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Juicio a mapuches por defender el territorio frente al fracking en Vaca Muerta
Seis integrantes de la Lof Campo Maripe, en Neuquén, llegaron a juicio acusados por “usurpación” en el corazón de Vaca Muerta. El detalle: esa comunidad mapuche vive en el territorio desde 1920. En 2013, luego de que la Legislatura neuquina aprobara con represión el pacto de Chevron-YPF, los Campo Maripe se organizaron para defender sus tierras y exigir que se cumplan las leyes nacionales e internacionales. Por eso sufren ahora un proceso judicial que durará hasta el miércoles y que tendrá al secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente de la provincia como testigo a favor de los empresarios. Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, dice a lavaca: “Son el Poder Judicial, el Gobierno y el privado en contra de una comunidad que ha sido agredida y puesta bajo amenaza, no sólo por estos usurpadores, sino también por el ingreso del fracking al territorio”.
Seis integrantes del Lof Campo Maripe llegaron esta semana a juicio acusados de “usurpación” de tierras en la localidad de Añelo, en Neuquén, en el corazón de Vaca Muerta. “Es absurdo porque ellos nacieron y se criaron en ese territorio”, explica a lavaca Jorge Nawel, referente de la Confederación Mapuche de Neuquén (CMN), que en un comunicado subrayó que los denunciantes son una familia de terratenientes que adquirieron títulos de propiedad durante la última dictadura militar. El juicio durará hasta el miércoles, día en el que se conocerá la sentencia.
La Confederación Mapuche sintetizó el conflicto en dos ejes centrales:
- “Las tierras bajo posesión tradicional, comunitaria e indígena del Lof Campo Maripe se encuentran ubicadas a pocos kilómetros de la Localidad de Añelo, en el corazón del mega yacimiento de gas y petróleo No Convencional, que hoy todos conocemos como Vaca Muerta y que forma parte recurrente de la agenda política de los oficialismos que gobiernan el Estado Nacional y Provincial como una perla del desarrollo y el progreso en estos últimos 7 años”.
- “La causa que se inició en el 2014 tiene como epicentro la firma del convenio entre YPF Y Chevron para el desarrollo de un proyecto piloto de no convencionales. Dicho acuerdo integraba las tierras comunitarias de Campo Maripe y se hizo sin su Consentimiento ni Consulta. Lo que lograron fue una autorización de la familia empresaria Vela. Los hermanos Vela adquirieron un título de propiedad durante la última dictadura militar y desde entonces, intentaron una y mil veces despojar de sus tierras ancestrales a las familias de la Comunidad, aunque nunca lograron su cometido final”.
Nahuel resume a lavaca qué hay detrás de este juicio. “El hecho de que se esté juzgando a una comunidad originaria, que tiene todo el derecho nacional e internacional a su favor, muestra que el fracking se está instalando por las buenas o las malas, que no tiene legitimidad por quienes vivimos allí y, además, saca a la luz todo el manejo espurio de la tierra pública porque se está afectando la naturaleza y su biodiversidad, mientras el gobierno la utiliza como si fuera tierra de nadie”.
Cómo se formatea el poder
Lefxaru Nawuel, joven vocero de la lof Newen Mapu e integrante del conjunto de rock Puel Kona (que actuó con Roger Waters en La Plata, 2018), contextualiza en diálogo con lavaca: “El eje de todo esto es el pacto Chevron-YPF, que generó más de 8 horas de represión en la Legislatura cuando se aprobó, en 2013. En esa zona de explotación está asentada la comunidad Campo Maripe, allí está su cementerio y un montón de otras formas de ocupación que hacen a su vida cultural y sus animales. Ese es el epicentro de lo que llaman Vaca Muerta”.
Los denunciantes contra los mapuche son Andrés, Pablo y Gilberto Vela. Sigue Lef: “Allí es donde entró Gendarmería de manera ilegal, sin orden judicial (https://www.lavaca.org/notas/denuncia-mapuche-contra-bullrich-y-noceti-por-allanamientos-sin-orden-judicial/), por lo que denunciamos a Patricia Bullrich (ministra de Seguridad) y Pablo Noceti (su jefe de Gabinete, uno de los actores centrales en la desaparición de Santiago Maldonado) por abuso de autoridad, y fue el principal escenario de los conflictos con las petroleras estos años. Esta familia denunciante, los Vela, al igual que muchos terratenientes, titularizaron tierras en época de la dictadura, indicio de cómo está formateado el poder en las provincias”.
