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Masacre en el Amazonia: la guerra por los bienes comunes

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(por Rául Zibechi) La masacre perpetrada el Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio, contra indios amazónicos por el gobierno de Alan García, es el último capítulo de una larga guerra por la apropiación de los bienes comunes, apoyada en la firma del TLC entre Perú y los Estados Unidos.
Masacre en el Amazonia: la guerra por los bienes comunesA las seis de la mañana del viernes 5 de junio despegaron tres helicópteros MI-17 de la base de la Policía Nacional en El Milagro, sobrevolaron la Curva del Diablo –parte de la carretera que une la selva con la costa norte- que estaba ocupada desde hacía diez días por unos cinco mil awajún y wampis (antes llamados jíbaros). Lanzaron gases lacrimógenos sobre la multitud (aunque otras versiones dicen que además dispararon metralletas) mientras de forma simultánea un grupo de agentes arremetió en tierra contra el bloqueo disparando sus fusiles AKM. Allí se habrían producido un centenar de heridos de bala y entre 20 y 25 muertos.

La población de la cercana ciudad de Bagua, unos mil kilómetros al noreste de Lima, cerca de la frontera con Ecuador, salió a las calles en apoyo de los indígenas, incendiando instituciones estatales y locales del oficialista partido aprista (APRA). Varios policías fueron atacados y muertos en venganza, mientras otros indígenas eran muertos por la policía. A la vez, fueron tomados como rehenes un grupo de 38 policías que custodiaban una estación petrolera en la Amazonia, algunos de los cuales habrían sido muertos por sus captores, mientras unos mil inidos amenazaban con incendiar la estación número 6 del oleoducto norperuano.
Las versiones son contradictorias. El gobierno aseguró, tres días después de los hechos, que hay once indígenas y 23 policías muertos. Las organizaciones indígenas señalan que los muertos en sus filas llegarían a 50 y habría hasta 400 desaparecidos. Según testigos los militares incineraron cadáveres y los arrojaron al río para ocultar la masacre, a la vez que tomaron prisioneros heridos en los hopitales. En todo caso, lo seguro es que el gobierno envió fuerza armada para desalojar una protesta pacífica que llevaba 57 días focalizada en las regiones selváticas de cinco departamentos: Amazonas, Cusco, Loreto, San Martín y Ucayali.

El día 8, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), perteneciente a la OEA, condenó los hechos de violencia, recordó al Estado peruano su obligación de esclarecer los hechos y de reparar sus consecuencias y llamó a las partes a promover un proceso de diálogo[1]. El día 9 la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunció “haber registrado una serie de irregularidades y posibles violaciones a los derechos humanos” en la zona de Bagua. Destacó la negativa del gobierno a informar qué personal policial está encargado de la investigación de los hechos, su preocupación por la situación de 25 detenidos en el cuartel de El Milagro y los 99 detenidos desde que se implantó el toque de queda en Bagua[2].

El presidente García acusó a los indios de “terroristas” y habló de una “conspiración internacional”, en la que según sus ministros estarían involucrados Bolivia y Venezuela, ya que como países productores de gas y petróleo buscarían evitar que Perú explote esos recursos y se convierta en competidor[3]. Hace pocas semanas Perú otorgó asilo al dirigente antichavista venezolano Manuel Rosales, acusado de corrupción, y a tres ex ministros bolivianos del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada procesados por la muerte de cerca de setenta personas durante la “guera del gas” en octubre de 2003.

Sin embargo, el martes 9 se produjo la renuncia de la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Carmen Vildoso, en discrepancia con la forma como el gobierno ha manejado la situación. Según el primer ministro Yehude Simon, la renuncia se debió a su discrepancia con un spot publicitario emitido por el gobierno en el cual, con el fondo de fotos de los policías muertos y de indígenas portando lanzas y flechas, se presenta a los nativos como “salvajes”, “asesinos feroces” y “extremistas” que siguen “consignas internacionales” para “detener el desarrollo del Perú” e impedir que el país “disfrute de su petróleo”. El anuncio asegura que no hubo represión sino “un asesinato salvaje de policías humildes”[4].

El dirigente de AIDESEP (Asociación Interétnica por el Desarrollo de la Selva Pereuana), que reúne a 300 mil indígenas y 1.350 comunidades, Alberto Pizango, fue considerado como “delincuente” por la ministra del Interior Mercedes Cabanillas y se pidió su captura, por lo que pidió refugio en la embajada de Nicaragua en Lima. La bancada parlamentaria oficialista, acusó a la izquierda, al dirigente del Partido Nacionalista del Perú, Ollanta Humala, y a los medios de comunicación amazónicos de “haber azuzado actos de violencia para que los nativos ataquen a la policía” y amenazó con una demanda por terrorismo.

El conflicto había comenzado el 9 de abril con la movilización de los pueblos amazónicos y la toma de carreteras y ductos de gas y petróleo, contra la implementación de una batería de decretos en el marco de la implementación del TLC. Pero la situación se agravó el jueves 4, cuando el APRA impidió al Congreso debatir la derogación de algunas leyes cuestionadas por los indígenas, que ya contaban con un dictamen de la Comisión de Constitución por considerarlas inconstitucionales.

El perro del hortelano

El TLC con Estados Unidos comenzó a negociarse en mayo de 2004 bajo el gobierno de Alejandro Toledo (2000-2005). El tratado estaba destinado a sustituir la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas, firmada en 2002 y vigente hasta diciembre de 2006. El TLC elimina obstáculos al intercambio comercial y además facilita el acceso a bienes y servicio y los flujos de inversiones, pero incluye como se sabe una amplia gama de temas vinculados a la propiedad intelectual, contrataciones públicas y de servicios, y solución de controversias.

El TLC fue suscrito el 8 de diciembre de 2005 en Washington, siendo presidentes Alan García y George W. Bush. En junio de 2006 fue ratificado por Perú y en diciembre de 2007 por el Congreso de los Estados Unidos. El 1 de febrero de 2009 entró en vigor luego de que Bush y García lo firmaran el 16 de enero de ese año.

La firma del TLC provocó grandes movilizaciones en 2005, sobre todo por parte de campesinos que se mostraron como el sector más perjudicado por la eliminación de aranceles y protecciones comerciales. Aunque el gobierno aseguró que daría compensaciones a los productores, éstas nunca llegaron. El 18 de febrero de 2008 se produjo la Paralización Nacional Agraria con cortes de rutas en todo el país que se saldaron con cuatro muertos por la represión policial y la imposición del Estado de Emergencia en ocho provincias.

El 28 de octubre de 2007 Alan García publicó un largo artículo en el diario El Comercio, de Lima, bajo el título “El síndrome del perro del hortelano”. Considera la naturaleza como un recurso, y sostiene que negarse a expolotarla es una tontería, pasando por alto cualquier debate sobre la conservación de la Amazonia: “El viejo comunista anticapitalista del siglo XIX se disfrazó de proteccionista en el siglo XX y cambia otra vez de camiseta en el siglo XXI para ser medioambientalista”.

