Nota
Gabinete y modelo extractivo: el perfil de los nuevos ministros
Minería, agronegocios, fracking, glifosato: símbolos de un modelo que ha generado resistencias a lo largo de las últimas décadas en Argentina. El nuevo gabinete, y algunos puntos de continuidad con las políticas anteriores. Por Darío Aranda
Alberto Fernández continuará una política de Mauricio Macri: la explotación de recursos naturales, con amplias consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. Lo había adelantado en la campaña electoral. Y lo ratificó en el armado de su Gabinete. Desde el Ministerio de Ciencia hasta Agricultura, de la Secretaría de Minería a YPF. Los funcionarios cambian, el extractivismo continúa. Los antecedentes de los ministros de las áreas claves para el modelo extactivo
Roberto Salvarezza, Ciencia
Fue presidente del Conicet entre 2012 y 2015. Estuvo alineado en la política científica marcada por su amigo Lino Barañao. El entonces Ministro influyó para que lo elijan al frente del Conicet. Eran tiempos de un presupuesto en ascenso para el sector científico, donde no solía haber manifestaciones en el edificio de Godoy Cruz al 2300 (Palermo), sede del Ministerio. “Hubo un incremento del financiamiento, que nos ha parecido beneficioso pero también paralizó cualquier postura crítica. Se dio aval a una política científica a cambio de más recursos. Entonces no sorprende que Barañao justifique el uso de agroquímicos, los compara con los antibióticos y ningún científico le salga al cruce (…) Es de una enorme irresponsabilidad no ver las consecuencias de fomentar este modelo de ciencia”, describió la investigadora del Conicet y la UBA Mirta Varela en diciembre de 2015.
Barañao y Salvarezza tuvieron coincidencias en impulsar un modelo de ciencia que quedó plasmado en el documento oficial llamado Plan Argentina Innovadora 2020, presentado en 2013 en Casa de Gobierno, basado principalmente, en la “biotecnología” -no mencionan la palabra “agronegocio”-, la megaminería -oro, plata, litio- y el fracking de YPF.
También tuvieron una coincidencia menos publicitada: ambos atacaron y desprestigiaron al científico Andrés Carrasco, que en 2009 había confirmado el efecto letal del herbicida glifosato.
Carrasco era uno de los más reconocidos científicos en su especialidad -había sido presidente del Conicet y era director del Laboratorio de Embriología Molecular de la Facultad de Medicina de la UBA- cuando cometió el pecado de no quedarse encerrado en su laboratorio ni de contentarse con un paper científico, que sólo lee un círculo mínimo de académicos. Denunció el efecto del agrotóxico en un diario de tirada nacional y comenzó a visitar distintas ciudades del país, acompañado por asambleas socioambientales y pueblos fumigados.
Barañao lo descalificó en programas de televisión y congresos públicos de Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa). Salvarezza fue más sutil. Lo boicoteó dentro del sistema científico, bloqueando posibles subsidios, desprestigiándolo ante pares y, la última estocada, como observador cómplice de una comisión que le negó la promoción en el escalafón científico del Conicet, cuando Carrasco -en 2013- había solicitado su promoción de Investigador Principal a Superior. Lo evaluaron tres personas. Una especialista en filosofía budista -Carmen Dragonetti-, un científico ligado a las empresas de agronegocios -Néstor Carrillo- y un académico denunciado por su rol durante la dictadura -Demetrio Boltoskoy-.
Carrasco se reunió con Salvarezza. Cuestionó lo insólito e irregular de la comisión evaluadora. Y exigió una reconsideración. Incluso propuso nombres de científicos ajenos a cualquier conflicto de intereses. “Al presidente del Conicet (Roberto Salvarezza) le cabe toda la responsabilidad de haber firmado la resolución que niega mi promoción. Ni siquiera echó una mirada sobre cómo fue el procedimiento. Él sabe que al firmar convalidó la injusticia”, denunció Carrasco a fines de 2013. Y apuntó al modelo científico: “El Conicet está absolutamente consustanciado en legitimar todas las tecnologías propuestas por corporaciones, modelos de hacer ciencia que implica un profundo y progresiva asociación con la industria. Ellos (Barañao y Salvarezza) promueven un modelo de investigadores al servicio de empresas, de patentes, de formación científica con transferencia al sector privado”.
Carrasco falleció el 10 de mayo de 2014. Salvarezza, ni ningún otro funcionario del Conicet, le contestó su pedido de reconsideración del dictamen de promoción.
Salvarezza se distanció de Barañao con la llegada del macrismo. En 2017 hizo campaña junto al kirchnerismo para ser diputado nacional, cargo que obtuvo. Siempre reivindicó la ciencia cómo aliada de la minería, de la explotación de litio, del agronegocio y de la explotación petrolera. Aunque en las últimas entrevistas (ya como Ministro de Ciencia de Alberto Fernández) se aggiornó: ahora también menciona el cuidado del ambiente y el “diálogo” con las organizaciones territoriales. Propuesta similar a la que tuvo en su inicio de gestión Sergio Bergman, secretario de Ambiente de Macri.
Luis Basterra, Agricultura
Gildo Isfrán es gobernador de Formosa desde hace 24 años. Cumplió otros ocho años como vicegobernador. Acaba de asumir su séptimo mandato. El primero fue en 1995. Controla el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los medios de comunicación y todo lo que pueda ejercer un mínimo control sobre las políticas de gobierno. Policías y punteros políticos ejercen un aparato de vigilancia y represión contra los opositores. Solo los que no pisaron Formosa pueden ignorar esto.
