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Femicidios en Jujuy: por qué el Estado es responsable

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Las periodistas Inés Hayes y Melissa Zenobi reconstruyen en esta crónica para lavaca cómo funciona la estructura que se lleva la vida de mujeres en Jujuy y consagra impunidad. El sospechoso corte de electricidad un día antes del hallazgo del cuerpo de Iara. El rastrillaje de los vecinos. La inoperancia policial y judicial. Los casos de Cesia, Alejandra, Roxana y Gabriela, que ilustran el peor rostro de las 312 denuncias por desaparición de personas en la provincia y las 2159 denuncias por violencia de género. “La impunidad del Estado está envalentonando a los violentos y eso nos preocupa mucho”, explican familiares, abogadas y activistas, que hablan de un Estado cómplice. El pedido de emergencia por violencia de género que reunió más de 3 mil firmas. Y la ola de puebladas que reclama el fin de la impunidad y grita: Vivas nos queremos.

Gabriela, Iara, Roxana y Cesia: 4 rostros de los femicidios en Jujuy.

Por Inés Hayes y Melissa Zenobi

El miércoles 23 de septiembre Iara salió para el gimnasio en su bicicleta verde, con su mochila y su botella de agua. Después de su rutina deportiva, volvió a su casa, se bañó, se cambió de ropa y fue a llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida.

Como muchas jóvenes a sus 16, Iara veía la vida con todos sus colores. Vivía con su mamá, su papá y sus hermanas en la localidad de Palpalá, a media hora de San Salvador de Jujuy. Con la llegada de la primavera, planificaba cambiar el color de su pelo y también el de las paredes de su habitación; y esperaba que sus padres la dejaran llevar un poco de su arte a ese, su pequeño universo. 

Le faltaba poco para terminar el secundario y ya soñaba con ser perito criminalista. También amaba la repostería: su especialidad eran los bizcochuelos. “Yo quiero hacer para vender”, le decía a su mamá. “Pero siempre se los comían antes de salir a venderlos”, recuerda ella, Mónica Cunchila, con la voz entrecortada, extrañando las tardes con Iara, junto a sus otras hijas Rocío, Mariel y Candela.

“Ella era muy buena alumna, muy responsable y muy solidaria”, la describe su mamá. “Yo conozco a mi hija, siempre nos decía dónde estaba, cuánto iba a tardar, y nunca se demoraba. Cuando volví de trabajar ese viernes y no vi la bicicleta, supe que algo había pasado”, recuerda.

Inmediatamente fueron a la comisaría local, donde los oficiales, en lugar de salir a buscarla y activar el operativo cerrojo que corresponde ante la denuncia de una niña desaparecida, le dijeron: “Ya va a volver, debe estar en lo de un noviecito. Es adolescente, es rebelde”.  Y agregaron que no tenían personal porque era fin de semana.

Curiosamente, por una supuesta baja en la tensión eléctrica a la hora del secuestro, las cámaras de la zona no registraron nada.

Apagón estatal                                                                                             

Ante la inacción de la policía y la quietud del fiscal Darío Sinaga, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes. El domingo 27 a la tarde unas 15 personas pasaron varias veces por el mismo lugar donde al otro día a primera hora de la mañana apareció el cuerpo de Iara. La noche anterior a que apareciera hubo un corte general del suministro eléctrico en las inmediaciones del Barrio San José-, ningún vecino pudo ver nada y las cámaras de seguridad se apagaron. “A mi hija la mataron como a un perro y nos plantaron el cuerpo en el mismo lugar donde mi marido había estado el día anterior”, dice Mónica, con la indignación en la voz. “Si la hubiesen buscado como indica la ley, si se hubiesen puesto a trabajar como les corresponde, hoy estaría viva”.

“A Iara la mató la ineficacia estatal”, dice Cecilia Corregidor, integrante de la organización CUBa MTR de Palpalá (Movimiento Teresa Rodríguez). Y es que la sucesión de hechos habla por sí sola: la denuncia de una menor desaparecida, la inoperancia de la policía y del fiscal, y 10 días después, ante la organización de la sociedad y la amenaza de corte de ruta, el cuerpo de Iara aparecido en el mismo lugar donde ya habían rastrillado los vecinos. El estudio de la perito afirmó que el cuerpo fue asesinado en un lugar y llevado luego al sitio donde se la encontró.

