobreza y sacarla de la ciudad», concluye Richard Yañez, de la Escuela Libre Víctor Jara[2].
La limpieza social de Pinochet
No llegaron hasta allí por propia voluntad. Fueron trasladados a la fuerza, entre 1983 y 1985, cuando en todo el país arreciaban las protestas de los barrios pobres contra la dictadura. «Boca Sur -dice un libro nacido de los talleres artìsticos del Centrro Cultural Víctor Jara- se fue conformando a partir de mayo de 1983 con la llegada de los primeros erradicados»[3]. Eran los habitantes de los barrios pobres de Concepción, que la dictadura expulsó a sitios remotos, donde no molestaran y donde sus protestas pudieron ser aisladas y reprimidas sin alterar el orden de la ciudad formal.
El régimen de Pinochet hizo en Concepción lo mismo que en las demás ciudades del país: eliminó los campamentos (barrios en terrenos tomados por sus habitantes) pero también expulsó a los pobres que vivían en barrios formales cerca del centro urbano, con un doble objetivo: promover la especulación inmobiliaria y separar ricos de pobres, alejando a los llamados «sectores marginales».
Tan grave como la erradicación de los pobres de la ciudad, es el lugar al que fueron trasladados: al otro lado del río, lejos de los centros de poder y de sus fuentes de trabajo. Boca Sur era hasta 1983 un sector rural donde sus pocos habitantes «se dedicaban a labores de subsistencia como la recolección de productos del mar, la caza y crianza de animales, y la agricultura»[4]. Cuando llegaron, por lo tanto, no había nada, sólo las casitas-celdas. Todo estaba planificado para que la sociabilidad fuera nula y la dependencia total. Más aún: son bloques de varias casas contiguas, lo que impide la intimidad familiar y genera tensiones entre vecinos.
«A nosotros nos fueron a encuestar para saber cuántas familias éramos, y luego de la encuesta teníamos una semana para evacuar el lugar», relata la señora Libertad, habitante de la población Gabriela Mistral de Concepción, trasladada a la fuerza el 10 de mayo de 1983 en camiones militares con los pocos muebles que pudo cargar[5].»Llegamos y acá no había nada, no había negocios, esto era igual a una isla, una tenía que ir al centro y comprar todas las cosas de un viaje como en el campo, más encima la locomoción era muy mala, y el camino estaba lleno de hoyos, no había luces, ni pavimento ni teléfonos. Se demoraba más de una hora en llegar a Concepción». Debía levantarse dos horas antes para llegar a la escuela y asegura que tampoco podía lavar porque el polvo ennegrecía la ropa.
Los habitantes de Agüita de la Perdiz, un barrio de casitas de madera en una hermosa ladera muy cerca de la Universidad de Concepción, núcleo de la disidencia de los años 70, fueron trasladados el 4 de octubre de 1983. «Nos trajeron en camiones militares y municipales, formábamos una larga caravana de pioneros, niños, jóvenes, adultos y ancianos», recduerda Dina Mora. «Era pura polvareda, mucho viento y un gran sol quemando, no veíamos casi nada, dolían los ojos. Llegamos a nuestro destino, casi 200 casitas, pareadas todas, del mismo color, amarillas y café, puertas blancas, de cerco una alambrada, no había pasto ni flores, tan sólo arena. Eran tan pequeñitas las casas que parecían cajitas de fósforos en un desierto»[6].
Hubo pelas porque no se conocían, ya que venían todos de poblaciones diferentes. «Muchos ancianos no se habituaron al lugar y comenzaron a enfermarse y fallecieron», asegura Dina. En los barrios de los que fueron expulsados, tenían animales, árboles frutales, pequeñas huertas, densas redes de apoyo mutuo y formas diversas de sobrevivencia que les permitían vivir con autonomía y dignidad. El cambio fue un desastre cuidadosamente calculado.
Para sorpresa de muchos, la democracia siguió erradicando pobres del centro urbano. En 2000 fue desalojado el campamento de  Villa Nápoli, que había surgido a fines de la década de 1970, y sus 114 familias fueron trasladadas a Boca Sur donde se alojaron en lo que hoy es Villa Venus.