Insfrán es oficialista de todos los gobiernos nacionales. Su mayor exposición estuvo dada en noviembre de 2010, cuando la policía provincial reprimió a la comunidad qom Potae Napocna Navogoh -La Primavera- y produjo dos asesinatos: el abuelo qom Roberto López y el policía Eber Falcón. El conflicto se nacionalizó cuando la comunidad acampó durante meses en la porteña Avenida de Mayo y 9 de Julio.
En junio de 2011, cuando estaba en plena campaña para ser diputado nacional, Luis Basterra describió la realidad formoseña: “Insfrán encaró una profunda transformación en la provincia, dejando de ser olvidada, con altísimas potencialidades que son hoy una realidad concreta”. Ya como diputado, Basterra fue la mejor espada de Gildo Insfrán en el Congreso Nacional. Hizo numerosas defensas de su jefe político. En 2013, con el conflicto aún latente del Pueblo Qom, Basterra fue uno de los impulsores de una solicitada en defensa de Insfrán: “Un nuevo ataque al Gobierno Nacional encarnado esta vez hacia el pueblo y gobierno de Formosa”. Firmada por los legisladores de Formosa que responden al Gobernador, rechazaron las denuncias de violaciones a los derechos humanos con argumentos insólitos: “Un feroz ataque mediático en el marco de una campaña sistemática hacia todos aquellos gobernantes y líderes populares que desde siempre apoyaron y sostienen a este modelo nacional”. Acusaba a los medios de comunicación de “esconder la política inclusiva más abarcativa del país hacia las comunidades aborígenes”.
El escrito calificaba a Gildo Insfrán como un defensor de los derechos indígenas y retrucaba a los críticos: “Desprecian la voluntad popular, representada por ocho de cada diez formoseños que apoyan este modelo, porque en definitiva (lo denunciantes) no son democráticos”. Luego de las elecciones de octubre pasado, cuando Insfrán obtuvo su séptimo mandato consecutivo, Basterra celebró: “El pueblo nuevamente reconoció el modelo formoseño que encara el Gobernador y acompañó el modelo de país que queremos. Ganó la democracia, ganó la voluntad popular”. Basterra juró como diputado en el Congreso Nacional el 4 de diciembre de 2019. En su cuenta de Twitter exhibió el video del momento y en su escrito fue elocuente: “Sí, juro. Por la patria, por nuestra provincia de Formosa y por nuestro gran gobernador y conductor Gildo Insfrán”.
También jugó un papel central en el avance del algodón transgénico cuando era ministro de Producción de Formosa y luego, como vicepresidente del INTA. En 2008 el gobierno nacional aprobó la primera semilla de algodón. Fue luego de que las cámaras empresarias del sector, con impulso de los gobiernos de Formosa y Chaco -principal zona algodonera- firmaran un acuerdo para “el desarrollo sustentable” de las nuevas semillas.
“Lo que el productor siembre finalmente va a poder cosechar. Y si partimos de semillas que son de calidad y certificadas, que es lo que nosotros como provincia venimos haciendo desde hace bastante tiempo, se garantiza que el esfuerzo del productor tenga una producción acorde”, celebró
Basterra el 21 de agosto de 2009, en el marco de una reunión para difundir el uso de las semillas de algodón transgénico. Y afirmó: “Argentina pueda acceder a la máxima genética que existe en el mercado mundial, vinculado a algodones que tienen cualidades sobresalientes, como en el caso de aquellos que son resistentes a plagas y a herbicidas”.
El algodón transgénico reemplazó casi por completo al cultivo tradicional. Y aumentó la dependencia de los productores a la compra de insumos, en dólares. La empresa beneficiada es la dueña de la semilla y proveedora de los agrotóxicos: Monsanto.
Desde la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados Basterra siempre se mostró dispuesto a tratar una nueva ley de semillas, solicitada por las grandes multinacionales del agro y rechazada por los sectores campesinos. Y reclamó una ley de “fitosanitarios” (no los llama agroquímicos ni muchos menos agrotóxicos), para dar “seguridad jurídica a la producción agropecuaria”.
Albeto Hensel, Minería
En plena campaña electoral Alberto Fernández afirmó que su modelo para minería sería San Juan, donde la minera Barrick Gold opera el proyecto Veladero e impulsa Pascua Lama, emprendimiento binacional frenado por una medida judicial en Chile. Su enorme poder quedó en evidencia cuando Cristina Fernández de Kirchner vetó la ley de glaciares (2008). Alberto Fernández era Jefe de Gabinete.
Enrique Martínez, entonces presidente del INTI y parte del oficialismo, lo bautizó como “el veto Barrick”. Finalmente, dos años después la ley volvió a aprobarse en el Congreso Nacional.
Las asambleas socioambientales de San Juan y de toda la cordillera desmienten desde hace años las falsas promesas de “progreso” de mano de la minería. Jáchal en San Juan y Andalgalá en Catamarca son la prueba viva del desastre minero.
Barrick Gold también ocasionó el mayor desastre minero de la historia de Argentina. El derrame del 13 de septiembre de 2015 transcendió por mensajes de WhatsApp de trabajadores mineros a sus familias en Jáchal, donde alertaban que no tomen agua. En un primer momento el gobierno provincial y Barrick Gold negaron el derrame. Cuando ya no pudieron ocultarlo, Barrick reconoció el derrame de 15.000 litros de agua con cianuro, pero aseguró que no llegó al río y desmintió la contaminación. Una semana después, el 21 de septiembre, aceptó que fueron 224.000 litros y que llegó al río. Dos días después, intervención judicial mediante, Barrick Gold reconoció que derramó al menos 1.070.000 litros de “solución cianurada”.
