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Femicidios en Jujuy: por qué el Estado es responsable

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Las periodistas Inés Hayes y Melissa Zenobi reconstruyen en esta crónica para lavaca cómo funciona la estructura que se lleva la vida de mujeres en Jujuy y consagra impunidad. El sospechoso corte de electricidad un día antes del hallazgo del cuerpo de Iara. El rastrillaje de los vecinos. La inoperancia policial y judicial. Los casos de Cesia, Alejandra, Roxana y Gabriela, que ilustran el peor rostro de las 312 denuncias por desaparición de personas en la provincia y las 2159 denuncias por violencia de género. “La impunidad del Estado está envalentonando a los violentos y eso nos preocupa mucho”, explican familiares, abogadas y activistas, que hablan de un Estado cómplice. El pedido de emergencia por violencia de género que reunió más de 3 mil firmas. Y la ola de puebladas que reclama el fin de la impunidad y grita: Vivas nos queremos.

Gabriela, Iara, Roxana y Cesia: 4 rostros de los femicidios en Jujuy.

Por Inés Hayes y Melissa Zenobi

El miércoles 23 de septiembre Iara salió para el gimnasio en su bicicleta verde, con su mochila y su botella de agua. Después de su rutina deportiva, volvió a su casa, se bañó, se cambió de ropa y fue a llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida.

Como muchas jóvenes a sus 16, Iara veía la vida con todos sus colores. Vivía con su mamá, su papá y sus hermanas en la localidad de Palpalá, a media hora de San Salvador de Jujuy. Con la llegada de la primavera, planificaba cambiar el color de su pelo y también el de las paredes de su habitación; y esperaba que sus padres la dejaran llevar un poco de su arte a ese, su pequeño universo. 

Le faltaba poco para terminar el secundario y ya soñaba con ser perito criminalista. También amaba la repostería: su especialidad eran los bizcochuelos. “Yo quiero hacer para vender”, le decía a su mamá. “Pero siempre se los comían antes de salir a venderlos”, recuerda ella, Mónica Cunchila, con la voz entrecortada, extrañando las tardes con Iara, junto a sus otras hijas Rocío, Mariel y Candela.

“Ella era muy buena alumna, muy responsable y muy solidaria”, la describe su mamá. “Yo conozco a mi hija, siempre nos decía dónde estaba, cuánto iba a tardar, y nunca se demoraba. Cuando volví de trabajar ese viernes y no vi la bicicleta, supe que algo había pasado”, recuerda.

Inmediatamente fueron a la comisaría local, donde los oficiales, en lugar de salir a buscarla y activar el operativo cerrojo que corresponde ante la denuncia de una niña desaparecida, le dijeron: “Ya va a volver, debe estar en lo de un noviecito. Es adolescente, es rebelde”.  Y agregaron que no tenían personal porque era fin de semana.

Curiosamente, por una supuesta baja en la tensión eléctrica a la hora del secuestro, las cámaras de la zona no registraron nada.

Apagón estatal                                                                                             

Ante la inacción de la policía y la quietud del fiscal Darío Sinaga, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes. El domingo 27 a la tarde unas 15 personas pasaron varias veces por el mismo lugar donde al otro día a primera hora de la mañana apareció el cuerpo de Iara. La noche anterior a que apareciera hubo un corte general del suministro eléctrico en las inmediaciones del Barrio San José-, ningún vecino pudo ver nada y las cámaras de seguridad se apagaron. “A mi hija la mataron como a un perro y nos plantaron el cuerpo en el mismo lugar donde mi marido había estado el día anterior”, dice Mónica, con la indignación en la voz. “Si la hubiesen buscado como indica la ley, si se hubiesen puesto a trabajar como les corresponde, hoy estaría viva”.

“A Iara la mató la ineficacia estatal”, dice Cecilia Corregidor, integrante de la organización CUBa MTR de Palpalá (Movimiento Teresa Rodríguez). Y es que la sucesión de hechos habla por sí sola: la denuncia de una menor desaparecida, la inoperancia de la policía y del fiscal, y 10 días después, ante la organización de la sociedad y la amenaza de corte de ruta, el cuerpo de Iara aparecido en el mismo lugar donde ya habían rastrillado los vecinos. El estudio de la perito afirmó que el cuerpo fue asesinado en un lugar y llevado luego al sitio donde se la encontró.