El corte de luz de la noche anterior no deja lugar a dudas: los vecinos sospechan que el apagón de las cámaras tuvo que ver con una maniobra para plantar el cuerpo.

La máquina femicida                                                                                                                  

Al dolor por el asesinato de Iara se sumó en Jujuy la desaparición de Gabriela Cruz, de 22 años y madre de dos niños. Gabriela desapareció sólo 24 horas después que Iara –el 24 de septiembre-, y su cuerpo fue hallado el 1 de octubre cerca de las Serranías de Zapla, una zona despoblada a las afueras de Palpalá. La pericia  forense mostró que Gabriela murió debido a golpes recibidos por su expareja, quién terminó por confesar el crimen.

Luego de participar de la movilización por la aparición de Iara y Gabriela y de justicia por Cesia, el martes 29 de septiembre, Roxana Mazala, fue asesinada –el día de su cumpleaños número 31- por su ex pareja, Fabián Barraza, en el barrio Éxodo Jujeño, en la ciudad de Perico, a unos 30 kilómetros de la capital provincial.

“Roxana fue una mujer valiente, porque se animó a hablar, pero no la escucharon”, cuenta Cintia, amiga y compañera de Roxana. Sigue: “Hace mucho tiempo que estamos pidiendo que se apruebe la Ley de Emergencia y que se cumpla la ley Micaela. No  sé cuántas más tienen que morir para que el Estado se haga cargo. Porque lo que pasa en Jujuy nos afecta a todas las que ahora tenemos miedo de salir a la calle y no volver”. Roxana y Cintia militaban juntas en el Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras  Excluidas de la Rama Rural.

La historia de Cesia Reinaga también conmocionó a una provincia que viene sufriendo desde hace tiempo los efectos de la pandemia, con un sistema de salud colapsado y un Estado provincial que ha demostrado no estar a la altura de las circunstancias. La joven de 20 años salió el  29 de agosto, al mediodía de su casa en Abra Pampa a dar una vuelta a la plaza que queda a media cuadra. Cesia iba a volver pronto para almorzar con su familia, pero a los 5 minutos su celular se apagó, y no volvieron a saber de ella hasta que encontraron su cuerpo el 8 de septiembre -10 días después- en un estanque del ex matadero municipal. La autopsia reveló que su deceso fue a causa de “asfixia mecánica”.

“Cesia era una chica muy alegre, que siempre nos decía a dónde iba, cuánto iba a tardar o con quién, nunca apagaba su celular”, cuenta Elizabeth, su mamá. Habiendo terminado el secundario, Cesia se preparaba para ingresar a la carrera de medicina: “siempre estaba dispuesta a ayudar, se llevaba muy bien con todos los niños: eran su debilidad”, detalla Elizabeth.

El 29 de agosto cayó sábado; Samuel Reinaga lo recuerda muy bien, porque ese día comenzó la intensa búsqueda de su hija: “Yo la busqué todos los días. Agarraba el auto y salía por las calles de Abra Pampa, me iba a Humahuaca, a ver si alguien la había visto o sabía algo de ella”.

Por el femicidio de Cesia hay tres detenidos: padre, hijo y nieto, de 14 años, todos ellos dueños de “Sol de la Puna”, un multimedio de Abra Pampa.  Samuel insiste en los cabos sueltos: “Después de las detenciones apareció la campera de mi hija en otro de los estanques. Estoy seguro de que la plantaron, porque en esa zona ya se había buscado: eso indica que hay más cómplices sueltos”.

Al cierre de esta nota, otro femicidio conmocionó al movimiento de mujeres y a la provincia en general: el de la joven de 17 años Alejandra Nahir Álvarez, madre de un bebé de seis meses y víctima de violencia machista por parte de su ex pareja, principal sospechoso de su asesinato. Su cuerpo apareció en un lugar muy visible, al lado de la Ruta nacional 66.