En su opinión, los que se oponen a la explotación intesniva de la Amazonia son como el perro del hortelano, que “no come ni deja comer”. “Hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán, además cientos de depósitos minerales que no se pueden trabajar y millones de hectáreas de mar a los que no entran jamás la maricultura y la producción. Los ríos que bajan a uno y otro lado de la cordillera son una fortuna que se va al mar sin producir energía eléctrica”, dice en su artículo.

El primer recurso es la Amazonia”, asegura. Son 63 millones de hectáreas que propone parcelar en grandes propiedades de “5.000, 10.000 o 20.000 hectáreas, pues en menos terreno no hay inversión formal de largo plazo y de alta tecnología”.

Sobre la tierra, apunta que no se debe “entregar pequeños lotes de terreno a familias pobres que no tienen un centavo para invertir”, y que “esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología”. Poco le importa que esas tierras sean propiedad colectiva de las comunidades, ya que en su opinión son apenas “tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente”.

El TLC y los Decretos Legislativos

En base a esa lógica de convertir todo en mercancía, el gobierno pidió al Congreso facultades para legislar los temas relativos a la implementación del TLC a través de Decretos Legislativos (DL). El 19 de diciembre de 2007, el Congreso le otorga plenas facultades al gobierno para legislar durante seis meses por decreto materias vinculadas al TLC, a través de la Ley 29157. Amparado en esas potestades, elabora 99 DL que están en la base de la polémica actual.

Un informe jurídico independiente difundido por OXFAM América, concluye que el Poder Ejecutivo aprovechó las atribuciones cedidas temporalmente por el Parlamento “para expedir un amplio número de normas con ninguna o muy escasa vinculación efectiva con el TLC, distorsionando y desnaturalizando así los términos de la delegación aprobada por el Congreso”[5].

En consecuencia, el informe establece que “tales decretos pueden ser calificados de inconstitucionales por razones de forma”, cuestión que “ameritaría su derogación” por parte del Congreso o del Tribunal Constitucional. Además, señala que a través de los 99 DL “se ha buscado realizar una reforma sustantiva del marco organizativo y competencial de diversas entidades del Estado, así como del régimen regulatorio aplicable a actividades económicas de especial relevancia”, sin relación estricta con el TLC[6].

Los más controvertidos son los DL 1015 y 1073, declarados inconstitucionales por el informe de OXFAM, por modificar el número de votos requeridos para vender las tierras comunales (sólo tres votos podían enajenar la tierra de la comunidad). El 1015 fue derogado por el Congreso en agosto de 2008. El DL 1064 (Régimen Jurídico para el Aprovechamiento de las Tierras de Uso Agrario), deja sin efecto el requisito de acuerdo previo para emprender proyectos y se lo considera también inconstitucional.

El DL 1083 (Promoción del Aprovechamiento Eficiente y la Conservación de los Recursos Hídricos) favorece la privatización del agua a grandes usuarios como las empresas mineras. Además los DL 1081, 1079 y 1020 liberalizan diversos aspectos de la legislación en áreas de explotación minera, maderera y de hidrocarburos. Pero ha sido el DL 1090 (Ley Forestal y de Fauna Silvestre) uno de los ejes de la polémica. Deja fuera del régimen forestal 45 millones de hectáreas, o sea el 64% de los bosques del Perú, incluida la biodiversidad de flora y fauna, con lo que podrían ser vendidos a empresas transnacionales.

El 9 de abril las 1.350 comunidades que integran AIDESEP acuerdan iniciar movilizaciones al interior de sus comunidades. El primer ministro Yehude Simón, ex aliado del grupo armado MRTA (Movimietno Revolucionario Tupac Amaru), califica el 18 de abril las demandas indígenas de “caprichos”. El 5 de mayo los obispos de ocho vicariatos católicos exigen al presidente Alan García derogar los DL porque los consideran una “amenaza para la Amazonia”. El 10 de mayo el gobierno decreta el Estado de Emergencia en cinco regiones del país donde se producen cortes de rutas y paralización de puertos y oleoductos.

El 19 de mayo, la Comisión de Constitución del Parlamento declara el DL 1090 como inconstitucional. El informe elevado por la Comisión[7], establece en sus conclusiones que el decreto “no respeta las limitaciones que establecen los artículos 101 y 104 de la Constitución Política, en cuanto a las materias prohibidas de ser legisladas”. Además señala que “contraviene el artículo 66 de la Constitución, al regular la materia de recursos naturales, que está exclusivamente reservada a la ley orgánica”.

En suma, los legisladores acordaron que el Poder Ejecutivo no tiene facultades para legislar por decreto en ciertas materias, según lo estipula la Constitución, tarea que recae exclusivamente en el Congreso. La decisión de la comisión debería ser debatida por el pleno del Congreso, pero el 22 de mayo la ministra de Justicia Rosario Fernández, denuncia a Alberto Pizango, dirigente de AIDESEP, por sedición y conspiración. El 26 de mayo awajún y wampis toman la carretera Belaúnde Terry en la Curva del Diablo y unos 1.200 indios vigilan la Estación 6.

El 26 de mayo se produce una masiva movilización en Lima en apoyo a la lucha amazónica. El 28 de mayo comuneros de la selva de Cusco toman una segunda válvula del gasoducto de Kamisea. El 1 de junio industriales y exportadores exigen al gobierno “aplicar la ley” para liberar carreteras y ductos en la Amazonia. El 2 de junio la presidenta del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas pide algobierno peruano “suspender inmediatamente el estado de sitio en contra de las comunidades y organizaciones indígenas” y “evitar cualquier acción que, como la intervención militar, que podría aumentar el conflicto”[8].

El 4 de junio en el Parlamento la mayoría aprista decide suspender el debate sobre la inconstitucionalidad del DL 1090. La Defensoría del Pueblo presenta un recurso de inconstitucionalidad contra el DL 1064. El 5 de junio, 639 agentes de la Dirección de Operativos Especiales y personal de las fuerzas armadas atacan a los indígenas en la Curva del Diablo con decenas de muertos, cientos de heridos y desaparecidos.

La masacre de los penales

El 18 de julio de 1986, a las seis de la mañana, los presos políticos pertenecientes a Sendero Luminoso en las cárceles de San Juan de Lurigancho y El Frontón, y el penal de mujeres Santa Mónica, en Lima y Callao, se amotinaron de forma coordinada. Los hechos sucedieron de forma simultánea a la realización de un congreso de la Internacional Socialista en Lima, en el que participaba el Partido Aprista Peruano encabezado por el entonces presidente Alan García.

