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Misiones sin remedio: los trabajadores de la salud acampan por un salario digno

El conflicto misionero no se reduce a los docentes ni a lo que ocurrió con la policía: atraviesa a todo el Estado. Desde hace 16 días el personal de sanidad protesta en la puerta del Ministerio de Salud, mientras hay cese de tareas en los hospitales públicos y Centros de Atención Primaria. Exigen una suba salarial del 100% (la categoría más baja percibe 360 mil; la más alta 600) y el pase a planta permanente de 2000 empleados sin estabilidad laboral. La falta de diálogo y escucha del gobierno, entre el deterioro de la salud mental («Hay compañeros internados e incluso una persona se suicidó») y el tener que buscar cualquier otra changa para sobrevivir.
Desde Misiones, por Francisco Pandolfi
Lo que paraliza a Misiones no se limita al reclamo docente, ni a la protesta policial que rompió el cerco mediático sobre cómo se subsiste en la provincia. El problema es estructural y se percibe a simple vista, sin necesidad de recurrir a una lupa. Basta con caminar cinco cuadras para pasar del acampe docente, al de las y los trabajadores de la sanidad, frente al Ministerio de Salud.
No hace falta ser demasiado observador para toparse, en el centro de Posadas, con una carpa sobre la calle Tucumán rodeada de carteles. “Trabajadores del hospital en lucha, que paguen lo que sale nuestro trabajo”; “Suba del 100%”. Además, un mensaje subliminal hacia las cúpulas sindicales de UPCN y ATE que firmaron un acuerdo “a la baja” de un 28%: “La lucha no se vende”.
Entre pasacalles denunciantes y cartulinas descontentas, hay un muñeco del que cuelga una hoja, para que nadie pueda hacerse el desentendido: “Yo también quiero cobrar como un senador, aumento ya”.

Misiones sin paz. Foto Lina Etchesuri para lavaca.
No hay plata
Entre enfermeros y médicas; entre trabajadores sociales, psicólogas y psiquiátras, camilleras y choferes, están Soledad, Walter y Karina, tres de las decenas de laburantes que sostienen el acampe desde hace 16 días, protesta complementaria a los paros sistemáticos que se realizan en hospitales y Centros de Atención Primaria de toda la provincia. El reclamo principal es el salarial (aunque no es el único).
Soledad Nervi es licenciada en enfermería del hospital de Puerto Esperanza, al norte misionero dentro del departamento de Puerto Iguazú: “Necesitamos mejorar el poder adquisitivo perdido en los últimos 6 meses. Con una inflación del 120%, en febrero se firmó sólo un 22% de aumento. En abril nos ofrecieron menos todavía, un 16, que rechazamos y decidimos iniciar el cese de tareas (garantizando la atención de emergencia) con 24, 48, 72, 96 horas de paro progresivas, hasta llegar al acampe. La plata no alcanza y la situación es realmente grave. Tenemos un promedio de canasta básica que supera el millón de pesos y los salarios en salud pública oscilan entre 360 mil, la categoría más baja, y poco más de 600 la más alta”.
Karina Chávez, también licenciada en enfermería, amplía: “Una de las promesas que el gobierno no cumplió es el pase a planta de los compañeros contratados. De 12 mil trabajadores de la salud en Misiones, aproximadamente 2000 no están en planta, es un montón”. Walter Schaffer es ambulanciero del hospital de Aristóbulo del Valle, en la zona centro de la provincia. “Hay trabajadores contratados desde hace 15, 17 años, a quienes no se les reconoce su antigüedad como se debe; no tienen estabilidad laboral porque los contratos son por un año en su mayoría, aunque los hay también de 3 y 6 meses. Nunca pueden relajarse, están siempre con la preocupación de si los van a echar o no”.

