#NiUnaMás
Femicidio de Cecilia Basaldúa: una marcha a la Casa de Córdoba denunció la falta de investigación judicial
A cinco meses de la desaparición y femicidio de Cecilia Basaldúa su familia, junto a amigas y artesanas, marcharon con velas desde el Congreso a la Casa de Córdoba exigiendo justicia y denunciando la falta de investigación para llegar a la verdad. Las voces de la marcha. El audio anónimo que denuncia lo que le pasó a Cecilia. Entrevista a la fiscal del caso, y la respuesta a sus declaraciones por parte de la familia de Cecilia y su abogada. Y entrevista a la hermana y abogado de Lucas Bustos, único imputado.

Por Lucrecia Raimondi
Por el cielo gris y la humedad parecía que en cualquier momento estallaba el diluvio, pero igual se concentraron en Plaza Congreso, con barbijos y alcohol en gel, para marchar hasta la Casa de Córdoba para expresar así los cinco meses de impunidad del femicidio de Cecilia Basaldúa, la viajera asesinada en Capilla del Monte. Familiares, amigues y artesanas de Fuerza Mestiza, en su mayoría mujeres que no llegaron a conocerla, convocaron por primera vez a una movilización en Buenos Aires para dejar expuesto que este caso necesita justicia y verdad.
Bajo el techo del Cine Gaumont pintaron sobre lienzo un esténcil con la cara de Cecilia y se los pegaron al pecho. Recorrieron las cinco cuadras con velas, tejiendo una columna que encabezaron Susana y Daniel, madre y el padre de Cecilia. En la casa de la Provincia colgaron banderas, fotos y carteles. Junto al paño con las pulseras de macramé que hacía y vendía Cecilia, las artesanas armaron un mandala de flores y semillas con su foto: sus familiares, asombrados por la belleza del dibujo, reconocían en la obra el espíritu alegre, colorido, natural de Cecilia.
Reclamos y recuerdos
Belén armó con Cecilia en 2012 un equipo de mujeres de hockey sobre hielo. Es una de las que maravillada saca fotos al mandala, lo mira emocionada, describe lo que representa. “Ella emanaba vida”, recuerda Belén y sincera que “esto es hermoso pero siento mucha indignación, mucha ira”. Cuenta que vivió la desaparición de Cecilia con impotencia por no poder salir a buscarla a causa de la pandemia y que estar en la movilización, frente a la casa de la provincia donde asesinaron a su amiga, siente que es el aporte que puede hacer. “Estar acá es la primera vez que me conecto más de cerca a este reclamo -reconoce y enfatiza-. Nada la va a devolver, pero no puede haber esta impunidad y corrupción sin que se haga justicia. Los culpables que hicieron esto no pueden estar sueltos, tiene que dejar de pasar, no se puede volver a repetir. Que ella esté muerta y ellos libres no tiene sentido”.
En la Casa de Córdoba quedaron expuestos los que para la familia Basaldúa son responsables del secuestro y femicidio de Cecilia. Sobre la persiana metálica pegaron fotos con los nombres y la implicancia de cada uno. Denuncian que están sin imputación por la investigación sesgada de la fiscalía, que solo tiene pruebas contra Lucas Bustos, un pibe de 23 años, campesino y peón de albañil. Quedó a la vista la impunidad del crimen de Cecilia y que sus familiares no están solos: las de Fuerza Mestiza juntaron adhesiones que desde distintos puntos de Argentina, Paraguay, Venezuela y Uruguay se sumaron a la exigencia de verdad y justicia por Cecilia Basaldúa.
Los colectivos de mujeres de todo el país y del mundo, que están observando la situación del caso, apuntan a que el Estado es responsable: “Todo el país sabe que Capilla del Monte esconde muchos secretos siniestros y la fiscal Kelm defiende su posición de meter preso a un perejil para que creamos que se hizo justicia. El silencio es cómplice de los nefastos. Exigimos una reforma judicial que se ocupe de castigar esa inoperancia y complicidad. Basta de femicidios, basta de asesinarnos, vivas y libres nos queremos. Justicia por Cecilia y por todas las que son asesinadas en nuestro país. Cecilia, hermana viajera y artesana, estás presente”, expresaron algunos audios que además aseveraban: “Si tocan a una respondemos todas”.

La calle como medio de comunicación
Daniel Basaldúa, el papá de Cecilia, asegura que si no fuera por la pandemia de coronavirus seguirían la causa desde Capilla del Monte, que harían presión desde allá. Pero que confía en su abogada, Daniela Pavón, que desde Córdoba lleva la causa. Y que en Buenos Aires ellos se mantienen activos para visibilizar. “Estamos pidiendo justicia, que la fiscal investigue de verdad y nos estábamos quedando sin alternativas. Lo que nos queda es ganar la calle, por eso estamos con las organizaciones y los amigos de Cecilia. Queremos que la provincia de Córdoba tome cartas en el asunto porque notamos que no se está investigando el femicidio de mi hija. Estamos acá porque se lo debemos a Ceci y vamos a ir hasta donde haga falta, este es el primer paso”.
Para la familia de Cecilia fue muy importante salir a la calle y visibilizar lo que está pasando con la causa. Dos de sus primas, Silvina y Patricia, que marcha con su hija adolescente, fueron las primeras en llegar al punto de encuentro. A medida que se acercaba la gente ellas los recibían con calidez y agradecimiento. Silvina reconoce en la movilización lo que Cecilia generaba: “El amor que despertaba se ve, porque era muy alegre, amable, siempre con una sonrisa. Ella era así, no se fijaba en la plata ni nada. Cuando terminó sus estudios dijo que lo que quería era ayudar a la gente. Nosotras la seguíamos en sus viajes por el mundo, era muy independiente, nunca le pasó nada”.
Las primas no podían creer todos los preparativos que hicieron las artesanas, con su propio dinero, sin conocerla a Cecilia. “Cuando les preguntamos porque lo hacían dicen que tienen miedo que la próxima sea una de ellas o de sus hijas. Y las entiendo porque lo que te hace mover es que esto tiene que parar. La mataron por ser mujer, nos quieren hacer un objeto sexual y nos matan”, entiende Patricia y Silvina manifiesta que “estar acá se lo debía a ella, que todavía no pudimos velarla ni despedirla”.