Desocupados, mujeres y jóvenes

Entre las mayores dificultades que afrontaron los erradicados, enumeran la falta de dinero para el transporte, problemas para encontrar cupo en las escuelas para sus hijos, al punto que muchos perdieorn un año escolar, falta de centros de salud, dificultades en la vivienda y en el equipamiento mínimo, como paradas de autobuses y grifos públicos de agua.
Rosa Silva, dirigente histórica de Boca Sur, relata el milagro de hacer vida en el desierto: «Existía mucha desconfianza, pero poco a poco se inició un período de organización del barrio. Así nacen grupos de voluntarios de salud que aportan a resolver el problema que acarreaba la falta de consultorio, contribuyendo en la atención de primeros auxilios»[7]. Hasta la Juntas de Vecinos fueron designadas por la dictadura.
Uno de los primeros pasos fue crear un centro de salud, la urgencia mayor de cualquier familia pobre. Hacia 1988 decenas de vecinos se capacitaron como voluntarios de salud (en realidad voluntarias), y comenzaron a atender a la población hacia 1990 en un espacio cedido por los bomberos. «Trabajábamos en el tratamiento de enfermedades como tuberculosis, de la que Boca Sur era un foco por la pobreza y la mala alimentación», dice Ida Castillo ex dirigente de la Junta de Vecinos[8].
Finalmetne todo el barrio se unió para conseguir el consultorio de salud, ya que como recuerda Ida, al no haber ambulancias los enfermos podían morir sin ser atendidos y las parturientas llegaron a dar a luz en la calle[9]. Casi todas las personas organizadas eran, y son, mujeres. En los 90 se creó una Coordinadora de Talleres Laborales donde se formaron buena parte de las dirigentes. A fines de la década se creó la primera Junta de Vecinos integrada solamente por mujeres, que jugó un papel decisivo en la democratización de la organización.
La Coordinadora contaba con talleres de huertos orgánicos, peluquería, manualidades, hasta doce talleres con unas 150 mujeres. Además del trabajo vinculado a la subsistencia material, lucharon por la paimentación de las calles, por plazas, áreas verdes y semáforos. En tercer lugar, realizaron talleres sobre violencia, derechos de las mujeres y formación personal, o sea abordaron también la subjetividad.
Hacia 1999, año de virajes en Boca Sur, se organizaron los desocupados creando el Sindicato de Trabajadores Eventuales Newenche. En ese período el gobierno de Eduardo Frei decidió cerrar la minería en la ciudad de Lota, al sur de Concepción, extendiendo la desocupación por toda la región. La larga experiencia sindical minera permitió que los desocupados formaran se organizaran, un proceso poco habitual pero similar al sucedido en Argentina con los grupos piqueteros.
Según Pepe Burgos, realizador del documental El silencio de la cuenca del carbón, en ese período «la experiencia de los sindicatos de cesantes se expandió como un reguero de pólvora», al punto que se crearon unos 30 sindicatos con un  promedio de 400 a 600 afiliados, en total 20 mil familias, de las cuales el 80% son mujeres[10].
En Boca Sur el local del Sindicato Newenche lo construyó la autogestión vecinal, como buena parte de los equipamientos del barrio, Han realizado numerosas movilizaciones exponiendo su situación: cortaron rutas y puentes, se tomaron el municipio y la gobernación, y así consiguieron más de cien subsidios estatales y 1.100 canastas de alimentos para los casos más urgentes.
Orlando Vera, presidente del sindicato, relata una de las luchas más masivas, de carácter territorial, en 2005: «Fue de carácter poblacional e involucró a miles de vecinos, ya que junto a las diversas organizaciones sociales frenamos un abuso más de las autoridades que pretendían imponer una red de alcantarillado que desembocaba en la playa a sólo dos cuadras de la población, con hedor pestilente contaminando el aire de todo Boca Sur»[11].
Cientos de vecinos tomaron las obras y varios miles marcharon hasta Concepción forzando al gobierno de Ricardo Lagos a formular otro proyecto con menor impacto ambiental, con una planta de tratado de aguas servidas y un ducto que se interna 1.200 metros en el mar. Nada fue gratuito: Orlando es eldiritente sindical que tiene más detenciones en democracia (52) y dos procesos en la fiscalía militar.

