Extranjerización
El Paraná en venta: la extranjerización de la tierra en Misiones, Corrientes y Entre Ríos
El Observatorio de Tierras coordinado por científicas y científicos del CONICET y la UBA produjo el primer Mapa de Extranjerización de la Tierra, que muestra que casi el 5% del territorio argentino, más de 13 millones de hectáreas, es propiedad de empresas o personas extranjeras: un tamaño similar a Santa Fe entera o a un territorio como el de Inglaterra (el mapa completo, clickeando aquí. En este informe, el Observatorio plantea la situación específica en la Mesopotamia. Lo reproducimos por su valor informativo a días del 6 de agosto, cuando se tratará en el Senado la llamada Ley de inviolabilidad de la Propiedad Privada que busca romper los límites a la compra de tierras en el país por parte de empresas y personas extranjeras. En Misiones, Corrientes y Entre Ríos, plantea el informe, «se concentran algunos de los departamentos más comprometidos del país en materia de propiedad extranjera de la tierra».
Por Pablo Volkind, Matías Oberlin Molina, Julieta Caggiano, Gabriela Elias, Micaela Medero Larrosa, Maia Sol Ilutovich y Thomás Artopoulos
Observatorio de Tierras / www.observatoriodetierras.ar
Mientras el oficialismo busca aprobar en el Senado, el próximo 6 de agosto, el proyecto que denominaron “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” que elimina -entre otros aspectos-, los límites a la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros, los datos oficiales que analizamos y difundimos, muestran que el proceso de extranjerización ya golpea con fuerza a un corredor estratégico del país: la cuenca del río Paraná. Misiones, Corrientes y Entre Ríos —las tres provincias que se despliegan a lo largo de ese río, desde la Triple Frontera hasta el Delta— concentran algunos de los departamentos más comprometidos del país en materia de propiedad extranjera de la tierra.
Misiones: la selva, el Paraná y el capital chileno
Misiones es la provincia más extranjerizada de la región: el 11,29% de su territorio —más de 325.750 hectáreas— está en manos de capitales extranjeros. A diferencia de otras provincias, donde la propiedad extranjera se reparte entre varias nacionalidades, en Misiones existe un claro predominio del chileno que controla prácticamente ocho de cada diez hectáreas extranjerizadas de la provincia.
Ese dato coincide con una empresa puntual: la firma forestal chilena Arauco, que a través de distintas sociedades vinculadas —entre ellas Alto Paraná S.A.— es propietaria de más de 240.000 hectáreas en Misiones, lo que la convierte en uno de los mayores propietarios privados de tierra del país. Su negocio son las plantaciones forestales de pino y eucalipto para la producción de celulosa, un modelo de monocultivo a gran escala que desplaza la producción diversificada y el arraigo de los pequeños productores misioneros.
No es casual dónde se concentra esa presencia. Los siete departamentos misioneros que tienen frente sobre el río Paraná —Posadas (Capital), Candelaria, San Ignacio, Libertador General San Martín, Montecarlo, Eldorado e Iguazú— son, con la excepción de la propia Capital, los que exhiben los porcentajes de extranjerización más altos de toda la provincia: Iguazú encabeza el ranking con casi el 40% de su superficie rural en manos extranjeras (114.400 hectáreas), seguido por Montecarlo (18,4%), General San Martín (16,8%) y Eldorado (16,2%), los cuatro con fuerte presencia de capital chileno. El corredor forestal sobre el Paraná es, en los hechos, el corredor de la extranjerización misionera. Justamente el intendente de Puerto Libertad, ubicado en el departamento de Iguazú, afirmó que la localidad “es una prueba viva de que la extranjerización de la tierra trae complejidades para el desarrollo de los pueblos”. Al respecto, enfatizó que alrededor del 80% de las tierras útiles del municipio pertenecen a una sola empresa, situación que dificulta el crecimiento urbano y la planificación de nuevas obras. Una perspectiva similar comparten otros 20 intendentes de la provincia.
