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Gabinete y modelo extractivo: el perfil de los nuevos ministros

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Minería, agronegocios, fracking, glifosato: símbolos de un modelo que ha generado resistencias a lo largo de las últimas décadas en Argentina. El nuevo gabinete, y algunos puntos de continuidad con las políticas anteriores. Por Darío Aranda

Alberto Fernández continuará una política de Mauricio Macri: la explotación de recursos naturales, con amplias consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. Lo había adelantado en la campaña electoral. Y lo ratificó en el armado de su Gabinete. Desde el Ministerio de Ciencia hasta Agricultura, de la Secretaría de Minería a YPF. Los funcionarios cambian, el extractivismo continúa. Los antecedentes de los ministros de las áreas claves para el modelo extactivo

Roberto Salvarezza, Ciencia

Fue presidente del Conicet entre 2012 y 2015. Estuvo alineado en la política científica marcada por su amigo Lino Barañao. El entonces Ministro influyó para que lo elijan al frente del Conicet. Eran tiempos de un presupuesto en ascenso para el sector científico, donde no solía haber manifestaciones en el edificio de Godoy Cruz al 2300 (Palermo), sede del Ministerio. “Hubo un incremento del financiamiento, que nos ha parecido beneficioso pero también paralizó cualquier postura crítica. Se dio aval a una política científica a cambio de más recursos. Entonces no sorprende que Barañao justifique el uso de agroquímicos, los compara con los antibióticos y ningún científico le salga al cruce (…) Es de una enorme irresponsabilidad no ver las consecuencias de fomentar este modelo de ciencia”, describió la investigadora del Conicet y la UBA Mirta Varela en diciembre de 2015.

Barañao y Salvarezza tuvieron coincidencias en impulsar un modelo de ciencia que quedó plasmado en el documento oficial llamado Plan Argentina Innovadora 2020, presentado en 2013 en Casa de Gobierno, basado principalmente, en la «biotecnología» -no mencionan la palabra «agronegocio»-, la megaminería -oro, plata, litio- y el fracking de YPF.

También tuvieron una coincidencia menos publicitada: ambos atacaron y desprestigiaron al científico Andrés Carrasco, que en 2009 había confirmado el efecto letal del herbicida glifosato.

Carrasco era uno de los más reconocidos científicos en su especialidad -había sido presidente del Conicet y era director del Laboratorio de Embriología Molecular de la Facultad de Medicina de la UBA- cuando cometió el pecado de no quedarse encerrado en su laboratorio ni de contentarse con un paper científico, que sólo lee un círculo mínimo de académicos. Denunció el efecto del agrotóxico en un diario de tirada nacional y comenzó a visitar distintas ciudades del país, acompañado por asambleas socioambientales y pueblos fumigados.

Barañao lo descalificó en programas de televisión y congresos públicos de Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa). Salvarezza fue más sutil. Lo boicoteó dentro del sistema científico, bloqueando posibles subsidios, desprestigiándolo ante pares y, la última estocada, como observador cómplice de una comisión que le negó la promoción en el escalafón científico del Conicet, cuando Carrasco -en 2013- había solicitado su promoción de Investigador Principal a Superior. Lo evaluaron tres personas. Una especialista en filosofía budista -Carmen Dragonetti-, un científico ligado a las empresas de agronegocios -Néstor Carrillo- y un académico denunciado por su rol durante la dictadura -Demetrio Boltoskoy-.

Carrasco se reunió con Salvarezza. Cuestionó lo insólito e irregular de la comisión evaluadora. Y exigió una reconsideración. Incluso propuso nombres de científicos ajenos a cualquier conflicto de intereses. «Al presidente del Conicet (Roberto Salvarezza) le cabe toda la responsabilidad de haber firmado la resolución que niega mi promoción. Ni siquiera echó una mirada sobre cómo fue el procedimiento. Él sabe que al firmar convalidó la injusticia», denunció Carrasco a fines de 2013. Y apuntó al modelo científico: «El Conicet está absolutamente consustanciado en legitimar todas las tecnologías propuestas por corporaciones, modelos de hacer ciencia que implica un profundo y progresiva asociación con la industria. Ellos (Barañao y Salvarezza) promueven un modelo de investigadores al servicio de empresas, de patentes, de formación científica con transferencia al sector privado».

