Nota
Jornadas La protesta social no es delito: Bases legales contra la criminalización de la protesta
Los reclamos sociales merecen una «protección especial», porque exigen el cumplimiento de «derechos fundamentales» y se basan en otros, «vinculados al derecho de peticionar a las autoridades». Así lo expresó el constitucionalista Horacio González, integrante de la Comisión de Acción Jurídica de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), el lunes por la tarde en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En defensa de los más de 3.000 luchadores populares de todo el país que tienen causas judiciales por manifestarse, se desarrolló la jornada «El Derecho y la protesta» en el salón Verde de esa casa de estudios, en el marco de la Semana contra la Criminalización de la Protesta Social que motoriza el colectivo Alerta Salta. «El ejercicio del Derecho tiene que tener una protección especial, fundamentalmente porque se trata de derechos que tienen que ver con el desarrollo de nuestra democracia y con el desarrollo de una sociedad democrática fundamentalmente», expresó González, ante las más de 100 personas que asistieron a la actividad, entre las 17:20 y las 19:00. De esta manera, el hombre de la CTA dio sustento jurídico al reclamo de no persecución de los luchadores populares de la Argentina. Tal es el caso de José «Pepino» Fernández (con 76 causas) y de Marina Schifrin (docente condenada a tres meses de prisión en suspenso por cortar una ruta), quienes contaron sus experiencias, en el acto que moderó el profesor de derecho constitucional de la UBA y de la Universidad Torcuato Di Tella, Roberto Gargarella.
El Derecho en la ruta «Cuando cortaban la ruta, los compañeros estaban reclamando por derechos fundamentales y ejerciendo derechos fundamentales, vinculados a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, al derecho de peticionar a las autoridades», amplió González. Manifestó que se requiere un progreso del derecho, y bregó por un «cambio jurisprudencial». «Se debe cambiar la tendencia judicial que ha impregnado a la jurisprudencia de nuestra Corte durante décadas -dijo- que ha sido enfocar el derecho desde el Estado y no desde las personas». «Ha habido una política de Estado, en los distintos niveles, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que avanzó hacia la criminalización de la protesta social, y esto tiene que ver con el grave deterioro del Estado de derecho en la Argentina», agregó. Luego, sugirió algunos argumentos jurídicos a la defensora de más de 600 procesados del noroeste argentino, Mara Puntano, que también participó de la mesa. «No se trata de si es un delito no, de si conocían o no que la conducta era delictiva o no, de si estaban en un estado de necesidad o no», definió tajante González. Sostuvo que quienes cortaron una ruta, simplemente eran personas «ejerciendo derechos». «Conocían perfectamente lo que hacían, porque conocían los límites de su protesta, y los límites de su protesta tienen que ver con que el Estado les reconozca derechos que hoy están en la Constitución Nacional», expuso. Más allá de los lineamientos de la defensa de los hombres de la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de Mosconi, que había expuesto Puntano, González se inclinó por cambiar el punto de vista. Instó a los jueces a analizar los derechos que se ejercen y los reclamos que se hacen en relación con los derechos fundamentales. «Me parece que los penalistas incurren en un defecto cuando enfocan este tema desde el Código Penal y no desde la Constitución. No se trata de delitos, sino de ejercicio de derechos”.
Protesta y Propuesta social «Es bueno pensar en si la salida de este país y de la Justicia consiste en criminalizar la protesta o en atender los reclamos populares», sostuvo hoy en el marco de las actividades de la Semana contra la Criminalización de la Protesta, la docente de Bariloche Marina Shifrin, perseguida y procesada por participar de manifestaciones sociales. Agregó que no estaba del todo mal que ocurran estas injusticias porque «estos procesos sirven para ponernos de pie y generar conciencia». Junto a ella, Pepino Fernández y Hippie Fernández de la UTD Mosconi y Mara Puntano, abogada de más de 600 luchadores sociales, contaron su experiencia y dejaron bien en claro que la protesta social no es delito. Shifrin propuso planes de acción concreta como la creación y puesta en marcha de un comité de solidaridad permanente con abogados y luchadores sociales; y realizó una verdadera autocrítica hacia adentro de los movimientos sociales: «Tenemos que contar con un campo popular más sólido, con menos recelo entre nosotros», dijo. Sólo de ese modo, se puede conseguir -sostuvo- “ponerle freno a la avanzada de la derecha judicial que intenta criminalizar la protesta”. El sistema educativo en Río Negro enfrenta una grave crisis: «Los docentes ganan menos de 300 pesos y los que tienen antigüedad, con suerte, llegan a 400», contó Shifrin y concluyó: «Me parece que cortar la ruta por la educación pública es legítimo».
Justicia selectiva «Las multinacionales destruyen el ecosistema, deforestan, matan gente, ahí no actúan los jueces pero para juzgarnos a nosotros sí», dijo a su turno Pepino Fernández, procesado por 76 causas relacionadas con la lucha social. Según Pepino en Mosconi no todos tienen luz ni gas y las personas se están muriendo por la toxicidad de los químicos que usan las empresas a mansalva, sin la regulación necesaria. «Lo único que nos queda -agrega- es pedir auxilio porque cuando todo se acabe ¿de qué vamos a vivir nosotros?» La abogada Mara Puntano -que trabaja en soledad defendiendo a más de 600 luchadores sociales- comnezó su discurso así: «En Salta hay 1 millón de habitantes; el 68% vive bajo el índice de pobreza y en Mosconi el 82% está desocupado». Al explicar acerca de las persecuciones y la represión, Mara dijo que la lucha en Mosconi viene desde hace 12 años, exactamente desde que se efectivizó la privatización de YPF y el 95% de las familias que trabajaba en relación de dependencia en la empresa quedó sin trabajo y una gran mayoría sin cobrar. «Hay personas a las que les deben doce años de salario», sostuvo Mara. «Se enfrentan al centro del capitalismo, a monstruosas multinacionales y por eso la represión es tan dura», reflexionó Mara, quien además explicó con claridad por qué la protesta social en efecto no es delito. «Primero para que exista un delito tiene que haber una acción encuadrada dentro del orden jurídico; después esa acción tiene que quebrar ese orden y finalmente tiene que existir la intención de efectuar ese quiebre». La acción es el corte de ruta, es decir, el entorpecimiento del libre tránsito (art 194). Entonces, existe la acción, el encuadre y la ruptura. Pero no existe la culpabilidad puesto que no hay dolo. «No se hace con la intención de dañar a otros, sino para pedir la vigencia de los derechos constitucionales», dijo Mara. «La UTD Mosconi cumple la función de Municipio: la gente se acerca a pedir que refaccionen una escuela o que potabilicen el agua», contó Mara y terminó por cerrar así la realidad de un Estado ausente en todos los aspectos menos a la hora de reprimir. «La gente está diciendo que le den agua potable, hospitales, escuelas ¿dónde está la ilicitud de ese reclamo?», concluyó. Juan Carlos Fernández o Hippie arremetió contra el periodismo y sostuvo que «nunca se ocupan de estos temas: sí están cuando hay un corte pero no cuando hacemos otras cosas, pero nosotros tenemos protesta y propuesta social». «Necesitamos el derecho a la vida», siguió Hippie y dijo con dolor que cada vez se moría más gente joven en Mosconi debido a los derrames de productos químicos de la empresas multinacionales. Las denuncias por estos casos ya están en la Corte Suprema de Justicia, después de muchos avatares por los juzgados provinciales en donde les contestaron «que no tenían competencia». Hippie planteó la recuperación del Estado, la familia, la educación y agregó que en el UTD habían elaborado el proyecto para hacer un Polo Petroquímico: «Vamos más allá de la protesta y eso no les gusta nada a las empresas», reflexionó y agregó: «Nosotros no recibimos bolsones: nuestra mayor dignidad es el trabajo». Para finalizar la exposición sobre derecho y protesta, Horacio González, profesor de Derecho Constitucional de la UBA resumió: estos luchadores no han cometido de ninguna manera delitos sino por el contrario, ejercicios de derecho. Tal vez la forma más extrema de ejercer el derecho, pero es un derecho al fin”.
Nota
Cecilia Basaldúa: la sangre de un sospechoso
Mario Mainardi (en la foto tomada hoy), uno de los principales sospechosos por el femicidio de Cecilia Basaldúa cometido en Capilla del Monte, Córdoba, hace poco más de 5 años, finalmente fue citado por la fiscalía de Cruz del Eje para realizarle este martes una extracción de sangre. La abogada de la familia Basaldúa, Daniela Pavón, se enteró apenas un día antes de esta citación a Mainardi. El sospechoso (actualmente vive en Santa Fe) había sido encargado de alojar a Cecilia en Capilla, y fue la última persona que la vio con vida, el 5 de abril de 2020. Sobre su presencia hoy en Cruz del Eje, contó la abogada: “Sacó fotos a todo el edificio, selfis con tribunales de fondo y salió custodiado con personal de la policía de Córdoba. Se subió a un móvil y se fue”.
Las irregularidades y desinformación o manipulación en la causa han sido frecuentes en perjuicio de la familia y sus defensores (además de Pavón, el abogado Gerardo Batistón es querellante en nombre de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación). También ha significado un ocultamiento a la prensa. Audiencias para las que los testigos no eran notificados, falsos argumentos policiales para explicar su propia inoperancia, demoras incomprensibles en la causa, todos temas por los que hay iniciada una denuncia de la Dirección Nacional de Protección de Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en la Dirección de Investigaciones de las Fuerzas de Seguridad. Además se solicitó a la Fiscalía de Cruz del Eje que la policía de Capilla del Monte, ya no sea la que realiza las notificaciones.
Queda pendiente ahora la información que se brinde a la sociedad sobre este trámite, que permitió ver a un sospechoso clave que nunca dio la cara. La causa ha sido siempre un laberinto sacudido en todo caso por numerosas movilizaciones, desde Buenos hasta Córdoba, para exigir la verdad. Aquí publicamos la crónica de lo ocurrido hace menos de un mes, al cumplirse 5 años del hallazgo del cuerpo de Cecilia Basaldúa.
Fotos y crónica de María Eugenia Marengo para cdmnoticias.com.ar
25 de abril. Cruz del Eje. El GPS calcula unos 2 kilómetros. La entrada a la ciudad está envuelta de un aire viscoso. Una avenida se extiende en silencio y después de atravesarla, la llegada a los Tribunales se convierte en un ritual: una reminiscencia de lo que fue, una promesa de lo que debe ser. El pedido por Verdad y Justicia, es una demanda que crece. Cada letra se ubica en el mismo lugar que ocuparon tres años atrás. Las escaleras de la justicia cruzdelejeña son de un cemento gastado. Raspan, duelen.

