Un informe de la Procuraduría de Violencia Institucional sobre el primer semestre de 2024 muestra que las cárceles federales están rebalsadas y casi la mitad de la gente presa no tiene sentencia firme. El aumento en las detenciones de jóvenes de entre 18 y 21 años es del 9%. El análisis del fiscal Gustavo Gómez sobre la investigación, mientras hay insólitas prisiones domiciliarias a narcos. El deterioro de la Justicia, propuestas para transformarla, y lo que se trata de ocultar. El informe completo.

Por Francisco Pandolfi

1) La población presa creció un 2,7% (11.612 personas en total).

2) La sobrepoblación en las cárceles federales es del 6,2%: 680 personas por encima de su capacidad.

3) La cantidad de jóvenes entre 18 a 21 años aumentó un 9% y más de la mitad está presa sin condena (57.9%).

4) el 47% de los presos tiene prisión preventiva, sin sentencia firme.

Estos puntos que reflejan cifras y estas cifras que representan personas son algunos de los ejes que denuncia el documento publicado por la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) sobre las cárceles federales. Los datos relevados entre enero y junio de 2024 corresponden a personas detenidas en unidades y complejos del Servicio Penitenciario Federal, por lo que no abarca al universo de cárceles provinciales y comisarías. Ni a una importante cantidad de presos federales alojados en comisarías y cárceles provinciales porque el SPF no tiene lugar para alojarlos.

Gustavo Gómez, actualmente Fiscal General ante la Cámara General de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, plantea a lavaca su mirada sobre el aumento de la cantidad de menores de 21 años detenidos. Un breve mapa sociológico de la actualidad:

“Si uno hace un vínculo directo entre los hechos ilícitos y la pobreza; o los grados de miseria que tenemos en nuestra sociedad, con las dificultades que hay para ofrecer escuelas y un sistema educativo integral; mientras sigan aumentando los índices de pobreza paralelamente aumentará la cantidad de delitos en jóvenes. No se les ofrecen otras posibilidades y vienen heredando el estado de miseria de varias generaciones para atrás, así que cuanto más pobreza tengamos en los índices, más jóvenes presos habrá. En los hechos delictuales es en el único lugar que ven un posible ascenso social, que antes lo daban el trabajo y la educación”.

Amontonamiento sin sentido

Gómez investiga desde hace décadas delitos vinculados al narcotráfico, a la corrupción, a los deterioros ambientales.

¿Cómo se vislumbra la situación hacia adelante a partir del informe?

–El Poder Ejecutivo deberá construir o alquilar más edificios si proyecta tener presos desde los 13 años– responde.

No le escapa a la opinión sobre la idea de bajar la edad de imputabilidad: “Nuestra Constitución Nacional dice claramente que las cárceles no son para castigo, entonces les tenemos que dar la finalidad que merece. El Estado definitivamente tiene que hacerse cargo de aquellos menores que cometen delitos para darles un tratamiento de reeducación, pero hoy se tienen herramientas vetustas que no se ajustan a la realidad, son inaplicables. Si yo voy a bajar la edad de imputabilidad y no tengo un lugar para alojarlos para ese proceso de recuperación que ordena el artículo 18 de la Constitución, será otra vez una ley que sólo amontonará gente en comisarías y en celdas sin ningún sentido”.

Narcos con domiciliaria

Gustavo Gómez (su primer nombre es Antonio pero prefiere evitarlo) es fiscal federal desde septiembre de 1990, cuando fue nombrado en la fiscalía de Rawson, Chubut. Allí, en su Patagonia natal (Puerto Deseado, Santa Cruz), permaneció hasta ser designado Fiscal General ante la Cámara General de Tucumán, nada menos que el 19 de diciembre de 2001. “Mi decreto lo firmó De la Rúa antes de irse”, recuerda sobre aquellas horas funestas para el país.

Hoy, 23 años después y ante la consulta de lavaca, agrega sobre los datos del informe de la Procuvin: “Algo obvio es que tenemos un serio problema en materia de construcción de cárceles, porque en este semestre hemos pasado el máximo de detenidos”. A mediados de diciembre el cupo del Servicio Penitenciario Federal (10.932 personas) rebalsó.