Soledad, Walter y Karina, hospitales sin recursos y ambulancias con el motor fundido. Foto: Lina Etchesuri para lavaca.
El silencio no es salud
En el acampe hay representantes de distintos hospitales y centros primarios de Misiones, como de las localidades Eldorado, Puerto Rico, Apóstoles, Puerto Esperanza, Aristóbulo del Valle, Oberá, San Vicente, Iguazú, Puerto Piray y una lista interminable que, sumados a algunos de Posadas como los hospitales Favaloro, Carrillo, Baliña y Lacmi, testimonian la potencia del reclamo. Karina dice con orgullo que cada persona que hoy se manifiesta, no sólo tiene puesta la camiseta de la salud pública, sino que la lleva “tatuada en la piel”. Soledad explica que en los hospitales del interior están “más castigados, con escasos recursos”. Walter dice que a las periferias “no llegan las vacunas, los medicamentos, los anticonceptivos”. Agrega: “En mi hospital tenemos dos ambulancias y una tiene el motor fundido; está ‘tirada’ a un costado, fuera de uso. Esto influye en la atención y también en el sueldo de los ambulancieros, ya que hay menos horas extras. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Que no hay plata para arreglarla”.
Soledad plantea la falta de diálogo con los funcionarios: “El gobierno sigue sin darnos una respuesta para destrabar el conflicto”. “Nos obligan a estar acá en lugar de sentarse a dialogar –continúa Karina–. Entendemos la situación económica del país, pero ellos en ningún momento se sentaron a pensar en la economía de cada trabajador. Pedimos tres cosas: 1) Respeto; 2) Escucha; 3) Que hagan lo que deban hacer para resolver nuestra situación. Quedó demostrado que plata hay cuando la semana pasada montaron un circo al que denominaron ‘marcha por la paz’, y gastaron un montón de guita en micros, choripanes y gaseosas para movilizar gente que se mostrara a favor de esta gestón. Nosotros tenemos la voluntad del diálogo, pero el gobierno sólo hace oídos sordos”.
Lavaca se comunicó con el Ministro de Salud de Misiones, Héctor González, pero no accedió a la entrevista.

La bandera lo dice todo. Foto: Lina Etchesuri para lavaca.
Médicos medicados
En la charla con el personal sanitario se menciona una, dos, tres veces a la “salud mental”. El deterioro lo aducen a la calidad de vida que empeora día tras día, a un efecto dominó que profundiza la crisis. Karina suele hablar bajito, aunque ahora alza la voz: “Cada vez tenemos menos profesionales en el sector público. Los médicos prefieren atender en instituciones privadas porque le pagan más, lo que disminuye nuestro recurso humano. Esto perjudica el servicio hacia la gente y al mismo tiempo desgasta al profesional, que encima como no le alcanza lo que cobra debe buscar otro trabajo. Estamos viviendo una situación de múltiples violencias: institucional, psicológica, económica”.
Walter no sólo maneja la ambulancia. “Estoy vendiendo leña y cortando el pasto en los momentos libres, pero ni así me alcanza. El incremento que firmaron los sindicatos (UPCN y ATE) es de 100 mil pesos, o sea, algo inexplicable. ¿Qué hacés con eso? Necesito comprarme una muda de ropa para laburar –porque no me la dan–, y me sale 150 mil. Nos están matando psicológicamente. ¿Cómo el gobierno cree que podemos vivir con la miseria que ganamos”. ¿Se gana? ¿O se está perdiendo por goleada? Alto y corpulento, habla desde el llano: “Hay muchos compañeros que están medicados, que fueron internados porque no encuentran otra salida”.
En el acampe, un cartel afirma: “No estamos locos, queremos aumentos”. Delante de él, Karina, que trabaja en el área de salud mental del Ministerio de Salud, completa: “Hay compañeros que salen a vender chipa, torta frita, prepizzas; o que se pusieron a vender cosméticos; o que se la pasan todo el día haciendo horas extras. Pero nada alcanza con lo que hay que pagar de servicios. La luz subió un 48% y el gobernador acaba de firmar un aumento del 20%; lo mismo con el combustible, la telefonía, el agua. La canasta básica crece de una semana a la otra”. Hace unos segundos de silencio; le cambia el rostro. “Hay muchos compañeros endeudados. Nosotros tenemos un sistema de préstamo exclusivo para empleados estatales. Te dan un determinado monto a los 5, 10 minutos que lo pedís, pero conlleva un porcentaje anual de interés elevadísimo. Si sacás 700 mil, en un año pagamos más de 2 millones. Así de endeudados están nuestros compañeros. Es cierto que hay internados y también que ya hubo un caso de suicidio.
–¿Qué pasó?
–Un compañero que hacía seguridad en el hospital pediátrico se había endeudado mucho. Es difícil para un padre no cubrir ni lo mínimo para llevar a la mesa. Hoy se está decidiendo entre si tomar leche o tomar té. El que tiene auto, si carga combustible o se toma el colectivo, con un pasaje que está 900 pesos. Parece mentira, pero llegamos al extremo de pensar que nos sale más barato perder un día de trabajo, que movilizarnos hasta el hospital.

