Tres concejales del FpV votados por el pueblo votaron en contra de que el pueblo vote si quiere o rechaza la megaminería a cielo abierto. Ese trabalenguas podría ser un resumen de lo que pasó en el Concejo Deliberante de Jáchal este último jueves, agravado por otra desgracia de esta democracia: las promesas electorales. “Estos concejales que ahora se abstuvieron de votar habían prometido en sus campañas que iban a acompañar la consulta” cuentan los vecinos. La ordenanza consiguió tres de los cuatro votos necesarios –sobre un total de seis- y así quedó trunca la posibilidad de que los jachalenses expresaran su apoyo o su rechazo a los emprendimientos megamineros en la zona, tras el derrame de más de un millón de litros de cianuro en septiembre de 2015 por parte de Barrick Gold.

En Esquel esa herramienta terminó en un rotundo 82% por el No a la mina, y hasta hoy los vecinos lograron detener los proyectos en la zona. El plebiscito de Jáchal no era vinculante (en caso de salir el “no”, el Ejecutivo no tenía la obligación de cancelar los proyectos mineros), pero serviría como una forma de medir la licencia social de la megaminería a más de 10 años de la apertura de la mina Veladero. La iniciativa había permeado en el Concejo Deliberante gracias al concejal Ricardo Morales, que antes de obtener el cargo fue un vecino activo de la Asamblea tras el derrame, y fue apoyada por José Codorniu y Enrique Aballay. Los concejales Javier Llano, Ema Castro y Fernando Díaz, los tres, del Frente para la Victoria se abstuvieron de votar la iniciativa.
Un detalle: según el abogado de la Asamblea, Diego Seguí, los concejales de FpV se abstuvieron de votar sin pedir permiso al cuerpo, tal como lo exige el artículo 106 del Reglamento Interno. Es decir, su voto sería inválido. “Vamos a pedir que se rehaga la votación”, cuenta Saúl Ceballos. “Y que voten por sí o por no, que no haya abstenciones”, reclama para dejar las posiciones en claro. “Y si no, les pediremos la renuncia”.

El pueblo contra el pueblo

El jueves el Concejo Deliberante local amaneció rodeado de policías y con una visita inesperada: cerca de 200 trabajadores mineros se concentraron en una de las calles laterales. “Es lamentable ver cómo el poder enfrenta al pueblo”, posteaba Florencia – integrante de la Asamblea- en las redes con la foto de las intimidantes camperas naranajas. “El lobby político movilizó a los empleados de la Barrick para ejercer presión contra los concejales y contra nosotros”, analiza Ceballos, otro vecino. “Hay que aclarar que no tenemos nada contra ellos, al contrario: son los primeros que padecen enfermedades por contaminación”.
La Asamblea Jáchal asegura que la mayoría de esos empleados no son jachallenses y calculan que apenas 30 de los 3.500 empleados que tiene Barrick Gold viven en la ciudad. “De todos modos no queremos que se queden sin trabajo sino al contrario: que tengan mejores trabajos que el de Barrick, que es temporario y precarizado. Hay que dar la discusión de cómo generar empleo en San Juan sin depender de la mina”.
En la Mu 93, los jachalleros contaron cómo se generó la dependencia laboral de la mina, relegando las principales actividades económicas: la agricultura y el turismo. “Fueron las dos industrias más golpeadas por el cambio en el agua, que ahora tiene otras sustancias. Ni hablar después del derrame: los hoteles se vaciaron”.
Para evitar cruces con los empleados mineros, la Asamblea decidió esperar el resultado de la votación en el acampe que mantienen desde hace siete meses frente a la Municipalidad. Cuando la radio dijo que la consulta no había sido aprobada, los vecinos hicieron su interpretación: “Les han bajado la línea de que no voten a este proyecto. ¿Quién? El gobernador Sergio Uñac, y el ex gobernador, hoy diputado José Luis Gioja. Los concejales habían dicho que estaban a favor de la consulta popular, y ahora votaron en contra”.
Los vecinos decidieron no quedarse quietos, y en pocas horas juntaron 50 vehículos para hacer una caravana a favor de la consulta, en contra de la megaminería y denunciando a los concejales veletas. “Que sepan que nosotros estamos acá y que el no haber permitido que la población se exprese es una medida autoritaria”, dice Saúl. “Nosotros no queríamos ni estábamos solicitando que ellos hagan una ordenanza donde se prohíba la megaminería, sino pidiendo que nos dejen decir lo que pensamos”.