Plantea una solución: “No todo pasa por construir cárceles; de hecho, hay soluciones alternativas que son más baratas. Por ejemplo, el alquiler o la compra de hoteles en desuso, donde se aloje a los presos que estén en la etapa final de sus penas y no se van a fugar. Con cárceles de mínima seguridad, pero con controles, descomprimís a todo el sistema carcelario”.

Cuenta lo que está ocurriendo ahora mismo: “La alternativa es mucho más insólita, porque tenemos personas acusadas de tráfico de estupefacientes alojadas en su casa con prisión domiciliaria, donde la capacidad que tiene el Estado para controlar es muy reducida al depender de las tobilleras, de la línea telefónica y de un policía que pase cada tanto por el domicilio de esa persona”.

Justicia sin jueces

¿Qué hay detrás del aumento en la cantidad de presas y presos?

–El sistema penal de administración de la Justicia Federal en Argentina está en retroceso, en una crisis muy fuerte, muy severa. Una gran cantidad de causas están prescribiendo o se hacen juicios abreviados por penas menores porque no hay espacio para tener a los detenidos, porque directamente no hay ni siquiera jueces para hacer los juicios orales. Un ejemplo concreto: en Tucumán tenemos tres vacantes de jueces del tribunal oral federal, entonces cada vez que hacemos un juicio debemos andar pidiendo prestados jueces y fiscales a Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero y a otras provincias, magistrados que a su vez atienden sus carteras propias. Ningún sistema de administración de Justicia penal puede funcionar con más del 30% de vacantes en la Magistratura”.

¿Esto significa que si el sistema funcionara bien, habría muchas más detenciones?

–Seguro, no tengo dudas. Otro de los puntos importantes del informe y que muestra el fracaso del sistema de administración de Justicia penal es que casi la mitad de los presos (47%) en el Sistema Penitenciario Federal están sin sentencia firme, no están condenados, sino con prisiones preventivas.

Tres propuestas

El fiscal acompaña el análisis de los datos duros con propuestas concretas para revertirlos. Tres ideas, como para empezar a hablar:

1) El paso a un sistema acusatorio. “Es urgente: a los jueces se les quita el poder de investigar las causas y se le otorga a los fiscales para tener la posibilidad de decir qué causas penales investigar y cuáles no, evitando así un dispendio de recursos económicos y concentrarse en los casos verdaderamente importantes. Hoy Argentina está dividida en dos: Salta, Jujuy y la jurisdicción federal de Rosario aplican un sistema procesal, el acusatorio. El resto del país el otro, que tiene más de 30 años”.

2) La modernización del sistema penitenciario. “Para que no esté concentrado en los barrotes y no haya una gran cantidad de policías abocados a custodiar las prisiones domiciliarias o en las superpobladas comisarías”.

3) Orientar la política criminal. “Para que la administren los fiscales y no como ahora, que queda en manos del Poder Ejecutivo”.

Lo que se tapa

Cuando se le pregunta por el indicador que más lo perturba pensando a futuro, primero ríe, y luego sorprende: “Te va a parecer curioso, pero lo que más me preocupa no está en ese informe. Son los datos de las cárceles provinciales, que están ocultos”. Sobre las cárceles provinciales, vale como muestra la foto de portada que publicamos, en la que se ve la situación en Rosario mientras las autoridades policiales intentaban imitar el estilo aplicado en El Salvador por Nayib Bukele.

¿Por qué es más preocupante la situación en las provincias?

–Por la gravedad institucional que significan esos datos. Lo más grave en nuestro país y en lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos siempre hace hincapié, es en la situación de las cárceles provinciales, pero desde el Ministerio de Seguridad de la Nación no se difunde una evaluación estadística integral que incluya a todas las provincias. Si es que existe. Las cárceles están recontra superpobladas y las fotografías que nos mandan son horrorosas. En muchas comisarías ni siquiera les dan abrigo. Ni siquiera les dan comida suficiente. Todo depende de lo que les traigan los familiares”.