Esta preocupación no es solo de un sector de la dirigencia política: un comunicado conjunto firmado por más de 30 organizaciones sociales, gremiales, productivas y políticas de Misiones —entre ellas APAM, la Federación Nacional Campesina, la CTA Autónoma, ATE, el MTE, la UTT, el MCL y varios partidos y frentes provinciales— rechazó públicamente el proyecto y aportó dos datos que confirman el diagnóstico: en la provincia, tres empresas concentran más del 20% de la tierra rural, y el 14% de las mejores tierras productivas misioneras ya pertenece a capitales extranjeros.
El resto de los departamentos misioneros, aunque con porcentajes menores, también muestra el mismo patrón. General Belgrano (11,1%) y San Pedro (9%), ambos con fuerte presencia chilena y alemana, completan el podio detrás de los cuatro departamentos del corredor del Paraná. En contraste, San Ignacio (9%) y la propia Capital (6,4%) combinan capital chileno con una porción menor de otras procedencias.
Corrientes: capital estadounidense, holandés y chileno sobre el arroz y la forestación
En Corrientes, la extranjerización alcanza el 7,63% de la superficie provincial, unas 554.000 hectáreas. A diferencia de Misiones, aquí el capital extranjero está más diversificado: el estadounidense lidera con más de 122.000 hectáreas, seguido por el chileno (95.400 hectáreas), el holandés (72.000 hectáreas) y el luxemburgués (69.400 hectáreas). Este último dato merece un comentario aparte: Luxemburgo es uno de los llamados “paraísos fiscales”, un país de apenas 660.000 habitantes cuya legislación favorece la radicación de sociedades pantalla y vehículos de inversión con baja o nula tributación. Que casi 70.000 hectáreas correntinas figuren bajo titularidad “luxemburguesa” —concentradas en los departamentos arroceros de Goya (39.600 hectáreas), Esquina (23.800 hectáreas) y Curuzú Cuatiá (6.100 hectáreas)— no necesariamente identifica al verdadero dueño de esa tierra, sino a una estructura societaria diseñada, entre otras cosas, para dificultar ese rastreo.
Los departamentos correntinos con mayor extranjerización son Ituzaingó, con casi el 34% de su superficie (93.850 hectáreas) en manos extranjeras —allí el capital holandés controla por sí solo más del 18% del departamento (50.550 hectáreas), y el estadounidense otro 8% (22.280 hectáreas)—, y Berón de Astrada, con un 32,7% (23.325 hectáreas), de fuerte presencia española. Les siguen Santo Tomé (14%), donde domina un fuerte bloque de capital chileno de 78.000 hectáreas —vinculado, igual que en Misiones, al negocio forestal—, Concepción (13,5%) y San Miguel (11,4%).
El peso del capital estadounidense en Corrientes no es un dato menor: coincide con la expansión de la agricultura de gran escala orientada al arroz, un cultivo en el que grandes fondos de inversión con capitales de Estados Unidos vienen consolidando una posición dominante sobre miles de hectáreas en el centro-oeste de la provincia, en muchos casos sobre humedales y zonas cercanas al Iberá. El caso más marcado es Mercedes, donde el capital estadounidense por sí solo suma más de 47.500 hectáreas, seguido por Curuzú Cuatiá (16.300) y San Miguel (16.700).
De los 24 departamentos correntinos, al menos ocho tienen frente sobre el río Paraná: Ituzaingó, Itatí, San Cosme, Capital, Empedrado, Bella Vista, Goya, Lavalle y Esquina. Varios de ellos —empezando por Ituzaingó, el más extranjerizado de la provincia— están directamente sobre la ribera del río.
Entre Ríos: entre el Paraná y el Uruguay, un mosaico de capitales europeos
Entre Ríos, la provincia mesopotámica más austral de las tres, tiene un nivel de extranjerización menor pero no despreciable: 3,23% de su territorio, unas 247.000 hectáreas. Allí el capital extranjero está repartido entre varias nacionalidades europeas y regionales: el uruguayo encabeza el ranking con más de 44.000 hectáreas, seguido por el italiano (40.700 hectáreas), el holandés (36.000 hectáreas), el español (34.600 hectáreas) y el francés (28.500 hectáreas).