La escuela Víctor Jara

Con los años la lista de organizaciones creadas por los vecinos resulta impresionante, sobre todo si se tienen en cuenta las dificultades iniciales. En 1991, en medio de un clima de euforia democrática (Pinochet abandona el gobierno en 1990) se crea el Grupo Cultural Rigoberta Menchu y grupos juveniles y de iglesias vinculados al trabajo sobre drogas. Además de la Coordinadora de mujeres nacen grupos artísticos y culturales y una agrupación de discapacitados.
En 1997 nace la primera radio comunitaria y luego el Sindicato Newenche, y ya en el nuevo siglo el Centro Cultural Víctor Jara que realiza talleres con niños, sobre murgas, murales y festivales, abriendo un nuevo espacio en la población. En ese espacio, y con la Junta de Vecinos 8-R, se forma a fines de 2007 la Escuela Libre de Educación y Cultura Popular Víctor Jara, que juega un papel determinante en la formación de activistas del barrio.
Entre los objetivos de la escuela figura «nivelar la educación básica de los vecinos» para que el espacio se convierta en «herramienta de transformación social»; «fortalecer lazos y vinculación entre vecinos»; y «fortalecer la solidaridad, unidad, autonomía, y poder local» para resolver problemas comunes. En suma, la escuela es un proyecto político.
Una encuesta realizada en el barrio reveló que el 45% de los vecinos no habian completado la primaria y 55% la educación media. Por eso la escuela tiene tres ciclos. El Primer Ciclo va de 1º a 4º año escolar, utilizando palabras generadoras inspiradas en la metodología de Paulo Freire para conocer la ralidad. El Segundo Ciclo abarca de 5º a 8º año escolar e incluye las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Estudios Sociales y Naturaleza. Los alumnos que lo deseen pueden rendir exámenes oficiales para obtener la aprobación del curso por el Estado.
El Tercer Ciclo está dedicado a los oficios, la producción de alimentos, textiles, reciclaje, panadería, chocolatería y huerta. El objetivo de este ciclo es fortalecer la capacidad productiva de los vecinos (en realidad vecinas), como forma de crecer en autonomía personal y colectiva, política y también material. Según Richard, 23 años, uno de los inspiradores del proyecto, ya funcionan varios hornos comunitarios en casas de vecinas que elaboran pan del cual ya viven varias familias. Además hay huertos familiares y comunitarios que proveen veduras a los vecinos.
«La escuela se financia en base a actividades de autogestión», puede leerse en el Proyecto Político-Pedagógico, paralo que realizan dos veces al año una fiesta para recaudar fondos. También instalan ferias periódicas donde los grupos y familias venden e intercambian sus productos. De este modo los vecinos consiguen establecer su propia economía, tangencial al mercado, asentada en valores de ayuda mutua, solidaridad y fraternidad.
El tipo de educación popular que practican no es la institucional sino que «se enriquece a partir de las experiencias latinoamericanas, educación en las comunidades zapatistas de México, del movimiento sin tierra de Brasil, de la alfabetización en Nicaragua, y de los Bachilleratos Populares de Argentina»[12], El grupo de educadores voluntarios de la escuela conoce, en efecto, varias de estas experiencias, en particular la fábrica recuperada de Zanón (Argentina) y los bachilleratos de Buenos Aires con losque mantienen fluidas relaciones.
Pero la escuela también se propone «construir poder local». Para eso realizan algo así como un ensayo general en la propia escuela. «Hacemos una asamblea mensual con los 35 alumnos permanentes y los 15 educadores, y allí elegimos un equipo de seis personas que dirige la escuela por un mes. Son un educador y un alumno por cada ciclo, con la idea de que todos vayan participando porque la dirección es también parte de la educación, sobre todo cuando debemos relacionarnos con otros grupos», dice Richard. Ya hay otros dos barrios de Boca Sur que están empezanado con una experiencia similar.
Todos los años organizan el Festival Víctor Jara, ya van por el séptimo, que desde hace dos años incluye un «Encuentro Popular de Organizaciones Autónomas», al que asisten colectivos de de Santiago y de algunas ciudades argentinas. Se trata, según el folleto de convocatoria, de «un espacio para compartir y socializar experiencias de lucha de organizaciones y movimientos sociales autónomos que no dependen de las instituciones», como el Colectivo Lésbico Feminista Mafalda, uno de los grupos más activos de la comuna.
En efecto, las mujeres son claves en todo este entramado territorial-comunitario. Richard hace números rápidos y asegura que en el Sindicato Newenche de 180 miembros hay sólo cuatro o cinco varones, que en la escuela son sólo dos hombres y que los emprendimienteos como las panaderías y las huertas son femeninos. «Son las mujeres las que se paran frente a los Carabineros mientras los hombres están deprimidos y alcohlizados porque perdieron sus roles al quedar sin empleo», concluye.
La experiencia de Boca Sur es una de las más importantes que se registran en el Chile de abajo, pero en modo alguno es algo aislado sino una respuesta a un modelo de exclusión espacial y social. «El gobierno se vio obligado a intervenir en la forma de vida de los sectores populares para mantener el orden y el control del régimen dictatorial», reflexionaba Dina Mora a raíz de su expulsión desde Agüita de la Perdiz, en la década de los 80. El régimen puso en marcha una monstruosa política de traslados forzados de los pobres a algo así como «campos de concentración» abiertos, que siguen existiendo en plena democracia.
Sí, campos. Siguiendo al filósofo italiano Giorgio Agamben, el campo de concentración es el espacio donde rige el estado de excepción permanente. Sus habitantes-prisioneros soportan una nuda vida (vida desnuda), una vida sin derechos, sometida al poder y a la violencia. No es casualidad que todas las periferias de este tipo, no sólo en Chile, estén siendo doblemente intervenidas: por la aplicación de políticas sociales y por la militarización con la excusa del narcotráfico (o alguna otra). Lo notable es que en estos campos de segregación, situados siempre en las periferias urbanas, esté naciendo otro mundo, en esos espacios que Mike Davis define como «el nuevo escenario geopolítico decisivo».

Recursos

Construyendo población. Hallazgos y testimonios de la población Boca Sur, Editorial Quimantú, Santiago, 2008.
El Otro País, periódico barrial de San Pedro de la Paz.
Entrevista a Richard Yáñez, Escuela Víctor Jara, 16 de julio de 2009.
Pepe Burgos, «El silencio de la cuenca del carbón», en www.lafogata.org
«Proyecto Político-Pedagógico Escuela Libre y Popular Víctor Jara», Población Boca Sur.


[1] Cantautor chileno torturado y asesinado por la dictadura en el Estadio Chile (actualmente Estadio Víctor Jara), el 16 de setiembre de 1973.
[2] Entrevista personal a Richard Yañez.
[3] «Construyendo población», ob. cit. p. 15.
[4] Idem.
[5] Idem p. 26.
[6] Idem p. 29.
[7] Idem p. 71.
[8] «Construyendo población», p. 60.
[9] Idem p. 59.
[10] Pepe Burgos, ob cit.
[11] Idem.
[12] «Proyecto Político-Pedagógico Escuela Libre y Popular Víctor Jara.

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El escenario y la vida: el universo Cárdenas

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Dos obras teatrales de un mismo autor nos invitan conectar con su universo personal: Martín Flores Cárdenas, dramaturgo y director, no se define como actor pero actúa, o como prefiere decirlo “está en escena”. El duelo por la muerte de su abuelo, la propuesta para montar una obra en Brasil y lxs amigxs como tesoro y sostén son algunos de los temas que aborda en No hay banda; mientras que en La fuerza de la gravedad el desafío fue escribir una obra y dedicársela a una amiga actriz, que se convierte en la protagonista. Cómo llevar la vida al escenario —o el escenario a la vida— para que la experiencia traspase la propia piel.

Fotos: Nora Lezano

“No creo que sea teatro documental. Tampoco una conferencia performática. En realidad, no es nada”, afirma el dramaturgo y director Martín Flores Cárdenas. Se refiere a su obra No hay banda, primera entrega del ciclo Obras Truncas, que está actualmente en cartelera junto a La fuerza de la gravedad, otra de sus producciones. Ambas transcurren en Casa Teatro Estudio, tres palabras que definen lo que sucede en Guardia Vieja 4257. Martín vive en la parte de arriba, pero aclara que la sala teatral es como si fuera una extensión de su casa: “Como lo son las obras, también, forman parte de uno: extensiones o sucursales de uno”.