El corte de luz de la noche anterior no deja lugar a dudas: los vecinos sospechan que el apagón de las cámaras tuvo que ver con una maniobra para plantar el cuerpo.

La máquina femicida                                                                                                                  

Al dolor por el asesinato de Iara se sumó en Jujuy la desaparición de Gabriela Cruz, de 22 años y madre de dos niños. Gabriela desapareció sólo 24 horas después que Iara –el 24 de septiembre-, y su cuerpo fue hallado el 1 de octubre cerca de las Serranías de Zapla, una zona despoblada a las afueras de Palpalá. La pericia  forense mostró que Gabriela murió debido a golpes recibidos por su expareja, quién terminó por confesar el crimen.

Luego de participar de la movilización por la aparición de Iara y Gabriela y de justicia por Cesia, el martes 29 de septiembre, Roxana Mazala, fue asesinada –el día de su cumpleaños número 31- por su ex pareja, Fabián Barraza, en el barrio Éxodo Jujeño, en la ciudad de Perico, a unos 30 kilómetros de la capital provincial.

“Roxana fue una mujer valiente, porque se animó a hablar, pero no la escucharon”, cuenta Cintia, amiga y compañera de Roxana. Sigue: “Hace mucho tiempo que estamos pidiendo que se apruebe la Ley de Emergencia y que se cumpla la ley Micaela. No  sé cuántas más tienen que morir para que el Estado se haga cargo. Porque lo que pasa en Jujuy nos afecta a todas las que ahora tenemos miedo de salir a la calle y no volver”. Roxana y Cintia militaban juntas en el Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras  Excluidas de la Rama Rural.

La historia de Cesia Reinaga también conmocionó a una provincia que viene sufriendo desde hace tiempo los efectos de la pandemia, con un sistema de salud colapsado y un Estado provincial que ha demostrado no estar a la altura de las circunstancias. La joven de 20 años salió el  29 de agosto, al mediodía de su casa en Abra Pampa a dar una vuelta a la plaza que queda a media cuadra. Cesia iba a volver pronto para almorzar con su familia, pero a los 5 minutos su celular se apagó, y no volvieron a saber de ella hasta que encontraron su cuerpo el 8 de septiembre -10 días después- en un estanque del ex matadero municipal. La autopsia reveló que su deceso fue a causa de “asfixia mecánica”.

“Cesia era una chica muy alegre, que siempre nos decía a dónde iba, cuánto iba a tardar o con quién, nunca apagaba su celular”, cuenta Elizabeth, su mamá. Habiendo terminado el secundario, Cesia se preparaba para ingresar a la carrera de medicina: “siempre estaba dispuesta a ayudar, se llevaba muy bien con todos los niños: eran su debilidad”, detalla Elizabeth.

El 29 de agosto cayó sábado; Samuel Reinaga lo recuerda muy bien, porque ese día comenzó la intensa búsqueda de su hija: “Yo la busqué todos los días. Agarraba el auto y salía por las calles de Abra Pampa, me iba a Humahuaca, a ver si alguien la había visto o sabía algo de ella”.

Por el femicidio de Cesia hay tres detenidos: padre, hijo y nieto, de 14 años, todos ellos dueños de “Sol de la Puna”, un multimedio de Abra Pampa.  Samuel insiste en los cabos sueltos: “Después de las detenciones apareció la campera de mi hija en otro de los estanques. Estoy seguro de que la plantaron, porque en esa zona ya se había buscado: eso indica que hay más cómplices sueltos”.

Al cierre de esta nota, otro femicidio conmocionó al movimiento de mujeres y a la provincia en general: el de la joven de 17 años Alejandra Nahir Álvarez, madre de un bebé de seis meses y víctima de violencia machista por parte de su ex pareja, principal sospechoso de su asesinato. Su cuerpo apareció en un lugar muy visible, al lado de la Ruta nacional 66.