Los presos elevaron un pliego de 26 demandas vinculadas a la mejora de las condiciones de reclusión. Una reunión del Consejo de Ministros encargó a las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina la recuperación de los penales. El primero fue la cárcel de mujeres a cargo de la Guardia Republicana, que demolió una pared, lanzó gases paralizantes y liberó a los rehenes con un saldo de dos presas muertas.

A medianoche se inició el ataque a la cárcel-isla de El Frontón por parte de la Infantería de Marina. El director del penal, el juez y el fiscal protestaron por la presencia de marinos a quienes negaron autorización para ingresar al edificio. En el asalto murieron tres miembros de las fuerzas armadas, un rehén y 135 presos, sobreviviendo apenas 34. En Lurigancho actuó la gendarmería y el Ejército con un saldo de 124 senderistas muertos y ningún uniformado.

El escándalo nacional e internacional fue enorme. Americas Watch aseguró que fue “el más devastador atentado contra los derechos humanos en el Perú en décadas”, ya que “se mató a sangre fría a gran cantidad de prisioneros después de haberse rendido”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó los hechos y una comisión parlamentaria encontró suficientes pruebas para determinar la responsabilidad política del presidente. Sin embargo, Alan García otorgó impunidad a los autores de la masacre. El vicealmirante Luis Giampietri Rojas, jefe del operativo de la Marina en El Frontón, es el actual vicepresidente del segundo gobierno de Alan García.

Un documento publicado por la iglesia católica el mismo 19 de junio, titulado “Masacre de los penales de Lima”, hace un breve y estremedor relato de esos hechos: “En Santa Bárbara –cárcel de mujeres- interviene la Guardia Republicana. Los rehenes son liberados. Hay dos reclusas muertas. En Lurigancho intervienen el Ejército y la Guardia Republicana. Al amanecer del 19 un rehén es liberado. Los ciento veinticuatro reclusos son fusilados después de rendirse. En El Frontón, la operación se encomienda a la Marina que bombardea el Pabellón Azul durante todo el día. Sobreviven treinta internos que se rinden. Eran alrededor de doscientos detenidos. En todo el proceso se impide el acceso a las autoridades civiles: jueces, fiscales, directores de penales. Tampoco a la prensa”.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación sostuvo que la matanza fue un punto de inflexión en la política antiterrorista, ya que hasta ese momento Alan García había mostrado interés en frenar las constantes violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas, pero partir de ese momento alentó la represión.

* * *

Con semejantes antecedentes, cabe esperar una agudización de la represión por parte del gobierno peruano. La protesta amazónica no ha bajado en intesidad luego de la masacre: la casi totalidad de los 56 pueblos indígenas amazónicos reafirmaron que continuarán con los bloqueos hasta que el gobierno retire los Decretos Legislativos que violan el Convenio 169 de la OIT y los derechos sobre sus territorios. Según todos los testimonios, la situación es explosiva.

En un intento tardío por descomprimir la situación, el día 10 el Congreso con los votos del APRA y los fujimoristas, aprobó la suspensión de dos de los nueve Decretos Legislativos más cuestionados por los indígenas. Los DL 1090 y 1064 quedaron suspendidas indefinidamente. La decisión puede ser apenas una maniobra dilatoria o bien abrir espacios para una negociación. Sin embargo, tanto la huelga amazónica como las marchas en las principales ciudades del país fueron confirmadas luego de conocerse el paso atrás dado por el gobierno.

Hugo Blanco, legendario luchador social peruano y editor del mensuario Lucha Indígena, esboza en su editorial un mirada de largo aliento: “Luego de 500 años de silenciamiento, los amazónicos reciben el respaldo de los pueblos del Perú y del mundo. Puede ser que el mayor logro de estas jornadas sea el visibilizar esas nacionalidades, tejiendo lazos entre los diversos sectores del país, tan divididos por quienes nos dominan. Al defender la Amazonia están defendiendo la vida de toda la humanidad; y al no ceder ante los engaños del gobierno, están re-escribiendo la historia, recuperando para todos el sentido de la palabra dignidad”[9].

Recursos

AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana): www.aidesep.org

Ana María Vidal, “Crónica de una matanza anunciada”, Instituto Bartolomé de las Casas, en www.lahaine.org

APRODEH (Asociación Pro Derechos Humanos): www.aprodeh.org

CAOI (Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas) www.minkandina.org

Diario el Comercio: www.elcomercio.com.pe

Diario La República: www.larepublica.pe

Francisco Eguiguren, “Análisis de la conformidad constitucional del uso de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso al Poder Ejecutivo mediante la Ley No. 29157”, elaborado a solicitud de OXFAM América, 5 de agosto de 2008.

Periódico Lucha Indígena No. 34, junio de 2009.

Servindi (Servicios en Comunicación Intercultural): www.servindi.org


[1] Servindi, 9 de junio de 2009.

[2] Idem.

[3] La Jornada, 7 de junio de 2009 en base a cables de Reuters, AFP y DPA.

[4] Página 12, 10 de junio de 2009.

[5] Francisco Eguiguren, ob. cit. p. 96.

[6] Idem p. 97.

[7] “Informe sobre DL 1090. Comisión de Constitución y Reglamento”, 19 de mayo de 2009 en www.servindi.org

[8] Cronología extraída de Lucha Indígena No. 35 y Ana Maria Vidal ob. cit.

[9] Lucha Indígena No. 34.

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“Jamás provocaríamos un incendio”: la respuesta de la comunidad mapuche acusada por el gobernador de Chubut

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La comunidad mapuche lof Paillako realizó una recuperación territorial en 2020, dentro del Parque Nacional Los Alerces, en lo que históricamente fue hábitat mapuche tehuelche. Días después de iniciarse el fuego, Ignacio Torres apuntó como responsables a la comunidad y puntualmente a uno de sus integrantes, Cruz Cardenas, con pruebas inexistentes. El “mapuchómetro” y los incendios que vienen desde 2008. Las no respuestas del gobernador y del presidente interino del Parque. El comunicado de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, lo que dice la Constitución y la respuesta de toda una comunidad que cuenta cómo, desde su cosmovisión, la vida se vive de otra manera.

Por Francisco Pandolfi desde Esquel

Fotos Nicolás Palacios

desde Esquel

El jueves 25 de enero por la noche comenzó el incendio en el Parque Nacional Los Alerces que, dentro de su jurisdicción y fuera de sus límites ya en tierras provinciales, quemó alrededor de 8 mil hectáreas. Cinco días después del primer foco, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, afirmó lo siguiente sobre las responsabilidades del fuego:

“Una vez controlado el incendio vamos a empezar con una investigación muy fuerte para quienes hacen esto desde hace muchos años en Chubut. Lo hacen para tomar tierras. Son delincuentes que tienen un negocio inmobiliario. El problema no son los pueblos originarios sino estos delincuentes que bajo falsas banderas toman tierras en Neuquén, en Río Negro, en Chubut y creo que es momento de ponerle un parate definitivo”.