Los departamentos con mayor extranjerización son La Paz (8,76%) y Gualeguay (8,57%), ambos sobre la cuenca del Paraná, seguidos por Concordia (5,68%) y Federal (3,78%), sobre el río Uruguay. De los 17 departamentos entrerrianos, seis tienen frente sobre el río Paraná: La Paz, Diamante, Paraná (Capital), Victoria, Gualeguay e Islas del Ibicuy —esta última, además, en pleno Delta—, mientras que Concordia, Federación, Colón, Gualeguaychú, San Salvador y Villaguay dan al río Uruguay.
El mapa de nacionalidades entrerriano también tiene su propia lógica territorial: en Concordia predomina el capital alemán (3.220 hectáreas sobre un total de 5.680), en Federal el italiano (más de 3.050 hectáreas sobre 3.780) y en La Paz y Gualeguay —los dos departamentos más extranjerizados— se reparten capitales holandeses, españoles y uruguayos, estos últimos históricamente vinculados a la compra de campos linderos con la frontera este de la provincia.
Juan Echeverría, exdirigente de la Federación Agraria Argentina e integrante de Bases Federadas, oriundo de Hernandarias (Entre Ríos), describió el mecanismo de desplazamiento que ya opera en su zona: “Los pools de siembra y los grandes actores financieros que hacen extractivismo con la agricultura van desplazando al pequeño productor de los campos que tienen alquilados. Hoy se está pagando en mi zona seis quintales fijos por alquilar un campo por un año y ya aparecen pools locales ofreciendo diez quintales”.
Uno de los principales argumentos con los que el oficialismo defiende el proyecto es, precisamente, que la apertura sin límites a la compra extranjera elevaría el valor de la tierra, en beneficio de sus propietarios. Así lo planteó el senador nacional Joaquín Benegas Lynch, para quien un campo que hoy vale 2.000 o 3.000 dólares la hectárea podría pasar a valer 6.000 o 7.000 si se elimina el tope a la demanda extranjera. La contracara de este argumento radica en que el aumento generalizado del precio de la tierra no es una buena noticia para quienes no tienen tierra propia, sino que la alquilan o dependen de ella para producir. Cuanto más sube el valor del campo, más suben también los alquileres y más difícil se vuelve competir con los capitales extranjeros y los grandes grupos locales concentrados que pueden pagar precios que ningún productor familiar puede igualar. Es exactamente la dinámica que describe Echeverría con los pools de siembra en Entre Ríos, y que en Misiones tiene un capítulo propio: la presión sobre los pequeños productores de yerba mate, ya golpeados por la desregulación del mercado yerbatero que impuso el gobierno de Milei, que ante campos cada vez más caros y una competencia que no pueden afrontar quedan en un lugar cada vez más débil frente al avance forestal de gran escala. Lo mismo ocurre con los pequeños campesinos de Corrientes y Entre Ríos donde terminan expulsando a quien no puede pagar el nuevo precio, mientras beneficia a quien ya concentra la escala suficiente para vender o para comprar más.
Un mismo corredor y un problema común de soberanía
Lo que muestran estos datos es que la extranjerización de la tierra en la Mesopotamia argentina no se distribuye al azar: se concentra, con matices propios en cada provincia, sobre el corredor del río Paraná —una vía navegable estratégica, con acceso a mercados de exportación, recursos forestales e hídricos. Si el proyecto que impulsa el Gobierno nacional avanza, nada impediría que ese proceso, que ya es intenso en departamentos como Iguazú, Ituzaingó, La Paz o Gualeguay, se profundice sin ningún techo legal y perdamos un recurso fundamental para nuestro desarrollo soberano.
A su vez, el corredor del Paraná no se agota en estas tres provincias. Un poco más al sur, en Garay, departamento santafesino también ribereño, la extranjerización alcanza el 16% de su superficie, unas 61.629,59 hectáreas. De ese total, 58.220,84 hectáreas —prácticamente la totalidad— están en manos de capital estadounidense, un dato que confirma que el fenómeno excede a la Mesopotamia y se repite, con la misma lógica, a lo largo de toda la cuenca del río.