En 2018, La Asamblea de Jáchal accedió a un estudio de aguas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y confirmó la contaminación con mercurio, manganeso, aluminio, antimonio, bario, plata, plomo, cromo, níquel, cadmio y cobalto. Los análisis, solicitados por la Municipalidad de Jáchal, fueron realizados por el Laboratorio de Análisis Instrumental de la UNCuyo en el río La Palca, que recibe sus aguas de los ríos Potrerillos y Las Traguas, que pasan directamente por la mina Veladero. La Palca aporta el 70 por ciento del caudal del río Jáchal.
La Universidad de Cuyo confirmó la presencia de mercurio en 10 microgramos por litro de agua (el límite máximo para irrigación, según la Ley de Residuos Peligrosos, es de 0,1). También se hallaron 34 miligramos de manganeso por litro de agua (la ley establece un máximo de 0,20). El aluminio llegó a 1992 miligramos (el máximo es de 5). Los análisis de la Universidad de Cuyo muestran un incremento del 5000 por ciento en mercurio, del 18.000 por ciento en manganeso y del 50.000 por ciento en aluminio.
A pesar de la situación en San Juan, Alberto Fernández nombró como secretario de Minería de Nación a Alberto Hensel (que ocupaba el mismo puesto, pero en la provincia). Una veintena de asambleas socioambientales (encabezada por las de Jáchal No Se Toca y El Algarrobo –de Catamarca–) escribieron una cara pública al Presidente: “Nos dirigimos a usted a fin de hacerle llegar nuestra preocupación ante la designación de Alberto Hensel. Resulta al menos inoportuno tener en cuenta a un reconocido lobbista megaminero para que cumpla función pública, lugar reservado para quienes deben representar los intereses de la gente, no de las corporaciones transnacionales”.
“Hensel sostiene la impunidad de Barrick Gold por sus innumerables derrames contaminantes en Veladero, es el mismo que discrimina a grupos ambientalistas diciendo que ni siquiera se debe debatir con ellos, el que impidió que el pueblo de Jáchal se exprese en una consulta popular, el que coopta instituciones desde su cargo plenipotenciario otorgado por el gobernador Sergio Uñac, el mismo que ya reconoció que busca la destrucción de la Ley de Glaciares”, denuncian en el escrito público.
Además de las asambleas de San Juan y Catamarca suscriben organizaciones de Córdoba, Santa Cruz, La Rioja, Chubut, Jujuy, Mendoza y Salta, entre otras. Afirman que Jáchal es más pobre que antes de la minería, su economía regional ha sido destruida, y que la minería solo generó contaminación y abuso de poder. Exigen recuperar el perfil agroindustrial y turístico de la provincia. “La corporación megaminera es vergonzosa en San Juan, el papel desempeñado por los funcionarios es patéticamente repulsivo. No podemos evitar sentirnos insultados cuando se premia a esta clase de políticos y se pone como ejemplo el manejo feudal de esta provincia”, denuncian las organizaciones en su carta a Alberto Fernández.
Guillermo Nielsen, YPF
Es un economista/consultor muy conocido dentro del ámbito de las finanzas, pero muy poco en la sociedad. Comenzó en la noeliberal Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), fue gerente del Grupo Socma (familia Macri), director del Anses durante el gobierno de la Alianza y en 2005, referente en la negociación de la deuda externa argentina. Estuvo luego en el espacio político de Sergio Massa: fue precandidato a Jefe de Gobierno porteño. Es hombre de consulta de Alberto Fernández desde 2005.
En octubre pasado Nielsen presentó su plan de “blindaje” para Vaca Muerta. Difundido por la prensa con eufemismos – “medidas para atraer inversiones” y “seguridad jurídica”-, se trata de ventajas para las grandes empresas petroleras: libre disponibilidad de los dólares, exportar libremente (sin sujetarse a la obligación de priorizar el mercado interno), estabilidad tributaria (que no se modifique ningún impuesto a futuro), eliminación de impuestos para importar y contratos especiales que faciliten las demandas al país en tribunales internacionales.
En Vaca Muerta viven y trabajan desde hace generaciones más de veinte comunidades mapuches, que exigen se cumpla la normativa vigente que obliga al Estado a obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades de cualquier actividad que pudiera afectarlas. Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén resumió los poderes detrás del petróleo: “No hay ninguna duda de que Vaca Muerta es la alianza entre multinacionales, gobierno nacional, sindicato petrolero y gobierno provincial. Es la forma de perpetuar políticas extractivistas, asistencialistas y discriminatorias hacia los pueblos originarios”. Adelantó que la próxima semana presentarán un espacio multisectorial que plantea como punto de partida que “Vaca Muerta no es el futuro -como plantean los gobiernos y empresas- sino que se trata de políticas de saqueo, contaminación y muerte”. Como segundo aspecto plantearan iniciativas de transición energética por fuera de los combustibles fósiles. Tecero: el reconocimiento de los derechos indígenas -vigentes en leyes nacionales y tratados internacionales de derechos humanos-, que respete las jurisdicciones indígenas para definir políticas de desarrollo territorial.
Antes de finalizar la entrevista aclaró, por las dudas, lo obvio: “Si las petroleras intentan avanzar, vamos a resistir en nuestros territorios, como lo hicimos con los anteriores gobiernos”.