La prohibición de palabras que intenta el INTA, que se agrega al ocultamiento del informe internacional SPRINT, que detectó 100% de casos estudiados en el país con decenas de pesticidas en sangre, orina y materia fecal. La denuncia del gremio con respecto al “adoctrinamiento” propiciado por la Vocería del actual gobierno. La agroecología como posibilidad que se intenta invisibilizar para favorecer a las corporaciones. (Foto de portada: grupos de productores recorriendo campos agroecológicos en Guaminí, provincia de Buenos Aires).

La principal organización gremial dentro del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) denunció entre otras cosas: “La censura impuesta sobre la divulgación de conceptos relacionados al Plan Estratégico Institucional 2015-2030, por ejemplo: cambio climático, sustentabilidad, agroecología, género, biodiversidad, huella de carbono y prohuerta, entre otros”.

APINTA (Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) lanzó en junio el documento (que reproducimos aquí en su totalidad) con la firma de todas sus autoridades. Desde el gremio aclararon a lavaca que la censura no responde a una circular escrita, sino a una orden verbal surgida del presidente de la institución, un reconocido impulsor de los agronegocios: Juan Cruz Molina Hafford.

La prohibición busca anular actividades del propio INTA (el programa Prohuerta, por ejemplo) y avanza además sobre emprendimientos como la REDAE (Red Agroecológica del INTA). Pero fundamentalmente se inscribe en lo que el gobierno en curso llama “batalla cultural” que busca censurar, agredir y cancelar a quienes no actúen con obediencia debida, como intento, de paso, de distraer la atención sobre sus propias fallas, ineptitudes y escándalos.

El ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá plantea a lavaca una pregunta que resulta una curiosidad de época: “¿Cómo una institución científica censura una parte de los conocimientos que permiten una mayor y mejor producción?” en referencia al crecimiento de la agroecología como producción sana y sustentable de alimentos, que combate naturalmente el cambio climático, y favorece la biodiversidad.      

La prohibición parece una declaración de principios: el INTA busca censurar en el lenguaje interno y hacia la sociedad términos como agroecología, biodiversidad, cambio climático, huella de carbono o sustentabilidad. Una especie de fumigación de palabras que evidencia una mirada –o no mirada– de las autoridades de la institución respecto de lo que el ambiente científico internacional alerta frente a la crisis a la que están siendo sometidos el planeta y la humanidad por modelos de producción fundamentados en la destrucción de la naturaleza y la ceguera frente a sus efectos.

No se privaron de incluir “género” entre lo que no se debe decir. O “cambio climático” o “biodiversidad. El trasfondo mental de esa actitud se basa en la idea de que lo que no se nombra, o no aparece, no existe. En el país se aplicó durante décadas en el siglo pasado. No se podían nombrar ni escribir palabras como Perón o Evita. La dictadura de 1976 prohibió no solo palabras sino escritores, artistas, canciones, manuales de matemáticas, películas libros infantiles y hasta El Principito.  

El documento gremial fue firmado por el secretario general de la organización Mario Alberto Romero, el adjunto Luis Ceballos y unos 140 representantes del INTA de todo el país.

Adoctrinamiento oficialista

El gremio denuncia –además de la censura– la utilización de bots y trolls oficiales que descalifican las publicaciones institucionales en redes sociales, y además las agresiones, insultos y difamaciones contra el INTA y otros organismos científicos “por parte de personajes que posteriormente pasan a ser funcionarios del gobierno actual”.

Repudia también la recepción de correos de “propaganda política / adoctrinamiento desde la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno (Secretaría General de la Presidencia) utilizando las cuentas de correo electrónico institucionales”. Esas áreas son encabezadas por Manuel Adorni (SVC) y Karina Milei (SGP).

El Plan Estratégico Institucional 2015-2030 que APINTA da a entender que es el blanco de esta censura, está destinado a un desarrollo sostenible del sistema agropecuario, agroalimentario y agroindustrial, “inclusivo, equitativo y cuidadoso del ambiente”. El Plan resalta la intención de contribuir a la  “soberanía científico-tecnológica, a la seguridad y soberanía alimentaria”.