Alejandra estaba desaparecida desde hacía dos días, cuando salió de su casa en Alto Comedero -barrio periférico de San Salvador de Jujuy- a buscar a sus hermanitos y no volvió más. La familia intentó hacer la denuncia de manera inmediata ante las autoridades policiales, pero se negaron a tomarla bajo el pretexto de que deberían esperar 48 horas. “El desamparo de las mujeres en Jujuy queda patente cuando Alejandra Martínez, la titular del Consejo Provincial de la Mujer, en lugar de cuidarnos, responsabiliza a la familia acusándola de no haber hecho la denuncia a tiempo. Y lo más terrible es que Martínez formulaba estas declaraciones a pocos metros de donde la familia estaba reconociendo el cuerpo de Alejandra”, dijo María Álvarez, referente de Géneros de ATE San Salvador de Jujuy. “Hoy a la bebé de Alejandra la está amamantando su hermana que también tiene un bebé, y una vecina”, contó bajo el shock de tener que salir a pedir justicia por otra mujer asesinada, Romina Canchi, secretaria de Géneros de la CTA Autónoma de Jujuy.

“En el caso de Cesia y de Iara, se puede pensar en trata. El cuerpo de Cesia aparece por una llamada anónima que dice que estaba en tal lugar. Se habían hecho denuncias en el Facebook diciendo que las obligaban a prostituirse, que las amenazaban, y después lo que aparece es el cadáver, y se acusa como principal responsable a un pibito de 14, que está bien, es un hijo del poder pero tiene 14, es un nene. El problema es que no se tomaron medidas para encontrarla”, detalla Mariana Vargas, abogada de la Multisectorial de Mujeres de Jujuy.

Complicidades

El Estado no sólo no las busca sino que tiene respuestas públicas que van en contra de toda lógica: después del asesinato de Roxana, el ministro de Seguridad Ekel Meyer dijo que ella había vuelto voluntariamente con el violento. “Que te lo digan por cadena es tremendo”, dice Mariana. Cuando desapareció Alejandra, la policía se negó a tomar la denuncia, dándole al femicida 24 horas de ventaja. “La impunidad del Estado está envalentonando a los violentos y eso nos preocupa mucho”, explicó la abogada.

Las vueltas de la burocracia estatal para lograr protección son innumerables y ahora, en plena pandemia, las mujeres dicen que sólo hay un Estado telefónico: “Nos cuesta mucho acceder a la protección de medidas cautelares; vamos a la policía y no logramos protección. Ahora en pandemia es mucho peor y tenemos hoy una jueza (Hinojo) que se declara incompetente y no ordena medidas de protección. Tengo 4 niñes abusades por su progenitor y no me renuevan la protección: el Estado es responsable de esos abusos”, explica Vargas. 

En Jujuy los violentos cuentan los díaspara volver a sus casas. “En esta situación de vulnerabilidad nos encontramos. La jueza, en vez de ordenar la medida cautelar y después investigar, que es el gran triunfo de la ley 26.485, primero investiga y después no ordena, Hinojo está para juicio político. Es una situación de mucha vulnerabilidad y un Estado que no nos protege y deja que nos maten”, dice Mariana.

Según datos del propio Ministerio de Seguridad de Jujuy, en lo que va del año se radicaron 312 denuncias por desaparición de personas en la provincia y el número de denuncias por violencia de género casi iguala a las que se registraron en todo 2019. De las mujeres desaparecidas, 105 corresponden a menores de edad y 207 a mayores. En el caso de las denuncias por hechos de violencia de género, sólo de enero a agosto de este año se registraron 2.195, mientras que en todo 2019 el número fue de 2311.

“Podemos hablar de un Estado ausente y cómplice, que nunca se comunicó con las familias, que no buscó cómo debía hacerlo. La policía les decía que no les correspondía rastrillar, que no tenían combustible para salir, después dijeron que estaban buscando a Iara con drones, y eso es mentira. Prometieron ayuda que nunca llegó. Nadie salió a explicar las razones del apagón del domingo a la noche, previo a la aparición del cuerpo de Iara”, agrega Romina Canchi, secretaria de Género de la CTA Autónoma de Jujuy y militante feminista.