Consultas

El derrame de cianuro de 2015 fue la confirmación del peor pronóstico que un grupo de vecinos de Jáchal vaticinó en 2004, cuando la mina se preparaba para instalarse. El orden de las cosas indica que “nos tendrían que haber preguntado hace 15 años si queríamos o no el proyecto minero. No lo hicieron, y ni siquiera cumplieron con las audiencias públicas previstas por la Ley”.
Con el tiempo, las promesas de trabajo y progreso para el pueblo la empresa y el gobierno lograron aplacar las denuncias, y la mina Veladero se instaló a todo trapo. Más de diez años y un millón de litros de cianuro después los jachallenses ya pueden decidir con experiencia e información, y no con espejitos de colores: “Nosotros consideramos que es un momento adecuado para que esa consulta directamente haga que el pueblo decida sobre su futuro”, resume Ceballos.
Las denuncias por la contaminación de Barrick se colaron en plena campaña electoral, y obligaron a los concejales a tomar nota del reclamo. “Todos prometieron que iban a acompañar al pueblo, pero ahora que tuvieron en sus manos la oportunidad, la rechazaron”. ¿Qué pretextos dieron? “Que Jáchal no podía decidir por el resto de la provincia, que no estaba claro cuál era la cuenca del Río Jáchal, que la megaminería era un concepto oscuro”, enumera Ceballos las respuestas que recibieron ante el pedido de explicaciones. Y resume: “Hemos elegido personas que no están a la altura de las circunstancias. Con funcionarios de esa calaña nosotros no estamos seguros de que nos quieran proteger, sino al contrario”.
Los tres concejales que se abstuvieron de apoyar la iniciativa, y así la frenaron, votaron en bloque. Según los jachallenses, los días previos habían circulado sugestivas declaraciones del ex gobernador Gioja y el actual, Uñac, del mismo bloque, quienes consideraron que la consulta “generaba divisiones y enfrentamientos” y que “era un avasallamiento a la ciudadanía”.
Sin embargo el propio Gioja promovió en 2011 una consulta popular que le terminó permitiendo su re-relección: “Ellos quieren escuchar a la gente cuando la gente dice lo que ellos quieren”, analiza Ceballos. “Cuando fue la consulta popular para que Gioja se presentara por tercera vez como candidato ahí sí se escuchaba. Pero ahora, como aparentemente no les conviene, en este caso el pueblo no debe ser escuchado”.
La Asamblea cuenta que el gobierno realizó “al menos, 4 encuestas” para evaluar la conveniencia de apoyar o rechazar el plebiscito. “Evidentemente no les tienen que haber dados los números”.
¿Hubiera ganado el No a la mina? “Es lo que queremos saber. Nosotros no tenemos recursos económicos, escasos recursos humanos y no tenemos el tiempo suficiente para hacer encuestas propias. Solamente creemos que la consulta popular es un medio adecuado para que el pueblo de Jáchal decida sobre su futuro”.
En una entrevista con la radio comunitaria La Lechuza el concejal que promovió la ordenanza interpretó que “no quisieron aprobar la consulta porque perdían”.

Contexto

No es la primera mala que reciben los jachalenses en lo que va del año. “La quita de retenciones va en el mismo sentido: apoya a las mineras, perjudica al pueblo”, dice Saúl Ceballos. “Nosotros hubiésemos querido que las autoridades nacionales hubiesen venido primero a ver cómo estaba el pueblo de Jáchal y después tomar medidas, pero no. En ese sentido vamos a seguir luchando con todo en contra”.
La ola pro minera parece continuar con la instalación de nuevos proyectos en la zona: Ceballos cuenta que la Asamblea tiene información de, al menos, otros diez proyectos megamineros que están en curso en la cuenca del Río Jáchal. Muchos en proceso de exploración, uno de ellos ya con un campamento instalado: proyecto El Carmen.
Por otra parte, la semana pasada la oficina local de la ONU presentó sus resultados de un informe realizado a partir del desastre ambiental producido por Barrick. En su conclusión se sintetiza: “En términos generales, pueden advertirse impactos asociados al incidente ambiental en las Zonas 0 y 1 (es decir, las más cercanas al punto de descarga), mientras que en las restantes zonas, sobre la base de las determinaciones analíticas en muestras de agua y sedimentos y los estudios limnológicos, no se han constatado evidencias de anomalías asociadas al incidente ambiental”.
En febrero, una investigación de la Policía Federal había revelado lo contrario: cinco ríos de Jáchal contienen cianuro, dos de ellos con niveles que afectan la vida acuática.
La Asamblea lee con pinzas el informe de la UNOPS, y acota:

• “Los laboratorios con los que ellos investigaron trabajan para la compañía Barrick Gold: no van a perder esa entrada por una contratación de UNOPS”.
• “El informe tiene un problema fundamental: toman como líneas de base un estudio de la empresa del 2013. La línea de base tiene que ser estudios hidrólogicos de antes de cuando se instaló la mina”.
• “Ellos establecen la hipótesis de que no hubo contaminación en zona 3 y zona 4, pero sí en la 0. En esa hipótesis quisiéramos saber cómo se pude hacer saber cuándo y donde esa contaminación va a llegar a los pueblos que vivimos más abajo”.

Los informes que avala la Asamblea, por su profundidad y seriedad, son el de la Policía Federal y el realizado por profesoinales de la Universidad de Cuyo. Por su parte, durante mayo realizaron un estudio con un perito propio, el hidrogeólogo Robert Moran, experto en minería. La Asamblea espera poder presentarlos la semana que viene.

Fotos: Ignacio Yuchark/lavaca