Alejandra estaba desaparecida desde hacía dos días, cuando salió de su casa en Alto Comedero -barrio periférico de San Salvador de Jujuy- a buscar a sus hermanitos y no volvió más. La familia intentó hacer la denuncia de manera inmediata ante las autoridades policiales, pero se negaron a tomarla bajo el pretexto de que deberían esperar 48 horas. “El desamparo de las mujeres en Jujuy queda patente cuando Alejandra Martínez, la titular del Consejo Provincial de la Mujer, en lugar de cuidarnos, responsabiliza a la familia acusándola de no haber hecho la denuncia a tiempo. Y lo más terrible es que Martínez formulaba estas declaraciones a pocos metros de donde la familia estaba reconociendo el cuerpo de Alejandra”, dijo María Álvarez, referente de Géneros de ATE San Salvador de Jujuy. “Hoy a la bebé de Alejandra la está amamantando su hermana que también tiene un bebé, y una vecina”, contó bajo el shock de tener que salir a pedir justicia por otra mujer asesinada, Romina Canchi, secretaria de Géneros de la CTA Autónoma de Jujuy.

“En el caso de Cesia y de Iara, se puede pensar en trata. El cuerpo de Cesia aparece por una llamada anónima que dice que estaba en tal lugar. Se habían hecho denuncias en el Facebook diciendo que las obligaban a prostituirse, que las amenazaban, y después lo que aparece es el cadáver, y se acusa como principal responsable a un pibito de 14, que está bien, es un hijo del poder pero tiene 14, es un nene. El problema es que no se tomaron medidas para encontrarla”, detalla Mariana Vargas, abogada de la Multisectorial de Mujeres de Jujuy.

Complicidades

El Estado no sólo no las busca sino que tiene respuestas públicas que van en contra de toda lógica: después del asesinato de Roxana, el ministro de Seguridad Ekel Meyer dijo que ella había vuelto voluntariamente con el violento. “Que te lo digan por cadena es tremendo”, dice Mariana. Cuando desapareció Alejandra, la policía se negó a tomar la denuncia, dándole al femicida 24 horas de ventaja. “La impunidad del Estado está envalentonando a los violentos y eso nos preocupa mucho”, explicó la abogada.

Las vueltas de la burocracia estatal para lograr protección son innumerables y ahora, en plena pandemia, las mujeres dicen que sólo hay un Estado telefónico: “Nos cuesta mucho acceder a la protección de medidas cautelares; vamos a la policía y no logramos protección. Ahora en pandemia es mucho peor y tenemos hoy una jueza (Hinojo) que se declara incompetente y no ordena medidas de protección. Tengo 4 niñes abusades por su progenitor y no me renuevan la protección: el Estado es responsable de esos abusos”, explica Vargas. 

En Jujuy los violentos cuentan los díaspara volver a sus casas. “En esta situación de vulnerabilidad nos encontramos. La jueza, en vez de ordenar la medida cautelar y después investigar, que es el gran triunfo de la ley 26.485, primero investiga y después no ordena, Hinojo está para juicio político. Es una situación de mucha vulnerabilidad y un Estado que no nos protege y deja que nos maten”, dice Mariana.

Según datos del propio Ministerio de Seguridad de Jujuy, en lo que va del año se radicaron 312 denuncias por desaparición de personas en la provincia y el número de denuncias por violencia de género casi iguala a las que se registraron en todo 2019. De las mujeres desaparecidas, 105 corresponden a menores de edad y 207 a mayores. En el caso de las denuncias por hechos de violencia de género, sólo de enero a agosto de este año se registraron 2.195, mientras que en todo 2019 el número fue de 2311.

“Podemos hablar de un Estado ausente y cómplice, que nunca se comunicó con las familias, que no buscó cómo debía hacerlo. La policía les decía que no les correspondía rastrillar, que no tenían combustible para salir, después dijeron que estaban buscando a Iara con drones, y eso es mentira. Prometieron ayuda que nunca llegó. Nadie salió a explicar las razones del apagón del domingo a la noche, previo a la aparición del cuerpo de Iara”, agrega Romina Canchi, secretaria de Género de la CTA Autónoma de Jujuy y militante feminista.