Desde 2019 y junto al escenógrafo brasileño Ruslan Alastair Silva coordina esta sala artística del barrio de Almagro. “Es un espacio —cuenta Martín— que da la posibilidad de experimentar, sobre todo, nuevas formas de producción. Y eso, a veces con suerte, genera cosas reveladoras en el lenguaje escénico. Reveladoras para nosotros. Lo que más nos interesa es ir por caminos alternativos a los que ofrece la lógica de ´el mercado´. O al menos, tratar de producir sin que esas lógicas contaminen lo que hacemos. Es una sala re chiquita que permite crear sin presión de fechas ni, no sé… de objetivos económicos”.

No hay banda y La fuerza de la gravedad podrían encuadrarse en las clasificaciones de teatro documental o de “conferencia performática”. También como un biodrama, docuficción o teatro autobiográfico. Vamos a hacerle caso a Martín y dejaremos de lado las etiquetas que definen el género de una obra teatral. Sí vamos a decir que ambas abren una puerta —en sentido literal y simbólico— y nos permite instalarnos allí con agrado. Son invitaciones a navegar por un rato en el universo personal de quien las sintió, las escribió y puso el cuerpo en escena para contarnos parte de su vida. Y esa parte incluye la muerte de un ser querido: su abuelo.

El escenario y la vida: el universo Cárdenas

Banda sonora

Imposible no identificarse con este duelo y sus reflexiones, incluso las más bizarras en un contexto de pérdida reciente, porque también hemos tenido esos pensamientos absurdos que dispara el dolor. Martín utiliza recursos eficientes para su narrativa, nos distrae, nos distiende, y nos vuelve a traer a una zona donde la piel se eriza y el corazón cruje. “No hay banda apareció como posibilidad de desobturar la escritura. Por más que quisiera escribir otras cosas, siempre aparecía aquella obra trunca como un tapón. Un duelo mal hecho que esta nueva obra me ayudó a atravesar. Como me parecía imposible ensayar solo, busqué un dispositivo que me contuviera. Me junté con amigos a armar los videos, a grabar los audios. Y, texto en mano, empecé a leer la obra a amigas, amigos. A mostrar lo que había pensado. Algo de esa combinación entre lo ultrapremeditado o realizado y la fragilidad del estar ahí y lo improvisado se volvió lo que es hoy la obra”.

La muerte de su abuelo y una llamada para proponerle montar una obra en Brasil. Ambas circunstacias sucedieron casi al mismo tiempo. El fin de una vida, el comienzo de un proyecto. “Me interesaba problematizar el concepto de existencia. Suena re pretencioso, ya sé. Un clásico. Pero bueno… Traté de ser honesto cuando la escribía y pensaba y trato de ser honesto ahora respondiendo esta entrevista. La existencia de una obra primero ¿Qué hace que una obra exista? ¿Dónde o cómo existe lo que imaginamos? ¿En qué momento una obra empieza a ser y cuando muere o termina? Y desde ahí poder dialogar con la relación entre existencia y materia. La existencia de aquellos que murieron y cuya falta generó una obra. Y la materialidad del cuerpo en general y del autor en particular que, bueno, en este caso soy yo. Que no soy actor pero estoy en escena. Me gusta decirlo así: estar en escena. Porque de alguna manera plantea o propone algo ¿Qué es estar en escena? ¿No es actuar acaso? Pensar el cuerpo en escena. Autor que escribe e interpreta. No hay límites o bueno… Esa es otra pregunta. Son muchas: no hay un sólo tema o eje, como verás”.

En los próximos meses No hay banda se va a presentar en Madrid, en el Festival Iberoamericano de Cádiz y en Alicante, España. “Tanto No hay banda como La Fuerza de la gravedad se hacen cuando se puede. El público tiene que estar atento a las fechas que aparecen en Alternativa Teatral. Porque como tenemos estos viajes pueden estar una semana sí y a la siguiente no y así”. Martín asegura que ambas obras tuvieron procesos muy diferentes y comparten dos elementos en común: el lugar desde donde fueron creadas y que no se puede determinar una fecha de estreno ya que comenzó a mostrarlas y se fue sumando público.

El otro como un territorio a descubrir

La fuerza de la gravedad es una pieza teatral cuya materia prima es la ternura. Un abrazo que nos incluye a quienes estamos sentadxs frente a la actriz Laura López Moyano y su pila de hojas A4 de las que irá descubriendo hilos de vivencias con la amistad como protagonista. Martín: “Apareció primero como una idea. Yo hacía mucho tiempo quería hacer una obra para mis amigos. Y tenía la idea de este dispositivo en la cabeza. Pero recién cuando se me ocurrió que Laura podía ser la amiga que pondría el cuerpo me puse a escribir. Es una obra dedicada a mis amigxs pero sobre todo a ella. Las ideas son ideas… Están ahí. Gracias a ella, a que existe y es mi amiga, existe esta obra”. La amistad como territorio a descubrir, como un vínculo necesario y elegido. “Quería hablar del vínculo con la otredad. No me gusta cómo suena esa palabra pero creo que es la que le hace más justicia. No hablar sólo de la amistad. En todo caso, usar ese vínculo misterioso para mí, para hablar de otros vínculos. La relación con la naturaleza, el planeta o el espacio. Poder pensar al otrx como un territorio desconocido. Y que mi relación con ese cuerpo me constituye”.

Sin espoilear diremos que el final de esta obra es un momento infinitamente disfrutable, de regresión al universo infantil, ese paraíso que puede no estar perdido si se lo sabe buscar. ¿Cómo se elabora en la escena lo personal y lo ficcional? ¿Te sentís cómodo trabajando con esos elementos? “No sé si es cómodo. Justamente por eso es divertido, supongo. O útil para hacer algo. Lo pienso en relación a mí pero también a Laura. Para ella no fue fácil ni cómodo. Pero lo quiso hacer, lo encontró o encontramos necesario. Forma parte del trabajo. Cómodo no era y justamente por eso nos dieron ganas de encararlo. Esa decisión nos permite meternos en lugares nuevos, propios o bueno… singulares, me gusta decir. Claro que hay otras de formas de hacerlo. No sé: nosotros elegimos esta”.