Ambas están convencidas de que algo grave está pasando en Capilla del Monte: “No vemos ningún avance y si no hacemos esto queda impune. El caso es muy sospechoso, no puede ser que el ADN salió negativo y el que está preso no sea. Hay mucha corrupción en Córdoba”, asegura Silvina. Y Patricia sostiene que la única forma de terminar con la impunidad es saliendo a la calle: “Hay que hacer ruido para que llegue a Córdoba y a Capilla. No les va a ser fácil, no nos vamos a olvidar del caso, vamos a ser una espina en su zapato. La mataron y no sabemos cómo murió. Estamos mal, el dolor es peor por la impunidad. Pero no se la van a llevar de arriba, no va a ser un caso más”.

Un audio revelador
En agosto, a tres días de cumplirse cuatro meses del hallazgo del cuerpo, se viralizó en Córdoba el relato oral de una testigo aterrorizada que se presenta como María y dice haber visto cómo secuestraron a Cecilia Basaldúa. Estallaron los teléfonos de los abogados y de los familiares de Cecilia. El audio lo mandaron a grupos de WhatsApp de compra venta. No pudieron localizar a la persona que lo empezó a circular. El mensaje empieza advirtiendo: “Sé que al enviar este audio estoy corriendo muchísimo peligro pero ya no aguanto más”. Su contenido hiela la sangre.
Al borde del llanto María cuenta que la noche del 4 de abril fue a una fiesta en la casa de Mario Mainardi. La invitó José Meza y le presentó al dueño de la casa donde estaba Cecilia; a Viviana Juárez “la rasta”, que la familia de Cecilia identifica como la entregadora; y a Ramón López, oficial de policía de Capilla del Monte a cargo de la búsqueda cuando Cecilia desapareció.
María cuenta que comieron, que tomaron mucho, que al sentirse mareada se fue a acostar y se durmió. A las 5 de la mañana se despertó por escuchar una fuerte pelea. La ve a Cecilia discutir con Mainardi, diciéndole que no haría lo que él le pedía porque no era su forma de ser. “Dale flaca, pasa una noche, qué te cuesta”, dice la testigo que Mainardi le pidió a Cecilia. La viajera sostenía que lo que quería le parecía aberrante, que no era su forma, que si estaba con una persona era por gusto y ganas. Juárez le insistió: “Dale negra, qué te cuesta”. Cecilia le agradece a Viviana por ayudarla, pero que no iba a hacer lo que le estaban pidiendo.
“Entonces Mainardi la agarra por atrás de prepo y Cecilia se defiende, le da una bofetada, empieza a decir que va a agarrar sus cosas para irse, que se quería ir -relata María y entre suspiros de terror continúa-. Mainardi la agarra de los pelos, la estampa contra un mueble. Entre Ramón y Mainardi la agarran de un brazo cada uno, le piden a la Vivi que busque algo para atarla. José la agarraba de las piernas mientras Viviana la ataba. La sentaron en una silla, le taparon la boca”.
A partir de este momento, la testigo clave expone el entramado con la Policía:
- Ramón López llama por teléfono a un policía de apellido Zárate -también de la brigada de investigaciones- diciéndole si puede ir a la casa de Mainardi porque “tenemos un problemita”.
- María describe físicamente al policía Zárate y escucha que le pregunta a Cecilia qué pensaba hacer, si pensaba irse. Cecilia le responde que los iba a denunciar por todo lo que estaban haciendo y López la amenaza: “Dale, anda a denunciar y te va a ir re mal”. Cecilia gritaba que la soltaran, que se quería ir, que iba a llamar a su familia para contarle todo. La volvieron a amordazar mientras que, explica María, entre Mainardi, López y Zárate decidían qué hacer con Cecilia.
- El policía López volvió a llamar por teléfono, cuenta la testigo, que esta vez se comunica con un tal “Raga” que la familia descubrió se trata de Walter Luna, el padrastro del chico de 17 años que encontró, mientras buscaba animales sueltos, el cuerpo de Cecilia en un basural de la zona rural de Capilla. Luna les mostró a Daniel y Susana el terreno donde encontraron el cuerpo de Cecilia.
- En el audio María cuenta que López le pregunta a “Raga” por una llave y le dice “la vamos a llevar al campo”.
- Entre López, Mainardi, Juárez y Meza agarran a Cecilia de pies y manos, la suben a un auto blanco. Se la llevan Zárate con López y Mainardi. La familia de Cecilia identificó un auto de civil de la Policía, un FIAT blanco de dos puertas, que creen puede ser el que menciona la testigo en el audio. Y saben que usaron ese mismo vehículo para detener a Lucas Bustos.
- María cuenta que logró salir de la casa sin que la vieran.
- Durante el domingo 5 de abril, José Meza la llamó con insistencia. El lunes 6 la testigo se acercó a la comisaría de Capilla del Monte para denunciar lo que había visto: mientras esperaba ve a lo lejos, en una oficina, a López y a Zárate. “No sabía qué hacer, salí de ese lugar desesperada, la policía está involucrada -rompe en llanto-. Yo vi cómo esos dos se la llevaban con Mainardi y no sé qué hicieron con esta chica”. Huyó de Capilla a un pueblo cercano y a las pocas semanas se enteró por las noticias que Cecilia apareció muerta.
- “No sabía qué hacer. Lo llamo a José y le digo que yo sabía que ellos se la habían llevado. Y me dice que me callara la boca, que no dijera nada porque me iba a meter en graves problemas”, relata con un hilo de voz. María piensa en escaparse. José Meza le pasa su número de teléfono a Mainardi, quien la llama. La conversación que reproduce clarifica porqué la investigación de la fiscalía está sesgada y la testigo desprotegida:
Mainardi: – Si se te ocurre abrir la boca vas a terminar muy mal.
María: – Yo vi que vos y la policía se la llevaron.
Mainardi: – Si abrís la boca terminas como esa mujer.
María insiste con denunciarlos.
Mainardi: – Vos negra tenes que callarte la boca, es lo único que tenes que hacer, total la policía ya agarró un pibito para que se haga cargo.
María: – Yo no puedo dejar de decir lo que vi, voy a ir a la justicia.
Mainardi: – Ya sabemos que tenes una hija, podes terminar en un basural como la chica esta. Pero anda a la fiscalía, total de ahí no vas a salir porque la fiscal me está haciendo la pata y nos dijo que haría cualquier cosa para ayudarnos con todo esto. Dale, decime dónde estás.
A partir de esa conversación, María dice que todos los días recibió amenazas que si hablaba iba a terminar como Cecilia. Entre sollozos de terror, María le habló a la familia Basaldúa.
María cuenta en el audio que se esconde en diferentes lugares porque tiene miedo de terminar muerta y que le hagan daño a su hija. Hasta el momento no se presentó a declarar porque, como expresó, no confía en la fiscal Kelm. Tampoco desde la querella pudieron ubicar su paradero para protegerla como testigo. Los familiares de Cecilia y las organizaciones feministas temen por la vida de María.