Todas coinciden en que Gerardo Morales, el gobernador, puso todos los recursos de la provincia para hacer propaganda política, pero no hizo absolutamente nada para buscar a las jóvenes. “El lunes 28, cuando apareció el cuerpo de Iara, vecinos y organizaciones estábamos en la ruta, reclamando que el Estado se hiciera cargo de la búsqueda y la policía en vez de estar buscando a Iara, estaba en la ruta tratando de reprimirnos”, detalla Canchi. “La policía cuida los cultivos de marihuana de las afueras de Palpalá pero no busca a las menores y manda a reprimir la movilización popular”, agregó Cecilia Corregidor.

Vivas nos queremos

Las movilizaciones en Palpalá, San Salvador y otras localidades jujeñas fueron realmente masivas. “El pueblo de Jujuy está movilizado. Las organizaciones estamos acompañando a las familias, hay verdaderas puebladas”, señala Canchi, al tiempo que se pregunta por qué hay tantos femicidios, qué hay detrás de la desaparición de las jóvenes. “En pandemia se triplicaron las violencias. Pasamos de un estado de escritorio a un estado telefónico, pero que en ningún lado resuelve nada. No hay centros de contención, no hay refugios. Acá fallaron todas las instituciones que tenían que cuidarnos. Una mujer en Jujuy tiene más posibilidades de morir por violencia machista que por COVID 19”, dice Romina.

La pregunta sobre quién protege a Morales aparece en todos los testimonios. Y es que no se entiende cómo pudo haber 5 femicidios en menos de un mes y ningún político dejó su cargo, ni el ministro de Seguridad de la Provincia Ekel Meyer, ni Alejandra Martínez, Presidenta del Consejo de la Mujer e Igualdad de Género de la Provincia de Jujuy. “Y en el medio hay mucho miedo a salir, porque hay activistas que han recibido amenazas. Detrás de la desaparición de Iara y Cesia pueden estar las redes de trata y/o el narcotráfico. No sería ilógico pensarlo, somos una provincia fronteriza”, dice Romina.

En este marco, la Multisectorial de Mujeres de Jujuy está planteando la necesidad de que esa provincia declare la Emergencia en Violencia de Género, una reglamentación que incluya políticas de género con presupuesto real y contemplado en el presupuesto anual, que permita acciones reales y eficientes. En los nueve puntos que presentaron en la Legislatura provincial y que cuenta con el apoyo de 3 mil firmas de personalidades de la cultura y de Derechos Humanos, se incluye además la demanda de “fortalecer el trabajo territorial preventivo con centros de atención y refugios en barrios o distritos, con profesionales rentados y especializados y promotoras y operadoras especializadas”.  Y se plantea la formación obligatoria para quienes desempeñan tareas en los tres poderes del Estado, ya contemplada en la Ley Micaela, y para quienes trabajan en las fuerzas de seguridad; la apertura de juzgados especializados; medidas de protección para las víctimas de violencia y sus hijos e hijas, y la celeridad de la justicia.

En definitiva, coinciden todas, “que el Estado llegue antes de que nos maten”.

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Funcionarios denunciados: entre la violencia de género y la violencia institucional

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Presentamos el informe de agosto 2022 del Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez. Este mes el foco está puesto en el padrón de funcionarios denunciados por violencia de género que el Observatorio lleva adelante. Lo que se ve: un sistema que expresa la mutua imbricación entre la violencia patriarcal y la violencia institucional, con la impunidad como puente. El Observatorio Lucía Pérez lleva registrados 345 los funcionarios denunciados, “ya no hablamos solo de un Estado ausente o ineficaz, sino de un Estado violento”, expresa en el informe la antropóloga Florencia Paz Landeira.

A mediados de agosto, Marcelo Guzmán, funcionario judicial de Tierra del Fuego, fue separado de su cargo luego de la denuncia pública y judicial por violencia de género realizada por su esposa, Carla Kirstein. El juez Javier De Gamas Soler dictó el procesamiento de Guzmán por los delitos de “lesiones graves agravadas por haber sido cometidas contra su pareja en el marco de una situación de violencia de género” (en un hecho) y “lesiones leves” (en otros dos) y ordenó una prohibición de acercamiento. Carla decidió hacer la denuncia por redes sociales, movida por el miedo y la impotencia no solo por la recurrencia de la violencia y la situación de dependencia en que se encontraba, sino también por las barreras en el acceso a la justicia: “Fui a ver a varios abogados para que me representaran y cuando se enteraban quién era mi marido y para quién trabajaba, ponían cualquier excusa para no tomar el caso”. Su historia habla de entramados de poder institucionales que silencian, encubren, obstruyen y que, en definitiva, avalan y perpetúan la violencia.  