En ambas obras lxs amigxs están presentes, colaboran, aconsejan, observan, actúan. ¿Qué significan en tu vida tus amigxs?

Difícil responder esta pregunta. Todo lo que pienso suena mal. Me gusta la idea del amigo como algo que también es uno. Una parte de mí. Soy mis amigos, también. ¡No! Soy con mis amigos. Sin ellos no soy. Eso. Pero también con los otros. Los desconocidos. Estamos todos comprometidos. Los gravísimos problemas ambientales, sociales, económicos que sufrimos deberían hacernos tomar consciencia. Te lo digo a vos y me lo digo a mí que como ciudadano o terrícola no soy ejemplo de nada, la verdad. Pero bueno. Tenerlo presente, pensarlo me ayuda a hacer algo… Por el otro, otra. Hacer un poco más. Algo que nos vuelva menos mierda. Como amigos, como habitantes de este mundo.

Casa Teatro Estudio

Guardia Vieja 4257, CABA

No hay banda

Lunes, 20.30 hs, hasta el 9/10/23

La fuerza de la gravedad

Sábados, 18 y 20.30 hs, hasta el 7/10/23

@tatofc

@moyanolaura

@casateatroestudio

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Radiografía de un Estado autoritario: Jujuy y los derechos humanos bajo la lupa

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Limitación en el acceso a la justicia. Modificación de la estructura jurídica. Represiones y cacerías que violan derechos humanos, y estándares internacionales. Persecución a la protesta. Impunidad de las fuerzas policiales. Violación a los derechos indígenas. Compartimos aquí un resumen del informe final sobre la violación a los derechos humanos en Jujuy, que llevó a cabo la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos en visita a cinco localidades. Un diagnóstico de un Estado local anti democrático y autoritario: “El Estado se constituye como una organización que controla y organiza todo, legitimando la destrucción de cualquier organismo de control y/o de participación ciudadana, asumiendo el poder casi absoluto”. La descripción de las violencias, y el llamado al juzgamiento de la cúpula del gobierno por la comisión de graves delitos. Mientras, el Malón sigue en Buenos Aires, con sus integrantes encadenados al Congreso de la Nación a la espera de respuestas.

El domingo se cumplirán 100 días de aquel viernes 16 de junio en que el Tercer Malón de la Paz se constituyó como tal y partió desde Abra Pampa hacia la capitalina San Salvador para impedir que se vote la reforma constitucional, que no había sido consultada con las comunidades originarias, ni con el resto de la población jujeña. 

Anteayer, integrantes del Malón que se encuentra en Buenos Aires desde el 1 de agosto, se encadenaron al Congreso de la Nación e iniciaron una huelga de hambre para exigir que los reciban y, sobre todo, que desde el Poder Legislativo se dé una respuesta al reclamo de la intervención federal de la provincia, “por haber impuesto una nueva constitución y para que cese la represión”. 

En este sentido, en las últimas horas se conoció el informe final sobre la violación a los derechos humanos en Jujuy, que llevó a cabo la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos, integrada por un conjunto de organismos de Derechos Humanos como el SerPaJ, la CORREPI, la Convención Americana sobre Derechos; además de organizaciones sociales y sindicales. La comisión estuvo presente en las localidades de Abrapampa, Tilcara, Maimará, Purmamarca, San Salvador de Jujuy y Perico, desde el 16 al 26 de junio de 2023, para “hablar directamente con las víctimas; escuchar los reclamos que dieron lugar a la protesta y ser testigos presenciales de situaciones concretas de violación a los derechos humanos por parte del gobierno jujeño y a protocolos nacionales e internacionales en el accionar de las fuerzas policiales”. 

CONTEXTO

En el documento recientemente presentado a la sociedad, se busca contextualizar el presente, yendo hacia unos años atrás: “Eduardo Alfredo Fellner, se desempeñó como gobernador de Jujuy, entre 1998-2007 y 2011-2015. Durante su última gestión se desarrollaron importantes protestas sociales. En diciembre del 2014, como respuesta política a las protestas en curso, la legislatura de Jujuy sanciona la ley 5806, conocida popularmente como Código Contravencional. El Código Contravencional comenzó a regir durante el gobierno de Cambia Jujuy, con Gerardo Morales como gobernador, en enero del 2016”. Esa legislación reconoce como contravenciones formas históricas de ejercer el derecho a la protesta social, como la permanencia en el espacio público y la obstaculización del tránsito vehicular. Afirman: “Desde su aprobación, fue utilizada como instrumento para labrar actas contra quienes se organizan y protestan. Desde la llegada de Cambia Jujuy al gobierno de la provincia se fue incrementando la violencia estatal hacia la protesta social, lo que se puede verificar en los siguientes hechos”. Enumeran: 

1. Persecución y encarcelamiento a opositores políticos, particularmente a dirigentes sociales. 

2. Modificación de la superestructura jurídica provincial con el claro objetivo de limitar el ejercicio a la protesta y favorecer una importante cantidad de negocios. 

3. Impunidad de las fuerzas policiales provinciales como forma de garantizar cohesión interna, lo que se evidenció en el crecimiento de violencia política, institucional y de género en la vida cotidiana. Su peor exponente fue el crecimiento de femicidios impunes. 

