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Evo y la nueva Constitución: Cómo fabricar un Estado

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El gobierno boliviano logró un acuerdo con la oposición para materializar la Constitución que, estima, implicará una oportunidad para la construcción de un nuevo Estado. La sola mención del asunto llama a debate: ¿Será así? ¿Una posibilidad de realización más plena para la sociedad, o un emprolijamiento liberal y una nueva máquina de coerción? Alrededor de esos temas lavaca conversó con Jaime Parejas y Carlos Lara en Santa Cruz de la Sierra. Son representantes del gobierno y a la vez no dejan de marcar los límites de lo que ellos mismos están construyendo. Los enigmas entre el liberalismo y el socialismo.

“Sabemos que el Estado es un instrumento de dominación. Y siempre pensé que debe ser destruido para que exista una revolución. Pero ahora nos encontramos con que no podemos salir de ese marco ni construir imaginarios distintos a lo que es –hoy mismo- una relación de poder o jerárquica”.
Carlos Lara explica así a lavaca esta compleja cuestión que dibuja una intriga en esa mezcla boliviana tan típica de estos tiempos: el militante social con el funcionario público. ¿Cuáles son los caminos de la transformación? ¿La política estatal puede ser alguna vez una fórmula de cambio, o en realidad sigue siendo centralmente un modo de controlar a las sociedades? Cada charla en la Bolivia oficialista parece implicar una mezcla de pasión y cálculo, de esperanza y pragmatismo.
Carlos es autor del libro “Construcción Social del Estado”, se ha hecho exactamente tales preguntas, y es a la vez representante departamental del gobierno de Evo Morales a la Asamblea Constituyente. Jaime Parejas integra también la Representación Presidencial a la Asamblea, y la Corriente de Responsabilidad Ciudadana, que se ha planteado la inhóspita tarea de proponer aperturas y rupturas del sectarismo en esa ciudad más bien dominada la cerrazón y el sectarismo.
El poder político y empresario cruceño encaró acciones separatistas, además de simbolizar mecanismos neo feudales de concentración de tierras, control político y mediático, y liso y llano racismo contra los sectores pobres, obreros e indígenas. (El detalle sobre el tema y las respuestas de la sociedad en el barrio obrero e indígena Plan 3000, que proyecta convertirse en Ciudad Igualitaria, está contado en la nota Que se vayan todos, artículo publicado en Mu de octubre).

