Nota
Juicio por el asesinato de Rafael Nahuel: la caída del relato Bullrich

Echada por tierra la versión del enfrentamiento armado, las últimas audiencias significaron un avance en la causa que juzga el crimen del joven mapuche de 22 años. Para fines de 2023 se espera la sentencia para los cinco prefectos acusados. En una cobertura conjunta de Perycia y La Vaca, hablamos con la querella, la familia y referentes de la comunidad mapuche sobre los puntos más importantes del juicio.
🖊️ Juan Pucciarelli
📸 Jaime Carriqueo
“Para llegar hasta Fiske fue mucha distancia, y allá tuvimos que buscar cada uno su lugar”, contó, en diálogo con este medio, María Nahuel, tía de ‘Rafita’. Se refiere a Fiske Menuco, término en mapudungún para denominar a la localidad rionegrina de General Roca (quien fuera, justamente, el autor de la masacre de la comunidad mapuche en el siglo XIX). Allí se realiza el juicio por el homicidio de Rafael Nahuel, en el Tribunal Oral Federal, a 500 kilómetros del lugar donde el 25 de noviembre de 2017 integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina le dispararon por la espalda.
—¡Ahhhh, no puedo respirar, no puedo respirar!, fueron sus últimas palabras, en la montaña, dentro de la comunidad Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi, en Bariloche.
Escapaba de la cacería desatada por los Albatros. Dos días antes, el juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Villanueva, había ordenado un operativo de desalojo; desde entonces, los efectivos de la Prefectura se encontraban apostados en la zona.
Lautaro González Curruhuinca y Fausto Jones Huala pudieron bajar hasta la base con el cuerpo de Rafael Nahuel agonizante. Falleció después de varios intentos de reanimarlo. En la redada criminal que terminó con su vida, también fue herida su prima, Johana Colhuan, y Gonzalo Coña, otro integrante de la comunidad.
María Nahuel cuenta cómo es viajar para declarar en el juicio por el crimen de su sobrino. “Como hay gente mapuche también [en Fiske Menuco], nos abrieron las puertas para quedarnos en sus casas. Nos separamos en dos y nos dieron lugar. No teníamos plata. Estábamos esperando una colaboración de la Nación, que llegó, pero el día que estábamos volviendo. Los mapuches que nos recibieron allá tuvieron que poner la comida”, explicó. La comunidad en la que viven está a siete kilómetros de la ciudad de Bariloche. «Se podría haber hecho acá el juicio, no teníamos la necesidad de viajar. Incluso una de las testigos, que es mi hija, Johana Colhuan, tuvo que viajar con su nena”.


El juicio que se realiza por el asesinato del joven de ascendencia mapuche avanza a paso firme. De los cinco prefectos implicados, uno de ellos, Sergio Cavia, está procesado por “homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa”. Los otros cuatro, Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Sergio García y Carlos Valentín Sosa, están señalados como “partícipes necesarios”. El fiscal del juicio Rafael Vehils Ruiz anunció este lunes que está pautada para el 24 de octubre la inspección ocular en el territorio donde ocurrió el crimen.
La semana pasada tuvo lugar una de las audiencias de testigos clave. Entre ellos, González Curruhuinca, Jones Huala y Colhuan, que sobrevivieron al ataque y que, por lo tanto, son víctimas, tal como señaló el juez Simón Bracco (quien junto a su par, Pablo Díaz Lacava, integra el tribunal presidido por Alejandro Silva). También declaró María Nahuel. De las 92 personas citadas como testigos, aún restan una decena solicitadas tanto por la fiscalía como por la defensa.
La tía de Rafael asegura que no hubo enfrentamiento: “Le dispararon por la espalda. Fueron muchos los cómplices del asesinato”.
“El sueño se lo quitaron en un segundo”
“Como también lo dije en el juicio, nosotros no somos delincuentes, no somos terroristas. ‘Rafita’ Nahuel no era un terrorista”, señaló María y aseguró: “Vamos a seguir luchando mientras tengamos fuerza”.
“Sólo queremos vivir en los territorios, vivir como mapuches, trabajar la tierra, criar animales, cuidar la naturaleza. Algo que él, Rafita, tenía muy presente era a su padre, a su madre y a su hermano. Siempre del campo quería venir a ver cómo estaba su familia, cómo estaba su mamá, su papá”, contó. “Decía ‘yo quiero instalarme bien acá para cuando pueda hacer mi casita, tener mi caballo, mi perro, criar conejos, y traer a mi hermano’. El sueño se lo quitaron en un segundo”.