4. Violaciones a derechos propios de las comunidades originarias. 

FUERA DE CONTEXTO

En relación al despliegue represivo del Estado provincial, “la misión pudo constatar que impera entre los mandos y la tropa una lógica bélica impropia de las fuerzas de seguridad de un Estado que se pretende democrático, inclusivo y respetuoso de los Derechos Humanos”. Reafirman: “No fue difícil corroborarlo. Si el objetivo inmediato de la guerra es la eliminación del oponente, la manera en que actúan las fuerzas represivas en Jujuy remite inmediatamente a ese concepto. Se impone reiterar el carácter probadamente pacífico de las movilizaciones populares, que a lo sumo cuentan con poderío defensivo como toda ‘arma’. Esto en evidente diferencia a lo que ocurre desde las líneas de las fuerzas de seguridad”. Sintetizan lo que ocurre: 

a) El incumplimiento de los estándares internacionales para el uso de armas letales y no letales, durante las movilizaciones y detenciones. 

b) Atentados contra la vida y la integridad física. 

Profundizan: “En territorio la misión pudo constatar claramente dos formas de atentar contra el bien jurídico más importante que posee cualquier ordenamiento legal: la vida. En primer lugar, la utilización de armas no letales (término relativo, lo correcto sería pensar en armas de menor lesividad) disparadas a distancias mortales. La Misión identificó que durante las protestas se empleó uso de perdigones (de goma) y bombas lacrimógenas a la cabeza y tórax, a corta distancia, incumpliendo con los estándares internacionales en materia de uso de armas. Se acudió al empleo de la fuerza y armas de fuego no letales en contextos de pacificidad, donde las movilizaciones transcurrían normalmente su curso sin ningún tipo de disturbios, como primer recurso a la hora de intentar disuadir disturbios, es decir, no se priorizó la elección de medios no violentos. También se verificó que se utilizaron motos y caballos para imponer verdaderas cacerías humanas, corriendo y acorralando a los manifestantes, para luego golpearlos, pisarlos y finalmente detenerlos”. Sentencian: “Es decir que la implementación de medidas extraordinarias fue utilizada como plafón para violar los derechos humanos y las libertades civiles. Se ha perforado el piso mínimo indispensable de derechos fundamentales al atentar contra la vida y la integridad física de población civil indefensa”- 

La inhumanidad recolectada, continúa: “Reiterados testimonios referían a la imposibilidad de asistir a centros de salud o de atención médica por temor a ser detenidos o imputados por participar de las movilizaciones. La misión constató la presencia de 28 agentes policiales en hospitales, luego de las represiones, lo que tuvo como consecuencia que las personas heridas no se acercaran a solicitar un servicio de salud, pasando días sin ser atendidos agravando su salud. Mayor gravedad reviste la decisión del gobierno jujeño de impedir la atención de heridos por parte de las ambulancias presentes donde se desarrollaron las represiones. Tanto en Purmamarca como en San Salvador, los servicios de ambulancias tenían la indicación de no atender heridos”. Agregan: “Constatamos heridos que sufrieron mala praxis, que no han sido registrados y que se ha negado información a los familiares cuando se acercaban a preguntar por ellos”.

Desde la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos concluyen que “atento a los testimonios y las pruebas recolectadas, esta forma de represión no se encontró dirigida hacia aquellos actos que causaban daño intolerable a terceros, sino al propio acto de la protesta social o la adopción de un plan de vida solidario que implica la participación en acciones de protesta. La declaración de una testigo que narra cómo desde la legislatura salen personas de civil encapuchadas que prenden fuego autos y luego regresan a refugiarse junto a las fuerzas policiales, es un ejemplo de lo manifestado. Esto también puede constatarse en todas las intervenciones represivas de las fuerzas policiales, donde sin mediación previa se iniciaron acciones represivas sobre los manifestantes, con prácticas generalizadas para provocar lesiones sobre los mismos”. Complementan: “Otro hecho que reviste extrema gravedad es la presencia de personal policial de civil infiltrado en las manifestaciones. La sistematicidad en la utilización de este recurso, quedó irrefutablemente confirmada a través de diversos testimonios e incluso fotos y videos, donde se puede identificar a personal del servicio penitenciario. La intervención de estos grupos en las protestas se caracteriza por la ausencia de identificación, es decir, visten de civil, y se infiltran generando disturbios e incitando a contextos violentos durante las manifestaciones. Estas acciones generan motivo suficiente para la utilización arbitraria de la fuerza. Una vez iniciada la represión, los grupos cambian de tareas, pasando a funcionar como refuerzos para las fuerzas policiales en las calles”.

LA (IN)JUSTICIA Y LOS TRES PODERES ALINEADOS

El informe considera que la represión y la criminalización de la protesta son las dos formas violentas en las que las autoridades provinciales se encuentran reaccionando de forma sistemática ante aquellos que participan en las manifestaciones. “Entendemos por criminalización a la utilización del sistema penal contra la protesta social, como parte de una estrategia política que utilizan los tres poderes de Jujuy para presentar ante la sociedad la lucha por los derechos sociales como delitos y a los sectores que las promueven como delincuentes o pertenecientes a facciones políticas que atentan contra el sistema democrático, con el fin de inmovilizar y amedrentar a aquellos que se organizan y se manifiestan”. Vuelven a enumerar: 

1–detenciones arbitrarias sin comunicación de las mismas a los familiares o sin paradero durante más de 10 horas; 

2–rechazo a recibir denuncias por parte del Ministerio de la acusación; 

3–ausencia de defensores oficiales o coerción a los detenidos por parte de los mismos para que firmen acusaciones y hechos en el Penal de Alto Comedero; 

4–incriminación a los manifestantes de delitos de sedición, tentativa de homicidio, resistencia a la autoridad, etc, por el solo hecho de estar presentes y con imposición de multas millonarias; 