Frente a este panorama, instituciones académicas y organizaciones sociales, gremiales, campesinas y ambientales de todo el país convocamos a movilizarnos el próximo 6 de agosto al Congreso Nacional, fecha en que el Senado tratará el proyecto. El objetivo es frenar en la calle lo que se discute en el recinto, y exigir a los legisladores que rechacen una iniciativa que, como muestran los datos de Misiones, Corrientes, Entre Ríos y también de Garay, ya viene entregando pedazo a pedazo el territorio nacional. La tierra y el territorio no se venden, se defienden.
Extranjerización
El verdadero riesgo país: las leyes que buscan seguir poniendo a la Argentina de remate
Cinco leyes todavía en debate promovidas por el oficialismo tienen el alcance de hipotecar el presente y el futuro del país y su sociedad. Una que permite la venta irrestricta de tierras a manos extranjeras. Otra que congela por 30 años esa entrega con arbitraje fuera de la justicia argentina. Una tercera que permite a quienes compren operar sin que se sepa quién es el dueño real. La cuarta, que oculta los agoritmos que usan nuestra información. Y la quinta, que limita a la sociedad civil en su derecho a reclamar. Distintas organizaciones plantean debates y preguntas para entender con claridad el verdadero riesgo país de estos días. La semana próxima volverá a ser clave en el Congreso, y en la calle.
Diferentes organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentran la Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para La Vida, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y el Movimiento Ecopolítico por el Buen Vivir entre otras, están coordinando acciones de difusión frente al tratamiento de proyectos de ley como el de Inviolabilidad de la propiedad privada, también conocido como Ley de Tierras y el llamado Súper RIGI. Lavaca tuvo acceso a tramos del documento que se está preparando, hasta ahora titulado: Senado de la Nación, lo que se pone en juego con los proyectos de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el Súper RIGI.
Allí se plantea. “El 6 de agosto el Senado de la Nación tiene previsto tratar en el recinto el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (Expte. PE-13/2026, Mensaje 22/26). El día anterior, las comisiones del propio Senado abren el tratamiento del Súper RIGI. No son dos agendas separadas: son piezas de una misma operación legislativa”.
“Aunque se presentan como iniciativas independientes, ambas reformas modifican de forma complementaria el régimen jurídico aplicable a la tierra y las grandes inversiones. Mientras uno desintegra los límites existentes para la adquisición de tierras rurales por capitales extranjeros, la otra otorga una serie de privilegios extraordinarios para blindar esas inversiones. En su conjunto, estas iniciativas reconfiguran la capacidad regulatoria del Estado Nacional y las provincias en materia de bienes comunes estratégicos como la tierra, el agua, la energía y los minerales”.
El segundo apartado del documento tiene un enorme poder descriptivo, que se sintetizó además con las placas con las que acompañamos este texto. El título de ese segmento que reproducimos por su valor informativo y didáctico: Un paquete de entrega: cómo encajan las piezas.
“Los diferentes proyectos (o anteproyectos) de Ley que impulsa el Gobierno de Javier Milei deben ser leídos en su conjunto. Esa unidad revela una mecánica que ninguna ley, por separado, deja ver ni puede garantizar. Leído desde los territorios, el combo propone en secuencia soluciones a los cuatro problemas que el capital extranjero enfrenta para apropiarse de tierras estratégicas en la Argentina.
1. La Inviolabilidad saca el techo: habilita quién puede comprar. Conviene tener presente qué protege hoy la Ley de Tierras Rurales (26.737), porque es exactamente lo que el paquete desarma: un tope del 15% a la titularidad extranjera del territorio —nacional, provincial y local—, un límite del 30% por nacionalidad, un máximo de superficie por titular, la prohibición de adquirir tierras con lagos y ríos, y el Registro Nacional de Tierras Rurales, que hace pública esa información. Sin el límite del 15%, sin el tope por nacionalidad, sin el máximo por titular y sin la prohibición sobre lagos y ríos, un mismo actor extranjero puede adquirir tierra sin límite, incluidas las que contienen agua dulce, glaciares y nacientes.