Las respuestas de la fiscal
La fiscal de Cosquín, Paula Kelm, a cargo de la investigación por el femicidio de Cecilia, asegura a lavaca que el único responsable del crimen era Lucas Bustos. También cuestiona el testimonio de María: “Ese audio lo que generó es una conmoción social más que un cambio en la causa. La realidad es que mucho de su contenido tiene serias inconsistencias en lo que sucedió el 4 y 5 de abril. Solo de escucharla, si uno ve la causa, no tienen relación. Por eso es tan importante que pueda declarar esa persona para ver si se pueden corroborar con la realidad y si es necesario producir otra prueba”.
¿Cuáles son las inconsistencias?
Específicamente, qué es lo que pasó con Cecilia el 5 de abril no se condice con testigos que la vieron ni con las comunicaciones telefónicas que tuvo con un familiar de ella. Tampoco las ataduras o el forcejeo y la lucha que refiere este audio con lo que se encontró en la autopsia en el cuerpo de Cecilia.
¿Por qué considera que el audio puede ser falso?
Ella misma refiere que su intención es ayudar a Lucas Bustos y a su familia, que él no ha tenido nada que ver. Entonces yo pienso que si la intención es esa, la única forma sería traernos esta prueba para acreditar que lo desvincularía a Bustos y que crearía esta hipótesis tan grave. Que se presente es la única forma de que podamos realmente determinar que esos dichos sean reales y brindarle protección. Las organizaciones feministas expresaron que la protegerían para que se acerque a la fiscalía.
¿Los testigos que declararon hasta ahora podrían haber mentido?
Tendría que haber una gran confabulación y deberían haber falseado su testimonio. Si así fuera, todas las personas que hubieran depuesto que el domingo 5 la vieron, correrían serios riesgos su libertad. De todas formas continúa la investigación. Yo no descarto absolutamente nada. Además de ello, tenemos prueba objetiva, que son los movimientos y líneas telefónicas.
¿Los movimientos y comunicaciones podrían ser pistas falsas?
Todo eso fue analizado al momento en que fueron abiertos esos objetos. No solamente tiene que ver con el teléfono de Cecilia, sino además con las otras personas nombradas y que ya fueron a investigadas y están los datos objetivos de los registros de esos movimientos. Tenemos que dividir la investigación en dos. Una fue su desaparición a partir del 9 de abril. Y del 25 en adelante su abuso sexual y homicidio doblemente calificado. La primera etapa Mainardi fue el principal sospechoso, la investigación pesó sobre él y su círculo íntimo. A partir del hallazgo del cuerpo el escenario cambió totalmente. Las hipótesis se vuelven a abrir al 100 por ciento, entre los cuales seguía estando Mainardi. Pero había ahora que determinar quién podría haber abusado y haberle dado muerte a Cecilia en el lugar en donde fue hallada.
¿Por qué Mario Mainardi no está siendo investigado?
La investigación respecto a Mainardi ya se realizó y no tengo pruebas para determinar que él haya tenido participación en el femicidio de Cecilia Basaldúa. La hipótesis de Mainardi empieza a perder total virtualidad porque ya no lo podemos ubicar en el lugar, en el tiempo y de modo porque sabíamos todo lo que todos los movimientos de Mainardi desde el 5 de abril en adelante. Y no era posible ubicarlo en ese lugar y si era posible, y cada vez cobra mayor virtualidad la hipótesis de la autoría por parte de Bustos.
¿Qué pruebas tiene contra Bustos más allá de su declaración?
Está en el lugar y en el momento del ataque. La realidad es que Lucas Bustos fue la última persona que estuvo con Cecilia, que la vio con vida. Se acreditó el conocimiento que él tenía de ella, por sus propias manifestaciones, por los rastros que tiene en su cuerpo de heridas defensivas que ella le produjo, que se condicen totalmente con las heridas que ella presentaba. Todas esas circunstancias son detalles que van a surgir y que tienen que ser parte de la investigación penal. Para mí eso está acreditado en la causa y no sería correcto que yo esté dando detalle por detalle.
¿Y hay algún tipo de ADN que los vincule?
El material genético de semen se pierde en 48 horas. Hay semen en la ropa de Bustos pero no en el cuerpo de Cecilia porque se evaporó. Lucas Bustos está con prisión preventiva firme, no ha sido cuestionada ni han aportado una sola prueba que desvirtúe la acusación en su contra. Y estoy en la recta final, esperando terminar de poder recolectar el resto de las declaraciones testimoniales y la prueba que ya se ordenó para poder emitir una conclusión.
Sin embargo, esta semana se conocieron, después de cinco meses, los primeros resultados de las pruebas de ADN en el cuerpo de Cecilia: no coinciden con la genética de Lucas. La fiscal Kelm basa la acusación contra Bustos con información aportada por la Policía de Capilla del Monte.
Cuando se le pregunta por los vínculos que describe la testigo María, entre los que se la señala como encubridora, la fiscal Kelm titubea y desvía la respuesta hacia lo que ella considera que son inconsistencias de un audio anónimo. La familia Basaldúa sostiene que Mainardi creó pistas falsas al momento de desaparecer a Cecilia y la Policía lo mismo, mientras estuvo a cargo de la búsqueda.
La fiscal expone que el punto de partida de la investigación para la fiscalía comenzó el 9 de abril, pero que conoce los movimientos de Mainardi desde el 5 de abril. ¿Qué pasó esos cuatro días con la investigación? A Cecilia la mataron entre el 5 y el 9 de abril Su cuerpo apareció el 25. El arresto del sospechoso fue tres días después: el 28. La imputación quedó firme el 30.
Las circunstancias de la supuesta confesión auto incriminatoria de Lucas Bustos, está investigada en una causa por apremios ilegales iniciada por su hermano. Santiago, detenido con Lucas, denuncia que fueron apretados por la Policía de Capilla del Monte para que confiesen haber matado a Cecilia Basaldúa. Para la fiscal Kelm esta denuncia no tiene sustento. Y sobre los resultados negativos de ADN no hizo declaraciones.