Un juicio atípico
También, en relación a su testimonio, la tía de Rafael Nahuel contó que “no se pudo hablar cada uno en su lengua porque el abogado que defiende a los prefectos, una persona muy racista, cuando yo me presente en mapudungún él ya estaba gritando que traigan un traductor”, y subrayó que “el fiscal y el juez entendían perfectamente bien lo que yo estaba diciendo”.
“El panorama es muy bueno comparado con la instrucción que se ha desarrollado. No se pueden salvar todas las deficiencias que se arrastran desde la investigación, pero sí se está haciendo un juicio razonable”, dijo el abogado querellante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Sebastián Feudal, que espera la sentencia para antes de fin de año. “El tribunal tiene un principio de apertura de pruebas que no se venía sosteniendo en otras instancias, que permitió producir una pericia antropológica para que esté en el debate el asunto mapuche, que había sido despreciado, soslayado”, agregó.
Por su parte, el abogado de la familia e integrante de la APDH Bariloche, Rubén Marigo, afirmó en declaraciones a este medio que “en este momento, después de haberse realizado bastantes audiencias, están claras las dos posturas. La nuestra, que sostenemos que es un homicidio agravado por haber sido perpetrado por las Fuerzas de Seguridad, lo cual merece cadena perpetua, y por otro lado, la postura de la fiscalía de primera instancia (que tuvo a cargo la investigación), que extrañamente coincide con la de la defensa, que sostiene que hay un exceso en la legítima defensa”.
Marigo se refiere a la teoría del enfrentamiento armado que expuso la fiscal federal de Bariloche Sylvia Little, a cargo de la investigación del caso en ejercicio de una subrogancia, antes de jubilarse el año pasado. La etapa de instrucción de la causa también había atravesado las gestiones subrogantes de los jueces Gustavo Villanueva y Gustavo Zapata.
Acerca de la jornada de declaraciones de la semana pasada, Orlando Carriqueo, integrante de la Coordinadora del Parlamento Mapuche, sostuvo que “los testigos de las comunidades, que vivieron ese asesinato por la espalda por parte de la Prefectura, pudieron expresar y contar lo que verdaderamente pasó, que coincide con las pericias balísticas”.
También se mostró crítico del proceso judicial, al señalar que “es un juicio atípico, donde los imputados no están presentes sino a distancia, y los testigos de las fuerzas de seguridad cuando recibieron alguna pregunta complicada o que ponía en jaque lo que venían diciendo, se quedaban sin Internet o no escuchaban la pregunta”. Consideró también que “si se espera desde el Poder Judicial un acto esclarecedor, estas circunstancias jugaron en contra”. Las grabaciones de las declaraciones a distancia están registradas, pero “no son de acceso público”, según consignó Marigo.
Además, Carriqueo subrayó que “está descartado, a esta altura, un enfrentamiento armado. Cada vez queda más en evidencia que eso fue un armado judicial y del ministerio de Seguridad de aquel momento”, dice haciendo referencia a la cartera que lideraba Patricia Bullrich.

130 disparos de los Albatros
“El crimen por supuesto que impactó mucho” en la comunidad local, aseguró, “pero la lucha continúa”. “La dimensión del conflicto político, histórico y social que tiene Argentina no lo va a resolver el Poder Judicial. Hay ciertas circunstancias políticas que se tienen que dar, como el reconocimiento del genocidio de hace 145 años, y una discusión también sobre la verdadera identidad de la sociedad argentina. Empezar a hablar muy abiertamente de lo que significó ese genocidio para los pueblos indígenas, cuyas consecuencias están hoy presentes: perdida de identidad, racismo, violencia institucional, que forman parte de la vieja historia en esta construcción de un Estado mono cultural que intentó por todos los medios invisibilizar a los pueblos indígenas preexistentes”, añadió.
Rubén Marigo explicó que durante la audiencia se demostró un claro sesgo de odio hacia el grupo de los pueblos originarios, y que la postura del enfrentamiento se ha venido desmoronando, no solamente porque hay mas de 130 disparos efectuados únicamente por los Albatros (31 de las cápsulas fueron encontradas cerca de los mil metros de altura del cerro), «sino por el hecho de que no existe un solo herido de prefectura, mientras que del otro lado está el asesinato y los dos heridos”.
Sostuvo que “no hay una sola bala ni ningún otro elemento que pudiera demostrar que hubiera armas del otro lado, sino solamente piedras que usaron en defensa los compañeros mapuches que se intentaba cazar. Esto lo han demostrado las audiencias de a poco, como también las pericias que pretendían demostrar que en las manos de Rafael Nahuel y los dos compañeros que lo bajaron había restos de pólvora”, explicó el abogado. Según la elevación a juicio, los efectivos buscaron «resguardar sus vidas», y en ese sentido, actuaron «en cumplimiento del deber».
“Para la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación hubo una persecución y un homicidio calificado, donde son culpables los cinco prefectos que dispararon con intención de matar”, dijo Mariano Przybylski, director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, bajo la cartera conducida por Horacio Pietragalla. “Eso es por lo que nosotros acusamos, lo que estamos sosteniendo en el juicio y lo que creemos que se está probando”, refirió.
La investigación fue elevada a juicio en diciembre de 2021, por decisión de la jueza Silvina Domínguez. En marzo de ese año, Przybylski se había presentado como querellante en la causa. Feudal destacó la actuación “con mucho compromiso y mucha dedicación al caso tanto de Pietragalla como Przybylski”, aunque en relación a la política del Frente de Todos respecto a la comunidad mapuche, recordó que “este Gobierno produjo un desalojo” (el cual motivó en octubre de 2022 la renuncia de la ministra Elizabeth Gómez Alcorta), por lo cual afirmó: “Mi reconocimiento a Pietragalla y a Przybylski no es extensible a todo el Gobierno”.