Juan Cabandié, Ambiente
El Presidente creó el Ministerio de Ambiente y nombró al frente a Juan Cabandié, sin ningún antecedente en la materia. Aún no se hizo público quiénes serán sus colaboradores.
Las asambleas socioambientales recordaron un twitt de Cabandié del 19 de septiembre de 2010: “En tema minería hay que ser medidos. Chile vive de la extracción de cobre y nadie se queja. Sí a la minería cuidando el planeta”. Pasaron nueve años: quizá el flamante Ministro cambió de parecer. Pero hay eufemismos que las asambleas socioambientales, pueblos indígenas y campesinos ya no toleran: “Minería sustentable y con cuidado ambiental”, “fracking seguro”, “buenas prácticas agrícolas” (para fumigar con agrotóxicos hasta la vereda de las casas). Todas frases hechas para fomentar las explotaciones de recursos naturales. Para las poblaciones en lucha contra el extractivismo sucede, como en derechos humanos frente a la dictadura militar, que no hay términos medios: se está con las mineras o con las poblaciones locales, con las petroleras o con los mapuches, con los agrotóxicos de Bayer/Monsanto o con las víctimas de las fumigaciones. En poco tiempo se sabrá de qué lado se ubica el nuevo ministro.
Nota
El estado de la salud: Hospitales marcharon contra el recorte, con el Bonaparte como símbolo de la insensibilidad
Médicos y médicas de distintos hospitales públicos e instituciones de salud marcharon hoy a Plaza de Mayo. El Hospital Garrahan -donde el gobierno nacional echó al Consejo Directivo- fue el punto de partida y el símbolo, el Hospital Bonaparte cuyos trabajadores y trabajadoras resisten al cierre. Lo común: el ahogo presupuestario y el recorte salarial. El contexto: mayor demanda, menos dinero, menos insumos y más precariedad. Un combo insalubre para quienes trabajan y para quienes se atienden. El llamado a un paro general, y la unión sin distinciones de todo el personal de las instituciones. El jueves, Día de la Salud Mental, habrá una nueva marcha a las 10 de la mañana, desde el Hospital Rawson al Bonaparte.
Por Lucas Pedulla
Karen tiene 35 años y este martes cumplió su primera semana de residencia en el Hospital Nacional Laura Bonaparte. Lamenta no estar en su área de trabajo, después de estudiar durante años en la Universidad Nacional de Luján, sino en Plaza de Mayo, fruto de una necesidad que la empujó a salir a la calle, con miles de trabajadores y trabajadoras de la salud.
Pero rescata lo bueno, ante la pregunta de cómo está, que ella elige responder en plural: “Estamos bien, es muy energética esta situación: permanecimos en nuestros puestos de trabajo, con el hospital abierto, garantizando la continuidad de la atención, y reconforta que haya tenido toda esta respuesta. Todo eso implica que es una pelea que vamos a poder ganar”.
Karen ingresó al Bonaparte en medio de un plan de lucha que trabajadores y trabajadoras de la salud llevan adelante hace meses, con pedidos de recomposición salarial y la denuncia del desabastecimiento de las instituciones. Hasta ahí, todo a-normal. Hasta que el viernes llegó el “baldazo de agua fría”, según describe: “Cuando volvimos a nuestros puestos y a realizar las tareas diarias, a las dos y media de la tarde, sin que tengamos la mínima sospecha empezaron a circular mensajes de que habían anunciado el inminente cierre del hospital -dice Karen a lavaca– Para nosotros fue impactante. No sabíamos cómo reaccionar hasta que bajamos al hall de entrada y nos encontramos con las puertas cerradas y los pacientes en la vereda: los habían sacado de la guardia”.
Así fue que una compañera propuso quedarse hasta revertir la decisión de cierre. El apoyo fue unánime, con festivales y vigilias que acompañaron a lxs trabajadorxs todo el fin de semana. El lunes realizaron un abrazo simbólico, donde cantaron: “El Bona no se cierra”. Y hoy se movilizaron a Plaza de Mayo.
A Karen, en su primera semana, ya algo le quedó claro: “Nos quieren destruir como clase trabajadora. No quieren que tengamos salud. No quieren que tengamos educación. Nos quieren destruir para poder explotarnos más. Quieren que ganemos salarios miserables. No sé cómo pretenden que sostengamos la productividad del país si no tenemos salud, vivienda, educación y alimento”.
Foto: Tadeo Bourbon para lavaca
Del Hospital a la Plaza
La movilización partió del Hospital Garrahan, donde la junta interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lleva adelante un paro de 48 horas en reclamo de recomposiciones salariales, pero que es tan solo la punta de un iceberg: así se plegaron trabajadorxs del Bonaparte y, también, de otras instituciones como el Piñero, el Penna o el Posadas.
La Plaza de Mayo combina hoy dos escenarios, Casa Rosada y el Ministerio de Economía, a donde el presidente Javier Milei cruzó al mediodía para almorzar con el ministro Luis Caputo, protagonista de uno de los estribillos de este mediodía:
“Che caputo, che Caputo / no te lo decimos más / si tocás los hospitales / qué quilombo se va a armar”.