La réplica de la familia
La familia y el Equipo de Trabajo Justicia por Cecilia Basaldúa, respondieron a las declaraciones que Paula Kelm dio en relación al audio de una posible testigo:
1 – La Fiscal dice abiertamente que ella cree que el audio fue hecho para ayudar al único imputado en la causa, Lucas Bustos. Reduce todo a esa intención. Además, la testigo María, dice en el audio que Mario Mainardi le dijo que no se molestara en denunciar porque la Fiscal lo iba a proteger. ¿Cómo se acercaría a declarar una testigo cuando de antemano la fiscal no le cree? ¿Cómo lo haría estando amenazada de muerte y sin encontrar garantías ya de antemano por parte de la Fiscal? Es inadmisible que diga que las agrupaciones feministas van a brindarle protección. Esa es una responsabilidad que le cabe al Estado y únicamente es el Estado y las instituciones que lo representan, quienes tienen que brindar garantías a cualquier persona que en esta u otra causa se presente a brindar datos para resolver cualquier caso. Es inadmisible que diga que aún no ha solicitado la medida de protección de testigo, hasta tanto esta persona aparezca y así lo solicite. Urge, tal como hemos expuesto en la Fiscalía, que se arbitren las medidas necesarias para encontrar a quién grabó y difundió ese audio.
2- Asegura que en el audio hay inconsistencias y que el día 5 de abril hay testigos que vieron a Cecilia. La única testigo que consta en el expediente que hace tal declaración, es una testigo que muy posiblemente haya sido “presionada”, porque su declaración fue mutando en el tiempo. Hay otras declaraciones que son muy imprecisas y no son prueba de nada.
3 – También dice que otra inconsistencia es el hecho de que Cecilia mandó un mensaje de texto desde su celular. ¿No considera acaso la Fiscal, que a ese mensaje lo pudo haber enviado el mismo Mainardi? Cabe destacar que Mainardi, en otras oportunidades, había llamado a la familia de Cecilia con el celular de la víctima, que no tenía clave. Pero además: ¿Cómo hizo Cecilia para mandar ese mensaje si había dejado el celular en la casa de Mainardi, lugar donde, además, fue encontrado el teléfono?
4 – Asegura que todas las personas mencionadas en el audio de María fueron investigadas. Eso es falso. López y Zarate, policías de investigaciones, nunca fueron investigados. Tampoco José Mesa, ni Walter Luna.
5 – La Fiscal afirma que el único imputado, Lucas Bustos, fue la última persona en ver con vida a Cecilia ¿Cómo hace para llegar a esa conclusión? Pero más grave es que ella dice que esto está acreditado en el expediente, cosa que no es cierta.
6 – También enfatiza que el cuerpo de Cecilia tiene signos de abuso sexual, pero que el semen se evapora en 48 horas. Luego dice que la ropa de Lucas Bustos tiene su propio semen. O sea, para ella que un joven tenga rastros de su propio semen y de su propia sangre en la ropa es prueba de que es un abusador.
7 – Consideramos inadmisible que la Fiscal solicite un informe sobre la salud mental de Cecilia, cuando la única persona que pone en tela de juicio su salud mental es el mismo Mainardi. ¿De qué sirve esto a la investigación? ¿Qué se pretende concluir? ¿Qué Cecilia estaba “brotada” y perdida por ahí? Ella había hablado con familiares el día anterior a desaparecer y nadie noto nada extraño en ella.
Además, el comunicado expuso las claves de lo que la fiscal Kelm evita decir:
“Las pruebas elevadas al cotejo de ADN fueron escasas a pesar de que existía mucha evidencia para ser analizada ¿Por qué la Fiscal consideró que no eran importantes para la causa? Además el tiempo en que se procesó la evidencia fue largo minimizando la posibilidad de hallar nuevas pruebas que resulten útiles para establecer un cotejo de ADN exitoso.
Y surge ¿Por qué la Fiscal volvió pedir que se tomen nuevas muestras en sitios donde ya se habían tomado muestras y sin que se analicen las anteriores? Como pasó con las muestras positivas en la casa de Mainardi. Esto habilita el interrogante ¿Por qué se le permitió a Mainardi pintar con cal la casa? Sitio donde se tomaron anteriormente muestras de sangre cuando todavía no se había desestimado, por parte de la querella, su participación en la desaparición y posterior femicidio de Cecilia. Tampoco hay un análisis sobre los mensajes de índole sexual entre una mujer – Viviana Juárez – y Mainardi referidas a Cecilia. Para la familia, ella fue su entregadora.
En un intercambio de mensajes de Cecilia con su hermano ella le dice que Mainardi la está volviendo loca. Queda también registrado en esa conversación el pedido de búsqueda de información previa sobre Mainardi por parte de la víctima a su hermano, solicitando que busque en las redes, que averigüe que se sabe de él. Prueba que fue desestimada también por parte de la Fiscal.
Las marcas que presenta Lucas Bustos en sus brazos no son compatibles con el lapso en que se fija la muerte de Cecilia. Los restos de plantas y sedimentos que se encontraron en el cuerpo de Cecilia no concuerdan con los analizados en la ropa de Bustos.
Lo que la fiscal no puede explicar es ¿Dónde estuvo Cecilia desde el día cinco hasta el día en que fue asesinada? ¿Lucas Bustos la tuvo retenida? ¿Dónde? Cecilia era cinturón negro de tae kwon do, es difícil de imaginar que Bustos haya podido retenerla por varios días él solo”.
Estos planteos de la querella se basan en la preocupación por la intención de la Fiscal de cerrar la investigación. “Resulta imposible de creer la liviandad e irresponsabilidad con que hace referencia a que está en la “recta final”, cuando no ha iniciado ni atendido a ninguna otra línea de investigación, más que la que ella misma considera la definitiva y por la cual detuvo a Lucas Bustos”, apunta la abogada querellante Daniela Pavón.
Por otro lado Pavón enfatiza que les resulta llamativa la desprolijidad del proceso investigativo, las imprecisiones con que la fiscal comunica lo que consta en los expedientes, que sus interpretaciones personales las manifiesta como certezas, cuando son diametralmente diferentes a las que ven desde la querella: “Por eso nosotros nos preguntamos, concretamente, ¿Qué poder protege a la Fiscal? ¿Qué intereses hay detrás de un accionar tan evidentemente intencionado?”.
También, esperan que “el Estado Nacional se involucre en este caso” y exigen que lo hagan también “desde los Ministerios de Justicia y de Derechos Humanos y de la Mujer de la Provincia de Córdoba, puesto que en el audio la testigo menciona de manera explícita a la Policía de Córdoba y a la misma Fiscal. Pero además porque la Ruta 38 es una ruta conocida de narcotráfico y trata de personas”.