La versión de Bullrich
La postura oficial actual sobre el caso Rafael Nahuel contrasta con la esgrimida en los años del gobierno de Mauricio Macri, gestión bajo la cual se cometió el crimen. Dos días después del homicidio, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que las víctimas pertenecían a un “grupo que está fuera de la ley que intenta convertirse en poder fáctico y tomar un territorio”, y argumentó la presunta existencia de “armas de grueso calibre” con las que habían atacado a los prefectos, en una conferencia junto a Germán Garavano, su par del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Luego de estas declaraciones, el Presidente salió a respaldar su posición, destacando la existencia de un “cambio cultural” que implicaba “volver a la época en la que dar la voz de alto significaba que había que entregarse”.
También, a comienzos de diciembre de aquel año, en el programa televisivo conducido por Mirtha Legrand, el periodista Ernesto Tenembaum cruzó a la entonces vicepresidenta, Gabriela Michetti, por el crimen de Rafael. “Fue baleado por la espalda, no tenía restos de pólvora en la mano y las dos personas que lo llevaron hasta la ruta tampoco tenían pólvora en sus manos. La bala era 9 milímetros, de Prefectura”, le dijo Tenembaum, al cuestionar que ella diera “por sentado que hubo un ataque”, tras lo cual Michetti le respondió: “Se supone que hay armas de todo tipo, hay lanzas y también armas de fuego. (…) Tratemos de hablar con sentido común, por favor te lo pido. ¿La persona le va a estar tirando porque sí?”.
Cabe recordar que en la quinta jornada del juicio realizada a fines de agosto pasado, el Prefecto Mayor Naval Julio César Mostafá declaró en calidad de testigo, al ser consultado por Sebastián Feudal, que había actuado en base a “lo que salió en los medios de comunicación”, entre los cuales mencionó al Grupo Clarín. Mostafá fue quien organizó la represión, al designar como jefe del operativo al oficial Pablo Rubén Berra, quien estuvo a cargo de veinte efectivos en aquella jornada.
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La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas

Una Ley Nacional que proviene del sector del agronegocio avanza en la Cámara de Diputados, impulsada por la UCR y la Coalición Cívica. Se trata de la norma que regula, entre otras cosas, la aplicación de agrotóxicos. El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas. La primera reunión informativa contó solo con oradores promotores de la iniciativa y solo dos voces críticas; crónica de esa reunión y la opinión del médico Damián Verzeñassi, la enfermera del Garrahan Meche Méndez, el abogado Marcos Filardi y Sabrina Ortíz, vecina fumigada y abogada que acaba de presentar un escrito para convocar a audiencias públicas y foros de debate para evitar que se apruebe esta Ley que prioriza el negocio a la salud social y medioambiental. FRANCISCO PANDOLFI
Esta semana se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley nacional “de presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios”. Es decir, de agrotóxicos.
El proyecto fue escrito por la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, integrada por más de 80 instituciones públicas y privadas vinculadas con el agronegocio, y dentro del recinto encabezan la iniciativa los diputados Atilio Benedetti (UCR – Entre Ríos), presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). La nueva norma ya cuenta con el acompañamiento de 32 legisladores, entre un abanico variopinto que engloba a La Libertad Avanza, Unión por la Patria, UCR, PRO, Coalición Cívica, Encuentro Federal, entre otros partidos.
El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas.