“Hay que separar los pueblos originarios de los delincuentes que no están legalmente constituidos, como es el caso de la toma en el Parque Nacional Los Alerces, que no tiene nada que ver con los pueblos originarios. El delito es del exbrigadista Cruz Cardenas que se autopercibe de Pueblos Originarios pero no está reconocido. Quiero hacer esta diferenciación: en Chubut convivimos en total armonía con Pueblos Originarios, que es gente trabajadora y de bien y no tiene nada que ver con estos pseudo mapuches que se embanderan para cometer delitos, tomar tierras, amedrentar a los vecinos, incendiar campos y zonas privadas”.

“Jamás provocaríamos un incendio”: la respuesta de la comunidad mapuche acusada por el gobernador de Chubut

Foto Nicolás Palacios para lavaca

Apuntados por el gobernador

Al escuchar estas declaraciones en Radio Rivadavia –luego replicadas por una tropa de medios de comunicación– se podría presumir que absolutamente todas las pruebas existentes en la causa judicial por el incendio, que lo lleva el Tribunal Federal de Esquel, condenan como autor a Cruz Cardenas, integrante de la comunidad mapuche Paillako.

Sin embargo, hasta el momento no hay absolutamente ningún indicio que culpe a Cruz Cardenas ni a nadie de la lof.

Desde lavaca intentamos comunicarnos con Ignacio Torres para preguntarle qué pruebas ostenta para asegurar lo que dijo tres semanas atrás, el domingo 28 de enero. Hasta el cierre de la edición de esta nota, no había respondido al pedido de entrevista.

La comunidad mapuche Paillako (“tranquilo”, en mapuzungun) recibe a este medio para charlar, como una especie de derecho a réplica, sobre el señalamiento del máximo mandatario provincial. El encuentro se da en ronda dentro de la comunidad, que está dentro de los límites del Parque Nacional Los Alerces, que a su vez está dentro de lo que históricamente fue territorio habitado por el pueblo mapuche-tehuelche.

Hace cuatro años que la lof Paillako inició la recuperación de su territorio en ese lugar, donde hace más de cien años vivieron sus ancestros. “Mis abuelos paternos se instalaron un tiempo antes de la creación de Parques Nacionales (1937), que cuando llegó empezó con los desalojos y sometimientos hacia las poblaciones. Antes acá era todo abierto y Parques achicó y cerró espacios, hasta llegar al día de hoy que para hacer cualquier cosa debés pedirle permiso, ya sea para hacer un baño o poner una chapa”, cuenta Cruz Cardenas, el apuntado por Torres y compañía.

Tiene 35 años, le dicen “Lemu” y trabajó varios años como brigadista. Aunque no está acostumbrado a dar notas, consensuaron colectivamente salir a hablar. “Necesitamos que se difunda lo que está pasando acá. Esto es día a día y están avanzando contra nosotros; acaban de arrestar a un peñi de otra comunidad (Matías Santana, testigo en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado), están cazando mapuche por todos lados”.

“Jamás provocaríamos un incendio”: la respuesta de la comunidad mapuche acusada por el gobernador de Chubut

Cruz Cárdenas Foto Nicolás Palacios para lavaca

Mapuchómetro

El gobernador se refirió a Cardenas como quien se “autopercibe de Pueblos Originarios pero no está reconocido”.

Reflexiona Cruz: “El ser mapuche siempre lo sentí, aunque mis padres no se reconocían así; me decían que mi apellido era español, no mapuche. Junto a una machi (líder espiritual) fui haciendo mi propio camino de reconocimiento y comprendí la importancia de reivindicar y recuperar el territorio. Acá se dio la resistencia de las poblaciones preexistentes y las masacres winkas; estuvieron los invasores, con sus armas poderosas. Eso generó nuestra recuperación del territorio hace cuatro años”. Va más allá: “Cada familia tiene un proceso de reconstrucción, en lo espiritual, en la lengua”.

Maru, a su lado, también conforma la comunidad. Su compañero es mapuche y ella pertenece al pueblo charrúa. Tiene a su pichi (pequeño) en brazos. “Uno de los motivos para preservar el territorio es el acompañar a las crianzas, que tengan una alimentación real, que no se críen pensando que la comida crece en una góndola, sino que sepan que viene de la tierra, cómo cultivarla; que entiendan cómo criar, cuidar y respetar a un animal, incluso si lo van a comer; que puedan crecer más sanos y que si se enferman, conozcan la medicina que también crece en la tierra”.

A la izquierda está Lliuto, lamien (hermana) de la lof: “El ser mapuche no tiene que ver con lo externo, sino por lo que uno siente, la conexión con el lugar. Es un bajón que el gobernador utilice un mapuchómetro cuando habla. Es difícil conectarse con el entorno rodeados de cemento, de ruido, del estrés que nos provoca la rutina. Cuando uno quiere volver al territorio siempre está latente la pregunta, ¿cuál es el mío? Ahí caemos en la realidad de que somos un pueblo que quisieron exterminar, que sufrió un genocidio, que hubo mucha tristeza. Mis abuelos dejaron de hablar en mapudungun para resguardar a sus hijos y a sus nietos, porque les pegaban en la escuela. Por esa historia, este proceso lo atravesamos con mucho dolor, pero lo encaramos con más fuerza para reivindicar nuestra tierra, que nos siguen negando hoy”.

Enlaza la cosmovisión mapuche con lo que está pasando en Los Alerces. “Si uno tiene un vínculo con el territorio, si puede sentir esa conexión, se es mapuche en todos lados; siempre con respeto, claro. Por eso jamás se nos ocurriría hacer un daño como provocar un incendio; nos duele un montón saber que se están perdiendo años y años de vida… porque la vida más allá de lo humano y nosotros luchamos por defender lo que hay a nuestro alrededor”.

Foto Nicolás Palacios para lavaca

¿Quién negocia con las tierras?

Tras las declaraciones del gobernador, la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro repudió sus dichos: “Sobre el pueblo mapuche históricamente se ha construido la imagen de la violencia: invasor, asesino y ahora terrorista, negando su preexistencia al Estado. Este discurso ha sido utilizado para avalar la violencia estatal, que hace 145 años ocupó el territorio de la Patagonia, luego de la campaña genocida. En la actualidad la defensa del territorio por parte de las comunidades mapuche tehuelche frente al extractivismo salvaje es catalogada como terrorismo. Este argumento pretende ser utilizado para enviar nuevamente al Ejército al territorio”.