¿Qué pasó en Capilla del Monte? El papá y la mamá de Cecilia, Daniel Basaldúa y Susana Reyes, están cargados de bolsas, llenas de carteles con el rostro de su hija, multiplicado. Son como una red que se estira a lo largo de esos 868 kilómetros que conectan a Buenos Aires con el noroeste de Córdoba. El camino recurrente que transitan para llegar a la verdad..
Sin previo aviso, adentro del edificio de Tribunales Daniel y Susana se anuncian. Quieren ver al todavía fiscal Nelson Lingua, quien aún está a cargo de la investigación de la causa, antes de que asuma como nueva fiscal, Sabrina Ardiles. Afuera todavía se respira la niebla. La espera alerta a los policías. Quieren saber si van a venir más personas.
– Lo hacemos para cuidarlos –dice la mujer de uniforme.
Piden datos, intentan tomar nota de lo que es una rutina inventada.
–La policía a nosotros no nos cuida –reacciona Susana y en un intercambio sin sentido, se alejan.
Silvia Rivero es la prosecretaria de la fiscalía, se acerca afuera y los llama. El fiscal se hizo un lugar en la agenda del día viernes. Adentro, el reflejo del piso de tribunales es como un espejo que se extiende, entre mocasines, tacos, alpargatas y zapatillas.
La preocupación de la familia es evidente. El recibimiento del fiscal es cordial. Se explica ante los recientes cambios que pronostican para el mes de mayo a Sabrina Ardiles, como la persona que estará sentada en el mismo sillón inmenso de cuerina, desde donde ahora, les habla Lingua. La dra. Rivero, también explica, y confirma que nunca se dejó de investigar. La necesidad de la confianza es una tregua durante esa hora de reunión, los tecnicismos se suspenden y las palabras se abren en una cronología de datos, guardados en la memoria indeleble de Daniel Basaldúa.