5–allanamientos sin órdenes judiciales; 

6–habeas corpus que devienen en abstractos por no ser contestados en tiempo y forma;

7–violación a procedimientos judiciales,

La investigación deja a la vista que la imputación de cargos a manifestantes y dirigentes políticos “constituye una clara expresión de violencia política”. Ponen un ejemplo concreto: “Las y los defensores de los derechos humanos, incluyendo a las y los abogados defensores que prestan asistencia jurídica a otros defensores o a las víctimas de violaciones de derechos humanos, reciben continuamente amenazas, y se ven imposibilitados muchas veces del acceso a las comisarías donde se encuentran detenidos sus defendidos”. Y entonces manifiestan: “El Estado Argentino resulta responsable de la represión y criminalización de la protesta, atento al uso de la fuerza de manera ilegal, en forma innecesaria y desproporcionada, mediante ataques generalizados y sistemáticos hacia la población civil. Estas prácticas violentas del Estado no sólo violan los derechos humanos fundamentales de quienes participan en las protestas, sino que también son contrarias a los principios democráticos que deben guiar la convivencia social en un Estado de derecho. La institucionalización de la represión y la criminalización de la protesta social es la manera que ha desarrollado el Gobierno jujeño, en connivencia con los poderes Legislativo y Judicial, de castigar las manifestaciones sociales y políticas por reclamos gremiales y contra la reforma de la Constitución”. 

CONCLUSIONES FINALES

Este documento no es la primera expresión del horror vivido y que se perpetúa en Jujuy. La mismísima Comisión Interamericana de Derechos Humanos allá por el 20 de junio había llamado al Estado “a respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza”, y a llevar a cabo un proceso de “diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios”.

El diálogo, sin embargo, no fue tal. El Informe Final de la Misión denuncia los ataques, las agresiones y las vulneraciones constatadas:

–Uso irregular de armamentos “no letales o de letalidad reducida” en contra de los

cuerpos de las personas manifestantes para dispersar protestas.

–Disparos horizontales de largo alcance en lugares residenciales y en contra el cuerpo de

los de manifestantes

–Lanzamiento de gases lacrimógenos al interior de viviendas.

–Detenciones ilegales, arbitrarias e infundadas de personas por la mera participación en

las protestas

–Tormentos y malos tratos, crueles, inhumanos y degradantes sobre personas detenidas

en el marco de las protestas y movilizaciones.

–Incumplimiento de la obligación de publicidad de los procedimientos policiales

–Uso irregular de facultades procesales para la detención y traslado arbitrario de

personas.

–Montaje de causas penales y posterior persecución judicial contra los/as participantes de

las protestas.

La Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos afirma que “el Estado argentino es responsable por la grave violación de derechos humanos de la población civil en el marco de la actuación represiva desplegada desde el 7 de junio del 2023 por las autoridades de la provincia de Jujuy en el territorio Jujeño. Gran parte de las vulneraciones, por su carácter sistemática y/o generalizada y dirigidas contra la población civil, tipifican delitos de lesa humanidad, previstos y sancionados por el derecho internacional de los DDHH en los tratados, convenciones y estatutos reseñados precedentemente, los cuales el Estado argentino ha suscrito y ratificado”. 

Y concluye: 

–El Estado de Derecho y el orden democrático en Jujuy se han visto gravemente limitados y afectados, suspendiendo garantías judiciales básicas y elementales. 

–Al pueblo jujeño le asiste el derecho (constitucional y convencional) de protesta, de petición ante las autoridades y de ocupar el espacio público para ello. Así lo intentó ejercer, de forma pacífica. El ejercicio de la soberanía popular es inalienable y es un elemento constitutivo del Estado de Derecho y condición de la convivencia democrática. 

–La existencia de un marco normativo que declare y/o reconozca los derechos ciudadanos implica inexorablemente las obligaciones del Estado de garantizar su pleno y efectivo goce. Las autoridades de la Provincia de Jujuy no sólo no los garantizó, sino que además llevó adelante una sistemática y generalizada acción lesiva contra la población civil. 

–Las autoridades utilizaron de manera abusiva, arbitraria e ilegal de sus competencias, dirigiendo, ordenando y ejecutando acciones violatorias de los DDHH. El monopolio del uso de la fuerza que legalmente ostenta, fue desplegado abusivamente sin observar los criterios de proporcionalidad, racionalidad, legalidad y necesidad que les son exigidos a todo Estado de Derecho, democrático y respetuoso de los DDHH. 

–El despliegue represivo del Estado ha significado la comisión de graves delitos tanto por acción u omisión de sus órganos ejecutivos y judiciales. No sólo no previno, sino que además propició graves violaciones a los derechos humanos y no inició las investigaciones correspondientes, ni mucho menos sancionó a sus responsables. 

–Las autoridades de la Provincia de Jujuy deben ser investigadas por tormentos, abusos, persecuciones, amenazas, intimidaciones y otras conductas delictivas cometidas por sus fuerzas de seguridad regulares. 

–Las autoridades deben ser investigadas ya que impidieron, limitaron y condicionaron deliberada y violentamente la participación política, el derecho de reunión y el derecho a la protesta. 

–Las autoridades de la Provincia de Jujuy y sus agentes deben ser investigadas atento a que las graves violaciones a los derechos humanos constatadas, configuran delitos de lesa humanidad. 