Todas coinciden en que Gerardo Morales, el gobernador, puso todos los recursos de la provincia para hacer propaganda política, pero no hizo absolutamente nada para buscar a las jóvenes. “El lunes 28, cuando apareció el cuerpo de Iara, vecinos y organizaciones estábamos en la ruta, reclamando que el Estado se hiciera cargo de la búsqueda y la policía en vez de estar buscando a Iara, estaba en la ruta tratando de reprimirnos”, detalla Canchi. “La policía cuida los cultivos de marihuana de las afueras de Palpalá pero no busca a las menores y manda a reprimir la movilización popular”, agregó Cecilia Corregidor.

Vivas nos queremos

Las movilizaciones en Palpalá, San Salvador y otras localidades jujeñas fueron realmente masivas. “El pueblo de Jujuy está movilizado. Las organizaciones estamos acompañando a las familias, hay verdaderas puebladas”, señala Canchi, al tiempo que se pregunta por qué hay tantos femicidios, qué hay detrás de la desaparición de las jóvenes. “En pandemia se triplicaron las violencias. Pasamos de un estado de escritorio a un estado telefónico, pero que en ningún lado resuelve nada. No hay centros de contención, no hay refugios. Acá fallaron todas las instituciones que tenían que cuidarnos. Una mujer en Jujuy tiene más posibilidades de morir por violencia machista que por COVID 19”, dice Romina.

La pregunta sobre quién protege a Morales aparece en todos los testimonios. Y es que no se entiende cómo pudo haber 5 femicidios en menos de un mes y ningún político dejó su cargo, ni el ministro de Seguridad de la Provincia Ekel Meyer, ni Alejandra Martínez, Presidenta del Consejo de la Mujer e Igualdad de Género de la Provincia de Jujuy. “Y en el medio hay mucho miedo a salir, porque hay activistas que han recibido amenazas. Detrás de la desaparición de Iara y Cesia pueden estar las redes de trata y/o el narcotráfico. No sería ilógico pensarlo, somos una provincia fronteriza”, dice Romina.

En este marco, la Multisectorial de Mujeres de Jujuy está planteando la necesidad de que esa provincia declare la Emergencia en Violencia de Género, una reglamentación que incluya políticas de género con presupuesto real y contemplado en el presupuesto anual, que permita acciones reales y eficientes. En los nueve puntos que presentaron en la Legislatura provincial y que cuenta con el apoyo de 3 mil firmas de personalidades de la cultura y de Derechos Humanos, se incluye además la demanda de “fortalecer el trabajo territorial preventivo con centros de atención y refugios en barrios o distritos, con profesionales rentados y especializados y promotoras y operadoras especializadas”.  Y se plantea la formación obligatoria para quienes desempeñan tareas en los tres poderes del Estado, ya contemplada en la Ley Micaela, y para quienes trabajan en las fuerzas de seguridad; la apertura de juzgados especializados; medidas de protección para las víctimas de violencia y sus hijos e hijas, y la celeridad de la justicia.

En definitiva, coinciden todas, “que el Estado llegue antes de que nos maten”.

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Alperovich fue procesado y embargado por abuso sexual

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La justicia procesó a José Alperovich por abuso sexual simple en tres oportunidades y abuso sexual agravado en seis oportunidades. Además lo embargó por 2,5 millones de pesos. «Hoy Alperovich se enfrenta a un juicio, algo que era impensable en 2019», celebra Leonor Cruz, Secretaria de Género de la CTAA Tucumán e integrante de la Multisectorial de Mujeres y Diversidades de Tucumán. «Es un mensaje para todos los demás pero también sigue demostrando que mientras sos parte del poder sos impune, cuando dejás el poder te largan la mano», reflexiona. Las lecciones de esta demora en el avance judicial, y el contexto de violencia patriarcal que caracteriza a la provincia. Y un recuerdo imborrable: la desgarradora carta de la persona que denunció al ex gobernador.