Para entender el choque
El gobierno de Evo Morales ganó las elecciones en diciembre de 2005 superando el 50% de los votos, cosa inédita en Bolivia. Planteó una Asamblea Constituyente que llevó adelante una propuesta constitucional novedosa, plagada de garantías para los ciudadanos, cargos revocables, reconocimiento de las autonomías de los pueblos originarios, reconociendo derechos y libertades que en Bolivia el poder político ignoró durante décadas.
Cuando los tradicionales sectores de poder, simbolizados en los prefectos (gobernadores) de los departamentos (provincias) más ricos, empezaron a percibir que el triunfo de Morales y su partido MAS (Movimiento al Socialismo) parecía una bisagra electoral en la historia del país comenzaron a plantear su “autonomía”.
Traducción: se dieron cuenta de que no hay mucha chance de que vuelvan a la presidencia con elecciones, y empezaron a promover movimientos separatistas de las provincias ricas.
Morales propuso un referéndum que en agosto lo ratificó con más votos aún, el 64%. Eso hizo crecer el conflicto, los prefectos entraron en crisis con el gobierno, que devolvió las gentilezas auspiciando movilizaciones sociales que bloquearon a las provincias ricas. Finalmente llegaron las negociaciones, acuerdos y cesiones mutuas con respecto a la Constitución, la posibilidad de Morales de ser reelecto una vez (y gobernar hasta el 2014) y la puesta en marcha del referéndum que determinará la entrada en vigencia de la nueva Constitución en 2009.
Los que proponen el No Estado
Lara es un hombre de izquierda: “Me han dicho guevarista, maoista, leninista, aunque la verdad es que lo que más me atrajo siempre es el anarquismo”. Tanto con él como con Jaime cuesta hacerse a la idea de lo que suele conocerse como “funcionario público”.
-¿Por qué cree que no se puede salir del marco de pensamiento estatal, y de las formas de pensamiento y relación de poder y jerárquicas?
-(Carlos Lara) La gente no es crítica todavía. Todo en su cabeza se formó con la concepción de la existencia del Estado. Los teóricos más avanzados aquí quieren imaginar que puede existir un Estado de naturaleza socialista. Pero le digo: ¿Qué Estado socialista podemos tener si la Constitución es netamente liberal?
-¿Liberal?
-(Jaime Parejas) Claro, tiene toda las estructuras liberales, aunque con mucha inclusión de derechos laborales, de salud, culturales, derechos colectivos, que rompen en parte la estructura convencional del derecho liberal, pero no se puede hablar de un esquema socialista.
-(Lara) Tiene aspectos revolucionarios, en el tema de la educación por ejemplo, donde plantea una revolución transformadora y crítica, descolonizadora. Pero el resto es un sustento del Estado, de la construcción de un nuevo Estado yo diría, con una perspectiva social.
-¿En qué se diferenciaría de lo actual?
-(Parejas) Primero, en que esta constitución ya no está hecha por una élite gobernante, de patrones, sino por el campesinado, por los barrios obreros e indígenas, todo discutido, elaborado, reflexionado. Usted, yo, todos. Y eso mismo va generando conciencia de lo que significa ser parte integrante de un Estado.
-(Lara) Y esa construcción estatal no puede negar las relaciones de poder. Pero paralelo a eso, también se ha ido desarrollando una concepción de Nación de los aymaras, chiquitanos, quechuas, que hasta pueden negar al propio Estado.
-¿Pero lo niegan, o lo integran?
-(Lara) No niegan al Estado, aunque pueden hacerlo. Pero no lo hacen porque voluntariamente se están incorporando a ser parte del Estado. Es otro proceso. No sé cómo seguirá. Pero de manera voluntaria estas naciones que podrían haber sido un No Estado, ahora van a ser parte del Estado que van construyendo ellos mismos. La nueva Constitución crea un Estado Plurinacional que incorpora a estas naciones.
Las ideas de los otros
-¿Se puede considerar voluntaria a esa incorporación, o no deja de ser una forma de las que tradicionalmente se conoce como “cooptación”?
-(Lara) El Estado mantiene al fin de cuentas todas sus categorías coercitivas, todo un aparato ideológico con un poder de represión estatal. Esto no va a cambiar mucho. La diferencia es que ahora es incluyente. Empieza a reconocer cosas inexistentes.
-(Parejas) Imagínese que el derecho ciudadano al voto existe recién desde 1952. La idea de democracia deliberativa, con referéndum, recién se ha incorporado. Son formas que tendrán que ir enriqueciéndose, como otro elemento de una democracia comunitaria. Como deberá ir creciendo esa participación de la economía comunitaria, el derecho colectivo, la justicia comunitaria campesino-indígena, que no ha sido normada pero que la Constitución manda normar.
-(Lara) Analizando todo el proceso, el Estado boliviano que se está construyendo tiene más proximidad con el poder del pueblo. El poder constituido (las instituciones) y el poder constituyente (la sociedad) se van acercando.
-Eso dicen todos, Carlos.
-(Lara) Pero aquí el Estado plantea que la soberanía se ejerce de manera directa por el pueblo, no sólo a través de los representantes. La diferencia entre Estado y sociedad puede achicarse ya que se da participación popular y se demanda que la sociedad tenga mayor conciencia, más capacidad de acción, dentro de la vida normada de manera colectiva.
-(Parejas) Las instituciones que hemos tenido son corporativas, antidemocráticas y elitistas. Aquí estamos planteando una nueva institucionalidad que rompa el statu quo y que desarticule la dominación que existe sobre la falsa conciencia de clase, que significa que la gente termina pensando con las ideas de los que la oprimen.
-Pero en esta misma tradición de ideas, ¿eso se puede lograr con un Estado que ustedes mismos califican como liberal?
-(Parejas) Sí, en la medida en que se logre combinar a esta constitución, que reconocemos como liberal, con la participación.
(Lara) Es importante mencionar que las corrientes que plantean la dictadura del proletariado no han entrado al debate de la Constituyente. Esas teorías fueron relegadas, y se le dio espacio al tema de la inclusión de los pueblos originarios indígenas. Eso no ha entroncado con el discurso del Estado Socialista o la dictadura proletaria, ni se ha logrado crear un ambiente de insurrección popular campesino indígena en ese sentido. No se está destruyendo al viejo Estado capitalista mediante la vía armada y revolucionario. No hay argumentos frente a una idea de revolución pacífica y transformación cultural, como plantea Evo. La variante proletaria está desenchufada. Sí está en marcha una idea de colocar en un nivel de menos poder a la burguesía. Sobre todo en Santa Cruz. En La Paz la burguesía ha tenido que empezar a cumplir su rol de clase productiva bajo nuevas reglas de juego. Aquí todavía hay un trabajo asalariado con niveles de sobreexplotación alarmantes y situaciones de servidumbre.