Es la historia de Carla, pero no es un “caso”, es un sistema que expresa la mutua imbricación entre la violencia patriarcal y la violencia institucional, con la impunidad como puente. El Observatorio Lucía Pérez registra en su padrón 345 denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas. El registro -que formalmente le corresponde al Estado argentino, en función de los compromisos asumidos ante la CIDH y que hasta hoy incumple- se basa, a su vez, en la hipótesis de que estas denuncias encarnan la persistencia de sentidos y prácticas machistas y misóginas en las burocracias estatales y la resistencia a la transversalización de la perspectiva de género que, en concreto, resultan en la ausencia o debilidad de las políticas públicas para prevenir y contener la violencia contra mujeres y trans.

Cuando reiteramos la consigna “El Estado es responsable”, solemos referirnos a formas sistemáticas de complicidad, omisión y/o insuficiencia en las políticas para erradicar la violencia de género. La responsabilidad estatal encuentra en este registro de funcionarios denunciados su rostro más grotesco y encarnado. El poder político que el puesto les confiere aparece reforzando e incrementando posiciones de privilegio y dominio fundadas en estructuras de género desiguales. Ya no hablamos solo de un Estado ausente o ineficaz, sino de un Estado violento. Las denuncias alcanzan a jueces civiles y de familia, fiscales, comisarios, jefes de policía, es decir, agentes estatales que deberían estar implicados en prevenir las violencias, sancionar a quienes las ejercen y proteger a las víctimas.

Observatorio Lucía Pérez

El Estado ¿por fuera de la ley?

Es sabido que el Estado no es un bloque homogéneo y coherente, sino que está habitado y atravesado por tensiones, contradicciones y balances de poder. Este mismo Estado que denunciamos como responsable de la violencia patriarcal, ha instrumentado leyes y políticas tendientes a reconocer y combatir las desigualdades de género, movido por las luchas y demandas de los movimientos feministas.

La ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sancionada en 2009, incluye en su definición y caracterización de la violencia a la violencia institucional, definida como: “aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil” (Artículo 6, b). Ya en 1996, el Estado argentino ratificó la Convención de Belém do Pará, en la que los estados acordaron “abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación” (Artículo 7, a).

En esta misma línea, en 2010, el Comité de la CEDAW instó a velar por que jueces, abogados, fiscales y defensores públicos conocieran los derechos de las mujeres y las obligaciones del Estado para garantizarlos y alentó a que se impartan capacitaciones sobre género a quienes integran el sistema de justicia. Recién ocho años después, en el país se sancionó la ley 27.499, que establece la capacitación obligatoria en temáticas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública. Esta ley es conocida como Ley Micaela, en homenaje a Micaela García, militante feminista y víctima de femicidio en abril de 2017.

En este contexto de avances en términos legislativos y en la asunción de compromisos por parte del Estado, ¿qué implica pensar a la violencia de género ejercida por funcionarios públicos como violenta institucional? La investigadora María Pita[i] propone pensar a la violencia institucional como categoría política local, construida progresivamente como resultado de la articulación entre la reflexión y la acción de la militancia del campo de los derechos humanos. Aunque su sentido más restringido remite a la violencia policial y penitenciaria, se ha convertido en una herramienta para la lucha política de uso cada vez más amplio y extendido por diversos colectivos de víctimas y de demanda de justicia con foco en denunciar la recurrencia y la sistematicidad de la implicación de agentes estatales en el ejercicio de las violencias. Implicación que se traduce en hechos de violencia concretos, pero también en formas rutinarias y sedimentadas de construcción de poder e impunidad. Al denunciar la violencia de género ejercida por funcionarios como violenta institucional apuntamos a evidenciar el encubrimiento corporativo y la persistencia sistemática de estereotipos, prejuicios y patrones discriminatorios por género en las prácticas estatales y judiciales. Implica también seguir insistiendo en que la violencia de género es un asunto de derechos humanos.