Cantando está Magalí, 34 años, bioquímica, quien hizo toda su carrera dentro del Garrahan, donde trabaja hace ocho años. Hoy es personal de planta, en el sector de Laboratorio. Precisa el reclamo: “Pedimos 100% de aumento en una sola cuota. Recomposición salarial de todos los trabajadores de todos los hospitales. Desde diciembre nuestro salario perdió mucho, quedamos atrasados, y eso genera una situación de mucho pluriempleo, con mucho cansancio, que redunda en una mala calidad de atención y en que muchos profesionales formados se están yendo. El hospital se está vaciando con estas políticas de recorte. Y eso afecta a la salud”.
Luego, otro trabajador del Garrahan toma el micrófono: “Esta marcha agrupa sin distinción de tareas y sin distinción de agrupación. Nos tenemos que unir en una sola lucha y hacer una huelga general para derrotar a este gobierno”.
Un residente del Hospital Posadas, en el oeste del conurbano bonaerense suma: “Tenemos que estar todos juntos para enfrentar un gobierno de insensibles que quieren llevarnos a la pobreza extrema”.
Un residente del Penna: “Si hay algo que quiere el Gobierno es dividirnos: los residentes por un lado, los de planta por otro, los del Bonaparte por otro, los enfermeros por allá. Tenemos que unirnos y que todas las centrales llamen a un paro”.
Una trabajadora de hospitales de Lanús y Alejandro Korn, al sur del conurbano profundo: “Este es un gobierno despiadado y oscurantista que quiere cerrar baluartes para la sociedad, como las universidades que brindan la posibilidad de ascenso social para la clase trabajadora. Paro general ya”.
Magalí, del Garrahan, escucha y dice a lavaca: “Hemos movilizado en todos los gobiernos pero este recorte no lo vi hasta ahora. Aumentó la demanda, porque se caen de las obras sociales y vienen al hospital público, y los insumos y reactivos tardan mucho llegar”.
Foto: Tadeo Bourbon para lavaca
Desde la Plaza anuncian que el jueves es el día de la Salud Mental y habrá una nueva marcha, a las 10 de la mañana, desde el Hospital Rawson al Bonaparte. “No queremos resignarnos a los salarios de miseria que atentan contra la salud de los pacientes -dice, desde el camión otra trabajadora del Bonaparte-. Acumulamos casi un 50% de pérdida de poder adquisitivo. Sostenemos, con profunda vocación, que vamos a seguir luchando”.
El vocero presidencial Manuel Adorni dijo el lunes que “el Hospital Bonaparte no va a cerrar”, aunque habló de una “reestructuración” en base a un supuesto “desfasaje” entre la cantidad de empleados y los usuarios. En Plaza de Mayo, desde un camión, responde una de esas trabajadoras: “Atendemos de 8 a 20 (horas). Recibimos a mamás y papás que tienen a sus hijos en tratamiento. Contamos con una guardia las 24 horas y un 0800 que atiende llamados. Hoy el hospital está funcionando porque lo estamos defendiendo. No se cierra. Están diciendo que sobran los trabajadores, pero es mentira: estamos desbordados de demanda. En el Bonaparte no sobra nadie. La mayoría hacen tratamientos ambulatorios. Es el primer hospital que quieren cerrar en democracia, y no lo vamos a permitir”.
Nota
Hospital Bonaparte: agumentos versus fake news para evitar el cierre de una institución modelo
De un día para otro, el gobierno anunció que cerraría el único hospital de salud mental de AMBA, amparándose en la fake news de la supuesta baja tasa de pacientes. Esta medida sería publicada en el Boletín Oficial el día lunes. Mientras tanto, las y los trabajadores de la institución ubicada en Combate de los Pozos 2133 permanecen adentro del edificio, en estado de alerta y asamblea, convocando a distintas actividades de apoyo hoy y mañana, y se preparan para dar una conferencia el lunes.
En diálogo con lavaca desmienten una por una las mentiras del gobierno, y cuentan lo que implica el eventual cierre: dejar sin trabajo a 612 trabajadores y trabajadoras, y también y sobre todo a la deriva a miles de pacientes por casos de salud mental, adicciones y en situación de calle que son atendidas regularmente en el Hospital o en uno de sus tantos dispositivos. Por qué el Bonaparte es un hospital modelo, y el sentido de pertenencia de quienes allí trabajan como un plus en una lucha que recién comienza.
El Hospital Laura Bonaparte -fundado en 1974- se encuentra hoy en peligro tras la decisión administrativa de parar el ingreso de pacientes a la institución, y el trascendido de que el lunes que viene se publicaría un Decreto anunciando su cierre definitivo. Esto fue comunicado por el ¿ex? director del hospital, Christian Baldino, a las y los 612 trabajadores, y no fue desmentido por el Ministerio de Salud que, al contrario, emitió un comunicado plagado de errores.
Gabriel Hagman, psiquiatra con 11 años en la institución, cuenta el estado de situación actual: “Estamos sin novedades desde ayer al mediodía hasta ahora. Estimo que va a ser así de acá al lunes, al menos que haya un problema con la permanencia que estamos sosteniendo en el Hospital. No nos vamos a mover hasta el lunes y hasta que sepamos algo más”, dice mientras preparan una convocatoria a las puertas del edificio, Combate de los Pozos 2133, con diferentes actividades de apoyo:
La última novedad data de ayer: “Lo de ayer es una indicación de cierre de las internaciones: no ingresa ningún paciente más por indicación del Ministerio de Salud, y en consecuencia de eso se cierran los ingresos de pacientes. Eso implica que ni la guardia ni la demanda espontánea cumplan funciones. En esa misma comunicación, pero de manera verbal, no por vía oficial, nos dijeron que se cerrará el hospital”.