2. La Ley de Sociedades borra el rastro: establece cómo se compra sin que se sepa quién es el dueño. Y este eslabón no es hipotético: ya ocurrió. En 2016, un decreto flexibilizó la extranjerización de tierra realizada a través de transferencias de acciones societarias, reemplazando el permiso previo por una simple comunicación sin sanción. La vía societaria tiene precedente empírico. La reforma de la Ley de Sociedades reabre y profundiza esa puerta: una corporación radicada en Delaware o en otro paraíso fiscal puede quedarse con territorio estratégico sin que el Estado sepa quién es el titular real.
3. El Súper RIGI blinda y neutraliza: construye las bases y garantiza qué pasa después de comprar. Estabilidad normativa por 30 años, beneficios cambiarios, impositivos y aduaneros extraordinarios, arbitraje internacional excluyente fuera de la jurisdicción argentina y desactivación del poder de policía estatal sobre el territorio adquirido. Quien adhiera obtiene un «derecho adquirido asimilable al de propiedad» (art. 24) que ninguna ley posterior puede alterar.
4. Se apaga la información: el Estado y la ciudadanía dejan de ver. La Ley de Tierras creó el Registro Nacional de Tierras Rurales, la primera foto nacional de quién posee la tierra. Derogarla apaga ese registro y con él el acceso público a los datos dominiales y catastrales sobre extranjerización. En paralelo, el anteproyecto de reforma de la Ley de Datos Personales que el Ejecutivo ya puso a consideración de organizaciones: le prohíbe al propio Estado inspeccionar los algoritmos que operen sobre la información de la población, y declara el entrenamiento de inteligencia artificial «interés legítimo», habilitando el uso masivo de datos personales como insumo. El Súper RIGI, por su parte, no prevé mecanismo alguno de transparencia sobre los proyectos adheridos, y la regulación del lobby baja la voz de quienes podrían oponerse.
La imagen es precisa: primero se entrega la tierra, el agua, la energía y los datos; y en simultáneo se le vendan los ojos a las tres instancias que deberían vigilar: el registro de tierras, el control de los algoritmos y la transparencia sobre las inversiones. No es un conjunto de reformas independientes que coinciden en el tiempo: es una arquitectura.
Por qué la Patagonia es el destino previsible: agua dulce, minerales estratégicos, energía y clima frío ideal para enfriar servidores hacen de la región el emplazamiento óptimo para la infraestructura de data centers e inteligencia artificial que el Súper RIGI viene a incentivar. Tierra sin límite (Inviolabilidad) + titularidad opaca (Sociedades) + blindaje de 30 años (Súper RIGI) + apagón informativo (fin del Registro + reforma de datos) es, exactamente, el traje a medida de un enclave”.
Otro capítulo se titula Lo que se pone en juego-El costo político, y abre la visión sobre los alcances de esta intentona oficialista. Allí se describe:
«La aprobación del paquete —Inviolabilidad y Súper RIGI leídos en conjunto— implica, en términos concretos riesgos sobre los siguientes ejes:
Soberanía jurisdiccional: el arbitraje internacional excluyente del Súper RIGI desarticula la división de poderes. El mayor ejemplo de quiénes se benefician de esta sinergia de iniciativas legislativas son las mega corporaciones extractivistas extranjeras expuestas en el presente documento.
Soberanía territorial: pérdida de control sobre quién accede a la tierra y a los bienes naturales estratégicos, con riesgo de concentración a gran escala y de apropiación de fuentes de agua y energía.
Información pública: apagón del Registro Nacional de Tierras Rurales y pérdida del acceso a los datos dominiales y catastrales sobre extranjerización.