Carrasco falleció el 10 de mayo de 2014. Salvarezza, ni ningún otro funcionario del Conicet, le contestó su pedido de reconsideración del dictamen de promoción.

Salvarezza se distanció de Barañao con la llegada del macrismo. En 2017 hizo campaña junto al kirchnerismo para ser diputado nacional, cargo que obtuvo. Siempre reivindicó la ciencia cómo aliada de la minería, de la explotación de litio, del agronegocio y de la explotación petrolera. Aunque en las últimas entrevistas (ya como Ministro de Ciencia de Alberto Fernández) se aggiornó: ahora también menciona el cuidado del ambiente y el «diálogo» con las organizaciones territoriales. Propuesta similar a la que tuvo en su inicio de gestión Sergio Bergman, secretario de Ambiente de Macri.

Luis Basterra, Agricultura

Gildo Isfrán es gobernador de Formosa desde hace 24 años. Cumplió otros ocho años como vicegobernador. Acaba de asumir su séptimo mandato. El primero fue en 1995. Controla el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los medios de comunicación y todo lo que pueda ejercer un mínimo control sobre las políticas de gobierno. Policías y punteros políticos ejercen un aparato de vigilancia y represión contra los opositores. Solo los que no pisaron Formosa pueden ignorar esto.

Insfrán es oficialista de todos los gobiernos nacionales. Su mayor exposición estuvo dada en noviembre de 2010, cuando la policía provincial reprimió a la comunidad qom Potae Napocna Navogoh -La Primavera- y produjo dos asesinatos: el abuelo qom Roberto López y el policía Eber Falcón. El conflicto se nacionalizó cuando la comunidad acampó durante meses en la porteña Avenida de Mayo y 9 de Julio.

En junio de 2011, cuando estaba en plena campaña para ser diputado nacional, Luis Basterra describió la realidad formoseña: «Insfrán encaró una profunda transformación en la provincia, dejando de ser olvidada, con altísimas potencialidades que son hoy una realidad concreta». Ya como diputado, Basterra fue la mejor espada de Gildo Insfrán en el Congreso Nacional. Hizo numerosas defensas de su jefe político. En 2013, con el conflicto aún latente del Pueblo Qom, Basterra fue uno de los impulsores de una solicitada en defensa de Insfrán: «Un nuevo ataque al Gobierno Nacional encarnado esta vez hacia el pueblo y gobierno de Formosa”. Firmada por los legisladores de Formosa que responden al Gobernador, rechazaron las denuncias de violaciones a los derechos humanos con argumentos insólitos: «Un feroz ataque mediático en el marco de una campaña sistemática hacia todos aquellos gobernantes y líderes populares que desde siempre apoyaron y sostienen a este modelo nacional”. Acusaba a los medios de comunicación de «esconder la política inclusiva más abarcativa del país hacia las comunidades aborígenes”.

El escrito calificaba a Gildo Insfrán como un defensor de los derechos indígenas y retrucaba a los críticos: «Desprecian la voluntad popular, representada por ocho de cada diez formoseños que apoyan este modelo, porque en definitiva (lo denunciantes) no son democráticos”. Luego de las elecciones de octubre pasado, cuando Insfrán obtuvo su séptimo mandato consecutivo, Basterra celebró: “El pueblo nuevamente reconoció el modelo formoseño que encara el Gobernador y acompañó el modelo de país que queremos. Ganó la democracia, ganó la voluntad popular”. Basterra juró como diputado en el Congreso Nacional el 4 de diciembre de 2019. En su cuenta de Twitter exhibió el video del momento y en su escrito fue elocuente: «Sí, juro. Por la patria, por nuestra provincia de Formosa y por nuestro gran gobernador y conductor Gildo Insfrán».

También jugó un papel central en el avance del algodón transgénico cuando era ministro de Producción de Formosa y luego, como vicepresidente del INTA. En 2008 el gobierno nacional aprobó la primera semilla de algodón. Fue luego de que las cámaras empresarias del sector, con impulso de los gobiernos de Formosa y Chaco -principal zona algodonera- firmaran un acuerdo para «el desarrollo sustentable» de las nuevas semillas.