En otro fragmento, denuncian: “En este discurso anti-mapuche, el gobernador se arroga el derecho de reconocer quién es mapuche y quién no, algo claramente contrario a derecho. Años atrás éramos quienes poníamos en amenaza la soberanía argentina, ¿hoy somos quienes incendiamos nuestro propio territorio? El gobernador expresa que la intencionalidad de los incendios y la responsabilidad del pueblo mapuche tehuelche están dadas porque detrás de cada conflicto comunitario hay un negocio inmobiliario de tierras. Es ilógico, no somos nosotros quienes negociamos el territorio con empresarios extranjeros. No somos nosotros los invasores. No somos nosotros quienes provocamos los incendios de nuestro propio territorio”.

La comunidad Paillako además de defenderse de las acusaciones del gobierno provincial, también denuncia atentados: “En los cuatros años que lleva esta recuperación, intentaron prendernos fuego ocho veces, porque no quieren que estemos acá”, afirma Cruz Cardenas. “Es muy doloroso la destrucción; lo que se está perdiendo en el bosque costará muchos años en volver. Se regenerará si se cuida como se debe, si es que estos fuegos no se originan para explotar la montaña, para limpiar y después hacer algún emprendimiento”.

–Con las leyes actuales de Parques Nacionales las tierras no se pueden vender.

–Cruz: Muchos dicen que en Parques Nacionales no pueden hacerse negocios inmobiliarios, ni explotaciones, pero hay muchas hectáreas quemadas que ya no corresponden a Parque, son parte de terrenos fiscales de la provincia.

–Lliuto: En el Parque hay una gran cantidad de negociados, emprendimientos inmobiliarios que no lo tiene la gente mapuche…

Cruz, ¿por qué creés que el ensañamiento fue hacia vos?

–Ellos saben que para cualquier explotación y mega proyecto que dañe la tierra, van a tener una oposición del pueblo mapuche. Entonces, esto les sirve para pedir con más fuerza que nos desalojen y poner a la gente en nuestra contra para sacarnos del camino.

“Jamás provocaríamos un incendio”: la respuesta de la comunidad mapuche acusada por el gobernador de Chubut

Foto Nicolás Palacios para lavaca

Preexistencia sin valor

Cruz Cardenas, junto a su compañera, fueron denunciados por el delito de usurpación cuando llevaron a cabo la recuperación territorial. El abogado defensor, Gustavo Franquet, le explica a lavaca: “La acusación de usurpación no tiene ningún sustento, porque las familias de Cruz y de su compañera son pobladoras del lugar, han estado históricamente ahí; ellos hicieron una recuperación de su identidad e inmediatamente comenzó el hostigamiento de Parques Nacionales y la denuncia por usurpación. La respuesta que reciben del Estado no es de reconocimiento, ni de respeto a ese proceso entendiendo que son pueblos preexistentes como dice la Constitución Nacional y que tienen derecho a recuperar y construir plenamente su identidad. No, al contrario, lo que supuestamente te lo dan en las grandes palabras que figuran en la Constitución, después te lo sacan en las mezquindades de los funcionarios y del Poder Judicial”.

La causa está elevada a juicio en el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. En las declaraciones que hizo Torres dijo que “la causa es por una toma de hace varios años, de 2016”. El mismísimo expediente lo desmiente, ya que la recuperación data de enero de 2020. Dice Franquet: “La cantidad de cosas sin sentido que dijo el gobernador de Chubut… Esta gente es todo el tiempo así, está acostumbrada a decir cualquier cosa. Evidentemente decir cualquier cosa es la característica de esta época, pero claro que tuvo una intención: lo hizo para apretar a que los desalojen”.

Foto Nicolás Palacios para lavaca

5 grandes incendios en 15 años

Este incendio no es el primero que ocurre en este Parque. En los últimos quince años hubo cuarenta focos intencionales y cinco grandes fuegos que arrasaron en 2008, 2015, 2016, 2023 y 2024 alrededor de 17 mil hectáreas.

La anterior gestión del Parque Nacional Los Alerces había iniciado una mesa de diálogo con la lof Paillako para destrabar el conflicto. “Habíamos llegado a un buen acuerdo; la negociación implicaba varios puntos, entre ellos que nosotros habilitemos un camino que cerramos por seguridad cuando hicimos la recuperación, y desde Parque se iba a reconocer nuestro territorio. Para eso nos exigieron tener una personería jurídica, que en verdad nosotros no creemos necesario tener, pero igual la hicimos. Sin embargo, el intendente de Parque (Hernán Colomb) renunció en agosto pasado y el diálogo se cortó”.

Dice la comunidad: “A raíz de los últimos incendios, levantamos el bloqueo del camino que habíamos hecho; hablamos con los brigadistas y razonamos que lo mejor era habilitar ese lugar y que se volviera a utilizar ese camino”.

Hoy en día, Parques Nacionales no tiene autoridades elegidas. El directorio está acéfalo y en el Parque Nacional Los Alerces se nombró como interino al guardaparques Danilo Hernández Otaño, con quien la comunidad aún no tuvo contacto. El pedido de entrevista previo a la publicación de esta nota, no fue contestado.

Re-existir

En Paillako hay vacas, caballos, gallinas, abejas y anhelan a que pronto haya ovejas también. Hay huertas familiares, comunes entre varias rucas (casas) y hay una siembre comunitaria, entre la totalidad de la lof. “Acá se da muy bien la papa, la haba, el ajo, las arvejas, el trigo; los cereales se dan casi todos”, dice Maru. Agrega Cruz: “También los árboles frutales, como manzanas, ciruelas, guindas, frambuesas y frutillas. Nuestro propósito es ir haciendo mayores escalas para garantizar una buena alimentación y que nos permita hacer intercambios”.

“Jamás provocaríamos un incendio”: la respuesta de la comunidad mapuche acusada por el gobernador de Chubut

Foto Nicolás Palacios para lavaca

¿Qué molesta de que estén acá? Intercalan la voz, en ronda, y confeccionan una respuesta común: “Nada, nada, no les estamos molestando en nada. Si les molesta es porque somos mapuche. Porque ni siquiera es que jodemos al turismo. Pensemos: quienes perjudican el turismo son los que le echan miedo al turista por la existencia del mapuche, esas personas generan los problemas, no nosotros. Y otra cosa: la comunidad tiene menos de 2 mil hectáreas, mientras que el Parque Nacional Los Alerces cuenta con 250 mil. O sea, tampoco es que estamos tomando el parque, ¿no?”.

Agregan: “Creemos que lo que jode es que nunca vamos a estar de su vereda, nunca pensaremos en explotar la tierra para hacer plata y hacerla bosta. Hoy ni siquiera se puede acampar gratis en el Parque (dormir una noche en un camping oscila entre 12 mil y 14 mil pesos), antes era todo libre y ahora la mayoría es privado. Por eso es importante recordar que las leyes de Parque están hechas en tiempo de dictadura (firmadas por Jorge Rafael Videla); en base a eso se manejan hoy”.