La situación del perejil
Lucas Bustos está detenido hace cinco meses en el Complejo Penitenciario de Cruz del Eje. Cuenta su abogado defensor, Sergio Sánchez, y su hermana Verónica, que la personalidad de Lucas es de un pibe tímido, manso y callado. La situación de prisión y la acusación por el femicidio de Cecilia Basaldúa al principio lo deprimieron e hicieron que sea más retraído. Cuando lo detuvieron estaba muy asustado, por él adentro y por si afuera la Policía le hacía algo a su familia. “Mi hermano es inocente, lo quieren inculpar para cubrir Dios sabe qué cosas -asegura Verónica- Las personas que la familia de Cecilia consideran su línea de investigación son del pueblo pero no tenemos ni idea de quiénes son. Mi familia nunca vio a Cecilia ni a estas personas”.
Verónica es la hermana mayor de nueve hermanos y vive en Córdoba capital. Lucas, de 23 años, es el menor de los hermanos Bustos; hizo la primaria y no continuó los estudios. Vivía con sus padres en una zona rural de Capilla del Monte, trabajaba de albañil. Verónica describe que casi no tiene amigos, que es reservado, de un perfil muy bajo. La vida social de Lucas giraba alrededor de su familia: se juntaba con sus hermanos y cuñados. No solía salir. En la casa familiar de Camino de los Mogotes viven más de 15 personas y cuenta Verónica que en general a todos les cuesta salir de su ambiente para visitar la ciudad.
El crimen de Cecilia lo consideran aberrante y Verónica asegura que Lucas jamás le faltaría el respeto a una mujer. Que lo acusaran de femicidio le generaba, a él detenido, una presión insoportable. “La bronca más grande que uno tiene es por la inocencia. El día que los llevaron de casa de mi madre ellos fueron con total inocencia, tranquilos de que no había problema con que les hicieran unas preguntas. Pensaron que enseguida volvían. Ahora yo les digo a mi mamá y mi familia que nunca más vayan con la policía si no tienen una orden o si no los acompaña un abogado”, cuenta Viviana con voz pausada y tranquila, pero en tono de indignación.
El día que se lo llevaron, Verónica no se lo olvida más porque una de sus hermanas la llamó llorando desesperada: “No tiene nombre lo que le hicieron, justo escogieron a él que es una persona tan sencilla, tan humilde y tímida, da mucha bronca. El día que eso pasó fue un golpe durísimo para toda la familia”. A Santiago y a Lucas les pegaron, los amenazaron, los maltrataron en la comisaría de Capilla del Monte. A Lucas lo dejaron detenido. Cuando Santiago volvió a su casa en el campo, la estaban allanando; denunció lo que había pasado pero los policías no le creyeron. Además, tuvieron que soportar durante semanas una consigna policial en la puerta de la casa sin dejarlos entrar ni salir. Y los efectivos de la Brigada de investigaciones patrullaban todos los días el terreno.
La familia Bustos estaba aterrada por lo que podría hacer la policía con ellos. Santiago, que sufre epilepsia, sigue con miedo: no sale a la calle y los primeros días no podía dormir solo. Los cinco meses desde que empezó esta situación se les hicieron eternos y el día a día lo viven como una pesadilla. “Ninguno sale solo porque en este momento quienes nos tendrían que proteger son los enemigos. La situación que está viviendo mi familia es muy horrible. El peso de Lucas detenido, de la mentira, de este abuso que hicieron, de mirar de reojo a la Policía, es un total estrés. Mis padres se enfermaron por todo esto”, sostiene Verónica. Y piensa que si a su familia les pasa algún hecho de inseguridad “están desprotegidos, no tienen a quién acudir porque están marcados por la Brigada de investigaciones, que además de estar involucrados en el femicidio de Cecilia inculparon a Lucas”.
Sergio Sánchez y su equipo tomó la defensa de Lucas. Además, iniciaron una denuncia por apremios ilegales. El defensor apunta contra la fiscal Kelm y su hipótesis de investigación: “Sostiene la incriminación e imputación a Lucas con la sola manifestación de un empleado policial. No hay otra cosa. No hay un testigo, no hay una foto ni un audio. No hay nada que vincule a Lucas con Cecilia Basaldúa”.
¿A qué conclusión llegó la defensa con el resultado de ADN?
No nos sorprendió. Sabíamos y teníamos la convicción de que muestren de manera contundente y concluyente que no hay ningún tipo de relación ni vínculo genético ni científico entre Cecilia y Lucas. Me sigue haciendo ruido que después de cuatro o cinco meses llegaron los resultados de la primera etapa cuando los análisis están distribuidos en tres. Y que los peritos de control no están pudiendo acceder a los laboratorios para verificar las pruebas genéticas. Eso no es un verdadero control del trabajo pericial. El perito tiene que estar observando cómo están ejecutando en el momento que se están haciendo las cosas, como ocurre en cualquier otra pericia.
¿Cómo tomaron la declaración de la familia Basaldúa?
Considero que fue muy fructífera porque expuso concretamente hacia dónde hay que orientar la investigación de la causa. En primer lugar, Daniel Basaldúa no mencionó nada respecto a Lucas Bustos. Después, que en este caso de femicidio, la querella y la defensa estamos en el mismo sentido. Algo nunca visto en la historia de los femicidios en la Argentina. Acá hubo un apremio, hay una persona inocente detenida y cuatro, cinco o seis personas que andan caminando e incluso algunos ya no están en Capilla del Monte y andan sueltos, libremente impunes, sin ningún tipo de investigación. La querella y la defensa estamos hablando de que no se está direccionando bien la investigación de esta causa.
¿Por qué considera esto?
Fundamentalmente de las múltiples pruebas que tenía la fiscal desde el 30 de abril contra Lucas, hasta ahora no apareció ninguna. Sin embargo hay un montón de indicios que debería investigar el Ministerio Público Fiscal de Cosquín hacia otras personas que son sospechosas de algo. Hasta el momento no los ha investigado como lo hizo con Lucas, que sin haber tenido ningún elemento indiciario, llevó una acusación contundente contra mi defendido.
¿Cuál es la situación procesal de Lucas?
Nosotros vamos a seguir sosteniendo que Lucas y Santiago fueron llevados de manera forzada a una sede policial donde fueron interrogados bajo apremios ilegales. Lo único que está sosteniendo semejante imputación es una manifestación policial gravísima que dice que Lucas se auto incriminó en sede policial, situación que después, con su abogado defensor dentro de la Fiscalía de Cosquín, lo negó rotundamente y dijo que jamás había dicho eso y que voluntariamente nunca manifestó haber cometido ese crimen.