Y así finalizan el Informe Final de 75 páginas, que compartimos debajo en su totalidad: “Nos encontramos con un Estado Provincial que modifica su superestructura jurídica y política en clara coalición con el marco establecido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales suscriptos por el Estado Nación. Y no solo eso. El Estado se constituye como una organización que controla y organiza todo, legitimando la destrucción de cualquier organismo de control y/o de participación ciudadana, asumiendo el poder casi absoluto. Limita el acceso a la justicia a la par que acusa casi sin necesidad de tener prueba alguna, o lo que es peor aún, convirtiendo en delito el ejercicio de la democracia plena. El gobierno de Cambia Jujuy, con Gerardo Morales a la cabeza, ha iniciado un proceso de balcanización objetivo. Con sus acciones está fragmentado el Estado Nación, con una supremacía étnica que coloca a las comunidades originarias en un estado de sumisión absoluta o lo que es peor, como objetos decorativos para turistas interesados en ver un indígena en vivo y en directo. Sentado arriba de las importantes reservas de litio, se erige como un intermediario nativo al servicio del capital extranjero interesado en los recursos naturales de la región. Para lograrlo, organiza el Estado de acuerdo a intereses foráneos; prepara las fuerzas represivas para custodiar esos negocios y ubica familiares y amigos para controlar cada milímetro de la sociedad jujeña. Estas afirmaciones podrían ser tomadas como subjetivas por aquellos que no quieran ver lo que está a la vista de todos: la gente de a pie está atemorizada frente a un gobierno que avasalla todos y cada uno de los derechos que nuestro pueblo, con sus históricas luchas, con sus resistencias a dictaduras, y con 30.000 desaparecidos, supo conquistar. Hay fotos, videos, notas periodísticas, decretos, acciones de gobierno, que se suceden unas a otras siguiendo una única lógica: la entrega de recursos naturales con la vida de los que habitan esas tierras”.

Radiografía de un Estado autoritario: Jujuy y los derechos humanos bajo la lupa
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Femicidio de Iara Rueda: confirman las condenas a perpetua

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El Tribunal de Revisión de Jujuy confirmó la sentencia que condenó a prisión perpetua a Mauricio Esteban Abad y Raúl Arnaldo Cachizumba por el femicidio de Iara Rueda. Además hay un tercer implicado: Tomás Fernández, que fue declarado como autor y que por ser menor de edad al momento de los hechos su pena debe ser resuelta por una jueza de menores. La familia aún espera otra resolución judicial que busca condenar a los policías que no investigaron el femicidio.

Por Natalia Aramayo

desde San Salvador de Jujuy

El Tribunal de Revisión de Jujuy confirmó la pena de prisión perpetua por el femicidio de Iara Rueda que había sido dictada el 12 de mayo de 2023 por el Tribunal en lo Criminal Nº 3.  

Así quedó confirmado lo que en el pasado mayo habían establecido las juezas María Margarita Nallar y Ana Carolina Pérez Rojas, y el juez Mario Ramón Puig del Tribunal Oral en lo Criminal N°3: dos condenas a perpetuas y una declaración de responsabilidad penal con remisión al juzgado de menores para que se le establezca pena. 

El Tribunal de Revisión, compuesto por las juezas Gisela Rita Macina, presidenta de trámite, y Claudia Cecilia Sadir y el juez Cristian Torres Magallanes, redactó el fallo con estas palabras: «El Tribunal rechaza los recursos de apelación interpuesto por la defensa y confirma la sentencia a Raúl Cachizumba y Mauricio Abad como autores materiales y responsables del delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”; como así también, la declaración de responsabilidad del menor al momento del hecho Tomas Fernández, del delito de “Homicidio triplemente agravado por el vínculo, por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”, en carácter de autor». 

https://twitter.com/obserluciaperez/status/1703855541821333528?s=48

En la calle se repitió la misma postal que se vio durante todo el juicio: la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy -compuesta por una multiplicidad de organizaciones, y otras familias- acompañó a la familia de Iara durante el proceso. Por eso Mónica, mamá de Iara Rueda, expresó al salir del Tribunal: «Quiero darles las gracias a todas ustedes, que nunca me dejan bajar los brazos, a ustedes y a las otras familias. Estas dos audiencias fue como revivir el asesinato de Iara de nuevo, pasamos el fin de semana teniendo confianza que se iba a hacer justicia, pero al mismo tiempo con angustia».

Sobre la confirmación de la condena Mónica dijo: «Se hizo justicia, quedó firme la condena y ahora a no bajar los brazos, falta la condena para Tomas Fernández, esperamos que la jueza de menores le de la máxima».

La historia de Iara Rueda

Iara Rueda tenía 16 años cuando el miércoles 23 de septiembre de 2020 salió de su casa para llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida. Después de las 5 de la tarde no hay imágenes de ella: según las versiones oficiales las cámaras de seguridad no funcionaban por apagones de luz.  

Cuando esa tarde Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta de su hija supo que algo le había pasado. Fue a la comisaría: no le tomaron la denuncia. La policía evadió todos los protocolos de búsqueda.

Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes, de noche, sin luz.

En distintos puntos de la provincia se replicaron los cortes de ruta (algunos fueron reprimidos) que exigían que la busquen.  

El cuerpo fue encontrado días después, el 28 de septiembre. Estaba atada de pies y manos. En ese lugar su familia construyó un altar. 

El otro juicio

Además del juicio por el femicidio, la familia de Iara impulsó desde el primer momento la denuncia contra los funcionarios policiales que no aplicaron los protocolos de búsqueda tal como la legislación lo establece. 

Mauro Cortez, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Emanuel Valdiviezo, Daniel Ramírez y Laura Tapia, miembros de la policía y brigada de investigaciones de Palpalá, estaban imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras la denuncia de la familia de Iara. Hasta que a principios de este mes el juez Rodolfo Nino Fernández, del Juzgado Especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública, dictó el sobreseimiento. La familia de Iara Rueda presentó recientemente un recurso de apelación del que se espera resolución.

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