Federalismo: la reforma se articula con el Súper RIGI para neutralizar la capacidad regulatoria y el poder de policía de las provincias y municipios sobre su propio territorio. Buscan también condicionar las ordenanzas que establezcan límites. Se reemplaza el ejercicio del federalismo de concertación por un unitarismo autoritario avalado por el Congreso de la Nación. Reforma Constitucional, inconstitucional.
Derechos: según el CELS, aceleración de desalojos sin garantías, mayor exposición de comunidades indígenas y familias campesinas —agravada por la derogación de la Ley 26.160 de emergencia territorial indígena— y regresión en el derecho a la vivienda, en tensión con los compromisos del PIDESC.
Ambiente: debilitamiento de la protección sobre tierras incendiadas, cuerpos de agua y humedales, en contradicción con la función social y ambiental de la propiedad y con el principio de progresividad y no regresión.
Cambio climático y resiliencia territorial: debilitar la capacidad estatal para ordenar el territorio limita la posibilidad de diseñar políticas públicas frente a la crisis climática. Sin el control del territorio, se dificulta gravemente la conservación de los sumideros naturales de carbono (bosques, humedales, etc), la protección de cuencas hídricas y la prevención y restauración de ecosistemas estratégicos degradados.
Caja fiscal y previsional: las provincias que adhieran al Súper RIGI resignan Ingresos Brutos, Impuesto de Sellos y regalías por 30 años, y el sistema previsional absorbe la reducción de aportes patronales sin compensación».
El documento también incluye como tema Lo que se le exige al Senado. Allí se explica:
“En su carácter de cámara de origen de la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, de cámara revisora del Súper RIGI y de representante de las provincias, las organizaciones abajo firmantes instan al Senado de la Nación a:
Rechazar de plano y en todos sus términos el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, y no convalidar por vía legislativa la derogación de la Ley de Tierras Rurales que la Justicia ya declaró inconstitucional.
Rechazar de plano y en todos sus términos el proyecto de Súper RIGI que le llegó con media sanción de la Cámara de Diputados, y no convalidar la doble delegación —de las provincias y del Congreso al Poder Ejecutivo— que el régimen consolida.
Ambos rechazos son una sola defensa: la de la soberanía sobre la tierra, el agua, la energía y los datos de la Argentina, frente a un paquete que abre los recursos y, en simultáneo, blinda a quienes los explotan contra todo control futuro. Rechazar uno y aprobar el otro dejaría la cerradura a medio cerrar: la fuerza del reclamo está en rechazar los dos”.
Las organizaciones que plantearon estos temas habían firmado además una Carta Abierta al Senado referida al Súper RIGI, el 28 de julio que estaba firmada por: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas, Centro de Estudios para la Ciudad, Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para La Vida, Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), Fundación Biodiversidad Argentina, Génerasj, Asuntos del Sur, LAIA (Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial), Taller Ecologista, Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para la Vida, PACHAS – Movimiento Ecopolitico por el Buen Vivir y The Common Initiative.
Extranjerización
La Ley Sturzenegger de “propiedad privada”: el gobierno sigue sin votos y la mandan a cuarto intermedio
En pleno Mundial y con la reactivación del tema sobre la soberanía en Malvinas tras el partido con Inglaterra, el gobierno no pudo tratar este jueves el proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada” que abre la puerta a la extranjerización masiva de tierras. Ya hoy, el territorio extranjerizado del país equivale a la superficie de la provincia de Santa Fe, o al de Inglaterra. Próximo round en el Senado: 6 de agosto. Aquí, además, el Mapa interactivo de Extranjerización de la Tierra para comprender, buscar e investigar la situación hasta este momento.
Por Francisco Pandolfi
Este jueves iba a tratarse en el Senado el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Ministro de Desregulación Federico Sturzenegger. Luego de haberse dado el quórum, la senadora de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, retrocedió y pidió un cuarto intermedio hasta el próximo 6 de agosto. Quedó en evidencia que el oficialismo no tenía los votos para su aprobación. El propósito central de la reforma es reforzar la propiedad privada, y para eso habilita la compra ilimitada de tierras por privados extranjeros, acelera desalojos y limita la capacidad del Estado para expropiar. Además, genera un retroceso en el cuidado ambiental: transforma la ley de manejo del fuego, reduciendo protecciones y permitiendo construir sobre tierras incendiadas.