La comunicación del cierre de las internaciones llegó primero vía el director Baldino, y luego formalmente mediante el sistema de tramitación digital del Estado, el famoso GDE, sin previo aviso: otro acto de inhumanidad. Luego llegó el trascendido del cierre definitivo: “Eso empezó a cobrar más dimensión en la medida en que todos los medios que dieron cobertura consultaron a fuentes de Ministerio y empezaron a decir que iban a derivar pacientes – cuenta Gabriel–, que el Ministerio se iba a hacer cargo de la cobertura y alguna otra explicación de por qué hacen lo que hacen”.
¿Qué explicaciones dieron? Fake news. Para intentar justificar la decisión de avanzar con el cierre, en el comunicado el Ministerio aduce una “baja tasa” de internaciones –supuestamente, 19– cuando en verdad el Bonaparte se encuentra a tope de internaciones con 37 internados en tratamiento de alta complejidad.
Los números de la verdad: “Respecto a los números, el comunicado de Ministerio es una doble falacia. Una respecto al presupuesto asignado, y otra sobre los pacientes atendidos. Es una tasa rara, no se entiende a qué refiere: las estadísticas son abiertas y son continuamente revisadas por el Ministerio. Los números reales los tienen. Por Ley de Transparencia se sabe cuál es el presupuesto aprobado por este mismo Ministerio”, analiza sobre la jugada. Los supuestos 17 millones destinados al Hospital no serían tales.
¿Cuáles son los verdaderos números? Gabriel: “El número de pacientes en el cálculo que estamos manejando es de 25 mil consultas por año. Esto incluye a los 37 pacientes internados actualmente y una asistencia a la guardia que puede llegar a 7 estaciones diarias, ingresos que pueden llegar hasta 3.000 consultas al mes y 140 personas que retiran medicamentos por día. Y la asistencia en consultorios externos es enorme: hay alrededor de 30 profesionales y de agenda completa hay 300 pacientes diarios. Los números son infinitamente mayores a hablar de 19 personas”.
Hacé clic acá para seguir las redes que crearon las y los trabajadores para difundir el plan de lucha.
El desmantelamiento como política
La única política del Ministerio de Salud es el desmantelamiento. Al nulo manejo del brote histórico de dengue (así como su inacción ante el brote que viene) y por las denuncias a los recortes de medicamentos para pacientes oncológicos, ahora se suma esta decisión que deja a la deriva a los pacientes más vulnerables: aquellos con padecimientos de salud mental.
El Ministro de Salud, Mario Lugones, lleva apenas una semana en su puesto, tras la salida de Mario Russo (quien se fue aduciendo “razones personales”, aunque se supo que su eyección tuvo que ver con internas con Santiago Caputo, además de las inacciones expuestas arriba). Lugones debutó con la idea de cerrar el Bonaparte y también con la de pedirle la renuncia al Consejo de Administración del Hospital Garrahan, cuyos trabajadores se encuentran también en pie de lucha.
El Bonaparte ya venía siendo objeto de distintos tipos de recorte, al igual que otras instituciones de salud y del Estado en general. Entre otras cosas, las contrataciones pasaron a renovarse de manera anual a trimestralmente, lo cual provocó que hubiese la misma cantidad de renuncias que de cesanteos. En la última tanda de renovación se dieron de baja 32 contratos, es decir: el gobierno despidió a 32 personas.
Con menos profesionales en este nuevo trimestre, las paritarias del sector cerraron al 1% en el último mes: las más bajas de la historia. Así y todo, se mantenían las tareas y los puestos de trabajo, y por eso la decisión intempestiva de cerrarlo igualmente sorprende. Aunque la única política del Ministerio de Salud sea el desmantelamiento.
Otra alarma se encendió dos semanas atrás, cuando el vocero presidencial Manuel Adorni anunció el traspaso de hospitales nacionales a las jurisdicciones locales. Al único Hospital que nombró fue al Bonaparte. Hortencia Cáceres, jefa de guardia, ex jefatura de consultorios externos, desde el 2016 en el Hospital, cuenta:“Dentro de los organismos descentralizados somos el más chico, pensamos que nos iban a traspasar a la Ciudad. No había ningún tipo de confirmación ni tampoco desde el Gobierno de la Ciudad sabían nada. Entonces lo que nosotros creemos es que la intención del cierre va en línea del desguace que se está haciendo desde el Estado y el Ministerio de Salud sea solo un rector y esté por fuera del presupuesto los descentralizados. El Bonaparte es el que menos presupuesto tiene, y empezar por acá es uno de los puntos más débiles: se está metiendo con la salud mental”.
Cómo trabaja el Bonaparte
Cuenta Hortencia sobre lo que está en juego: “Nosotros tenemos muchísima población que está en situación de calle y nosotros le brindamos la atención, es un grueso muy importante en nuestra población. Pero últimamente también estamos recibiendo también personas que no están pudiendo pagar la prepaga: a esas personas también las estamos absorbiendo nosotros”.
El cierre del Bonaparte no contempla un plan B: no es una reestructuración ni se plantearon instancias intermedias. “Es dejar a la deriva no solo a los 620 trabajadores que somos hoy en día sino también a los miles de pacientes que hacen tratamientos”, remata Hortencia.
Gabriel Hagman relata desde adentro: “Hay que entender que es muy difícil para la población a la que nosotros apuntamos acceder al sistema de salud. La problemáticas de salud mental es una problemática de lazos; son personas que están solas, con niveles altos de vulnerabilidad. Una gran parte son personas con consumo problemático. Lo que se ha construido en todo este tiempo es un hospital abierto, que rompe esas trabas de acceso, y acompaña: hay muchísimas personas y familias para las que el cierre significaría un impacto muy grande”.