¿Todos? Foto: Lina Etchesuri para lavaca.
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Jubilados: el triunfo es seguir

El Congreso de la Nación convirtió en ley el primer triunfo social que se logró al sostener en la calle, todos los miércoles y durante casi dos años, un reclamo que ni los gases ni los palos ni las detenciones arbitrarias pudieron desalentar.
Lo que deriva, ahora, es también el primer gran desafío político para un gobierno agobiado por la debilidad de su plan económico –debilidad que ahora quiere atribuir a esta decisión legislativa– y desgastado por una retórica abusiva que lo está dejando sin aliados y rodeado únicamente por aduladores, odiadores y especuladores.
La aprobación de un aumento de las jubilaciones del 7,2%, un incremento del bono de 70.000 a 110.000 y la extensión de la moratoria extinguida por decreto fue suficiente para que, además, comenzaran los reproches públicos de la interna oficialista, que tuvieron a la gran perdedora de esta pulseada –la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich– como vocera.
La estrategia de la ministra de sofocar con palos y criminalización el reclamo social dejó ayer en evidencia su fracaso, tal como había sucedido en su anterior gestión al frente de esa cartera en tiempos de Mauricio Macri presidente.
Lejos de aprender la lección, la repitió cosechando idéntico resultado. Lo sintetiza Beatriz Blanco, 81 años, la jubilada golpeada, tumbada y gaseada durante una la jornada de protesta del 12 de marzo (en la que también fue atacado el fotógrafo Pablo Grillo que continúa su arduo proceso de rehabilitación): “Si no aflojamos, lo logramos: esa es la lección de hoy”.
Beatriz no está confiada ni esperanzada: “Estoy decidida”, dice para definir qué espera en los próximos días, cuando se defina si el Congreso apoya o desactiva el anunciado veto del presidente Milei.
Esa decisión que define el estado de ánimo de Beatriz tiene un por qué: “ya no estamos tan solos y eso nos permite creer en nosotros. Nuestra fuerza es seguir”.
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La independencia de los jubilados

Hubo marcha alrededor del Congreso vigilada por 26 vehículos de Gendarmería y Policía Federal como anticipo de las movilizaciones convocadas para la semana próxima. Sin embargo fue un 9 de Julio sin violencia contra quienes manifiestan, mientras lavaca planteaba una pregunta a jubiladas y jubilados: ¿De qué hay que independizarse?
Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla
Fotos: lavaca.org
“Tengo 48 años de aportes y no llego a 500 mil pesos de jubilación. No puede ser que ni siquiera tenga para un gustito de comprarme un dulce de batata” dice a lavaca Hugo, 74 años, mientras marcha alrededor del Congreso. Tiene una barba blanquísima que le envidiaría Papá Noel. Vino desde Villa Domímico. Su síntesis para un 9 de Julio: “De lo que tenemos que independizarnos es de este gobierno, que no da para más”.