Uno de los capítulos plantea modificaciones a la Ley 26.737 sobre la propiedad, posesión o tenencia de las Tierras Rurales, que abre la puerta a la entrega de territorios estratégicos: lagos, bosques nativos, cordillera, acuíferos. Hasta ahora, la ley limita la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Pero la reforma busca eliminar el tope existente que actualmente es del 15% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental.
La discusión se da en medio de la algarabía mundialista y el reciente triunfo ante Inglaterra que reavivó el tema Malvinas, que implica justamente una cuestión de soberanía territorial. Se reclaman las Malvinas, pero el gobierno en simultáneo abre la posibilidad de una extanjerización masiva del país. Actualmente ya están en manos extranjeras más de 13 millones de hectáreas, equivalentes al tamaño de la provincia entera de Santa Fe. O de Inglaterra.
¿Libertad económica?
El argumento del gobierno nacional para propulsar la normativa es que “en Argentina hace tiempo el derecho de propiedad, lejos de encontrar un correcto resguardo alineado con la manda constitucional, ha sufrido excesivas restricciones”. Y que buscan eliminar esas “restricciones ilegítimas que limitan el contenido esencial del derecho de propiedad, fortalecer su protección y profundizar en el camino de promover la seguridad jurídica”.
En el proyecto presentado, se aferran a indicadores internacionales, “como el Índice de Libertad Económica elaborado por la Heritage Foundation, que muestran un deterioro sostenido en la protección de los derechos de propiedad en las libertades económicas y los derechos de propiedad privada”.
Heritage Foundation es una organización con sede en Washington, que trabaja para el partido Republicano, el mismo de Donald Trump.
En la cancha
Frente al Congreso, un puñado de personas se entera primero de que hay quórum en el Senado, y después se difunde que la sesión entra en cuarto intermedio. Antes de la derrota legislativa del oficialismo, la gente escribe carteles sobre cartones:
–Senadores no vendan al país.
–Nos están poniendo en venta.
–El territorio también se defiende fuera de la cancha.
–No a la ley de extranjerización.
“Es un montón lo que quieren modificar con esta ley”, dice una mujer mientras pinta letras. “Pensémoslo al revés. Cuando vamos afuera, ¿qué podemos comprar, cuáles son nuestras facilidades? Para entrar a Estados Unidos necesitás una visa y hay un montón de restricciones. ¿Cómo van a arrasar así con nuestras tierras?”.
Otro argumento: “Y no es una cuestión racista, a nuestro país puede venir cualquiera, pero esto que busca el gobierno va por otro lado. Cruza todo los límites posibles”. “Una cosa es que invites a gente a tu casa y le des amor y hospitalidad, y otra es que venga alguien y te compre el garaje, tu baño, tu habitación, es un montón”.
A la charla entre quienes escriben carteles se le suma un señor setentón: “Todo el mundo piensa en el Mundial. ¿Y esto no es más importante? ¿Cuántos somos hoy acá? Un 0, 0000000001%”.
Pero le responde otro, con un buzo de la Selección Argentina: “Por lo menos el equipo se terminó politizando al salir ayer con la bandera (Las Malvinas son argentinas). Algo es algo. Y Messi dijo en una entrevista que la gente no llega a fin de mes. Pero ni eso está moviendo a la gente, hoy tendríamos que haber sido muchos más”.
Minutos después, Patricia Bullrich, –sin los votos para aprobar la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada– pediría el cuarto intermedio hasta el 6 de agosto.
Afuera, y en loop, resonó al unísono un canto entre quienes no se resignan al despojo:
“La patria no se vende”.
El mapa del presente
Aquí presentamos el mapa interactivo del Observatorio de Tierras coordinado por científicas y científicos del CONICET y la UBA, con todos los detalles sobre la extranjerización del territorio argentino hasta hoy.