Cierra la comunidad, entre mate y mate, mientras los pichis corren, comen frutas, se caen y se vuelven a parar: “Se viene difícil el futuro, complicado, eso lo sabemos; nosotros tenemos que estar fuertes, amparados por las fuerzas que nos protegen en este lugar; acá vamos a resistir, no pueden sacarnos de nuestro territorio, no vamos a permitir más desalojos”.

“Jamás provocaríamos un incendio”: la respuesta de la comunidad mapuche acusada por el gobernador de Chubut

Foto Nicolás Palacios para lavaca

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Incendios en Chubut: Lo que el fuego no se llevó

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El incendio generado en el Parque Nacional Los Alerces, que ya lleva quemadas alrededor de 8 mil hectáreas, se extendió a la población rural de Alto Río Percy, a 13 kilómetros de la ciudad de Esquel, en Chubut. La casa más alejada es la de Gisela y Lorena, dos amigas que debieron autoevacuarse con las llamas a menos de quinientos metros. Creyeron que habían perdido todo, pero su casa se salvó. Alrededor, se quemó todo. La explicación de lo inexplicable. La falta de prevención. La vida en un paraíso, ahora arrasado por el fuego. Y una colecta colectiva, para empezar la reforestación.

Por Francisco Pandolfi desde Esquel

Dos pasos y medio. Ni más ni menos. 

Sesenta centímetros.

Ni más ni menos.

No hay nadie en el poblado rural Alto Río Percy, donde viven alrededor de cien personas en las afueras de la ciudad chubutense de Esquel, que no hable de “milagro”, de “cosa de mandinga”, “de creer o reventar”, “de algo fuera de lo común, nunca visto”.

Acá, todo lo que se ve es impresionante. Impresionantemente triste. Impresionantemente carbonizado.

Y en medio de todo quemado, una casa sin quemar.

La vida, como oasis en un desierto rodeado de muerte.  

Autoevacuadas

El fuego en el Parque Nacional Los Alerces comenzó el 25 de enero y una semana después, el domingo 4 de febrero, arrasó con centenares de hectáreas del Percy. En total, ya se quemaron alrededor de 8000 hectáreas, el fuego continúa activo y, aunque según las autoridades el fuego está controlado, preocupan las condiciones meteorológicas (más de 30 grados) y que sigan prendidos varios focos.

Uno de ellos está ahí nomás de una casita hermosa que levantaron con muchísimo esfuerzo Gisela Finocchiaro y Lorena Domínguez, amigas desde hace más de 15 años. La nombraron Monte Lontano. Lontano, en italiano, significa lejano. 

Esta casita es la última del poblado, la más alejada. Tan distanciada que, cuando empezó el fuego en Los Alerces, y previendo que podría avanzar hacia el Percy, colgaron un cartel a un kilómetro del hogar, para avisarle a las autoridades que más allá había una vivienda. El cartel voló por el calor. Y ellas debieron irse cuando las llamas se les vinieron encima: “El domingo 4 de febrero fue el momento más crítico; el fuego se acercó bastante y decidimos irnos a Esquel, que está a 13 kilómetros, con la convicción de que el incendio no alcanzaría la casa. Pero ni bien llegamos, nuestro vecino Fabián nos llamó para decirnos que ya estaba muy cerca, que lo mejor era volver a sacar lo más importante. Regresamos y el fuego ya estaba detrás nuestro, a 500 metros; nos quedamos paralizadas, nuestra casa que habíamos hecho con tanto cariño y amor, no iba a zafar. En esos minutos le rogamos a Defensa Civil que bajaran nuestras cosas, pero debimos autoevacuarnos solas. Por una aplicación de la NASA, seguimos el devenir del fuego y vimos cómo había pasado por nuestra casa, pero a la mañana siguiente nos llamaron que se había salvado; no lo podíamos creer”.

Incendios en Chubut: Lo que el fuego no se llevó

Gisela y Lorena en el bosque quemado a metros de su casa / Foto: Nicolás Palacios para lavaca

Prevenir para no curar

Gise invita a pensar: “No nos gusta generar discordia por cómo debimos autoevacuarnos, pero sí nos parece importante contar lo que pasó. Al tener un vehículo pudimos sacar algunas cosas en tiempo récord, pero a nivel país debemos prepararnos de otra manera; hay que tener cuadrillas ya preparadas y no esperar a que pase algo para saber qué es lo que se puede hacer; hay que ganarle de mano al fuego, tener los caminos preparados; si queremos bosques nativos hay que cuidarlos, limpiarlos; acá no se puede llegar donde está el fuego porque no está preparado el área o los suficientes recursos para atacar el fuego. Hace más de 15 años que a Alto Río Percy no le dan bola; el intendente acaba de asumir y este fue su bautismo; confío que todo va a cambiar, pero necesita ayuda de provincia y nación”. 

Lore invita a pensar: “No podés tener brigadistas sin estar en planta permanente, contratados, con un mísero sueldo. Están arriesgando su vida… Me da la sensación de que el gobierno improvisa, va viendo en el camino lo que va pasando, pero todo lo que está en juego es vida. Desde el insecto más pequeño, los árboles, los animales hasta la gente que vivimos acá; estamos hablando de vidas. Alto Río Percy es parte del ejido municipal de Esquel, hoy es noticia nacional, pero nunca se le prestó atención; la gente tiene problemas en el invierno para arrear los animales, no se limpian los caminos, no hay agua, no hay gas”.

Cementerio en el paraíso

Los postes de ciprés que sostienen la casa a un metro de altura están tiznados. Los vidrios que dan a la sala de estar y a la cocina están quebrados. El que da a una habitación en el primer piso, a seis metros de altura, también. ¿Cómo no explotaron? “Pusimos doble vidrio y se rompió la placa del exterior, pero soportó la interna. De haber sido un vidrio común, la casa estaría toda quemada, porque una vez que agarraba las cortinas y luego la madera, chau”. 

Dentro del hogar todo está intacto; con cenizas y un leve olor a humo, pero nada haría imaginar lo que se ve a través de esos vidrios resquebrajados: un cementerio de árboles en medio del paraíso. Esqueletos de un bosque que ya nunca será igual. “Era el hábitat natural de muchas especies nativas que han muerto. Se quemaron lengas, ñires, lauras, radales, todo el bosque nativo. Respecto a la fauna, no sabemos cuántos animales se quemaron y cuántos se escaparon, en una zona donde hay ciervos, liebres, huemules, chanchos jabalíes, pumas, vacas y muchas aves. Esto es una catástrofe natural inconmensurable, a nuestro vecino más cercano, que está a mil metros de acá, se le quemó el 85% de su campo y el fuego quedó a menos de cien metros de su casa”. 