Entre la clase obrera y el progresismo
-Por momentos parece que este proceso es para alejar a Bolivia del feudalismo, por así decir. Una modernización y reconocimiento mínimo de instancias de ciudadanía. ¿Es un proceso de alivio de la pobreza, lo cual es crucial, o va más allá todavía, a una situación de transformación de fondo?
-(Parejas) Es una transformación, hay participación social fuerte, empoderamiento de los movimientos sociales. Mucha gente quiere sumarse porque no está de acuerdo con las políticas de la burguesía. Eso es transformador. Hay una transferencia de poder al pueblo. El elemento represivo del Estado son las Fuerzas Armadas. Pues bien, ahora el elemento de control social serán los movimientos sociales.
-¿Qué elementos son de verdadera transformación?
-(Lara) Por decirlo metafóricamente, el campesino ha levantado la cara. Eso es mucho. En Plan 3000 usted ha podido ver cómo la gente demostró que puede hacer su propia dinámica y cómo puede imponerse la voluntad de la masa. Esas cosas también se abrieron al haber un gobierno diferente.
-¿El gobierno abre a esas situaciones o es al revés: la situación general de rebeldía abrió la posibilidad de que Evo Morales llegue al poder? La gente ya venía levantando la cabeza: El Alto, la Guerra del Agua, la Guerra del gas….
-(Lara) Es cierto, pero hay una transformación que estamos viendo ahora. El kolla ya no es el “kolla de mierda”. Ahora aparece un elemento protagónico del proceso de transformación, aunque no sea una transformación socialista, troskista ni ensamblada en ningún proyecto clásico de la política. El obrero según la nueva Constitución es un ciudadano más, con sus derechos laborales, seguridad, pero no hay ninguna mención ni intención de colocar a la clase obrera como vanguardia o como sujeto o como direción revolucionaria. Nada de eso. por eso no es un proyecto socialista.
-Pero la intención con todo esto, ¿no es la de mantener una estructura vertical, recuperar legitimidad para el Estado y absorber de algún modo el potencial de los movimientos sociales?
-No es tan así. La gente ha influido en la Asamblea Constituyente, pero por la fuerza de abajo. Las propuestas vinieron de abajo, la gente se ha movilizado en torno a una representación que dio. El gobierno lo ha ido manejando porque hay diferentes intereses en juego, pero la gente lo está asumiendo como algo suyo.
(Parejas) Los medios plantean que este es un proceso comunista, de extrema izquierda e indigenista. Atemorizan a la clase media y a la clase trabajadora para que no acepten estos cambios, y en ese punto yo defiendo la idea de que el texto constitucional es netamente liberal, y busca una sociedad que sea progresista. El problema es que tenemos una derecha reaccionaria, fascista, sin un proceso teórico, que simplemente se manejada por el dinero y el racismo.

Maquillaje y más allá
-Eso ya se sabe. La consulta es si la Constituyente representa, según ustedes, a la sociedad, a los movimientos. Porque en realidad, terminó sumergida en la lógica partidista política que la gente rechazaba.
-(Parejas) Eso ocurrió. La asamblea volvió al partidismo como herramienta por encima de los movimientos sociales que fueron los que pusieron el cuerpo.
(Lara) Pero pasaron también cosas más ricas. Hubo partidos que se mantuvieron en su lógica, pero los representantes del MAS tuvieron un seguimiento permanente de los movimientos, que interactúan con sus representantes.
-¿Y cómo garantizar que una nueva Constitución no sea puro maquillaje?
-(Lara) El gobierno no necesita ir más allá del maquillaje. Pero necesariamente el nuevo texto será el que de las pautas para que lo haga. Ahorita mismo no puede hacer políticas de crédito. Pero si se logran instalar las autonomías indígenas, por ejemplo, los recursos irán allá directamente. Y ya vamos a ver qué significa eso en manos de pueblos que administren su propia comunidad y territorialidad.
-¿Cómo juegan en este marco las organizaciones no gubernamentales (oenegés) que se reproducen como conejos en Bolivia?
-(Parejas) Hay muchas oenegés de derecha dura que generan dependencia en las comunidades. Van a un lugar, generan un proyecto, consiguen fondos, y cuando se van todo sigue igual o peor que antes. Muchas fortalecen el imaginario de las clases dominantes.
-(Lara) Hubo un proyecto en San José, financiado con un millón de dólares para el pueblo ayoreo. Al margen de lo que se embolsillaron las autoridades municipales, llegaron 500.000 dólares para cultivar el maíz. Pero los ayoreos no son agricultores, ni siquiera son sedentarios. Son nómades, cazadores, recolectoes, artesanos. Los quisieron volver agricultores: tenían que ir a buscarlos al monte. Los subieron a unos tractores para sacarles fotos. Pero era todo falso. De paso, les querían enseñar español. ¿Quién sacaba rédito? Los técnicos y asesores y la propia oenegé.
Aprender a destruir al Estado
-Les quiero consultar por un riesgo teniendo en cuenta la historia y el continente: ¿no tienen ustedes demasiada confianza en la capacidad y en la intención del Estado de generar verdaderas transformaciones?
-(Lara) Bolivia tiene que vivir ese nuevo Estado e ir descubriendo la perversidad del Estado. Porque yo sé que es perverso, tanto para la realización del individuo como de la colectividad. Y para la vida humana. Pero eso aquí nunca se pudo descubrir.
-(Parejas) No se pudo, porque el empresariado, las élites, no quieren que haya Estado para poder así evadir sus responsabilidades y mantener situaciones de impunidad, servidumbre y hacer lo que quieren. Le tienen miedo al Estado y son ellos los que no han permitido que el Estado llegue a las comunidades.
-(Lara) Yo creo que tenemos que conocer al Estado para descubir en él sus sistema, y cómo abollirlo. El individuo tiene que ser constructor de su propia negación como ser estatal. Pero si no somos Estado, lo mejor es construirlo. Y si lo fabricamos nosotros mismos, vamos a conocer cada elemento de ese aparato. Es como un fabricante. Si lo estás construyendo, conoces sus piezas.
-¿Y entonces?
-(Lara) Entonces van a ser más sencillas dos cosas: destruirlo, o manejarlo a tu favor. No como ahora, que tenemos un Estado que nadie sabe de dónde surgió, sacramentado, que está ahí y parece una verdad previa a los seres humanos. En cambio ahora los indígenas están aprendiendo qué es ese Estado. O los pobres y trabajadores del Plan 3000. Saben para qué puede servir. Y empiezan a saber cómo manejarlo.
-¿Pero eso surge de la gente, o del MAS?
-(Parejas) De la gente. Y de una Constitución que no es el final, sino el comienzo de una transformación que hay que pensar a 20 o 30 años.
-Pero con la nueva Constitución, ¿qué sería lo nuevo, concretamente, en Bolivia?
-(Lara) Primero, la construcción de la ley marco para las autonomía. Y la elección de los que van a redactar la ley marco. Elecciones para presidente, para la Asamblea constitucional Plurinacional, la elaboración de leyes.
-Siento que si planteo este tipo de cuestiones en los barrios, me mirarían como a un extraterrestre que habla de cosas raras.
-Bueno, pero todas estas propuestas tendrán que ser refrendadas, sometidas a consultas. Todo se va a debatir. Nos vamos a aburrir de ir a consultas. Pero en todo caso volvemos a que lo principal es que la gente decida y conozca lo que se está haciendo.
-Algunos planteos critican la brecha del gobierno, entre discurso y práctica. Que no se ha tocado ningún resorte genuino de poder económico.
-(Parejas) En la Constitución sí que existen propuestas que apuntan al poder. Y por eso el rechazo que siempre han mostrado las clases dominantes. Ven que ahí el problema es el grado de estatismo que le da a la economía.
Control social o sociedad controlando
-Pero en casos como los hidrocarburos, la nacionalización vuelve a parecer más una declaración que una realidad.
-(Parejas) Tal vez no sea todo lo radical que uno querría, pero tampoco se pueden hacer las cosas muy distintas en estas condiciones, con una burguesía poderosa que puede aliarse con las multinacionales para destruir. Esto era lo tolerable. Pero
-(Lara) Yo siento que el solo hecho de dar derechos y beneficios a los obreros está dando un golpe a las empresas privadas, a los agroindustriales que producen soja que ahora deberán tener asegurada a la gente, pagar indemnizaciones y dejar de lado la servidumbre que sigue existiendo en la práctica.
-(Parejas) Es que yo creo que el propi Estado también tiene un comportamiento feudal, y en todo caso habrá que ir rompiendo esa falsa conciencia de clase que hace creer que el Estado está para representar a la sociedad inexorablemente.
-¿Cómo pensar que no se instaure una nueva burocracia formada por supuestos militantes que una vez en los cargos suelen olvidar el pasado y aferrarse a los sillones?
-(Lara) Va a haber más burocracia.
-¿Y más control social?
-Sí, pero no control del Estado a la sociedad. También se buscará el control social como forma en que el pueblo controle y demande al Estado.
-Las experiencias con fuerte incidencia estatal, como las de los países del Este, ya se saben qué tipo de situación generan.
-Es que se bloqueó la participación social. en lugar de disminuir el poder del Estado se lo aumentó. Si queremos ir como antesala a una sociedad comunista o socialistas, nuestra lógica no tiene que ser la de fortalecer al Estado como aparato ideológico y represivo. Aquí estamos en un momento previo, donde pensamos que hay que fabricar un Estado, tras siglos de no tenerlo, para que la gente pueda vivir. Y luego veremos