El 9 de julio de 1816, el Congreso de Tucumán, integrado por representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata, proclamó la Independencia de estas tierras. Ese día, las manifestaciones populares se concentraron en los alrededores de la Casa de Tucumán, coreando el grito de «Viva la Patria».
209 años después, este 9 de julio de 2025, afuera de ese Congreso de la Nación integrado por diputados y senadores, jubiladas y jubilados proclaman de qué falta todavía independizarse en un contexto de jubilaciones licuadas (el haber mínimo a $379 mil), de barrida de la moratoria previsional y de la gratuidad los remedios.
Hugo sigue describiendo la situación tras sus 48 años de aportes, a través de un montón de preguntas: “¿Dónde está lo que pagué durante tantos años? ¿Cómo como? ¿Cómo vivo? ¿Quién me explica eso?”. Agrega otro elemento: “Soy epiléptico, tomo un remedio que me sale 200 mil pesos. Con mi señora ya no comemos a la noche. Esto es una esclavitud”.

Un dolor en el pecho
Graciela, 78 años, es de Libertad, Merlo: “Tenemos que independizarnos de esta mierda de gobierno y de todo lo que nos explotan día a día. Estoy viviendo mal, no me puedo comprar los remedios que necesito. Nos han quitado todo a los jubilados. Este es un gobierno democrático, elegido por una votación, pero tremendamente dictatorial”.
Un poco más joven, Osvaldo tiene 72 julios. Llegó desde Claypole donde vive. Dice que hay que independizarse de lo que define del siguiente modo: “Es una mafia que está regalando el país, todos los bienes naturales. Volvimos a depender de Estados Unidos, nos endeudan cada vez más, es un desastre”. Cuenta que cobra la mínima y que tiene un dolor en el pecho cada vez que lo visita alguno de sus seis nietos: “Me piden un yogur y no se los puedo comprar. Mis hijos no me ayudan aunque quieran, porque están peor”. Hace una pausa. Confiesa. “Te digo la verdad: ya no ceno, me tomo un té, no me da para otra cosa”.

Lo que quiere Milei
Alrededor del Congreso, esta vez sin vallas, dos ejércitos desproporcionados están apostados para evitar vaya a saber qué: Gendarmería Nacional (15 vehículos) y Policía Federal (11 vehículos). Pero no pueden impedir que los y las jubiladas marchen alrededor del palacio legislativo, al grito de “qué vergüenza, pegarle a un jubilado por dos pesos con cincuenta”, aunque evidentemente los haberes de los llamados efectivos son otros.
Surgen algunas preguntas entre los manifestantes:
¿Cuánto cuesta un operativo así de desmedido?
¿Por feriado se les paga doble a ese montón de uniformados?
¿Qué sentido tiene tanta parafernalia de seguridad?

Este jueves está prevista la sesión en el Senado para tratar el aumento de jubilaciones. Opina Hugo: “Milei ya dijo que lo volverá a vetar. Y eso que sería un miserable aumento, es una vergüenza, es un desalmado, una mala persona”. Argumenta Graciela: “No tengo expectativas, porque aunque el Congreso apruebe todo, el señorito que tenemos por presidente lo veta. Él quiere a los jubilados sin nada, muertos”.

Señalando la corrupción
Teresa dice que pasó los ochenta y que es de un territorio innombrable: La Matanza. Se presenta como militante comunitaria en Laferrere, con acción en la casa de salud barrial, y cuando se le pregunta por el día patrio, se enciende: “Hay que independizarse de la corrupción”, dice y señala al Congreso: “Si pueden tirarlo abajo, tírenlo, porque no me representa a mí ni a ninguno de los que estamos acá. Nosotros hacemos la patria grande, con este bastoncito que ves hice mucho por esta Patria, la amo y me la están robando. Luché mucho por ella, hijo. Mucho”. Nos pide que escuchemos un tema de Horacio Guarany,
“Qué te ha pasado justicia”. Lo que se cantaba en el siglo pasado:
A ver, señor diputado,
¿qué le ha pasado que se olvidó
del bendito pueblo obrero
que usted en campaña siempre nombró?
Tengo mis hijos pidiendo,
que por la calle siempre se ven
y usted se aumentó la dieta,
y yo a la dieta la hago muy bien.
Alicia, 80 años, es otra de las jubiladas con esa dieta (cobra la mínima, $304.723,90 más el bono de $70.000), y dice que hay que independizarse de todo: “Somos una colonia. Se han posesionado de nuestros recursos naturales, el agua, el litio, el petróleo, están regalando las mineras, la educación, la salud, la jubilación. En realidad, no tenemos nada”.