La medida del tiempo de la causa, son las fojas de expedientes que se acumulan. La inspección judicial realizada en el mes de agosto del año 2024, por los posibles lugares donde Cecilia pudo haber estado en Capilla del Monte antes de su muerte, dejó en evidencia la dudosa hipótesis de la anterior fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, quien había asegurado que Cecilia había llegado por sus propios medios al lugar donde apareció sin vida. Mientras que en el transcurso de estos años, cada vez son más los policías que estuvieron en la búsqueda e investigación, presos por violencia de género:
Adrián Lúquez, ex sub comisario, detenido por amenazas con armas de fuego a su pareja. Hoy en libertad, se fue a vivir a San Luis. Ariel Zárate, ex sub comisario de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla Norte –preso por violencia de género. Diego Concha, ex director de Defensa Civil, encargado de la búsqueda –condenado a prisión perpetua por el crimen de Luana Ludueña y por la causa de violencia de género hacia su ex mujer, y Diego Bracamonte, ex comisario departamental, a cargo del operativo de la búsqueda –preso por violencia de género.
El tiempo de la justicia es una curva enredada, en apariencia, inofensiva. El tiempo de la justicia es el de las burocracias que definen su forma de proceder. El tiempo, es de una lentitud que lastima. Las letras se vuelven a guardar.
Son las cuatro de la tarde y el sol avanza en la siesta de Capilla del Monte. En la plaza San Martín, alrededor del Jardín de la Memoria, se arman los gacebos, se pone un aguayo, se llena de flores. Rojas, amarillas, lilas, celestes, el monte aún está florecido. Contrayerba, lavanda, romero, palo amarillo, incayuyo, ruda, los sahúmos se arman. Una compañera comienza a preparar el fuego.
Más lejos, sobre la calle Pueyrredón, en la puerta de la Secretaría de Turismo, la concentración crece. Llegan de todas las direcciones. Con tambores y repiques, con banderas y ofrendas. Una combi estaciona, descienden vecinos y vecinas que subieron en Córdoba y en distintas partes del Valle de Punilla.