Exposiciones sin consenso
El martes pasado se llevó a cabo una primera reunión informativa en la cual las y los oradores sólo fueron personas, organismos y corporaciones a favor de la iniciativa.
En la comisión conjunta realizada entre Agricultura y Ganadería y Recursos Naturales y Conservación de Ambiente Humano hubo entidades gubernamentales, de productores, de ingenieros agrónomos, de acopiadores, de empresas de tecnología agropecuaria y ONG a favor de la ley. Maximiliano Ferraro expresó que “el proyecto no tiene una mirada sectorial”. Y que “nace de un diálogo. Un diálogo y consenso, que podemos ampliar”.
Sin embargo, se dijo, no hubo invitaciones a voces disonantes.
Las únicas dos ponencias que no se alinearon al lobby de la producción con plaguicidas fueron el diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista – FIT Unidad) y su par Blanca Osuna (Unión por la Patria). Dijo Giordano: “Deben darle espacio a quienes estamos en contra de esta ley. Hay una lista de un montón de organizaciones que quieren venir a exponer las barbaridades que ocurren por el uso de agrotóxicos. Fumigar a 10 metros de ninguna manera puede ser una buena práctica agropecuaria”. Dijo Osuna: “Es indispensable escuchar voces de otros sectores, estamos en falta si no. Los expertos científicos deben estar acá, están ausentes en este proyecto. Primero debe estar la salud, luego la producción”.
La evidencia del modelo
Tras el encuentro del martes, distintos actores se manifestaron en contra del proyecto. Damián Verzeñassi es médico generalista y es el director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, desde donde se hicieron desde 2010 a 2019 más de 40 campamentos sanitarios en diversos pueblos de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba para relevar puerta a puerta la situación de la salud en localidades fumigadas. ¿Qué demostraron esos resultados? Que en las comunidades rurales se multiplicaban los trastornos endócrinos, los abortos espontáneos, las malformaciones y el cáncer. Opina Damián: “Si se aprueba esta ley permitiría que se fumigue a 10 metros con productos que pueden generar cáncer de mama, cáncer de tiroides, alteraciones endocrinas en las glándulas, disminución de la capacidad de nuestro sistema inmunológico de defendernos. Por ejemplo, el herbicida atrazina está prohibido en 37 países, pero en Argentina está autorizada. Este tipo de cosas avala la ley que quieren aprobar”.
Sin embargo, el diputado por la Libertad Avanza Pablo Ansaloni, que proviene de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) dijo en la reunión informativa: “Desde nuestra actividad, que la vengo ejerciendo durante 30 años, manipulamos el cereal y estamos en contacto todos los días con el fitosanitario. Podemos dar fe que no tenemos ningún enfermo”.
Meche Méndez es enfermera de Cuidados Paliativos del Hospital Garrahan y desde hace años viene dando una pelea (casi en soledad) para que exista una historia clínica ambiental que pueda demostrar la relación de los agrotóxicos con las enfermedades. Le dice a lavaca: “El sistema de salud sigue sin considerar el daño, en muchos casos irreparable, que los tóxicos utilizados desde hace décadas en el modelo extractivo están produciendo en el ambiente, los territorios y por ende en los cuerpos de quienes los habitamos, atendiendo los síntomas y/o la enfermedad una vez producida, pero sin asociarlo cómo posibles causa”.
Sobre el proyecto de ley, analiza Méndez: “Sólo puedo compartir mi absoluto rechazo. Ya está comprobadísimo por la ciencia sin conflicto de interés que la deriva (movimiento de plaguicidas en el aire) no tiene control, que los venenos enferman y matan. Necesitamos medidas aún más protectoras de las que tenemos actualmente y sobre todo dejar de usar esos tóxicos. Hago un llamado urgente a los profesionales de la salud, a las sociedades científicas supuestamente comprometidas con la salud y el ambiente a que se expidan y rechacen esta posibilidad criminal de echar venenos a 10 metros”. Remata: “Se sabe que produce cáncer, malformaciones, daños genéticos, un montón de enfermedades y síntomas. Esto no puede salir de la Cámara de Diputados”.
María Luisa Chomiak, de Chaco, es la única diputada de Unión por la Patria que acompañó con su firma este proyecto. Argumentó: “Lo suscribí porque se necesita tener esta discusión. Toda iniciativa es perfectible y no hay nada más importante que la salud. Si se prioriza esto, celebro que estemos discutiendo este tema”. Sin embargo, en el proyecto no figura que la reducción de las distancias va en sentido contrario al principio de «no regresión en materia ambiental» que establece la Ley General de Ambiente y tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú. Ni tampoco informa las pruebas científicas ya demostradas sobre la consecuencia de los plaguicidas: desde los efectos letales del glifosato en embriones anfibios, constatado por el ex titular del Conicet Andrés Carrasco, hasta los estudios de Delia Aiassa en la Universidad de Río Cuarto sobre daño genético, que comprobaron el riesgo aumentado de contraer cáncer. A partir de estas investigaciones hubo fallos judiciales en distintos puntos del país prohibiendo las fumigaciones terrestres a menos de 1.095 metros y las aéreas a menos de 3.000.
Antecedentes que enferman
Una de esas localidades es Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires. Allí vive Sabrina Ortiz, una de las tantas personas que se enfermó por agrotóxicos. Perdió un embarazo de casi 6 meses y tuvo dos ACV. Sabrina tiene una particularidad notable: como no encontraba abogados que la defendieran, estudió Derecho y se recibió. Fue amenazada; le mataron a su perro como amedrentamiento. Después de años de denuncias y estudios científicos, la Justicia federal confirmó que el 3 de diciembre de 2025 comenzará el juicio oral contra tres productores agroindustriales por delitos de contaminación ambiental, según la Ley de Residuos Peligrosos (N° 24.051). En la causa se documentaron daños a la salud vinculados a la exposición crónica a sustancias como glifosato, atrazina y clorpirifós.
Sabrina, junto a varios colegas, acaba de presentar un escrito colectivo de abogadas y abogados de Pueblos Fumigados en donde solicitaron a las presidencias de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación que convoquen audiencias públicas, foros y videochats de debate antes de tratar el proyecto de ley.
Marco Filardi es abogado especialista en derechos humanos y temas ambientales y es parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA. Le dice a lavaca: “Esta norma manda un mensaje a todas las provincias de que este (10 metros fumigación terrestre y dron, y 45 metros aérea) es el estándar mínimo, el piso ambiental y eso no lo podemos aceptar. Gran parte de nuestra población está expuesta cotidiana, sistemática y estructuralmente a la aplicación de más de 7.000 formulados comerciales con autorización vigente por el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) en una cantidad de más o menos 500, 600 millones de litros de agrotóxicos al año. Tenemos el triste privilegio de ser el país que más agrotóxicos por persona y por año usa en el mundo y los resultados están en los cuerpos, están en los territorios”.
Desde los impulsores de la iniciativa no contactaron a científicos, ni profesionales de la salud, ni abogados, ni a ninguna de las organizaciones ambientales. Como por ejemplo la coordinadora “Por una vida sin agrotóxicos Basta es Basta”, de Entre Ríos, que se moviliza todos los martes desde 2018 frente a la Casa de Gobierno en Paraná. “La ley nacional es un ‘copy-paste’ de la que ya tenemos acá, aprobada a finales de 2024 y en la que habilitan fumigar a 5 metros de los cuerpos de agua, a 10 de las plantas urbanas y a 15 de las escuelas rurales. Ellos se amparan en las buenas prácticas agrícolas sin basarse en ninguna evidencia científica, a diferencia de todos los trabajos publicados en Argentina y en el mundo donde se demuestra el impacto que tiene el uso de los venenos sobre la salud y los ecosistemas, más allá de la dosis y la distancia. Lo que genera el daño es la presencia del veneno y si hay evidencia científica ya está: no hay más que hablar”.