El procesamiento, dictado por el juez Osvaldo Rappa, del Juzgado Criminal y Correccional 35, llega luego de la denuncia de su sobrina, y ex asesora, por abusos ocurridos entre 2017 y 2019 en la Ciudad de Buenos Aires. En una carta pública la víctima relató así los abusos: «Durante un año y medio sufrí violaciones a mi integridad física y sexual. El avasallamiento fue demoledor. Tanto que ni siquiera pude ponerlo en palabras. Él oscilaba libre y cómodamente en los tres escenarios ante los que me posicionaba: el familiar, el laboral y el del horror de la intimidad que me forzaba a vivir con él”.

La causa se había iniciado en la Ciudad de Buenos Aires y en Tucumán, en ambas jurisdicciones se declaraban incompetentes. En mayo del año pasado, tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia de Nación, la causa pasó a CABA y fue impulsada por el fiscal Santiago Vismara, de la Fiscalía Criminal y Correccional 10, y la fiscala Mariela Labozzetta, de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres. 

Alperovich declaró el pasado 20 de abril, se aseguró inocente y luego tuiteó: “Realicé un extenso descargo de mi defensa, analizando todas las pruebas presentadas en la causa y demostrando que se trata de una falsa denuncia con fines de excluirme de la escena política”. 

Jardín de la impunidad

José Jorge Alperovich dio sus primeros pasos en la política como legislador provincial de Tucumán, integrando el bloque de la Unión Cívica Radical en 1995. Allí se desempeñó como presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. En ese periodo Antonio Bussi era el gobernador. 

Luego fue gobernador de la provincia de Tucumán durante tres periodos seguidos, entre 2003 y 2015, año en el que asume como senador nacional. Su esposa, Beatriz Rojkés, también es senadora y, además, preside el Partido Justicialista en la provincia.

El caso de Alperovich no es aislado: en la provincia de Tucumán son los seis hombres de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que fueron denunciados por casos de acoso, abuso sexual y de poder. Además de Alperovich ellos son: el legislador Ricardo Bussi, el ttular del Ministerio Publico de la Defensa Washington Navarro Dávila, Antonio Daniel Estofán vocal de la Corte Suprema de Tucumán, Carlos Najar intendente de Las Talitas, y Bruno Gabriel Romano Concejal de Juan Bautista Alberdi.

El festejo y lo que falta

“Lo de Alperovich, para el movimiento feminista, es un triunfo”, dice a lavaca Leonor Cruz, Secretaria de Género de la CTAA Tucumán e integrante de la Multisectorial de Mujeres y Diversidades de Tucumán. “Decimos que hoy la justicia fue un poquito más justa, pero se demoró muchísimo. También es un mensaje, entendiendo otras cosas que vamos logrando, por ejemplo: hemos avanzado en la causa de Bussi pidiendo el desafuero, entendiendo que al juez Pisa el año pasado le pudimos hacer un juicio político”.

¿Qué quiere decir ese mensaje?

Que a la larga esta tozudez que tenemos el movimiento feminista en plantar bandera, en salir a decir, en tomar las calles, en no dejar que se invisibilice y desaparezca el tema; a la larga, tiene estos resultados. Hoy Alperovich se enfrenta a un juicio, algo que era impensable en 2019. Es un mensaje para todos los demás pero también sigue demostrando que mientras sos parte del poder sos impune, cuando dejás el poder te largan la mano. Esa es la primera reflexión que hago cuando veo la noticia.

¿Qué falta? 

Falta mucho, falta que la justicia se reforme con mirada feminista, lo que significa que hay que poner se a discutir, hoy más que nunca, qué es esta reforma judicial. Pero hoy estamos contentas, porque es un mensaje para una provincia como Tucumán, donde la impunidad camina tranquila por la calle. 

La carta de su sobrina

A la luz del procesamiento, leer completa la carta abierta que su sobrina difundió en noviembre de 2019 es una forma clara de contextualizar esta noticia. Dice:

“Estoy segura que ninguna persona que haya sufrido violencia sexual quisiera estar en este lugar, desnudando la intimidad más dolorosa de su vida. Pero nos obligan a encontrar en esta manera la posibilidad de ser escuchadas. Ya no nos callamos más, pero tampoco queremos hablar por lo bajo de lo que nos pasa, de lo que sentimos, de lo que nos hicieron y de cómo hacemos para volver a la vida después de que hechos tan traumáticos nos la cambiaron para siempre.