Juan Kiehr, fallecido en junio, durante una producción para la revista MU en su campo La Aurora, de Benito Juárez, catalogado por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) como establecimiento emblemático de la agroecología, la palabra que el INTA busca desterrar.

Pesticidas hasta en la sangre

La maniobra tiene antecedentes en la institución. A fines de 2022 el INTA de córdoba, entonces regenteado por Molina Hafford, apercibió al ingeniero agrónomo de la institución, César Gramaglia, por haber planteado en un programa radial algo evidente: que la agroecología permite producir cultivos sin aplicación de pesticidas agroquímicos.

Tal vez esa sea la clave del intento censor. la agroecología no perjudica en nada al modelo basado en insumos químicos y transgénicos (en realidad ocurre al revés, ya que la deriva contaminante en aire, agua y tierra sí puede dañar a los cultivos agroecológicos). Pero en lo que sí perjudica la agroecología al modelo que defiende el señor Molina Hartford es en que desnuda lo innecesario y lo insano del uso de esos insumos, más todavía en un país agobiado por la falta de dólares.

Más recientemente, en junio de 2023, la institución ordenó a la ingeniera agrónoma Virginia Aparicio, investigadora de la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce omitir toda información pública sobre el proyecto SPRINT de la Agencia Ejecutiva de Investigación de la Unión Europea. La rama argentina tuvo al INTA como referente y además intervinieron 28 universidades e instituciones del exterior.

Los resultados completos del proyecto Sprint, también ocultados por el INTA en 2023.

Tal vez el resultado explique la mordaza: el total (100%) de 73 participantes argentinos en la investigación internacional sobre agrotóxicos “presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal”. El estudio incluyó a personas que viven lejos de las fumigaciones, por lo que se consideró a estos plaguicidas como “omnipresentes”. Se encontraron además los venenos en los alimentos (contaminados con hasta 22 agrotóxicos), el polvo del hogar, los granos de cultivos, animales, alimentos para animales, suelos y agua.

Tapa de uno de los dos volúmenes que conforman un libro editado por lavaca.

La información que el INTA pretendía ocultar agregaba que los agrotóxicos encontrados fueron glifosato, su metabolito AMPA, Atrazina, Metolacloro, 2,4-D (Free), Clorpirifos (prohibido en el país). Insecticidas como Fipronil, Imidacloprid, Cipermetrina. Funguicidas como el Tebuconazol, entre otras peligrosas sustancias que representan un riesgo para la salud y el ambiente.

En declaraciones recientes el ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá, ex director nacional de Agroecología, planteó que la situación es muy triste y se preguntó: “¿Cómo una institución científica censura una parte de los conocimientos que permiten una mayor y mejor producción?”. Recordó también ante el medio Todo provincial, que “hay más de 100 municipios que fomentan la agroecología y más de 2 mil productores que encuentran en ella una alternativa a una forma de producir que está trayendo muchos problemas y está contaminando el aire, el agua y el suelo”.

Eduardo Cerdá en MU.

Esos municipios están reunidos en la RENAMA (Red Nacional de municipios y comunidades que fomentan la agroecología). “Se ha producido una notable pérdida de biodiversidad. El 70% de la tierra del país están sembrados con soja y maíz. Está demostrado que hemos perdido el 50% de la fertilidad”, explicó Cerdá. “Las malezas son cada vez más resistentes por lo que aumentan cada vez más las dosis de agroquímicos generando problemas sanitarios y de contaminación a todo nivel”.

Remo Vénica, de la granja Naturaleza Viva, de Santa Fe, uno de los pioneros de la agroecología, que el INTA busca ocultar.

Eso lo ha llevado a plantear en la revista MU que los campos fertilizados y fumigados con pesticidas son “drogadictos”, ya que se precisa cada vez más veneno para lograr el mismo efecto.