Poder policial y violencia de género

El 5 de junio, Daiana Abregú, de 26 años, apareció muerta en la celda de una comisaría de Laprida, provincia de Buenos Aires, tras ser demorada por una contravención. Desde el inicio, la policía sostuvo que Daiana se suicidó, pero nada cierra en esa hipótesis. La última autopsia evidencia asfixia por sofocación y lesiones de autodefensa. Lo que sí quedó expuesto es la trama de encubrimientos y complicidad entre la fuerza de seguridad y las áreas de justicia.

El Observatorio Lucía Pérez tiene registradas 41 denuncias a altos mandos de las fuerzas de seguridad. Los femicidios policiales[ii], como el de Daiana, son la expresión más extrema de la vulneración de derechos de las mujeres dentro del universo de la violencia institucional. Como en muchos otros casos de uso ilegal de la fuerza policial, existen prácticas de encubrimiento que suelen consistir en falsear el relato de lo sucedido y manipular la escena para que coincida con su versión. En este sentido, la violencia de género ejercida por integrantes de las fuerzas de seguridad no puede pensarse como agresiones individuales y particulares, sino como parte de una institución con históricas prácticas de violencia encubierta y de reproducción de formas machistas de construcción de poder.

En muchos casos, las mujeres víctimas de la violencia de género ejercida por agentes policiales son también integrantes de las fuerzas de seguridad. A partir de una investigación con la Red Nacional de Mujeres Policías con Perspectiva de Género, Mariana Sirimarco[iii] señala que la regla en las fuerzas policiales es que los hombres denunciados son encubiertos, mientras que las mujeres denunciantes, son castigadas. Sirimarco afirma que la violencia de género -en particular, la  violencia  policial  contra  mujeres  policías- es  parte constitutiva del ejercicio del poder policial, porque éste se asienta en sentidos sobre lo territorial, lo violento y lo masculino avasallante. Ambas  estructuras  de  poder, la  policial y la masculina-patriarcal, se sostienen en lo mismo: en el ejercicio de dominio y pertenencia del otro-bajo-mando. De esta forma, la violencia de género ejercida por policías pone en evidencia rasgos comunes a todos los funcionarios denunciados: una forma de construir y ejercer el poder (político) fundada en la masculinidad violenta, autoritaria y avasallante.

Por Florencia Paz Landeira. Doctora en Antropología Social. Becaria posdoctoral del LICH-CONICET. Integrante del Programa de Estudios Sociales en Género, Infancia y Juventud (UNSAM).


[i] Pita, M. (2017). Pensar la Violencia Institucional: vox populi y categoría política local. Espacios de crítica y producción, 53(9), 33-42.

[ii] https://violenciapolicial.org.ar/violencia-policial/#!#femicidios

[iii] Sirimarco, M. (2021). Sexo, violencia y desigualdad. Mujeres en la policía. Delito y Sociedad, 30(51),

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Zona de peligro: femicidios en el norte del conurbano

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Causas mal caratuladas, que no investigan los contextos de las muertes y dejan libres a sus responsables. Jueces y fiscales que ningunean a las familias que son amenazadas en sus barrios. La culpabilización de las víctimas, las conexiones narco, las movilizaciones a través de las cuales se logran algunos avances. Y la pérdida de todo, hasta del miedo: tres familias cuentan a MU cómo soportan la impunidad de cada día. Por Delfina Pedelaq y Anabella Arrascaeta.

Plaza de General Pacheco, Tigre: las familias frente al cajoneo de las causas, contra la complicidad judicial y policial. Fotos: Gastón Stark
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La ciudad rota: el femicidio de Daiana Abregú

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La joven de 26 años apareció muerta en la celda de la comisaría de Laprida, provincia de Buenos Aires, tras ser demorada por una contravención. Desde entonces, la policía sostiene que se suicidó con su propia campera, pero la justicia comprobó diferentes falacias en ese relato que llevaron a la detención de cinco efectivos bonaerenses. La investigación para determinar qué pasó con Daiana aún continúa, mientras la familia busca verdad y justicia. Por Facundo Lo Duca.

La foto de Daiana en la plaza principal. Foto: Mauro Arias
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La última Mu: Yo princesa

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