«Lo que el productor siembre finalmente va a poder cosechar. Y si partimos de semillas que son de calidad y certificadas, que es lo que nosotros como provincia venimos haciendo desde hace bastante tiempo, se garantiza que el esfuerzo del productor tenga una producción acorde», celebró

Basterra el 21 de agosto de 2009, en el marco de una reunión para difundir el uso de las semillas de algodón transgénico. Y afirmó: «Argentina pueda acceder a la máxima genética que existe en el mercado mundial, vinculado a algodones que tienen cualidades sobresalientes, como en el caso de aquellos que son resistentes a plagas y a herbicidas».

El algodón transgénico reemplazó casi por completo al cultivo tradicional. Y aumentó la dependencia de los productores a la compra de insumos, en dólares. La empresa beneficiada es la dueña de la semilla y proveedora de los agrotóxicos: Monsanto.

Desde la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados Basterra siempre se mostró dispuesto a tratar una nueva ley de semillas, solicitada por las grandes multinacionales del agro y rechazada por los sectores campesinos. Y reclamó una ley de «fitosanitarios» (no los llama agroquímicos ni muchos menos agrotóxicos), para dar «seguridad jurídica a la producción agropecuaria».

Albeto Hensel, Minería

En plena campaña electoral Alberto Fernández afirmó que su modelo para minería sería San Juan, donde la minera Barrick Gold opera el proyecto Veladero e impulsa Pascua Lama, emprendimiento binacional frenado por una medida judicial en Chile. Su enorme poder quedó en evidencia cuando Cristina Fernández de Kirchner vetó la ley de glaciares (2008). Alberto Fernández era Jefe de Gabinete.

Enrique Martínez, entonces presidente del INTI y parte del oficialismo, lo bautizó como «el veto Barrick». Finalmente, dos años después la ley volvió a aprobarse en el Congreso Nacional.

Las asambleas socioambientales de San Juan y de toda la cordillera desmienten desde hace años las falsas promesas de «progreso» de mano de la minería. Jáchal en San Juan y Andalgalá en Catamarca son la prueba viva del desastre minero.

Barrick Gold también ocasionó el mayor desastre minero de la historia de Argentina. El derrame del 13 de septiembre de 2015 transcendió por mensajes de WhatsApp de trabajadores mineros a sus familias en Jáchal, donde alertaban que no tomen agua. En un primer momento el gobierno provincial y Barrick Gold negaron el derrame. Cuando ya no pudieron ocultarlo, Barrick reconoció el derrame de 15.000 litros de agua con cianuro, pero aseguró que no llegó al río y desmintió la contaminación. Una semana después, el 21 de septiembre, aceptó que fueron 224.000 litros y que llegó al río. Dos días después, intervención judicial mediante, Barrick Gold reconoció que derramó al menos 1.070.000 litros de “solución cianurada”.

En 2018, La Asamblea de Jáchal accedió a un estudio de aguas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y confirmó la contaminación con mercurio, manganeso, aluminio, antimonio, bario, plata, plomo, cromo, níquel, cadmio y cobalto. Los análisis, solicitados por la Municipalidad de Jáchal, fueron realizados por el Laboratorio de Análisis Instrumental de la UNCuyo en el río La Palca, que recibe sus aguas de los ríos Potrerillos y Las Traguas, que pasan directamente por la mina Veladero. La Palca aporta el 70 por ciento del caudal del río Jáchal.

La Universidad de Cuyo confirmó la presencia de mercurio en 10 microgramos por litro de agua (el límite máximo para irrigación, según la Ley de Residuos Peligrosos, es de 0,1). También se hallaron 34 miligramos de manganeso por litro de agua (la ley establece un máximo de 0,20). El aluminio llegó a 1992 miligramos (el máximo es de 5). Los análisis de la Universidad de Cuyo muestran un incremento del 5000 por ciento en mercurio, del 18.000 por ciento en manganeso y del 50.000 por ciento en aluminio.