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Histórico: el martes comenzará el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez

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El próximo martes 7 de febrero comienza el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata en octubre de 2016. Tenía 16 años. Fue el caso que impulsó el primer Paro de Mujeres del país y que motivó un juicio escandaloso en 2018 cuyo fallo fue anulado por la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires, que ordenó que el proceso se realice nuevamente. Uno de los argumentos de la anulación: “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.

En aquel juicio se condenó a los acusados por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”, y no por el crimen. Casación ratificó esa condena, pero ordenó que ahora se realice nuevamente el juicio por femicidio. Detalles sobre la jornada preparatoria del juicio.  

Esta nueva e histórica realización de un juicio por femicidio comenzará a las 9 de la mañana del martes 7 de febrero en el Tribunal en lo Criminal N° 2 de Mar del Plata, en Almirante Brown 2046. Los jueces a cargo del nuevo Tribunal son Roberto Falcone, Gustavo Fissore y Alexis Semaz. El fiscal del caso es Leonardo Arévalo. 

Los acusados son Matías Farías (28 años) y Juan Pablo Offidani (47 años), quienes el 8 de octubre de 2016 llevaron a Lucía a la sala de salud de Playa Serena: llegó muerta. Farías será defendido por la abogada oficial María Laura Solari; Offidani, por el abogado particular César Sivo. Se estima que las audiencias se extenderán hasta el 1º de marzo.

Imagen de los tres acusados durante el juicio de 2018, que ahora se realizará nuevamente. Maciel (de anteojos) falleció luego de ser absuelto. Offidani y Farías fueron condenados a 8 años por narcotraficar droga cerca de las escuelas, pero no por el femicidio. Fotos: Romina Elvira para lavaca

¿Por qué un nuevo juicio?

Farías y Offidani fueron apresados el 9 de octubre de 2016, un día después del femicidio. El tercer detenido fue Alejandro Maciel, 61 años, acusado de encubrimiento agravado por ayudar al lavado del cuerpo muerto.

En 2018 fueron juzgados ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Mar del Plata.  Farías y Offidani fueron condenados a ocho años de prisión y a pagar una multa de 135 mil pesos por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”. Desde entonces están detenidos. El tercer acusado, Maciel, fue sobreseído, y murió tiempo después de cáncer.  