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Entrevista a Celeste Fierro, tras ser detenida en la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza
Al llegar al país luego de estar 8 días detenida (junto a otros tres argentinos, entre un total de 443 personas que conformaban la flotilla Global Sumud) la legisladora habló con lavaca.

Celeste Fierro durmió sólo algunas horas, y de manera intermitente, y apenas se levanta habla con lavaca. Llegó anoche de Jordania, donde fue trasladada desde la cárcel de Ktzi’ot. Allí estuvo presa del 3 al 7 de octubre, después de que el Estado israelí interceptara el barco en el que pretendía llegar a Gaza como parte de la flotilla Global Sumud. Del 1 al 2 tuvo dos días de traslados, y el día 7 la llevaron también a Jordania, desde donde partió el vuelo a Buenos Aires.
La historia es conocida: en aguas internacionales, el Estado de Israel interceptó todos los barcos de la flotilla, tomó su mando y los dirigió a tierra para detener a sus tripulantes. “Sabíamos que, lo más probable, era que pasara lo que pasó”, se sincera Fierro respecto a la misión humanitaria que buscaba 1) romper el bloqueo naval israelí sobre Gaza y 2) hacer visible la crisis humanitaria allí.
Lo primero no lo lograron. Lo segundo, sí.
Lavaca fue el único medio argentino presente en la masiva movilización en Roma que, tras conocerse la noticia de la detención de los tripulantes de esta flotilla, reunió a un millón de personas para pedir el fin del genocidio israelí en Gaza y, entre otras cosas, la liberación inmediata de los recientes detenidos. Ese mismo día, por la noche, llegaron a la capital 26 personas italianas que habían sido detenidas, las primeras que largó el Estado de Israel.
Los cuatro argentinos (Ezequiel Peressini, Carlos Bertola, Nicolás Calabrese, y Celeste) fueron de los últimos.
Finalmente ayer, después de 8 días, volvieron a pisar su tierra.
Desde aquel 1 de octubre hasta ahora, Celeste no había vuelto a tomar mate. Está en eso mientras conversa y revela que su mate, al igual que todas sus pertenencias (a excepción del pasaporte) le fueron sustraídas por el Estado de Israel.
La primera pregunta es obvia: ¿Cómo estás?
Entera, lo cual es un montón. Y muy contenta de estar de nuevo acá. Eso es lo primero, pero también muy preocupada porque entiendo que todavía hay compañeros detenidos de la Global Sumud y que, además, interceptaron a la Freedom Flotilla (145 detenidos). Así que poniéndome en contacto con compas de otros países para estar a disposición.
Durante dos días no se supo nada de vos; luego lo que llegaba era casi nada. ¿Qué pasó en esos primeros momentos?
Lo que nos pasó no se compara con lo que pasan los presos palestinos en las cárceles de Israel; no se compara con lo que viven las familias palestinas en la franja de Gaza. Pero, en ese momento, lo que más preocupaba era que no supieran que estábamos vivos. Desde que nos detuvieron estuvimos 48 horas hasta que logramos ver a un abogado. Y después, la visita de la cancillería fue recién el viernes o el sábado, 3 días después de la intercepción. Lo único que yo quería que avisaran era que estábamos vivos.
¿Les iban informando qué harían con ustedes?
Los primeros que salen son los italianos. En las intercepciones preguntaron por los italianos, ya veíamos claramente que iban a liberarlos más rápido. Los que quedamos detenidos fuimos los del sur global, no solo América, Sudáfrica, Nueva Zelanda.
¿Por qué Italia primero?
Lo de Italia fue por la presión social hacia el propio gobierno italiano de ultraderecha. Hubo una huelga general una semana antes de la intercepción; eso hizo que Meloni mandara un barco, que fue directamente para responder a la huelga; y también para que los italianos desistan de esas misiones. No lo lograron.
¿Cómo fueron los días previos a que los interceptaran?
Ya habíamos tenido una situación previa el día anterior, donde rodearon dos de los barcos de la flotilla. Con alguna cosa magnética cortaron los radares, los teléfonos, como que esos barcos perdieron la comunicación. Y luego se retiraron. Ahí tuvimos el primer intento, ya antes habíamos tenido los ataques con los drones.
¿Cómo es un ataque con drones?
Los primeros dos ataques fueron en puerto de Túnez. Nosotros no habíamos llegado ahí todavía. Pero también entendimos que eran para intimidar, para amedrentar. Es un ejército muy preparado: si hubieran querido hundir un barco lo hacían. Lo que hicieron en el puerto dos días distintos a dos embarcaciones distintas fue tirar como unos explosivos. Y se logró contener ese fuego rápidamente y no pasó a mayores y lograron seguir esas embarcaciones.
En altamar también siguieron las intimidaciones
Todas las noches teníamos drones arriba. Una vigilancia permanente 24×7, fundamentalmente a la noche. Dos días antes de llegar a Creta, entre Sicilia y Creta, ya no eran algunos sino que eran decenas de drones que pasaban por todos los barcos. Y a las 11 de la noche empezamos a tener interferencia en las radios. Empezó a sonar ABBA a todo volumen, nos mirábamos porque no sabíamos qué estaba pasando… Y a los 15 minutos escuchamos la primera detonación… Tiraban esos explosivos que explotan cuando tocan algo; a uno de los barcos les tiraron uno de los mástiles… a otro directamente le rompieron una vela. A otros era solamente el sonido y veías una luz muy fuerte. Era sistemático: cada 15 minutos sentíamos una detonación. A otro le cayeron líquidos, que no sabemos qué eran. No los escuchábamos, veíamos luces, era mucho el miedo.
¿En algún momento temiste por tu vida?
Creo que todo el tiempo. Desde ese momento, hasta que logramos salir (por anteayer). En el momento de los drones, al día siguiente hablábamos: siguen intentando que no continuemos. Y la fuerza estaba puesta en continuar. Y a la noche siguiente estaba en la guardia y no hubo drones. Fue una guardia muy tranquila. Fue el primer día que dije: y mirá si llegamos… Había crecido la presión internacional. Pero no pasó.
Y el día en que los interceptan, ¿cómo fue?