A pesar de la situación en San Juan, Alberto Fernández nombró como secretario de Minería de Nación a Alberto Hensel (que ocupaba el mismo puesto, pero en la provincia). Una veintena de asambleas socioambientales (encabezada por las de Jáchal No Se Toca y El Algarrobo –de Catamarca–) escribieron una cara pública al Presidente: «Nos dirigimos a usted a fin de hacerle llegar nuestra preocupación ante la designación de Alberto Hensel. Resulta al menos inoportuno tener en cuenta a un reconocido lobbista megaminero para que cumpla función pública, lugar reservado para quienes deben representar los intereses de la gente, no de las corporaciones transnacionales».

«Hensel sostiene la impunidad de Barrick Gold por sus innumerables derrames contaminantes en Veladero, es el mismo que discrimina a grupos ambientalistas diciendo que ni siquiera se debe debatir con ellos, el que impidió que el pueblo de Jáchal se exprese en una consulta popular, el que coopta instituciones desde su cargo plenipotenciario otorgado por el gobernador Sergio Uñac, el mismo que ya reconoció que busca la destrucción de la Ley de Glaciares», denuncian en el escrito público.

Además de las asambleas de San Juan y Catamarca suscriben organizaciones de Córdoba, Santa Cruz, La Rioja, Chubut, Jujuy, Mendoza y Salta, entre otras. Afirman que Jáchal es más pobre que antes de la minería, su economía regional ha sido destruida, y que la minería solo generó contaminación y abuso de poder. Exigen recuperar el perfil agroindustrial y turístico de la provincia. «La corporación megaminera es vergonzosa en San Juan, el papel desempeñado por los funcionarios es patéticamente repulsivo. No podemos evitar sentirnos insultados cuando se premia a esta clase de políticos y se pone como ejemplo el manejo feudal de esta provincia», denuncian las organizaciones en su carta a Alberto Fernández.

Guillermo Nielsen, YPF

Es un economista/consultor muy conocido dentro del ámbito de las finanzas, pero muy poco en la sociedad. Comenzó en la noeliberal Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), fue gerente del Grupo Socma (familia Macri), director del Anses durante el gobierno de la Alianza y en 2005, referente en la negociación de la deuda externa argentina. Estuvo luego en el espacio político de Sergio Massa: fue precandidato a Jefe de Gobierno porteño. Es hombre de consulta de Alberto Fernández desde 2005.

En octubre pasado Nielsen presentó su plan de «blindaje» para Vaca Muerta. Difundido por la prensa con eufemismos – «medidas para atraer inversiones» y «seguridad jurídica»-, se trata de ventajas para las grandes empresas petroleras: libre disponibilidad de los dólares, exportar libremente (sin sujetarse a la obligación de priorizar el mercado interno), estabilidad tributaria (que no se modifique ningún impuesto a futuro), eliminación de impuestos para importar y contratos especiales que faciliten las demandas al país en tribunales internacionales.

En Vaca Muerta viven y trabajan desde hace generaciones más de veinte comunidades mapuches, que exigen se cumpla la normativa vigente que obliga al Estado a obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades de cualquier actividad que pudiera afectarlas. Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén resumió los poderes detrás del petróleo: «No hay ninguna duda de que Vaca Muerta es la alianza entre multinacionales, gobierno nacional, sindicato petrolero y gobierno provincial. Es la forma de perpetuar políticas extractivistas, asistencialistas y discriminatorias hacia los pueblos originarios». Adelantó que la próxima semana presentarán un espacio multisectorial que plantea como punto de partida que «Vaca Muerta no es el futuro -como plantean los gobiernos y empresas- sino que se trata de políticas de saqueo, contaminación y muerte». Como segundo aspecto plantearan iniciativas de transición energética por fuera de los combustibles fósiles. Tecero: el reconocimiento de los derechos indígenas -vigentes en leyes nacionales y tratados internacionales de derechos humanos-, que respete las jurisdicciones indígenas para definir políticas de desarrollo territorial.

Antes de finalizar la entrevista aclaró, por las dudas, lo obvio: «Si las petroleras intentan avanzar, vamos a resistir en nuestros territorios, como lo hicimos con los anteriores gobiernos».

