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El rebelde del Fondo: quién es Jaru Rodriguéz, preso por protestar

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Detenido sin pruebas desde hace 50 días, a raíz de las últimas protestas contra el acuerdo del FMI, Jaru Rodriguéz se transformó en un nuevo preso político del actual gobierno. Dirigentes que celebran junto a la oposición, una justicia que ataca las marchas, un migrante que vino al país para estudiar y progresar, tras las rejas: perfil de un joven estudiante, y su voz desde el otro lado del vidrio de la alcaldía donde se encuentra detenido. Hoy 17hs se hará una jornada de clases públicas y luego una conferencia frente a la facultad de Ciencias Sociales, donde Jaru cursaba. «La consigna será posicionar a la facultad contra la criminalización de la protesta», asegura la convocatoria, motorizada por sus amigos.

Por Facundo Lo Duca

Lo siguen. Lo sabe. Él frena. Ellos frenan. Así dos, tres veces. Jaru Rodríguez, a bordo de su auto, acelera por Acassuso, provincia de Buenos Aires. Está asustando y llama a un amigo en la secretaría de desarrollo social de Vicente López.

─Alguien me está siguiendo en un auto. Ayudame, por favor ─le dice.

─Venite ya para la secretaría.

Cuando llega, el auto que lo venía siguiendo también se detiene. Una moto se suma. Son policías de civil. Explican que su auto tiene “irregularidades”, que no querían que se metiera en algún taller mecánico. Su amigo sale del edificio público con más personas. Nada de esto los convence. “No pueden perseguirlo así, muchachos”, les dicen. Los efectivos se van. Pero a la noche, cuando Jaru Rodríguez regrese a su casa, mientras duerma junto a su novia, todo sucederá rápido. El estallido de la puerta, las esposas, el viaje hasta una celda fría en una alcaldía de Lugano. Rápido: el escarmiento. “Supimos que uno de los detenidos por el ataque al despacho de Cristina Kirchner era beneficiado del Potenciar Trabajo”, dirá el ministro de desarrollo social, Juan Zabaleta. “Ya lo dimos de baja. La sociedad los ayuda para que puedan trabajar, no para que atenten contra la vicepresidenta”, concluirá. “Muy bien que le saquen el plan”, sumará la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. “Ahora anímense a sacárselo a aquellos que todos los días cortan las rutas”. Todos: “Atentado piquetero”. “Planero”. “Zurdo”. Pero nadie: ollas populares en Constitución, huertas agroecológicas en Ciudadela, la ayuda a otros migrantes en pandemia. “La calle”, dirá semanas después Jaru Rodríguez ─venezolano, 29 años, alto─ a través de una pared gruesa y vidriada en la alcaldía de Lugano. “Extraño la calle, marchar con mis compañeros. Protestar no es un delito”.

El 16 de marzo, Jaru Rodiguéz fue detenido en su casa de Acassuso, tras un allanamiento policial. La orden de su captura había sido dictada por la justicia porteña, luego de acusarlo falsamente de ser unos de los responsables de los piedrazos del 11 de marzo al Congreso de la Nación, mientras se desarrollaban las protestas contra las negociaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Otras dos personas que marchaban ese día, Julián Lazarte (liberado en los últimos días) y Oscar Santillán, también fueron arrestados en las mismas condiciones. Las pruebas presentadas por la Justicia contra Jaru, explica su abogado Martín Alderete, carecen de sustento legal: no hay cámaras, ni testigos que lo ubiquen en alguno de los momentos donde se produce la pedrada al parlamento y, como se supo después, al despacho de la vicepresidenta. Para Alderete el encierro de Jaru solo contribuye a “criminalizar la protesta” a través de una causa con “alto contenido xenófobo”.

¿Quién es Jaru Rodríguez?

 “Ponía el cuerpo. En las ollas populares, en la facultad, en huertas, en las causas migrantes. Pocos articulan la militancia y el territorio como lo hace él”, dice Facundo Cifelli, amigo de Jaru. Lo conoció en el Ciclo Básico Común (CBC) de la carrera de sociología en 2015. Ese año Jaru había llegado a Buenos Aires para empezar una carrera universitaria, tras vivir cinco años en Nueva York. Allí, en una ciudad fría y hostil para cualquier migrante sin recursos, había intentado acceder a una beca de estudio, pero no tuvo suerte. Entonces hizo lo que cualquiera: trabajar de lo que sea. “En Estados Unidos aprendió el oficio de barista, así que llegó y se abrió un café con un socio en frente del colegio Mariano Acosta”, cuenta Cifelli. La ubicación de ‘Café Furia’, frente al histórico Mariano Acosta, nutría a Jaru de debates políticos frecuentes. Sin embargo, su socio abandonó el proyecto a fines del gobierno macrista y precipitó el cierre del local. “Trabajaba él solo doce horas por día. No pudo mantenerlo. Yo lo ayudé un tiempo, pero con la crisis económica se hizo insostenible”, recuerda su amigo. Para fines fines del 2019, Jaru ya militaba en varios espacios políticos. Desde agrupaciones como el MTR (Movimiento Teresa Rodríguez), donde colaboraba cocinando en diferentes comederos, hasta organizaciones migrantes dedicadas a la asistencia social. Su apoyo en el territorio era cotidiano, quizás lo más importante. Facundo recuerda una anécdota particular que refleja esto. Para una materia de la carrera de sociología debían hacer una comparativa de dos situaciones socialmente opuestas. Muchos elegían la aristocracia del Patio Bullrich frente a lo populoso del Mercado de Constitución. O la pasividad de un partido de tenis en un club privado contra la euforia de una cancha de fútbol. Jaru, sin dudar, lo llevó a un boliche dominicano y luego a un bar de rock en Colegiales. “La tenía muy clara con el mapeo económico y social de Buenos Aires”, vuelve Cifelli. “No era un militante orgánico. Curtió experiencias que lo llevaron a entender que había que poner el cuerpo por el otro”.