El olor a quemado penetra por las fosas nasales, aunque lo peor se lo llevan los ojos. Todo es gris alrededor de Monte Lontano. O casi todo. Las chicas están sentadas en el deck de madera. Contemplan hacia adelante, literal y metafóricamente. “Miramos el filo del pasto seco, lo que dejó el fuego y es inevitable pensar qué hubiera pasado si se quemaba la casa. Posiblemente hubiéramos vendido todo, o regalado, porque quién te va a comprar esto si no tiene bosque. Quizá nos hubiéramos ido, incluso de la ciudad”. 

Reflexiona Lore: “Tomamos este mensaje que nos da la naturaleza, que tuvo una fuerza imparable y esquivó a la casa dándonos un mensaje. La naturaleza nos quiere acá y vamos a reforestar para poner este lugar mucho mejor de lo que estaba. Teníamos un proyecto a futuro que era construir unos dormis para alojar a turistas”. 

La interrumpe Gise: “Lo tenemos, no hablemos en tiempo pasado”. 

“Es verdad, lo tenemos”. Sonríe Lore y agrega: “Retrocedimos un montón de casilleros, pero lo vamos a lograr en algún momento”.

Incendios en Chubut: Lo que el fuego no se llevó

Alto Río Percy, poblado rural arrasado por el fuego / Foto: Nicolás Palacios para lavaca

Un desastre que no termina

El terreno lo compraron en 2018 y a inicios de 2019 empezaron a construirlo, con la ayuda del papá y los hermanos de Lore que son albañiles. A finales de ese año comenzaron a habitarlo. “En esta casa veo a mi papá, que falleció hace un año por una grave enfermedad; veo el esfuerzo de mis hermanos; veo a mi sobrinos chiquitos, que les encanta venir. Como no hay señal, no usan el celular, no están detrás de una pantalla y salen a buscar huesos de dinosaurios, a explorar el bosque; saben que no deben matar insectos ni arrancar ramas de los árboles. Tal vez sean ellos quienes vean esto totalmente verde, como alguna vez existió”.

El fuego sigue activo en todos sus frentes (en la cola, que es en la zona del cerro Centinela donde se originó el incendio; en la cabeza, que es en el Percy; y en los flancos derecho e izquierdo). Contextualiza Lore: “Hay árboles de hasta 200 años quemados y esto no terminó, es un desastre. Se levanta el viento y se reactiva el fuego; hay camionetas, helicópteros y aviones trabajando todo el día, es un caos todavía”.

Completa: “El fuego se originó de forma intencional, no hay dudas; se hicieron dos focos simultáneos dentro del bosque en una zona que no es accesible, que no todo el mundo conoce y que hay que saber llegar y luego salir después de hacer fuego; todavía no hay elementos para culpabilizar a nadie”.

Incendios en Chubut: Lo que el fuego no se llevó

Lengas, ñires, radales, algunas de las especies carbonizadas /Foto: Nicolás Palacios para lavaca

Colecta colectiva

Lo que se pisa es pura cenizas. Y con los pasos, lo que se huele es puro humo. Se ve un caño de plástico de un biodigestor destrozado por el fuego; se ve una mesa de roble en la que los sobrinos de Lore juegan a tomar el té, que sobrevivió. Se ven raíces sobresalidas y muertas, troncos y ramas carbonizadas; se ve una parra de uva rosada que le regaló la abuela de Gise, antes de fallecer unos meses atrás, que también sobrevivió. Debajo del piso flotante, se ven enormes troncos de leña que habían juntado para calefaccionar el hogar. El fuego quedó a centímetros de ahí. Un poco más allá del escenario sombrío y calcinado, la belleza de los cerros Colorados y Nahuelpan; los morros coloridos y un ecosistema que fusiona la estepa patagónica y el bosque andino. “Este lugar es maravilloso. Tenemos montaña. Tenemos ríos. Tenemos lagos; tenemos agua que brota de las montañas. Nosotras sacábamos agua de una vertiente, que el fuego la arrasó, al igual que la manguera que teníamos y el estanque”, siente Lorena, de 34 años. 

La escucha Gise, de 39, que comparte: “El otro día fuimos a preguntar cuánto nos costaba comprar los metros de manguera que necesitamos para sacar el agua de la casa del vecino más próximo y casi nos largamos a llorar. Para nosotras hoy es imposible comprarlos. Hace cinco años salía ocho veces menos de lo que sale ahora. Sin agua, además de no poder vivir, tampoco podremos reforestar”. 

A las chicas se les quemaron 700 metros de manguera de dos pulgadas. Ahora necesitan 1000 metros. Comprar de una pulgada y abaratar los costos, les sale más de un millón de pesos. Los 1500 metros de alambrado también se quemaron. Reponerlos cuesta un millón ochocientos mil pesos. También se incineraron filtros, postes, varillas, caños, la tranquera y el estanque. 

Para colaborar con Gise y Lore, comenzamos desde lavaca una campaña de donación a esta cuenta:

Gisela Roxana Finocchiaro
CVU: 0000003100033965245782
Alias: SICILIANA.NEL.CUORE
CUIT/CUIL: 27308957700
(Por transferencia bancaria o Mercado Pago)

“Mucha gente se comunicó de afuera, de La Plata, Formosa, Mendoza, Córdoba,  Buenos Aires para ayudar; eso nos llena el alma. Las pérdidas materiales duelen, pero la pérdida invaluable es el bosque, aunque estamos convencidas que lo vamos a recuperar”, sienten y comparten ambas. “Teóricamente, desde provincia, nación y empresas privadas pusieron mucha guita, esperemos que llegue donde realmente hace falta. Los damnificados estamos a la vista. Ojalá que no haya que esperar, porque la gente se cansa de esperar”.

Piano, piano

–¿Hay algo que quisieran agregar para terminar la nota? 

–Lore: Que ese domingo la pasamos muy feo. Que cuando tuvimos que cerrar la puerta, le dije a Gise que dejara puesta la llave, que para qué iba a cerrar… Gise agarró una virgencita y empezó a rezarle, y yo le pedí a mi papá que no permitiera que se quemara la casa.

–Gise: Somos las últimas pobladoras del Percy, pero fuimos las primeras para el fuego. Por eso Monte Lontano, estamos en la loma del culo, quién nos mandó acá…

Se ríe Gise. Se ríe Lore. Se ríen juntas. Después de la charla, después de las fotos, se levantan y van a buscar las botellas de agua que pudieron cargar desde la ciudad de Esquel, y empiezan a regar zonas carbonizadas, pero con un hilito verde, con un pastito, con alguna raíz que aparenta estar viva. “Piano Piano va lontano”, dice Gise en italiano, y luego lo traduce al castellano: “Despacio, despacio, se llega lejos”.