Juan Cabandié, Ambiente

El Presidente creó el Ministerio de Ambiente y nombró al frente a Juan Cabandié, sin ningún antecedente en la materia. Aún no se hizo público quiénes serán sus colaboradores.

Las asambleas socioambientales recordaron un twitt de Cabandié del 19 de septiembre de 2010: «En tema minería hay que ser medidos. Chile vive de la extracción de cobre y nadie se queja. Sí a la minería cuidando el planeta». Pasaron nueve años: quizá el flamante Ministro cambió de parecer. Pero hay eufemismos que las asambleas socioambientales, pueblos indígenas y campesinos ya no toleran: «Minería sustentable y con cuidado ambiental», «fracking seguro», «buenas prácticas agrícolas» (para fumigar con agrotóxicos hasta la vereda de las casas). Todas frases hechas para fomentar las explotaciones de recursos naturales. Para las poblaciones en lucha contra el extractivismo sucede, como en derechos humanos frente a la dictadura militar, que no hay términos medios: se está con las mineras o con las poblaciones locales, con las petroleras o con los mapuches, con los agrotóxicos de Bayer/Monsanto o con las víctimas de las fumigaciones. En poco tiempo se sabrá de qué lado se ubica el nuevo ministro.

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Bloqueo a Vaca Muerta de comunidades mapuche y pobladores de Añelo que buscan dos cosas: derechos y agua

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Esta semana hubo cinco cortes a los principales yacimientos de fracking, organizados por el pueblo mapuche de Vaca Muerta en reclamo de relevamientos territoriales ya acordados que permitirían además el reconocimiento de 14 comunidades. El bloqueo se agregó a los cortes de ruta de pobladores de Añelo (localidad central en el área de explotación) que reclamaban por la ausencia de agua. Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén dice a lavaca: “Estamos contra la fractura hidráulica porque sabemos lo que genera, como lo saben los países la prohibieron como Francia, Inglaterra, varios estados de los Estados Unidos, que sin embargo mandan sus empresas para que hagan el fracking aquí”. Los efectos reales de la “inversión extranjera” y el negocio de las empresas que solo son rentables si tienen subsidios estatales.

Esta semana las comunidades mapuche de la zona de Vaca Muerta bloquearon los cinco principales yacimientos de fractura hidráulica. A ese conflicto se sumaron los cortes de rutas protagonizados por vecinas y vecinos de la ciudad de Añelo, desesperados por la ausencia de agua, entre otras cosas.

Jorge Nawel, logko (autoridad política) de la Confederación Mapuche de Neuquén planteó a lavaca el panorma y derribó los mitos publicitarios sobre los supuestos beneficios del fracking.

“La situación empieza por tres grandes temas pendientes. Por un lado la obligación de Consulta Libre e Informada a los pueblos originarios, tema refrendado por Argentina en los tratados internacionales. Estamos todavía discutiendo un articulado que es el que le dará forma al proceso de consulta sobre cualquier actividad que se haga en territorio indígena”.  

“Por otra parte la necesidad de las personerías jurídicas de las comunidades, que no tienen ese reconocimiento por parte del Estado. Es una deuda que el Estado no termina de resolver”.

“Y el tercer tema es el relevamiento de las tierras, porque si no tenemos delimitados los territorios, ¿a quién van a reconocer?”.

¿Un pueblo originario es un club?

Sostiene Nawel que el tema de la consulta está cerca de poder resolverse tras cuatro meses de negociaciones para el establecimiento de un protocolo de 15 puntos ante cada proyecto que pretenda realizarse en territorio indígena. “Posiblemente la semana próxima podamos dar buenas noticias”.

Le da especial importancia, también, a la cuestión del registro “porque saca a las comunidades de la órbita de una simple asociación y les da el estatus que corresponde, con una personería que es carácter público, no privado. Eso significa que una comunidad no tiene control del Estado ni es tratada como como si fuese un club o una asociación, sino que se trata de un pueblo. No es parte de la órbita privada sino de la pública”.