No escribo para convencer a nadie de nada. Estoy aquí contra la opresión del silencio y por la necesidad de recuperar mi vida, de sanar llamando a las cosas como son, sin suavizarlas ni teñirlas, poniéndole al monstruo nombre y apellido. Cuando no le ponés nombre, no existe.

El mío se llama Jose Jorge Alperovich, mi tío segundo y jefe, por quién fui violentada sexual, física y psicológicamente desde diciembre del 2017 hasta mayo de 2019. Durante un año y medio sufrí violaciones a mi integridad física y sexual. El avasallamiento fue demoledor. Tanto que ni siquiera pude ponerlo en palabras. Él oscilaba libre y cómodamente en los tres escenarios ante los que me posicionaba: el familiar, el laboral y el del horror de la intimidad que me forzaba a vivir con él.

No quería que me besara. Lo hacía igual. No quería que me manoseara. Lo hacía igual. No quería que me penetrara. Lo hacía igual. Inmovilizada y paralizada, mirando las habitaciones, esperando que todo termine, que el tiempo corra. Ya saldría de ahí y estaría en mi casa, ya habría más gente alrededor, ya el disimulo y el trabajo lo iban a alejar de mi. Ya se cansaría de mi, de que no quiera, de que sea “asexuada” como me llamaba. Pero su fijación no cesaba, durante mucho tiempo quiso más y más seguido, con más ganas, con más fuerza, con más violencia por mi resistencia.

La sensación de que nunca nadie iba a salvarme, de que no iba a haber una interrupción o algo que me sacara de esos lugares. Era expresamente su voluntad. Yo no podía salir sola del encierro porque sabía que tras la primera puerta había caseros, y policías y custodios armados. Todos sabiendo lo que estaba pasando adentro y cuidando las fronteras de él. Estaba completamente atrapada.

Yo nunca elegí estar ahí de esa manera. Se lo decía en cada no. Pero mis no para él nunca fueron suficientes. No se trataba del ímpetu ni de la cantidad de veces que se lo decía ni de como se lo explicaba ni de como mezquinaba mi cuerpo ni de como intentaba defenderme ni si lloraba o no. Nunca en mi vida lloré tanto.

Durante todo ese tiempo no tuve ni un respiro. Trabajé sin parar, sin vacaciones, sin feriados. Solo me liberaba cuando él viajaba. Pero cuando regresaba, volvía también la pesadilla. Hasta que se detuvo, hasta que las situaciones en las que el disponía quedarse solo conmigo para tocarme y penetrarme se volvieron situaciones ya de violencia y maltrato público, delante de personas. Pero ya no más por dentro, ya no más al hueso, ya no más solos.

Pensar en quién era yo antes, sin miedo, con deseo de desarrollarme, de aprender, de vivir. Si me conocías pensarías que era una mujer a la que jamás le podría pasar algo así. El peligro cayó sobre mí todo junto, encubierto en el afecto familiar y en la seriedad de lo laboral. Quedé atrapada y atravesada para siempre.

A mí esto me cuesta desde el día que empezó a pasar y en todos los sentidos. Solo quiero justicia. Recuperar mi vida. Tengo 29 años, soy libre, soy joven. Quiero volver a empezar poniendo cada cosa en su lugar. Responsabilidad de acciones, consecuencias para quien corresponde. Hasta ahora, sólo las cargo yo. Sacarme esta mochila que ya no puedo sostener más y entregársela a su dueño.

No miento, no busco fama. Nadie quiere hacerse famosa por contar el horror que vivió. No quiero dinero ni hay un trasfondo político detrás de mi denuncia. Soy mucho más que todo eso que se pueda especular. Esto es por mí. El motivo más importante de mi vida es mi renacimiento, mi sanación y la búsqueda de justicia. ¿Qué motivo más importante que el valor de mi propia vida puedo tener?

Estoy acá contando lo que viví por mi seguridad pero también para que otras mujeres se animen a hablar. Esto no me mato, me puedo proclamar y me puedo defender. Me puedo recuperar, me puedo cuidar, me puedo elegir. Hoy elijo no callarme nunca más. A pesar de que me decía, en pleno horror: ‘cállate, ¿no ves como estoy?’, para tapar todos mis no. No me callo nunca más. Este es mi nunca más. Ojalá también sea el nunca más de todas aquellas que queremos dejar de callar.