Santiago presentó una denuncia por apremios ilegales contra la Policía de Capilla del Monte. Los policías mencionados en esta causa pertenecen a personal de Homicidios y de protección de personas de la Policía de Córdoba, y los de la Brigada de investigaciones de Capilla del Monte. Sánchez, que actúa como querellante en la causa de apremios y como defensor de Lucas por el femicidio, describió qué situación vivieron sus representados.
“Los policías realizaron tareas irregulares dentro de la comisaría para lograr una confesión. Santiago se mantuvo con un carácter firme y no lograron sacarle una palabra, sino hoy tendríamos a dos detenidos. Lucas, por el contrario, más sensible e introvertido, mucho más apegado a su padre, cuando los funcionarios policiales manifestaron que iban a ir contra su papá de la misma forma que estaba siendo con él, lograron su cometido”. La denuncia de Santiago, Kelm intentó que quede archivada. Pero Sánchez presentó una oposición que se analiza en el Juzgado de Control de Cosquín, a cargo del juez civilista Carlos Fernando Machado.
Cuando se constituyó como querellante de Santiago, Sánchez presentó la recusación de Kelm por entender que no podía ser la misma fiscal: “No se puede ser juez y parte. No podés en el femicidio -que acusa a Lucas como responsable- apoyarte fervientemente en la detención de una persona con los dichos del empleado policial que en la otra causa -por apremios ilegales- es denunciado con nombre y apellido. La fiscal, de una manera elegante, debió advertir que tiene que ser otro fiscal quien investigue si hubo o no apremios ilegales. Por el contrario, se mantuvo firme hasta archivar la denuncia de Santiago”.
¿Por qué Kelm pretendió archivar la causa de apremios?
Para poder seguir sosteniendo la detención de Lucas bajo las manifestaciones policiales. La fiscal le tomó declaración a cuanto policía se cruzó por Capilla del Monte. ¿Qué policía va a ir en contra de su jefe o de su compañero de todos los días? ¿Qué policía va a ir en contra de su colega en una situación tan sensible y complicada como el femicidio o decir algún contrario de lo que están manifestando los otros? Ninguno. Entonces, de ahí que los 12 testimonios son todos coincidentes. Tampoco me hizo lugar como querellante a que participe de los actos introductorios de los policías y no pude observar sus declaraciones. En esta situación, la fiscal en vez de buscar apoyar la denuncia de una persona que manifiesta abiertamente haber sido víctima de abuso, buscó cuestionar y por todos los medios atacar esa denuncia.
¿Cómo sostiene la inocencia de Lucas?
La Policía actuó irregularmente, bajo parámetros que están fuera de las garantías constitucionales, se buscó de manera coactiva la extracción de una confesión a una persona que no tenía ningún tipo de vínculo con respecto a la fallecida. Ahora sabemos quiénes son los que actuaron dentro de la Comisaría para poder mantener detenido a Lucas. Además, no pudo planear estratégicamente todo lo que se hizo desde el momento de la desaparición, 20 días antes de que apareciera el cuerpo, teniendo en cuenta lo confirmado también por la querella y algunos peritos de control de que el cuerpo fue plantado, que estuvo en otro lado y después fue trasladado al lugar donde se lo encontró. Es imposible que Lucas en su cabeza haya podido planificar semejante hecho macabro, e incluso psicólogos peritos de parte entendían que Lucas no tenía el perfil del autor del crimen.
¿Qué sucede con libertad de Mainardi?
Yo no sé qué mecanismo utiliza este hombre y cómo se maneja, pero hay algunas circunstancias que no se entienden. Por ejemplo, cómo se le autorizó a un tipo que está sospechado, al cual la familia de la víctima ha apuntado directamente, se le permite que salga de la provincia con tanta liviandad -para instalarse en Rosario-. En este sentido, digamos que el rol principal de controversia lo termina por ocupar la Fiscalía, porque uno de los principales sospechosos está, podemos decir, prófugo.
Hacer justicia
El entramado de caso Basaldúa empezó la madrugada del 5 de abril, en contexto de pandemia. La desaparición y femicidio de Cecilia sucedieron cuando la circulación de personas estaba limitada por el aislamiento preventivo y obligatorio. La Policía mandaba en las calles mientras que los pueblerinos de Capilla del Monte podían circular en horarios restringidos.
Primero Guillermo, el hermano de Cecilia, viajó y fue recibido por la Policía con un despliegue fenomenal de tecnologías de búsqueda: drones, perros, helicópteros, móviles y efectivos de todos los colores. Después sus padres llegaron al pueblo para encontrar con vida a su hija viajera desaparecida. Los asesinos hicieron aparecer el cuerpo al día siguiente de que pusieran un pie en Capilla y empezaran a preguntar. Daniel y Susana supieron enseguida quiénes eran los responsables: por sus comportamientos cuando preguntaban qué pasó, por la persecución de la policía, por los comentarios de los vecinos, por la antipatía de la fiscalía.
En la movilización del 25 de septiembre, cinco meses después de esos primeros días de encontrar respuestas con angustia, Daniel expuso sus conclusiones sobre el caso: “Yo creo que a Cecilia le pasó algo de trata. En el audio la chica lo dice, que no iba a hacer lo que ellos querían. ¿Qué es lo que vio? ¿Qué pasó con Cecilia? ¿Qué la quisieron obligar a hacer? Seguramente es trata. Y bueno, yo recorrí Capilla y sé que pueden hacer la trata porque hay lugares que son inaccesibles y si la policía es cómplice más todavía, pueden estar ahí que no las va a encontrar nadie. En Capilla del Monte políticamente hay alguien que maneja todo el pueblo y jamás se comunicó conmigo. Esa persona también es parte del femicidio de Cecilia, no solo la Policía. Lo único que tenemos es la palabra para denunciar y eso estamos haciendo. No tengo miedo”.
También se reconoció en la piel de quienes pierden a sus hijas por la violencia machista: “Ahora entiendo lo que pasan los familiares de femicidios. En su momento no me dejaron entrar en la causa, no me decían nada de lo que pasaba, tuvimos que investigar nosotros a los ponchazos”. La familia Basaldúa recomienda apoyarse en otras familias que pasaron por lo mismo: “Reconozco que siempre es bueno pedir ayuda a los padres que han pasado por esto, que están curtidos. La experiencia que uno agarra sirve. Después de pasar algo tan atroz como le pasó a Cecilia y a nosotros como familia, es importante saber que hay alguien detrás porque uno solo no puede, más cuando hay entramados como en este caso que tenemos droga, juego y trata”.