Pero ninguno de los tres fue condenado por el femicidio. Como si Lucía y su muerte no hubieran existido.

Aquel juicio que tuvo un desarrollo vergonzoso, con jueces que parecían más empeñados en cuestionar a la niña asesinada que en juzgar a los autores del crimen. A eso se agregó el tono machista, misógino, indiferente hacia la víctima y la familia, y totalmente consistente con una mirada que históricamente ha relegado a las víctimas de femicidios y de actos de violencia contra las mujeres.

Por esa sentencia la familia de Lucía exigió dos cosas, que se lograron:

  1. El fallo por el juicio de 2018 se apeló y en agosto del 2020 la Sala IV de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires resolvió anularlo. Confirmó la condena por la venta de drogas, pero ordenó que se haga este nuevo juicio por el femicidio.  
  • Además, en marzo se concretará un juicio político (jury) a los jueces del Tribunal: Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso por “negligencia, incumplimiento del cargo y parcialidad manifiesta”. El tercer juez,Aldo Carnevale, quedará impune porque consiguió la jubilación anticipada del gobierno de María Eugenia Vidal para evitar el enjuiciamiento. El jury será llevado adelante por el parlamento bonaerense

Al anular el fallo del juicio de 2018 la Cámara de Casación bonaerense instaló un precedente histórico para que el Poder Judicial deje de ser parte del sistema que consagra la impunidad y la estigmatización de las mujeres.

Los jueces del fallo anulado. Aldo Carnevale (que logró a tiempo su jubilación por parte del gobierno de María Eugenia Vidal), Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso. La Cámara de Casación anuló el fallo estigmatizante y vergonzoso que firmaron sobre el caso de Lucía Pérez, y en marzo Viñas y Gómez Urso serán sometidos a juicio político. Fotos: Romina Elvira para lavaca

¿A quién se juzga?

Uno de los fundamentos de esa anulación plantea: “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.

Además el Tribunal señala que el Estado se comprometió a prevenir y erradicar la violencia machista, y que “estas normas imponen a quienes tienen la tarea a su cargo, tener en consideración el contexto en el que ocurren los hechos, realizar un análisis de los mismos, determinar el encuadre jurídico apropiado, y valorar la prueba con perspectiva de género”.

En ese sentido pareció inexplicable que el Tribunal de Mar del Plata que juzgó en primera instancia el femicidio se haya enfocado en “indagar en la personalidad, actitudes y comportamientos anteriores de la víctima, su forma de relacionarse con los hombres, su vida social, su carácter, y en distinguir la conducta de los imputados, y a partir de allí, considerar si Lucía había consentido el acceso carnal”.

Describe la Cámara de Casación a ese foco estigmatizante puesto sobre la víctima como “un despropósito”.

Marta Montero y Guillermo Pérez: los padres de Lucía. Fotos: Romina Elvira para lavaca

La audiencia preparatoria

Durante la mañana de este jueves se desarrolló la audiencia preparatoria del juicio. Los padres de Lucía (Marta Montero y Guillermo Pérez) pidieron que el proceso sea transmitido por Youtube. Además solicitaron que el Tribunal no esté vallado, dado que el pedido de justicia será acompañado desde la calle por organizaciones sociales, sindicales y otras familias de víctimas de femicidios. Desde la Ciudad de Buenos Aires y La Plata está previsto que salgan grupos para acompañar el inicio de un proceso histórico.

Las defensas de los acusados se mostraron contrarias a ambos pedidos, que los jueces deberán resolver. Por su parte, los imputados pidieron no estar presentes en la sala.  

En este nuevo proceso no hay una nueva instrucción, por lo que no hay nuevas pruebas ni nuevos testigos (que serán alrededor de 50). La primera jornada, el martes 7 de febrero, se iniciará con la declaración de la familia de Lucía. Durante la primera semana que será corta (el viernes 10 no habrá audiencia) se espera que declaren alrededor de 20 personas. Lo que está en juego es la posibilidad de ver en la práctica si finalmente habrá justicia.

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 2

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La nueva serie documental de lavaca: el mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Con dirección de Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes. Ya disponibles los capítulos 1 y 2

Capítulo 2

Aceitera La Matanza fue la primera fábrica recuperada visitada por un presidente argentino durante su mandato. Alberto Fernández reconoció que siempre vio a las cooperativas como parte de la “economía informal” sin comprender que involucra otros modos de producción: “Ahora soy yo uno de los que tiene que convencer al resto de la Argentina de que la economía popular existe, y que hay que darle las herramientas para que siga creciendo”, dijo ante 2.000 trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, durante la pandemia, la asistencia del Estado no fue la misma que para las empresas privadas. ¿Qué dice sobre esto? ¿Y qué le responden quienes trabajan?

Capítulo 1

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Todo se quema, nada se transforma

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Todas las provincias argentinas sufrieron incendios masivos en 2022, y el 95% de ellos son provocados por acciones humanas, según un reciente informe de Amnistía Internacional. El costo de recuperar ese desastre oscila entre 1.100 y 3.700 millones de dólares anuales. Adjudica los incendios al avance de negocios inmobiliarios, agrícolas y/o ganaderos, que buscan favorecerse a partir de una destrucción territorial.