El Bonaparte es un hospital modelo en el abordaje de la salud mental. Su universo implica el seguimiento de tratamientos de internación y ambulatorios, de consultorios externos, de hospital de día; los 365 días del año una guardia de lunes de 8 a 20 que atiende con demanda espontánea; y de 20 a 9 una guardia interdisciplinaria que sostiene la posibilidad que cualquier persona que llegue sea atendida o sea derivada.
Además: tiene equipos territoriales que hacen operativos; tiene una casa en el barrio Zavaleta con asistencia a familias; y hasta hace 3 meses también tenía una presencia diaria en Isla Maciel, cerrada tras la decisión de la gestión actual de eliminar el dispositivo y trasladar a los profesionales al Hospital. Esa población difícilmente viaje hoy de la Isla a la sede central.
¿Qué hay detrás de esta jugada perversa? Gabriel lo piensa en relación a otros momentos históricos con decisiones parecidas e intenta avizorar, en medio del shock, qué tipo de modelo insalubre se está planteando desde el gobierno nacional: “Hay un antecedente trunco respecto a la instauración de la cobertura universal de salud que fue muy resistida y que tiene que ver con pensar distinto cómo se financia la salud. Quieren correr al Estado como el prestador, el que genera equilibrio y equidad de que la salud sea pública, igualitaria y de calidad. Seguramente viene más por ahí: por el lado de las tercerizaciones y las privatizaciones encubiertas”.
La fortaleza de la lucha
Hortencia relata que las y los trabajadores se encuentran en “vigilia permanente”, haciendo actividades culturales en la puerta del Hospital, con permanencia adentro en turnos rotativos (el Bonaparte sigue atendiendo) hasta el día lunes en el que, en teoría, saldría el decreto. Ese día se convoca a una conferencia de prensa a las 11 horas en la puerta del edificio.
Hoy la calle de Combate de los Pozos sigue llena. De médicos, psiquiatras, psicólogos, licenciadas en educación, residentes, ex residentes, ex trabajadores de Hospital que sienten que el Bonaparte, por ser un hospital modelo, es un lugar de pertenencia. Eso, dice Hortencia, es una fortaleza en este proceso de lucha que parece recién comenzar: “Es un hospital modelo a nivel de cómo se aplica la Ley Nacional de Salud Mental. Por eso para nosotros es un orgullo enorme el Bonaparte y vamos a demostrar eso: lo mejor que tenemos es seguir organizados para evitar el cierre”.
Gabriel coincide: “Es difícil, es shockeante. Nos cuesta mucho asimilarlo y pensar cómo se puede seguir. Hay algo muy notorio que es el altísimo compromiso de los laburantes del Hospital con el proyecto de salud que representa. Eso se nota mucho y ha posibilitado sostener en instancias muy difíciles que el hospital siga existiendo. Tenemos muy claro por qué estamos acá y qué estamos haciendo. Está claro que se trata para todas y todos de nuestro trabajo, pero a la vez es el hecho de que uno tenga la convicción de que mucho de cada uno está puesto en ese trabajo. Tiene que ver con lo que uno cree, con el tipo de práctica, de garantizar el derecho, que hace que no sólo están tocando un hospital: nos están tocando a todos y a todas. Y eso me parece que es un poco lo que se reflejó ayer y hoy: no tardamos ni un minuto en generar una convocatoria que a la media hora teníamos miles de personas en la puerta de Hospital, con compañeros de otros hospitales, de otros sectores. Hay apoyo. La salud mental es algo importante, serio; nos damos cuenta que se están metiendo con algo muy sensible. El involucramiento personal que cada uno tiene con esto que hacemos es una fuerza que va a hacer que el costo que tengan que pagar será mucho más alto del que imaginaban”.
Nota
Volvió Julian Assange: “Me declaré culpable de haber hecho periodismo”
El fundador de Wikileaks dio hoy su primer discurso público desde que fue liberado tras 14 años de encierro. “Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, comenzó disculpándose ante la audiencia. Acompañado de su esposa y abogada, trazó un detallado racconto de lo que representa su caso hoy, haciendo eje en los peligros de la persecución al periodismo y los límites a la libertad de prensa; señaló a la justicia, a la inteligencia y a los poderes “transnacionales” como parte del esquema de amedrentamiento, a favor del ocultamiento de la verdad: “Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”, sintetizó. Resumimos aquí sus palabras incómodas, que volvieron a ver y echar luz.
Por Bernardina Rosini
Estrasburgo, Francia. En el Consejo de Europa y bajo la mirada atenta de los parlamentarios de 46 estados de la organización de derechos humanos de Europa, habló Julian Assange. Es el primer discurso público que realiza desde su liberación el pasado mes de junio, tras 14 años de encierro —primero en la embajada de Ecuador en Londres, y luego en la prisión de Belmarsh, en el Reino Unido—, enfrentándose a la extradición a Suecia y a Estados Unidos.
El escenario elegido por Assange para su regreso a la vida pública no pudo ser más simbólico. El fundador de WikiLeaks es una figura emblema de la libertad de expresión, y lo expresado esta mañana no fue tanto una declaración personal como una advertencia sobre los peligros que enfrentan el periodismo y las democracias hoy.