Extranjerización
9 de Julio: El día de la dependencia y un mapa interactivo para verla
Imaginemos que una superficie similar a la provincia entera de Santa Fe se extranjerizara. La idea sirve para ir a la información. Se conmemora este jueves el 9 de Julio: 210 años desde la Independencia. El contexto es extraño: subordinación económica a través de la deuda externa, alineación política y militar con Estados Unidos y su proyecto de ir hacia Atlántico Sur, Malvinas y la Antártida, prebendas a las trasnacionales y al extractivismo minero y de tierras raras, la zona liberada para lugares cruciales como el río Paraná, por nombrar apenas algo de la actualidad. Como complemento crucial de esa tendencia, el Observatorio de Tierras coordinado por científicas y científicos del CONICET y la UBA produjo el primer Mapa de Extranjerización de la Tierra, que muestra que casi el 5% del territorio argentino, más de 13 millones de hectáreas, es propiedad de empresas o personas extranjeras: un tamaño similar a Santa Fe entera o a un territorio como el de Inglaterra. El sitio No a la Mina de Chubut explica la situación. Presentamos el mapa interactivo del Observatorio.
La agencia de noticias NO a la Mina, de Esquel, Chubut publicó la siguiente síntesis antes del 9 de Julio:
- “El Observatorio de Tierras, impulsado por científicxs del CONICET y la UBA, publicó el primer Mapa de Extranjerización de la Tierra. El dato es alarmante: el 5 % del territorio argentino —13,2 millones de hectáreas— está en manos de capital extranjero”.
- “Lo más preocupante es qué territorios fueron transferidos: cordilleras, cuencas hídricas y zonas de influencia del río Paraná. No son tierras cualquiera, sino áreas estratégicas por su valor ambiental, su biodiversidad, el agua y los bienes comunes que albergan”.
- “Mientras la Ley 26.737 establecía límites a la extranjerización de tierras rurales, la nueva normativa elimina controles clave y profundiza un modelo que favorece la expansión extractiva y la apropiación de recursos estratégicos por capitales extranjeros”.
- “Como advierte el Observatorio de Tierras: lo que está en juego no son normas aisladas, sino las condiciones bajo las cuales se controlan y se apropian los recursos estratégicos del país’».
- El sitio presenta además la posibilidad de sumarse a la firma del «Rechazo a la Ley de Sturzenegger sobre extranjerización de la tierra y desalojos».clickeando aquí.
- En esa convocatoria se plantea que el llamado proyecto de inviolabilicad de la propiedad privada «es una ley ómnibus que afecta a un conjunto de sectores de nuestra sociedad poniendo en riesgo la soberanía nacional, las capacidades estatales para diseñar políticas públicas y el derecho a la vivienda de millones de familias inquilinas». Detalla las medidas que facilitan la extranjerización y concentración de las tierras, facilita al mismo tiempo los desalojos de inquilinos de viviendas urbanas, y amenaza a las tierras rurales «exponiendo nuestro territorio nacional a la posibilidad de ser adquirido sin límites por grandes capitales transnacionales, agravando una situación ya crítica en zonas de frontera, ribereñas, con acceso a recursos minerales fundamentales y reservorios de agua dulce».
- Con respecto al manejo del fuego y los incendios sospechosamente recurrentes en el país, el documento explica sobre el proyecto oficialista: «Uno de los puntos más importantes es que elimina la prohibición del cambio de uso de suelo por 60 años luego de un incendio en vegetación, bosques, áreas naturales protegidas y humedales. También elimina la prohibición por 30 años para realizar emprendimientos inmobiliarios y actividades agropecuarias luego de incendios en zonas de vegetación fuera de los límites urbanos. De esta manera, habilita el cambio de uso de suelo para esos emprendimientos y acota la restricción solo a los bosques protegidos por la ley de bosques nativos (26.331) y a los bosques no productivos abarcados por la Ley de Defensa de la Riqueza Forestal N° 13.273.
- El mapa del presente
Aquí presentamos el mapa interactivo del Observatorio, con todos los detalles sobre la extranjerización del territorio argentino.
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