Cuando nos interceptan –no me acuerdo la hora pero era de día, habrán sido las 7PM- nos llega un mensaje de uno de los barcos que en un radar habían visto que se acercaban 10 o 12 barcos. Ahí nos preparamos con los protocolos que veníamos manejando, y en menos de una hora y media ya habían llegado. Empezaron a rodearnos lanchas rápidas, no las veías porque era de noche. Nos tiraron primero agua a todos los barcos. Luego por un altoparlante decían que no teníamos que seguir navegando, que si nos quedábamos ahí iba a estar todo bien… Todo eso duró como una hora. Hasta que se subieron alrededor de 10 o 12 marines israelíes, con armas largas, caras tapadas. Lo primero que hicieron fue desactivar todas las conexiones de Internet. Y ahí efectivamente nos detuvieron, agarraron el mando de nuestro barco. Nos cachean, nos piden los pasaportes. Revuelven todo. Y nos metieron en los camarotes, éramos muchos más de los que entran en los camarotes, estábamos todos amontonados. Estuvimos 24 horas metidos ahí, sin comer nada. Hasta que llegamos al puerto, 24 horas más, y después a la cárcel, donde nunca nos dieron agua potable, estuvimos hacinados, con precintos; a compañeros les vendaron los ojos. Sufrimos maltrato físico. Y la mayor preocupación era que se sepa dónde estábamos.
¿Cómo se siente en el cuerpo esa impunidad?
Nosotros sabíamos que el escenario más probable era lo que nos terminó sucediendo. También hay que decir que lo que significó la flotilla en cuanto al impulso, a multiplicar las acciones, es muy fuerte. Es fuerte saberse parte de una acción internacional que hace lo que los Estados no hacen, dando una respuesta solidaria, humanitaria, a una causa que es de toda la humanidad; fue muy importante. A mí me recordaba a las brigadas internacionalistas de la Guerra Civil Española, Nicaragua… Y creo que eso también fue lo que nos protegió, más allá de la violencia que se sufrió, que todos los ojos estén puestos en Gaza y en la flotilla hace que hoy estemos en casa. Esa firmeza de continuar a pesar de los ataques. Y repito: lo que a nosotros nos pasó, ni se comprara con lo que pasa Gaza. Eso es lo que nos daba más fuerza y firmeza para continuar y de estar juntos.
¿Qué pudiste compartir con los compañeros y compañeras de otras partes del mundo, respecto a lo que estaba pasando, a la situación de Gaza, a cómo articular el reclamo a nivel global?
Para mí fue muy importante. Como experiencia militante, como experiencia de vida. Quienes somos militantes, internacionalistas, lo vivimos de forma permanente, pero esto fue encontrarnos con gente que nunca habíamos tenido contacto, que hablamos distintos idiomas, que venimos de distintas historias. Había sindicalistas, periodistas, enfermeros, médicos, compañeras activistas, artistas. Eso es lo que fortaleció la misión y sobre todo el reclamo y le dio potencia. El internacionalismo, sabernos todos levantamos una misma causa logró potenciarlo y ver que en todos los rincones del mundo se esté denunciando el genocidio y levantando la causa palestina, porque la causa del pueblo palestino es hoy la causa de toda la humanidad. Ese fue el sentido de la flotilla.
¿En qué nivel ves que está el reclamo en Argentina?
En los últimos meses se ha multiplicado la participación. Nosotros lo venimos levantando desde hace décadas, pero creo que hubo un cambio grandísimo. Me acuerdo patente el domingo que fue el Día del Padre, que hubo una movilización gigante, había familias enteras. Desde ese día hasta ahora se ha multiplicado el acompañamiento, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en lugares inhóspitos del país. Se fue extendiendo y tenemos que ser cada vez más.
Ahora hay un supuesto nuevo “alto al fuego”. ¿Cómo lo interpretan?
No hay que conformarse hasta el alto el fuego que hay ahora, que no sea un nuevo invento. Lo que venga del imperialismo yanqui creo que es un nuevo acuerdo de ocupación colonial que no va a resolver de forma definitiva las necesidades del pueblo palestino. Acá una paz justa es una paz donde haya derecho al retorno, donde la Palestina sea única, del río al mar y no es lo que se está proponiendo. Hay que seguir multiplicando las acciones por eso, y en nuestro país seguir exigiendo: no en nuestro nombre. Tenemos que tomar lo que dicen nuestros compañeros judíos: que este Estado apoye a ese genocidio, a ese criminal de guerra como es Netanyahu, no es en nuestro nombre, cuando sabemos lo que significa un genocidio en nuestra historia. El genocidio de los pueblos originarios, el genocidio de la última dictadura: tenemos que decir no en nuestro nombre y seguir reclamando la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales. Hoy es un momento en el que Israel está aislado internacionalmente, así que hay que presionar.
El gobierno nacional también parece estar en ese mismo aislamiento…
Por eso, hay que seguir denunciando a este gobierno que no solo es cómplice de ese genocidio sino que viene llevando adelante un desastre en materia económica y social y que por eso está recibiendo fuertes golpes. Acá vamos a estar para plantear una alternativa.
¿Cómo se comportó el gobierno nacional con ustedes los detenidos?
Cancillería hizo… el trabajo administrativo para saber que estábamos ahí, y comunicarse con nuestra familia. Nos lo dijeron con claridad: estuvo el cónsul, pero no fue el embajador. Y esa es una decisión política. Hubo una decisión política de no exigir nuestra inmediata libertad y eso fue lo que sucedió. Estuvimos en Jordania con los diplomáticos de Uruguay, que fueron quienes nos buscaron y acompañaron en el proceso de volver a casa.
Llegaste. Y ahora, ¿qué vas a hacer?
Hoy pretendo quedarme un rato en mi casa. Ayer no me despegué de mi hija desde que llegué al aeropuerto… Y después que la logré dormir me fui a Aeroparque a recibir a Cascote, el compañero que llegó de madrugada. Volví, dormí unas horitas, y acá estoy.
¿Qué edad tiene tu hija?
9 años.
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9 años sin Lucía Pérez