La batucada suena, es un comienzo en cuenta regresiva. La marcha avanza a contramano. Hay una indignación que toma el ritmo de los tambores, trepa en el repique y todo se hace canción. La calle techada de Capilla del Monte es un anfiteatro de barricadas. Los sonidos viajan a través de la mejor acústica para el reclamo: ¡Vecino, vecina, no sea indiferente nos matan a Cecilia en la cara de la gente. Cecilia presente!

“Este es un día especial y este lugar es especial porque tiene mucho que ver con lo que le pasó a Cecilia”, comienza Daniel en la puerta de la comisaría de Capilla del Monte, “hay muchos policías involucrados en el caso. Ya lo hemos denunciado muchas veces, pero parece que no alcanza”, dice mirando a los uniformados que permanecen parados como granaderos.

Daniel les recuerda que durante el año pasado, la policía de Capilla debió haber realizado notificaciones a tres personas para declarar en los Tribunales de Cruz del Eje, pero no lo hicieron. Las testimoniales pudieron efectivizarse, porque intervinieron los abogados de la querella, Daniela Pavón y Gerardo Battistón. En ese mismo reclamo, la abogada Pavón se acerca y también hace pública la falta de atención institucional que hay para las víctimas de violencia de género en la localidad.

La familia de Ezequiel Castro, asesinado por la policía de Córdoba, se adelante y los abraza. Alguien grita que ahí mismo, en la comisaría, apareció ahorcado Jorgito Reyna, hace 12 años, atado con la manga de su campera a la reja de una ventana, pocos centímetros más alta que él. Que su causa, también sigue impune y que los golpes que tenía no fueron suficientes para demostrar que lo habían torturado. Que a pesar de no bajar los brazos, las familias sienten que el duelo es un proceso tan profundo, como inacabado.