La agroecología implica otro enfoque: “El que se lanza por este camino, no vuelve a lo anterior”. El argumento de Cerdá apunta a que quien produce agroecológicamente deja de invertir en la compra de agroquímicos valorizados, para colmo, según el dólar, y organiza por lo tanto un esquema productivo que además de la salud y el ambiente, implica también mejor rentabilidad.

Las autoridades del INTA siguen ejerciendo el silencio ante los temas de interés público aquí planteados.

Tapa del segundo volumen del libro que mejor no nombrar en el INTA.

Este lunes comenzó en La Plata el primer juicio oral y público por el caso del joven trans Tehuel de la Torre, que lleva a 1.250 días desaparecido. Bajo la acusación de homicidio agravado por odio a la identidad de género, en este juicio será juzgado Luis Alberto Ramos, uno de los dos imputados. Junto a Oscar Montes fueron los últimos en ver a Tehuel. El caso fue separado: mientras el proceso a Ramos comenzó hoy, Oscar Montes tendrá un juicio por jurado popular sin fecha prevista aún.

En esta primera jornada, las voces con las que el tribunal intentará responder el enigma de qué pasó con Tehuel no dieron respuestas contundentes, pero dejaron en evidencia una trama contextual que muchas veces puede volverse el centro: las vidas frágiles de Tehuel, su familia y las personas que tuvieron contacto con él la última vez, están demasiado lejos de los pasillos de Tribunales. La matriz patriarcal las atraviesa de la misma manera que las atraviesa la pobreza, las dificultades para nombrar y nombrarse en un conurbano profundo que marca muchísimo más las distancias del cisheteropatriarcado que en las capitales. ¿Cuándo desaparece Tehuel? ¿Cuando fue visto por última vez o cuando el Estado estuvo ausente, tiempo antes? ¿Qué debe hacer un pibito trans del conurbano casi rural para sobre-vivir? Los testimonios, las dificultades en los diálogos con los magistrados, y la trama detrás de otra persona desaparecida en democracia.

Por: Julia Varela/ Foto: Camila Flores Catino
(Esta nota que publica lavaca.org forma parte de una cobertura colaborativa sobre el juicio por el caso de Tehuel de la Torre, realizada entre varios medios pertenecientes a la Red de Medios Digitales (RMD) de La Plata: Pulso Noticias, Perycia, Otro Viento, AnRED, Nota al pie y Desde la raíz).

A las 11 de la mañana, una hora después de lo anunciado, se llenó la sala A del TOC 2 de La Plata. La demora se fue por el registro policial, el ingreso de los datos y la búsqueda de una sala de audiencias escondida en el entramado de pasillos y escaleritas del Fuero Penal del Poder Judicial de la ciudad. 

El Tribunal que lleva adelante este debate está conformado por tres personas: el presidente, Claudio Joaquín Bernard, la vicepresidenta Silvia Edit Hoerr y el vocal Ramiro Fernández Lorenzo. Ellxs son lxs que van a escuchar, durante las diez audiencias que tiene previsto que dure el juicio, a los más de sesenta testigxs que están citadxs a declarar. Al final del debate, serán también quienes decidirán si al imputado, Luis Alberto Ramos -el único imputado en este juicio- se lo condena como busca la fiscalía, por homicidio agravado por el odio de género. 

El primer juicio por Tehuel de la Torre es un juicio sin cuerpo y con cuatro elementos de prueba que para la fiscalía demuestran la culpabilidad del imputado: una mancha de sangre en la casa de Ramos, restos de la carcasa del celular de Tehuel, pedazos de ropa quemada que podrían corresponder a Tehuel y el cruce de las antenas telefónicas, que demostraría que los tres (Tehuel, Ramos y Oscar Montes, quien será juzgado por otro tribunal) estuvieron en la casa de Ramos la noche del 11 de marzo del 2021. Según fuentes de tribunales, la posición de los jueces respecto del agravante por odio a la identidad de género estaría, en este inicio, dividida. Pero el juicio recién comienza. En esa definición técnica, pero también política, podría estar el corazón del proceso. 