Tras el cierre de su bar a fines del 2019, Jaru consiguió trabajo en la cooperativa de alimentos ‘Qué comés cuando comés”, dedicada a la distribución de frutas y verduras agroecológicas en Capital Federal. “Era una máquina de laburar”, recuerda Pablo Gandolfo, integrante de la cooperativa. “No paraba nunca. Tenía una metodología de trabajo con los alimentos muy práctica. Se notaba que tenía cancha”, agrega. Sus inquietudes por la soberanía alimentaria lo llevaron, meses después, a empezar a colaborar con una huerta en Ciudadela. La tierra húmeda entre sus dedos, la disputa por el acceso a la comida ─por los otros, por los espacios─ lo pondría en la calle en plena pandemia.

“Fue la primera persona que conocí que se contagió covid”, cuenta Lautaro Matéu, también compañero de Jaru en Sociales. “Cuando empezó el confinamiento estuvo en la primera línea de las ollas populares. Siempre estaba activando alguna”, dice. “Le gusta cocinar. Él desde ahí impulsa un espacio de debate. ¿Qué es realmente lo que comemos hoy?”. Lucas López, también estudiante de sociología, lo define así: “Un militante sin casete”. Y sigue: “No repetía discursos. Se involucraba mucho con el espacio que habitaba y eso lo hacía alguien querible. Sea en la facultad o en cualquier parte”.

Tras un año de trabajar en la cooperativa, Jaru había empezado un nuevo empleo como repartidor de comida para una aplicación digital. Por su salario precarizado, recibía una complementación a través del programa estatal Potenciar Trabajo. El 11 de marzo asistió a la marcha para protestar contra una nueva negociación con el FMI. Cinco días después ─tras ser perseguido de forma ilegal─ fue arrestado y trasladado a una alcaldía de Lugano.

Facundo, amigo del CBC, de espaldas a la alcaldía en Lugano donde Jaru se encuentra detenido. Foto: Sebastian Smok

De este lado de la reja

La sala es fría, un rectángulo de cemento opaco, liso. Hay una pared vidriada que separa, un teléfono, veinte minutos. Jaru Rodríguez, del otro lado, viste un buzo holgado y beige. Sonríe. Lo hará en cada respuesta. Como si hubiera aprendido a hablar así: un dejo de optimismo entre los labios.

─Extraño cocinar. Me gustaría preparar unas arepas para mis compañeros acá adentro, pero no nos dejan. El secreto para preparar una buena arepa es ser uno mismo. Porque es un plato con personalidad. Podes hacerlas más finitas, más gruesas, depende de quien seas.

De chico vivía con su abuela en unos monoblocs de Caracas. A los 18 años, se fue a Nueva York. Allí, dice, sintió el peso de las injusticias sobre sus hombros.

─Fue duro. Estuve cinco años. Vi de todo. Entendí lo que significa ser un inmigrante. Lo necesario que es que alguien te ayude, que te de una mano sin que las pidas.

Durante la pandemia, participó en la ciudad del censo migrante junto a su agrupación política. Iban casa por casa para charlar con diferentes migrantes socialmente vulnerados. Un espejo que lo asustó, dice, pero que también confirmó por qué estaba ahí mismo.

─Extraño la calle. A mis compañeros, a mi novia, la facultad, la huerta. Estoy preso por protestar, por ejercer mi derecho. Lo sé. Y la voy a pelear. Sé que mis compañeros lo están haciendo afuera. Por mí.

Un policía afuera dice que se terminó el tiempo. Jaru estira el brazo. Arriba. Más arriba. Apoya. Una palma que se abre sobre una pared vidriada. Dedos formando una estrella en el aire. Así son las despedidas del otro lado. Jaru Rodriguez, los ojos se le empañan, se ríe.

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Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

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La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

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En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
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