Los daños y las consecuencias a largo plazo son incalculables, mientras el Congreso sigue en deuda y no trata la Ley de Humedales. Vecinos e integrantes de organizaciones de San Pedro, Rosario y Ramallo dan voz y cuerpo a lo que los números de Amnistía denuncian. El informe completo.

Por Anabella Arrascaeta y Francisco Pandolfi

Amnistía Internacional presentó un informe en el que reporta la gravedad de los incendios forestales en Argentina. El dato es alarmante: durante el 2022 todas las provincias del país estuvieron en llamas.  

El trabajo toma información del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, organismo dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación. Los datos son oficiales y arrojan un total de 561.164,89 hectáreas quemadas. Pero la propia organización da cuenta de la dificultad de obtener la radiografía completa de la situación y ofrece, en contraste con estas cifras, la información proporcionada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario (INTA), que contabilizó tan solo en Corrientes más de 1 millón de hectáreas devastadas por incendios. 

La provincia de Corrientes permite pensar todo el sistema de muerte y depredación que generan las llamas. Algunos datos: 

  • De acuerdo a la Dirección Nacional de Bosques, dentro de las miles de hectáreas afectadas en los incendios de la provincia, un 10% pertenece a una superficie de bosques quemados que son considerados de muy alto valor de conservación.
  • El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reporta que en la provincia se documentaron desplazamientos de animales, entre ellos, mono carayá, yacarés y carpinchos.
  • En respuesta a un pedido de acceso a la información pública hecho por Amnistía Internacional Argentina, la Dirección Nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio del ministerio informó que se sufrió una pérdida de cientos de miles de hectáreas de áreas protegidas en la provincia de Corrientes en el año 2022. El informe detalla que “las áreas naturales protegidas son relevantes por distintas razones: para la protección de suelos, cuencas hidrográficas, recursos y materias primas, para el control de plagas y enfermedades, para la investigación científica, proporcionar valores espirituales, emocionales y culturales, entre otras razones”. 
  • Entre las áreas más afectadas del país se encuentra la zona de humedales de Corrientes. En 2022 y solamente en dicha provincia se registró que más de 330 mil hectáreas en zonas de humedales fueron afectadas por los incendios.  

En este contexto el informe da cuenta de que la “restauración de áreas quemadas es lenta y requiere de recursos efectivos que permitan la recomposición de los ecosistemas y biodiversidad”. El costo es imposible de determinar. Dice el informe: “Se estima que la recuperación tras los incendios podría costarle a Argentina entre USD 1.100 y 3.700 millones por año”. 

A ese contexto se suma que en medio de la crisis económica, “los brigadistas y bomberos voluntarios han reclamado mayores recursos y apoyo para financiar los gastos a la par de mejores condiciones laborales, obra social y remuneración”. 

Pero hay consecuencias de largo impacto no pueden medirse en números ni plata, por ejemplo el impacto en el ecosistema, “la pérdida de ciertos árboles o vegetación puede tardar décadas en regenerarse, por lo que su recuperación no puede acelerarse ni resolverse rápidamente. Mientras que otro tipo de vegetación es incapaz de rebrotar luego de un incendio”, dice el informe. Agrega: “A su vez, la pérdida de flora a causa de los incendios afecta directamente a la fauna ya que ésta depende de ella para su alimentación o refugio. Esto no solo provoca la muerte de animales sino también su desplazamiento”.  

Otro caso: no había informes de incendios en Tierra del Fuego, pero en noviembre de 2020 se reportaron 9.000 hectáreas consumidas por el fuego (equivalentes a 9.000 manzanas de cualquier ciudad) en el área protegida de bosques nativos de Tolhuin.

Fotos: Pablo Sigismondi.

Quién prende el fuego

El informe de Amnistía Internacional da cuenta de que según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego “las acciones humanas son responsables del 95% de los incendios”. 

Explica: “La negligencia, los fogones mal apagados y la quema intencional de pastizales, son algunas de las prácticas más riesgosas que inician los grandes incendios en el país. Con frecuencia los incendios intencionales están asociados a las prácticas de quema de pastizales para el avance de proyectos inmobiliarios y/o la agro-ganadería. Las principales causas de la pérdida de bosques nativos están asociadas a los cambios de uso de suelo que se realizan para desarrollar actividades agrícolas y ganaderas, así como los incendios. Por otro lado, la proliferación de los incendios forestales también se explica por el cambio climático: altas temperaturas, intensas sequías, bajos niveles hídricos”. 

Dato que aporta el informe: El Servicio Metrológico Nacional de octubre de 2022 reportó que más de 160 millones de hectáreas fueron afectadas por la sequía en el país. Otro: las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y San Luis atraviesan una situación de sequía extrema sin precedentes. “Estas condiciones climáticas, combinadas con altas temperaturas y falta de lluvia, aumentan el riesgo de incendios. Asimismo, a medida que la temperatura global aumenta, eventos como éste serán cada vez más extremos y frecuentes”

Enrique Sierra, vecino de San Pedro, naturalista, activista ambiental, pone cuerpo y territorio a lo que los números y el informe exponen. Cuando atiende el teléfono a lavaca el termómetro registra en su casa 34 grados, y “llegamos a picos de 40 grados la semana pasada. En un año estamos cocinados”. 