“El juicio empaña un poco nuestro primer pedido que es por una persona desaparecida. Hay una ausencia que el juicio no viene a saldar y olvida las responsabilidades en el proceso de desaparición. Un desaparecido en democracia no me parece un dato menor. Seguimos sin saber qué pasó. Me pregunto qué se hizo o cómo se hizo el proceso, o si sólo se apuntó al proceso judicial donde se va a penar a dos personas que también estaban en una absoluta marginalidad como estaba Tehuel. No nos podemos alejar del pedido por la memoria de Tehuel, el pedido original por la verdad que nos está faltando. ¿Cuál fue el recorrido que hizo esa noche? ¿Qué pasó con Tehuel?”, dijo Maru Bibiloni, filósofx y activista, que seguía el debate desde la sala, junto con la prensa y otrxs asistentes. 

Y agrega: “¿Quién tiene la capacidad de desaparecer un cuerpo? Hay tramas que el juicio no va a poder develar. Está apuntando a personas muy marginales, que vivían en la misma marginalidad que vivía Tehuel, y está marcando una ausencia anterior del Estado para brindar herramientas para garantizar que los derechos humanos estuvieran respaldados. En el caso de una posible condena, lo que sí va a pasar es que se va a clausurar una búsqueda y Tehuel sigue sin estar acá, seguimos sin saber qué pasó”. 

La lista de personas citadas a declarar en el primer día cambió a último momento. Al principio eran nueve personas, seis relacionadas a la familia de Tehuel de la Torre y tres de identidad reservada. Pero en la primera jornada del juicio terminaron por declarar seis personas, algunas que no estaban previstas. 

“A Tehuel, de chico, le gustaba el fútbol”, dirá su madre Norma Nahuelcura, al inicio de su declaración. La fiscalía le pregunta si tenía muchas novias y, además, si era varón. “Para el jardín del hijo de Michelle, Tehuel era varón”, contesta ella. La fiscalía insiste en preguntar si lo llamaban como él o como ella. No hay mayores preguntas o repreguntas sobre cómo la familia construía o acompañaba la identidad de Tehuel. Lo que Norma sí dice es que Tehuel no tenía trabajo: que vivía de changas, que cada vez que algún vecinx le pedía podar un árbol, él iba y lo cortaba. Fue contundente: “Era mala la situación económica. Me decía, no consigo trabajo, y estaba un poco nervioso”. 

El tribunal, la fiscalía y el particular damnificado intervienen, se superponen en las preguntas, a veces se pisan. Las respuestas son cortas, concretas, con poca información, con oraciones chiquitas. A Michelle Leyes, la novia de Tehuel, le preguntan si tenía algún vínculo con los imputados. Pero no termina de entender. El tribunal repregunta con un grito. Y en ese momento Michelle es clara: “Yo era la pareja de Tehuel, yo soy la pareja. Estuvimos dos o tres años. Nos conocimos a través de una página de Facebook y nuestro primer encuentro fue en Moreno”. 

Michelle pide que para declarar saquen a Ramos de la sala y el Tribunal accede, pero la interroga: 

-¿Entre su declaración en la comisaría y hoy vivió alguna amenaza por parte de Ramos? -pregunta el tribunal. 

-No. Pero no lo quiero ver. A mi me da miedo que él me vea o quiera hacer algo. 

– Pero no le pasó nada.

– No, pero le dicen el loco del cuchillo. En el barrio lo conocen así. 

Michelle no entiende muchas de las preguntas que el Tribunal le hace. Después de varios intercambios, Michelle cuenta que hizo la denuncia tres días después de ver a Tehuel por última vez.  

-¿Nos podés contar cómo fue la denuncia? 

-Al principio no me la quisieron tomar porque yo era menor, tenía 17 años. Tuve que esperar a que una conocida que tenemos en común llegara a la comisaría y me ayudara a que me la tomaran. Primero nos mandaron a la fiscalía de Alejandro Korn, después a la de San Vicente. 