Susana y Daniel permanecen frente a una multitud, observan hacia adelante y hacia atrás. Saben que la comisaría es señalar lo que siempre llega al mismo lugar: complicidad. “A las chicas les pedimos que no tengan miedo, que denuncien -acentúa Susana- que no se dejen asustar con los policías ni con nadie, nadie tiene derecho a venir a violentarnos”.
El espacio público es un canal clave para recordar que los asesinos de Cecilia están libres, “y que muchos andan dando vueltas por acá”, dice Daniel y remarca que no dejarán de venir a Capilla del Monte, hasta que los responsables del femicidio de su hija, estén presos.
La llegada a la plaza San Martín es un círculo de candombe que la nombra. Hace cinco años que se insiste en las mismas palabras, como un tajo que se abre en el cemento, una cicatriz que se agranda en medio de la incertidumbre: ¿Qué pasó con Cecilia?
Tal es el encubrimiento que las responsabilidades se hacen obvias.
La ronda se acerca al altar. Es un asedio a la justicia que falta. Desde el micrófono se invita a dejar una ofrenda en memoria de Cecilia, a conjurar entre todas y todos ese momento, esa memoria. En el centro de una plaza que se anochece, resuena una voz grabada -desde algún punto del Abya Yala- Lolita Chávez, lideresa maya de los pueblos K’iche de Guatemala, habla entre los yuyos que comienzan a perfumar lo que no se puede detener. Cada rama seca que se enciende se hace una intención, un pájaro que se dispara, restos del día que se van:
“Hoy 25 de abril levantamos nuestra fuerza sagrada, y nuestro poder popular feminista. Reconociendo la memoria, la historia, el vientre en la sangre, de Cecilia Basaldúa. Ese femicidio no debe quedar en la impunidad (…). Con la fuerza de nuestras ancestras, con los fuegos sagrados que encendemos, levantamos nuestra expresión de indignación y lo comunicamos a los cuatro puntos cardinales. Para que nunca más haya este tipo de violencias contra nuestras vidas”.
Las copleras y la poesía toman el escenario. Las y los músicos hacen de Cecilia esa canción y en el centro del caldero caliente, el humo abre el cielo: hay una memoria que se desprende y una vida que cambió de idioma.

En medio del algarrobo que sostiene los carteles de Memoria, Verdad y Justicia, una placa de cerámica con el rostro de Cecilia, también observa. El día queda atrás y en el fondo de la noche, las palabras todavía están en suspenso, son un silencio que pronto dirá.
Nota
Campaña: Encontremos a las/los nietos de Oesterheld
Nota
Cien

Desde que se inició este año desde el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez registramos 100 femicidios, casi 1 por día.
La víctimas fueron desde mujeres de 83 años, como Ana Angélica Gareri, en Córdoba, a una adolescente como Pamela Romero, de 16, en Chaco; y una bebé de 3 años en González Catán.
En este 2025 ya registramos 85 tentativas de femicidio.
En el 2025 registramos en todo el país 77 marchas y movilizaciones que se organizaron para exigir justicia por crímenes femicidas.

En nuestro padrón de funcionarios denunciados por violencia de género, podés encontrar el registro clasificado por institución estatal y provincia. Hasta la fecha, tenemos contabilizados 161 funcionarios del Poder Ejecutivo, 120 del Poder Judicial, 72 del Poder Legislativo, 71 de las fuerzas de seguridad y 71 de la Iglesia Católica.

En el padrón que compila datos oficiales sobre denuncias de violencia de género, podés encontrar datos sobre cantidad de denuncias por localidad y la frecuencia con que la recibimos. Un ejemplo: este mes la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de la Nación informó que durante el primer trimestre de este año recibió un promedio de 11 denuncias por día de violencia contra las infancias.

Otro: el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que no alcanzan al 1% las denuncias por violencia de género que son falsas.
En nuestro padrón de desaparecidas ya registramos 49 denuncias.

Lo que revela toda esta información sistematizada y actualizada es el resultado que hoy se hace notorio con una cifra: 100.
Más información en www.observatorioluciaperez.org
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