¿Qué necesitamos?: “Otra independencia”, sintetiza Alicia, que integra Jubilados Insurgentes.
Mónica, 72 años, de la Asamblea de Vecinos de Boedo, viene siempre los miércoles sin importar si llueve o hace frío, y la hace corta: “Hay que independizarnos del presidente cipayo que tenemos, de Estados Unidos y de Israel”.
A su lado está Ricardo, 84, de Lanús, conurbano sur: “Llegamos al 9 de Julio con despidos masivos, garrote y gaseo a trabajadores del INTI, de Vialidad Nacional, con una CGT traidora. Esto, con huelga y un plan de lucha se termina. En 1919, los trabajadores de la Semana Trágica luchaban por trabajar ocho horas en lugar de doce y se cargaron 700 cuerpos. Hoy la clase argentina trabaja por salarios de hambre y no se para de manos”.
Pertenece a una agrupación llamada Bastones en rebeldía y dice que viene por quienes no pueden estar por razones de salud. “Acá tiene que venir más gente, somos seis millones de jubilados…”. Se enoja, mueve la cabeza y cuenta que tiene siete categorías para englobar a quienes no vienen cada semana a lo que se transformó en el epicentro de la resistencia a este gobierno: 1) Los indiferentes 2) Los indecisos 3) Los adormecidos 4) Los que naturalizan todo 5) Los resignados 6) Los mesiánicos 7) Los hiperindividualistas. Dice que no tiene necesidad económica, pero que prefiere seguir marchando.

Las 14 organizaciones que integran la Mesa de jubiladas y jubilados en lucha convocan para el próximo miércoles 16 de julio, desde las 15, a una “gran marcha antirrepresiva entre todos los sectores que hoy padecen la crueldad de este gobierno”.
Llaman a marchar el jueves 17 con los trabajadores del Hospital Garrahan.
El 9 de julio de 1816 marcó la independencia política “de España y de toda dominación extranjera”, pero siguieron existiendo muchas formas de dependencia: económica, cultural, productiva, mental. Toda relación entre aquellos eventos de Tucumán y las cosas que ocurren 209 años después, ¿serán pura coincidencia? A más tardar la semana próxima las calles volverán a decir lo suyo.

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Otro ataque a la salud pública y al Garrahan: las movilizaciones que se vienen