Sentado junto a Stella, su esposa, madre de sus hijos y su representante legal, Assange expuso con voz pausada pero firme. Esta aparición fue una excepción dentro de su esquema de recuperación: “La experiencia del aislamiento durante años en una celda pequeña es difícil de transmitir. Te quita el sentido de identidad”, dijo Assange. “Tampoco puedo hablar todavía de las muertes por ahorcamiento, asesinato y negligencia médica de mis compañeros de prisión. Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, se disculpó ante la audiencia.
Periodismo en el banquillo
Julian Assange no brindó más detalles que aquella mención sobre su encierro. Su mensaje, claro y directo, apuntó más bien al papel del periodismo en las democracias contemporáneas y al ataque sistemático que éste sufrió en las últimas décadas.
“Finalmente elegí la libertad por sobre una justicia irrealizable”, afirmó Assange al explicar por qué aceptó el acuerdo que lo liberó: “Quiero ser totalmente claro: no soy libre porque haya funcionado el sistema. Soy libre porque me declaré culpable de haber hecho periodismo” y detalló: “Me declaré culpable de buscar información de una fuente. Me declaré culpable de obtener información de una fuente y me declaré culpable de informar al público cuál era esa información. No me he declarado culpable de nada más”.
En sus palabras Assange no solo reflejó su lucha personal, sino que también expuso una verdad más amplia: el sistema judicial, que debiera proteger la verdad y la libertad de prensa, se convirtió en un instrumento para silenciar o inmovilizar oponentes. ¿Nos suena?
“Después de años de encierro y enfrentar una pena de 175 años de prisión sin ninguna solución efectiva, no podré buscar justicia por lo que me hicieron debido a que el gobierno de los Estados Unidos insistió por escrito en su acuerdo de culpabilidad en que no puedo presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o incluso en virtud de la Ley de Libertad de Información”.
La intervención de Assange resaltó las fallas fundamentales del sistema legal internacional, que fue utilizado como arma en su contra. “La persecución transnacional es una amenaza real”, subrayó. Los poderosos, según él, han aprovechado los vacíos y contradicciones en las normativas internacionales para perseguir y reprimir a quienes exponen sus crímenes: “Molestamos a uno de los poderes constitutivos de los EE.UU.: el sector de la inteligencia, quienes tuvieron el suficiente poder para forzar una reinterpretación de la Constitución americana. Mi ingenuidad fue creer en la ley; después de todo, las leyes son solo trozos de papel y pueden reinterpretarse por conveniencia política”.
“La criminalización de las actividades periodísticas es una amenaza para el periodismo de investigación en todas partes”, alertó Assange, llamando la atención sobre el peligro que representa este tipo de persecución para la democracia y esperando que su testimonio sirva para visibilizar las debilidades del sistema de garantías existente. Además de señalar los desafíos por delante, Assange compartió su análisis sobre el periodismo y las noticias desde que está en libertad: “La verdad parece ahora menos discernible y lamento todo el terreno que se ha perdido durante ese período de tiempo. Cómo se ha socavado, atacado, debilitado y disminuido la expresión de la verdad. Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”.
La persecución transnacional y el impacto en la libertad de expresión
Julian Assange es más que una figura en el ojo del huracán. Su caso sienta precedentes peligrosos para la libertad de expresión y para la justicia a nivel global. En su discurso ante el Consejo de Europa, Assange denunció la persecución feroz que ha enfrentado, no solo como individuo, sino como un periodista que expuso verdades incómodas. “Ningún individuo tiene la menor esperanza de defenderse de los vastos recursos que puede desplegar un Estado agresor”, afirmó con dureza, señalando cómo su lucha contra el aparato judicial estadounidense revela la fragilidad de las garantías jurídicas cuando un poder decide imponer su voluntad extraterritorialmente.
Assange también reflexionó sobre la naturaleza del periodismo y el rol de quienes buscan la verdad: “Entiendo el debate que hay a la hora de diferenciar a un activista de un periodista. Para mí, la clave es ser siempre preciso. Todos los periodistas deben ser activistas de la verdad”. Este comentario enfatiza la importancia de no solo informar, sino también de actuar con responsabilidad, profesionalismo y precisión en un mundo donde la información se ha convertido en un campo de batalla.
Lo que comenzó como una acusación de espionaje se transformó en una guerra jurídica que desafía los límites del derecho internacional. Assange dejó en claro que la criminalización del periodismo de investigación, especialmente cuando involucra a potencias mundiales, es una amenaza latente. A través de su caso, se desvelaron las inconsistencias y abusos de los sistemas legales, los cuales se tornan herramientas para reprimir voces disidentes en nombre de la seguridad nacional.
La situación que Assange tiene resonancias directas con los procesos de lawfare que afectaron a figuras políticas América Latina, y la violencia creciente contra periodistas críticos del gobierno de nuestro país. El uso de herramientas legales como mecanismo de persecución política y judicial para silenciar voces críticas interpela nuestra actualidad. En su intervención, Assange también subrayó la necesidad de una respuesta colectiva: “Es vital estar juntos para hacer frente a las amenazas a la libertad de prensa”, en un llamado a la unidad frente a la creciente represión a nivel global.
La advertencia de Assange no debiera diluirse: los derechos de quienes exponen la verdad están bajo ataque, y las democracias que no los protegen se arriesgan a morderse la cola. La criminalización del periodismo no solo pone en peligro la libertad de expresión, sino que erosiona los pilares de sociedades abiertas e informadas.
Lo que está en juego es el futuro del periodismo y su capacidad para desafiar el poder: eso es lo que, una vez más, nos dejó claro Assange hoy.
Gracias.
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