Daniel aseguró frente a la Casa de Córdoba, en Callao 332, que la movilización en Buenos Aires sería la primera y que harían otras más grandes para exigir verdad y justicia por Cecilia. “Si esto le pasa a otra compañera ahí vamos a estar, cuenten con nosotros, yo voy a venir a poner el pecho”, aseveró Daniel Basaldúa frente a una mayoría de mujeres viajeras, artistas, artesanas que llevan la vida libre que vivía su hija Cecilia.

#NiUnaMás
7 años sin Lucía: Salvando el corazón

Este domingo se cumplieron siete años del femicidio de Lucía Pérez en Mar de Plata, que en 2016 generó el Primer Paro Nacional de Mujeres en el país. Esta vez, la memoria viene acompañada por el gran logro que fue el nuevo juicio que condenó a los culpables que habían sido absueltos en un vergonzoso juicio anterior.
Y lo más novedoso es el anuncio de otro logro: La Casa de Lucía será una realidad, un espacio destinado a la prevención de la violencia y la promoción de los derechos de las mujeres. Marta Montero, la madre de Lucía, confirmó a lavaca.org que esperan poder inaugurarlo formalmente al acercarse el 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer.
Por Anabella Arrascaeta
Marta Montero se despertó temprano este domingo 8 de octubre y eligió calas del jardín de su casa para armar un ramo de flores y llevarlo al cementerio junto a su esposo y papá de Lucía Pérez, Guillermo. El ramo lo armó con siete calas: una por cada año desde que sucedió el femicidio de su hija que en ese momento tenía 16 años.
Es el primer aniversario de femicidio que la encuentra sin estar exigiendo un proceso judicial que condene a los responsables. El 23 de marzo de este año los jueces del Tribunal Oral Criminal 2 de Mar del Plata, Roberto Falcone, Alexis Simaz y Gustavo Fissore encontraron a Matías Farías culpable del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes y por resultar la muerte de la persona ofendida, en concurso ideal con femicidio”, imponiéndole cadena perpetua; y a Juan Pablo Offidani “partícipe secundario” del “abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes” imponiéndole 8 años que se elevan a 15 debido a la pena anterior de venta de drogas en las inmediaciones de la escuela en la que Lucía cursaba quinto año.
Como familia, con el segundo juicio penal finalizado, ¿qué buscan ahora?
Yo siempre busco paz, cuando he tenido que visibilizar lo he hecho porque era lo que tenía que hacer. Este año es diferente la lucha, estuvimos en casa, tranquilos, después de mucho tiempo no estamos preparándonos para una marcha que es como era siempre. No es fácil, es muy difícil para nosotros hacer lo que hacemos y todo lo que hicimos, por eso hoy preferimos estar juntos en casa, tranquilos.
Aún está pendiente el jury a los jueces que no juzgaron el femicidio en el primer juicio de 2018. ¿Cómo sigue ese proceso?
Sigue adelante, con la necesidad de que termine. Ya pasaron cinco años y estamos cansados, necesitamos que se haga ese jury y sean condenados como sucede cuando cualquiera comete un delito: tiene que cumplir la sanción; si en este caso la sanción es destituirlos que así sea. El próximo paso es la audiencia de prueba y después comenzaría el juicio: hay que ponerse a trabajar y hacerlo. No tenemos fecha, es lo que estamos pidiendo porque ¿sino dónde está la justicia? Más allá de que el jury es más político que jurídico, en definitiva son jueces, son parte del sistema judicial y están en este proceso porque algo mal hicieron.
En esta semana anunciaron también un espacio que van a inaugurar pronto: La casa de Lucía, ¿de qué se trata?
La Casa de Lucía es un lugar soñado hace mucho, hace tiempo lo pensamos y buscamos. Y llegó: hoy lo tenemos, es un lugar que estamos reparando, es un bien que fue confiscado por el Estado y nos lo da, nosotros tenemos que ponerlo en valor en un tiempo determinado. Queremos inaugurarlo el próximo 21 de noviembre, en la semana del 25 de noviembre que es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer.

¿Qué va a suceder en la Casa de Lucía?
Se trabajará desde un taller con mujeres de todas las edades, donde podamos hablar y proyectar. También con personas del Poder Judicial, haciéndoles preguntas, y hablándoles de qué es lo que pasa, la importancia de las familias en las causas, que somos quienes sabemos cómo es el barrio, la escuela, qué pasaba en la casa, qué pasaba con nuestros hijos, eso solo lo sabemos nosotros, las familias. Por eso la justicia tiene que escuchar a las familias, algo que muchas veces es muy difícil. Nosotros logramos, más allá de la condena, tener justicia por Lucia, el camino de lo que hemos aprendido es por dónde queremos seguir trabajando, por eso uno de los focos va a ser el Poder Judicial. Y después se harán cosas maravillosas: talleres, encuentros, para hablar de lo que nos pasa desde lo grupal que nos ayuda tanto para adelante. Si seguimos caminando en esta vida es porque nos apoyamos en otras y otros. Con otros hemos logrado ir salvando nuestro corazón, para no quedarnos en el camino. Logramos poder caminar y en esa experiencia encontramos muchas mujeres solas, y en La Casa de Lucía van a encontrar un lugar donde nos vamos a escuchar, con la amabilidad y el amor que Lucía nos ha ido enseñando. Yo creo que va a suceder de todo. Cuando entré al lugar estaba muy sucio, dejado, abandonado, pero enseguida vi un piso de madera y me imaginé nenas bailando. Es eso lo que queremos: ver niñas bailando y disfrutando.
Nota
Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»
Un funcionario judicial de Tucumán fue condenado por abuso sexual: 4 años, obligación de reparación económica, capacitación y placas en Tribunales. El hecho no es aislado: el Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro que incluye 420 funcionarios (integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las cúpulas de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católica) denunciados por violencia de género. Los argumentos e implicancias de un fallo ejemplar.
Jorge Edmundo Mistretta, exjefe de despacho de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, jubilado desde 2019, fue condenado a cuatro años por abuso sexual contra dos de sus empleadas. Los abusos ocurrieron en 2013 y 2015: incluye tocarle los pechos a una de ellas y querer besarla, comentarios sexuales groseros, e intento de tocar a otra de las denunciantes.
En el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, compuesto por la jueza María Noel Costa, y los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Enrique Lilljedhal, se ordenó:
- La inmediata detención, aunque cumplirá prisión domiciliaria por su estado de salud.
- Una indemnización de $4.4 millones de pesos y 3.6 millones de pesos para cada una de las víctimas.
- La realización de un programa de capacitación sobre perspectiva de género y en política de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
- Se solicitó a Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia Nacional que “se arbitren los mecanismos administrativos necesarios por una medida restaurativa que contemple la incorporación a una de las oficinas judiciales de esa jurisdicción -de la Cámara o del Tribunal Oral -, debiendo garantizar la ‘no revictimización’ de una de las víctimas”.