No solo no soluciona el problema, sino que lo empeora: el gobierno difundió un reglamento que degrada las condiciones laborales de los profesionales de la salud residentes en hospitales nacionales al buscar convertirlos en “becarios”. Asambleas y la decisión: paro y un abrazo al Garrahan el próximo jueves 10, y la convocatoria a una gran marcha federal por la salud el jueves 17 de julio.
Por Francisco Pandolfi
Residentes sí, becarios no. Ese es el nuevo lema que hoy levantan (y denuncian) residentes de los hospitales nacionales del país, ante el nuevo reglamento que dictaminó el 2 de julio el ministerio de Salud de la Nación para las residencias médicas.
¿Qué son las residencias? Tienen como objetivo capacitar y especializar a egresados de carreras como medicina, enfermería, psicología y bioquímica, entre otras, en el marco del trabajo asistencial y académico.
¿Qué aduce el gobierno nacional para la formulación del nuevo reglamento? “Recuperar su rol formativo y permitir que los residentes puedan elegir bajo qué modalidad realizar este tramo de su formación y cómo administrar el monto de las becas percibidas. A fin de jerarquizar el carácter formativo de esta etapa, el nuevo reglamento recupera el concepto de beca (excluyendo cualquier encuadre como empleo público, relación laboral o contratación de obra o servicio) y ofrece a los residentes la posibilidad de elegir entre dos modalidades diferentes: Beca Institución (el hospital otorga la beca) o Beca Ministerio (contrato con el Ministerio de Salud). No es empleo público, no es una relación laboral. Es una etapa formativa con financiamiento estatal”.
Ante la Resolución 2109/2025, las y los residentes del Hospital Garrahan a la cabeza, y todos los profesionales de la salud del sistema de residencias nacionales realizaron ayer una conferencia de prensa en Plaza de Mayo, donde denunciaron: “Este modelo de residencias, ampliamente utilizado a nivel global y que rige en Argentina desde hace más de 30 años y que fue perfeccionándose en el tiempo, garantizó profesional altamente capacitado en cada rincón del sistema de salud. La nueva normativa desmantela las bases fundamentales del sistema, se nos atribuye libertad de elección ante dos opciones de las cuales ninguna resuelve la problemática salarial de base, y además ambas implican la pérdida de múltiples derechos laborales adquiridos; pretende transformar lo que hasta ahora era un régimen formativo en servicio, remunerado y con derechos reconocidos, en un esquema de becas sin vínculo laboral claro, ni aporte y con importantes recortes en licencia, descanso y condiciones de trabajo”.
Entre los puntos “más alarmantes”, destacaron:
- Aumento de la carga horaria y del número de guardias (de 70 horas semanales a 93).
- Eliminación del descanso post guardia (lo que implica pasar de 24 horas de corrido a 30).
- Reducción del valor de la hora trabajada: en caso de la Beca Institución, $3.200 de cobrarse un bono hospitalario. En Beca Ministerio: $2.200.
- En la Beca Institución, mayor dinero en mano, pero a expensas de la pérdida del aguinaldo, aportes previsionales y obra social.
- En la Beca Ministerio, menos dinero en mano, obra social estatal y sin posibilidad de cobrar bonos institucionales.
- En caso de rescisión de contrato, no se contará con indemnización.
- Renovación de contrato de forma anual a pesar de concursarse por formación de 3 a 4 años.
Como cierre de la conferencia, sentenciaron: “No se puede aludir a la libertad cuando se nos acorrala entre dos opciones de precarización extrema. La residencia sí es un trabajo. Exigimos la inmediata derogación de la resolución y la apertura urgente de instancias de diálogo con las y los residentes de todo el país. Sin residencia como fuente de personal capacitado, no hay futuro posible para la salud de Argentina”.
Abrazo y marcha federal
Josmar Flores Arnéz es licenciado en bioimágenes, tiene 37 años recién cumplidos y hace 16 que trabaja en el servicio de neurointervencionismo del hospital. Además, es delegado de la junta interna de ATE. Habla con lavaca: “La modificación en las residencias no sólo es una degradación de las condiciones laborales de las y los residentes, sino también implica la degradación del sistema de salud completo, porque cambian la forma de contratación quitando derechos laborales. Lo que decretan es que dejan de ser trabajadores, para hacer las tareas por una especie de bono, a través de una metodología de becas”.
Esta nueva medida se enmarca en una política de ajuste a la salud pública en general, y al hospital Garrahan en particular. El miércoles pasado, en la Cámara de Diputados se estaba tratando la emergencia para el Garrahan, pero la sesión se levantó por discusiones entre el bloque oficialista de La Libertad Avanza, y el peronismo. La emergencia quedó sin tratar…
¿Cuál es la emergencia? Josmar Flores plantea cuatro puntos clave:
- Una recomposición salarial del 100%.
- Que la persona que recién ingresa cobre lo mismo que estipula la canasta básica familiar: un millón ochocientos mil pesos.
- El aumento del presupuesto del hospital.
- Mejora en las condiciones de trabajo: que se reconozca un régimen de insalubridad especial para el hospital.
¿Cómo sigue la cuestión? “Todos los trabajadores del hospital, incluidos los residentes, hacemos asambleas conjuntas y acabamos de decidir ir a paro los próximos dos jueves –cuenta Josmar–. El 10 llamamos a un abrazo solidario al hospital, en la puerta sobre Combate de los Pozos; y 17 convocamos a toda la población a una gran marcha federal, que en la Ciudad Buenas Aires irá desde Congreso a Plaza de Mayo”.
Cierra: “Este gobierno nos ataca por muchos ángulos y la única manera de cambiar la realidad es seguir por este camino”.
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