¿Por qué?

Por las altas temperaturas, por la falta de lluvia, el Río Paraná está bajo. Desde principio de año llovieron solamente 8 milímetros. Y en agosto, septiembre, noviembre y diciembre del 2022 llovió por mes un promedio de 5 milímetros.

Si le tuvieras que hablar a una persona que no está metida en el tema, que escucha lejano lo del cambio climático pero ve que está padeciendo el calor y que hay incendios permanentes en distintos lugares del país, ¿cómo le explicarías lo que pasa?

Se lo explicaría simple: ¿cuántos cortes de luz tuvo en el año? La luz que tenemos, la mayor parte, viene de centrales hidroeléctricas que no están produciendo energía porque hay sequía en ríos y lagos. ¿Hace 20 años atrás usaba tanto protector solar? ¿Lo alertaban por los golpes de calor? ¿Se le corta el agua en la casa? Porque las autoridades dicen que en las napas casi no hay agua. Esa sería la manera de explicarle a la sociedad en general qué es el cambio climático. Pienso que se entiende más fácil así. Las altas temperaturas nos llevan a más costos. 

¿Por ejemplo?

Si tenés aire acondicionado o ventilador vas a gastar más energía eléctrica, si es que tenés energía eléctrica. Otro ejemplo: si tenés algún tipo de enfermedad, con el humo de los incendios te afectan por las partículas del aire, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, que son gases de efecto invernadero. Acá en San Pedro se está quemando la isla y la solución es que manden 19 brigadistas. No podés mandar esa cantidad a un lugar que tiene más de 1000 hectáreas quemándose. La gente todavía no asocia. Y lo que no asocia la gente tampoco lo asocian los representantes políticos. No se entiende la relación entre los temas ambientales con la vida cotidiana; si yo tengo calor en la vereda es porque no tengo árboles, por eso tengo tres grados más de temperatura. Si llegan a venir lluvias demasiado copiosas, yo no sé qué va a pasar con las ciudades cuando se inunden porque no nos preparamos para el cambio de clima. Hoy tenemos sequía, pero tal vez después de mayo tengamos inundaciones. Ante esa incertidumbre nosotros todavía no nos preparamos como sociedad, como país, para prevenir este tipo de cosas, pese a que muchos venimos advirtiendo del tema. 

Amnistía Internacional acaba de sacar un informe sobre los incendios, la pérdida de biodiversidad y áreas protegidas, de humedales, entre otros temas. Desde tu experiencia, ¿cuáles son las causas de los incendios sistemáticos en el país?

Pienso que en Argentina no ordenamos el territorio; el ordenamientos territorial se refiere a los usos que le damos al suelo, los usos pueden ser industriales, urbanos, agropecuarios, y de conservación como pueden llegar a ser las áreas de humedales, pero como no tenemos un orden de ordenamiento social, cada uno hace lo que quiere. Entonces, que no haya ordenamiento del territorio produce un caos. Todo esto se va agravando porque se van sumando pequeños caos de distintos lugares, provincias, municipios y esto se está haciendo demasiado grande, incontrolable, como los incendios. El clima está cambiando y todavía no reaccionamos, ni prevenimos. No hay lluvias, no se recargan las napas, escasea el agua en la ciudad. La sociedad todavía no relaciona que la falta de lluvias le puede afectar el consumo de agua. El río está bajo desde hace 3 años, los humedales no tienen agua, se queman. Sin que los que queman tengan conciencia que están convirtiendo su futuro en cenizas. 

Fotos: Pablo Sigismondi

La deuda del Congreso: la Ley de Humedales

En Argentina aproximadamente un 21% del territorio está compuesto por humedales, aunque no se sabe con exactitud cuántos hay, su extensión ni su estado de conservación y destrucción. 

Los incendios presentan un riesgo enorme a estos ecosistemas generando pérdidas ambientales que podrían ser irrecuperables. Los humedales ayudan a mitigar los efectos que provocan las sequías, previniendo los focos de fuego, son barreras naturales que ayudan a prevenir el avance de las llamas. Además los beneficios de los humedales son múltiples y su contribución al bienestar humano es invaluable.

El proyecto de ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Humedales busca garantizar su conservación, protección y su uso sustentable. El proyecto lleva una década dormido en el Congreso de la Nación. Desde 2013 las sucesivas pérdidas de estado parlamentario son una constante, abonadas con la indiferencia de la clase política. 

En noviembre 2022 la Ley de Humedales tuvo dictamen en el plenario de las tres comisiones a las que el proyecto había sido girado, pero el dictamen de mayoría pertenece al interbloque Juntos por el Cambio con 53 firmas. El dictamen de minoría (un poco más cercano a lo que apoyan desde hace años las organizaciones científicas, sociales, ambientales y las comunidades afectadas) fue el del Frente de Todos, consiguió solamente 47 firmas dado que varios diputados y diputadas oficialistas no firmaron. 

El proyecto sigue sin ser tratado en el recinto y no fue incluido en las sesiones extraordinarias que acaban de iniciar. 

El informe de Amnistía Internacional exige: “El Congreso de la Nación debe dar urgente tratamiento al proyecto de Ley de Humedales y avanzar con acciones concretas que amplíen la protección de estos ecosistemas tan importantes para el mantenimiento y desarrollo de la vida en la Tierra”. 