Michelle recuerda que ella vivía con su hijo junto a Tehuel, en San Vicente, y que había una hora en bicicleta hasta Alejandro Korn. Cuando logró conseguir el teléfono de Ramos y escribirle para preguntarle por Tehuel, “me doy cuenta que Ramos habla de Tehuel como una femenina”. La fiscalía, dirigida por Juan Pablo Caniggia, y lxs abogadxs de la madre de Tehuel insisten en que Ramos lo identificaba como mujer: “Cuando yo hablaba con Luis, él hablaba de que era mujer”. “Le negaba su identidad”. “Al nombrarlo de esa manera, Ramos está restringiendo su decisión” dicen los abogados y, luego de eso, le piden que lea las capturas de pantalla de la conversación que Michelle tuvo con Ramos. 

A Michelle no le gustaba Ramos: “Nos había dicho una o dos veces que fuéramos con mi hijo a comer a su casa. Yo no le veía buena cara y a mi no me gustaba salir. A Tehuel no le gustó nada que yo no haya querido ir a comer con Ramos. Pero no me gustaba su apariencia, nunca tuve trato con él pero no me gustaba. Tehuel me había comentado que Ramos había tenido un acto de forma babosa con una chica a la que le entregaba mercadería. Y yo, siendo mujer, no me sentía cómoda para compartir. Ramos además tenía una denuncia por un supuesto abuso a un menor. Eso me lo contó Tehuel. Él le había dicho a Tehuel que esa denuncia se la había hecho su ex pareja por despecho”, agrega la joven. 

Catalina Salas, citada a declarar por ser la ex pareja de Luis Ramos, también pide que Ramos no esté en la sala. Estuvieron juntxs desde 2017 hasta el 29 de septiembre de 2020, cuando lo denunció por abusar de su hijo. “Nos separamos por los golpes, porque me pegaba. Los primeros años fueron excelentes, pero el último año empezó a estar como loco, malo, a maltratarme. Luis trataba a Tehuel como una persona normal. Pero él no me dejaba participar de las charlas, ni con él ni con nadie. Yo estaba embarazada y él me pegaba, por eso perdí a mi bebé”, cuenta Catalina. Y también agrega que a Ramos no le gustaba que los hombres estén con hombres, que y las mujeres estén con mujeres: era algo que “le daba bronca”. 

El resto de lxs testigxs citadxs por la fiscalía tuvieron que esperar: “Estamos a la espera de las respuestas, porque están llegando en tren y están demoradxs”, dijeron. Y, en la sala, esperamos. Luego de la confirmación de que no llegarían a tiempo, se citó a Julio Elías Agüero, actualmente detenido por otras causas, que había visto pasar a Ramos y a Tehuel la tarde del 11 de marzo de 2021, por la canchita de fútbol del barrio. 

Agüero también le pidió al Tribunal declarar sin Ramos cerca. “Tengo miedo de que le haga algo a mi familia”, dijo. El Tribunal retrucó: ¿Cuando declaró la primera vez le pasó algo a su familia?

-No.

“Yo estaba con los pibes del barrio. Un chabón nos corrió. Parece que venía borracho. Venia con una piba peticita, que tenia una visera para atrás de color gris, que tenia una campera de jean. Yo vi que venía con una piba.  Vi que venía caminando con un cuchillo. Venía gritando y de golpe empieza a corrernos”, dice Julio, pero los jueces no entienden, porque Julio habla como muchos pibes, rápido y con la boca cerrada.  

-Tiene mejor dicción el fiscal, obviamente, pero que declare el testigo-, pide el juez Bernard, mientras la Fiscalía intentaba oficiar de intérprete. 

“Es del barrio. Vive a cuatro cuadras de mi casa. Nos empieza a correr con un cuchillo, de la nada. La chica se iba caminando y después se volvieron a encontrar. La chica lo esperó adelante después de la corrida con el cuchillo. Nos quedamos quietos mirando para donde iban. Se fueron juntos”. 

-¿No lo puede decir de vuelta?-, pregunta el presidente del Tribunal. 

-Parece que escucho mal, yo no entendí nada de lo que dijo-, agrega el vocal. 

-Para entender su razonamiento -tercia la vicepresidenta, que revolea los ojos y no lo mira cuando habla:-, usted se da cuenta que no es muy preciso. 