¿Y por qué el bloqueo? “Principalmente por el tercer tema, el del relevamiento territorial. Se formó un equipo técnico, jurídico y catastral hace más de un año para concretarlo, pero notamos animosidad oficial contra las comunidades de Vaca Muerta porque somos las que protestamos y nos movilizamos. Ese mismo equipo existe como respuesta a una de las acciones directas que hicimos en 2021. El equipo lo forman Nación y Provincia, pero nunca funcionó como corresponde y en más de un año no hubo relevamiento de una sola de nuestras 14 comunidades en esa zona. Por eso decidimos bloquear Vaca Muerta”.

Llamar la atención vs embarrar la cancha   

El bloqueo se concretó el lunes pasado, 28 de noviembre. “Cerramos el acceso a los cinco yacimientos más importantes en los que trabajan empresas como Techint, YPF, Shell, Tecpetrol y Pluspetrol, entre otras. Eso significa ingresar a las 5 de la mañana antes del turno que empieza a las 6. Se arman colas de 200 camiones y máquinas de la industria, o más, que no dejamos que circulen”.

El fondo del tema, según Nawel: “Es la única manera de llamar la atención de un gobierno al que la protesta social no le va ni le viene, y te lo digo porque hay protestas y reclamos todos los días, y una total indiferencia oficial frene a eso”.

“Lo único que hace que te presten atención es cuando le tocas la matriz económica que es la explotación de Vaca Muerta. Somos conscientes de eso y cada vez que queremos ponernos en una posición firme tenemos que bloquear la producción”.

La acción mapuche logró llamar la atención: “Convocaron a un diálogo y se planteó crear un equipo especial que resuelva la cuestión del relevamiento territorial. Hay que ver si el gobierno cumple su palabra. Lo que estamos reclamando es que se cumplan las leyes”.

Funcionarios y medios, sin embargo, plantean que el trasfondo del reclamo mapuche es la búsqueda de un beneficio económico. Responde Jorge Nawel: “Es el argumento cuando el Estado quiere confundir las cosas. Plantea un trasfondo económico, peero vos ves las demandas que hacemos, ninguna tiene carácter económico sino de derechos. Carácter político y de respeto a los derechos”.

“La Consulta es algo que está normado desde 2001. Que se reconozca a las comunidades es algo que está escrito en las constituciones de Nación y Provincia. El relevamiento de tierras está ordenado por la Ley 21.160. O sea que estamos reiterando viejas demandas que jamás se responden. Una forma de ensuciar y embarrar la cancha es darle a lo que reclamamos un carácter económico, cuando en realidad les estamos diciendo que cumplan las leyes: cumplan con lo que ustedes mismos aprobaron”.

Progresismo y felicidad extractiva

El debate sobre el modelo extractivo del cual el fracking es apenas una muestra, incluye de modo cada vez más entusiasta a sectores que se autoperciben progresistas que pregonan avanzar con un tipo de modelo que lleva más de 500 años no excesivamente exitosos en el continente.

Reconoce Jorge: “Vaca Muerta es sin duda una salvación económica, pero ¿de quién? Para nosotros, para la sociedad, es una fuente de saqueo de recursos naturales, de empobrecimiento social y de contaminación de todo tipo”.

“Sin embargo es cierto que es una salvación económica para las corporaciones, que pueden derivar a sus casas centrales millonadas de dólares de manera permanente. Argentina lo único que hace es darles prebendas, subsidios, beneficios impositivos, para que el señor inversor no se vaya y siga explotando la meseta y la tierra mapuche”.

Nawel advierte: “Todo ese contagio de felicidad y bienaventuranza para nosotros es una absoluta farsa. El fracking solo les da ganancias a las empresas. La propia industria del fracking ha planteado en distintos informes que la actividad no es rentable sin la cantidad de subsidios y prebendas que le da el Estado. Lo más grave para nosotros –y debería serlo para la sociedad– todo se hace a costa del ambiente, la salud y la seguridad de la población”.

La descripción: “El fracking genera un enorme impacto ambiental por las toneladas de basura que genera, por el tema de los sismos (debidos a las excavaciones), por los millones de litros de agua que consume en una zona árida como la nuestra. La industria no se ocupa no responde porque si tuviera que hacerse cargo de los costos ambientales y sociales, ya no sería rentable. Por eso es una farsa”.