La familia de la joven realizó una marcha en Mar del Plata a nueve años del crimen. Lucia tenía 16 años al ser víctima de un narcofemicidio. El aniversario llega en el marco de un nuevo proceso que tiene a sus padres, Marta y Guillermo, otra vez en los laberintos de una justicia que no resuelve el caso y hasta descartó que se haya tratado de un femicidio. «Hoy es un día demoledor, pero lejos de estar tirados en la cama estamos luchando por todos», dijo Marta (en la foto de portada, rodeada por Guillermo y su hijo Matías). Recordó que hace nueve años habla de «narcofemicidio», figura que hoy se pone de relieve con los asesinatos de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi. Por eso, la familia pidió: «Despertemos. Esto que nos está pasando es un Estado narco y ausente en todos los derechos».
Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, agarró el micrófono durante la marcha en Mar del Plata y lo primero que hizo fue agradecer: “Gracias por estar juntos una vez más, por esta lucha que llevamos todos, por ustedes, nuestros padres y abuelos”. Después, mirando a la marcha de jubilados y jubiladas que había llegado hasta el monumento a San Martin en Mar del Plata, unió agendas y resistencias: «Hoy ustedes cumplen 2 años de su lucha”. Y, finalmente, abrazó: “Hoy se cumplen 9 años del femicidio de Lucía. Para nosotros es un día demoledor, pero lejos de estar tirados en la cama, estamos luchando por todos”.
Marta Montero pronunció estas palabras en un aniversario que tiene a la causa sumida en un laberinto que la justicia no resuelve hace nueve años. Primero, fue un juicio que absolvió a los acusados de femicidio: los jueces Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Aldo Carnevale dictaminaron que no hubo femicidio ni abuso sexual sino que condenaron a Matías Farías y Juan Pablo Offidani por comercialización de estupefacientes.