“Después nos juntamos al otro día con los pibes, me dijeron que vivía ahí cerca. Que ya tuvo problemas con otros vecinos. Yo tengo a mi hija que vive cerca y me da miedo que si sale busque venganza”.

Antes de que declare Romina, la siguiente testigo, el Tribunal y la fiscalía insisten para que Ramos pueda volver a presenciar el debate. Ella había pedido que no, pero después dijo que le daba lo mismo y finalmente terminó accediendo a que el imputado la escuchara en la sala. 

Romina Lobosco fue el quinto testimonio, y llegó con retraso. Había una demora en el tren de la línea Roca que la traía a La Plata. Pese al largo viaje, su declaración fue ínfima, no estuvo en la sala más de cinco minutos. Dijo que conocía a Ramos del barrio, que ella y Emilse González, una ex pareja del imputado, se tienen como amigas en Facebook y habían intercambiado algún comentario en el cumpleaños del hijito de Emilse. También dijo que había hablado con un policía, pero no aportó mayores datos. A las 13:30 el testimonio de Romina ya había terminado. 

Después de media hora de cuarto intermedio, llegó otro testigo en tren: Ricardo Luis Somaruga, que alquilaba una de las piezas en el terreno donde vivía Ramos. Él dirá lo mismo que dijeron lxs testigxs anteriores; que no quiere a Ramos tan cerca, que se pone incómodo porque se conocen del barrio. Pero el tribunal considera que, como la incomodidad no es miedo, Ramos tiene derecho a estar en la sala.  

Ricardo pide perdón porque hace poco le hicieron un tratamiento odontológico y no puede hablar bien. El tribunal le pide que se acerque al micrófono y lo interroga. De dónde se conocen con Ramos, qué hacía para vivir. Ricardo cuenta que era remisero, que Ramos vendía gaseosas y tenía un despacho tipo almacén. 

-¿Y cómo llamaba Ramos a Tehuel? 

-No, ni idea.

¿Escuchó diálogos entre ellos? 

-Tomaban mate entre ellos.

-¿Sabe dónde se conocieron? 

-Me parece que en una marcha o una cooperativa.

-¿Sabe cómo identificaba Ramos a Tehuel? 

-No, ni idea. 

-¿Cómo se llevaba Ramos con su ex pareja? 

-Con Catalina se llevaban normal. Yo vivía acá y ellos al lado. Yo me iba a trabajar a la mañana y volvía a la tarde. 

-Eso ya lo entendí. 

-¿Sabe si Ramos era una persona violenta? 

-Lo normal, lo normal. 

-¿Usted hablaba algo con él? Ya me dijo que se levantaba temprano. 

-Yo me fui tres o cuatro meses antes. Hasta ahí lo vi. Lo vi en la casa un par de meses, después lo conocí por la repercusión pública. Sé que es la misma persona porque le decían chico o chica.

-No le estoy entendiendo -interrumpe la vicepresidenta. 

-Yo veía que este chico venía, tomaban mate con él, media hora, 40 minutos y después se iba. 

-Eso ya me lo dijo. Y cómo, ¿entraba a la casa y no hablaba? 

-Ramos le decía chico o chica, no sé. Cuando él venía a golpear el portón de chapa, grande, había que abrirle. 

-¿Y lo nombraba como si fuese un solo nombre? ¿chicochica? 

-Sí, “era una chica que era un chico”, me dijo Ramos. Él me contó que le había prestado dinero en varias ocasiones, y me pedía el celular. 

-¿Nunca vio una llamada con Tehuel? 

-Él usaba mi teléfono, pero yo no revisaba las llamadas. Ramos entregaba su teléfono a las chicas a cambio de favores sexuales.

Ricardo Somaruga fue el último testigo del día. Mañana martes, a partir de las diez, vamos a escuchar a trece personas más, una de ellas lo hará “por vía telemática” y el resto serán presenciales, en la sala. Cansado de las intervenciones el juez Bernard cerró la audiencia y despidió al testigo: “¡Que no pierda el tren!”.