Lo prohibido y la deuda

El rechazo mapuche, según Nawel: “Rechazamos el fracking desde el primer día porque sabemos las consecuencias que genera. Es el mismo conocimiento que tienen los países del primer mundo que por eso lo prohíben, como Francia, Gran Bretaña, varios estados de los Estados Unidos, y Colombia también se sumó a una moratoria”. La moratoria es el modo de dejar en suspenso cualquier aprobación a la actividad, un modo elegante de prohibición. De todos modos en Europa se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza y República Checa.  

“El fracking solo es rentable si los Estados subordinados, empobrecidos, entregados, renunciando a su soberanía permiten que esas multinacionales ingresen”.

¿Y cómo ven a los funcionarios? “Lo que pasa es que esto es un cúmulo de errores de políticos cortoplacistas que al subir solo pensaron en terminar su mandato y ganar reelecciones en lo posible, y para eso capturaron el recurso era el petróleo y lo dilapidaron. Neuquén es una provincia petrodependiente desde hace décadas”.  

“Los políticos piensan siempre en el corto plazo, nunca pensar en la sociedad, en el futuro, en las nuevas generaciones. Pero es increíbe: ya en 1956 la constitución de Neuquén decía que toda la renta petrolera que se obtuviera no debía ser utilizada en gastos comunes, que es lo que hoy se hace para sostener el aparato del Estado y el empleo púbico. La renta debía reinvertirse en la búsqueda de energías alternativas para romper la dependencia del petróleo, que ya en ese momento se veía que era una industria con impacto ambiental y no sustentable. Esa inversión de renta en la búsqueda de energías alternativas nunca se hizo. Nunca”.

Jorge relaciona el tema con el de la deuda externa: “El país, por sus políticos, queda preso de una deuda escandalosa que exige acumular dólares para pagarla. Pero la última beneficiada de todo esto va a ser la población Y los primeros benericiados van a ser los dueños de la deuda externa y las empresas que obtienen ganancias vergonzosas que giran al exterior, a sus casas centrales. Las migajas quedan para la población y sobre todo queda un impacto que va a convertir a a estas tierras en un cementerio si todo sigue así”.

¿Agua o petróleo?

La tremenda propaganda alrededor de Vaca Muerta, sus inversiones, sus ganancias, podría inducir a pensar que la provincia, o al menos las localidades cercanas a la explotación, están pasando épocas de bonanza (sea lo que sea que tal cosa signifique).

Nawel informa: “Cuando hicimos el bloqueo se sumó el propio pueblo de Añelo que hace días no tiene una gota de agua en la canilla. Es más. Nosotros levanamos el bloqueo cuando empezamos a obtener respuesta, pero ellos siguieron hasta el miércoles. Y solo reclamaban agua, ¿te das cuenta? Están planteando obras que permiten llevar agua desde el río Neuquén para las empresas, y el pueblo supuestamente beneficiado no tiene ni agua. Esa es la realidad. Neuquén es una provincia endeudada con la banca internacional y el Estado nacional, y nos venden todos los días titulares hablando de un ritmo acelerado de Vaca Muerta o de aumento de la producción”.

La contracara: “Lo que se ve en la práctica es que lo que aumentó es la pobreza, el endeudamiento de la provincia, y Añelo, que era la Dubai argentina, no tiene ni agua”.

La situación: “Hacen tanta propaganda y hay una crisis tan grande, que todos los los días llegan familias a Neuquén con la expectativa de conseguir un trabajo digno en esta supuesta gran gallina de los huevos de oro. Como no lo logran, porque la industria es muy selectiva, se van incrementando las periferias urbanas con familias empobrecidas. Si esa es la salvación del país, estamos en problemas”.

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16va Marcha de la Gorra: “Ocupar las calles: Libres o nada”

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Ayer, martes 29 de noviembre se llevó a cabo la 16va edición de la Marcha de la Gorra en la ciudad de Córdoba. La reconocida marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional sucede a dos semanas de conocerse públicamente -en el marco del juicio por la muerte del adolescente Blas Correa- los mensajes intercambiados por Whatsapp entre el ex Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y el ex comisario Gonzalo Cumplido en el que manifestaban su preocupación por las repercusiones que provocaría la muerte de “un rubito” “de clase media”. Conversación mantenida a primera mañana de los 6 disparos de la noche de agosto del 2020.