Incendios en Chubut: Lo que el fuego no se llevó

“Vamos a reforestar para devolver el bosque que había” / Nicolás Palacios para lavaca

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Entidades de prensa se reunieron con Patricia Bullrich y le plantearon: “Así, nunca más”

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La ministra no aceptó que haya habido “excesos“ pero ofreció disculpas a periodistas reprimidos/as. Fue el mismo día en que la CIDH expresó su preocupación por la falta de garantías de la prensa y los derechos de la protesta social; también, la misma jornada en que los gremios Sipreba y Argra, acompañados del CELS, presentaron ante el Juzgado Federal 6 una denuncia penal para que “se investigue a los responsables de las represiones del 31 de enero y del 1° de febrero en el Congreso”.  

Esos días, de votación de la Ley Ómnibus, el operativo de seguridad fue fuertemente cuestionado en general y en particular por haber dejado un saldo de al menos 35 periodistas heridos/as, en su mayoría fotoreporteros/as de medios comerciales e independientes (entre ellos, lavaca). Haciéndose eco de esta denuncia del sector, el gobierno citó a algunas entidades periodísticas: nuestra compañera Claudia Acuña, miembro fundadora de Periodistas Argentinas, participó de la reunión -junto a personalidades como Joaquín Morales Solá- y lo contamos en esta nota.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich se reunió hoy al mediodía con organizaciones periodísticas que en forma unánime expresaron que la represión sufrida por las y los trabajadores de prensa en las recientes jornadas de protesta social no podían repetirse nunca más. “Lo que pasó no puede volver a pasar” sintetizó Joaquín Morales Solá, en representación de la Academia Nacional de Periodistas. Al finalizar el encuentro la ministra pidió “perdón” a las y los periodistas heridos y expresó que estaba dispuesta a hacerlo pública y personalmente a cada agredido. También solicitó a Fopea el Informe sobre Ataques a la Prensa que realiza en su programa de monitoreo de Libertad de Expresión y se comprometió a respetar el Protocolo de Protección a la Prensa redactado por la CIDH y que está vigente en la Argentina desde 2016.

De la reunión participaron la Academia Nacional de Periodismo, Adepa, Fopea, Fundación Led y Periodistas Argentinas. Además de la ministra estuvieron presentes el secretario de Seguridad, Vicente Mario Ventura Barreiro; el secretario de Medios, Eduardo Serenellini y  el jefe de gabinete del ministerio de Seguridad, Carlos Manfroni.

Resumen de lo conversado

La reunión comenzó con una introducción de la ministra Bullrich que explicó la decisión de imponer el protocolo antipiquetes con estos argumentos: 10 mil por año en todo el país, el antecedente de provincias que ya habían impuesto normas similares (citó el caso de Chaco, Mendoza y Neuquén, puntualmente) y “el reclamo social”. Luego definió el motivo de la reunión: “Pensar juntos algunas ideas” con el objetivo de definir “en qué lugar se coloca el periodismo cuando determinados grupos lo atacan”. El primero en poner otro contexto a la reunión fue Joaquín Morales Solá, presidente de la Academia Nacional de Periodismo: “Que quede claro que lo que planteamos es que lo que pasó no puede volver a pasar. No se pueden repetir los acontecimientos que sufrimos ni las agresiones que han recibido los periodistas”. El secretario de Seguridad respondió: “Yo también aspiro a que no vuelva a suceder”.  

Luego, el secretario de Seguridad expresó su “preocupación” porque en estos contextos “no logramos distinguir quien es periodista y quién no.” 

“Si tiene un micrófono, una cámara enfrente y está transmitiendo en vivo, es periodista. Y en esas circunstancias fueron agredidos por las fuerzas de seguridad”, apuntó Claudia Acuña, de Periodistas Argentinas.

Fopea planteó: “Hay que diferenciar algo importante: el problema no es la norma, el problema son los excesos”. Bullrich interrumpió: “No hubo excesos” y calificó esa mirada como “ideologizada”. Fopea replicó: “Tenemos premios Pulitzers con balas de goma en las piernas” y citó los casos relevados en su Informe de Agresiones a la Prensa del programa de Monitorea de la Libertad de Expresión, del cual la ministra solicitó copia. Fopea remarcó, además, la necesidad de poner fin a los discursos estigmatizantes que se emiten desde el poder hacia periodistas.

A continuación, el planteo de Periodistas Argentinas fue “desde la práctica profesional y desde la calle”. Desde esa experiencia concreta, se describió lo que sufrieron .“Usaría la palabra coreografía para describirlo: en el mismo momento en que las fuerzas de seguridad detenían a una persona gaseaban o golpeaban a un periodista. Esto lo vimos desde el primer momento de tensión el 20 de diciembre en Plaza de Mayo y en cada una de las jornadas en el Congreso. Y eso significa que no solo se atentó contra los cuerpos de las y los periodistas, sino que atentaron contra la información que no dejaron circular, que es un bien social y un derecho garantizado constitucionalmente. Como diría Borges: uno es azar; dos es coincidencia; tres es certeza: y hay mucho más de tres casos, de los cuales tenemos videos que registran esta modalidad”. 

También se informó que PA había hecho una presentación ante la CIDH, organismo que respondió este reclamo con un comunicado donde expresó su preocupación. “Esa es la palabra que mejor define cómo nos sentimos: preocupadas porque salimos a trabajar y no sabemos si volvemos a nuestras casas con los dos ojos”.

En cuanto al propósito de la reunión, PA resaltó que no era necesario un protocolo específico para la prensa, sino respetar el Estado de Derecho. También resaltó la importancia de que la ministra se reúna con los gremios del sector, como única manera de lograr una escucha federal y generalizada de los reclamos y necesidades y con los movileros que están en la calle, quienes habían solicitado ya a la ministra una reunión. Por último, respaldó lo planteado por Fopea respecto a los discursos estigmatizantes que “terminan por señalar un blanco” y citó como ejemplo los 15 tuits que el Presidente disparó contra la periodista María O’donnell.

Por su parte, Adepa propuso considerar como punto de partida el Protocolo de Protección a la Prensa redactado por la CIDH, vigente desde 2016, el cual la ministra se comprometió a tomar como base.

Al finalizar, la ministra dijo: “Pedimos disculpas y estamos dispuestos a hablar con todos ellos (por los agredidos) y pedir disculpas formales”. 

Respondió también puntualmente el planteo de PA: “Sería de brutos o de idiotas pretender que no circule la información en estos días porque es imposible. La puede registrar cualquiera, desde un balcón o desde dónde sea. Tenemos el caso de Kostecki y Santillán, por ejemplo”.

La ministra se refiere al caso que implica dos asesinatos y por el que fueron condenados agentes de las fuerzas de seguridad, entre ellos, el responsable del operativo.

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