Imágenes del acto en las calles marplatenses. Foto: Florencia Ferioli.
La familia logró iniciar un jury político a los jueces Urso y Viñas (Carnevale consiguió la jubilación anticipada en tiempos de María Eugenia Vidal en la gobernación), pero resultaron absueltos. El proceso sentó un precedente sobre el control social y político a nivel judicial.
En 2023, la lucha de la familia, apoyada por todo una red de organizaciones nucleadas en la Campaña Somos Lucía, logró tirar abajo ese primer juicio y realizar otro que terminó condenando a perpetua a Farías por «abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar la muerte de la persona ofendida, por el suministro de estupefacientes y en el marco de un contexto de violencia de género, en concurso ideal con femicidio«. En el caso de Offidani, le dieron 8 años de condena como partícipe secundario del femicidio que, sumados a la condena previa por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”, le significan 15 años de prisión.

Foto: Florencia Ferioli.
Sin embargo, este año la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, integrada por los jueces Víctor Violini y María Florencia Budiño, descartó que haya sido un femicidio y remitió las actuaciones al Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Mar del Plata para que establezca una nueva pena para Farías, pero sólo por el delito abuso sexual con acceso carnal agravado, cuya pena máxima es de 15 años. La instancia judicial de «cesura», como es llamada, reveló las contradicciones de un sistema judicial que expone a la familia nuevamente ante el dolor de tener que explicarlo todo otra vez. Así, entre instancias de apelación a la Corte Suprema, en un país cuyo presidente y ministro de Justicia niegan la figura de femicidio, con la sociedad conmovida ante otro triple narcofemicidio bonaerense, llega el noveno aniversario de Lucía.

Foto: Florencia Ferioli.
En Mar del Plata, las columnas caminaron por las calles de la ciudad hasta llegar a la Municipalidad donde se gritó “Presente” cada vez que se nombró a Lucía y a larga lista de víctimas de femicidios que sacuden nuestro país: según el Observatorio Lucía Pérez son 203 los femicidios y travesticidios solamente en lo que va del año. La marcha fue una de las más de 170 que recorrió calles de todo el país exigiendo justicia durante el 2025.
“Hace 9 años cuando mataron a Lucia hablábamos del narco, del dealer, y hoy desgraciadamente lo vemos con el triple femicidio y con cada una de las mujeres que nos matan”, dijo Marta. Y se preguntó: “Lucía era la hija que cualquiera tiene, eso era Lucía. Nuestra lucha es por nuestras hijas, por nuestros hijos. ¿Qué país queremos construir? ¿Qué país queremos dejar? Despertemos. Esto que nos está pasando es un Estado narco y ausente en todos los derechos”.
En diálogo con lavaca Marta mandó un video que termina en una pregunta. Mirando a cámara interpeló: “Hoy se cumplen los 9 años del narcofemicidio. Esto era lo que nosotros hablábamos hace 9 años. Lo que estábamos viendo. Lo que hoy nos está pasando con nuestras pibas. El tríple femicidio, narcofemicidio quedó muy al descubierto. Esto nos pasa en los barrios. Esto es lo que nos está pasando hoy. ¿Qué hacemos?”

Foto: Florencia Ferioli.

Foto: Florencia Ferioli.

Foto: Florencia Ferioli.

Foto: Florencia Ferioli.

Foto: Florencia Ferioli.
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