Elijo cerrar con estas palabras de Zuleika Esnal: “A las que denunciaron. A las que no. A las que pudieron salir. A las que no. A las que me escriben pidiendo que escriba. A las que me escriben pidiendo que no, que solo quieren probar qué se siente que alguien más sepa su infierno. A las todavía no. A las ahora sí. A las no puedo. A las sin nombre ni apellido. A las no pongas mi ciudad, por si me encuentra. A las mi vieja sabía y no hizo nada. A las de huesos rotos. A las que ya no están para contar su historia. A las que están acá pero no pueden contarla. A las que escriben paredes. A las que no. A las que salen a la calle. A las que no. A las que me va a sacar el nene si denuncio. A la memoria de todas. A sus mamás. A todas las mamás. (…) A las callate y aguantá. A las no aguanto más. A las me quiero morir. A las de sexo anal para no quedar embarazada de mi viejo en sexto grado. A las viajeras que no vuelven. A las que vuelven y es un lujo. A las te escribo ahora que duerme. A las te dejo que volvió. A las me mata si se entera. A las no sé a quién recurrir. A las te escribo porque yo no tengo a nadie””.

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La familia de Carla Soggiu denuncia a Larreta y Santilli por las fallas en el sistema de GPS que debió protegerla

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A 3 años y 3 meses sin Carla Soggiu, y sin culpables por su femicidio, su familia apunta contra el sistema que debió protegerla: el botón antipánico concesionado por el Gobierno de la Ciudad. Carla lo apretó 5 veces antes de morir. La denuncia apunta sin vueltas contra el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y el entonces vicejefe, Diego Santilli, quien dijo que el sistema funcionaba cuando las pruebas, y los hechos, indican lo contrario.  Cómo se desprotegio no solo a Carla sino a las 3 mil mujeres que contaban con el botón en la Ciudad. Y la necesidad de empujar justicia, cuando la impunidad de los femicidios es lo único que sigue funcionando.

5 veces.

Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces.

5 veces apretó el botón antipánico, antes de dejar de responder. Llegó a hablar con dos operarios de la empresa Coradir S.A., concesionaria del servicio licitado por el Gobierno de la Ciudad. Y pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. La pregunta es: ¿por qué?

4 días.

4 días Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero la encontró, ya fallecida, en el riachuelo. Según la autopsia, Carla murió por “asfixia mecánica por sumersión”.

La justicia le había otorgado el botón antipánico tras haber denunciado a su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, por torturas y violación ante la Oficina de Violencia Doméstica.

La lesión por la golpiza en el cráneo, según sus padres, derivó en una desestabilización y desorientación que terminó desencadenando en su muerte. Sin embargo, la causa judicial que investiga el caso no conectó esos dos hechos: Fuentes fue condenado por violación, pero no por femicidio.

Tampoco la causa investigó por qué a pesar de que Carla Soggiu pidió ayuda, el GPS del botón antipánico no funcionó.

1.

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3.

4.

5 veces.

Declaraciones versus pruebas

La familia asegura que no la encontraron porque el GPS del botón antipánico que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le había entregado, evidentemente, no funcionaba. Alfredo Barrera: “Escuchando los audios de mi hija no te queda ninguna duda de que no funciona nada. Cuando mi hija se comunicó, a los 5 minutos tenía que haber un patrullero: le dieron un aparato especialmente para eso”. En cambio, los patrulleros fueron enviados al domicilio de Carla, donde no había nadie.

“En programas de radio (Diego) Santilli dijo que el sistema funcionaba y que la contuvieron. Nunca nada más alejado de la realidad: él se refiere a que habló con los operadores pero ese no es el tema. Ella estaba hablando con alguien que no le podía solucionar nada, porque no funcionaba el GPS. Si funcionaba, a los 5 minutos ya le hubiesen mandado un móvil. Dicen que mandaron para su casa, y en la casa no estaba: no tenían ni idea donde estaba. Les reportaba por todos lados, pero en realidad no funcionaba”.