- Además se recomendó que se coloquen placas en tribunales donde sucedieron los hechos que digan: “Un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia. No a la violencia ni al acoso”.
Los fundamentos se conocerán el próximo 29 de septiembre.
El “caso” no es aislado. El Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro de denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas.
El registro incluye ya 420 funcionarios denunciados, entre intendentes, diputados, fiscales, sargento, jueces, asesores, concejales, cabos, decano, sacerdotes y un largo etcétera. De todos los denunciados 99 son del Poder Judicial, al igual que Jorge Edmundo Mistretta; 139 del Poder Ejecutivo; 62 del Poder Legislativo; 67 de la Iglesia Católica; y 53 de las cúpulas de las fuerzas de seguridad.
El padrón de funcionarios denunciados se puede ver acá

El Estado argentino se comprometió en 2020 a llevar un registro público de funcionarios judiciales denunciados por violencia de género como parte de un acuerdo amistoso alcanzado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hasta el momento lo hizo de forma incompleta y escasa, por ello comenzó a realizarlo, de manera autogestiva, el Observatorio Lucía Pérez que sumó además otros poderes para completarlo y con esa información reflexionar acerca de qué relación hay entre la ausencia de políticas públicas de contención y prevención y estas prácticas impunes.
Lo que se ve: la consigna “El Estado es responsable” se hace carne en la sistematización de esta información. No lo es solamente por omisión, o ineficaz: es un Estado violento.
Nota
Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación contra sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia. Este año se logró la condena a prisión perpetua de dos de los responsables del crimen, pero la familia además reclama el juzgamiento de los policías ya que su inacción resultó clave para que Iara resultara asesinada. Mónica, la madre de la joven: «Si esos funcionarios policiales hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”.
Por Natalia Aramayo desde San Salvador de Jujuy
La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación al sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia.
Mauro Cortez, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Emanuel Valdiviezo, Daniel Ramírez y Laura Tapia, miembros de la policía y brigada de investigaciones de Palpalá, estaban imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras la denuncia de la familia de Iara. El 22 de julio del año pasado el Ministerio Público de la Acusación informó que la investigación se había dado por finalizada y el fiscal de la causa solicitó la citación de los acusados a juicio.
Desde entonces la familia espera la fecha de juicio, pero con lo que se acaban de encontrar es con el sobreseimiento dictado por el juez Rodolfo Nino Fernández, del Juzgado Especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública.
Mónica Cunchila, mamá de Iara, expresó en conferencia de prensa en San Salvador: “Esta decisión nos dañó, nos lastimó demasiado, no podemos entender cómo trabaja la justicia”. Mónica llevaba en sus manos los fundamentos que dio el juez: el texto ocupa solamente media carilla. “Imprimí los fundamentos para leer y empaparme» expresó, “pero el fundamento del juez es media carilla, y no me dice por qué tomó esa decisión”.

El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, manifestó que tras entregar el recurso de apelación, el fiscal a cargo de la causa, Diego Funes, también se sumó a la presentación, y que además el propio fiscal general de la provincia, Lello Sánchez, se comunicó con la familia.
«El día que nos enteramos de la decisión del juez Fernández fue sentir que nos mataron a Iara nuevamente», dijo Mónica tras conocer la decisión. El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, sostuvo: “Creemos que estos ocho policías tienen que estar sentados en el banquillo de acusados, porque claramente omitieron, no buscaron, no rastrillaron, dejaron a la deriva a Iara y la familia. No tenemos dudas que son responsables, junto a otras personas de lo que fue la pésima y paupérrima búsqueda y rastrillaje de Iara”.

La comunidad en la calle fue la garantía para que se descubriese a los culpables. Ahora el juez Rodolfo Nino Fernández sobreseyó a policías que con su inacción (¿o complicidad?) se dedicaron a no buscar a Iara, que tenía 16 años al desaparecer. El cuerpo fue encontrado por vecinas y vecinos que asumieron la búsqueda mientras la policía no hacía nada.
Iara Rueda: La negligencia policial mata
Iara Rueda tenía 16 años cuando el miércoles 23 de septiembre de 2020 salió de su casa para llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida. Después de las 5 de la tarde no hay imágenes de ella: según las versiones oficiales las cámaras de seguridad no funcionaban por apagones de luz.
Cuando esa tarde Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta de su hija supo que algo le había pasado. Fue a la comisaría: no le tomaron la denuncia. La policía evadió todos los protocolos de búsqueda.
Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes, de noche, sin luz.
En distintos puntos de la provincia se replicaron los cortes de ruta (algunos fueron reprimidos) que exigían que la busquen.
El cuerpo fue encontrado días después, el 28 de septiembre. Estaba atada de pies y manos. En ese lugar su familia construyó un altar.

“La dejaron abandonada”
El juicio oral y público por el femicidio comenzó el 13 de abril y finalizó este 3 de mayo cuando el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 condenó a prisión perpetua a Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad como autores penalmente responsables de los delitos de “homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.
El tercer acusado, Fernando Tomás Fernández, fue condenado por el mismo delito pero se consideró al crimen “triplemente agravado por el vínculo”. Dado que al momento del hecho era menor de edad se pidió remitir la copia de la sentencia al Juzgado de Menores que hasta el día de hoy, cuatro meses después, no fijó pena alguna.
Además del juicio por el femicidio, la familia de Iara impulsó desde el primer momento la denuncia contra los funcionarios policiales que no aplicaron los protocolos de búsqueda tal como la legislación lo establece. Sostiene el abogado de la familia: «Además, en el juicio llevado a cabo, donde se condenó a los tres imputados, se demostró que hubo negligencia por parte de la policía al no seguir los rastros que marcó uno de los canes de la policía en la casa de Tomás Fernández”, por lo cual cree incongruente la decisión del juez.

Volver a las marchas
“El caso de Iara marcó un antes y un después no solo en la justicia jujeña sino que también en la sociedad y no puede tener este triste final, con una resolución de un juez que desliga de responsabilidades a estos sujetos. Nadie la buscó, nadie respondió por ella, la dejaron abandonada a ella y a la familia, ¿y ahora nadie responde por eso?».
Mónica es clara sobre cómo continúa la situación: “Volvemos a las marchas, a las calles, de manera pacífica, para exigir no solamente que el juez Fernández de marcha atrás con esta medida, sino que estas leyes se cumplan, para que no vuelva a suceder. Si esos funcionarios hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”.

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