Rodolfo Martínez, vecino de la ciudad de Rosario e integrante de la Multisectorial por la Ley de Humedales, explica a lavaca que el proyecto de ley fue “deliberadamente no incluido en las sesiones extraordinarias; no fue incluido ni por pedido de Alberto Fernández ni por pedido de legisladores”.

Sobre los dos dictámentes que se lograron aclara: “el de minoría del oficialismo es bastante más superador que el de mayoría, pero vemos que no hubo intenciones de que tenga debate. Vuelvo al punto: tiene que estar en el Congreso, se tiene que votar, a favor o en contra, de cara a la sociedad. Estamos de cara a un año electoral y todavía no sabemos qué piensan hacer los legisladores. Claramente la omisión de esto es una forma de ceder ante los intereses concentrados que están frenando esta ley”.

¿Quien tiene la responsabilidad de que no se esté tratando?

La responsabilidad de esto no la tienen los lobbies, como a veces intentan decirnos los legisladores. La responsabilidad la tiene cada nombre y apellido, diputado y diputada de todas las provincias que no se sitúan con lo que pasó en la calle, con tanto humo, tanta tragedia, no solo de animales, sino también la salud humana. No se quiere ponerle regulación, es más cómodo que sucedan los grises. 

¿Cómo está la situación en Rosario?

Hace dos fines de semana lamentablemente tuvimos fuego acá en la Isla de los Mástiles, al norte de Rosario, jurisdicción de la provincia de Santa Fe. Se tardó tres días en apagar el fuego y cuando estuvo todo el operativo se demostró que existen fuerzas, existen recursos, vinieron los brigadistas, fue la provincia la que se puso a mover las cosas a raíz del pedido también de las organizaciones. Pudieron apagar el fuego pero estamos hablando de que se repite una lógica, un patrón de fuego que es millonario. Es decir, vamos, apagamos el fuego con operativos que son carísimos y que llegan tarde porque el fuego ya quemó, por supuesto saludamos los esfuerzos pero me parece que hay que hay que invertir la lógica y lo que se tiene que garantizar es una tutela, un guardianazgo del territorio que al día de hoy no existe. En Entre Ríos por ejemplo es deliberadamente funcional que eso no exista. Santa Fe está accionando en estos territorios próximos que son más visibles por la ciudadanía, no así en los humedales del Norte donde están haciendo obras y que claramente van a afectar los territorios, pero por lo menos ante la prensa y ante la vergüenza algo están haciendo.

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Lo que el informe recomienda

El informe de Amnistia Internacional cierra con una serie de recomendaciones hacia el Estado. Son estas:

  • Generar condiciones políticas, legales, administrativas, económicas y financieras que permitan una gestión ambiental transversal a todas las políticas públicas, con un enfoque especial en acciones que se destinen a combatir los efectos de la crisis climática. 
  • Mejorar las estrategias de prevención de incendios forestales, reducción del riesgo y preparación de recursos, que debe estar acompañada de un sistema de monitoreo que garantice impactos efectivos en la reducción de los incendios. 
  • Garantizar el financiamiento y las condiciones necesarias para que todas las instituciones que dan respuesta a los incendios tengan los recursos materiales y humanos para responder con celeridad y de manera adecuada ante los focos de incendio forestales.
  • Asegurar una distribución de recursos eficiente y equitativa para que los distintos niveles del gobierno desarrollen los esfuerzos necesarios para informar los incendios, de manera periódica, así como informar el consecuente impacto socioambiental de los incendios forestales. 
  • Garantizar la restauración, rehabilitación y reforestación de las áreas afectadas y/o restauración de ecosistemas en beneficio de los territorios y población perjudicados; considerando la infraestructura natural, el cambio climático y el planeamiento que permita territorios más seguros y resilientes en el futuro. 
  • Garantizar investigaciones urgentes y eficaces para la identificación y sanción de los responsables de los incendios forestales y su debida condena. 
  • Avanzar con el tratamiento y aprobación urgente del proyecto de Ley de Humedales, priorizando aquel que ofrezca las mayores garantías posibles para la protección de los territorios.

Evangelina Romano, integrante de la Red Nacional de Docentes por los Humedales, y vecina de Ramallo, conversa con lavaca y aporta sus propias recomendaciones. Habla claro y dice así: “Despedimos al 2022 sin una Ley de Humedales y como era de esperar en llamas y tapados de humo. Y como pasó siempre, nadie accionó. Siempre esperamos a que el humo nos entre por la ventana. Una locura. Pedimos una Ley de Humedales que nos dé herramientas para terminar con el sufrimiento de las personas asmáticas, de los bichos, de los isleños, de los pescadores y de la vida misma. Todo sigue igual que hace 2 años, con gobernantes nacionales y provinciales inoperantes que se desbocan por zoom y no hacen cumplir las leyes; no es tiempo de debatir, de hablar, ya es tarde. Lo mismo sucede con municipios acéfalos que solo mandan cartas y se sientan a ver qué pasa desde la otra orilla. Armen un plan de contingencia, conversen con los propietarios y únanse para mitigar semejante devastación, poniendo recursos. Si no accionan, si no despiertan, esto no va a tener solución». 

Fotos: Pablo Sigismondi.
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