La investigación de por qué el botón no funcionó no la realizó la justicia penal sino la periodista María Miranda para el medio El Destape: la misma comprueba que el servicio de geolocalización de la empresa Coradir S.A. se encontraba caído porque el Gobierno de la Ciudad no había renovado el contrato. El 31 de diciembre de 2018 Coradir habría dejado de brindar el servicio de soporte; las últimas llamadas de Carla datan del 15 de enero. Según El Destape, el último “Informe de evento” de la Policía de la Ciudad, arrojó “Ubicación GPS aproximada: No encontrado”.

En la denuncia Alfredo detalla: “A raíz de lo sucedido en el caso de mi hija que tomamos conocimiento de que se produjo un cambio de empresa tercerizada prestadora del servicio de botón antipánico, y durante veinte días ninguna de las personas asistida por el sistema tuvo cobertura de ubicación por GPS”. Esto significa que el sistema no funcionaba ni para Carla ni para cerca de tres mil mujeres en situación de riesgo, de manera simultánea. 

Por esta razón Alfredo Barrera acaba de firmar y presentar una denuncia contra el Gobierno de la Ciudad, puntualmente contra su jefe, Horacio Rodríguez Larreta, y su vicejefe al momento de la muerte de Carla, Diego Santilli. En la misma se los cita a declarar junto a los dos operarios que hablaron con Carla, como al dueño de la empresa, y la periodista de El Destape.

La denuncia es clara: “El Gobierno de la Ciudad es culpable”. Y remata: “Es claro por qué: no funcionaba el GPS. Si hubiese funcionado, mi hija estaría. No hay mucha vuelta que darle”. 

Lo que no funciona

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión. “El fallo es vergonzoso. Nosotros ni estábamos de querellantes”, cuenta Alfredo sobre el proceso de injusticia.

La familia Soggiu denunció que esta condena no contempló la relación con la muerte de Carla, con graves secuelas tras la golpiza de Fuentes, y por eso abrió otra causa por femicidio. La misma fue archivada: el fiscal César Troncoso consideró que no había delito alguno que investigar. “Nos enteramos en noviembre de 2021 que estaba archivada. Ese mismo día habíamos ido a hablar con el abogado, que nos dijo que seguía todo parado, pero ¡no nos dijo que estaba archivada! Nos enteramos después. Ahí nosotros caímos de que estaba todo armado, de que este tipo habrá hecho su negocio o no sé, pero a nosotros nos iba a dejar sin nada”.

Que no exista una condena por “femicidio” implica, entre muchas otras cosas, que los padres de Carla hayan quedado a cargo de sus hijos sin poder obtener la asistencia que brinda la Ley Brisa a familiares víctimas de femicidios.

Sin culpables por la muerte de Carla, ahora la familia apunta al sistema que debió protegerla: el provisto por la Corte Suprema de Justicia y controlado por el Gobierno de la Ciudad. Cómo lo lograron: “Tuvimos que andar a las corridas, moviéndonos nosotros. Desde la Defensoría General de la Nación me consiguieron una audiencia con Defensoría de la Ciudad que de mala gana y porque yo les preguntó si podían hacer un papel para prorrogar la prescripción, me lo hicieron. Después de eso teníamos que encontrar un abogado que quisiera ir contra la ciudad. Y también pudimos”.

Alfredo subraya lo que no funciona: “Ni el GPS, ni la justicia”. Y describe este nuevo round judicial contra un rival difícil, de esta manera: “Pudimos subirnos al ring de nuevo; nos habían bajado violentamente. Después faltan un montón de cosas pero, simplemente, es tener la chance de poder pelear. Ahí estamos”.

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Crimen perpetuo: el caso de Paula Martínez

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Denunció a sus violadores, ocho hombres, hace seis años. Desde entonces sufrió amenazas por parte de ellos y sus familiares. Encaró una lucha para “que no le pase a ninguna piba más”, pero en diciembre de 2021, agobiada, sin justicia ni contención estatal, se quitó la vida. Su familia sostiene el reclamo de justicia. Por Delfina Pedelacq.

Foto: Agustina Olivera
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La última Mu: ¿Dónde hay un mango?

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