Por Bernardina Rosini

desde Córdoba

Tal vez resuene fuerte fuera de la provincia, pero en la calle no causó ningún escozor.

Soledad Aciar, la madre de Blas, ausente en la marcha, hace unos días refirió sobre los policías locales «disparan sus armas como si estuvieran jugando en la Play”.

No se mencionó el indignante intercambio entre los ex funcionarios en la tarde de ayer, pero sí se mencionaron las 9 horas que estuvo encadenada la mamá de Rodrigo Sánchez en las rejas de Tribunales. Ella, Gabriela Sanso, tomó el micrófono y fue dura contra la justicia y los uniformados azules. “7 años sin que avance la causa, sin respuestas, sin que me digan nada», dijo. «No puede ser que nos tengamos que encadenar para ser escuchados. Mataron a mi hijo por la espalda, 17 años. Ellos sueltos mientras que a mi hijo no le dieron oportunidad. No dan oportunidad de vivir, fusilan”. Sólo tras haberse encadenado, la Fiscalía General la recibió y se comprometió con la resolución de la causa.

Se suceden madres en el micrófono que relatan y enumeran, una vez más, todas las atrocidades del mecanismo de impunidad: disparos por la espalda, fiscalías inertes, investigaciones nunca iniciadas, encubrimientos, argumentos y declaraciones tan burdas, tan contradictorias, tan absurdas. Dolor y nudos de bronca.

Unxs pibes con la cabeza cubierta escalan por el frente de un edificio y hacen la primera intervención de la marcha: pincel en mano y pegamento, dejan el rostro y nombres de algunos los muertos Franco Amaya, Sergio Cuello, Juan Alarcón, Pichón Escobay. Podrían cubrir todo el frente. Sólo en los últimos dos años se contabilizan 10 casos fatales en manos de la Policía de Córdoba. Con esta preocupación la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) solicitó al Gobernador Juan Schiaretti una audiencia con “carácter de urgente” en el mes de agosto. Entrando en diciembre, con el expediente dormido, el gobernador no se da por notificado.

Difícil eludir la sucesión de los casos, y la crisis de la institución policial. En los primeros seis meses de 2022 un total de 218 uniformados fueron apartados de sus trabajos debido a que quedaron bajo la lupa del Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba. El 88,2% corresponden específicamente a efectivos de la Policía de la Provincia, y según el Tribunal en la gran mayoría de los casos, los desplazamientos de personal fueron por sumarios motivados por denuncias de violencia de género, seguidos de mal desempeño y violencia institucional.

Casos que han logrado relevancia y aparecer en las agendas de los medios nacionales: Blas Correa es uno, el femicidio de Cecilia Basaldúa es otro. Este último  tiene policías señalados por la familia, confesiones logradas mediante aprietes, encubrimiento y un juicio forzado contra un joven inocente. Pero aún sin dar con el autor material.

Difícil desentenderse también de la fuerza y el sentido que moviliza la Marcha de la Gorra en Córdoba. No atender a los fuegos, la danza y la ceremonia a metros de la Legislatura, rodeada de vallas y un puñado de policías. Las familias prenden velas dispuestas en la calle formando una figura hecha de bidones de agua, flores de santa rita, naranjas y manzanas. 

 “Libertad para ocupar las calles y habitar y circular por nuestros montes”. Se escucha en los parlantes, ampliando los límites del transitar urbano pero también señalando que las políticas violentas, extractivistas, excluyentes son comunes. Acá y un poco más allá. Que son múltiples los derechos arrebatados. “Que no nos quiten crecer en las calles, ni las noches en la plaza ni las tardes de río”. El final de la marcha es un abrazo, la canción que la cantante Sara Hebe escribió inspirada en la marcha, sintetiza el deseo:

“No encuentro mejor manera de aguantar este embretao

Que imaginarme suelto, vivo y enamorao”.

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#NiUnaMás

Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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