¿Qué reclaman los mapuches?
Jorge Nawel cuenta que la familia Campo Maripe vivió toda su vida en ese territorio. “Están desde 1920, cuando comenzó el reacomodo de la población mapuche, perseguida tanto por el Ejército argentino como por el chileno, un genocidio que duró hasta fines del siglo XIX. Ese lugar era uno de los sitios más paupérrimos y de mayor pobreza de la calidad del suelo: allí fueron confinados. Había mucho desinterés por parte del Estado, porque no era la pampa húmeda, sino el absoluto desierto, donde las comunidades prácticamente se sostenían en base a la crianza de pequeños animales”.
Luego, en 2013, gobierno kirchnerista, llegó el anuncio del hallazgo de Vaca Muerta con bombos y platillos. “Nos enteramos de la infausta noticia de que estábamos instalados sobre un enorme reservorio y que la única manera de acceder era a través de la técnica del fracking, que implica un impacto enorme sobre la cultura y el territorio. Desde allí comenzó el estado de amenaza para la comunidad de Campo Maripe y, también, comenzó la resistencia, porque no podíamos aceptar pasivamente que destruyan la tierra de esa manera. No solo teníamos razón, sino que empezó la persecución”.
En 2017, MU viajó a Campo Maripe y habló con los referentes de la comunidad, hoy enjuiciados. El lonko Albino Campo describía así qué significa el fracking: “Aquí hay una sola torre trabajando, que permitimos como gesto de buena voluntad para que haya diálogo. En toda el área hay unas 300 o 400 perforaciones trabajando. Habían planificado 1.800, pero lo hemos podido detener. No estamos en contra de la actividad petrolera, pero queremos que se nos consulte como lo exige la ley. No a mí como lonko: a toda la comunidad”.
La familia también describía la contaminación ambiental que percibían en enfermedades (respiratorias, de piel, cánceres) y en las muertes de los animales.
La crónica e investigación completa Los malos de la película puede leerse aquí:
La verdadera alianza
El juicio comenzó este jueves 11 de abril y durará hasta el miércoles. Nawel subraya una preocupación: “Vemos una actitud muy dura, con mucha animosidad, del Ministerio Público Fiscal, que está sosteniendo todos los planteos de los empresarios, que lograron que la Justicia nos convoque como culpables y no como víctimas. Esa alianza entre el poder judicial y el privado nos preocupa, pero más nos preocupa que la semana que viene venga a declarar en calidad de testigo el secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente, Jorge Lara, que va a testimoniar en contra del derecho de la comunidad”.
Nawel sintetiza lo que significa ese dato: “Es el Poder Judicial, el Gobierno y el privado en contra de una comunidad que hasta hoy ha sido agredida y puesta bajo amenaza, no sólo por el trabajo de estos usurpadores, sino también, y sobre todo, por el ingreso del fracking al territorio”.
Barrer del mapa
La Confederación Mapuche sintetizó en su comunicado la trascendencia de este proceso, a cargo del juez Gustavo Ravizolli:
- “El poder judicial evaluará si es posible juzgar a una Comunidad sin considerar los incumplimientos del Gobierno Provincial relativos a las demandas territoriales de las comunidades y dejar libre el camino a las petroleras extranjeras para que arrasen todo a su paso”.
- “El poder judicial deberá evaluar si es posible juzgar una Comunidad reconocida constitucionalmente en su persistencia étnica y cultural, y cuyos derechos territoriales han sido establecidos en el Convenio 169 de OIT, que obliga la Consulta Libre Previa e Informada frente a las actividades que puedan afectar el desenvolvimiento de su vida comunitaria y subsistencia cultural”.
Nawel retoma la descripción sobre la alianza entre el Estado y el sector privado como trasfondo del juicio: “Esa alianza es importante porque el privado no tiene conciencia ecológica ni ambiental, sino que piensa en qué regalías o qué tipo de servidumbre les puede dejar un beneficio económico. Antepone eso a la diversidad de vida que hay en la tierra. Y esa es una lógica que se contradice con todo el pensamiento mapuche, por eso esa alianza tiene un fin claro: barrernos del mapa”.
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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
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83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
Esta es parte de la vida que no pudieron matar: